Prensa Estrella Roja n°11

Año IV w Número 11 w Marzo de 2013

Editorial: De fisuras y tensiones w 2

Ante el fallecimiento de Hugo Chávez w 4 Universidad “Nacional & Popular” w 6 Salarios en cuotas y Ganancias en pala w 8 “Corte de Ruta + Acampe”: la fórmula misionera para convertir lamento en protesta w 10

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2│ESTRELLA ROJA│MARZO DE 2013

Editorial

de fisuras y tensiones Reacomodos dentro de la burguesía, pronunciados por la cercanía de las elecciones. Criminalización de la lucha social. En medio de las paritarias, el anuncio de medidas como el aumento del mínimo no imponible y el congelamiento de precios pretende ponerle un nuevo techo a las negociaciones salariales, mientras la inflación sigue aplastando el poder adquisitivo del salario.

Otra vez criminalización En medio del barullo mediático y parlamentario en torno al referendum en las Malvinas y el memorándum firmado con Iran, Schiavi vuelve a echarle la culpa al maquinista por la masacre de Once desligándose de toda responsabilidad, en el marco del asesinato del maquinista Leandro Andrada (testigo clave que había denunciado las terribles condiciones de las maquinarias que le entregó el tren a Córdoba).

También vuelven a la escena excrecencias salientes de las cloacas del Estado como el “proyecto X”, servicio de

inteligencia de la gendarmería destinado a perseguir a gremios, organizaciones políticas y sociales. Algo nervioso, Anibal Fernández se ocupó de disipar las dudas sobre la responsabilidad del oficialismo: "Es muy tarada la conclusión a la que nos quieren llevar y yo no me presto a las conclusiones de tarados"1.

Argumento “contundente” que se suma a la “explicación” de Alberto Puricelli, ministro de Defensa: “La tarea del Ministerio de Seguridad está en una frontera muy inmediata con lo que pueden ser tareas

de Inteligencia, y puede llevar a alguna confusión”2. La criminalización de la protesta avanza y la intención de instalar la imposibilidad de la lucha tanto reivindicativa como política también. Como correlato de esta política de criminalización, el destape del “proyecto x” vuelve a poner en jaque el discurso progresista del gobierno, dejando sentada una nueva advertencia sobre los que osan salir a luchar.

Las fisuras dentro del kirchnerismo Podríamos afirmar que en los últimos meses no ha habido profundos cambios en el escenario político nacional en general y en la situación de la clase dominante en particular. Sin embargo, ciertos elementos preexistentes (algunos más relevantes que otros) comienzan a desplazarse. En editoriales anteriores, hemos señalado fundamentalmente al alejamiento de la CGT de Moyano del oficialismo como una fisura dentro del kirchnerismo. Una fisura que debía ser analizada en función de su desarrollo. Una parte de la burocracia sindical, columna vertebral de este gobierno, rompía sin un horizonte claro pero con relativo poder político y una nada despreciable capacidad de movilización. Protagonistas de la primera huelga general en la era kirchnerista junto a la CTA de Micheli instalaron con un éxito parcial el reclamo del impuesto a las ganancias y las asignaciones familiares a la vez que la dinámica del conflicto permitió que se asomaran otros reclamos que desde hace años intentamos instalar desde la izquierda: el trabajo en negro o precarizado, las jubilaciones, el salario mínimo. Esta situación obligó a la misma CGT oficialista a anotar en la agenda del ejecutivo una reunión con los nuevos “señores del poder” para discutir una posible suba del impuesto. Es necesario recordar que en el transcurso de ese proceso el kirchnerismo y la “oposición” sancionaron sin mayores inconvenientes una nueva ley contra la clase trabajadora, la ley de reforma de las ART. Luego de tres movilizaciones y un paro general con cortes de calle, ruta y accesos (donde la izquierda tuvo un protagonismo que no había alcanzado en fechas anteriores) el gobierno anuncia a principios de este año una suba del mínimo no imponible casi insignificante, aspecto aún reconocido por la burocracia de la CGT de Moyano, de la CTA de Micheli e incluso de la CGT de Caló.

Siempre existió una evidente tensión en las

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centrales obreras opositoras, sobre todo en la CGT de Moyano, entre la puesta en marcha de una plan de lucha por reivindicaciones y el inicio de un reacomodo político con el consiguiente articulado de un armado electoral. Sería necio o equivocado (un grave error político que algunos se toman el lujo de cometer) pretender que un burócrata sindical con un largo historial de traiciones a la clase obrera se convierta por arte de magia en un líder socialista. La forma más efectiva que tenía Moyano de mostrar “los límites del modelo" era movilizando a su tropa. Y qué mejor ingrediente que un aliado progresista con casi nula capacidad de capitalizarlo pero sí con la posibilidad de llegar a un sector al que el camionero tiene difícil acceso. Entrando en período electoral esa tensión comienza a resolverse ganando terreno el aspecto político (reacomodos de la burguesía) y perdiendo fuerza el desarrollo de los reclamos sindicales (movilizaciones, paros y otras medidas de fuerza). Es así que Moyano lanza el Partido por la cultura, la educación y el trabajo en busca del mejor

«Siempre existió una evidente tensión en las centrales obreras opositoras entre la puesta en marcha de una plan de lucha por reivindicaciones y el inicio de un reacomodo político con el consiguiente articulado de un armado electoral. Entrando en período electoral esa tensión comienza a resolverse ganando terreno el aspecto político y perdiendo fuerza el desarrollo de los reclamos sindicales.»

aliado (no se descarta que sea dentro del mismo kirchnerismo)3. Micheli, por su parte, acomoda el almohadón para ver el desfile de de carrozas “progresistas”.

Sin embargo, no toda situación se desenvuelve linealmente. Su condición de burócratas sólo la obtienen en su condición de representantes de un sector de la clase trabajadora. Título que cobra más peso en un contexto de ajuste con señales de decrecimiento económico. Sin perder la capacidad de disciplinar y su lugar dentro del bloque dominante (sin estar hoy, circunstancialmente, en el gobierno) deben contener a la vez que conservar su ascendencia (factor fundamental en este contexto) sobre la base que representan. Contradicciones que emergen y que también afectan con mayor fuerza a la CGT de Caló. En el último tiempo, hemos escuchado varias declaraciones de esta última central refiriéndose a su relación con el gobierno. Así hablaba el dirigente de Luz Y Fuerza, Oscar Lescano: “el gobierno nos está obligando a que nos juntemos”4 refiriéndose al dudoso congelamiento de precios, al techo a las paritarias y a la irrisoria suba del mínimo no imponible, sumándose al coro de dirigentes sindicales que muestran su hartazgo de ser alcahuetes gratis. Al mismo tiempo, Caló oficializaba una Confederación del transporte y otra de sindicatos industriales, volviendo a manifestar su reivindicación de las gestiones kirchneristas. Pignanelli, titular de esta última, dijo: “Vamos a tener que defender muy bien 5 este modelo” .

Hay que analizar de cerca cómo se sigue desarrollando esta fisura hacia dentro del kirchnerismo en un período electoral atravesado además por una profundización de los síntomas de deterioro económico. Lo cual torna difícil discriminar ante cada hecho cuáles son sus determinaciones políticas y cuáles las económicas.

ESTRELLA ROJA│DICIEMBRE DE 2012│SITUACIÓN NACIONAL│3

Tensión con los gobiernos provinciales Si bien sería muy apresurado calificarla también como fisura, es real la tensión dentro del kirchnerismo entre el ejecutivo nacional y algunos gobiernos provinciales. Se destaca con mayor protagonismo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está el antecedente lejano de las elecciones de 2011 con las boletas colectoras y los hitos más cercanos como la negativa del gobierno nacional frente al pedido de un giro para solventar los gastos públicos (aguinaldo a docentes y estatales y las actuales paritarias docentes)6.

Aparecen soluciones tales como el aumento de impuestos y reducción de gastos por un lado y el planteo de rediscutir la coparticipación (planteo hecho por varios gobernadores), la distribución del fondo del conurbano y la autorización para endeudarse por hasta 12 mil millones de pesos, por el otro. Las últimas peticiones fueron caracterizadas por Boudou como “un acto 7 de cobardía política” .

La administración de la caja fiscal obedecerá a determinados intereses y prioridades políticas. Es una posibilidad que Scioli hoy no sea una prioridad para algunos dentro del PJ y que eso lo conduzca a convertirse en otra opción política dentro de la burguesía, sin embargo es una

apreciación que no deja de ser especulativa. Lo cierto es que el PJ postergó su interna para después de las elecciones y Scioli no da señales de un irreversible distanciamiento.

En este terreno vuelve a quedar al descubierto la falacia kirchnerista y su relato de los “dos modelos de país”. Ni Gerardo Martínez, ni Aníbal Fernández, ni De Mendiguren o Blaquier representan distintos intereses de los que eventualmente podría representar (o incluso ahora representa) Scioli. El contenido progresista es entonces buscado necesariamente en la falsa oposición con otros sectores de la clase dominante. Es así, por ejemplo, que Nuevo Encuentro crea y recrea (una de las funciones de esta fuerza política dentro del oficialismo) la fantasía progre que supuestamente encarna: “Scioli tiene que dejar de jugar a las escondidas y

decirle, sin ambigüedades, al conjunto de las y los bonaerenses y argentinos cuál es su propuesta política o proyecto de país. Día por medio nos sorprende mostrándose en fotos abrazado o brindando con opositores, mientras dice que respalda al proyecto nacional que conduce la presidenta Cristina”8.

Mientras tanto en Ciudad Gótica, Martín Sabatella, presidente de la AFSCA, autoriza la venta de los medios (C5N y Radio10 entre otros) de Hadad a uno de los empresarios favoritos del 9 gobierno, Cristonal López , a pesar que el artículo 41 de la Ley de Medios establece que “las licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles”. Vuelve a quedar al descubierto que todo el esfuerzo puesto en torno a dicha ley está en su peso simbólico y no en sus efectos regulatorios inmediatos. Es así que su supuesto progresismo se desvanece en cada medida que toma el gobierno en torno al sistema de medios audiovisuales (Telefónica, Szpolski, Garfunkel). El uso del disfraz progresista muestra su carácter aleatorio ya que esta vez fue la UCR quien lo vistió denunciando la incompatibilidad legal de la autorización de la venta. Qué diría el sabatellismo de estas relucientes “contradicciones”.

«vuelve a quedar al descubierto la falacia kirchnerista y su relato de los “dos modelos de país”. Ni Gerardo Martínez, ni Aníbal Fernández, ni De Mendiguren o Blaquier representan distintos intereses de los que eventualmente podría representar (o incluso ahora representa) Scioli»

Paritarias

En este momento del año, las negociaciones paritarias adquieren un protagonismo ineludible pese a la imperante necesidad del gobierno nacional de evitar que sean un foco de conflicto en los distintos sectores de la clase trabajadora. Con la silenciosa petición oficial de fijar el techo salarial en un 20%, las burocracias sindicales, la UIA y el Estado vuelven a montar un escenario de asfixia salarial.

Algunos sindicatos ya cerraron por encima de la orden oficial pero evitando la publicidad de la 10 “victoria” . La CTA de Micheli y la CGT de Moyano han convocando, con escasa difusión, a una marcha al Ministerio de Trabajo en marzo. El príncipe progresista (que en el discurso de la última movilización a la Plaza de Mayo en el aniversario del 19 y 20 de diciembre, no olvidó mencionar que “esto no era contra ningún gobierno”) volvió al ruedo con la renovada intención de ser cortejado por Moyano. En el marco de una relativa baja del nivel de conflictividad, entre la especulación (en relación a la tensión anteriormente señalada), cierto acallamiento y algunas emergentes contradicciones en la CGT de Caló, se encuentra la pelea de los docentes de la provincia de Buenos Aires que ya lleva un tiempo considerable. Frente a la risible propuesta de un 17% en tres cuotas CTERA no tuvo más opción que hacer mover la rueda de la historia: convocando a un nuevo paro nacional durante gestiones kirchneristas, con un alto nivel de acatamiento, se prepara para ser el bastión de las paritarias de este año.

Como si no alcanzara con la imposición de un techo salarial, la conciliación obligatoria y la burocracia sindical, el kirchnerismo anuncia antes de las paritarias (con efecto doppler) una irrisoria suba al mínimo no imponible (no retroactiva) y el dudoso congelamiento de

precios, encabezado por el baluarte del oficialismo, Guillermo Moreno. Precios que antes de meterlos al freezer ya habían perdido la cadena de frío hace rato.

La suba del 20% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias fue sancionada antes de los acuerdos de los aumentos salariales en las negociaciones paritarias con el condimento de que no es retroactiva. Este elemento sumado al nivel de inflación que alcanzará el 30% según medidoras privadas licuará enteramente cualquier aumento que se registre en los salarios (en la mayoría de los casos esto representará una caída en su poder adquisitivo). Este impuesto, ya cerca de alcanzar un siglo de existencia, mal titulado “impuesto a las ganancias”, se aplica sobre salarios que apenas alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica familiar. Sin embargo, no resulta sorpresivo que tras un año de una constante política de ajuste por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales la suba del mínimo no imponible sea sencillamente una burla.

No es en vano recordar algo que de tan elemental suele pasar desapercibido: la categoría de ganancia refiere a la parte del producto social apropiada por los propietarios del capital invertido, es decir, por la clase capitalista; mientras que el salario es la parte del producto social destinada a cubrir el valor de la fuerza de trabajo, valor determinado por lo necesario para reproducir las condiciones materiales de vida de

«Con la silenciosa petición oficial de fijar el techo salarial en un 20%, las burocracias sindicales, la UIA y el Estado vuelven a montar un escenario de asfixia salarial. »

Frente a este complejo escenario que acumula fisuras y tensiones desiguales, con desplazamientos políticos previsibles pero espasmódicos, de ajuste a los salarios y profundización del estancamiento económico, a la izquierda se nos impone acrecentar nuestras tareas y avanzar en una perspectiva de intervención conjunta y decidida, que en el terreno político supere ampliamente las perspectivas electorales y en la arena sindical aglutine un frente único de trabajadores clasistas contra las burocracias oficialistas y opositoras. Sin embargo, es precisamente esto lo que hoy parece estar ausente en la agenda de las principales fuerzas de izquierda.

los trabajadores. Lejos de ser “ganancia”, el salario encubre una pérdida para el trabajador, quién día a día en su jornada laboral entrega una parte de su trabajo sin remuneración alguna.

Aplicar sobre los salarios un impuesto destinado a grabar las “ganancias”, mientras que se conceden amplias exenciones fiscales a las ganancias empresarias en varias ramas de la producción, es otro de los exquisitos bocadillos que ofrece el “capitalismo serio” a la Argentina, esta obra cumbre del realismo mágico. Eso sí, de industria nacional.

El supuesto congelamiento de precios (primer “medida” tomada luego de casi una década con altos niveles de inflación) es para cualquier mortal una herramienta insuficiente para detenerla. El acuerdo alcanzado es sólo con los supermercados, los fabricantes se encuentran exentos (a excepción, por el momento, de la industria yerbatera y láctea). Pareciera así estar destinado a congelar el porcentaje de aumento de los salarios más que a efectuar un real control sobre el nivel de los precios. Sugestivamente, y precisamente antes del cierre de las paritarias, en enero, se registró un nivel de inflación aún más elevado que el de los meses anteriores y que el registrado en enero del 2012. Situación adornada por las palabras de la presidenta en un reciente discurso que se contradicen (al menos literalmente) con la medida anunciada: “Y eso es lo que hay que hacer, hay que comenzar a manejar nuestro poder de usuarios y consumidores. Yo no voy a emplear la palabra boicot porque se armó un lío bárbaro cuando Néstor le hizo boicot a una empresa, digamos hacerle el vacío, para que se den cuenta. ¿Porque sabés qué? Si no te defendés vos no te defiende nadie. Además está demostrado por el paso de la historia que obligar, acordar, esas cosas no sirven, es el propio usuario y consumidor el que tiene que hacer valer sus 11 derechos” .

[1] La Nación, 8 de marzo de 2013.

[2] Página/12, 8 de marzo de 2013.

[3]"Tengo el deseo de ser una alternativa que fundamentalmente tenga a los trabajadores como eje" (La Nación, 15 de febrero de 2013).

[4] La Nación, 12 de febrero de 2013. Sin embargo, tras un paro de 24 horas Tomada y el comodín Kicillof se sentaron con el gremio acordando un aumento salarial del 23% por 18 meses llegando al 30% en enero de 2013.

[5] Clarín, 1 de marzo de 2013 [6] Situación que se repitió en varias provincias como Santa Cruz y Córdoba.

[7] Clarín, 27 de febrero de 2013

[8] Grana en Página/12, 7 de marzo de 2013.

[9] Mantiene numerosos negocios con el Estado: la industria petrolera, los medios de comunicación, los juegos de azar, son algunos [10] Pese a cerrar por encima del 20%, los aumentos alcanzados de algunos sectores son menores a los del año pasado. Aceiteros este año cerró por el 23% al 25% según la categoría, mientras que el año pasado había cerrado por un básico del 24%: “Tras varias semanas de negociaciones, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso selló con las tres cámaras empresarias de la actividad un incremento salarial de 24 por ciento para este año, por encima de la pauta del 18 por ciento que la Casa Rosada desea como tope en las paritarias” (Ámbito Financiero, 25 de enero de 2012) [11] Discurso de Cristina Fernández, enero de 2013.

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4│ESTRELLA ROJA│MARZO DE 2013

Situación Internacional

ante el fallecimiento de

Hugo Chávez Hugo Chávez ha sido una de las figuras más importantes de la política latinoamericana en lo que va de nuestro siglo. En estos años Venezuela ha incrementado su relevancia en el escenario regional e internacional, en gran medida a causa de las políticas llevadas adelante por el chavismo. Por estos motivos se nos impone emitir una declaración sobre el reciente fallecimiento del Presidente de aquel país hermano.

En primer lugar, sin considerarnos parte del chavismo, es imposible e innecesario negar que los sectores más rezagados de la población mejoraron su calidad de vida en esta década y media de gobierno bolivariano. Estos adelantos se debieron, en alguna medida a un crecimiento del producto bruto de Venezuela, en otra a un aumento en la porción del mismo que le cabe a los asalariados y también a raíz de una serie de políticas sobre la salud y la educación, donde se ha notado la influencia y asistencia de Cuba.

En segundo lugar, en relación a la política internacional, el chavismo se presentó como disruptivo respecto del Consenso de Washington que imperaba en América Latina hacia fines del siglo pasado. Sus posicionamientos han motivado la enemistad diplomática del gobierno de los EEUU y de muchas figuras conservadoras tales como el rey de España o los grupos de exiliados cubanos en Miami. Esta posición del gobierno venezolano (al igual que la de varios países latinoamericanos) no entra en conflicto con la posición adoptada por diversos sectores de sus respectivas burguesías. El hecho de ver quiénes enfrentaban al gobierno venezolano ha motivado que muchos compañeros y compañeras apoyaran al proyecto bolivariano, muchas veces acríticamente y magnificando la profundidad de las transformaciones. El proceso

«Si es que hubo ascenso de masas, la conclusión lógica sería que el proyecto bolivariano lo encauzó para su política, la cual no ha producido una modificación sustancial en la estructura social» 4 w

bolivariano contiene numerosas contradicciones, una de ellas respecto a los EE.UU, la cual ha tomado forma particular en intentos de desestabilización y golpes de estado. Los socialistas siempre debemos tomar partido.

Sin embargo esto no debe significar identificarse con el programa chavista en su conjunto.

En tercer lugar también es importante señalar que el chavismo hoy cumple 15 años en el poder y más de 20 de existencia como proyecto político. En este tiempo experimentó cambios cuya precisión y motivos escapan a nuestra mensura. Sin embargo es importante comprender que el PSUV hoy es un punto de llegada provisorio de una alianza social cuya composición fue variando, lo que también terminó por afectar a su conducción. Por estos motivos, hablar del chavismo exige aclarar a qué momento de la coalición conducida por Hugo Chávez nos estamos refiriendo.

En cuarto lugar tenemos que expresarnos por lo que resulta más importante para cualquier socialista: qué roles ha jugado el chavismo en la lucha de clases. Existe una idea corriente, en el ámbito de la izquierda argentina, que sostiene que en Venezuela existe un “proceso de masas” (entendemos que quieren decir un ascenso de masas) que tiene como punto de partida el Caracazo de 1989 contra Carlos Andrés Pérez y los planes de ajuste del gobierno de la Acción Democrática. La observación corriente de bonapartismo se basa en la estimación de la existencia de este ascenso de masas sobre el cual se erigiría una figura “arbitral” que termina derrotando la movilización popular y garantizando la dominación de la burguesía.

En caso de existir tal ascenso, que ya tiene más de 24 años, hay que tomar posición sobre la relación del chavismo con él. Sobre tales asertos se pueden hacer algunas observaciones: la primera es que los ascensos de masas no suelen durar más de dos décadas, la segunda es que tales fenómenos corrientemente producen organismos llamados “de masas” (soviets, consejos, etc.) y dirigentes, y la tercera es que suelen estar

emparentados con programas de drásticas y rápidas modificaciones en la estructura socio económica de la sociedad.

En 14 años, si es que hubo ascenso de masas, la conclusión lógica sería que el proyecto bolivariano lo encauzó para su política, la cual no ha producido una modificación sustancial en la estructura social como la ocurrida en Cuba, la URSS, o China, por poner algunos ejemplos.

Tampoco compartimos la idea simplista de sugerir que el chavismo es el hijo directo del Caracazo de 1989, puesto que entre aquellos acontecimientos y su llegada al poder transcurrió casi una década y respecto del presente median más de 24 años, en los cuales la lucha de clases siguió su curso y es muy probable que sea necesario hablar con más precisión de lo que fue el Caracazo, qué lugar tuvieron la clase obrera y los pobres de aquella ciudad, quién capitalizó inmediatamente la movilización, qué grado de autonomía conquistaron los trabajadores, etc. Es decir, la pregunta central, y que resulta suicida responder con sofismas, es por la relación del chavismo con la lucha de clases.

En quinto lugar, en cuanto a reformismo se trata, es menester aclarar que el chavismo ha sido mucho más profundo en sus intentos de modificación de algunas instancias sociales que la mayoría de los gobiernos que

«en cuanto a reformismo se trata, es menester aclarar que el chavismo ha sido mucho más profundo en sus intentos de modificación de algunas instancias sociales que la mayoría de los gobiernos que se han reivindicado “chavistas”, empezando por el de Argentina desde 2003. »

se han reivindicado “chavistas”, empezando por el de Argentina desde 2003. Chávez apostó por un alineamiento internacional que denominó Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Allí logró reunir a los Estados de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, Honduras (hasta el golpe de E sta d o d e 2 0 0 9 ) y, e n ca l i d a d d e observadores, a Irán, Siria, Haití, Surinam, Canadá y Santa Lucía. El kirchnerismo apostó por integrarse al G20 y desde allí subordinar su política exterior al multilateralismo imperialista. El gobierno de Chávez vendía petróleo a la República de Haití a muy bajo precio, los de Kirchner, Lula y Tabaré Vázquez participaron de la invasión que los EEUU encabezaron contra aquella nación del Caribe.

El chavismo aumentó la porción de la riqueza que le tocaba a los asalariados, el kirchnerismo cuanto menos la mantuvo en la desigualdad heredada. El gobierno venezolano intentó mejorar las condiciones sanitarias de su población más pobre, el argentino continuó balcanizando la salud pública y perfeccionando el negocio de las prepagas. La dirección bolivariana intentó una reforma constitucional para, entre otras cosas, achicar la jornada de trabajo y producir una reforma agraria. Los peronistas de esta década empeoraron la legislación de los riesgos de trabajo y estrecharon sus lazos con M o n s a n t o y o t ro s c a p i ta l e s d e l a agroindustria. Quizás, y para concluir, sea sensato ver las relaciones que estableció el Estado de Venezuela con Cuba y compararlas con las que tejió la República Argentina en estos años, como para comprender algo mejor lo que distancia al chavismo de los chavistas de ocasión.

En sexto lugar también resaltamos dos hechos notorios: siendo que el proceso bolivariano depende en gran medida de la renta petrolera, el chavismo se ha constituido como fuerza estatal en íntima relación con la exportación del petróleo a los EEUU, y en los últimos años, parece haber desarrollado profundos vínculos con los capitales de lo que se denomina el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) quienes aparecen como las potencias “en ascenso” en el escenario constituido por la crisis internacional. Estos vínculos se han desarrollado con la mediación del Estado, son constitutivos del proyecto bolivariano y tienen una importancia cardinal en la formación de la burguesía venezolana durante los últimos 15 años. Señalar tales cuestiones no es una chicana izquierdista, sino simplemente acomodar los elementos para saber qué es el chavismo.

Planteados estos elementos, desde Estrella Roja mandamos un saludo fraterno a todos los trabajadores, protagonistas del proceso bolivariano y únicos capaces de llevar adelante su emancipación, que se encuentran acongojados por el deceso del presidente porque consideraban que con él se podía ir hacia el socialismo. Ojalá el futuro sea mejor que el pasado, es decir, ojalá que triunfe el socialismo.

«siendo que el proceso bolivariano depende en gran medida de la renta petrolera, el chavismo se ha constituido como fuerza estatal en íntima relación con la exportación del petróleo a los EEUU, y en los últimos años, parece haber desarrollado profundos vínculos con los capitales del BRIC. Estos vínculos son constitutivos del proyecto bolivariano y tienen una importancia cardinal en la formación de la burguesía venezolana »

ESTRELLA ROJA│MARZO DE 2013│SITUACIÓN INTERNACIONAL│5

A continuación reproducimos una declaración de la Corriente “Lucha de Clases” perteneciente al PSUV, la cual precede al fallecimiento de Hugo Chávez y los sucesos de las últimas semanas, pero contribuye a pensar algunas de las preguntas antes sugeridas y a avanzar en una caracterización del proceso venezolano.

El viernes 8 de febrero, el Ministro de Planificación y Finanzas Jorge Giordani y el presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes comparecieron para anunciar la devaluación de la tasa de cambio del Bolívar de 4,3 por dólar a 6,3.

Ante ésta decisión la Corriente Lucha de Clases del PSUV quiere manifestar: 1) Nuestra condena a la hipócrita reacción de la oligarquía y sus representantes políticos que han criticado la medida como un "paquetazo rojo". Los herederos del régimen puntofijista no tienen ninguna autoridad para hablar de paquetazos. Ellos fueron los que aplicaron numerosos ajustes neo-liberales capitalistas contra el pueblo trabajador desde el gobierno, incluyendo el infame paquetazo de Carlos Andrés Pérez que provocó el levantamiento popular del 27F de 1989.

De haber ganado las elecciones del 7 de octubre, hubieran aplicado un paquete de medidas contra la clase trabajadora y el pueblo pobre incluyendo la destrucción de las misiones sociales, recortes generalizados contra la educación y la salud, ataques a las pensiones y salarios, y demás medidas. A ellos les decimos: ¡no volverán!

2) Al mismo tiempo tenemos que analizar de manera crítica las decisiones económicas del gobierno bolivariano sobre la base del siguiente criterio fundamental: ¿a qué clase social favorecen? ¿Contribuyen a avanzar hacia el socialismo, objetivo declarado de la revolución bolivariana, o no?

3) La devaluación del bolívar es una medida que viene impuesta por la propia lógica del sistema capitalista y la dominación que sobre la economía ejercen los propietarios de los medios de producción y los capitalistas financieros. No se puede por lo tanto presentar como una medida socialista.

4) La introducción del control de cambio por parte del gobierno nacional en el año 2003 fue un intento de controlar la masiva fuga de capital, la huelga de inversiones y el saboteo generalizado de la producción por parte de la burguesía nacional y multinacional, particularmente durante el paro patronal y criminal sabotaje de la industria petrolera de diciembre 2002 enero 2003.

5) Sin embargo, al igual que otras medidas aplicadas (control de precios, control de alquileres, etc), los intentos por regular los peores aspectos del sistema capitalista no solucionan el problema principal, ya que la burguesía siempre logra evadir los controles por medios legales, semi-legales y abiertamente ilícitos. En realidad lo único que consiguen es dislocar el funcionamiento "normal" del sistema capitalista, sin reemplazarlo por un plan racional y democrático de la economía en beneficio de la mayoría.

6) Al control cambiario, la burguesía responde con el mercado negro y la especulación con el dólar paralelo. Al control de precios, la burguesía responde con el acaparamiento y el desabastecimiento de los mercados.

Si se controla el precio del arroz, la burguesía produce arroz saborizado. Si se entregan dólares CADIVI a los capitalistas para importar insumos para la producción, ellos los desvían al mercado negro con una jugosa ganancia y al mismo tiempo venden sus productos calculándolos al precio del dólar en el mercado negro.

7) La idea que la devaluación favorece al Estado porque así recibe más bolívares por cada dólar que ingresa por exportaciones petroleras es pan para hoy y hambre para mañana. Ante el sabotaje de la producción y la huelga de inversiones por parte de la burguesía, el estado se ha convertido en importador a gran escala de todo tipo de productos básicos y alimentarios que luego vende a precios subsidiados en Mercales y PDVAles. Lo que el estado gana con el aumento de bolívares por la venta de petróleo, lo pierde en las importaciones en dólares de productos básicos para satisfacer el mercado interno.

8) En realidad ha sido la burguesía nacional y multinacional que ha venido presionando a favor de una devaluación desde que el presidente Chávez anunció su nueva intervención quirúrgica en diciembre. De la misma manera que siguen presionando a favor de un alza de los precios regulados.

9 ) A l f i n a l , l a d eva l u a c i ó n , e n u n p a í s extremadamente dependiente de las importaciones de productos de consumo e insumos para la industria y la agricultura, se traduce en precios más altos para los consumidores finales: es decir, inflación para las familias trabajadoras.

10) El sistema capitalista "funciona" sobre la base de garantizar el beneficio privado para los propietarios del capital y los medios de producción. No valen exhortaciones bienintencionadas a los empresarios para que inviertan en la producción o para que vendan a un "precio justo". Mientras exista el capitalismo, los capitalistas invertirán solamente si creen que pueden obtener un margen de beneficio aceptable, y si pueden obtener mayor ganancia especulando, así lo harán.

11) La única manera de romper con esta lógica perversa es justamente romper con las leyes que rigen la economía capitalista. Hay que expropiar a los Amos del Valle, las 100 familias y grupos monopólicos, nacionales y multinacionales, que controlan todavía los resortes básicos de la economía venezolana (bancos, empresas y cadenas de distribución) y que usan su control para sabotear la voluntad democrática de la mayoría. En palabras de Ezequiel Zamora "lo que debe secuestrarse son los bienes de los ricos, porque con ellos hacen a guerra al pueblo, hay que dejarlos en camisa". Estamos hablando de la expropiación de los grandes capitalistas, de ese 1% de la población, no de la propiedad individual, ni de los pequeños negocios del 99% de la población que no representan un factor fundamental en la economía y que viven asfixiados por la gran banca y los grandes monopolios.

12) Sólo de ésta manera se podrían planificar de manera democrática y bajo control obrero el enorme potencial productivo, los recursos humanos, técnicos y materiales que posee la economía venezolana, en beneficio de la inmensa mayoría de la población, garantizar las conquistas sociales de la revolución, extenderlas, ampliarlas y consolidarlas.

13) Los reformistas y burócratas nos dirán que esto no es posible. Unos argumentarán que tales medidas provocarían la resistencia de la burguesía y la agresión del imperialismo. ¿Acaso no nos agreden ya, acaso no mienten y manipulan los medios capitalistas, acaso el imperialismo no viene atacando la revolución desde el principio? Sólo hay dos maneras de impedir que la burguesía y el imperialismo nos ataquen: una, poniendo fin a la revolución y llegando a pactos y a acuerdos con el enemigo de clase. Dos, tomando de manera firme medidas socialistas que solidifiquen la revolución y armando el pueblo mediante milicias obreras y campesinas. Eso además generaría una oleada de apoyo y simpatía entre los trabajadores y los pueblos del mundo que sufren ahora mismo las consecuencias de la crisis capitalista en sus propias carnes.

14) Otros dirán que no es posible todavía, que el bajo nivel de conciencia de los trabajadores y el pueblo no lo permite. A ellos les decimos: ¿quién salvó la revolución el 13 de abril? ¿Quién defendió el presidente durante la guarimba y el referéndum revocatorio? ¿Quién tomó las empresas e instalaciones de PDVSA durante el parosabotaje patronal? ¿Quién luchó por la renacionalización de SIDOR? La clase trabajadora y el pueblo revolucionario, en muchas ocasiones en contra y a pesar de la burocracia y los reformistas, han sido los que han defendido la revolución bolivariana en todos los momentos fundamentales.

- Contra el acaparamiento y al especulación expropiación de los medios de producción y cárcel para los culpables.

- Ni pactos, ni conciliación avanzar hacia el socialismo.

- Nacionalización de los medios de producción bajo el control democrático de los trabajadores - Contra la anarquía del capitalismo por un plan democrático de producción en beneficio de la mayoría

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6│ESTRELLA ROJA│ MARZO DE 2013

Estudiantil

Universidad Nacional y Popular

Desde hace años la situación de la UBA no hace más que mostrar que los avances que desde el Estado el kirchnerismo dice regalarnos en materia de educación y ciencia no son tales. A pesar de sus esfuerzos discursivos, de los intentos de apropiación de las banderas históricas del movimiento estudiantil, y sobre todo, de su re-significación, la universidad que propone el gobierno nacional no es una universidad más autónoma, ni más gratuita, ni más cogobernada1. ¿Autonomía?

Neoliberalismo de Industria Nacional En “los noventa” se había construido un diagnóstico que identificaba el marco legal como principal amenaza y a sus responsables como enemigos directos: uno externo (el Banco Mundial) y uno interno (el gobierno de Menem). Las políticas decididas lejos y afuera tenían un ejecutor local que las aplicaba (linealmente) m e dia n te le y es directa y globalmente impugnables. Sus políticas le pertenecían solamente a él (o ellos), identificando la reforma como un plan ajeno y no como prácticas cotidianas que vivían con nosotros y a veces en nosotros. Este diagnóstico era útil en la coyuntura de “los noventa” pero llevaba consigo debilidades que se notarían más adelante.

La construcción de un “tiempo nuevo” en educación intentó (y en parte logró) aquello que también se intentó en otros ámbitos: la desposesión ideológica de múltiples organizaciones sociales tomando parte de sus consignas. El kirchnerismo logró este objetivo a parir de una fuerte reformulación discursiva, acompañada de una supuesta renovación legal total en cuanto a la normativa educativa. El neoliberalismo terminó luego de este proceso relegado (y “enterrado”) como pasado y como externo (y ajeno) a los designios “nacionales” fundados en la propia “soberanía”. La continuidad en la ideología (y, mediadamente, en las prácticas institucionales) es posible porque se ha construido un neoliberalismo distante, en el espacio (es cosa de ciertos organismos internacionales) y en el tiempo (es algo de “los noventa”).

Así se fortalece un consenso de las políticas gubernamentales por dos vías: lo que hace o dice es más legítimo porque parece menos neoliberal; y, por otro lado, y más allá de las apariencias, el neoliberalismo ha madurado lo suficiente como para haber sumado más y más voluntades. La naturalización progresiva del neoliberalismo sumó inclusive a quienes en “los noventa” aparecían en los lugares más visibles de resistencia (al menos, la institucional). Y es esta naturalización la que nos muestra que el neoliberalismo no puede ser entendido como una amenaza venida del Norte, sino como algo que se había instalado entre nosotros.

Hoy, las políticas gubernamentales tienen margen para seguir trasladando responsabilidades de la política económica a la política educativa poniendo a la educación como variable fundamental del crecimiento económico, para seguir exigiendo “pertinencia” y “adaptación”; para seguir instrumentando mecanismos de evaluación externa, para seguir asfixiando presupuestariamente a las universidades una vez naturalizada la diversificación de las fuentes de financiamiento. Las políticas que hoy impone este estado reencontrado con su “soberanía” son las que, aún proviniendo de sus propias entrañas, no dejan de ser neoliberales. Ensimismado en poner fuera al neoliberalismo, no puede contraponerle una política sustancialmente diferente, sino solamente “de industria nacional”.

El desafío es construir un diagnóstico que nos permita resistir a los ataques del capital, independientemente del uso que haga de sus banderas. Para permitirnos luchar no sólo contra quienes ocupan lugares de poder en Washington, sino en los despachos más cercanos. El carácter difuso de la ideología neoliberal requiere que se la combata en cualquier ámbito en el que se encuentre. La batalla cultural contra el capitalismo comienza por combatir no sólo sus i d eol o gías, s ino l a s teatralizaciones que el estado realiza para hacerlas vivir.

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A pesar de no negar la idea de autonomía, el pensamiento neoliberal la reduce a una cuestión procedimental, en tanto ésta consistiría en la “libertad” que tienen las instituciones para definir los medios más eficientes de cumplir con objetivos que se deciden externamente. Se supone la existencia de instancias estatales encargadas de fijar objetivos que la universidad debe satisfacer “autónomamente” y de evaluar que efectivamente lo hagan.

Esta resignificación que se hace de la autonomía universitaria (a cuya legitimación aporta el kirchnerismo por medio de la reformulación discursiva que realiza) en se funda en la existencia de un supuesto interés colectivo que se privilegiaría por sobre los individuos y por sobre las instituciones educativas. Se plantean entonces ciertos mecanismos de regulación que imponen al sistema educativo la necesidad de satisfacer aquello que en “los noventa” se constituían como “demandas del mercado” y hoy se construyen como “demandas de la 2 sociedad” . La autonomía aparece en debate en tanto habría demandas que satisfacer y en

tanto se entiende que la satisfacción de tales demandas aportaría al cumplimiento de objetivos al servicio de los cuales podría ponerse la universidad o el sistema educativo todo. La subordinación del sistema educativo a diversos intereses empresariales reportaría (mediante la promesa del crecimiento económico) un interés social al que deberíamos atender3. Opera aquí además un traslado de las responsabilidades de la política económica a la política educativa. El jugador fundamental en la vinculación entre empresas y sistema educativo es el estado.

Su participación es necesaria a la hora de traducir la existencia de intereses de una clase (e incluso oportunidades de negocios d e e m p re s a s d e te r m i n a d a s ) co m o “demandas de la sociedad”. Instituir estas demandas “de la sociedad” es el modo con que el estado puede a su vez intervenir en el sistema educativo exigiendo su adaptación.

Aquella concepción de autonomía está hoy más viva que nunca, en íntima relación con la noción de “accountability” (o “rendición de cuentas”). Entre los proyectos de ley presentados para reemplazar a la LES, el impulsado por el ejecutivo define la

«A pesar de no negar la idea de autonomía, el pensamiento neoliberal la reduce a una cuestión procedimental, en tanto ésta consistiría en la “libertad” que tienen las instituciones para definir los medios más eficientes de cumplir con objetivos que se deciden externamente. Se plantean entonces ciertos mecanismos de regulación que imponen al sistema educativo la necesidad de satisfacer aquello que en “los noventa” se constituían como “demandas del mercado” y hoy se construyen como “demandas de la sociedad”»

ESTRELLA ROJA│MARZO DE 2013│ESTUDIANTIL│7 autonomía universitaria “en orden a la satisfacción de las necesidades (…) de la sociedad”, al tiempo que establece la exigencia de que “las instituciones universitarias rindan cuenta del uso de sus medios y recursos y del cumplimiento de sus fines a la sociedad” (Art. 31). Mientras, el proyecto presentado por la diputada oficialista Adriana Puiggrós habla de una “autonomía responsable” que “supone un ejercicio institucional responsable ante el Estado y la sociedad, quienes tienen el poder de su control y supervisión” (Art. 5).

Es en el marco de esta concepción de autonomía que se establecen los mecanismos de evaluación y acreditación universitarias. Por vía de las instancias de evaluación y acreditación (complementarias de los mecanismos de financiamiento condicionado) se 4 configura una modalidad de gobierno “a distancia” .

Un gobierno a partir del cual el estado logra una más efectiva y profunda conducción de las universidades con un menor involucramiento directo.

Observamos cómo las políticas del kirchnerismo carecen, en este aspecto como en tantos otros, de novedad. El esfuerzo legislativo del kirchnerismo se limita a pensar nuevos nombres para decir lo mismo: nuevos títulos para los mismos articulados y nuevas siglas para los mismos organismos. Así, por ejemplo, la diputada Puiggrós propone reemplazar la actual Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por un “nuevo” Consejo Educativo Nacional para la Acreditación y la Evaluación de la Educación Superior (CENAEES).

En el último tiempo hemos visto, en el caso de la UBA, un avance hacia la acreditación de carreras (y también hacia la reforma de planes de estudio) que tiene que ver no tanto con la iniciativa del poder ejecutivo como con el lobby que llevaron adelante los consejos profesionales, diferentes asociaciones de graduados y federaciones de carreras (aquello que no había se había logrado a través de la aplicación de la LES, hoy se impone como demanda de parte de la

comunidad universitaria, muestra más de que la ideología neoliberal es algo que existe más allá de sus expresiones legales vigentes). Sin embargo, más allá del lugar en que se encuentre la iniciativa lo que importa es la existencia de tales instancias y no tanto desde dónde es que se reclaman. Esto no debe distraernos del hecho de que es el estado el que gobierna, a la distancia y a control remoto, a través de ellas.

El triunfo ideológico del neoliberalismo ha sido tal que hoy son las propias universidades y buena parte de los universitarios los que se declaran dispuestos a sacrificar autonomía en pos de lo que se construyen como “demandas de la sociedad”, y los que “entienden” que deben someterse a la evaluación externa a fin rendir cuentas ante ésta. Y es así que el gobierno no reclama por esto tan fuertemente como antes en la medida en que ya no le es necesario.

Financiamiento y Equidad (vs. Gratuidad) Si bien los años recientes (en que el estado nacional tuvo una considerable disponibilidad de recursos) se eligió continuar con una asignación presupuestaria insuficiente, más marcada fue la profundización del camino neoliberal en cuanto a mecanismos de regulación por vía de la política de financiamiento. Constituye el eje articulador de esa política la diversificación de las fuentes de financiamiento. Se trata de una diversificación por vía de multiplicar no sólo las fuentes privadas sino también los mecanismos de financiamiento público.

Lo que efectivamente se articula es una desvinculación entre las necesidades de las universidades y las partidas presupuestarias que debieran estar destinadas a cubrir esas necesidades.

Se busca entonces que las universidades complementen su financiamiento con otros fondos.

Las universidades están obligadas a “salir a la caza de recursos”. Esa “caza” puede incluir donaciones supuestamente “desinteresadas” (como una parte de las ganancias de la minería contaminante de La Alumbrera) y todo tipo de convenios que se realizan con el sector privado.

No obstante la diversificación no se agota en la búsqueda de vínculos con el sector privado, el financiamiento de la universidad también se diversifica en cuanto a la parte que proviene del sector público.

Aquí juega fundamentalmente el criterio del financiamiento “orientado a la calidad”. La idea que sigue regulando el gasto público universitario es la de no otorgar recursos generales para solventar las necesidades generales sino en la menor medida posible. Los neoliberales (se reconozcan o no como tales) pretenden que el financiamiento esté atado a objetivos y/o “resultados”, implicando que la universidad cuando gasta por sí misma lo haría sin atender a la “calidad”. El argumento usual (la cantidad versus la calidad) se usa en el aspecto del financiamiento para reducir aquella parte del gasto

Lo que no puede dejarse de tener en cuenta es que no se trata solamente de una “reacción” de la universidad frente a una asfixia que le viene de “afuera”. Son muchos los universitarios que están convencidos de la necesidad de “salir de caza”.

Ya dijimos que esta política de diversificación responde a la idea de “calidad”. Agreguemos ahora que ésta se funda, además, en el principio de “equidad”. Dicho principio pone en cuestión el financiamiento de la educación con fondos públicos, responsabilizando al gasto social de las desigualdades que debieran atenderse por lado de los ingresos estatales, y apañando la desigualdad del sistema tributario. Es este mismo principio el que ha inspirado las propuestas de arancelamiento, las cuales no pudieron imponerse tal y como pretendía el programa de máxima del neoliberalismo debido a la enorme resistencia que encontraron en las universidades argentinas. Si bien el neoliberalismo (que como política educativa fue y es algo que va mucho más allá del arancel universitario) debió sacrificar algunas de sus aspiraciones para seguir vivo, la gratuidad es una reivindicación que hemos conquistado sólo parcialmente.

Gratuidad no es sólo ausencia de arancel (tampoco esto está asegurado en las distintas instancias de la educación universitaria, siquiera en las de grado) sino todas las condiciones que garanticen de manera universal el acceso, permanencia y egreso de la universidad. La gratuidad sólo significa algo si es un método de asegurar que la educación es un derecho.

En este sentido, poco y mal se puede garantizar el derecho a la educación con las políticas en las que siguen primando (aún en tiempos de disponibilidad fiscal) la asfixia de recursos y la imposición de la diversificación del financiamiento. En tanto siga vigente la ideología de la equidad, lo que seguirá cuestionándose es el derecho a la educación.

«Lo que efectivamente se articula es una desvinculación entre las necesidades de las universidades y las partidas presupuestarias que debieran estar destinadas a cubrir esas necesidades. Se entonces busca que las universidades complementen su financiamiento con otros fondos.»

[1] Para un desarrollo más extenso, se puede consultar nuestro material sobre políticas educativas completo en http://opestrellaroja.com.ar/web1/pdf.pdf [2] La idea de “sociedad” sirve hoy para sustituir (la mayor cantidad de veces que se pueda) al significante “mercado”. A fin de cuentas, la iniciativa empresarial siempre se definió (la ideología neoliberal) como positiva para la totalidad de la población (por diversos mecanismos: “derrame”, “externalidad positiva”, innovación tecnológica, etc.).

[3] Los voluntariados obligatorios son la nueva etapa en materia de extensión universitaria y pasantías. El discurso pomposo de “romper las paredes de la universidad para poner el conocimiento al servicio una sociedad más justa” es perversión acorde al sentido (común) “transformador” que muchas veces se le asigna a la educación. Los más pobres no accederán o no tendrán posibilidad de ingresar en la UBA pero recibirán el derrame de conocimiento de aquellos que tuvieron los medios de acceder y/ o continuar. En filosofía y letras el CIDAC (Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria) es el programa desde donde Trinchero y las agrupaciones kirchneristas levantan la bandera de la acción comunitaria en barrios de la zona sur.

[4] “...nuevos mecanismos modulados y programados por las autoridades políticas están siendo utilizados para vincular los cálculos y las acciones de un heterogéneo conjunto de organizaciones gobernándolas 'a distancia' a través de la instrumentalización de una autonomía regulada.” (Nikolas Rose, «El gobierno en las democracias liberales “avanzadas”: del liberalismo al neoliberalismo», en Archipiélago, Nº 29, 1997.)

[5] El primer peronismo anuló el cogobierno estudiantil, convirtiéndolo en un cogobierno de voz pero sin voto.

ligada a consumos generales (“cantidad”) en beneficio del financiamiento ligado a actividades específicas (de “calidad”). Tal es el caso del FOMEC y sus continuadores, PROSOC, PROMEI, PROHUM, etc. Por su parte, los organismos estatales de investigación (ANPCyT, CONICET) son, con mayor prestigio que las empresas privadas, la punta de lanza de la diversificación del financiamiento.

Este tipo de financiamiento tiene dos caras profundamente regresivas. Por un lado, suele incluir recursos condicionados, haciendo que parte de las decisiones académicas sean tomadas directamente por quién financia, avanzando por sobre los gobiernos de las instituciones y por sobre su autonomía. Por otro lado, supone recursos que se restan al financiamiento general, y por ende al financiamiento que podría ser utilizado en condiciones de autonomía. En otras palabras, si por un lado se otorgan recursos condicionados (ya sea públicos como privados) a los fines de asegurar determinadas actividades, por otro se niegan esos mismos recursos al financiamiento general. Así, mientras determinadas actividades podrían obtener financiamiento, gastos regulares y fundamentales quedan desfinanciados (por ejemplo algo que se hace presente fundamentalmente en la UBA y en las universidades más grandes- salarios para los hoy docentes ad honorem o necesidades de infraestructura). Por la misma idea de “cazar” lo que se pueda, la universidad debe aceptar partidas que no pidió de parte de privados o de un estado que le niega el financiamiento básico.

«Lejos del principio reformista de que “el demos universitario” “radica principalmente en los estudiantes”, el cogobierno sigue sin ser asumido por parte del estado siquiera como principio democrático básico. » ¿Cogobierno?

Aún cuando el kirchnerismo es diestro en reivindicar luchas en las que nunca participó, pero consecuentemente con su herencia5, no parece tener interés alguno en reconocer las reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil en cuanto a la democracia universitaria. En consecuencia, no se molesta en cuestionar la regulación legal en torno a las definiciones, instancias y composiciones del cogobierno universitario de la LES. Se sostienen criterios antidemocráticos como la fijación de un piso del 50% sin techo para los docentes en los consejos (proyectos Cantero Gutiérrez y Puiggrós) o la exigencia

de que éstos cuenten con la mayor representación relativa (proyecto del poder ejecutivo). Lo mismo pasa con la negativa a fijar siquiera un piso a la participación estudiantil en esas instancias colegiadas de gobierno.

Lejos del principio reformista de que “el demos universitario” “radica principalmente en los estudiantes”, el cogobierno sigue sin ser asumido por parte del estado siquiera como principio democrático básico. El neoliberalismo que inspiró la LES y la ley que habrá de reemplazarla no hace sino alejarnos aún más de ese principio.

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8│ESTRELLA ROJA│MARZO DE 201 “El espectáculo que ofrecía la Asamblea Universitaria era repugnante” En diciembre de 2007, tras cinco intentos frustrados por las movilizaciones conducidas por la FUBA, se realizó la Asamblea Universitaria. El escenario elegido fue el Congreso Nacional cedido por el gobierno de Kirchner y custodiado por la policía, violando ostensiblemente la autonomía universitaria. Con esto, se buscaba “normalizar” la situación de la UBA y poner fin a su “crisis” institucional. ¿Qué crisis? ¿La crisis radicaba en la imposibilidad de elegir un rector? Creemos que no. ¿Podemos entonces pensar que esta crisis se resolvió con la ilegítima elección de rector? Definitivamente no.

El acuerdo que sostenía la fórmula Hallú-Sorín estaba muy lejos de plantearse una verdadera transformación de la UBA, a pesar de que su programa se presentaba tomando algunas de las demandas estudiantiles. Las sospechas y la desconfianza no hicieron más que corroborarse. Quienes se hicieron con el gobierno de la UBA antes y después de acceder a ese lugar- permitieron la acreditación de algunas carreras ante la CONEAU, c o n s i n t i e r o n y fo m e n t a r o n e l p r o c e s o d e mercantilización de la UBA, se beneficiaron con los negocios privados (curiosamente la secretaría de hacienda quedaría en manos de los radicales), y se sometieron a las políticas educativas neoliberales.

Asimismo, la composición política de dicha alianza -entre radicales y peronistas- mostró rápidamente su subordinación al kirchnerismo y la política educativa oficial.

Resultó realmente significativa la intervención del gobierno y el papel decididamente más activo que comenzó a jugar. Su apoyo, al poner a disposición de los asambleístas el Congreso y la Policía Federal (cuando se había negado a hacerlo en anteriores ocasiones), apareció como fundamental para garantizar la realización de la asamblea.

En diciembre de 2009, la nueva elección de rector de la UBA era protagonizada por los mismos nombres y políticas. Hallú fue reelegido en el Congreso mientras la policía federal protegía al gobierno universitario del movimiento estudiantil.

La “crisis” de ayer, la decadencia de hoy 2013 se inicia con la perspectiva de un pronto proceso electoral. La decadencia de la UBA persiste y se agudiza.

La percibimos quienes transitamos a diario la UBA: la descomunal cantidad de docentes ad-honorem (que en algunas facultades alcanzan casi la mitad de la planta docente), los míseros salarios de aquellos que perciben una renta por su trabajo, la política de cesantías masivas y las penosas condiciones edilicias. Consecuencias años de ahogo presupuestario y ajuste sistemático que llevaron a la universidad a una situación de asfixia, agudizada por la escalada inflacionaria que siguió a la devaluación, que en la actualidad se agrava.

Al acercarse una nueva elección de autoridades de la UBA, nos podemos olvidamos de que es esto lo que está en juego.

La universidad que propone el gobierno nacional no es una universidad más autónoma, ni más gratuita, ni más cogobernada. Si aspiramos a conquistarla, si aspiramos crear nosotros lo que nadie va a venir a regalarnos, es necesario volver a coordinar nuestras aspiraciones con la lucha y con la organización. La reconstrucción del movimiento estudiantil será la vía por la que esas aspiraciones podrán realizarse (para la universidad y para el resto del sistema educativo), pero también para que se instalen y prosperen otras aspiraciones, de revolución.

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salarios en cuotas y ganancias en pala

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Por Guillermo Andrés y Jonhy Bravo La polémica que despertó el debate en torno a la reforma constitucional, el manejo del subte y la coparticipación con las provincias dejó en evidencia el inicio de un año electoral en el que las fuerzas políticas dominantes intentan presentar sus proyectos como antagónicos. Sin embargo, la puja distributiva abierta con las paritarias una vez más puso las cosas en su lugar y, sin discriminar, unió a oficialismo y oposición bajo una misma bandera: descargar el ajuste sobre los trabajadores.

Al final de cuentas las amenazas que lanzó la UIA a mediados de enero surtieron su efecto después de todo. Los empresarios industriales se quejaron de que los reclamos salariales, en ese entonces en torno al 25% (ahora ya llegan al 30%), desatarían un “Rodrigazo”, lo que equivale a decir una corrida de precios, que en el 75´ no fue sino el golpe económico contra los salarios por parte del último gobierno peronista, previo al golpe cívico militar contra los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores.

En las filas del Gobierno criticaron a los industriales por semejantes declaraciones pero lo cierto es que las autoridades salieron con los tapones de punta a marcar la cancha, con un techo salarial del 20%, un insuficiente aumento del 20% del Mínimo No Imponible en Ganancias (ver recuadro), y el lanzamiento rimbombante de un laxo acuerdo de precios

para contener la inflación (ver recuadro).

Se trata de una suerte de mini “pacto social” impuesto por la Casa Rosada en el que el Ministerio de Trabajo, cual gendarme de las ganancias y capitalista colectivo, no dudó en recurrir a la conciliación obligatoria, amenazó con aplicar sanciones económicas a los gremios que tomaron medidas de fuerza y presionó incluso a aquellos empresarios que preferían ceder al reclamo salarial con tal de ahorrarse conflictos (y mayores costos) a futuro.

Es que, sólo teniendo en cuenta los aumentos de alimentos, impuestos y tarifas (ABL, colectivo, subte, luz, agua y gas) del año pasado, los primeros sindicatos en renegociar paritarias lógicamente traspasaron con sus pedidos los umbrales de lo “racional”.

Primeras negociaciones En un escenario conflictivo, los aceiteros, bancarios y docentes (ver recuadro) se han convertido en los conejillos de india del Estado en su intento por limitar las aspiraciones salariales.

En el caso de los aceiteros, la pelea llevada adelante por la federación que los agrupa a nivel nacional concluyó en una victoria parcial con una suba a partir de enero de entre el 22 y 25% según la categoría, que lleva el salario mínimo a $7.500, y una suma fija de $5.800 por única vez, tras una huelga general que p a ra l i zó l a s p r i n c i p a l e s te r m i n a l e s exportadoras de granos.

Con este resultado, los trabajadores del sector superaron la pauta oficial, en el marco de la ofensiva del gobierno de recortar salarios poniendo un techo por debajo de la inflación. Los aceiteros de San Lorenzo, en cambio, acataron las “presiones” y cerraron un aumento del 19,5%. No obstante, la federación nacional podría haber obtenido más teniendo en cuenta que Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Molinos Río de la Plata, Toepffer, Noble, Aceitera General Deheza, Vicentín y ACA tuvieron una facturación total en 2011 de 139.091 millones de pesos, alrededor de 23 mil millones de dólares, [1]

cuando el costo laboral estimado apenas representa el 1,94% de sus utilidades.

El gremio de los bancarios tampoco se quedó atrás. Después de un mes de tire y afloje que incluyó un paro nacional, conciliación obligatoria y un fuerte discurso de la Presidenta contra los trabajadores, La Bancaria obtuvo una suba del 25% -sobre un piso salarial de $7.200-, a cambio de disfrazar y dividir el anticipo de $1.700 en dos sumas, una de ellas en negro y por única vez.

De este modo, los bancarios lograron hacerse de una recomposición provisoria durante el verano a cuenta de lo que negocien en marzo o abril. Sin embargo, lo conseguido en realidad viene a compensar lo perdido en 2012 cuando el sindicato de Sergio Pallazo, alineado con Moyano y el Gobierno K, cerró un 23%, por debajo de la inflación. Queda ahora por ver en cuanto cierra la paritaria anual y si el sindicato mantiene la promesa que hizo en enero de no superar el 23% en todo el año, algo bastante alejado del 35% que reclaman los sectores de la oposición.

A modo de balance, las primeras dos negociaciones del año representan un “empate” porque conforman a los sindicatos burocratizados, a las empresas, al Gobierno

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Sindical y, en parte, a los trabajadores del gremio. Por una parte los gremios no se pasan de la raya, y por otra, tampoco muestran una obediencia total ni se van con las manos vacías. Es en este juego a dos puntas quizás donde radica la fortaleza de estos sectores de la burocracia sindical.

Con todos estos límites, el enfrentamiento en las huelgas marca un rumbo por el cual caminar y demuestra que si los trabajadores no se subordinan a los designios del Estado y las necesidades de las patronales, pueden conseguir más.

En un mercado de trabajo hiperfragmentado y en el que los convenios colectivos apenas alcanza a un tercio del total, las luchas reivindicativas sirven para que los sectores más débiles y rezagados se animen a ir por más. Y que, en lugar de escucharse el comentario reaccionario “estos ganan un montón y se vienen a quejar”, la clase trabajadora concluya: “si no hacemos algo, nos van a seguir tocando el bolsillo”.

Ante la posibilidad de que se abriera esta caja de pandora, el Gobierno logró en las últimas semanas encausar las negociaciones con acuerdos más moderados de la mano de dos gremios aliados, alineados con la CGT de Caló.

Docentes, entre la espada del Gobierno y la pared de los sindicatos Desde el Gobierno de Cristina, pasando por Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, José De la Sota en Córdoba, Daniel Peralta en Santa Cruz y Mauricio Macri en la Ciudad, todos salieron a enfrentar los reclamos de los gremios docentes con un techo salarial que, dependiendo el distrito, oscila entre el 20 y el 25% dividido en tres tramos, y que en términos anualizados significa una suba de entre el 16 y el 20%, por debajo de la inflación prevista en la mayoría de los casos.

La primera piedra la puso el ministerio de Educación nacional al cerrar por decreto en febrero, y por segunda vez consecutiva, la paritaria nacional de casi 1 millón de docentes, fijando un incremento del 22,5% en tres cuotas que recién llega al 19% en noviembre, es decir, a los $3.400.

La maniobra previsible, salvo para los gremios adictos como CTERA, obligó a los cinco sindicatos de la actividad a lanzar primero un paro nacional. La conducción de CTERA, la organización más grande con 300.000 afiliados y enrolada en la CTA oficialista del maestro Hugo Yasky, recién después de un tardío congreso resolvió adherir a la medida, presionado por las bases.

Así, con un alto acatamiento, la huelga de fines de febrero fue la segunda más importante desde el 2012, cuando CTERA tuvo que parar por primera vez en una década, tras el cierre intempestivo de la paritaria por el Gobierno.

Ahora la conflictividad se desplazó hacia las provincias donde todavía las autoridades no llegaron a un acuerdo en más de la mitad, incluida Buenos Aires, que es la que aglutina a la mayor cantidad de maestros y representa la mayor parte del presupuesto educativo.

En este caso, la burocracia de SUTEBA liderada por Roberto Baradel, integrante de la

CTERA, tuvo que decretar medidas eso sí, espaciadas para poder “negociar”- y lanzar amenazas, ante la situación crítica que viven los docentes bonaerenses. El año pasado les descontaron los días de huelga y este año el Gobierno de Scioli advirtió que hará lo mismo.

Su salario no llega a los 3.000 pesos.

La caja provincial afronta una situación complicada, que ha llevado al distrito a endeudarse vendiendo bonos, subir los impuestos inmobiliarios a los empresarios rurales y countries, y congelar el gasto en salud, educación y administración.

La CGT de Antonio Caló (de la cual forman parte los otros cuatro gremios UDA, AMET, SADOP y CEA) y sobre todo la CTERA y la CTA de Yasky se han visto en la obligación de enfrentar al Gobierno, luego de que el año pasado terminaran aceptando el lastimoso aumento por decreto del 19%, uno de los más bajos negociados en 2012 y claramente por debajo de la inflación.

El problema este año es que ambas centrales, al romper con Pablo Micheli y Hugo Moyano y mantener sus lazos con el oficialismo, deben rendir más que nunca sus servicios acatando la miserable pauta salarial, en momentos que las seccionales opositoras de Suteba, Amsafe, ATEN y ADOSAC, entre otras, reclaman que se intensifiquen las medidas de fuerza.

A cambio de este “sacrificio”, la CGT y la CTA oficialistas aspiran a ser reconocidos como las organizaciones legítimas y tener acceso a los despachos oficiales, mayores reintegros de fondos de las obras sociales que se apropió el Estado, y favores del Ministerio de Trabajo, por ejemplo en las peleas de encuadramiento o los jugosos planes de capacitación sindical.

Sin necesidad de hacer paro como había amagado en un principio, el “gordo” Oscar Lescano, titular de Luz y Fuerza, cerró un aumento del 30% en tres cuotas y por 18 meses. Lo que a simple vista parecía un batacazo, en realidad representa una suba que mantiene el techo del 20% para el 2013 y extiende el plazo del convenio, sin posibilidad de renovarlo hasta mediados del 2014, en momentos que varios gremios plantean negociar en forma semestral. Probablemente por ello, el ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que el acuerdo era "un buen paso” y destacó que otras actividades "están planteando este tipo de acuerdos".

La otra ayuda vino del sindicato metalmécanico Smata que negoció con las terminales automotrices un incremento del 8% para el primer trimestre. Aunque fue interpretado por algunos medios como un acuerdo rupturista, la realidad es que la dinámica de negociación garantizó en los últimos años aumentos anuales del orden del 24%. Eso sin contar las suspensiones y despidos hormiga que el gremio dejó pasar ahora en Volkswagen, Mercedez Benz, Fiat Iveco y Lear para que ajusten la producción y de paso se deshagan de los delegados combativos de la oposición.

Disciplinamiento sindical El discurso neoliberal de que los salarios generan inflación comenzó a notarse con fuerza a partir del 2007 cuando el empleo empezó a crecer menos y la inflación se aceleraba, a la par de una desaceleración económica, propia del modelo, y previa al impacto de la crisis mundial. La crisis del campo fue un reflejo de estos cortocircuitos en la economía y la pelea por las ganancias.

Este giro en el relato se profundizó con el anuncio de la sintonía fina tras el triunfo de Cristina en las elecciones del 2011. La novedosa idea del kirchnerismo fue entonces ajustar algunas variables, como subsidios, salarios y ganancias en “exceso”, como si todo fuera lo mismo. Este arsenal ideológico fue acompañado de otro: el ataque a las “corpos”, siendo en los hechos el principal blanco los sindicatos, a los que la misma Presidenta calificó de perjudicar a la sociedad, con conflictos y reclamos desmedidos.

Más que a un error de cálculo político por parte del Gobierno, la ruptura de la CGT y la CTA están vinculadas con esta política de disciplinamiento económico del sindicalismo, que sigue teniendo un peso determinante para el normal desarrollo del proceso de acumulación.

En efecto, durante la mayor parte del kirchnerismo las centrales obreras se subordinaron siempre a los designios del Gobierno y también del PJ. Aún con conflictos sindicales por reclamos reivindicativos impulsados por burócratas (petroleros, camioneros, aceiteros) e incluso de importantes luchas dirigidas por los sectores antiburocráticos y clasistas (alimentación, subte, colectiveros y ferroviarios), la CGT “unida” con todos adentro gordos, independientes, moyanistas- y la vieja CTA de Yasky y Micheli sirvieron para garantizar una década de paz social.

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10│ESTRELLA ROJA│MARZO DE 2013 |SINDICAL No es de extrañar en este marco que el poder adquisitivo del salario siga aún por debajo del pico alcanzado en los 90´, que un 36% de los trabajadores esté contratado en forma ilegal (o “en negro”, según el eufemismo) y un tercio de la población sea pobre, si se toma en cuenta una canasta más realista que la del INDEC. El problema para el Gobierno es que tras la recuperación económica y una “década milagrosa” con crecimiento del empleo, los gremios también recuperaron poder. Poder de movilización, de presión y de aspiraciones políticas, sobre la base de una mejora relativa en las condiciones de vida de los trabajadores.

Sin embargo, tanto una como otra central presentan fuertes límites a la hora de resolver las necesidades de la clase trabajadora.

Ambas coinciden en que cada gremio dispute su convenio por separado. Esta perspectiva plantea serios límites a la hora de disputar el salario. Por otro lado, ambas coinciden en, no poner en discusión las condiciones de trabajo; no permitir democracia sindical (reconocimiento de las minorías en el sindicato); ni libertad sindical (libertad de afiliación); la legitimación en los hechos del trabajo en negro, contratado, fuera de convenio o tercerizado, inclusive con complicidad en el mismo.

La CGT oficialista se jugó por un participacionismo agiornado, consistente en

una apertura al dialogo, a cambio de formar parte de las instancias de representación institucional, como los interlocutores validos del MO. Nada mas lejos de los planes del Gobierno, que es tener cortos a todos. La expectativa de estos sectores se vio defraudada rápidamente y ahora se muestran mas distanciados para presionar al Gobierno y por la reacción negativa que tuvo el magro actualización de Ganancias.

La CGT de Moyano, intentó moverse por izquierda (parcialmente) en términos sindicales y por derecha en términos políticos (con el PJ federal); lo que concluyó en un cuestionamiento imposible de formular, con una reivindicación salarial abstracta y un apoyo a Scioli y a De La Sota por elevación.

En las instancias donde Moyano impulsa reivindicaciones salariales, es importante participar, ya que en los hechos es un movimiento de fuerzas que enfrenta de algún modo los límites salariales del gobierno y de las empresas, más allá de las alianzas que haga Moyano. Son en el marco de un frente único obrero que pretende aumento salarial.

Las dos fracciones intentan realizar alianzas con sectores que se presentan como antagónicos, pero que tienen claro que los trabajadores son los que van a costear los costos de la desaceleración y las ganancias. Lo que no quita que en eventuales enfrentamientos sindicales tengamos que

Conclusión La fractura de las centrales afecta directamente a la correlación de fuerzas de la clase obrera, disminuyendo su potencial de lucha, y su bolsillo en este momento de recorte salarial generalizado. Pero la sola proclama de la unidad no es suficiente. Los objetivos deben estar claros.

Así como el gobierno impone su pauta salarial, una central debe definir la suya sin dejar de lado las condiciones de trabajo y actuar en consecuencia, tomando todas las medidas de fuerza necesarias, incluyendo una herramienta tan poderosa como la huelga general.

En este sentido, es necesario incorporar a la discusión al 40% de trabajadores sin re g i st ra r y l u c h a r p o r s u co r re c to encuadramiento. De lo que se trata es de ir contra todas las formas de precarización laboral, como son la tercerización y el trabajo fuera de convenio, con la consigna de a igual

trabajo igual salario. Esto no sólo repercute en los sueldos, también en la estabilidad laboral y la libertad de expresión como afiliación en los lugares de trabajo.

La falta de democracia sindical permite que estas formas de explotación se instalen con mayor facilidad. Por eso, las minorías dentro de los gremios deben tener reconocimiento, a diferencia de lo que sucede hoy en muchos sindicatos, en donde son perseguidas por las patronales, el Estado, y la propia burocracia sindical.

Simultáneamente, mientras peleamos por estas reivindicaciones inmediatas debemos presentar una alternativa política coherente con nuestros reclamos que sea visible para el conjunto de los trabajadores y demás sectores oprimidos de la sociedad, y represente sus intereses históricos: la emancipación de las clases explotadas.

Acuerdo de Precios y Canasta El acuerdo para congelar los precios en los supermercados por dos meses, en los hechos, funciona como una señal para los empresarios de que el costo de la fuerza de trabajo se va a mantener sin cambios y por lo tanto los sindicatos no tendrán excusas para pedir grandes incrementos salariales.

Sin embargo, esta política ya fue aplicada en años anteriores y no tuvo mayores resultados porque el problema de la inflación no se reduce a una “avivada” de los supermercados que remarcan precios (cosa que existe en parte), sino que es el mecanismo que adopta el “modelo” para mantener una desigual distribución del ingreso. En efecto, la inflación también la componen las tarifas, el transporte, los alquileres, y el mercado mundial, entre otros factores.

Tanto el acuerdo de precios como los índices del INDEC son cosas de las que nadie puede dar fe. La discusión es con cuánto se vive. Para ATE INDEC, $7.000 es la canasta de una familia, casi 3 veces más que lo que marcan las cifras oficiales, cuando el ingreso promedio de los ocupados apenas alcanza los $3.707 mensuales.

Ganancias Las primeras negociaciones del año se vieron atravesadas por la discusión del Impuesto a las Ganancias. El Gobierno intentó calmar las aguas actualizando en un 20% el piso a partir del cual los trabajadores pagan Ganancias, pero como era de esperar el anuncio no conformó a nadie. Es que al no haber sido actualizado en el 2012 y con el avance de la inflación, cada vez más trabajadores se ven afectados por un tributo a la “riqueza” que en los sueldos más altos se come más de un aguinaldo.

Ahora el piso del soltero fue llevado a $6.500, un sueldo neto que según los datos de ATE INDEC no alcanza la canasta familiar estimada en enero, de $7.000. La actualización está por debajo de la inflación prevista incluso, lo que va a provocar que luego de las paritarias los trabajadores que habían quedado exceptuados del régimen impositivo, vuelvan a pagar el Impuesto al Salario.

“CORTE DE RUTA + ACAMPE”

la fórmula misionera para convertir lamento en protesta

Por Sebastian Ramírez

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El caluroso febrero misionero vino acompañado de movilizaciones, acampes y cortes de ruta en el Norte y Centro de la provincia por parte de docentes y no docentes nucleados en el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL).

Misiones.- Durante casi todo el segundo mes del año, el paisaje misionero dejó ver mucho más que el verde de su selva para quienes la visitaban. 30km de cola eran los que separa al último turista, de la cabecera del corte de ruta en “Línea Chica” (Montecarlo).

Quienes estaban allí eran los docentes que exigían al gobierno provincial, la modificación

en la grilla de antigüedad (que se traduciría en incrementos en el salario y la posibilidad de jubilarse en mejores condiciones), como así también el pago de salarios adeudados a suplentes e interinos. El sector no docente por su parte, encabezado por los porteros, buscaba una respuesta acerca del blanqueo salarial y del pago de adicionales.

ESTRELLA ROJA│MARZO DE 2013│SINDICAL│11 La Punta de la madeja La decisión de tomar esta medida desde ambos sectores fue producto del incumplimiento por parte del gobierno de un compromiso asumido respecto a los puntos antes mencionados, en una reunión llevada a cabo en julio del 2012, en la que se firmó un acta de acuerdo que, Rubén Ortiz, Secretario General del MPL, reconoció como “histórica”, además de destacar la unidad de los trabajadores para su concreción.

En esa oportunidad el MPL mostró una gran fuerza a la hora de movilizar, lo hizo con más de un centenar de docentes, no docentes y tareferos que en solidaridad se acercaron a apuntalar la lucha, por espacio de dos horas y media. Mientras tanto los representantes del sector docente Rubén Ortiz, Carlos Kobziukzik y Carlos Lezcano, dialogaban con el titular del Consejo General de Educación, Adolfo Zafrán, reunión que también contó con la presencia de Julio Barreto intendente de Montecarlo.

En un comunicado que se dio a conocer en las redes sociales por parte del MPL, Cristóbal Maidana del Sindicato de Tareferos, ratificó que, “de no ser por esa unidad, difícilmente los tareferos hubieran obtenido los logros de esta última etapa de la lucha, referidos a la devolución de las asignaciones familiares injustamente descontadas y a la puesta en vigencia del precio oficial del raído de yerba mate cosechada”, mientras que Beatriz Martínez, representante de los porteros en el MPL, manifestó sentirse “orgullosa” de pertenecer a la organización.

"A palabras de borracho, oídos de cantinero" Sabido es que cuando las papas arden los gobiernos suelen hacer promesas que jamás cumplirán, pero esta vez el sector docente estaba más decidido que nunca a endurecer su posición. En la asamblea del 6 de febrero, Ortiz llamó a movilizarse para conseguir sus reivindicaciones "Ya no podemos vivir de los discursos: tenemos que poner el cuerpo para sostener las propuestas que largamos", y remarcó "Así como estamos, la cosa no va más".

Es que el Gobierno no solamente hizo caso omiso al acuerdo de Julio de 2012, sino que además descontó los días de paro a los docentes que haciendo uso de su derecho constitucional, hicieron sentir la medida con un acatamiento de un 90 % en toda la provincia luego del receso de invierno. Los que eligieron luchar, se encontraron a fin de mes con un Ítem perteneciente a los descuentos: era el de “huelga”. De la misma manera tampoco se hizo efectiva la aplicación de la grilla de antigüedad (que se debería de haber llevado a cabo antes de las paritarias 2012). ¡Adolfito!

Educación Ética y Ciudadana…¡APLAZADO! El art. 14 bis. de la Constitución Nacional, establece que “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo".

Adolfo Zafrán, presidente del Consejo General de Educación de Misiones pareciera estar en desconocimiento del artículo, cuando el pasado noviembre descontó a los docentes hasta $1200, por ejercer el derecho a huelga. El hecho fue “escrachado” por el Frente Gremial, que se movilizó hasta su estudio contable en repudio a lo sucedido. Se preguntará el lector que haría un contador presidiendo el CGE de Misiones, y es lógico, porque para cerrar la ecuación hay que decir que además de usar los mismos métodos

“rectificadores” con los docentes, que el “macrismo” en Buenos Aires, Zafrán es un prestigioso contador oriundo de la ciudad de Apóstoles. Lejos estamos de tener un educador al frente de la educación misionera (el anterior presidente fue Fernando Dasso, de profesión arquitecto).

Por su parte, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que textualmente expresó: "En reconocimiento de quienes defendiendo su derecho constitucional a huelga realizan los paros, el gobierno ratifica que día no trabajado es día no pagado. El Ejecutivo provincial advierte además que ante los reclamos de reintegro por él no pago de los días no trabajados, se mantendrá firme en la decisión tomada como una forma de valorar el compromiso de la gran mayoría de la familia docente que defiende su salario dialogando pero sin abandonar las tareas frente al aula ni un solo instante".

“Me están jodiendo la paciencia” Estas fueron las palabras en un medio televisivo del Gobernador misionero Maurice Closs, al saber que ante la “oferta” del CGE de aumentar en un 22% los salarios de los docentes en 5 cuotas, el “ala dura de la educación misionera”, el Movimiento Pedagógico de Liberación, decidía seguir en los acampes de Montecarlo y Jardín América y endurecer los cortes de ruta en ambas localidades.

Acto seguido el titular de la cartera educativa, se dirigió a Montecarlo, donde lo esperaban los militantes del MPL en un corte de ruta que duró alrededor de 5 horas en una de las rutas más transitadas de la provincia, con más de 300 docentes y no docentes. Esta era ya la cuarta reunión que tenían en lo que iba del mes, en esta iban a recordar el tan mentado acuerdo en el que el gobierno se comprometía a aplicar la nueva grilla de antigüedad, a la devolución de lo descontado por derecho a huelga, y a la regularización de la situación en la que se encontraban los docentes suplentes e interino, como así también a la entrega de indumentaria y recomposición salarial para los porteros.

Pero lejos de conformarse con esto, los liderados por Ortiz, exigieron además que el gobierno reconozca al MPL como un gremio de docentes y que sobre todo dejara sin efecto los sumarios que el mismo Zafrán habría elevado para 8 militantes de la organización.

To dos estos puntos se pusieron a consideración en la Asamblea del día 23 de febrero , en la que con una concentración multitudinaria se consideró insuficiente, agregándose dos puntos más a dicha propuesta: El blanqueo del adicional por cargo y la elevación de un adicional de $25 a $100.

La fórmula dio resultado…

Luego de casi un mes de acampes y cortes de ruta, el Movimiento Pedagógico de Liberación, mostró que es posible torcerle el brazo al gobierno con lucha y unidad.

Durante la mañana del 25 de febrero, el CGE cedió ante la presión de las movilizaciones y acordó aplicar a partir de febrero la aplicación de la grilla de antigüedad, además de que el aumento comenzaría a regir en el mes de marzo.

Más allá de que el oficialismo en la educación, encabezado por Stella Marys Leverberg (secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones y Diputada Nacional por el Frente para la Victoria)2 se apropió de los logros obtenidos por el sector docente, quedó evidenciado quienes fueron los protagonistas del proceso abierto por la lucha de los docentes más combativos del Norte y Centro de la provincia.

La lucha sigue porque el neoliberalismo no se termina…

Sin embargo, esta solo fue una batalla de una contienda mayor en la educación pública misionera.

Mientras los docentes misioneros estaban en pleno acampe, en el Teatro Gran Rex, la Presidenta Cristina Fernández, lanzaba el “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016”3, según manifestó el plan “representa el espíritu de las provincias”. Pese a esto, en Misiones las recetas neoliberales se siguen aplicando a rajatabla. En el año 1992, por medio de la Ley 2910, Misiones declaró la Emergencia Provisional, para “evitar el descalabro de las cuentas públicas”4. En 1998, el decreto 936/89 declaró la Emergencia Económica del Estado Provincial, PARA “establecer mecanismos apropiados para posibilitar la compensación de créditos y deudas con los particulares…”5. Ambas leyes aparecen oficialmente derogadas, pero para el presupuesto a las provincias aparecen prorrogadas hasta el día de hoy.

La importancia de tal observación no solamente reside contra aquellos que pretenden dejar atrás un pasado neoliberal, disfrazando al kirchnerismo de progresista y contrario a las políticas neoliberales, sino que además deja al desnudo, 20 años de emergencia provisional y económica. Bajo esta máscara el Estado Provincial se escuda para no pagar la millonaria cifra que mantiene con los docentes jubilados, que todos los jueves realizan su “marcha blanca” a casa de gobierno.

Aquí solo citaremos un caso de muchos, Julio Ríos, que murió luchando con sus compañeros jubilados por falta de atención del Instituto de Previsión Social (IPS): “Julio murió luchando, reclamando por esta injusticia. Ahora marcha con nosotros todos los jueves en nuestras pancartas, en fotografías, y nos da aliento desde donde sea que este”6.

Si el presente es de lucha…

Más allá de los acuerdos alcanzados luego de catorce días de acampe ininterrumpido, en la educación misionera todavía hay mucho por hacer. Las escuelas siguen en pésimas condiciones, en las de frontera aún hay dificultades con el bilingüismo (portugués español), los Mby´a Guaraní (Comunidad Aborigen) siguen quedándose sin la oportunidad de aprender en su lengua, y los docentes siguen enseñando en pésimas condiciones edilicias.

La experiencia de febrero, mostró que a través de paros activos, asambleas, cuerpos de delegados, toma de escuelas y cortes de ruta y acampes, es posible que los trabajadores obtengan un triunfo. Lo cierto es que hay que seguir luchando por la educación pública, por los docentes que día a día le ponen el cuerpo hasta en las situaciones más adversas y por nuestros “gurises” que son el futuro de la sociedad.

[1] Estudiante de Historia. FHyCS Posadas Misiones. Militante de la organización estudiantil “PRAXIS Espacio de Pensamiento Independiente.”

[2] Ver http://www.misionesonline.net/noticias/20/11/2008/ladiputada-nacional-marilu-leverberg-fue-ratificada-en-el-cargoen-la-udpm [3]El cuerpo del Plan pueden verse en: http://goo.gl/MKNNE. [4] El cuerpo de la Ley pueden verse en: http://www.diputadosmisiones.gov.ar/actual_pdf/2910.pdf [5] El cuerpo de la Ley pueden verse en: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/constitucional_e_intern acional/emergencia/decreto_936_89_provincia_de_misiones.ht ml [6] Fragmento extraído de: Http://revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content &view=article&id=634:misiones-en-emergenciamoral&catid=14:misiones&Itemid=21

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Documentos

1 Al morir Lenin, un soldado de la guardia, según se cuenta, dijo a sus camaradas: “Yo no quería creerlo.

Fui donde él estaba y le grité al oído: «Ilich, ahí vienen los explotadores».

No se movió. Ahora estoy seguro que ha muerto.”

2 Si un hombre bueno quiere irse, ¿con que se le puede detener?

Dile para qué es útil.

Eso lo puede detener.

3 ¿Qué podia detener a Lenin?

4 El soldado pensó: Si oye que los explotadores vienen, puede que estando sólo enfermo se levante.

Quizás venga con muletas.

Quizás haga que lo traigan pero se levantará y vendrá para luchar contra los explotadores.

5 El soldado sabía que Lenin había peleado toda su vida contra los explotadores.

6 Cuando terminaron de tomar por asalto el Palacio de Invierno, el soldado quiso regresar a su hogar, porque allí se habían repartido ya las tierras de los propietarios.

Entonces Lenin le dijo: “Quédate.

Todavía hay explotadores.

Y mientras haya explotación hay que luchar contra ella.

Mientras tú existas, tienes que luchar contra ella.”

7 Los débiles no luchan.

Los más fuertes quizás luchen una hora.

Los que aún son más fuertes, luchan unos años.

Pero los más fuertes de todos, luchan toda su vida, Éstos son los indispensables.

(Bertolt Brecht)