Semanario Voz, edición 3012

Arde Australia

Página/ 17

LA VERDAD DEL PUEBLO FUNDADO EN 1957. EDICIÓN 3012 SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2020 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - $2.200

¿Uber vs. taxis?

La salida de la aplicación norteamericana del país saca a flote un viejo problema: la falta de regulación, control y cumplimiento de leyes en las empresas de transporte. Urge regulación en relaciones obrero-patronales con base en el Código Sustantivo del Trabajo, tanto para unos como para otros.

Páginas/ 6 y 7

Crisis humanitaria en Tumaco

¡Movilización!

Las razones del descontento social siguen siendo las mismas. El 2020 será un año de movilizaciones que exigen derechos fundamentales como educación, salud y empleo, entre otras.

Página/ 8 y 9

Grave caso de desplazamiento forzado en la Perla del Pacífico. Cerca de cuatro mil personas están desamparadas en el municipio. Luego de una semana, las ayudas humanitarias y la atención del Gobierno nacional no existen.

Páginas/ 10 y 11

VISIÓN

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Enero 22 de 2020

Arte y militancia

Homenaje a la pintora Patricia Tafur Renata Cabrales

P

atricia Tafur Perdomo es artista y licenciada en Artes Visuales de la Universidad Surcolombiana y Magístra en Educación. También se ha desempeñado como docente, ha hecho interventorías a proyectos de educación artística y a proyectos artísticos de la Universidad Nacional y de la Distrital. Ha realizado además, varias interventorías cuando se han presentado proyectos con el fin de aportar, desde las artes, para construir una nueva visión de la vida, del mundo y de nuestra realidad. También fue presidenta del Consejo de Artes Plásticas en el Huila.

Su influencia política

Cartas

Su padre es el reconocido escritor huilence, Humberto Tafur Charry, cuyas obras denuncian graves situaciones en el país durante el conflicto social y armado.También hizo parte importante de la política, llegando así a la Asamblea Departamental del Huila, por el MRL del pueblo, donde sobresalió por su gran capacidad de ejercer la crítica en pro de las clase más vulnerables. Falleció el 8 de septiembre de 1985, a la edad de 50 años.

“Debido a su influencia y al ambiente en que crecí, esa ha sido mi orientación tanto artística como política, aunque no soy escritora. Sí he escrito para algunos medios, pero más que todo me he dedicado a las artes plásticas”, afirma la reconocida pintora, refiriéndose al recuerdo de su padre, destacado escritor.

En cuanto a su desempeño como docente y maestra, afirma: “He estado trabajando como docente de la escuela

Normal, pero también he trabajado a nivel superior en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estuve casi tres años trabajando en el vecino país; una experiencia muy interesante porque fue un espacio de pensamiento político latinoamericano”.

Patricia Tafur es de Neiva, Huila, allá fue fundadora, al lado de su primer esposo, de la Unión Patriótica.

Pero, en su tierra natal vivió hasta 1999, “momento en que me tocó salir corriendo por la cuestión política. Yo pertenecía a la UP y en ese momento se presentaron muchas situaciones de persecución que me obligaron a salir de la región. Una madrugada a las dos de la mañana nos subimos en un carrito con mi compañero, mis hijos e hijas porque había, incluso, órdenes de captura”.

Merecido homenaje La maestra Tafur vive en Bogotá, debido al desplazamiento forzado del que fue víctima y, aunque en algún momento regresó a su tierra, fue desplazada por segunda vez, y por las mismas razones.

La persecusión política, el desarraigo y la violencia machista, son temas recurrentes en su monumental obra, la cual la ha hecho merecedora, recientemente, de un homenaje en el marco de la 17 Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera, que se llevará a cabo el 19 de febrero en Neiva y donde compartirá escenario con el también homenajeado escritor colombiano, William Ospina.

Una de sus principales obras es Tiempos de Misoginia, “una obra realizada en carboncillo y acrílico que consiste en una crítica y denuncia al desprecio y la exclusión que sufre la

Mujeres de las zonas de reserva campesina Buenos días redacción semanario VOZ. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, les invita a ustedes y a todas sus lectoras al III Encuentro Nacional de Mujeres de las Zonas de Reserva Campesina, este evento que contará con la participación de 240 mujeres de todas las regiones a nivel nacional se llevará a cabo los días 22 y 23 de enero del 2020. La invitación especial a los medios de comunicación se realiza para la jornada del día 23 de enero, día en el que desde las 8am se desarrollarán mesas de trabajo con la institucionalidad y las agencias de cooperación.

Al finalizar la jornada, a las 5:30 pm, las mujeres de las ZRC realizarán el performance “Un violador en tu camino”. El encuentro tendrá lugar en la localidad de Bosa, la Casa Claret: Cll 63sur #80 y el performance en la plaza de Bosa: Cra 80i #70 sur 5. Agradecemos confirmen su asistencia, les esperamos. Atentamente Comunicaciones Anzorc, vía email.

Saludos en este 2020 Al semanario VOZ y todo su equipo de trabajo quiero desearles un feliz 2020 lleno de mucho amor, revolución y admiración. El periodismo en este país ha venido decayendo por las diferentes

mujer en nuestro tiempo y en nuestra cultura patriarcal y de clases”.

Exposiciones pictóricas Entre las exposiciones más significativas de sus pinturas, destacan 2009. Bogotá. Exposición “Tiempos de Transición”, auditorio Fundadores de la Universidad Autónoma de Colombia.

2008. Bogotá. Exposición colectiva “Rompiendo el Silencio”, en el día de la No Violencia contra las Mujeres. Senado de la República.

formas de callar y de dejar de lado a algunos periodistas, haciendo que, como consecuencia de su oficio, pierdan su trabajo y hasta su vida.

Es importante tener un medio de comunicación que continúe con la labor de grandes periodistas revolucionarios, mostrándole a la ciudadanía que la lucha es nuestra y que cada paso es indispensable para pensarnos una Colombia diferente. Atentamente María Camila Becerra, vía Facebook. ¿Hacia un nuevo paro nacional?

Hemos llegado a los dos meses de aquel 21 de noviembre en que una población exaltada, pero pacífica, salió a la calle en reclamo de solución a un pliego petitorio que es expresión de su creciente pauperización, ocasionada por las políticas del régimen oligárquico. Son 13 puntos que por cosas del Gobierno terminaron desglosados en 114 exigencias, a las cuales Iván Duque, en lugar de reconocerles su gravedad y buscarles respuesta, les viene dando vueltas y revueltas, tras las cuales se advierte su propósito de desgastar la presión popular y llevarla a aceptar, a modo de solución, un paquetito de insignificancias, como las que le dio al movimiento comunal, representadas en 300 subsidios para que sus líderes

2007. Neiva, Huila, Colombia. Exposición colectiva “Arte y Parte”, por la paz y el acuerdo humanitario de la gobernación del Huila.

2006. Mérida, Estado de Mérida,Venezuela. Exposición “A Nuestra América”. Biblioteca Bolivariana e Instituto Municipal de Cultura, Inmucu.

2004. Exposición colectiva “Memoria Valija Viajera”, exposición itinerante por Europa y Latinoamérica.

Proyecto de Espacios Alternos e Instituto de Cultura de Bucaramanga.

estudien en la UNAD y mil auxilios para que mejoren el estado de sus viviendas. El movimiento popular debe evitar que en su seno se expresen posiciones que lo induzcan a deslizarse por el camino de la anarquía o el terrorismo, pues si bien pueden ser consecuencia de la debilidad ideológica de los proponentes, también pueden corresponder a planes urdidos por provocadores a sueldo, infiltrados con el fin de allanarle el camino a la acción represiva del Estado. Las únicas orientaciones aceptables son las que conduzcan al reforzamiento de la unidad. Atentamente Rodrigo López, vía email.

Sobre presupuestos de las mujeres en Usaquén Con la presente hacemos llegar este comunicado al semanario VOZ para dar a conocer por qué los presupuestos que se dan a las mujeres en el marco de los diferentes instrumentos legales y de poder como el decreto 166 de 2010, que tienen la finalidad de realizar transformaciones para la población de mujeres, tienen un pobre efecto. Esto fue lo que pasó en la localidad de Usaquén, si desean mayor información, ahí están nuestros celulares.

Atentamente Luz Myriam Palacios Rico (301 534 4057) y Teresa Suescún (322 252 7248), vía email.

DIRECTORA: Claudia Flórez Sepúlveda. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada - Óscar Sotelo - Renata Cabrales - Iván Posada P. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Durango - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. GERENTE: Édgar Rey Montañez.

OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Año LXII.

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Enero 22 de 2020

TEMA DE LA SEMANA

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América Latina en disputa

Guaidó: Un año de promesas, paramilitarismo y sumisión a Trump El 23 de enero de 2019 en una plaza pública de Caracas, Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela. Sin embargo, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro, reconocido por la nación venezolana y en pleno ejercicio de poder como Jefe de Estado. ¿Qué ha dejado Guaidó para Venezuela en términos políticos y económicos?

Tomado de Colombia Informa

G

uaidó aseguró nuevas elecciones presidenciales en 2019 pero lo único que ha logrado es un imaginario de la caída del Gobierno chavista. En condiciones ilegales y poco éticas, como alianzas con “Los Rastrojos” y la desinformación a través de medios de comunicación tradicionales, Guaidó ha posicionado una crisis de poderes públicos en Venezuela.

El pasado 5 de enero, por ejemplo, se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país hermano.

Las elecciones que se van a realizar este año responden al calendario oficial del Estado venezolano. En el último cuatrimestre se van elegir a los nuevos parlamentarios de la Asamblea Nacional. Se espera que la oposición encabezada por Guaidó participe de las elecciones y reconozca los resultados. De igual manera, Venezuela exige que ningún gobierno interfiera en su autodeterminación, derecho universal de los pueblos. No obstante, Estados Unidos y Colombia ya se manifestaron en contra.

El líder nacional del partido Soluciones para Venezuela, Johel Orta Moros, declaró el pasado 17 de enero que «Es una necedad el que se siga insistiendo en que en Venezuela hay dos poderes ejecutivos, dos legislativos, dos poderes judiciales y que ahora se pretenda decir, que hay dos poderes electorales. Los anuncios de una bancada de la oposición radical venezolana ya asoman que nombrarán a un nuevo Consejo Nacional Electoral». Moros hace parte de la Mesa de diálogo nacional que el gobierno de Nicolás Maduro creó para superar la crisis política entre el oficialismo y la oposición.

Pérdidas económicas Juan Guaidó, más allá de ser un presidente autoproclamado que nombra diplomáticos, ministros y funcionarios sin ningún poder en las instituciones del Estado bolivariano, es una amenaza para la soberanía de los bienes de la na-

Diputado opositor Juan Guaidó con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.

ción venezolana. Las empresas Monómeros, ubicada en Colombia, y Citgo, con instalaciones en Estados Unidos, dejan ver cómo ha sido este problema que afecta a los pueblos del vecino país con pérdidas de millones de dólares.

Monómeros, a inicios del año 2019 poseía casi la mitad del mercado de fertilizantes en Colombia con ventas al 48% en el sector agrícola y la cobertura del 70% en el sector de los cultivadores de café, papa y palma de aceite.

Además, con cerca de 1.500 empleados, que trabajaban en Barranquilla y Buenaventura, sus ingresos en el año 2018 se calculan en más de 1 billón de pesos.

Sin embargo, en informe financiero a fecha 27 de noviembre de 2019, la petroquímica Monómeros había perdido el 90% de su participación en el mercado internacional y el 15% del mercado local, el volumen de ventas cayó a 700 mil toneladas métricas frente a 1.1 millones en 2018, acumulaba pérdidas por más de 20 millones de dólares, generaba atrasos en el pago a proveedores superiores a los 30 días, y en el caso de los suplidores de materias primas las deudas acumuladas pasaban los 30 millones de dólares. Las plantas de trabajo Tricalfos, Solunkp y Mezclas se encontraban paralizadas; es decir, tres de las cinco que se ubican en Colombia.

Citgo, por su parte, es filial de la petrolera venezolana Pdvsa en Estados Unidos, tiene tres refinerías que suman una capacidad para procesar 749.000 barriles por día, opera 48 terminales, tiene nueve oleoductos y una red de más de 5.000 gasolineras asociadas a la marca en todo Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump congeló las cuentas y activos venezolanos de Citgo, para darle el control a Guaidó desde abril de 2019.

Para Citgo Petroleum Corporation, los resultados de Guaidó muestran un fracaso rotundo de su gestión. En los nueve primeros meses de 2019 sólo pudo reportar ingresos netos de 270 millones de dólares frente a los 608 millones en el mismo lapso de 2018.

Según denunció el gobierno de Nicolás Maduro, en 2018 Citgo registró 851 millones en todo el año y 243 en los últimos tres meses.

Ahora bien, las reservas de oro venezolano también han sido afectadas por Guaidó. Se registra que 32 toneladas de oro con un valor aproximado a 1.600 millones de dólares, se encuentran secuestradas en la ciudad Londres, Reino Unido. El Banco de Inglaterra rechazó el pedido del presidente Nicolás Maduro para regresar el oro a territorio venezolano, y el gobierno de la Reina Isabel manifestó no reconocerlo como mandatario, por lo que negó el acceso a los activos de la nación venezolana en el extranjero, entre ellos las reservas de oro que se le confiaron.

Democracia intervenida Además de los efectos económicos y políticos ya expuestos que ha generado Juan Guaidó, la falta de autonomía para decidir la trayectoria del “retorno a la democracia en Venezuela” caracteriza a este doble autoproclamado presidente de Venezuela y su Asamblea Nacional. Estados Unidos por medio del gobierno de Donald Trump es el principal interesado para que el mundo entero rechace a Nicolás Maduro y su gobierno socialista. Juan Guaidó es la figura para utilizar y lograr este objetivo.

Entre los días 9 a 10 de enero, Elliott Abrams, encargado especial para Venezuela del Departamento del gobierno de Donald Trump, explicó mientras

participaba del foro «What to do Venezuela?» (¿Qué hacer Venezuela?) que sancionarán a los diputados de la oposición que ahora presiden la Asamblea Nacional en contra de Juan Guaidó.

También agregó que, frente a una intervención militar al país hermano: «Como hemos visto en el Medio Oriente, cualquier presidente de los Estados Unidos, si quiere usar la fuerza para defender nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Francamente no depende de Juan Guaidó, depende del presidente Donald Trump».

La III Conferencia contra el Terrorismo Juan Guaidó este lunes se reunió en Bogotá con el presidente Iván Duque, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo y protagonizaron la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. Un escenario internacional que para Guaidó significa proyectar su decaída imagen. Además, para señalar a Venezuela como un país que fomenta el terrorismo, sin pruebas o con pruebas falsas, como ya quedó registrado en la ONU. El gobierno de Estados Unidos junto a gobiernos como el de Iván Duque, adaptaron y justificaron en esta Conferencia Internacional contra el terrorismo la intervención y violación de la soberanía política y económica de Venezuela, señalan el gobierno de Nicolás Maduro como terrorista, que auspicia a grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y al partido político y militar chiita del Líbano, Hezbolá. Todo para no reconocer lo que más de 30 millones de personas en el vecino país han decidido en las urnas: un gobierno socialista y revolucionario para vivir dignamente.

OPINIÓN

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Enero 22 de 2020

Palabra itinerante

La Atalaya

Cautela

El viejito del megáfono

Jaime Cedano Roldán

E

l paso dado por el Partido Comunista Español, PCE, de ingresar al gobierno de coalición Partido Socialista Obrero Español, PSOE,-Unidas Podemos, es valiente y arriesgado. Es consecuencia de la realidad surgida de las urnas que han llevado a España del bipartidismo al multipartidismo, de gobiernos de partido con mayorías absolutas a gobiernos en minoría con diversos apoyos parlamentarios, hasta llegar a un gobierno de coalición, por primera vez en tiempos post franquistas. No era lo que el PSOE quería hace dos meses. Surge como alternativa casi obligada, pues la otra opción eran unas terceras elecciones con la amenaza de la llegada de la derecha al gobierno, y con ella VOX, la extrema derecha. La idea de la patronal y la derecha socialista de un gran acuerdo entre PSOE y el PP, y/o Ciudadanos, se estrellaba con el veto impuesto por estos últimos a la persona de Pedro Sánchez, a quien no perdonan que mediante una moción de censura los hubiera expulsado del gobierno.

El PCE acordó como orientación trabajar por impedir un acuerdo socialista con la derecha y obligar a la constitución de un gobierno progresista. Objetivo logrado. Para la mayoría de las militancias de UP, y de sus votantes, es un avance democrático.

Para sectores ultra estrategistas se trata de un retroceso y una traición. Seguramente Lenín, en eso muy suyo de auscultar el sentimiento de las masas, vería el gobierno de coalición como un avance, entendiendo que se realiza sobre un camino plagado de minas. Son muchas las concesiones que tuvieron que hacerse y las que vendrán. Y la oposición de las élites, las derechas y el empresariado va a ser muy fuerte.

La gente de la calle espera soluciones urgentes al desempleo, a la preca-

Gabriel Becerra Y. rización de la sanidad, el acceso a la educación y la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, y el movimiento sindical y social, además de ello, la derogación de leyes lesivas como la laboral o la ley mordaza, y confrontar a la derecha atrincherada en el poder judicial, soporte para la lawfare en camino.

Se dice que las calles serán determinantes para defender al gobierno y sus medidas progresistas, pero las calles aún están huérfanas.

Los retos para la izquierda agrupada en Unidas Podemos son muy grandes y poder avanzar en medidas de impacto social pueden conducir a proyectar mayores avances que incluyan el de retomar la idea del Proceso Constituyente para afianzar cambios y derrotar ofensivas como la jurídica, además del acoso político y mediático, sin olvidar que un gran freno a cambios reales son las políticas austericidas de la Unión Europea. El fracaso del proyecto conduciría a que regresen las derechas al poder, y con ellas la extrema, xenófoba y racista.

Algo curioso, el debate ahora no parece estar en si se debió entrar o no al gobierno, sino en el lenguaje y las emociones, en la valoración adecuada del momento, del tipo de gobierno, las causas y razones que lo determinaron, el programa y los logros. Algunos exageran y les parece que el gobierno progresista, que no de izquierdas, es como un nuevo retumbar del Aurora, la llegada a una meta largamente soñada, o corta, en el caso de Podemos, y no un pequeño paso, importante si, pero limitado, y realizado por un camino nuevo, inexplorado y riesgoso, que amerita cautela al andar y no perder el horizonte estratégico. @cedano85

E

n las acostumbradas tertulias que realizamos durante los días de fin y comienzo de año por quienes visitamos la frontera, esta vez se sumó un tema de discusión: contra todos los pronósticos ganó la Alcaldía de Cúcuta el “viejito del Megáfono”, nombre coloquial con que se identifica al empresario Jairo Yáñez Rodríguez, que según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría cinco días antes de las elecciones, alcanzaba la cuarta posición con un remoto 9% de la intención de voto, muy lejos del candidato que se daba como ganador, el continuista Jorge Acevedo, inscrito por los Partidos de la U y Cambio radical, respaldado por el tristemente célebre Ramiro Suárez, exalcalde aliado del paramilitarismo, condenado a 27 años de prisión por homicidio.

El nuevo alcalde, sin trayectoria política, proveniente del sector empresarial, de tradición conservadora con antecedentes en el Centro Democrático, aterrizó a última hora en Alianza Verde, supo aprovechar el momento de crisis, los errores y el desgaste de las maquinarias tradicionales, rodearse de nuevos liderazgos, y canalizar la mayoría del voto libre y alternativo que disperso ha venido creciendo en la ciudad.

En los gobiernos de Álvaro Uribe presidente, el departamento y la ciudad vivieron periodos dolorosos de control paramilitar en alianza con empresarios y políticos que conllevó a miles y cientos de amenazas y asesinatos de líderes populares y alternativos. Entre ellos nuestros compañeros Tirso Vélez, Luis Humberto Rolón, Zaratiel Martínez, Edwin López, Gerson Gallardo y Carlos Bernal.

Estos antecedentes y contextos hacen comprensible la importancia de la llegada del “Viejito del megáfono” al palacio municipal de Cúcuta como ruptura con el ramirismo y otras fracciones de la política

tradicional; pues se espera su equipo represente un avance en términos de modernización política, especialmente en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la educación, algunas medidas para la reactivación económica, el respeto de la vida y las libertades, y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

La ciudad que ha tenido que acoger a más de 200 mil venezolanos en los últimos años, vive una agudización de su crisis social con el 40% de su población en la pobreza; 20 de cada 100 niños sufren desnutrición aguda severa; la tasa de desempleo llega al 16% y la informalidad laboral es la más alta del país con un 72%. Así mismo, Cúcuta se ubica entre las cinco ciudades más violentas del país.

La anterior administración dejó endeudada la ciudad y según los informes que se conocen del empalme, con un desorden administrativo monumental.

Más que un proyecto de ciudad con objetivos y metas claras, la politiquería tenía como en el resto del país, una distribución de cuotas de poder por entidades, dedicadas a garantizar la contratación a favor de sus amigos y clientelas. Huérfanos de poder ya la mayoría de concejales, donde Ramiro Suárez continuó teniendo gran influencia, eligieron mesa directiva, e impusieron una Contralora de bolsillo, acostumbrados al chantaje, esperarán con ello ablandar al nuevo gobierno.

Teniendo en cuenta sus orígenes, trayectoria y correlaciones de fuerza difícilmente el nuevo alcalde podrá generar rupturas trascendentales. Aun así, vale la pena pensar que será un avance democratizador para una región tan estratégica como lo es la frontera colombo – venezolana.

Saber interpretar el mensaje de cambio del pueblo cucuteño para organizarse, avanzar y no defraudar es la clave. @gabocolombia76

Columnista invitada

Plataforma de Beijing 25 años después Fabiola Calvo Ocampo

L

a Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en China (1995) fue una gran conquista de las mujeres en sus derechos, que se plasmó en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y que hicieron posible las y los 17.000 participantes y las 30.000 activistas de 189 países.

Buscamos la igualdad en derechos y esto precisa de mujeres empoderadas que deciden sobre su cuerpo y su propia vida lejos de la dependencia de sus parejas, padres, hermanos, jefes, que las han considerado menores de edad, incapaces de tomar sus propias decisiones.

Los derechos se ejercen, y para hacerlo se precisa de condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y espirituales, no podemos hablar del derechos de una igual remuneración por un igual trabajo cuando se amplía la cifra del desempleo que alcanzó su

momento cumbre en agosto del pasado año (10,8%) y las más afectadas fueron las mujeres con un 14,4% No podemos hablar de una vida libre de violencias cuando aumenta la violencia física, sexual, económica, simbólica y la mayor expresión de todas las violencias contra las mujeres, el feminicidio, sin desconocer que existen políticas públicas y normativa como la Ley 1257 de 2008 pero que carece de presupuesto para su cumplimiento, aplicable a las diferentes decisiones legislativas en este tema.

Y si nos referimos a la mujer y los conflictos armados, Colombia firmó unos Acuerdos de Paz que no se reflejan en la realidad, que registran el aumento de lideresas asesinadas, que buscan la aplicación del cumplimiento de ese pacto entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Si bien hemos avanzado en la promulgación de leyes, en la creación de secretarías de la mujer, en la presencia de niñas y mujeres en las aulas educativas, en una Ley que exige el 30% para cargos de elección popular y representación (no hemos logrado ese porcentaje en las capitales menos en los pueblos de las diferentes regiones), también lo es que la mayoría se queda en la letra que no se da a conocer, no se difunde ni se hace una amplia pedagogía que corresponda a las exigencias.

Estos son los doce puntos que deben pasar a examen este próximo marzo en NY y luego en encuentros globales en México y París: la mujer y el medio ambiente, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, la niña, la mujer y la economía, la mujer y la pobreza, la violencia contra la mujer, los derechos humanos de la mujer, educación y capacitación de la

mujer, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, la mujer y la salud, la mujer y los medios de difusión y la mujer y los conflictos armados.

La Declaración y la Plataforma de Beijing exigen una minuciosa mirada este 2020 en estos eventos en los que habrá presencia de decenas de países y donde las organizaciones de mujeres, académicas, periodistas y un largo etcétera, se reunirán para conocer sus avances, estancamiento y retrocesos en su cumplimiento.

Corremos el riesgo de un retroceso, que en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, los gobiernos consideren que la Declaración y la Plataforma de Beijing ya cumplieron su función ¿misión cumplida? ¿Miramos punto por punto, cifras…?

Necesitamos alianzas, acuerdos para mantener las conquistas que nos dan herramientas para continuar este largo camino.

EDITORIAL

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Por la vida, la dignidad, la soberanía y la paz: movilización nacional

E

xcombatientes, dirigentes indígenas, afrodescendientes, activistas comunitarios, líderes agrarios comprometidos con la implementación de la paz, están bajo amenaza de muerte y están siendo asesinados sin ninguna protección efectiva del Estado.

En lugar de “paz con legalidad” hay asesinatos con impunidad. El Fiscal encargado especulaba cínicamente el 20 de enero, al afirmar que solo había un caso de líder social asesinado, cuando en ese momento se calculaba más de uno por día.

El papel de la Fiscalía sería eficaz si asumiera un enfoque coherente, que retome la experiencia vivida en la guerra sucia contra la Unión Patriótica, cuyos horrores se están reproduciendo a la vista de todo el mundo.

La Procuraduría debe sancionar la negligencia o probable complicidad de los funcionarios del orden público. El gobierno debe demostrar con hechos que defiende las garantías, las libertades y los derechos ciudadanos.

El descomunal y super costoso aparato militar y policial que viene de la guerra contrainsurgente, debería concentrar sus esfuerzos en ayudar a implementar el Acuerdo Final

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OPINIÓN

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según las normas constitucionales sus organizaciones sociales, sindicales, y legales, por tanto, no se entiende casi todos comprometidos con la lucómo es posible que los paramili- cha popular y militantes progresistas. tares actúen libremente en zonas El humillante compromiso de claves del territorio. Estructuras del cogobierno con Pompeo, Guaidó, Ejército mantienen centros de es- Craig Faller, jefe del Comando Sur, pionaje contra las altas cortes y los inventa amenazas, señala al gobierno críticos del gobierno. La inoperan- de Venezuela de “proteger el terrocia de los mecanismos instalados por rismo” y lo califica como un riesgo el gobierno para proteger la vida en la región, mientras atiza la guerra de líderes sociales y excombatientes con ejercicios militares del Coman(PAO, Política de seguridad y convi- do Sur en Colombia. El tema de la vencia) al margen del Acuerdo Final vida y la paz con soberanía y la autode Paz (Punto 3.4), lucen desconec- determinación son un componente tados de los programas de desarro- ineludible de la lucha de los sectores llo territoriales, de la sustitución de progresistas y revolucionarios. cultivos, de las medidas de reforma Justamente por ello, las fuerzas agraria y rural integral y del Plan de conscientes del país que reclaman implementación que son el soporte el derecho a la vida, a las libertades material de la seguridad ciudadana. plenas, a la solución de los justos reLas explicaciones del presidente y clamos que se expresan en el paro los funcionarios nacional, los caseñalan al ente cerolazos, la proabstracto del nartesta del pueblo El descomunal y super cotráfico como costoso aparato militar y y la exigencia de responsable. Al que se cumplan policial que viene de la guerra especificar, ubilos Acuerdos contrainsurgente, debería can al ELN, al de paz y todos Clan del golfo y concentrar sus esfuerzos aquellos surgidos a las disidencias, en ayudar a implementar de la lucha cívide todos estos el Acuerdo Final según las ca y popular, no crímenes. Sin in- normas constitucionales y pasa por alto esta vestigaciones, sin realidad que trapruebas concre- legales, por tanto, no se tan de imponer entiende cómo es posible tas, sin una estrala ultra derecha tegia que oriente que los paramilitares actúen y el imperialisy ayude a enten- libremente en zonas claves del mo. Llamamos a der la sistematici- territorio trabajar, unitaria dad de los asesiy colectivamennatos, no hay una te por una gran explicación del Estado que identifi- movilización nacional sostenida y que el porqué de los asesinatos, ade- un Frente por la vida, la dignidad y más quién financia las muertes por la paz para el desmonte de la maencargo, por qué se ejecuta a quienes quinaria de muerte que pretende apoyan la paz, la sustitución de culti- ahogar los justos anhelos de las mavos, a los campesinos que están vo- yorías populares colombianas y para luntariamente sustituyendo los culti- construir un proyecto de país con livos y que a su vez son reclamantes de bertades, justicia social, democracia y tierras y orientan a sus comunidades, autodeterminación.

LABORAL

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¿Taxis Vs. Uber?

Un hasta pronto, pero con regulación La salida de Uber del país saca a flote un viejo problema: La falta de regulación, control y cumplimiento de leyes en las empresas de transporte. En las apps o aplicaciones y los taxistas se evade desde el pago de impuestos hasta el cumplimiento de normas del Código Sustantivo del Trabajo. Urge regulación y cumplimiento de la ley tanto para unos como para otros Juan Carlos Hurtado Fonseca @aurelianolatino

E

s una paradoja que en un Gobierno que tiene como objetivo de alto valor el desarrollo de la economía naranja, se saque del país, alegando ilegalidad, la aplicación Uber, que lleva seis años como empresa para la venta de servicios relacionados con el transporte de pasajeros.

Para el autor de La economía naranja, el economista Felipe Buitrago Restrepo, estos términos hacen relación al conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por: La economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales; y las áreas de soporte para la creatividad.

En este contexto, se han creado aplicaciones o apps que hacen una

vez aceptada, el socio conductor puede optar por usar los sistemas de navegación de la app hasta el punto exacto donde está el usuario para llevarlo al punto de destino que este haya señalado en su teléfono. De antemano, el usuario ya sabe quién lo va a recoger y cuánto valdrá el servicio”.

El problema surge cuando los “socios conductores” utilizan sus vehículos, es decir, particulares, y venden un servicio para el cual hay otros autorizados como los taxis, que pagan impuestos y seguros muy por encima que los carros de uso personal.

Esto produjo que una de las principales empresas de taxis, en el año 2016 interpusiera una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra Uber, con el argumento de competencia desleal. Los taxistas expresan que la utilización de carros que pagan mucho menos en impuestos, permite el cobro de tarifas mucho

Con esta imagen y la leyenda: “Adiós… ojalá hasta pronto. #UnaSoluciónParaUberYa”, la empresa sacó un tuit en el que avisaba a sus usuarios su salida del país.

de con regulación y control, y quienes dicen que debe irse del país. Por su parte, el 10 de enero, mediante su cuenta de Twitter, Uber se despidió de sus usuarios expresando que ojalá fuera

Desde un volante amarillo

Muchos de los 88 mil conductores de Uber pasarán a vender sus servicios mediante otras aplicaciones.

intermediación para acelerar y facilitar el proceso de venta de servicios y productos. Para este caso, en la página web de Uber se lee “…es una aplicación que se instala en el teléfono celular. Mediante tecnología y con un par de clics, la aplicación busca a un socio conductor que pueda aceptar solicitudes de viaje de los usuarios. Una

más bajas. El fallo salió a favor el pasado mes de diciembre.

La medida produjo diversas reacciones en usuarios, sectores políticos, conductores particulares, taxistas, periodistas y empresarios. Estas van desde quienes optan por que la aplicación se quede sin ningún tipo de reglamentación, quienes abogan para que se que-

poner una demanda contra el Estado colombiano por presunta violación del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

un hasta pronto.

De inmediato, inició un debate acerca de la necesidad de permitir el funcionamiento de la aplicación, entre otros argumentos, porque quedarán 88 mil conductores sin trabajo y porque beneficia a más de dos millones de usuarios que la han preferido. Y, Uber dio a conocer la posibilidad de inter-

Según usuarios, su paso de taxis a los particulares de Uber se dio, entre otras cosas, por los malos servicios que se ofrecen en muchos de los vehículos amarillos. Se presentan quejas de robos, abusos verbales, alteraciones de los taxímetros, detrimento de los carros, hasta atracos e inseguridad, especialmente para mujeres.

Hermes Ayala es un hombre de 46 años, que desde hace dos debe responder por sus cuatro hijos y su esposa con el producido de un taxi que le dan a conducir. Tiene un contrato en el que él debe entregarle al dueño 100 mil pesos diarios de lunes a sábado y los domingos 80 mil, por trabajar el vehículo de cinco de la mañana a 10 de la noche. El dueño paga el 30% de la seguridad social del conductor, hace el mantenimiento necesario al carro, lo entrega con todos los seguros requeridos; y debió pagar un cupo de alrededor de 90 millones de pesos, valor que no es pago por los conductores en Uber, queja de los taxistas ante su desventaja.

“Este carro, Hyundai i10 modelo 2014, paga los seguros contractual y extracontractual. El primero lo exige el ministerio de Transporte para la prestación del servicio público en caso de siniestros en el que se les haga daño a personas, animales o cosas, con un costo de 890 mil pesos. Para nuestro trabajo, a la ARL debemos pagar 45 mil pesos mensuales”, explica Hermes, quien cree que los trabajadores de Uber se la están rebuscando ante la situación

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'Viene página 6 del país, y deben llevar un sustento a sus hogares para sacar sus familias adelante.

Reconoce que hay muchos taxistas a quienes los dueños de los carros no les pagan la seguridad social, muchas veces por desconocimiento del conductor y porque desde el Gobierno se permite: “El taxista no tiene dotación, prima, cesantías, y tiene una especie de esclavitud”.

Acerca de las quejas de los usuarios contra su gremio, expresa que afortunadamente las hay porque eso les permite mejorar y dice que por eso crecieron las aplicaciones, que también las tienen los taxis y que deben mejorar los servicios, pero fundamentalmente un conductor de ese tipo de vehículos debe tener actitud de servicio y que la frase: “Por allá no voy”, esconde un mal servicio y no un tema de seguridad como muchos arguyen: “Ahora en cualquier barrio de Bogotá, están atracando, hay problemas de seguridad”, comenta Hermes Ayala.

Con el teléfono en la mano En otra parte de la problemática está William Rojas, un asesor comercial de una empresa de marroquinería, quien para mejorar sus ingresos trabaja algunos días de la semana en Uber. Explica que si se dedica 12 horas diarias, le pueden quedar 90 mil pesos libres, con lo que sumado a otros ingresos,

Uber no es una empresa de transporte.

Está de acuerdo con que la app aporte un porcentaje para seguridad social de los conductores y reconoce que los impuestos de los taxistas son mucho mayores a los que ellos pagan. No obstante, “Uber tiene unos seguros que nos cubren cada vez que un usuario toma un servicio con nosotros, que es una póliza contractual y todo riesgo, para usuarios y conductores”, explica William Rojas, quien opina que para conducir servicio público debe haber un curso como requisito en la consecución del pase.

Ante el crecimiento de conductores en esta clase de aplicaciones William dice: “Muchos profesionales que salen de la universidad van a ejercer con salarios muy bajos que no alcanzan para pagar arriendos o las cuotas del Icetex que se lucra de los estudiantes, entonces deben ver cómo sobrevivir”.

Sobran más apps Por otra parte, el presidente del Sindicato Nacional de Taxistas, Sinaltax, Horminso Bermúdez, tiene una postura más radical en cuanto a las aplicaciones de transporte público. Cree que por no cumplir con los requisitos para este servicio, no deben ser reguladas, sino que deben constituirse como empresas de transporte, con carros homologados y sin fijar tarifas: “Cuando hay siniestros en las empresas legalmente

haber una bonificación para los taxistas en horas de congestión. Además: “En una plataforma de esas a un socio conductor le quitan al mes casi un millón de pesos por el uso de la aplicación, mientras que en una empresa de taxis paga 40 o 60 mil al mes, eso es por estar en la ilegalidad”, argumenta el presidente de Sinaltax.

También comenta que a ellos les falta regulación del Estado en temas como los taxímetros, que les ha dejado miles y cuantiosas multas. Sobre las quejas de muchos usuarios en cuanto a la alteración de esos instrumentos, responde que la policía de tránsito no tiene ni la autorización ni los equipos para saberlo. Y que si hay taxistas que los alteren, son pocos.

Por otra parte, sobre las quejas de maltrato de conductores de taxis, argumenta: “La mayoría de conductores de Uber fueron taxistas que migraron allá porque la licencia de conducción para servicio particular se vence a los 10 años, y para el público a los tres. Entonces, son siete años que puede trabajar sin renovar. La gente dice eso, aunque son los mismos, solo que cambian el color del carro, pero la mayoría de los conductores, son los mismos taxistas”.

La falta de educación En algunos países como Inglaterra, se requiere hacer un curso para conducir taxis o transporte de pasa-

Muchos taxistas no tiene problema con la existencia de las aplicaciones, pero piden regulación tanto para las aplicaciones como para ellos.

debe responder por su familia. Sobre la salida de la aplicación cree que sirvió para que existiera un interés del Gobierno y legalizar las plataformas: “Es que debe haber una coexistencia entre plataformas y taxistas. Las plataformas simplemente hacen interactuar al usuario con los servicios que nosotros les podemos brindar”. Argumento de Uber al decir que no pueden responder por prestaciones de conductores, pues no son una empresa de transporte.

Sobre los impuestos de infraestructura vial que evade la aplicación al lucrarse con su uso,William dice que son ellos quienes deben asumirlos, porque

constituidas, entran a responder ellas y los propietarios de los vehículos, en las aplicaciones no existe nada de eso.

Los ilegales se están sosteniendo con la tarifa dinámica, que la disparan por las tardes, cuando llueve, cuando hay alguna actividad; entonces, un servicio que vale 10 mil pesos, lo pueden poner en 30 o 40 mil, y nadie les dice nada, hacen lo que se les da la gana. En diciembre hubo servicios de Cedritos al Aeropuerto en Bogotá de entre 80 mil y 100 mil pesos, y eso no vale más de 25 mil. De eso se sostienen”.

Ante esto, pide que si hay para los conductores de las plataformas, debe

jeros, en este conocen las ciudades en las que trabajarán, idiomas y atención al cliente, entre otras cosas. En coincidencia con el conductor de Uber consultado, el presidente de Sinaltax comenta que desde hace años han estado solicitando capacitación para ellos, que antes de que se expida la licencia de conducción pasen por aulas de estudio donde conozcan sobre su trabajo, compromisos legales y normas de tránsito: “Eso nos facilita los filtros y esas personas van a ser conscientes sobre cómo atender usuarios, pero el Estado no da nada de eso, cualquiera maneja servicio público sin conocer

la ciudad. Incluso si tengo un taxi se lo puedo dar a un vecino para que lo trabaje. No hay controles”.

Acerca de las relaciones obrero – patronales entre los conductores de taxis y los dueños de los vehículos, anota que es complejo porque es el conductor quien maneja el dinero por lo cual es difícil ponerle un salario con seguridad social, no hay un control de cuánto hace en la jornada laboral. “Lo que algunos hacen es darle al conductor unos días de trabajo para que de ahí saque su seguridad. Eso se ha mejorado un poco, pero no se ha llegado a un punto razonable con el trabajador.

Otra cosa que impide el tema de la seguridad social es la ilegalidad, porque los taxis tenían dos jornadas, una de noche y otra de día; y ahora no hay eso porque solo hay particulares. Todo patrocinado por el mismo Estado por falta de control”, explica Horminso Bermúdez.

Sobre si debe haber apps como Uber, el dirigente sindical responde que no es necesario porque ya las hay desde hace tiempos y están siendo usadas por ellos, que hay que regularlas.

Además, que la alta demanda de servicios públicos se cubriría acabando el pico y placa para los 52.250 amarillos que hay en Bogotá.

Un proyecto de regulación El fallo que saca a Uber del mercado nacional suscitó un debate acerca de la necesidad de la regulación de las plataformas que intermedian en la venta de servicios y productos.

Por eso, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, recordó que desde tiempo atrás tiene preparado un proyecto de ley para presentar al Congreso de la República.

En medios de comunicación, al explicar los puntos centrales de su proyecto, Lara expresa que el trabajo de los conductores de Uber enriquece a la plataforma: “El 30% de sus ingresos son para la plataforma que opera como un rentista de capital. A eso se debe sumar que esas personas ponen el capital de trabajo: vehículo, gasolina, repuestos, llantas; la mayoría son jóvenes que necesitan una cobertura en un sistema de salud: ¿Por qué carajos vamos a recargar todo en los impuestos que pagan los colombianos, en el sistema de salud público? Por lo tanto la empresa debe contribuir con el pago de la mitad de gastos como salud, pensión y riesgos de los conductores”.

El debate sobre la regulación de esta app va más allá del tema de impuestos que deben reinvertirse en infraestructura como malla vial, o la calidad de la prestación de un servicio. Pasa por las relaciones obrero-patronales entre conductores y aplicaciones, taxistas y dueños de los vehículos amarillos, formas de contratación que implican jornadas laborales y salarios dentro de lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, y pago de seguridad social, entre otras cosas.

Por ahora y mientras se regulan estas actividades, miles de usuarios pasarán a otras aplicaciones similares, así como lo harán los conductores o socios conductores. Es un problema de fondo que no solo se evidencia en las grandes ciudades, sino en pueblos y ciudades intermedias, donde el transporte público es prestado por empresas sin autorización ni regulación, todo, producto de la ineficiencia estatal, las necesidades de la población y del creciente desempleo.

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te estafada por los fondos de pensión privados.

Contra las EPS

Movilización con cacerola en las pasadas jornadas de noviembre en Bogotá. Foto Laura Sophia Martínez.

Arrancan movilizaciones en el 2020

¿A quién le aturde la cacerola?

Además de las consignas por educación, salud, pensiones, ambiente, agua, empleo y contra la corrupción, el paro nacional ha servido para identificar a una clase social privilegiada que se beneficia justamente de lo que el pueblo rechaza. Las razones del descontento siguen siendo las mismas, solo que hoy son más gravosas Redacción Política

L

a inconformidad social vuelve a poner la agenda de movilización en apenas 20 días del año 2020. Las protestas de los últimos meses en el país han tenido un carácter político y transformador. Los reclamos de la gente no son menores, se trata de cambios sustanciales en la estructura social, económica y política que hasta ahora la clase dirigente no se atreve a hacer. Es una disputa de clase entre el empresariado aferrado al poder político para mantener sus privilegios y la ciudadanía que ha ganado conciencia buscando garantizar sus derechos.

Contra los gremios Al cierre del pasado año la reforma tributaria quedó aprobada por las ma-

yorías del Senado y la Cámara de Representantes. Las protestas que arrancan el 21 de enero son justamente contra esa clase política ligada a los intereses económicos de los gremios agrupados en el Consejo Nacional Gremial.

La oposición hizo lo que tenía que hacer, oponerse con fuerza a una represiva ley de tributos para gravar a los colombianos de a pie y beneficiar los grandes empresarios de distintos sectores de la economía. Fue una reforma tributaria a la medida del empresariado que acompaña al Gobierno Duque y orienta su doctrina económica.

No bastó el cacerolazo hecho en la plenaria del Senado de la República por parte de la bancada de oposición.

Tampoco fueron suficientes las protestas que se convocaron a las puertas del Congreso, para evitar una nueva carga de impuestos para los colombianos. La estrategia del Gobierno nacional no falló, los liberales con algunas excepciones acompañaron la reforma, Cambio Radical siempre acompañó la reforma a pesar de sus quejas días antes de la aprobación, la U y los conservadores con disciplina votaron positivamente, mientras los partidos cristianos ratificados en el oficialismo secundaban los argumentos del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre las bondades de una ley que abre la puerta para precarizar aún más el empleo.

Contra las pensiones El hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño entre otros del Grupo Aval, de las concesiones viales más importantes de Colombia y del poderoso fondo de pensiones Porvenir, fue el empresario más beneficiado por la reducción de tributos empresariales. Sarmiento Angulo financió en parte las campañas de todos partidos políticos, excepto la oposición de izquierda, por eso su

respaldo al Ejecutivo. El poderoso banquero y constructor del puente Chirajara, acumuló el año pasado diariamente 27 mil millones de pesos fruto del apalancamiento con dineros público a sus negocios, los beneficios tributarios a sus empresas y las relaciones tan cercanas con el poder.

El Gobierno Duque le ha permitido crecer sus negocios. Sin embargo, aún le hace falta algo a Sarmiento Angulo para quedar plenamente satisfecho con Duque. El negocio de las pensiones debe ser privatizado en su totalidad y por eso la reforma a las pensiones que se calcula el gobierno la presentaría en el primer semestre del presente año, acabaría con Colpensiones.

El Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y de nuevo Luis Carlos Sarmiento Angulo son los dueños del 75% del mercado de pensiones privados o llamando sistema de Ahorro Individual. Entre los dos grupos manejan 235 billones de pesos, casi el presupuesto del país el año pasado. El GEA, igual que Sarmiento, financiaron campañas electorales, entre ellas la de Sergio Fajardo en 2018. El gran negocio de las pensiones ha sido rentable para estos grupos financieros en la medida que se va marchitando el sistema público de pensión llamado de Prima Media.

Recientemente la senadora Aída Avella de la Unión Patriótica y la bancada Decentes citó a una audiencia de víctimas de los fondos privados de pensiones. Allí se denunció un patrón de engaño a cargo de los fondos para afiliar a los ciudadanos de manera masiva, incluso sin su consentimiento, y las promesas incumplidas de extraordinarios rendimientos económicos entregados por los trabajadores. El asunto es complejo pues la meta para alcanzar la anhelada pensión se diluye para los trabajadores. La gente se sien-

Acabar la Ley 100 de salud es otro de los reclamos más oídos en medio de la protesta ciudadana. Cada año es más gravosa la situación para los pacientes que requieren servicios de salud de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS. La negligencia en la prestación de servicios de salud sumado a los intereses económicos que priman para los dueños de estas, fruto de un modelo de ganancia diseñado para curar la enfermedad y no prevenirla, han logrado acrecentar un problema que afecta a todos los colombianos. Desde que se creó el sistema de aseguramiento se muere más gente por enfermedades curables que por el conflicto armado de medio siglo.

El salvamento económico que gestionó e impuso el Gobierno Duque en el Congreso de Colombia, tras la amenaza de las EPS agrupadas en la Asociación de Empresas de Salud Integral, Acemi, contó con los mismos aliados que le dijeron sí a la reforma tributaria.

En esa ocasión se emitió un salvavidas para sanear las deudas de las EPS, sin tocar el patrimonio construido por sus dueños. En otras palabras, el gobierno premió su ineficiencia.

Es la misma fórmula que salvó a los bancos de la crisis de finales de siglo pasado, a cambio que las entidades pudieran cumplir con las demandas de servicios de salud de los usuarios. Seis meses después, girados los millonarios recursos, los pacientes y trabajadores de la salud ven cómo se agudiza la crisis, mientras los dueños de las EPS hacen de las suyas invirtiendo el dinero de la salud pública en negocios particulares.

La Supersalud entidad llamada a actuar contra las irregularidades del modelo de reaseguramiento guarda un silencio cómplice con los casos que a diario le reportan los ciudadanos sobre negligencias médicas. La ciudadanía reclama un sistema público, universal y preventivo en salud.

Contra las multinacionales La movilización contra las empresas multinacionales que han ubicado a Colombia como el paraíso de la extracción, debido las condiciones económicas y políticas para esa actividad, se volvió una causa nacional representada en la preservación y uso racional del recurso hídrico. Salvar el agua para la vida y no para la minería es una de las consignan que alienta la gente en las manifestaciones, especialmente en lugares donde la lucha es por preservar los páramos y ríos. El más reciente decreto presidencial, a propósito de la extracción de petróleo de modo no convencional, es decir fracking, amplia el riesgo de dejar al país sin ríos.

El Consejo de Estado había ordenado vía acción preventiva detener todo tipo de explotación minera bajo este modelo, con el fin de resolver de fondo las acciones judiciales interpuestas por colectivos ambientalistas para prohibir esta manera de explotación que pone en riesgo las fuentes de agua y los ecosistemas por la explotación. A principios del año el Gobierno Duque firmó un decreto que permite el desarrollo de pilotos de extracción no convencional dejando en manos de Ecopetrol los primeros proyectos. De un plumazo se borraron las medidas cautelares que detuvieron la explotación amparados en el principio de la prevención del daño ambiental. Peligra la Amazonia que hoy es gobernada por el Centro Democrático.

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Lucha por la hegemonía

Del infantilismo izquierdista al narcisismo posmoderno La crisis global lleva a algunos a caer en el pesimismo y la desesperanza. En ocasiones, los deseos por un mundo mejor son más fuertes que la paciencia necesaria para transformarlo. Los revolucionarios deben educarse en la filosofía de la praxis Roberto Amorebieta @amorebieta7

L

os acontecimientos de los últimos meses en todo el mundo como las manifestaciones multitudinarias contra los gobiernos corruptos o las protestas juveniles contra el cambio climático son claramente una expresión de la profunda crisis que vive no solo el modelo económico neoliberal sino el propio régimen liberal representativo, o ´democracia burguesa’.

Ello quiere decir que estamos en un momento histórico muy interesante porque cada vez es más claro que el modelo de capitalismo salvaje y desregulado se ha agotado y que la ‘democracia liberal’ no es capaz de ofrecer soluciones a las cada vez más precarias condiciones de vida de la mayoría de la gente.

Incertidumbre y claroscuros En un contexto global de incertidumbre y claroscuros como este, el mundo se convierte abiertamente en un escenario en disputa. Por ejemplo, mientras en América Latina triunfa un golpe de Estado fascista en Bolivia apoyado por Estados Unidos, la izquierda recupera el poder en México y Argentina, se movilizan los pueblos de Chile, Ecuador, Colombia o Haití y Venezuela resiste el bloqueo y empieza a presentar síntomas de recuperación económica.

En el propio Estados Unidos también se ve una polarización entre expresiones políticas radicales. Mientras Trump se esfuerza por mantener alineadas a sus bases con un discurso agresivo y mentiroso y en las calles son cada vez más frecuentes los episodios de xenofobia y racismo, por otro lado, crece el apoyo popular a figuras de izquierda como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez. En Europa es similar: por un lado, la ultraderecha crece en todo el continente, pero por otro hay fenómenos como los chalecos amarillos en Francia, el exitoso gobierno de izquierda en Portugal, las manifestaciones antifascistas en Italia o el nuevo gobierno de coalición en España.

Exceso de optimismo La disputa por la hegemonía, por supuesto, no es una tarea fácil y sus

Movilización en el marco de las pasadas jornadas de protesta en Bogotá. Foto Gabriel Ramón Pérez.

resultados no siempre son los esperados. Muchas veces se hace una lectura equivocada de la coyuntura y se sobredimensionan las expectativas.

Ello ocurrió, por ejemplo, después del paro cívico nacional de 1977 cuando muchas fuerzas dentro de la izquierda en Colombia se convencieron de que aquel era el momento propicio para la revolución y procedieron a radicalizar sus posturas y sus tácticas. Pero no era tal. En aquel momento no estaban dadas las condiciones y lo que sí sucedió fue que el régimen cometió el mismo error de análisis pero sacando la conclusión contraria: como la revolución parecía inminente, había que intensificar la represión acudiendo incluso al terrorismo de Estado con instrumentos como el Estatuto de Seguridad de 1978.

Este exceso de optimismo en la interpretación de la coyuntura hace que se cometan errores de análisis que suelen llevar a decisiones equivocadas. Es algo que también sucede hoy y que tiene al ciberespacio como escenario privilegiado. Por supuesto, estamos hablando de un ciberespacio donde la avalancha de información es tan abrumadora que impide hacer una reflexión serena sobre lo que sucede.

Por ello una de las diferencias entre el momento político de 1977 y el actual es la cantidad de información: entonces había muy poca y hoy tenemos demasiada. Lo paradójico es que ambas situaciones conducen a lo mismo: antes la oscuridad impedía conocer, hoy lo que impide conocer es el exceso de luz.

Impaciencia por el cambio En ese alud imparable de información encontramos noticias esperanzadoras, preocupantes o directamente aterradoras. En lo concerniente a las luchas sociales, por ejemplo, podemos seguir al minuto las manifestaciones en el Líbano, la represión contra los votantes en Catalunya o conocer en directo los resultados

de unas elecciones. Así también, por parte de los cibernautas hay una avalancha de reacciones que terminan formando un batiburrillo de ideas con todo tipo de posturas y opiniones que muchas veces es imposible de asimilar y analizar.

Sin embargo, así como el optimismo en la razón –que Gramsci denominaba despectivamente ‘entusiasmo’– puede llevar a análisis equivocados, con lo contrario puede suceder lo mismo. Entre muchos de los cibernautas que exhiben una ideología progresista se ha vuelto frecuente cierto tipo de pesimismo derivado de la ausencia de resultados inmediatos de las luchas sociales. Es algo así como “no lo obtuvimos todo ahora mismo entonces no hay nada que hacer”. Es una especie de desencanto derivado de la impaciencia por los cambios sociales, los cuales se desean inmediatos.

Contra el infantilismo Dicha postura expresada en especial por jóvenes se enmarca, qué duda cabe, en la sensibilidad contemporánea caracterizada por la inmediatez, la rapidez y la glorificación de lo efímero.

Esto no tiene nada de nuevo. Lo interesante es que –un siglo después– dicha forma de pensar resulta muy similar a la que Lenin denominaba “la enfermedad infantil del izquierdismo”. En su famoso texto de 1920, el líder soviético criticaba las posiciones de los partidos obreros europeos que, ante la burocratización de sus dirigentes, habían optado por radicalizarse al extremo distanciándose de los sectores progresistas e incluso las propias masas obreras.

Ese “izquierdismo infantil” se derivaba de una lectura equivocada del momento político que llevaba a muchos militantes a aferrarse a las tesis del materialismo histórico como verdad absoluta y a asumir al partido no como un medio para la revolución sino como un fin en sí mismo.

Según esa lectura, los comunistas no debían aliarse con los socialdemócratas sino combatirlos, no debían acudir a las elecciones sino hacer la lucha armada, no debían caer en veleidades reformistas sino imponer la revolución.

Lenin criticó estas posiciones porque si bien tenían la apariencia de ser dialécticas en el discurso, en la práctica política evidenciaban su carácter escolástico, casi religioso. Para Lenin –como para el propio Marx– la filosofía de la praxis no es un recetario, una verdad revelada ni una profecía histórica. Para ellos, el socialismo no es algo que ocurrirá, es algo que los socialistas harán que ocurra.

Flexibles en la táctica, radicales en la estrategia Las quejas lastimeras porque el paro del 21 de noviembre y las manifestaciones que siguieron en los días posteriores no cambiaron el país, o las críticas a los nuevos ministros del Gobierno de España por prometer “lealtad al rey” en su posesión, son expresiones de ese infantilismo. Una de las diferencias es que ahora nos encontramos no ante el extremismo de las bases de los partidos obreros, como hace 100 años, sino ante una exacerbación de cierto tipo de narcisismo individualista que pone al individuo como centro del universo y exige satisfacción inmediata a los deseos personales. No obstante, si ahora presenciamos un fenómeno basado en el individualismo, ambas sensibilidades se parecen en que someten la realidad al deseo porque en ninguna de los dos se hace una lectura materialista de la realidad.

Por ello, es tarea de los revolucionarios ser flexibles en la táctica e intransigentes en la estrategia, ceder en lo superficial para transformar lo estructural, ser conscientes de que el purismo no conduce sino a la autocomplacencia y de que la realidad es contradictoria y dialéctica. Eduquemos, pues, en Lenin. ¡Qué falta hace!

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Tumaco: crisis

Duque abonó el terreno “Ya no hay gente en el río o en las orillas porque todas las personas han sido desplazadas, y las que no han podido salir están confinadas en las casas de sus fincas por el miedo a los grupos armados”, lideresa afro Carolina Tejada Sánchez

L

a Perla del Pacífico, Tumaco, es uno de los municipios más grandes del país. Está ubicado en el departamento de Nariño, y además de sus límites con el departamento del Cauca, este también se ubica cerca de la frontera con el Ecuador. Rodeado por varias islas y con un inmenso paisaje de selva y de agua dulce que conecta al mar, la multiétnica región pacífica nariñense, sobresale como una perla azul al caer la tarde.

Esta región multicolor, con más de 200 mil habitantes, de gente alegre y cantaora, hoy es un grito que clama parar la guerra. Desde el mes de noviembre del año pasado, grupos armados que se disputan el territorio amenazan la tranquilidad de los pobladores de las zonas rurales obligándolos a desplazarse, desde el mes de diciembre a la cabecera municipal, para poder salvaguardar sus vidas. A la fecha, cerca de cuatro mil personas están desamparadas en el municipio y luego de una semana, las ayudas humanitarias y la atención del Gobierno nacional, no existen.

La esperanza de la perla Años atrás, mientras se adelantaban los acuerdos de paz en el municipio de Tumaco y sus veredas, los habitantes pensaban en la posibilidad de empezar a vivir mejor. El auge de la coca y el abandono del Estado abrieron la puerta para que los grupos armados de paramilitares y narcotraficantes llegaran al territorio a disputarse el poder local con la guerrilla de las FARC-EP. En la zona había diferentes vías de acceso terrestre y marítimo que facilitaban el tráfico, tierra fértil, abando-

al cultivo ilegal como una salida a su economía familiar.

Pero, la disputa por el control territorial, que se dio a sangre y fuego, rompió con la tranquilidad de sus pobladores y también aumentó el reclutamiento de jóvenes para los grupos armados. Ya no solo se trataba de la ausencia de garantías sociales o laborales, también había llegado la guerra. La Perla había sido sometida a una oleada de violencia y su situación era estratégica para el contrabando de mercancía ilícita por las vías que de los ríos conducen hacia al mar. La droga no fue la única que se impuso en el contrabando, también se denunció el tráfico de armas, incluso, la trata de personas.

Por esas razones, las comunidades votaron por la paz en el plebiscito, querían vivir en paz y conformaron el capítulo de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, con el objetivo de participar del piloto para la sustitución gradual y concertada, enmarcada en el punto 4 de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional y, entregadas las armas de la guerrilla, se esperaba que la guerra también culminara. Como decían sus habitantes, para entonces, querían volver a tener la tranquilidad de “caminar o ir en lancha, y pescar sin mirar para atrás”, como sucedió luego de la llegada de la coca a la región.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, basado en datos de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el periodo 2010-2018, destinó para el Plan Nacional Integral de Sustitu-

comunidades en el territorio, la actual crisis humanitaria de Tumaco es producto del abandono del Estado y en particular “de la ausencia de la implementación de los acuerdos de paz.

La mayoría de personas del territorio vieron con entusiasmo la firma de los acuerdos y esperaban que con la salida de la guerrilla de las FARC-EP del territorio llegara el Estado a la región, pero no ha sido así”.

Cuenta la defensora de derechos humanos que el incumplimiento de los planes de sustitución de cultivos, de forma voluntaria, que se habían pactado entre las comunidades y el Gobierno se quedó en censos y reuniones para acordar el plan de sustitución, pero estos acuerdos quedaron en el papel: “Apenas se ha cumplido una parte de esos compromisos y en su gran mayoría no se han ejecutado. Para la población es muy difícil participar en esta sustitución y de nuevo las organizaciones criminales han llegado al territorio a imponer los cultivos y, por otro lado, no hay alternativas para que la población se pueda dedicar a otra labor para subsistir”.

Precisamente, en abril del 2017, las familias cultivadoras de coca y amapola ante los incumplimientos del Gobierno nacional iniciaron varias jornadas de paro, durante un mes cerraron la vía al mar exigiendo su participación en el Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS. Más de 16.000 familias habían firmado el plan de sustitución de cultivos. El gobierno no cumplía con los acuerdos, las zonas abandonadas por la guerrilla se empezaban a copar por los grupos armados en disputa y las instituciones brillaban por su ausencia en los territorios.

La población que habita a las orillas del río ha deshabitado el territorio por miedo a los grupos armados. Foto Carolina Tejada.

no de las instituciones del Estado y corrupción de los aparatos militares estatales, lo cual facilitaba la tarea. Y Tumaco se convirtió con el tiempo en una de las zonas más productoras de la mata de coca, marihuana y amapola a nivel nacional. Para esa producción sí había mercado, sí había salidas, a diferencia de los productos propios de la economía local, y las familias humildes, pescadoras y agricultoras se abocaron

ción, PNIS, importantes recursos de la cooperación internacional y del presupuesto de la Nación. De allí se beneficiarían 54.000 familias, que con mucha esperanza se vincularon al programa.

Sin embargo, terminado el gobierno de Santos, ese proceso prácticamente se frenó.

Según Naya Orjuela, del Colectivo Socio Jurídico, Orlando Fals Borda y quienes vienen acompañando a

La crisis continúo sin soluciones para las comunidades y solo en el 2018, el municipio de Tumaco cerró el año con 200 asesinatos.

Un terreno para la violencia y el narcotráfico Hace un año, en enero, la Defensoría del Pueblo sacó una Alerta Temprana en la que advertía de desplaza-

Desplazados deben dormir en albergues y un colegio que se

mientos forzados de, al menos 1.600 personas, producto de la confrontación armada entre los grupos que hacen presencia en las zonas rurales de Tumaco.

En el mes de marzo, las comunidades y organizaciones sociales y defensoras de DD.HH. realizaron una audiencia pública en la que convocaron a la Comisión de Paz del Congreso. De 22 integrantes que componen la Comisión solo asistieron tres senadores; Gustavo Bolívar, Aída Avella y Gustavo Petro, y muy pocos delegados de las instituciones del Estado. En ese espacio las comunidades le expresaron al Gobierno nacional la necesidad de tomar medidas de tipo preventivo para evitar una tragedia humanitaria. Denunciaron las confrontaciones armadas, los desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y la ausencia de garantías para la vida de los pobladores. Pero las medidas nunca llegaron.

VOZ fue el único periódico de carácter nacional que llegó a Tumaco, que pudo difundir en sus redes las demandas de la población, y la comunidad pedía que las soluciones a estos problemas no fueran solo militares, exigían inversión social, y nuevamente, cumplir con el Acuerdo de Paz ya firmado, así como reanudar las negociaciones con el ELN. En esa ocasión las mujeres organizadas en asociaciones y juntas de acción comunal expresaron que, “Las mujeres nos hemos convertido en un objeto de la guerra, hemos sido víctimas de retaliaciones lo cual ha hecho que nuestro ritmo de vida cambie, a tal punto que tengamos que encerrarnos en nuestras casas por temor a ser atacadas”. Igualmente, pedían un diálogo con la comunidad, las autoridades locales y departamentales, para buscar salidas a las problemáticas de la población.

La audiencia se realizó en marzo, en el coliseo del pueblo y las comunidades indígenas, campesinas y afros llegaron en chalupas, con miedo y amenazadas, pero querían hablar, denunciar,

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s humanitaria

para los grupos armados da desesperada para poder albergarse, pues, además de su condición, estaba lloviendo mucho”, asegura la defensora, al tiempo que cuestiona: “no comprendemos cómo Colombia hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y tarde más de una semana para atender una crisis humanitaria de estas magnitudes. Ya había alertas y la misma Defensoría manifestó la necesidad de atención inmediata. Deja mucho que desear el hecho de que llegue a la zona ayuda militar, pero no ayudas humanitarias”.

Solidaridad y llamado al gobierno

e tomaron para poder pernoctar.

alertar sobre una tragedia humanitaria y el gobierno no escuchó.

Tumaco: secuestrado por los violentos Según Naya Orjuela, los desplazamientos se vienen dando desde el mes de noviembre con mayor auge: “Los desplazamientos masivos se han dado desde los meses de noviembre y diciembre, estos se agudizaron y hoy los municipios más afectados de la región son: Olaya Herrera, Magui Payán, Roberto Payán, Barbacoas y Tumaco. Las organizaciones y la misma población han expresado que la situación tiende a empeorar “ La población desplazada hace parte del Consejo Comunitario Unión Río Chagüí y ya han pasado casi dos semanas de haber abandonado el territorio, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados en los últimos días.

También explica que es muy difícil para la población afirmar qué tipo de organizaciones son las que están en confrontación: “Lo cierto es que existe una disputa territorial por el control, tanto de la producción como de la comercialización del uso ilícito y sus derivados que generan una millonaria cantidad de recursos para las organizaciones ilegales”.

Además del desplazamiento, las comunidades denuncian asesinatos selectivos, desapariciones y torturas. Según una comunicación pública del Colectivo SocioJurídico Orlando Fals Borda, “en la vía Junín- Barbacoas, el 9 de enero, fueron asesinados dos mineros que al parecer no pertenecían a la zona. La comunidad ha informado que fueron torturados, amordazados, violados y asesinados por grupos armados no identificados. Este mismo día se registró un enfrentamiento entre hombres de grupos armados ilegales que se encontraban en dos lanchas, quedando en medio la población civil, y que luego de estos hechos están siendo víctimas de confinamiento, dado que estos grupos ilegales les han prohibido transportarse en sus lanchas y canoas por el río Telembí”.

La población víctima de los desplazamientos y demás violaciones de los DD.HH. y DIH, hace parte del Consejo Comunitario Unión Río Chagüí. Luego de la agudización de las confrontaciones, han pasado más de 12 días en el proceso de abandonar forzosamente el territorio.

Algunos han huido al Ecuador, y la gran mayoría ha llegado a Tumaco.

Sin embargo, “Ya pasó una semana y apenas empieza a llegar la ayuda humanitaria. Se hicieron algunos censos sobre la población desplazada, pero la

VOZ también dialogó con una lideresa afro de Tumaco, quienes vienen ayudando de manera solidaria a las comunidades. Con los ánimos desbordados, ella cuenta que: “No alcanza la comida que se prepara para la gente, pues no paran de llegar más y más buscando ayuda. En el colegio que se tomaron hay alrededor de 620 personas, entre niños y personas mayores, y como no ha dejado de llover, el colegio se inundó. Es una tragedia, a pesar de las versiones de la alcaldesa”.

En el municipio, los comerciantes y habitantes, en general, han iniciado grupos de apoyo para ayudar en la emergencia, han donado comida, implementos para cocinar y abrigos, pero es insuficiente, la magnitud del problema supera la solidaridad local. Cuenta la lideresa afro que “los ríos quedaron desolados, ya no hay gente en el río o en las orillas, porque todas las personas han sido desplazadas y las que no han podido salir están confinadas en las casas de sus fincas por el miedo a los grupos armados”.

población y a los líderes sociales, pues cuando la gente quiere denunciar el intento de cooptación de los territorios colectivos, es amenazada y ha tenido que abandonar sus lugares. Así que, una de las garantías para estas poblaciones es la vida”.

Para la lideresa afro, cuyo nombre hemos reservado por seguridad, las personas desearían volver a sus territorios, pero saben que corren peligro: “Según el General Eduardo Zapateiro del Ejército, ellos pueden brindar toda la seguridad para ello, lo dijo en una reunión que sostuvo con la alcaldesa y otros entes públicos, pero sabemos que no es posible. La realidad es otra, allá hay minas, están los grupos armados y tendría que andar un soldado por cada persona, pero ni así, se salen ellos de la zona y continúa la guerra”.

“Se le pide al gobierno un territorio libre de guerra” La lideresa afro asegura que el miedo incrementa en la población porque saben de amenazas y de asesinatos selectivos. Por eso asegura: “Se le pide al gobierno un territorio libre de guerra.

Con todas las garantías y las oportunidades para poder sostenerse y así poder mejorar su calidad de vida en un ámbito de credibilidad y crecimiento, no de pañitos de agua tibia con falsas esperanzas solo para salir de paso, pues en vez de mejorar las condiciones de la gente, las situaciones han empeorado porque están dejando a las familias en medio de todo este conflicto”.

Desde las comunidades étnicas y en general de la población, la solución a este panorama pasa por el cumplimento de los acuerdos de paz en todos los niveles, “incluyendo lo relacionado con el

La ayuda humanitaria de la gente de Tumaco llega, pero no es suficiente.

ayuda es insuficiente, se ha pedido apoyo a la comunidad nacional e internacional”, comenta Naya.

El pasado domingo, 19 de enero, se realizó una olla comunitaria en el municipio para poder ayudar a la gente que llevaba varios días desplazada, sobre todo, niños y personas mayores.

“La misma población desplazada se tomó un colegio como medi-

Para Naya, urge un plan de emergencia que atienda la crisis social, económica y humanitaria, “pero claro, no solo atender la humanitaria que en este momento es la más urgente porque la gente está durmiendo en la calle, en albergues, sin agua, alimentos o medicamentos y sin atención psicosocial, también urge una investigación sobre los hechos de asesinatos, amenazas a la

capítulo étnico. Desde las comunidades se apoya la organización territorial de los consejos comunitarios, que además están amparados por la ley 70 y que se respeten los acuerdos de las organizaciones indígenas con presencia en el territorio, así como los pueblos indígenas como lo son los Unipa, Camawari, Aciesna, que también han visto los incumplimientos de los acuerdos”.

ECONOMÍA

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El Fondo Nacional del Ahorro es una de las empresas que serán parte de la nueva iniciativa del Gobierno Duque conocido como Holding Financiero.

El conglomerado financiero bicentenario

¿Adónde apunta esta medida?

Carlos Fernández*

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n medio de las protestas ciudadanas de noviembre y diciembre del año anterior, el Gobierno nacional expidió el decreto 2111 de 2019, mediante el cual se crea el Grupo Financiero Bicentenario, del que harán parte las entidades financieras y aseguradoras estatales en las que el Estado tiene participación accionaria mayoritaria. Se exceptúan la Nueva EPS y Colpensiones.

La trasescena de la medida La creación de este conglomerado viene cocinándose desde hace rato.

En primer lugar, la medida es el acatamiento a una recomendación de la OCDE, el organismo económico que agrupa a las principales economías europeas y a los Estados Unidos. En segundo lugar, la ley del Plan de Desarrollo facultó al presidente para tomar esta medida. Lo que llama la atención del decreto expedido son los considerandos, según los cuales no se pretende hacer nada de lo que los críticos de la creación de este grupo empresarial han argumentado: no se pretende privatizar ninguna entidad financiera pública, no se van a hacer despidos masivos en ninguna de las entidades involucradas, no se van a modificar patrimonios autónomos como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag–, administrado por Fiduprevisora, que sí entrará en el nuevo grupo financiero.

En tercer lugar, se plantea como objetivo de la creación del conglomerado ubicar el ente creado en el tercer lugar de los conglomerados financieros del país para competir con ellos en la prestación de servicios financieros a la población. Este objetivo apunta a ampliar la inclusión financiera, es decir, que, cada vez más, la población colombiana se relacione con el sector financiero mediante la utilización de uno o más de los productos que el sector

ofrece. Ésta es la forma como los capitalistas y sus áulicos en el Gobierno conciben la disminución de la informalidad laboral y empresarial que sufre la economía colombiana: bancarizarse, le llaman.

Los pasos siguientes Luego del decreto que crea el nuevo grupo financiero, el Gobierno no se ha quedado quieto. Ya efectuó la escisión del Banco Agrario, al que le sustrajo 700 mil millones de pesos de su patrimonio (de un total de 960 mil millones) para entregárselos al nuevo conglomerado. Éste se regirá por el derecho privado, lo que implica un comienzo de privatización, la cual, según el decreto, no se podrá hacer sino mediante ley del Congreso. Cuando llegue la hora, habrá la fuerza política suficiente para iniciar el proceso de traslado de los bienes públicos rentables al sector privado.

En principio, podría decirse que la centralización de los patrimonios de empresas financieras y aseguradoras estatales facilita la prestación de un mejor servicio financiero. Por algo los propietarios de las empresas financieras privadas como SURA, el grupo AVAL, el grupo Bolívar y otros han creado estos conglomerados para centralizar la administración de las empresas que los conforman y hacer más eficiente su gestión, al punto de que ya existe una ley, la 1870 de 2017, que regula el funcionamiento de estos grupos financieros. Pero, en realidad, lo que esto significa es que el sector financiero estatal entra dentro de la lógica del sector financiero privado y pierde, en consecuencia, el carácter de servicio público que tiene hasta el presente. ¿Qué va a pasar con entidades como el Fondo Nacional de Ahorro, el Icetex, el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex, Fiduprevisora, Fiduagraria, etc.? ¿Podrán seguir prestando sus servicios (bastante deficientes en algunos casos) para atender necesidades reales de la población que implican utilizar

criterios que van más allá de la rentabilidad financiera?

La lucha logra objetivos Es indudable que, al plantear su oposición a la creación de este conglomerado dentro de las peticiones del paro nacional, el movimiento social logró que el Gobierno tuviera en cuenta algunos de sus planteamientos.

Por eso no fueron incluidas entidades como Colpensiones o la Nueva EPS dentro del nuevo conglomerado. Por eso, la enajenación de los activos públicos que conforman el patrimonio de las empresas que se van a asociar o el patrimonio del nuevo ente centralizado sólo puede hacerse mediante ley del Congreso. Por eso el proceso de escisión sólo ha tocado al Banco Agrario

(si bien su aporte al capital del nuevo ente es sustancial).

Pero la movilización no ha bastado para lograr transparencia en el proceso ni discusión democrática sobre la utilidad de la centralización. El carácter anti-democrático del actual gobierno y de los capitales que lo sostienen impide una discusión abierta, ilustrada y masiva sobre la conveniencia de tener un conglomerado financiero como el que se ha creado. El objetivo no es que el sector público financiero se organice para competir con el privado ni cederle a éste espacios de mercado social ganado por las entidades públicas con objetivos definidos sino atender unas necesidades de la población como corresponde a cualquier sector público. Es la noción de lo público lo que está en juego. * Economista

www.semanariovoz.com El Plan de Desarrollo será la hoja de ruta que escoja la burgomaestre de Bogotá, Claudia López, ya sea para ratificar o para desprenderse del modelo de ciudad heredado de la administración Peñalosa. VOZ habló con la concejal de la Unión Patriótica que desde el pasado primero de enero ocupa una de las curules de la bancada alternativa, declarada independiente ★ Redacción política

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a bancada de Colombia Humana UP y Mais en el Concejo de Bogotá se declaró independiente. Una posición que advierte un fuerte control político a las decisiones y políticas de la alcaldesa verde, Claudia López. No son menores los temas que separan a los partidos del Gobierno distrital con la bancada alternativa. La movilidad, metro elevado y la Universidad Distrital, son algunos de los temas

que serán debate en los próximos días en las sesiones del Cabildo Distrital.

Independencia y correlación de fuerzas –¿Qué significa declararse en independencia para la bancada de la Colombia Humana UP- Mais en el Concejo de la capital?

–Nos declaramos en independencia al gobierno de Claudia López por

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BOGOTÁ

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Entrevista con la concejal Heidy Sánchez

“Estaremos atentas al modelo que quiere la alcaldesa” diferencias de fondo con su programa.

Dos temas puntuales. En movilidad estamos en desacuerdo con su visión sobre Transmilenio, siendo un ejemplo la adjudicación de esta troncal por la avenida 68. En cuanto a educación creemos que la creación de academias es un contrasentido con la idea de fortalecer la Universidad Distrital y ampliar los cupos de esa institución para la juventud en Bogotá.

La independencia nos permite hacer un ejercicio de control político muy objetivo. La bancada no dejará de reconocer decisiones que ayuden a la ciudad. Eso sí, ser independientes es rechazar todo el modelo continuista de Enrique Peñalosa, pues nos resistimos a que la ciudad siga diseñada para los negocios inmobiliarios. Esperemos el Plan de Desarrollo y veremos qué tan lejos se ubica Claudia López de Peñalosa.

–¿Qué se juega con la nueva correlación de fuerzas en el cabildo, entre los partidos independientes, de gobierno y la “oposición?

–La bancada de gobierno en el Concejo de Bogotá la integran ahora el Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde. La oposición será Cambio Radical, que hasta el momento ha manoseado el Estatuto de la Oposición, pues ha desnaturalizado dicho

instrumento para tener ciertas prebendas al interior del cabildo. El estatuto es un instrumento producto del Acuerdo de Paz que busca garantizar el ejercicio político de quienes se declaran así y no para asuntos personales ni oportunistas.

Protesta social y metro –¿Cuál es su opinión sobre lo sucedido con el Esmad, los protocolos de protesta y lo ocurrido en la U. Nacional?

–El protocolo que presentó la alcaldesa es un tratamiento infantil a la protesta, es pormenorizar los alcances de la misma, es querer moldear un derecho para reducirlo a su máxima expresión. Una propuesta novedosa debe generar, al contrario de lo que pasó, mesas de concertación con las organizaciones civiles y de derechos humanos, seguimiento a los compromisos previos, durante o posteriores a la protesta y garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Es nefasto el mensaje que envía la administración: si no se comportan en la protesta, les mando el Esmad. Grave.

–Un reciente informe de la Contraloría al proceso de adjudicación del metro elevado señala cinco hallazgos irregulares.

–Presentamos una proposición de control político a la adjudicación del metro elevado, que resulta ser una empresa de papel, pues el proyecto no ha arrancado y ya conocemos todo lo sucedido con la adjudicación el pasado año. Se ha evidenciado que en efecto van a existir sobre costos que según el contrato los asumirá el Distrito. No es un buen mensaje ratificar a Andrés Escobar como gerente de esa empresa de papel, personaje que fue nombrado por Enrique Peñalosa.

Escobar representa la continuidad del proceso nefasto de licitación de un

–Un balance de los nombramientos recientes del Gobierno distrital.

–Los recientes nombramientos de secretarios de despacho para Bogotá han estado marcados por los aliados cercanos de la alcaldesa. Algunos nombramientos que vienen de los partidos de Gobierno, son interesantes, por la capacidad de trabajo de esos funcionarios, el caso de Xinia Navarro que vienen de sectores populares en la secretaría de Integración Social. Ese me parece un buen nombramiento, pero al otro lado tenemos al nuevo secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, que fue coordinador de empalme del Gobierno Duque.

Pero al margen de los nombres, lo más importante es el plan de desarrollo que esos secretarios le presenten al Concejo, ahí está el carácter de la alcaldía de Claudia y los énfasis que le dará. Estaremos muy atentos al modelo de ciudad que quiere construir la alcaldesa.

–Claudia López encabezó recientemente una sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital. ¿Cuál es su opinión sobre las decisiones que debe tomar la alcaldesa para la UD? –La primera decisión es poner en la agenda pública sus problemáticas en busca de soluciones estructurales.

La asamblea universitaria que propone una reforma estatutaria debería ser acogida por la alcaldesa y acompañar el proceso de transformación que re-

Susana Muhamad, Ana Teresa Bernal y Heidy Sánchez integrantes de la bancada Colombia Humana-UP y Mais en el Concejo de Bogotá.

proyecto sin estudios técnicos pasando por encima de la ley. Efectivamente la Contraloría encontró cinco anomalías que pueden convertir el proyecto Metro de Bogotá en el más corrupto de la historia, entre otras, porque el 70% de financiación del proyecto es con recursos de la Nación.

clama tanto los estudiantes, los profesores y los trabajadores de la institución por ser un proceso que lleva 10 años y que busca democratizar la universidad y una reforma administrativa para derrotar esas prácticas de corrupción. Es importante y estratégico fortalecer la universidad. ★

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ACTUALIDAD

En la era de la revolución tecnológica en la que tecnologías emergentes marcan la pauta para el desarrollo de países y ciudades, Colombia, y más específicamente su capital, no pueden seguir pasando desapercibidas ante la necesidad de vincularse a esta dinámica tecnológica Camilo Vargas Romero* camevargasrom@unal.edu.co

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G es la sigla utilizada en las telecomunicaciones para hacer referencia a la quinta generación de tecnologías vinculadas a la telefonía móvil, la cual se prevé que tendrá un uso exponencial desde el año en curso.

Es la sucesora de la actualmente en uso denominada 4G.

La 5G es una entre muchas otras tecnologías que para este 2020 marcan la tendencia mundial en aplicaciones de distinta índole. Multinacionales como Huawei, Nokia, ZTE y Ericsson son quienes llevan la delantera en esta tecnología, la cual tendría velocidades de entre 10 y 100 veces más rapidez que la experimentada con la actual 4G, aumenta en gran medida la capacidad de dispositivos que se pueden conectar a ella (dándole la bienvenida al IoT – Internet de las cosas), entre muchas otras ventajas que traería a las comunicaciones móviles.

Hace algunos meses la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, manifestó el

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Tecnología para el desarrollo de Bogotá

La 5G una apuesta crucial interés que tiene el Gobierno Nacional por la puesta en marcha del despliegue de la tecnología 5G, así como probar e incentivar un camino para que los colombianos puedan acceder a ella. En el “Plan 5G definitivo” publicado en el mes de diciembre de 2019 se plantea un cronograma para las pruebas piloto y el estudio técnico y normativo para su implementación; sin embargo, son pocas las apuestas del gobierno para que empresas públicas como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, puedan acceder de manera prioritaria a la 5G y menos aún para que las Instituciones de Educación Superior, IES, puedan realizar investigación y aportes para la ejecución de este plan.

La 5G en Bogotá Por otro lado, en septiembre de 2019 la entonces candidata a la alcaldía Claudia López firmó junto con directivos del Sindicato de Trabaja-

dores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Sintrateléfonos, un acuerdo para el fortalecimiento de la ETB en el cual se estipula que “La ciudad se debe preparar para el despliegue de la tecnología 5G cuyas características iniciales ya fueron reveladas por el Gobierno nacional y frente a las cuales la nueva administración de la ciudad debe tomar decisiones. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, jugará un papel importante en esa tarea. La tecnología 5G será un componente fundamental en la vida de los habitantes de la ciudad, en las operaciones digitales y en la economía de la capital”.

Este es un compromiso sin igual que no debe quedar en el olvido y debe ser primordial para la nueva administración distrital, ya que traería ventajas y avances para Bogotá en asuntos cruciales como las telecomunicaciones, la medicina, el transporte y la educación, entre otros.

Algunas ventajas En medicina y salud: Será posible investigar y adoptar la inteligencia artificial y cirugía robótica, se puede descentralizar la atención médica y hacer llegar médicos especialistas nacionales e internacionales a comunidades vulnerables y a territorios donde los centros hospitalarios no dan abasto. En el pasado Mobile World Congress, MWC, llevó a cabo la primera operación streaming con tecnología 5G en el Hospital Clinc de Barcelona, demostrando las capacidades que podrá tener esta tecnología en el futuro próximo.

En el transporte: Son múltiples los estudios y proyectos que alrededor del mundo se realizan para implementar soluciones tecnológicas a las problemáticas del transporte de las ciudades. Bogotá y su sistema de transporte público podrían ser los primeros en implementar 5G en las intercomunicaciones de sus nodos, para mejorar la calidad del mismo para los usuarios, además podría plantearse un sistema basado en inteligencia artificial que ayude a bici usuarios a comunicarse y mejorar sus condiciones de seguridad.

En la educación: Uno de los más beneficiados será el sector educativo, pues la puesta en marcha de la 5G po-

dría eliminar las brechas educativas que hoy existen en colegios y universidades, se pueden implementar laboratorios virtuales, streaming de conferencias, foros y seminarios con profesores de cualquier parte del mundo, experimentos a larga distancia, realidad virtual y acceso a bibliotecas en la nube.

Los colegios distritales y universidad públicas podrían contar con modernos sistemas de comunicación que eliminen las brechas educativas e investigativas que hoy se tienen con respecto a otros países. ¿Una alianza necesaria?

Sería interesante que estas y muchas otras propuestas para el beneficio de la capital puedan ser evaluadas y estudiadas por la ETB y la Universidad Distrital, quien en el 2019 firmó con ZTE un acuerdo para crear el “Centro de Investigación e Innovación 5G”, en la idea de constituir una alianza

investigativa que podría poner a estas dos instituciones entre las primeras en el mundo en proponer e implementar soluciones tecnológicas basadas en 5G, para los problemas de una ciudad como Bogotá.

Sin duda alguna los proyectos y posibilidades que puede traer la implementación de 5G en Colombia y en primera instancia en Bogotá serían incontables. Está ahora en manos de la administración distrital en cabeza de la actual alcaldesa Claudia López y del Concejo de Bogotá, que entre sus integrantes cuenta con un buen número de jóvenes que podrían generar estas propuestas para el beneficio de la capital, el desarrollo de las TIC y el fortalecimiento investigativo de la Universidad Distrital.

La juventud capitalina deberá estar dispuesta a adoptar, proponer e investigar cualquier tecnología que le pueda traer beneficios a la calidad de vida de quienes hoy habitan la ciudad de Bogotá. * Estudiante Ing. Sistemas y computación, Universidad Nacional de Colombia

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MUJERES

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https://pares.com.co/2018/07/24/las-lideresas-asesinadas-tienen-nombre/

Propuesta para proteger a las lideresas

Aldeas rurales En una reunión con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, la senadora Aída Avella, preocupada por los sistemáticos asesinatos a líderes y lideresas sociales, propuso una idea sugestiva para proteger la integridad de las mujeres que defienden la vida en los territorios y son perseguidas y asesinadas Renata Cabrales

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lama la atención el titular de un medio extranjero: Un “ashram” les devuelve la esperanza a las viudas indias. Como es de saber, la mayoría de viudas de ese país se ven obligadas a mudarse a Vrindavan, lugar donde durante cientos de años han mendigado para sobrevivir, pues, sin importar la casta, estas mujeres son culpabilizadas de la muerte del esposo y consideradas una maldición, y por tal motivo, pierden valor social ante los ojos de sus propios familiares, quienes incluso, las golpean y las condenan a diferentes tipos de tortura, como la inanición, por ejemplo. Sin embargo, últimamente, su vida ha mejorado gracias a un refugio que les ha construido el gobierno.

El refugio es conocido como el ashram Krishna Kutir, un recinto administrado por el gobierno, gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos, y que tiene aproximadamente mil camas, una piscina recién construida, así como comida y medicinas sin costo alguno, todo para mejorar la calidad de vida de estas mujeres históricamente vilipendiadas por una sociedad hostil, machista y prejuiciosa.

Lideresas olvidadas En Colombia, eEn el primer trimestre de 2019 los ataques contra las defensoras aumentaron en un 97% con respecto al periodo previo.

El informe de Oxfam Internacional, 2019, “Defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia: arriesgando la vida

por la paz”, da cuenta de las violencias que sufren las mujeres que entran a la vida pública para defender la paz: “Uno de los más perversos riesgos a los que se enfrentan estas mujeres es la violencia sexual. Este tipo de violencia, que ha sido empleada en Colombia como arma de guerra, es utilizada para demostrar poder y humillar. En el caso de las defensoras, se convierte en una forma de castigo por el trabajo que hacen, un modo de silenciar sus denuncias y generar miedo”.

Así mismo, según el informe: “Todo este guión es más oscuro cuando la mujer en mención es negra o indígena. Cuando revisamos el último informe de Oxfam y Somos Defensores observamos que los asesinatos de las defensoras de derechos humanos en Colombia son más crueles. Desde 2016 hasta septiembre de este año 55 mujeres líderes fueron asesinadas en Colombia. Casi la mitad de ellas, 20 en total, fueron asesinadas en el último año...En el primer trimestre de 2019 los ataques contra las defensoras han aumentado en un 97% con respecto al periodo previo”.

Según esta información, nos queda la sensación de que al igual que las mujeres viudas de la India, las mujeres que defienden la vida en los territorios del país, han sido abandonadas a su suerte por los gobiernos de turno, y a su vez, la sociedad también las rechaza en cierto sentido, al ser estigmatizadas por el hecho de ser defensoras de derechos humanos, lo que está mal visto por una sociedad que discrimina a todo lo que huele a izquierda y por no estar de

acuerdo con las políticas nefastas del establecimiento.

Aída Avella con la vicepresidenta En una reunión con la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en compañía de mujeres del movimiento social como Patricia Ariza y Magnolia Agudelo, el pasado 15 de enero, la senadora Aída Avella, manifestó con preocupación: “Las mujeres estamos muy comprometidas con la defensa de la paz. Este año han matado a dos lideresas sociales por día. Hay casos emblemáticos como los de Gloria Ocampo en el Putumayo y Virginia SiIlva Páez en el Cauca, las dos el mismo día, el 7 de enero de este año. Asimismo, está el caso de Mireya Hernández en Algeciras, Huila, el 9 de enero”.

Advierte la senadora que, como miembros de la UP que presenciamos su genocidio, “nos preocupa que estos hechos se repitan con las lideresas y los líderes sociales... Muchas lideresas están siendo amenazas y esto es algo sistemático, aunque el Estado lo niegue. A la mujer del Putumayo la fueron buscando con una lista en mano, lo que recuerda también el caso de la UP. Tienen listas de líderes y lideresas en casi todos los departamentos”.

“Lo de la UP se realizó desde una oficina del ministro de Defensa y desde ahí se elaboraban las listas. Ahora mismo, estamos seguras de que hay gente del Estado dentro de las milicias participando en este genocidio”, sostiene la senadora y a propósito del escándalo de las chuzadas, advierte que su línea de teléfono está intervenida.

A todo lo anterior, la vicepresidenta responde que su línea de teléfono, posiblemente, se encuentre intervenida y que no tiene nada que temer, “pues no tiene nada oscuro, no tiene amantes y no roba dinero y que también es vulnerable por el cargo que ejerce”, todo esto tal vez desconociendo que nada tiene que ver su situación con la de las y los líderes sociales, pero sobre todo, con los miembros de partidos de izquierda que han sido históricamente

perseguidos, por el hecho de no estar de acuerdo con las políticas antipopulares de la elite gobernante.

En este orden de ideas, la senadora Avella insiste en que este país se devolvió a la guerra y que no se debe romper el diálogo con el ELN, pero que además, es necesario el diálogo con otros grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, por ejemplo, pues “lo que hemos vivido no lo pueden seguir padeciendo las próximas generaciones”.

Una propuesta, una ilusión Después de una larga discusión entre la senadora de la UP y la vicepresidenta sobre cómo operan los grupos ilegales y las diferentes causas de sus actos de violencia, como el caso del Cauca, que es en este momento la zona más golpeada por el recrudecimiento del conflicto armado, la senadora Aída Avella le sugirió a su contertulia trabajar juntas en una estrategia de protección para las mujeres lideresas, y llegaron a la conclusión de que se pueden elaborar varias ideas, y una de ellas es la creación de las ya mencionadas aldeas rurales, algo muy parecido a lo que el gobierno de la India ha hecho para proteger y mejorar la calidad de vida de las viudas. En este caso, se construirían ciudadelas en diferentes territorios de zonas rurales con el fin de que las mujeres amenazadas puedan vivir tranquilas y llevar a cabo, al lado de sus familias, diferentes proyectos productivos.

En este orden de ideas, la senadora Avella insiste en que este país se devolvió a la guerra y que no se debe romper el diálogo con el ELN, pero que además, es necesario el diálogo con otros grupos armados ilegales

INTERNACIONAL

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Después de cinco años, se reúne la Celac

Apuesta por la integración regional ca Latina, lejos de disminuir, aumentó y para combatir este flagelo se prevé una activa cooperación entre Celac y Cepal.

Hace cinco años, la Celac, reunida en La Habana, declaró a América Latina y el Caribe como zona de paz.

Proclamó la necesidad de la integración como mecanismo hacia un orden internacional justo, promoviendo una cultura de paz que excluya el uso de armas de destrucción masiva, en particular, las armas nucleares.

Principios traicionados

La Celac ha retomado la lucha por la integración regional, la paz y la no intervención en los asuntos internos de otras naciones.

Hace cinco años, la Celac, reunida en La Habana, declaró a América Latina y el Caribe como zona de paz y proclamó la necesidad de la integración como mecanismo hacia un orden internacional justo Ricardo Arenales

C

omo un esperanzador impulso a los procesos de integración regional, en un continente surcado por convulsiones sociales y un reacomodamiento de fuerzas entre la derecha y los sectores progresistas, fue recibida la noticia de que, un lustro después de no poder hacerlo, se reunió una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac.

Con la presencia de cancilleres y vicecancilleres de 29 países de América Latina, el pasado 9 de enero sesionó en ciudad de México el organismo multilateral, creado en el 2005 por iniciativa del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en lo que fue interpretado como el relanzamiento de la organización y un nuevo impulso integrador en América Latina.

Según el canciller mexicano Marcelo Ebrard, anfitrión del certamen, “fue una reunión cordial, de mucho respeto”, centrada no en temas políticos “que ya son discutidos en otros foros e instancias”, sino en aspectos concretos en los que hay acuerdo e interés común”. El hecho de poder reunirnos y escucharnos, después de tanto tiempo sin hacerlo, es en sí mismo un éxito, puntualizó el titular mexicano de Exteriores.

Fortaleza en la unidad Al término de las deliberaciones, la Celac acogió como su presidente al gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien prometió liderar el proceso integrador en la región durante el presente año. Comentando este hecho, el canciller Ebrard dijo que

el propósito de su país es “trabajar para robustecer la institucionalidad de ese mecanismo y alcanzar nueva fortaleza en la unidad”. Así mismo, “forjar logros concretos que beneficien a nuestra comunidad de manera práctica y eficaz, promoviendo con pasos precisos la integración regional latinoamericana y caribeña”.

En dirección a hacer realidad este esfuerzo, la reunión de Ciudad de México aprobó una carta de navegación de 14 puntos, que busca activar iniciativas multilaterales de integración, entre ellas la creación de una red de innovación, un ecosistema científico y una agenda común de universidades, para facilitar la movilidad y el intercambio académico. Uno de los puntos se refiere a la cooperación aeronáutica y aeroespacial.

La agenda prevé un programa de acciones en el campo de la gestión de riesgo por desastres, una metodología anticorrupción, la realización de un foro Celac-China, previsto para el segundo semestre de este año, así como

una reunión plenaria de Celac, previa a la próxima Asamblea General anual de las Naciones Unidas en el mes de septiembre.

Mediación ante conflictos Comentando este propósito, el canciller argentino, Felipe Solá, dijo: “América Latina y el Caribe deben recuperar sus organizaciones regionales como mecanismo de integración económica y mediación política ante conflictos”, lo que augura el reingreso activo de su país a estos mecanismos de cooperación.

La reunión de México dedicó especial atención al estancamiento económico y social de la región. El asunto fue discutido con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Alicia Bárcena, quien asistió al encuentro.

De hecho, se trazaron líneas de colaboración Celac-Cepal.

Bárcena reveló que, en las últimas dos décadas, la desigualdad en Améri-

En ese momento se señalaron compromisos como “la obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos de cualquier otro estado, y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”.

Los gobiernos de derecha, reunidos en el Grupo de Lima y en la OEA, han traicionado esos principios.

Después se precipitaron cambios importantes que variaron la correlación de fuerzas. El presidente Evo Morales fue depuesto. En Uruguay perdió las elecciones el Frente Amplio, una coalición de sectores populares. Se presentó un estallido social en Chile, que aún se mantiene. Se registraron vigorosas protestas en Colombia ante los reiterados crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En México y Argentina se consolidaron gobiernos progresistas.

Entre las preocupaciones de la reunión de Celac estuvo también la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. El tema se discutió, porque muchos gobiernos expresaron preocupación por la noticia de que el actual secretario, Luis Almagro, aspira a la reelección. La gestión de Almagro es calificada como funesta y varios gobiernos desearían un relevo en la dirección de ese organismo.

Aunque, reconocieron, mientras la OEA siga siendo financiada en más de un 60 por ciento por Estados Unidos y su sede esté a pocos pasos de la Casa Blanca, su rol colonial no va a variar.

Revela una encuestadora

70% de los rusos quieren a Stalin

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na encuesta reciente, rebela que un 70 por ciento de la población rusa tiene una imagen favorable del líder de la Revolución de Octubre, José Stalin. El muestreo fue realizado por la encuestadora independiente Centro Levada, y al conocerse los resultados, varios analistas calificaron el hecho como un ‘record’.

De acuerdo a estos resultados, la imagen de Stalin tiende a rehabilitarse gradualmente en la última década, pasando de ser visto como un dictador sangriento, a un líder sobresaliente.

La última encuesta realizada anteriormente fue en 2016 e indicaba que la aprobación del líder soviético era del 54 por ciento.

Actitudes como la del presidente Putin, que ha revivido el himno soviético, los desfiles militares al estilo de la URSS y una medalla de la era soviética, contribuyen a mejorar la imagen de Stalin, sostienen algunos analistas.

Manifestantes rusos enarbolan la imagen de Stalin.

Los encuestados dicen que Stalin jugó un papel positivo en el desarrollo de Rusia.

“José Stalin comienza a ser percibido como un símbolo de justicia y una

alternativa al gobierno actual, considerado injusto, cruel y sin preocuparse por las personas”, opinó al respecto el académico Leonty Byzov a una red de noticias local.

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INTERNACIONAL

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El cambio climático cobra su venganza

Arde Australia

Aspecto de las dimensiones de los incendios en Australia.

De acuerdo con el índice de desempeño sobre cambio climático, que agrupa a 37 economías responsables del 90 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, Australia ocupó el último lugar el año pasado Alberto Acevedo

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na combinación perfecta entre altas temperaturas, una sequía sin precedentes, la presencia de fuertes vientos que propagaron las llamas en cuestión de minutos, y una obstinada política negacionista frente al cambio climático por parte del actual gobierno, enmarcan el drama de los incendios forestales en Australia, que, según registros oficiales, no tienen antecedentes inmediatos, por la fuerza de la combustión y por los enormes daños causados en el medio ambiente.

Es evidente que las modificaciones en el clima global a causa de la emisión de gases de efecto invernadero, GEI, actúan detrás de los incendios en Australia.Y a propagar estos efectos contribuye la política negacionista del actual primer ministro del país, Scott Morrison. En el tema de la red de emisiones de GEI, el desempeño de Australia ha sido lento y pobre.

En el marco de los Acuerdos de París sobre calentamiento global, Australia se comprometió a reducir sus emisiones entre un 26 y un 28 por ciento respecto a 2005, una meta que debería alcanzar para 2030.Y a pesar de que es un propósito muy modesto, el actual gobierno no está en camino de cumplir tales objetivos. De acuerdo con el índice de desempeño sobre cambio climático, que agrupa a 37 economías responsables del 90 por ciento de todas las emisiones de GEI, Australia ocupó el último lugar el año pasado.

Niega el cambio climático Desde el primero de agosto pasado, los incendios en Australia han emitido 306 millones de toneladas de dióxido

de carbono, equivalentes a la mitad de las emisiones anuales del país. Sin embargo, Scott Morrison, aún ahora, niega que los incendios en Australia tengan que ver con el cambio climático.

La delegación de Australia a la pasada Cumbre del Clima, COP25, de Madrid, aliada a las grandes potencias contaminantes, se opuso con vehemencia a que el evento adoptara una serie de conclusiones restrictivas de la emisión de GEI. Australia, además, fue uno de los primeros países en el mundo en establecer el fracking como método para la explotación del subsuelo.

En el combate contra los incendios que desde septiembre pasado afectan a Australia, se pudo establecer que, pese a los potenciales de desarrollo del país, este no dispone de un hidroavión para controlar los incendios. En cambio sí, dispuso el envío a la zona del Golfo Pérsico, del buque de guerra australiano HMAS Toowoomba, para que por cuenta del Pentágono y de la OTAN, participe en la Operación Manitou, y apuntalar los intereses de Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente, en contra de los intereses nacionales de Irán, que no ha sostenido ninguna política de agresión a sus vecinos, contrario a lo que hace el inquilino de la Casa Blanca.

Peor es el capitalismo Este, en líneas gruesas, es el marco político que rodea a la tragedia del pueblo australiano con los incendios que ya cumplen casi cuatro meses y que solo a fines de la semana pasada tuvieron una tenue disminución, gracias a intensas lluvias que se presenta-

ron sobre el área de conflagración. Situación que llevó a algún ambientalista europeo a afirmar: “No es el clima, es el capitalismo lo peor que le está sucediendo a Australia… y al mundo”.

Las llamas han cobrado la vida de 28 personas. Australia sufre una de las peores sequías de los últimos años. La temperatura ha subido por encima de los 40 grados centígrados, la más alta en los últimos 150 años. Hay riesgo de que suba el nivel del mar, advierten algunos científicos. Hay zonas de la isla en las que prácticamente ha desparecido la lluvia.

Además de los muertos, hay dece-

vertebrados, anfibios, reptiles, aves y familias de insectos. Esta mortandad afecta a especies autóctonas, motivo de interés para el turismo, como los canguros y los koalas. Estas dos especies animales están ligadas a la cultura de la isla. En un solo fin de semana murieron 25 mil koalas, denunciaron organismos defensores del medio ambiente.

Los ganaderos australianos dicen que el impacto de los incendios sobre este sector de la economía es desastroso. Hasta ahora han desaparecido 100.000 ovejas. Miles más tendrán que ser sacrificadas en los próximos días debido a la falta de agua o a que no tienen garantizado un hábitat de supervivencia. “Es el fin de varias especies”, dicen nativos de la región.

En el futuro será peor

nas de personas desaparecidas. Ocho millones y medio de hectáreas han sido arrasadas hasta ahora por el fuego. Esto es más que el territorio de Irlanda o el de Austria. Quince mil viviendas destruidas, otras tantas han sido evacuadas, los damnificados se cuentan por centenares. Aún permanecen 136 focos de incendio sin control.

Pudieron desaparecer algunas especies El cuadro resulta dantesco si se tiene en cuenta que, de acuerdo a cifras conservadoras, los ambientalistas reportan la muerte de más de un millón de animales, incluyendo especies diversas de

En varias regiones, las zonas quemadas ya no podrán recuperarse. Es posible que se hayan extinguido las especies de plantas en peligro de desaparición. La intensidad de los incendios habría destruido no solo comunidades complejas y diversas de organismos que habitan el suelo del bosque, sino también árboles viejos que albergan especies como las zarigüeyas deslizantes y proporcionan sitios donde anidan muchas aves.

“Lo que tenemos es que, por primera vez en la historia de la humanidad, un fuego como este, catastrófico, puede acabar con una población, con poblaciones completas de especies que estaban en peligro. Si te pones a pensar que estamos hablando de un millón de animales, canguros, koalas, wallabies, etcétera, imagínate si sumamos aves, reptiles. Anfibios, insectos, el impacto que tiene esto va a tardar decenas o cientos de años en revertirlos. El problema es que el siguiente año, y el siguiente y el siguiente se pueden repetir estas condiciones y va a ser muy difícil que podamos reparar estos problemas”, dice Gerardo Ceballos González del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México.

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PRAXIS

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Una historia de tres ciudades

Para comprender de manera sencilla, pero con rigor teórico, el proceso de mercantilización de la vivienda urbana en el mundo David Harvey*

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na casa es una cosa bastante simple. Pero también es una mercancía, lo que significa que abunda “en sutilezas metafísicas y sutilezas teológicas”, como dijo Marx en una ocasión. Crecí en una casa en un barrio obrero seguro y respetable de Gran Bretaña después de 1945. La casa era un valor de uso - firme en su ordinariez-. Constituía un espacio seguro, aunque bastante represivo, en el que comer, dormir, socializar, leer cuentos, hacer los deberes o escuchar la radio; un lugar en el que la familia, con todas sus complejidades y tensiones internas, podía vivir y relacionarse sin demasiadas interferencias externas. Las relaciones con los vecinos eran cordiales y de apoyo, pero no íntimas. Esta era la ciudad del valor de uso.

Sin embargo, recuerdo el día en que se pagó la hipoteca. Hubo una leve celebración. La casa, me di cuenta entonces, tenía un valor de cambio que podía ser transmitido a las generaciones futuras (como yo). Pero eso nunca fue un tema de conversación. No muy lejos había urbanizaciones de viviendas sociales. Pero también ellos parecían tener una vivienda segura en un entorno no demasiado malo -aunque algo soso-. La propiedad de viviendas de la clase trabajadora, promovida desde la década de 1890 en adelante en Gran Bretaña, siempre había sido un instrumento de control social y de defensa contra el bolchevismo. En Estados Unidos dicen: “los propietarios de viviendas con deudas no van a la huelga”.

Segregación y comunidades cerradas En los años 80 el énfasis cambió.

Margaret Thatcher vendió las viviendas sociales y la gente se preocupó más apasionadamente por el valor de cambio de sus casas. Las empresas de construcción que promovían la propiedad de la vivienda dejaron de ser instituciones de la clase trabajadora local y se convirtieron en algo más parecido a los bancos. En 1981, casi un tercio de todas las casas de Gran Bretaña pertenecían al sector público, pero en 2016 esta cifra había caído a menos del 7%.

En un mundo neoliberal ideal no debería haber viviendas sociales. Se nos dio la oportunidad de ser una democracia propietaria. Se intercambiaban

Panorámica de la ciudad de Bogotá desde el barrio La Candelaria. Foto Brian Kyed.

casas para alquilar o arreglar. Entonces tal vez la gente podría mudarse a un barrio de mayor estatus. El énfasis estaba en mejorar la casa como valor de intercambio, como una forma de ahorro y como un lugar para aumentar la riqueza personal.

La riqueza individual en la propiedad de la vivienda era un tema común de conversación. La “gentuza” (como la gente de color o los inmigrantes) se mantendría al margen para proteger el valor de las propiedades del vecindario.

La segregación se hizo más estricta y florecieron las comunidades cerradas.

Se cerraron los espacios y se agotaron los bienes comunes urbanos.

A finales de siglo el énfasis cambió de nuevo. La casa fue vista como un instrumento de acumulación de capital y ganancia especulativa. Se convirtió en un cajero automático del que la gente podía extraer riqueza refinanciando sus hipotecas. El crédito y la liquidez se extendieron a través de los mercados inmobiliarios, llevando los precios de la vivienda de un lado a otro. Pero detrás de este cambio surgió un poder mucho más monstruoso. La atención no se centró en la casa sino en la tierra en la que se encontraba. La brecha entre el valor actual de la tierra y el valor bajo, el mejor y más alto uso atrajo a los inversores. Para realizar esta ganancia especulativa, los usos existentes tenían que ser desplazados y los ocupantes actuales desalojados, o bien los residentes actuales tenían que pagar alquileres de tierra más altos por el privilegio de permanecer en el lugar.

Se pueden encontrar ejemplos dramáticos en todas las grandes regiones metropolitanas del mundo. Tomemos el caso de China. El precio de la tierra se quintuplicó en China entre 2004 y 2015. Antes de 2008, el valor de la tierra representaba un promedio del 37% de los precios de la vivienda en Beijing. Después de 2010, ese porcentaje ha aumentado hasta el 60%. En todas partes, las poblaciones de bajos ingre-

sos se vieron obligadas a abandonar el país o se vieron agobiadas por el aumento vertiginoso de los alquileres.

tán haciendo una matanza financiera en sus operaciones.

Ciudad ganancia

Juego especulativo Marx no se habría sorprendido. “La pobreza es una fuente más fructífera para el alquiler de casas que las minas de Potosí para sus propietarios”, dijo.

La propiedad de la tierra tiene un poder enorme que le permite “excluir a los trabajadores que luchan por los salarios de la tierra misma como su lugar de residencia”. Es, continuó observando, “el alquiler de la tierra y no la casa lo que es objeto de especulación”.

En muchos barrios, las poblaciones de bajos ingresos han sido desalojadas para dar paso a oportunidades de inversión de alto nivel, condominios caros y conversiones a nuevos usos, como Airbnb. Ya no era el mero valor de cambio lo que impulsaba la actividad del mercado de la vivienda, sino la búsqueda de la acumulación de capital mediante la manipulación de los mercados de la vivienda. El rápido aumento de los precios de los bienes inmuebles parece beneficiar a los propietarios de las viviendas, pero los principales beneficiarios son, de hecho, los bancos, las instituciones de crédito y los grandes conglomerados y fondos de cobertura que se han unido al juego especulativo.

Esto se hizo evidente cuando llegó la crisis. Los bancos fueron rescatados y los propietarios de viviendas fueron alimento para los tiburones de la bolsa. En los Estados Unidos millones de personas perdieron sus casas por ejecución hipotecaria en 2007, mientras que en el sector de los alquileres el ritmo de los desalojos de poblaciones de bajos ingresos se aceleró en todas partes, con consecuencias sociales devastadoras. Los fondos de cobertura y las empresas de capital privado compraron las viviendas embargadas a precios de venta al público y ahora es-

En lo que quedaba del sector público, la austeridad condujo al mantenimiento diferido y al deterioro del parque de viviendas hasta el punto de que, según nos dijeron, sólo la privatización mejoraría las cosas. Los privatizadores resultaron ser especialistas en desalojos, por lo que se aceleró la conversión de viviendas asequibles para poblaciones de bajos ingresos en viviendas lucrativas basadas en el mercado.

Esta es la ciudad de la ganancia especulativa: la ocupación se vuelve inestable y efímera, las solidaridades sociales y los puntos en común de los barrios se desintegran, y la gente de la inmobiliaria marca barrios de lujo, a menudo cerrados, con cualidades ficticias de vida superior. Esto se ha convertido incluso en una profesión a tiempo completo: “imaginería urbana”, lo llaman. La realidad es que las relaciones sociales se deshilachan, con resultados aterradores.

Glyn Robbins dice de la ola de crímenes que está arrasando Londres: “Las políticas urbanas neoliberales y orientadas al beneficio han producido ciudades en las que muchos jóvenes sienten literalmente que no tienen cabida. Les resulta casi imposible encontrar un hogar que puedan pagar en las comunidades donde nacieron, frustrando su capacidad de desarrollar una vida independiente.

Sus redes sociales, su sentido de pertenencia y el respeto del mundo adulto se han visto afectados hasta el límite. Nada podría estar más perfectamente calculado para crear una situación en la que los jóvenes no se preocupen, ni por la vida de los demás, ni por la suya propia”.

Este es un mundo diferente al que yo crecí. Pero la casa sigue siendo una casa. * Profesor de Antropología y Geografía en el Graduate Center de la City University of New York (CUNY).

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JAQUE MATE

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INTERNACIONAL

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“Rechazamos enérgicamente amenazas contra la voz y la imagen de los pueblos que luchan y resisten la embestida imperial. Desde Nuestra América y el mundo #VivaTeleSUR”, dijo en su cuenta de tuitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Telesur es la voz de los pueblos, de los que nunca tuvieron espacio en las grandes corporaciones de la comunicación. El deseo de Guaidó es tener un medio de comunicación para los narcotraficantes, paramilitares, ladrones y bandas criminales”, aseguró por su parte la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un duro pronunciamiento contra las pretensiones del diputado.

Apegada a la verdad

Patricia Villegas, presidenta de Telesur, se ha visto rodeada de una generosa solidaridad mundial.

La derecha fragua planes contra canal estatal venezolano

Telesur somos todos Redacción internacional

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na oleada continental de indignación y de rechazo, produjeron las declaraciones del autoproclamado ‘presidente encargado’ de Venezuela, Juan Guaidó en el sentido de que aspira a “rescatar” la señal de la multiestatal Telesur, para ponerla “al servicio de la verdad”.

De inmediato, quienes se ocuparon de comentar la noticia, no vacilaron en señalar que la idea no es original de Guaidó, quien ha actuado como títere al servicio de los Estados Unidos, y que detrás del anuncio está ni más ni menos que otro intento de Washington y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de apoderarse de un canal televisivo que desde hace rato les resulta incómodo a los intereses de la reacción nacional venezolana e internacional.

Se trata de una estrategia diseñada por Estados Unidos en el marco de la guerra que libra contra la Revolución

Bolivariana. El objetivo es apoderarse de uno de los pocos canales de televisión en el mundo que cuentan la verdad tal como es.

Canal favorito En efecto, Telesur es considerada el canal favorito de noticias internacionales en español. Así lo confirma una encuesta reciente, adelantada por el periodista Carlos Montero, ex analista de CNN. De acuerdo a esa consulta de opinión, el 42.8 por ciento de los entrevistados consulta a Telesur; Rusia Today ocupa el segundo lugar de las preferencias, con el 31.2 por ciento, y en tercer lugar CNN, con el 17.8 por ciento. En cuarto lugar de las preferencias aparece NTN24, con el 8.2 por ciento de favorabilidad.

Las cifras se hicieron públicas coincidiendo con el anuncio de Guaidó, quien desea apropiarse de

Telesur, como lo hizo en el pasado reciente con la petrolera Citgo o con la filial de Pdvsa Monómeros de Colombia.

Una de las primeras en reaccionar, desde luego, es la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. Dijo que Guaidó habla desde el desconocimiento y criticó “sus amenazas en redes sociales”, incluso cuando se ufana de “defender la libertad de expresión”.

Revolución del periodismo En conversación con su homólogo cubano Cubadebate, Villegas dijo que el imperio ha dado la orden de asaltar este canal multinacional. “Telesur es más que un canal. Es una revolución del periodismo revolucionario. Sin su gente revolucionaria, Telesur no existe”, dijo por su parte Arleen Rodríguez Derivet, de Cubadebate.

La Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, en un extenso pronunciamiento, dijo por su parte: “Guaidó lo que busca en verdad es ocultar la realidad de América Latina. Las declaraciones de Guaidó tienen el patrocinio de la administración de Donald Trump y su mirada de América Latina como patio trasero. Pretenden que la única voz sea la de los medios de comunicación al servicio de las oligarquías mediáticas. Esta trinchera de ideas que es Telesur, como la definió Fidel Castro, lleva tres lustros apegada a la verdad, con un invaluable compromiso con los pueblos y la construcción de la unidad regional”, puntualizó la UPEC. Miles de voces que se han pronunciado en defensa del canal venezolano, coinciden en señalar que Telesur es una herramienta imprescindible en el campo de la información. Tiene un carácter plurinacional y multiestatal, que la hace única en América Latina. Señalan que el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, hubiera pasado desapercibido, si no hubiera sido, por Telesur.

El canal ha denunciado la represión en Honduras tras el golpe a Manuel Zelaya; la barbarie del Esmad en Colombia. Acompañó las negociaciones con la guerrilla de las Farc, y las que se adelantaron en Ecuador con el ELN. Ha expresado la solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, ha denunciado los crímenes sionistas de Israel en el Medio Oriente. Sus camarógrafos y periodistas acompañan las acciones de los pueblos en lucha. Es lo que le molesta a la Casa Blanca y a sus turiferarios.

Anticipada respuesta a Mike Pompeo

Ejercicios militares 2020 en Venezuela

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nticipándose a los planes injerencista anunciados por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, durante su visita a Bogotá el pasado 20 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro, anunció que el ejército de su país y las milicias bolivarianas realizarán los primeros ejercicios militares 2020, durante los días 15 y 16 de febrero próximo.

Las maniobras de gran envergadura que se realizarán este año tienen el propósito de prepararse para defender la paz y la soberanía, dijo el mandatario venezolano, quien estuvo acompañado de 1.159 comandantes de las Unidades de Defensa Integral,

durante un acto que se celebró en el auditorio de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, en Fuerte Tiuna, Caracas.

“Vamos a hacer unos ejercicios militares especiales de despliegue del sistema de armas de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, de la Milicia Bolivariana, dijo ante los líderes de las milicias. “Estos son los primeros ejercicios militares en defensa de las ciudades, vamos a defender las ciudades desde adentro, desde los barrios, del campo”.

Una combinación de fuerzas internas y externas amenazan la estabilidad de la nación, dijo el mandatario: “No solamente son el imperialismo

En febrero se realizarán los primeros ejercicios militares en Venezuela.

norteamericano y la oligarquía colombiana, son las mafias que atacan a Venezuela, las mafias de la gasolina que atacan tanto al pueblo.Vamos por ellos a defender la patria”.

Dijo que, entre los planes para este año, está el de llegar la cifra de cuatro millones de milicianos, que respalda-

rán, cuadra por cuadra, la fuerza militar del país. “Venezuela tiene ya un poder militar respetable y ha garantizado la estabilidad, la paz. Que nadie se atreva a meterse con Venezuela”, advirtió Maduro, en un claro mensaje a los planes intervencionistas que se alientan desde la Casa de Nariño en Bogotá.