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19572017 Por un país con justicia social LA VERDAD DEL PUEBLO

$2.200

EDICIÓN 2884 SEMANA DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2017 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO www.semanariovoz.com

Docentes y estatales en las calles

Movilización nacional y protestas en el país son el reflejo de la tensión social por la negativa del Gobierno Nacional de escuchar los reclamos de los trabajadores y sectores populares.

Miles de docentes tomaron las calles de Bogotá y de otras capitales del país, el pasado 16 de mayo, para exigir al Gobierno Nacional presupuesto para la educación y cumplimiento a lo acordado en anteriores negociaciones. Asimismo, trabajadores estatales también entraron en paro, luego de no encontrar soluciones a los conflictos laborales y presupuestales de varias entidades.

Páginas/ 8 y 9

Déficit en la implementación El Gobierno desconoce compromisos.

Además del tránsito lento del paquete legislativo, también se le incumple a las comunidades.

Foto ONU Colombia.

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Visión

Mayo 17 de 2017

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Filbo

Homenaje póstumo al poeta Armando Orozco

Acto de homenaje en Filbo. Foto M.C.R.S

JOSШ RAMюN LLANOS

L

Cartas

a Fundación Cultural Canto Verde diseñó y presentó un espectáculo de canto y títeres en homenaje a la poeta Isabel Mayorca y póstumo al vate, pintor y periodista Armando Orozco, en la Feria del Libro 2017. “Carlos Alberto Lopéz Ochoa y Sophía Peña, se lee en

el Programa, quienes presentan el proyecto musical “Re,SiTando Homenaje a los Poetas Armando Orozco Tovar y María Isabel García-Mayorca. Re,SiTando es un Concierto didáctico que partiendo de la poesía viaja por las músicas colombianas promoviendo nuestra identidad literaria y musical”.

Los asistentes fueron sorprendidos por los diálogos de los títeres en las figuras de Armando e Isabel con los miembros del conjunto musical. Poemas escritos por los poetas objeto del homenaje, fueron musicalizados, en arreglos de aires colombianos de torbellinos, de cumbias y guabinas; mediante acetatos

Sin Dios ni ley Soy colombiana y vivo en Venezuela. Doy mi testimonio del comportamiento de la “oposición”. Todos los días hay barricadas, sin Dios ni ley, se sientan en la mitad de las avenidas principales, colapsando las ciudades, luego arman morteros para lanzar a la policía, la policía después lanza gases lacrimógenos y ellos empiezan el vandalismo. Tumban y arrancan semáforos, rompen vidrios, saquean tiendas, pintan tanquetas con el guarda adentro, les botan botellones con gasolina a las tanquetas y les prenden fuego, echan tinta e incendian, queman llantas, colocan barricadas y no les pueden hacer nada porque se quejan de que no se les respeta el derecho a la protesta, impiden el paso de las busetas, de los alimentos, de los peatones, siembran terrorismo y el comercio cierra, no permiten que nadie filme o graben porque se van todos y le roban el celular o lo queman o le lanzan morteros pero cuando la policía actúa en su defensa inmediatamente filman, nadie puede pasar porque le botan gasolina o morteros o le dan palizas.

Profesora colombiana residente en Venezuela (vía Internet).

en el proceso de paz, es necesario no perder las esperanzas de que el pueblo colombiano sabrá derrotar las pretensiones de la ultra derecha maltrecha pero envalentonada por sus relativos y pasajeros avances en América Latina y el mundo. Y esa esperanza estriba en las juventudes; son ellas las que, para forjar su futuro con seguridad y dignidad, tienen que afrontar con seriedad y responsabilidad el reto de prepararse política, cultural, científica y profesionalmente para dirigir los procesos que transformarán nuestra sociedad en un sistema verdaderamente humanista, incluyente y justo. Todo esto significa sacrificios, entrega, mutua confianza y sobre todo autonomía, para no seguir siendo objetivo del veneno informativo, farandulero, esnobista y mercantil que la introduce al existencialismo vano y oscuro y la conduce a su autodestrucción como ente social con responsabilidad. Y esa bandera deberá portarla especialmente nuestra Juventud Comunista, matriz y cuna de grandes luchadores populares. Ante esta perspectiva, nuestra JUCO debe ser protagonista de primera línea en el próximo XXII Congreso Nacional de nuestro Partido Comunista. Luis E. Chaparro (vía Internet).

La JUCO protagonista A pesar de los tropiezos que se presentan

“Cierto pudor” El domingo 7 de mayo de 2017, El Especta-

polícromos de gran colorido, las distintas canciones fueron ilustradas en dinámicas proyecciones, las cuales convirtieron su ejecución en un bello espectáculo audiovisual. El grupo musical Canto Verde, especialmente el arreglista de los poemas, como no es usual en eventos de esta naturaleza, logró convertir el acto en una especie de ritual estético de gran trance emocional.

Uno de los poemas de Isabel García-Mayorca interpretados por Canto Verde, María Mulata, recrea la sorprendente relación matinal tejida diariamente por un niño autista y las aves de ese nombre en el balcón de un casa colonial, sita en las playas del Caribe colombiano. El poema ocuparía lugar de honor en cualquier antología continental.

Los poemas de Armando Orozco que fueron musicalizados son: La ronda del humedal, La ronda del satélite y Ronda sin horas. Los de Isabel García-Mayorca:Coraje y ternura, María mulata En el parque de Titerepón. La parte musical del homenaje culminó con un arreglo musical de Sophía Peña de la canción de La golosa.

Uno de los asistentes, emocionado culminó la larga salva de aplausos, gritando: “Si Armando estuviera aquí estaría emocionado por el disfrute de esta especie de titeresada emorítmica estética”. Finalmente, Isabel Mayorca subió al escenario y agradeció a los integrantes de la Fundación Cultural Canto Verde, el homenaje.

dor publicó un artículo titulado: “La pesadilla de Venezuela”, cuyo autor Julio César Londoño, desborda cinismo e injusticia contra las víctimas de la guerra en Colombia. Afirma que los asesinos bajo las dictaduras de Chile y Argentina, o contra la UP y los falsos positivos en Colombia, tenían “cierto pudor”. ¡Le parece que las imágenes que ve en los noticieros sobre Venezuela no tienen “ese cierto pudor” como si la violencia lo tuviera! Me pregunto: ¿qué clase de “pudor” tenían los que siguieron a Aída Abella por las calles de Bogotá, armados con una bazuca que hasta ahora nadie ha explicado en qué lugar la adquirieron? o ¿cómo se clasificará el “pudor” de los asesinos del propio Guillermo Cano? O tal vez, el “cierto pudor” de los asesinos de Jaime Garzón o el de quienes asesinaron en El Dorado a Bernardo Jaramillo o a José Antequera. Tal vez piense que las desapariciones sí tienen “cierto pudor” porque el brutal acto de agresión contra ellos no se ve en la TV. El cinismo de quienes atacan al presidente Maduro y al pueblo venezolano es tan absurdo, que pretenden poner como ejemplo la propia violencia sufrida en Colombia sin conocer siquiera las verdaderas cifras, ni mucho menos saber de solidaridad. Mercedes de Álvarez (vía Internet).

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Pancho - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural.

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Tema de la semana

Mayo 17 de 2017

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El Acuerdo Final de La Habana

El déficit en la implementación Las FARC cumplen los compromisos, el Gobierno es débil frente a los enemigos de la paz HERNANDO LюPEZ

E

n evidente señal de cumplimiento de los compromisos y los acuerdos con el Gobierno nacional, las FARC-EP aceleran el proceso de entrega de las armas, pues las Naciones Unidas ya tienen certificadas 7.000 que serán dejadas y entregadas, pero pueden ser más. También tienen información de 950 caletas de armas y explosivos, cuya entrega será más demorada por razones logísticas. La entrega de caletas tiene inconvenientes técnicos porque los contenedores no están ubicados todavía en cada zona veredal y varias de estas no han sido entregadas. Además, los procesos de amnistías e indultos están demorados y, por consiguiente, los miembros de frentes que conocen de la ubicación de las caletas no podrán abandonar las zonas veredales o campamentos transitorios so pena de ser detenidos.

“En las FARC estamos cumpliendo y estamos dispuestos a seguir haciéndolo; donde está la demora y el incumplimiento es del lado del Gobierno”, dicen voceros de la insurgencia, que no ocultan la preocupación.

Entre el 25 y 26 de marzo del presente año, se realizó, en Cartagena de Indias, la reunión ampliada de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final (Csivi), integrada por los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con presencia de los delegados de la ONU, los países garantes y otros invitados de instituciones del Estado. Fue un cónclave, como lo denominaron las partes, en que se hizo el balance de lo adelantado en el proceso de implementación y quedó planteada la necesidad de acelerarla. A pesar que lo más difundido en los comunicados públicos fue el compromiso para agilizar la implementación, este semanario conoció que fue agrio el debate sobre el retraso y los incumplimientos gubernamentales. Este punto también fue planteado por los voceros de las FARC-EP a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la semana pasada en Bogotá, con el malestar en las filas oficiales.

El round más reciente Hasta el momento, casi seis meses después de aprobado el fast track (vía rápida), apenas se han aprobado tres proyectos de ley y tres actos legislativos; y dos decretos expedidos por el presidente han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional.

La amnistía y el indulto, en particular, de los presos políticos y prisioneros de guerra, apenas están despegando,

El Gobierno Nacional debe asumir con decisión la presentación de los proyectos bilaterales de implementación del Acuerdo de La Habana. Foto ONU Colombia

y los combatientes ubicados en las zonas veredales no cuentan con ningún beneficio jurídico y están expuestos a ser detenidos en cualquier momento.

Ya hay rifirrafes con el Gobierno porque han sido detenidos algunos combatientes y uno de ellos con solicitud de extradición. “No hay celeridad en el Gobierno nacional”. Es la conclusión a la que llegan las FARC-EP. El round más reciente fue por la implementación normativa de la Reforma Rural Integral en los términos del Acuerdo Final de La Habana.

El Gobierno quiso entregar un proyecto de “Ordenamiento Social de la Propiedad”, que no había sido discutido en el Csivi, haciendo caso omiso de la propuesta de las FARC, contenida en el proyecto “Decreto para la Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Los dos documentos son contradictorios. “Más de 40 contradicciones fundamentales teníamos”, dijeron las FARC. Un grupo de parlamentarios, encabezados por Iván Cepeda y Ángela María Robledo, así como los miembros del Csivi-FARC, criticaron que el proyecto se quiere imponer por la vía unilateral.

Actitud desleal y autoritaria Iván Márquez, Jesús Santricht y Victoria Sandino, delegados de FARC en el Csivi, recordaron que el Acuerdo de La Habana consigna lo siguiente: “La implementación deberá efectuarse de buena fe y atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes”. Una de esas obligaciones es el acuerdo bilateral. Sin el consenso no hay vía libre para determinaciones y, en el caso del proyecto agrario, se consideró la necesidad de consultar a los indígenas en los casos de sus territorios afectados por los acuerdos.

“El procedimiento gubernamental fue desleal y autoritario”, dijo un

Visite nuestra página web: www.semanariovoz.com

vocero fariano. Además, el presidente Santos, desconociendo la necesidad de la consulta con los indígenas, opinó la semana pasada, que “la consulta previa es un dolor de cabeza”. El vocero de la guerrilla, al contrario, consideró, que “también deberían ser consultadas las comunidades campesinas”.

La presión obligó a los funcionarios del gobierno a reunir el Csivi el jueves 11 de mayo, cuando los miembros del Secretariado estaban en La Habana. Hubo la reunión y el sábado 13 de mayo, a las 4 de la mañana, lograron el acuerdo para radicar el proyecto de Desarrollo Rural Integrado el mismo sábado en el Congreso, con la salvedad que aun hay diferencias que se deben subsanar. Algunas tienen que ver con las zonas de reserva forestal y las Zonas de Reserva Campesina. Con la necesidad de las consultas con indígenas y campesinos que el gobierno no quiere, porque a criterio de las FARC esas consultas son un obstáculo para los megaproyectos oficiales que van en contravía de la economía rural integral y campesina. Estos favorecen a las transnacionales y a los grandes inversionistas.

Otro problema es la amnistía, que ahora queda en una especie de limbo jurídico, porque la Corte Constitucional suspendió la decisión sobre su legalidad jurídica hasta tanto no resuelva la ley sobre Justicia Especial de Paz. Hasta ahora solo se han beneficiado unos 500 guerrilleros. Pero la realidad es que hasta este momento no existe la seguridad jurídica, la seguridad personal (guerrilleros y sus familiares son víctimas de los atentados criminales) y la seguridad socioeconómica. No hay condiciones reales para el tránsito a la vida pública, democrática y legal.

La pregunta es: ¿Qué va a pasar el Día D más 180 si no se subsanan estas dificultades?

Pero hay más preguntas que se hacen en las filas guerrilleras: ¿Por qué la pasividad del Gobierno en la implementación? ¿Por qué pretende imponer los acuerdos por vía unilateral? ¿Por qué el paso de tortuga en la concreción de los acuerdos sociales y políticos? El

fast track va a llegar a su término y la prórroga de seis meses encontrará la dificultad de la campaña electoral.

Triunfalismo del gobierno El Gobierno nacional sigue creyendo que la guerrilla dialogó en condiciones de derrotada, así haya tenido que reconocer que no logró doblegarla en el campo de batalla. En ese sentido cree que tiene condiciones de ventaja y subestima los acuerdos sociales y políticos, causas objetivas del conflicto.

Es revelador que el plan militar, diseñado para el llamado postconflicto lo denominen Plan Victoria, es pedante y genera falsas conclusiones. Este contexto conduce a que el gobierno manifieste cierta intención de lograr la paz gratis, envolatando los cambios sociales y políticos, pero logrando la dejación de las armas y el paso de la guerrilla a una organización política legal y democrática. A cambio de nada o de muy poco. La célebbre paz gratis que fracasó una y otra vez en el pasado.

Sin embargo, el Gobierno –y el Estado colombiano también- está obligado a cumplir el Acuerdo de La Habana, así se refleje pereza en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso de este último hay rebeldía a cumplir lo pactado en las altas cortes; también en algunos jueces y en la Fiscalía, que no comparten la Justicia Especial de Paz y el nuevo orden judicial que se abre con la aplicación de la verdad, la justicia y la reperación en beneficio de todas las víctimas y de la verdad que es clave en la justicia restaurativa.

Santos le teme a la democracia, como la oligarquía siente pánico por los cambios democráticos. Pero deben cumplir. La ONU y la comunidad internacional son garantes del alcance y la naturaleza de los acuerdos. El gobierno debe entender que las concesiones al uribismo debilitan los acuerdos y al proceso de implementación. Los amigos de la paz no deben guardar silencio, deben actuar y movilizarse, ha dicho el reciente Congreso Nacional de Paz.

Campo

Mayo 17 de 2017

Mujeres indígenas de la minga interétnica. Foto Bibiana Ramírez – APR.

A Chocó no le llegó la paz BIBIANA RAMйREZ – AGENCIA PRENSA RURAL

D

os cadenas gruesas atraviesan la entrada principal a Riosucio. Nadie puede entrar o salir y son los indígenas, con sus bastones y su fuerza, quienes bloquean este sitio. Desde el 2 de mayo llegaron a este municipio unos 3.200 indígenas y unos 1.500 afros desplazados de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí, Truandó y Domingodó.

En sus territorios las minas antipersona y los enfrentamientos entre el ELN y los paramilitares quitan la tranquilidad de los habitantes que han vivido la guerra desde el año 97 cuando tuvieron el primer desplazamiento. Desde ahí no ha parado el

hostigamiento. Ahora no pueden moverse libremente por sus veredas ni cultivar, pues ya han sucedido accidentes con las minas y el fuego cruzado los asedia.

Llegaron a Riosucio con la esperanza de que el Gobierno iba a poner los ojos en ellos. Al ver que nadie se preocupaba por ese desplazamiento masivo, decidieron conformar una minga interétnica donde la principal intención era bloquear el comercio y transporte del municipio, pues estas cuencas le pertenecen a éste.

Además, decidieron tomarse el concejo, la alcaldía, la fiscalía, las gasolineras, las escuelas, y bloquear las

entradas del municipio y las calles, dejando solo una para que los mototaxistas trabajaran medio día. Entre afros e indígenas, cargados de bastones, exigieron la presencia del gobernador del Chocó para tratar de dar solución, sobre todo que se hiciera un desminado militar y seguridad para el retorno.

El 5 de mayo estuvo allí, se reunió con los líderes de la minga, pero salió de afán sin dar ninguna respuesta a las peticiones de las comunidades. El bloqueo se estaba intensificando, pero al mismo tiempo se estaban presentando dificultades de salubridad y escasez de alimento, además del agotamiento de las familias.

/4 El 9 de mayo, en Belén de Bajirá, había un consejo de seguridad ampliado, donde el alcalde de Riosucio llevó a los líderes de la minga para que expusieran la problemática, pues estaban las entidades pertinentes y también el gobernador. Este último dijo que desconocía el desplazamiento, que había ido a Riosucio por un paro, negando así que las comunidades están confinadas, pues no pueden volver a sus territorios.

Es la vida la que está en juego.

Al final firmaron unos acuerdos con el gobernador, quien se comprometió a atender la problemática. Al siguiente día iniciaba el paro cívico departamental. La minga marchó nuevamente por las calles. Pero ya el 11 fue necesario levantar el paro, pues ya se estaba complicando la situación y el Gobierno no estaba prestando atención.

Algunos han decidido retornar voluntariamente, corriendo grandes riesgos. Otros se han quedado desplazados porque no hay garantías para ese retorno y los pocos que quedaron en el territorio siguen confinados.

Gran parte de la población de Riosucio apoyó la minga cerrando los locales comerciales y suministrando alimentos para los desplazados, pues casi todos dependen de lo que se cultiva en el campo. Los mismos indígenas y afros saben que la situación es competencia del Gobierno nacional, por eso pidieron la presencia del presidente.

El Chocó sigue siendo la región más desigual del país y la más apetecida por las multinacionales, por eso esa guerra no va a ser fácil de librar y menos cuando el Gobierno no reconoce que el paramilitarismo en esta región se sigue imponiendo.

Campesinos de América Latina respaldan los acuerdos AGENCIA PRENSA RURAL

E

n el marco de la realización de la 2ª Asamblea de la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), que se desarrolló la primera semana de mayo en Santandercito, Cundinamarca, Prensa Rural dialogó con Diego Montón, miembro de la Secretaría Operativa de esa organización.

A la reunión continental que se llevó a cabo en la región del Tequendama, a tan solo hora y media de Bogotá, asistieron más de 120 delegados de 22 países.

–APR: ¿Por qué la CLOC escogió a Colombia para hacer su 2ª Asamblea Continental?

–DM: Elegimos Colombia para ratificar nuestro compromiso de acompañamiento a la implementación de los Acuerdos de Paz y a los diálogos entre el ELN y el Gobierno colombiano, con la firme convicción de que necesitamos la paz en Colombia como una condición para la paz en la región.

Estamos realmente preocupados en cuanto a las demoras y el aplazamiento que está teniendo el Gobierno

colombiano en el cumplimiento de sus compromisos.

–APR: ¿Qué valoración hace la CLOC frente al proceso de derechización de los Estados en Latinoamérica?

–DM: Todas las luchas populares que supimos dar unitariamente abrieron el escenario para tener un proceso de gobiernos progresistas que avanzaron en muchas demandas de los pueblos pero luego no pudimos sostener nuestra capacidad de movilización y eso impidió transformaciones estructurales.

Depende de nuestra capacidad reactivar las luchas populares.

Estamos convencidos de que cuando hablamos de revertir, no estamos hablando de volver al proceso anterior sino más bien de profundizarlo y avanzar en las reformas estructurales y en la unidad.

–APR: ¿Qué ha pasado con la campaña de los derechos campesinos?

–DM: La Declaración de los Derechos Campesinos es un proyecto de Vía Campesina que tiene más de 12 años, fundamentado en la propuesta de sintetizar en una carta cuáles son

Diego Montón, miembro de la Secretaría Operativa de la CLOC - Vía Campesina. Foto APR.

los derechos de las campesinas y los campesinos.

Es un proceso novedoso en lo que sería la definición de los derechos humanos, porque plantea la necesidad de reconocer los derechos colectivos y aborda otros nuevos como el derecho a la tierra, a la biodiversidad, el derecho a las semillas, a la soberanía alimentaria, que son conceptos que no estaban inscritos en las categorías jurídicas de los derechos humanos.

El proceso está caminando muy bien. Muchos países de América Latina, África y Asia han estado acompañando, incluso la Unión Europea, y tenemos muchas expectativas, no solamente en que se apruebe, sino más bien en el proceso que nos abre nuevos escenarios.

–APR: ¿Qué viene para la CLOC y para la Vía Campesina?

–DM: Además de plantearnos la necesidad de la integración es necesario retomar la tradición de la solidaridad internacionalista, es necesario internacionalizar las luchas que estas se den cada vez en mayores marcos de unidad.

Para nosotros la discusión sobre el socialismo y qué socialismo queremos es fundamental, no solo en América sino en el mundo entero. Ese debate lo vamos a dar en Vía Campesina internacional, en nuestra conferencia internacional que se realizará en el mes de julio en el País Vasco, porque tenemos la tarea, en el marco de esta crisis que está levantando muchísima resistencia en todo el mundo, de problematizar esa resistencia y convertirla en una ofensiva con un proyecto popular que para nosotros es el socialismo.

Editorial

Mayo 17 de 2017

¡Indignados!

E

n las últimas semanas salieron a flote varios informes que llaman la atención sobre la violación de los derechos humanos en Colombia y la amenazante presencia en el país de los grupos paramilitares, herencia nefasta de las antiguas AUC que adelantaron la guerra sucia contra la izquierda y las organizaciones sindicales y populares con la complicidad y ayuda de agentes del Estado, en particular de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad e inteligencia.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dejó en claro que están siendo asesinados dirigentes sociales y populares por bandas paramilitares, que no son perseguidas y controladas por el Estado. El Gobierno Nacional, por boca del ministro del Interior, Luis Fernando Cristo, ripostó para cuestionar el informe y decir que los muertos no son tantos como los que están allí consignados. De otro lado, La Fundación Paz y Democracia reveló la creciente presencia paramilitar en el país, haciendo un mapa de cómo han ido copando los espacios antes ocupados por las FARC y llegando a nuevas regiones. La sospecha es que lo hacen con las mismas complicidades del pasado, es decir, con la ayuda de la Fuerza Pública, de políticos regionales, latifundistas, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes, que financian sus actividades ilegales. El sacerdote jesuita, Javier Giraldo,

también denunció el acoso paramilitar en regiones de paz y la preocupante extensión paramilitar en territorios nacionales.

El Gobierno Nacional en lugar de salir de respondón contra toda evidencia, debería adoptar las medidas necesarias para combatir el paramilitarismo y cortar de raíz toda colaboración desde el Estado e instituciones del establecimiento. Hay mucha demagogia y poco compromiso. Ni siquiera se atreven a llamarlos por su nombre con el argumento que el paramilitarismo ya no existe, como si no fuera una realidad. Es herencia del pasado y huestes del narcoparamilitarismo que, como está demostrado, no se acabó con la extradición de varias de sus cabezas visibles ni con justicia y paz que solo sirvió para la impunidad y los beneficios de los delincuentes.

Por ahí no es el camino, si en realidad existe el interés de la Casa de Nariño de erradicar el paramilitarismo que tanto daño le ha hecho al país. Es una piedra en el zapato de la paz estable y duradera, la cual se construye a partir del Acuerdo Final de La Habana y de los diálogos de Ecuador con el ELN. En el Acuerdo con las FARC se establecen compromisos gubernamentales para actuar en dirección a desmantelar estos grupos.

Es parte de la indignación que hay en el país. Planteada por las organizaciones de víctimas del Estado y de instancias de derechos humanos que no dejan de cuestionar la incompetencia del gobierno de Colombia en este campo.

Pero al lado de esta situación, está también la indignación por el clima social y económico. La oligarquía celebra con bombos y platillos el quinto aniversario del TLC con Estados Unidos, mientras aumenta la explotación a los

/5 trabajadores y la pobreza creciente en amplias franjas de la población “ignorada y olvidada” por la oligarquía dominante.

Los educadores y los trabajadores del Estado van a paro. La protesta tiene que ver con nuevos incumplimientos del poder central.

Fecode está exigiendo que se cumpla con aspiraciones concretas con la jornada única en las mejores condiciones de infraestructura, garantizando alimentación y el transporte escolar, con respeto a la libertad de cátedra y los derechos de docentes y estudiantes. Rechazan medidas absurdas y antidemocráticas como las del “docente líder” y la discriminación al negar la bonificación por servicios prestados.

En el caso de los estatales es indigno el tratamiento de sus derechos y la negativa a cumplir compromisos pactados en el pasado como ocurre en el Ministerio de Trabajo, la rama judicial y la DIAN. El gobierno insiste en descargar sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis económica y social con el único objetivo de proteger los intereses de los capitalistas. En Bogotá quiere el Consejo Nacional Electoral birlar la petición suscrita por casi un millón de habitantes para revocar al alcalde Enrique Peñalosa.

En el sector agrario desconoce los acuerdos y pretende abrir paso a la ley de Zidres ya aprobada en contravía del desarrollo rural integral acordado en La Habana, cuya implementación quiere adoptar sin tomar en cuenta las opiniones de las FARC, de los campesinos y de los indígenas.

Los sectores sociales están indignados. Las masas salen a la calle en enormes movilizaciones y maduran las condiciones para el paro nacional de los trabajadores y sectores populares.

La historia a contrapelo

Los caminos de la duda

Y sin embargo se mueve

El término “posverdad”

ALFONSO CONDE C.

D

icen que eso planteó Galileo, en voz baja, después de su abjuración. En voz alta esta vez, la población colombiana manifiesta su inconformidad creciente con la profundización de las políticas neoliberales que la afectan y con el recrudecimiento de la agresión, reaccionaria y en demasiados casos sangrienta, contra quienes sólo intentan vivir en paz. El movimiento popular crece en intensidad.

Paros cívicos en Quibdó y probablemente en Buenaventura y Tumaco son indicadores de la gran insatisfacción de esos pobladores tradicionalmente abandonados por el Estado y aún explotados por las castas que han “dirigido” este país, meca de las desigualdades. Su protesta incluye entre sus causas la renovada agresión de grupos paramilitares que con fuerza intentan mantener o ganar control y dominación sobre esas poblaciones tradicionalmente sometidas. El proceso de paz y democratización en marcha parece no alcanzar a los retrógrados que han sumido e intentan seguir sumiendo a la población en el régimen de esclavitud.

A la par con lo anterior se multiplican otros movimientos sociales. El menospreciado por los gobiernos sector magisterial, hoy ejerce su derecho a la protesta por el incumplimiento de pactos ya firmados conducentes a su valoración como ciudadanos que no son de segunda. Otros servidores del Estado como los del sector judicial, los del

SERGIO DE ZUBIRйA SAMPER

sector penitenciario o de ministerios como el de Trabajo, también generan protestas que demandan del gobierno su derecho a vivir con dignidad.

La población de alrededor de cien municipios colombianos demanda la revocatoria del mandato de sus gobernantes por motivos diversos, todos ellos relacionados con el gran distanciamiento entre las expectativas que muchos generaron y las realidades de su comportamiento como voceros de intereses particulares alejados de o contrarios a las necesidades de la gente. En Bogotá, en donde la insatisfacción alcanza por lo menos al 75% de la población que se manifiesta dispuesta a decidir la revocatoria, se incluye como causa el afán privatizador de los bienes públicos ordenado por las políticas neoliberales, acogidas con convicción por el mandatario local, su fiel sirviente.

Su comportamiento al respecto apenas se corresponde con el menosprecio que evidencia sobre los sectores más desfavorecidos de la población.

A lo anterior se suman muchos hervores en gestación que abarcan la mayoría de la población colombiana: salud, educación, derecho al trabajo, sostenibilidad ambiental, el transporte y los servicios públicos, en fin, casi todo el espectro de las necesidades sociales. Hace falta coordinación de la protesta. Vamos hacia un Paro Cívico Nacional.

A

lgunos medios periodísticos han pretendido otorgarle carta de ciudadanía al término de “posverdad”. El Diccionario Oxford lo consideró el neologismo del 2016.

Una arqueología provisional nos muestra sus diversos sentidos. Cierta connotación lo asocia a “mentiras emocionales” que se convierten en válidas siempre y cuando que los altavoces sean lo suficientemente potentes (por ejemplo, “el cambio climático es un mito”, “la homosexualidad es antinatural”). Otro significado lo asocia al emborronamiento actual de la frontera entre la verdad y la mentira, lo que exige una tercera categoría, la “posverdad”. También encontramos versiones que lo identifican con el escepticismo y el relativismo, Periodistas colombianas han llamado la atención sobre la banalidad que ha acompañado el ingreso del término. Las mentiras tienen ahora “un rimbombante nombre: posverdad” (M. E. Bonilla) o antes de preocuparnos por la posverdad, “preocupémonos por la verdad, o por la preverdad” (J. León). Compartimos este tono crítico ante el ingreso artificial, expansivo y anodino del vocablo.

La tradición filosófica de Occidente ha develado las dificultades inherentes a la problemática de la verdad. Desde la alegoría de la caverna de Platón, los “idola” de Bacon y la Aufklarung kantiana sabemos de la inevitable inclinación humana a la apariencia, la falsedad y la ilusión.

Marx develó los complejos mecanismos de la falsa conciencia (Schein).

Para Bacon, los “idola Fori” (lenguaje, mercado) e “idola Theatri” (roles sociales), son obstáculos o prejuicios constitutivos de la naturaleza humana.

Con Kant reconocemos las inmensas dificultades de pensar por cuenta propia (Sapere Aude) en asuntos de la verdad.

Tal vez, la versión más peligrosa de “posverdad” es la que intenta instrumentalizar la derecha. En primer lugar, preparar en Colombia un escenario de relativización de toda verdad que surja de las estrategias de su búsqueda contenidas en el Acuerdo Final, especialmente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de la Justicia Especial para la Paz. En segundo lugar, pretende legitimar que en asuntos de propaganda política “todo vale” si se persiguen resultados.

Tercero, continuar la senda del desprestigio del campo de lo político como un escenario sin límites éticos donde “todo cabe”, Un clima anti-político y a-político siempre será propenso para las aspiraciones de la ultraderecha.

Cuarto, constituye un dispositivo ideológico para desplazar el interés público por la paz hacia otros asuntos que puedan ponerse de moda. Estamos ingresando a un momento histórico donde profundos debates filosóficos, éticos y comunicativos sobre la verdad, serán determinantes en el destino de lo político. La extrema derecha afina ahora sus garras contra la tradición teórica de la filosofía de Occidente.

política

Mayo 17 de 2017

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Conclusiones del encuentro regional y nacional

Las tareas del Congreso de Paz

Jóvenes en el Congreso Nacional de Paz leen la declaración final.

Avanzar en el desarrollo del pacto regional y nacional por la vida

F

inalizado con éxito el Congreso Regional y Nacional de Paz el 29 de abril en la Plaza de Bolívar de Bogotá, muy a pesar de las medidas antidemocráticas de las directivas del Congreso de la República de impedir la entrada de la paz de la mano de la ciudadanía a su recinto tantas veces pateado por los pregoneros de la corrupción, la guerra y la muerte, y realizados congresos en 14 regiones del país, ZVTN, España y otros países de Europa; con la participación de más de 320 organizaciones y líderes sociales y cerca de 6000 participantes, se suscribió el Pacto Nacional por la Vida y la Paz con el mandato de continuar en la defensa de la implementación de los acuerdos de Paz entre el Estado y las FARC-EP, el apoyo participativo a los diálogos con el ELN y el cese de fuegos; el rechazo unánime a la creciente

ola de asesinatos de líderes populares, la exigencia de la terminación del paramilitarismo en todas sus formas y el compromiso exigido por la sociedad civil y política de no recurrir a las armas como modo de hacer política para dirimir los conflictos sociales.

Expresión de la alta significación de los movimientos por la paz, fue la realización amplia de los congresos regionales y sus importantes aportes al diseño de una hoja de ruta que conduzca a lograr los objetivos del Pacto, crear condiciones favorables para la paz y a situar con fuerza la necesidad de una Paz estable, duradera y completa en el debate electoral de 2018.

Una conclusión, en la construcción regional - nacional de la ruta por el cumplimiento de los diversos elementos del Pacto, es el papel importante del espíritu de unidad, amplitud, flexibilidad, pluralidad e inclusión mantenido por los comités de impulso regionales y nacional. Ampliar la mirada, la inclusión y participación de más ciudadanos, organizaciones, gremios de empresarios y liderazgos, es una de las tareas centrales a desarrollar.

El Congreso de Paz, como iniciativa

permanente debe ampliarse a nuevas regiones e incorporar otras organizaciones y procesos locales.

Entre las conclusiones más importntes está la implementación de las veedurías regionales de paz que permitan el seguimiento puntual al cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón, el desmonte del paramilitarismo y el cumplimiento de las garantías de seguridad y no repetición; veedurías que deben tener un carácter vinculante y en las que la Procuraduría, la Defensoría y las personerías municipales pueden ser un soporte importante. Experiencias como las veedurías realizadas por el Frente Amplio en el caso del cese de fuego unilateral de las FARC y las realizadas en el caso del Plan Centro de Bogotá, son guías a tener en cuenta.

Las mesas temáticas sobre el estado de cumplimiento e implementación de los acuerdos de Paz Estado – FARC en sus diferentes componentes, con especial atención al cumplimiento de los acuerdos sobre tierras, reforma rural integral, participación política, estatuto de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y la pronta puesta en práctica de las amnistías deben realizarse dentro del

desarrollo del Pacto con los ejes acordados. De otra parte, debe analizarse y profundizarse todo lo relacionado con el estado de avance de los diálogos de paz de Quito. En este orden de ideas, la realización de una mesa de aspirantes a la Presidencia de la República en el 2018, en donde expongan sus propuestas de implementación de la Paz y su compromiso con su permanencia y desarrollo, tiene una importancia central. Temas como las garantías de no repetición, terminación definitiva del paramilitarismo, deben ser tratados, lo mismo que los relacionados con la construcción la verdad y la memoria, las políticas públicas sobre pedagogía de paz territorial y sus estrategias de comunicación.

En el desarrollo de los acuerdos del Congreso de Paz deben participar otros espacios, políticos, gremiales, sindicales y otros eventos, para llevar la opinión sobre los temas del Pacto y demás puntos. Arropar en cada región las ZVTN más cercanas, elaborando instancias de capacitación, estudio, recreación, salud, entre otras, que junto con las veedurías, se constituyan en acciones que impidan el cerco político, mediático y paramilitar. Consideramos que cada Comité de Impulso regional, dentro, del marco de continuidad y permanencia de los acuerdos del Congreso de Paz, deben considerar la pronta realización de esta iniciativa.

Por último, el Congreso Regional y Nacional de Paz contempló la necesidad de impulsar los procesos regionales y nacionales de movilización ciudadana en defensa de los acuerdos y diálogos de paz, por el cumplimiento de lo pactado y el “no” a las tradicionales prácticas de hacerle conejo a lo acordado; por el cese de los asesinatos de dirigentes populares; sometimiento y fin del paramilitarismo y el cese al fuego entre Gobierno, Ejército y ELN. Es importante que en el día D+180 se desarrolle una gran movilización nacional y regional, en el momento ya propuesta para el 1º de junio, en apoyo a la continuidad de la implementación de los acuerdos de paz y de ratificación del compromiso del pueblo colombiano con la Mesa de Quito.

Saludo del Partido Comunista al diálogo FARC-EP - ELN

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l Partido Comunista Colombiano saluda el encuentro y las conclusiones de la reunión en La Habana de los más altos representantes de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional.

El especial significado de este nuevo encuentro es el acercamiento de los dos principales movimientos guerrilleros del país en el momento en que avanza la concreción de una salida política a la guerra. El comunicado conjunto expedido muestra la voluntad de continuar trabajando por el mayor protagonismo del pueblo en la defensa del derecho a la vida, a la paz, a la justicia social y a las transformaciones que permitan consolidar el nuevo momento histórico.

Los comunistas colombianos continuaremos apoyando estos procesos que son parte de un objetivo integral de paz para desterrar el odio, la violencia desde los poderosos y conquistar el pleno derecho soberano a la convivencia democrática, a la igualdad social y a la justicia ambiental. Llama al pueblo colombiano a unir todos sus esfuerzos en respaldo a la implementación de los acuerdos firmados y a la continuidad sin interrupciones de los diálogos en curso. La movilización popular, la veeduría permanente desde el pueblo y la unidad de acción en defensa de los derechos de la mayoría, contemplan entre sus objetivos el respaldo prioritario a este nuevo momento de lucha por la paz con justicia social.

Secretariados de las FARC-EP y el ELN en La Habana, compartiendo con senadores y representantes colombianos.

Mayo 17 de 2017

política

/7 con la misma rigurosidad por el tribunal electoral.

“Lo que están haciendo es cerrarnos el camino a quienes confrontamos los poderes tradicionales. No es una coincidencia que pase esto. En Bogotá, con Aída Avella fuimos una de las más altas votaciones por candidato al Concejo, y su curul fue arrebatada por una maniobra fraudulenta que nunca el Consejo Nacional Electoral se atrevió a investigar”, subrayó Felipe Santos.

Caso Cambio Radical

El 4 de septiembre de 2014 el presidente Juan Manuel Santos posesionó a los magistrados escogidos por el Congreso de la República para integrar el Consejo Nacional Electoral. Foto Presidencia.

El sesgo ideológico del Consejo Nacional Electoral, CNE

El brazo jurídico de las maquinarias electorales Las cuatro actuaciones del CNE que lo dejan mal parado ante los colombianos HERNЕN CAMACHO

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espués de que la Constitución de 1991 elevara a rango constitucional los comicios electorales, fue necesario transformar el Consejo Nacional Electoral a máxima autoridad en esa materia. Se determinó conformarlo como reflejo del Congreso de la Republica, para que las fuerzas políticas quedaran allí representadas.

Así entonces, la fuerza política ganadora de las elecciones al parlamento se quedaría con la mayoría de las siete magistraturas. El sistema fue creado para que las minorías que no obtuvieran un número significativo de votos, no tuvieran representación. No obstante, esas minorías pueden ponerse de acuerdo para presentar un candidato y, probablemente, verse allí representados.

En la conformación actual del Consejo Nacional Electoral, las fuerzas minoritarias del Congreso tienen representación, su nombre es Armando Novoa, jurista experto en derecho constitucionalista y muy reconocido en sectores democráticos. Novoa se convirtió en la piedra en el zapato para las decisiones del tribunal en temas como Odebrecht y la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.

Además de Novoa, el pleno del Consejo Nacional Electoral se conforma con: Emiliano Rivera Bravo, Partido Liberal, Felipe García Echeverri propuesto por el Centro Democrático, Ángela Hernández Sandoval y Carlos Ernesto Camargo provenientes de los conservadores, Idayris Yolima Carrillo

Pérez elegida por Cambio Radical, Luis Fernando Franco y Alexánder Vega Rocha de la U, Héctor Elí Rojas, exparlamentario del Partido Liberal.

Caso Odebrecht En el actual periodo estos magistrados han tomado decisiones para cerrar la democracia colombiana y favorecer la clase política tradicional. De una parte, las dilaciones a la investigación por financiación ilegal de la multinacional del soborno Odebrecht, a las campañas de presidenciales de la U en el año 2010 y del Centro Democrático en el año 2014, desestimando las confesiones de parte entregadas por los directivos de la empresa brasilera. Para muchos conocedores del alto tribunal, todo quedará en un archivo de investigación.

Así lo venía advirtiendo la voz disidente del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, a quien el propio tribunal le compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que fuera investigado por una supuesta violación del procedimiento y del reglamento constitucional. Para sus colegas, Novoa les resulta incómodo para los intereses del alto gobierno y el Centro Democrático.

Caso Unión Patriótica Otro de los asuntos que ha levantado ampolla es lo relacionado con las sanciones impuestas a los partidos minoritarios como el Verde y la Unión

Patriótica, por la supuesta inscripción ilegal de los candidatos a concejos y edilatos en las pasadas elecciones.

De acuerdo con la corporación, la Unión Patriótica no debió inscribir candidatos inhabilitados para los cargos. Sin embargo, la dirección de esa colectividad realizó todas las acciones necesarias para entregar el aval cumpliendo los requisitos de ley, incluso con la declaración de los candidatos de no estar inhabilitados.

Al respecto se preguntan las directivas de la Unión Patriótica, cuál es el motivo de fondo de la sanción. “El propio Estado sabe quiénes son las personas inhabilitadas para participar en política y para acceder a cargos públicos, cuál es la razón para no inhabilitarlos al momento de la inscripción. Esa responsabilidad se la trasladan a los partidos y eso no puede ser procedente. Ese es un procedimiento de mala fe, propio del arcaico sistema electoral nuestro, porque de algo estamos seguros: no van existir sanciones para los partidos mayoritarios”, indicó Felipe Santos, secretario de la Unión Patriótica.

La sanción acarrearía además de una multa, la imposibilidad de presentar candidatos para los próximos comicios locales. Es decir ni el Partido Verde ni la Unión Patriótica podría presentar candidatos al Concejo de Bogotá ni edilatos en algunas localidades de la capital del país. Una decisión que a todas luces favorece a los partidos tradicionales cuyas denuncias por compra de votos, fraude electoral o trashumancia, nunca son sancionadas

Y es que la regla no es la misma a la hora de las sanciones. El caso más significativo es el de Cambio Radical que en el departamento de La Guajira ha avalado a “Kiko” Gómez y Oneida Pinto, el primero acusado de homicidio y orquestar grupos paramilitares, y la segunda por estar inmersa en inhabilidad para ejercer el cargo de gobernadora. Del Consejo Nacional Electoral no se conoce actuación alguna frente a estos dos personajes.

Y menos de otros personajes como uno de los elegidos gobernadores por Cambio Radical llamado a juicio el pasado año por la Corte Suprema de Justicia, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar. El político sucreño que era la primera autoridad del Amazonas, lo acusan de cohecho impropio en concurso homogéneo, falsedad ideológica en documento público agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión. Y el Consejo Nacional Electoral, guardó silencio.

Caso Peñalosa La otra decisión del tribunal tiene que ver con Bogotá. El pasado dos de mayo el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, presentó a la Registraduría Distrital, 650 mil firmas para convocar a una consulta popular que pretende revocar al mandatario de los capitalinos. Enrique Peñalosa presentó un alegato por supuesta ilegalidad ante el Consejo Nacional Electoral y este acogió la petición y pretende dejar sin piso jurídico los comités de revocatoria inscritos por considerarlos ilegítimos para adelantar la revocatoria.

Seis magistrados del Consejo Nacional Electoral defenderán la ponencia del magistrado Héctor Elí Rojas, con el propósito de echar atrás el proceso de revocatoria, sin tener en cuenta la voluntad de los 650 mil ciudadanos. Con el agravante que la hija del magistrado Rojas, Ana María Rojas Villamil, está a cargo de una de las subdirecciones del despacho del alcalde mayor Enrique Peñalosa, y aun así no se declaró impedida para conocer sobre la legalidad de la revocatoria.

“Hace tiempo el Consejo Nacional Electoral perdió la legitimidad. Sus decisiones no son con criterio democrático, desconocen la Constitución y la realidad política. Sus magistrados hacen lo posible para negar derechos y garantías. Sin duda sus decisiones tienen un sesgo ideológico contra los sectores alternativos. Hace rato dejaron de garantizar la democracia”, indicó Santos.

Con la presentación de la reforma política vía fast track, el Consejo Nacional Electoral, podría perder sus atribuciones como brazo político de las maquinarias electorales, transformándose a una corte independiente que pueda efectivamente ser la máxima autoridad de un nuevo sistema electoral.

Laboral

Mayo 17 de 2017

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Cese de actividades de docentes y estatales

De paros, pactos y burlas…

Marcha de maestros. Foto Archivo.

Con el argumento de la ausencia de recursos, el Gobierno nacional incumple acuerdos con trabajadores. Miles de ellos entran en cese de actividades en todo el país para exigir dignidad en las condiciones laborales y recursos para que las instituciones públicas sean más eficientes JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

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as comunidades, los sindicatos y los campesinos colombianos, ya están acostumbrados a que para exigir el cumplimiento de los más básicos derechos, deban hacer una manifestación de protesta, una marcha o un paro, muchas veces con bloqueo de vías. Sin embargo, estas medidas nunca son suficientes. Poco tiempo después de haber llegado a un acuerdo con el patrono –en el ámbito privado u oficial-, comienza un malestar al ver el incumplimiento de lo pactado, y ante los oídos sordos a los reclamos, empiezan a ver la necesidad de nuevas manifestaciones de protesta.

Ya es costumbre decir que se necesita un paro para que los escuchen, otro para poder negociar y otro para que se cumpla lo que se había negociado.

Es este el contexto en el que desde el 28 de febrero pasado, fueron radicados los pliegos estatales por parte de las tres principales centrales obreras CUT, CTC y CGT, y sus federaciones, para la búsqueda de nuevas garantías laborales y sindicales de los trabajadores del Estado, en los próximos años.

Pero el problema de estos funcionarios se ha venido agudizando en la medida que los conflictos laborales en varias instituciones estatales, se han recrudecido por la aplicación del modelo económico, por parte del Gobierno nacional. Además, por los incumplimientos de acuerdos de negociaciones anteriores como las de los años 2012 y 2013, relacionados con la formalización de plantas; punto de importancia si se tiene en cuenta que alrededor de 500 mil de ellos son subcontratados, temporales y solamente tres mil han sido formalizados.

“En el tema económico el Gobierno nacional, justificándose en el déficit fiscal, en la crisis económica, manifiesta que el incremento salarial sería sólo el IPC más 0,15. Lo cual es una ofensa porque no significaría más de 70 pesos diarios de incremento”, explica el negociador por la CUT, Alberto

Vanegas, quien agrega que el argumento del Gobierno para incumplir y seguir negando derechos, es la falta de presupuesto.

La ausencia de soluciones hizo que los dirigentes sindicales convocaran a una toma de Bogotá y de ciudades capitales de departamento, para el pasado 16 de mayo, día en el que inició el paro de los trabajadores oficiales.

William Reyes, dirigente nacional de Fenaltrase, fue enfático en afirmar que están en paro nacional por salarios dignos con incrementos justos, ya que el promedio salarial de estos funcionarios es de un millón de pesos; estabilidad laboral con contratación directa; y, que se reconozca el sistema de mérito para los trabajadores inscritos en carrera administrativa, ante al arrasamiento de la meritocracia por parte de las plantas paralelas en el sector público.

Maestros A su vez, William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, explicó que los maestros del país iniciaron el cese de sus actividades para exigirle al presidente Juan Manuel Santos y a su ministra de Educación, Yaneth Giha, que cumplan los acuerdos del año 2015. Además, que dé respuesta al pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode. El docente bogotano también denunció la manera como se implementa la jornada única, sin las más mínimas condiciones para los estudiantes y para los docentes.

laborales, pues es el más corrupto del país. “La pérdida anual por corrupción es de 7,5 billones de pesos”, anotó el presidente nacional de Anthoc, Yesid Camacho, quien además dijo que la problemática de la salud en cuanto a relaciones laborales, se evidencia al ver que de 280 mil trabajadores, sólo 45 mil hacen parte de las plantas de personal. El resto son contratistas.

Petroleros Directivos de la Unión Sindical Obrera, USO, explicaron que desde el 17 de mayo, con las comunidades iniciarían una serie de movilizaciones en diferentes partes del país para presionar soluciones en materia laboral y de política petrolera. Estos trabajadores denuncian que la dirección de Ecopetrol incumple la convención colectiva al entregarle la salud a una IPS por lo que van varios días de cese de actividades en Tibú, Norte de Santander.

Pero rechazan la pretensión del presidente de la estatal petrolera, Juan Carlos Echeverry, de incluir el fracking que acabará con ecosistemas. Asimismo, se oponen a la chatarrización de la Refinería de Barrancabermeja, lo que acabaría con un activo de la nación. Ante esto, tenían planeado participar con todo el pueblo barramejo de una movilización que le exigiría al Gobierno nacional cumplir con el proyecto de modernización de esa refinería. Por último, se oponen a la venta de activos de la empresa, lo que haría un irrecuperable daño al patrimonio de todos los colombianos.

de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Inpec, y la Procuraduría, participan en las manifestaciones.

“Entramos a paro por la ineficiencia del Gobierno para solucionar los problemas de cada una de las entidades. Desde 2013, el Estado se comprometió a solucionar los problemas de la planta de personal en nueve instituciones y eso no lo ha hecho. Nos han dicho que tienen 350 mil contratistas y en los gobiernos de Santos sólo se han nombrado 23.700, lo que demuestra la paquidermia del Estado, demuestra la corrupción y politiquería”.

Pero estos funcionarios también piden presupuesto para estas instituciones, pues aseguran que no hay insumos y recursos para atender de manera óptima: “En 2014 el Gobierno se comprometió con el nombramiento de tres mil personas en la Fiscalía y eso no lo ha hecho. En Medicina Legal tenemos un rezago de 750 y están anunciando dos unidades más que requieren 250 trabajadores. En tribunales y juzgados también hay un déficit en la planta de personal”, anota el dirigente sindical, quien tampoco cree que no haya recursos para solucionar esta problemática.

Plata sí hay Por su parte, en un comunicado la CUT expresó su apoyo a los paros estatal y de docentes: “Frente a todos los estragos de la regresiva política económica, social y laboral del Gobierno, hay una amplia expresión de descontento que se materializa en el paro cívico en el Chocó, el paro de los taxistas en todo el país, el paro cívico en Buenaventura, la movilización ciudadana en Barrancabermeja y las exigencias de los ciudadanos bogotanos que reclaman la revocatoria del Alcalde Peñalosa.

“A ello se suma el paro nacional del magisterio ante la negativa del Gobierno y el Ministerio de Educación, a sus demandas tanto en materia educativa como de reivindicación económica para los docentes”.

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Salud La justicia sin recursos Los trabajadores de diferentes hospitales del país, desde el 11 de mayo hicieron plantones y asambleas permanentes, pero desde el 16 se instalaron frente al Ministerio de Salud para ambientar un cese de actividades y que se den soluciones a los problemas de este sector, que no son meramente

Diego Escobar, vicepresidente de Asonal Judicial Nacional, explicó el porqué junto con otras 15 organizaciones sindicales de la rama judicial, con presencia en el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General

Movilizacion de los trabajadores estatales. Foto Archivo.

Laboral

Mayo 17 de 2017

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Desde el pasado 10 de mayo, comunidades de este departamento iniciaron un nuevo paro cívico para que el Gobierno nacional les cumpla lo pactado y para recordarle al país que también existen

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

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omunidades, trabajadores, comerciantes, amas de casa, estudiantes, algunas empresas transportadoras y campesinos del departamento del Chocó, cansados del abandono estatal y de las burlas gubernamentales, decidieron volver a cesar todas las actividades de su cotidianidad, para exigir al Gobierno central el cumplimiento de los acuerdos del año pasado, producto de otro paro cívico departamental. Un 80% de la sociedad chocoana está parada.

Los temas principales del pacto incumplido son la terminación de las vías que van de la capital del departamento, Quibdó a Medellín y Quibdó a Pereira. “Se necesitan los recursos para la pavimentación de esas carreteras. Necesitamos unas vías dignas.

Han habido muchos desastres en esas carreteras donde en accidentes han caído muchos chocoanos”, explica a VOZ Hermencia Palacios Palacios, integrante del Comité Cívico y presidenta de la subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Las peticiones de estos pobladores son tan básicas que el agua potable las 24 horas del día con un acueducto por gravedad para su capital, está entre lo esencial del petitorio. Derecho que también es exigido para otros municipios.

Puntos básicos Asimismo, la ausencia de hospitales es otro de los temas tratados y en los que el Gobierno se comprometió a dar soluciones. Para Quibdó se requiere

Manifestación de pobladores de Quibdó en el paro del pasado mes de agosto de 2016. Foto Conferencia Episcopal de Colombia.

Chocó

El paro de los olvidados uno de tercer nivel e instituciones de segundo nivel para las subregiones de Riosucio, Bahía Solano e Istmina. “A muchas personas hay que sacarlas hasta Medellín y muchas mueren en el avión, porque no tenemos hospitales de tercer nivel. Estamos exigiendo que se acabe ese paseo de la muerte para nuestros habitantes”, comenta Hermencia.

En el ámbito de la defensa del territorio, sus habitantes solicitan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi,la publicación de los mapas que prueban que el municipio Belén de Bajirá es de ese departamento y no de Antioquia.

En educación hay un plan de infraestructura educativa. Hermencia explica que en muchas partes los niños reciben clases al aire libre. “También necesitamos la construcción, reparación y ampliación de instituciones educativas, para que haya ambientes dignos y agradables. Hay muchas instituciones con baterías sanitarias inadecuadas.

Asimismo, que haya un proceso de enseñanza y aprendizaje para formar hombres críticos y analíticos, que también sean capaces de defender su territorio. En otras palabras, necesitamos una educación liberadora de acuerdo con nuestra cosmovisión”.

El tema va más allá. En el ámbito de la educación los chocoanos también requieren ampliación de plantas de personal tanto en lo administrativo como del cuerpo docente.

De la misma manera, piden el cumplimiento de los acuerdos de La Habana con las FARC-EP, argumentando que han sufrido la guerra en carne propia y que en el Chocó ganó el Síen el plebiscito.

La dirigente dice que el Gobierno ha cumplido en un 5% los acuerdos, pues por ejemplo, el Hospital

San Francisco de Asís que estaba en manos de la Superintendencia de Salud, ahora pasó a manos del departamento. Con la medida se espera una mejora en sus servicios y los trabajadores tendrían algún nivel de estabilidad.

Por el momento, los habitantes representados en sus dirigentes cívicos esperan que el Gobierno nacional envíe una comisión de alto nivel que lleve verdaderas soluciones, pues aunque hace dos semanas fueron visitados por el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, no hubo nada novedoso.

“Si vienen, tienen que mostrarnos casos concretos, qué es lo que traen de acuerdo con el pliego de peticiones. No es que nos vengan a hacer cuentas de lo que han girado desde hace cinco o 10 años, sino a partir de los acuerdos de agosto del año pasado”, concluye la líder popular.

El común denominador en las negociaciones entre los representantes del Gobierno nacional y los representantes de los trabajadores, es el argumento de que no hay dinero para lresolver las peticiones. Sobre el particular, VOZ consultó con el economista, profesor universitario y analista, Nelson Fajardo.

“Esto está inundado de plata. Todos sabemos de donde vienen esos recursos. Es completamente equivocado pensar que el país no tiene liquidez.

Gracias a varios elementos de la economía, el Estado colombiano tiene gran capacidad de liquidez, pero eso hay que distribuirlo y redistribuirlo, y hay una mala redistribución del ingreso en Colombia. El Estado dice que no tiene dinero porque el proceso de paz sólo con las FARC costará cerca de 160 billones de pesos”.

El Gobierno argumenta que los recursos del Estado han sido afectados por la caída de los precios del crudo en el ámbito internacional, que aunque es cierto, para el profesor Fajardo hay otras explicaciones: “La evasión de

impuestos por parte de muchas grandes empresas es un hecho permanente que también afecta, pero esos recursos vienen siendo compensados con el lavado de dólares; aquí está entrando mucha plata y falta mucha por entrar.

El país cuenta con un Estado que tiene una buena capacidad de financiación”.

El problema que enfrenta por estos días la sociedad colombiana, el cese de actividades de miles de trabajadores por falta de recursos para infraestructura y salarios dignos, puede solucionarse con otras maneras de gravar.

“Hay que sacar el dinero de los grandes capitales, es que toda la tributación se desarrolla en favor del capital, golpeando a los sectores populares con impuestos como el IVA, pero ¿dónde está el impuesto a las rentas y a las ganancias? Es un momento propicio para que la población se movilice exigiéndole cambios al Estado, ojalá los sindicatos salgan del adormecimiento y se movilicen para obtener los recursos que le den la paz al país”, concluyó Nelson Fajardo.

A la espera

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Bogotá

Mayo 17 de 2017

Mi firma se respeta

La ciudad se moviliza en defensa de la revocatoria. Foto Carolina Tejada.

CAROLINA TEJADA

E

l pasado 9 de mayo de 2017, a pesar del ambiente lluvioso, miles de personas se concentraron en el Planetario Distrital, para salir a la gran jornada por la defensa de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.

Portando antorchas, velas y carteles alusivos a la defensa de una ciudad más incluyente y con inversión social, las personas marchantes desfilaron por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar.

Esta jornada tenía como objetivo, rechazar la inclinación del Consejo Nacional Electoral CNE, de invalidar el proceso de revocatoria. Los líderes de los comités de revocatoria, le exigen al CNE, que “no cambie las reglas de juego sobre el final del partido” en el tema de la revocatoria.

Para los voceros del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, es inconcebible que después de que los comités depositaran la semana anterior a

la movilización, más de 700 mil firmas, que expresan el deseo de la ciudadanía para que el alcalde salga del Palacio Liévano, pues cada día que pasa las iniciativas para dirigir la ciudad, son cada vez más cuestionables. Así se identifican las medidas relacionadas con el acueducto, la de la reserva Van der Hammen, los Cerros Orientales, los cambios en el sistema de salud que cada día desmejoran las condiciones en las que se les brinda atención a los usuarios. Así mismo la venta de la ETB y la empresa de electricidad, cuyo propósito ha sido entregarlas a empresas privadas, despojando a la ciudad de su patrimonio público.

El descontento de las y los bogotanos, se quería plasmar en el avance de un proceso revocatorio, el cual es un mecanismo legal de participación ciudadana, cuyo fundamento es decidir democráticamente si un mandatario sigue o no en su cargo público. Este mismo proceso que se lleva a cabo en la

capital, también se viene haciendo en otros lugares del país, los cuales igualmente quedarían a la deriba con la decisión del CNE, de adelantar un proceso nuevo de reglamentación. Los manifestantes, así como los miembros de los comités de revocatoria, exigieron a este organismo, que se respeten las reglas de juego y que el proceso de revocatoria, avance conforme a la ley que existía y conforme al cual los comités inscribieron el proceso y adelantaron la recolección de las 700 mil firmas.

Los intereses del CNE Este consejo está conformado por magistrados que, a la vez militan en partidos políticos que han venido apoyando al actual alcalde, es decir, un comité conformado por quienes representan intereses ligados a las pretensiones de la actual administración. Así lo han señalado los manifestantes, al tiempo que ponen en evidencia el actuar del

/10 La ciudadanía inconforme con la administración de Peñalosa, se movilizó masivamente exigiendo el respeto por la revocatoria CNE, y lo señalan de tomar decisiones anti constitucionales en medio de un proceso con quienes además han sido cuestionados por su falta de transparencia, este es el caso del magistrado del CNE Héctor Helí Rojas, quien ha sido recusado por tener a su hija trabajando en la alcaldía de Bogotá.

Por su parte el abogado Oscar Dueñas, en una misiva pública en donde plantea unas motivaciones frente a la lectura que viene haciendo el CNE, y la cual fue leída el día 15 de mayo en otra jornada de apoyo a la revocatoria, asegura que, no se puede delimitar el derecho fundamental de la participación ciudadana en detrimento de mandatos de prohibición, pues “cuando un derecho ha sido reglamentado de manera general, y el tema de la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores ya lo fue, las autoridades no podrán señalar requisitos generales para su ejercicio´. Igualmente afirma que, la Convención Americana sobre los derechos humanos, ´en el artículo 29, señala que ninguna norma de tal Convención podrá ser interpretada limitando el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella.

El artículo 23 de la misma consagró los derechos políticos´.

En estas importantes jornadas, se convocó a otra actividad similar a la de las antorchas, para el próximo 16 de mayo, un día antes de la convocatoria que el CNE, está haciendo con el fin de abrir una audiencia pública para tratar el tema de las revocatorias.

Los comités de Unidos Revocamos a Peñalosa, convocaron otra jornada similar, la cual se espera, sea más contundente que la anterior y que el CNE, respete los derechos constitucionales de la ciudadanía.

Circo tradicional por el derecho al trabajo otro grupo de cirqueros, organizaron la movilización ante la falta de solución de sus demandas. El convocante señala que “la ley 1493 dice que nos deben facilitar espacios para trabajar y no cobrar impuestos. Acá es muy restringido todo y nos cobran mucho”, afirmó.

Marcha de cirqueros tradicionales, para exigir derecho al trabajo. Foto. Carolina Tejada.

B

ogotá ha sido protagonista de un sin número de jornadas de movilización en rechazo a las medidas del alcalde de la ciudad. Esta vez, a las diversas jornadas de movilización se sumaron los trabajadores y trabajadoras de los circos tradicionales.

Este sector social, alega que desde el actual alcalde llegó a la administración

de la ciudad, su trabajo ha sido continuamente menospreciado, llevando al sector a una crisis en sus condiciones laborales que pasan además por las pocas garantías y espacios para trabajar, situación que no es la misma de los circos de gran potencia nacional o internacional.

Uno de los líderes de este proceso es el señor Luis Cardona, quien junto a

Esta movilización se desarrolló el pasado martes 9 de mayo, por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, y contó con una amplia participación del gremio, que de forma colorida y festiva presentó sus demandas ante la ciudad.

Derechos humanos

Mayo 17 de 2017

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Policía asesina a comunero Gobierno nacional incumple acuerdos con los indígenas del Cauca, y policía arremete con ráfagas de disparos contra los reclamantes de tierra CAROLINA TEJADA

T

an solo 48 horas después de llegar a algunos compromisos con el Gobierno nacional, de 4.500 comuneros indígenas, confiaron en el compromiso de que el vicepresidente Oscar Naranjo, ayudaría a buscar una solución definitiva sobre la problemática de tenencia de la tierra en Corinto y norte del Cauca. De esa misma manera, este pueblo Nasa con él, “en voz confió” refiriéndose a que la fuerza pública no realizaría actuaciones de violencia que perturbase la integridad física de los seres humanos, volvió a vivir momentos de tragedia.

En Cortito, Cauca, los indígenas lamentaron que siendo las 11:15 de la mañana del día nueve de mayo del 2017, tres vehículos de la Policía Nacional que se desplazaban sobre la vía principal entre el municipio de Corinto y Miranda, a la altura de La Virgen a escasos metros de la entrada al caso urbano de Corinto, se trasladaban en caravana, un camión delantero, un bus y otro vehículo, y como ellos mismos muestran en algunas imágenes, desde uno de los carros oficiales, se evidenció dos ráfagas de disparos a mansalva sobre los mingueros.

En este episodio, dos personas, Daniel Felipe Castro Bastos, de la comunidad indígena de San Pedro, murió por el impacto, y el estudiante universitario de comunicación, Pedro Augusto García Leal, fue gravemente herido y remitido por urgencias al hospital de

tercer nivel Valle del Lili de la ciudad de Cali.

La policía actuó premeditadamente La comunidad señala, que minutos anteriores a estos hechos; el agente Trujillo, de la Policía Nacional, había enviado tres mensajes por whatSapp, expresando que los mingueros, estaban armados y que eran miembros de la guerrilla del ELN. Estas acusaciones serían las que aparentemente justificaron los disparos indiscriminados a los mingueros.

En un comunicado público, los comuneros demandan, “al presidente Juan Manuel Santos Calderón, claridad sobre cuáles son los gestos de paz para las comunidades indígenas, a sabiendas que es la Policía Nacional, la causante de los actuales hechos y si son estas actuaciones de la Policía Nacional, la que va conducirnos a los colombianos a una paz estable y duradera” Igualmente, le señalan al sector industrial, que “las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, son espacios de vida del pueblo Nasa y que, por medio de la violencia, desalojo, represión y asesinatos de los primeros ocupantes, se hicieron a estas, bajo la argumentación de documento de escritura, cuando este hace parte de un resguardo de origen colonial”. Así mismo, aclaran que las comunidades que luchan por la defensa de la tierra, no son de izquierda ni de derecha, “somos pueblos

Momento en el que son auxiliados los heridos.

milenarios, con un modelo de desarrollo propio en construcción”.

Una represión que no cesa En meses pasados, otro indígena y líder de la comunidad Nasa, Jorge Chante, también habría sido asesinado, la comunidad desconoce los móviles.

El asesinato de Jorge Chantre, ocurrió en el suroccidente del país, zona considerada como uno de los escenarios más afectados históricamente por el conflicto armado. Las organizaciones indígenas señalan que de los 117 líderes sociales asesinados en 2016, unos 57 ocurrieron en esa zona de Nariño, en Cauca 43 y en el Valle 5. Lo cual deja

a estos tres departamentos, según las cifras de Somos Defensores, como los que muestran el mayor índice de asesinatos a líderes. Así mismo se confirma la tendencia en el primer trimestre de 2017, pues de los 35 líderes asesinados a la fecha, 14 de estos crímenes ocurrieron en esas zonas.

A causa de esta nueva situación, en donde la fuerza pública se ve directamente involucrada, la comunidad indígena del norte del Cauca se declaró en asamblea permanente, y llamaron al Gobierno nacional, a la Defensoría y a la Procuraduría para que se apersonen del caso, adelanten las investigaciones pertinentes y se juzgue a los culpables.

Valle del Cauca

Empeora la situacion del campesinado

Piden frenar violencia contra comunidades agrarias.

E

n el Valle del Cauca, la asociación de trabajadores y campesinos, Astracava y la Coordinación Campesina del Valle del

Cauca, CCVC, denunciaron el asesinato de Mario Andrés Calle Correa, líder de 40 años de edad y quien era presidente de la subdirectiva en Guacarí,

desde marzo de 2016. Este dirigente agrario fue impactado por tres proyectiles de arma de fuego, en hechos que aún están siendo investigados por las autoridades competentes. Deja huérfano a un niño de 18 meses.

Según la asociación campesina, era un hombre comprometido con el trabajo social, fue defensor del proceso de paz y de los acuerdos de la mesa de diálogo de La Habana y la comunidad lo reconocía por su dinámica alrededor de la defensa de los derechos humanos.

En la zona en donde fue asesinado Andrés, se han venido denunciando otro tipo de violaciones a los derechos humanos, y se señala que a pesar de que en la zona rural media y alta de Guacarí hay presencia de efectivos militares pertenecientes al Batallón Palacé de Buga, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército Nacional, la situación de seguridad viene empeorando desde que la insurgencia de las FARC-EP se concentró en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, según indican las comunidades. Esta situación

se presenta tanto en Guacarí como en el resto de municipios de la cordillera central, en donde las FARC-EP tuvieron presencia, lo que se ha denunciado ante las autoridades competentes.

Las organizaciones campesinas han llamado a las autoridades competentes a investigar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Mario Andrés, al tiempo que llaman a que se respete y cumpla con lo acordado en la mesa de La Habana, en tanto que éste contempla el desmantelamiento de los grupos armados delincuenciales, de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y de sus redes de apoyo, como uno de los fundamentos para lograr la paz estable y duradera para la nación colombiana que se ha empecinado en vencer el flagelo de todas las formas de violencia.

También se ha solicitado la solidaridad con la familia del dirigente y con el conjunto de la población campesina que ha venido siendo objeto de múltiples acciones violentas, sin que hasta el momento se evidencien avances en las investigaciones.

Mayo 17 de 2017

Economía

El conflicto por la vivienda digna BIANCA LIZETH VITELA CARRASCAL*

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olombia posee 110 millones de hectáreas de tierra, el 52 por ciento de las cuales está en manos del 1.5 por ciento de la población; en otras palabras, de 49 millones de colombianos, tan solo 736.000 son dueños de 57,2 millones de hectáreas de tierra. Grave situación de desigualdad e inequidad en la distribución. Además de los 13 millones de hogares que existen, hay 3 millones 300 mil viviendas en déficit, lo que nos indicaría según un análisis del BBVA Research con información del DANE y Camacol, Cámara Colombiana de la Construcción, que tienen casa pero viven en condiciones por debajo de los estándares, o no la tienen.

Desalojo de población vulnerable Queda demostrada una vez más la lucha por obtener una vivienda con el desalojo ocurrido el lunes 24 de abril, del año en curso en el barrio Bilbao, localidad de Suba, conformada por familias recicladoras, desplazados, madres cabezas de hogar, mujeres gestantes, bebés, infantes, adultos y adultos mayores. En improvisadas casas fueron armando sus viviendas en “Esperanzas Villas del Río”, nombre en honor a una mejor vida.

El procedimiento fue ordenado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y ejecutado por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, Esmad, unos 500 uniformados más y funcionarios de la Personería y de la Secretaría de Gobierno. Intervinieron 398 predios y desalojaron a 1.500 personas, quienes quedaron en la calle, violando así sus derechos humanos.

Mano dura para los más vulnerables Voceros de la comunidad dicen haberse negado a desocupar el espacio por no contar con posibilidades de vivienda, aunque no pudieron resistirse al incendio propiciado por el Esmad para obligarlos a salir y poner fin a la situación. Reportan que algunas personas resultaron afectadas, debido a la inhalación de humo, siendo auxiliadas en el Hospital de Suba. En cuanto a los niños, refieren que se les dijo que el Bienestar Familiar se ocuparía de ellos, por lo que algunas madres asustadas decidieron retirarse con sus menores por temor a que se los quitaran en medio de la situación caótica donde el fuego acabó con lo poco que tenían.

Por otro lado, la Policía niega esos testimonios, sosteniendo que el incendio fue provocado por el mismo enfado de los habitantes expulsados, que todo se manejó desde el conducto legal y con absoluto respeto; resaltan que se hizo necesario evitar una posible catástrofe de las familias expuestas, ya que en dicho sector varios habitantes vivían del microtráfico , factor de inseguridad y que además se registraron tres homicidios recientemente , y lo más crítico, las improvisadas viviendas estaban ubicadas a orillas del Río Bogotá, lo cual implicaba alto riesgo

/12 HECHOS

& COMENTARIOS El sistema legal, económico, político y cultural dominante que se sufre en el mundo capitalista promueve los comportamientos egoístas y predatorios. Se admira a quienes con más eficacia y de manera no recíproca vampirizan y acaparan la riqueza generada por ecosistemas o el trabajo de comunidades humanas.

En un planeta finito y ecológicamente degradado, la acumulación de riqueza de unas personas es siempre a costa de la desposesión de otras. Una sociedad sostenible y saludable debería, en cambio, dotarse de mecanismos que penalicen el abuso de lo común e incentiven aquellos comportamientos que mejoren la vida de toda la comunidad y regeneren el medio ambiente del que depende todo ser vivo. Sale carísimo mantener a los ricos En: http:// www.cubadebate.cu (Consultado el 11 de mayo de 2017). &&&&&&&&&

Barrio Bilbao, localidad de Suba, donde el Esmad desalojó a 1500 personas y arrasó 398 improvisadas viviendas.

de inundación, por lo que el propósito también era recuperar una zona de reserva ambiental.

Un modelo económico más incluyente Parece que la respuesta oficial a un problema de propiedad y espacio público, se resuelve dejando al azar los derechos humanos de aquellas personas que suelen ser invisibles para el Estado. Cabe preguntarse si ser catalogado como pobre económicamente en Colombia supone merecer menos respeto a la dignidad humana. La respuesta de la Alcaldía de Enrique Peñalosa a tal calamidad, fue un kit de aseo más $150.000 por familia. Esa fue la “cuota motivadora” para la “nueva vida” que les espera a estas personas en las calles de Bogotá. Paradójicamente muchos no pudieron reclamar este auxilio porque el requisito era demostrar que habitaban en dicho barrio y al no poder hacerlo porque sus viviendas fueron arrasadas y quemadas, tuvieron que

olvidarse de semejante ayuda, que en realidad fue una burla.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, la Alcaldía no consultó con la respectiva comunidad, y en consideración con dicha población, el proceso de desalojo merecía un trato distinto, puesto que tal como se realizó, puso en mayor riesgo la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de estas familias.

Lo esencial aquí es no desconocer los derechos humanos, porque para que una medida de desalojo forzoso resulte legítima, es necesario que esta se aborde desde los principios constitucionales, pues no es posible lograr un buen fin, por medios diferentes a la misma benevolencia, y si bien, la acción de invadir en principio es ilícita, su medida correctiva no puede llegar hasta el punto de atropellar y vulnerar los derechos de las personas que ocuparon un territorio en discordia. * Psicóloga, Columnista invitada.

Agradecimientos Al momento de su partida, quienes estuvieron para despedirla, manifestaron su solidaridad y nos dejaron la satisfacción de ver que su misión, educar y apoyar a los compañeros de lucha se cumplió.

Por la presencia, la compañía y las expresiones de solidaridad con Reina y su familia, queremos manifestar nuestro agradecimiento y decirles a los compañeros y compañeras, que pueden contar con la Familia Posada “no solo hasta dos ni hasta diez, sino contar” con nosotros.

Familia Posada Pedraza.

El presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Elías Jaua Milano, denuncia en ‘Entrevista’ de RT que la oposición venezolana se niega a dialogar y que rechaza una resolución electoral del conflicto político, pues su único interés es sencillamente “derrocar” al presidente Nicolás Maduro.

Afirma que lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela es “sin duda una escalada destinada a llevarnos a una confrontación civil”. “Es una instrucción de los sectores más reaccionarios del Gobierno de EE.UU. y que está siendo ejecutada por la máxima dirigencia de la oposición venezolana” con el objetivo de promover “una guerra fratricida”. “La oposición ejecuta la orden de EE.UU. de promover una guerra fratricida en Venezuela” En: https://actualidad.rt.com (Consultado el 11 de mayo de 2017). &&&&&&&&&& China publicó una actualización sobre los casos de 40 fugitivos acusados de corrupción incluidos en la lista roja de Interpol, quienes regresaron voluntariamente o fueron extraditados a China, incluidos dos que han quedado libres de proceso. 15 de los fugitivos retornados ya habían recibido veredictos que van desde exención de castigo hasta cadena perpetua, de acuerdo con un comunicado de una oficina a cargo de la repatriación de fugitivos y recuperación de valores. La oficina está subordinada al grupo de coordinación central contra la corrupción. China ofrece actualización sobre fugitivos acusados de corrupción que volvieron al país En: http://spanish. peopledaily.com.cn (Consultado el 11 de mayo de 2017).

Mayo 17 de 2017

Mujeres

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Vilma Salcedo, docente del IES San Mateo.

Doble carga laboral para mujeres docentes RENATA CABRALES

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a son varios los sectores del gobierno de Santos, el gobierno de “la paz”, incluyendo al mismo Presidente de la República, que se han manifestado en contra del paro de docentes que comenzó el pasado 11 de mayo del presente año.

El presidente Santos salió lanza en ristre contra Fecode y manifestó que “no es posible dar beneficios económicos a docentes”, y con el mismo cinismo que caracteriza a todos nuestros gobernantes, advirtió: “la situación fiscal del país no permite que el Gobierno se pueda comprometer con más beneficios para los educadores. Sin embargo, aseguró que “el sector de la educación es el que más recursos tiene”, y por eso, seguramente, somos abanderados en los resultados de las pruebas Pisa.

Así mismo, otros sectores advierten que los docentes actúan de manera irresponsable al convocar un paro, pues son los estudiantes los que se perjudican y asimismo, las madres que no tienen con quien dejarlos a cargo, en el caso de los menores de edad, para poder cumplir con sus funciones laborales, lo que contradice, otra vez las pretensiones del señor presidente de decir no al paro docente, teniendo en cuenta que estos, además de cumplir con su labor profesional, también deben realizar la labor de niñeros y niñeras; pues es a las y los docentes a quienes se les ha delegado, no solo la enseñanza, sino la formación de niños y adolescentes, en casi todos los aspectos, tanto que muchas veces se culpa a los profesores por cualquier problema de convivencia que manifieste algún estudiante.

Por otro lado, el presidente Santos, además de recordar que no habrá aumento de salario para docentes, hizo énfasis en los supuestos avances de educación en el país, manifestados, por ejemplo en la creación de la jornada única y el bilingüismo. Al parecer, no

se ha enterado de que la jornada única ha perjudicado a los docentes, sobre todo a muchas mujeres que desempeñan una doble carga laboral, por ser madres solteras y tener que cumplir con diversos roles dentro del hogar.

Es por eso que, en una conversación con VOZ, la docente de ciencias sociales, del colegio San Mateo, Vilma Salcedo, en el municipio de Suacha, nos manifiesta la situación poco favorable que enfrentan algunas mujeres docentes, debido a la doble carga laboral que deben realizar por la implementación arbitraria de la jornada única.

–¿En qué consiste la jornada única escolar?

–“El ministerio de Educación pretende implementar la jornada única, lo que significaría ocho horas de servicios educativos en las instituciones públicas esas ocho horas se repartirían en dos jornadas, mañana y tarde, lo que significaría que los niños estarían en el colegio, almorzarían en el colegio y así mismo recibirían refrigerios en el colegio y una jornada complementaria en la jornada de la tarde.

–¿Cuáles son las condiciones adecuadas que debe tener un colegio para implementar la jornada única?

–Ya hay colegios que iniciaron la jornada única, porque tienen las facilidades a nivel de locación, de infraestructura y de restaurante escolar. Pero no todos los colegios tienen las mismas condiciones físicas para prestar los servicios anteriormente mencionadas, eso además requiere de un aumento de la planta docente, porque la jornada laboral para los docentes es de seis horas efectivas dentro de la institución y las otras dos horas son por fuera de la institución que presuponen la preparación y estudio del docente, para adecuar la jornada académica, es decir, preparación de clases, jornada académica, etc…

Y algunos coordinadores han obligado a los maestros a repartirse en las dos jornadas para atender la jornada única, lo que es una sobrecarga para el docente, porque está asistiendo a doble jornada y estamos obligados a cumplir una sola jornada.

–¿Cómo afecta esto la vida diaria de las docentes mujeres?

–“De esa manera se afecta el trabajo de las mujeres docentes, pues las mujeres asumimos el rol también de cuidar a la familia, a los hijos e hijas y es bastante difícil en muchos casos donde las mujeres tienen que cumplir

la doble asignación de jornada académica, aunque eso representa un esfuerzo físico, también significa la incomodidad de tener que atender todo el día las labores profesionales de la escuela. Aunque no son situaciones generalizadas, se presentan, y en los casos en que se han presentado, ha tenido que intervenir el sindicato porque se están violando los derechos fundamentales de las docentes, pues es una situación anómala, porque no se les puede obligar a tener cargas académicas en doble jornada...De todas maneras en los casos donde se presenta esta situación no es legal, y a las profesoras que les toca doble jornada se les dificulta su desempeño en el ámbito del cuidado de su propia familia”.

Pero no es solamente la situación con la propia familia, la que se ve afectada, sino también en el caso de los estudios, porque, “la mayoría de los docentes debemos continuar con nuestros estudios para profesionalizarnos y mejorar los salarios, entonces, una jornada así, extendida no nos permite asumir el tiempo de estudio y de preparación posgradual que se necesita para ascender, lo cual es otro problema para las mujeres que nos dedicamos, además, a estudiar y hay que tener en cuenta, que las mayoría de la población docente está constituida por mujeres”.

–¿Alguna otra cuestión que reclamar durante el paro?

–“También estamos reclamando un estatuto único para los docentes que tenemos contrato bajo la orientación del nuevo decreto 1269, que tengamos oportunidades de ascenso profesional, asegurar mejores ingresos salariales, oportunidad de mejoramiento académico y profesional. Las mujeres, en esa perspectiva, nos esforzamos mucho por cualificarnos profesionalmente, y tenemos que atender el rol de la familia, el rol de la educación, formación y mejoramiento profesional de la carrera docente y pues desempeñarnos también en las responsabilidades del cargo… Estas son las situaciones en las que se enmarca la vida de las maestras, responsabilidades que asumimos todos los días y estamos obligadas a hacerlo, por eso un nuevo estatuto, un estatuto único que facilite ese ascenso profesional para las mujeres sería lo ideal, y estamos en esa permanente lucha por estabilizarnos dentro de la profesión docente”.

Conferencia Nacional de Mujeres “Norma Patricia Galeano” Mayo 19 al 21. El día 19 de mayo a las 5:30 p.m. instalación pública con la obra Antígona, en Sala Seky Sano La Candelaria Bono de apoyo $50.000.

Lugar de la conferencia: Carrera 16A No. 31A - 49. informes: 3187358161

Teoría y crítica

Mayo 17 de 2017

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Juan Rulfo: Un tal Pedro Páramo, habitante del Llano en llamas HERNЕN ORTIZ RIVAS

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l pasado 16 de mayo se cumplió un siglo del nacimiento de Juan Rulfo (Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Viscaíno), oriundo de Sayula, Estado de Jalisco, muerto en ciudad de México, el 7 de enero de 1986, escritor, fotógrafo y guionista de cine, uno de los más grandes literatos de todos los tiempos; cuya obra breve en cantidad, pero enorme en calidad, ha sido exaltada desde su aparición, por la integridad de los autores que se ocupan de las letras. La muerte siempre rondó por su vida, a los siete años perdió a su padre, cuatro años después falleció su madre, por esta orfandad fue a vivir con una abuela, luego tuvo que ir a un hospicio, situado en Guadalajara. Siendo muy joven intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara. Por estar en huelga, no pudo vincularse a la enseñanza superior, por lo cual, decidió trasladarse a Ciudad de México, donde asistió como alumno en el Colegio de San Idelfonso.

A temprana edad comenzó a escribir sus trabajos literarios en la revista América.

Formación En la biblioteca de un cura de San Gabriel, Rulfo pudo leer varios libros, esenciales para su formación cultural, como recordaba con frecuencia; también su orfandad temprana le sirvió de estímulo para su vocación literaria. En la Universidad Nacional de México asistió a cursos sobre historia, arte, antropología. Se convirtió en un conocedor riguroso de geografía, costumbres e instituciones de México, fue un gran viajero, dedicado igualmente a la fotografía. En las primeras décadas del siglo anterior, conoció a Clara Aparicio, su gran amor, a quien dedicó unas cartas, publicadas en el año 2000, con ella contrajo matrimonio, tuvo cuatro hijos, en medio del trabajo y el alcohol, produjo su extraordinaria obra de cuentos y novelas. Estuvo vinculado a la compañía Goodrich Euzkadi de 1946 a 1952, como agente viajero. De 1954 a 1957 fue colaborador de la Comisión de Papallapan y editor del Instituto Indigenista de Ciudad de México. En 1956, por iniciativa de Emilio Fernández, “el indio”, realizó varios guiones de cine, participó en muchos congresos nacionales y extranjeros, recibió varios premios, en 1956, el Xavier Urrutia,

Juan Rulfo 1917- 1986.

por su novela: Pedro Páramo, el galardón nacional de Literatura de México en 1970, el 9 de julio de 1976, fue elegido miembro de la Academia de la Lengua de México, y premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Es necesario decir que Rulfo, por su vida y por su obra, fue hijo de la Revolución Mexicana, era un llano en llamas, un ánima en pena.

Como decimos al comienzo, Rulfo, fue autor de una grandiosa obra breve, un libro de cuentos, El llano en llamas (1953), una novela, Pedro Páramo (1955), un guion cinematográfico, El gallo de oro (1960), más bien una novela, con posterioridad a su muerte

se publicó, Cartas a Clara, Aire en las colinas. A pesar de la brevedad, en la obra literaria de Rulfo, su valor es gigantesco, reconocido en todo el mundo, como hemos insistido, en este pequeño artículo periodístico; García Márquez dijo que cuando leyó a Pedro Páramo sufrió una conmoción que solo había vivido con la Metamorfosis de Kafka, sin que hubiese podido dormir después de la primera lectura; por lo cual, enseguida emprendió la segunda lectura para poder conciliar el sueño. Por su parte, Borges, no vaciló en decir: “Pedro Páramo es una de las mejores novelas de lengua hispánica, y aún de toda literatura”.

Jaque mate

Mayo 17 de 2017

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lavos alientes

Atraso cultural El alcalde Enrique Peñalosa convirtió un acto cultural como Festival Rock al Parque, que se celebra todos los años en Bogotá, en una demostración política de intransigencia inaceptable, al expulsar de la programación al exponente del rock venezolano, Paul Gillman, por ser simpatizante de Hugo Chávez. El artista escribió en su cuenta de tuiter @ paul_gillman que es un acto de humillación al pueblo venezolano y a los pueblos de América Latina.

Increíble que un acto de tanto atraso e indelicadeza lo cometan las autoridades de la capital colombiana.

Pero así de incompetente es la derecha colombiana.

Mercenarios del periodismo Se ha creado una nueva categoría de “periodistas”, conocidos como los mercenarios, que son ciertas personas vinculadas a los grandes medios de comunicación, que para halagar a sus dueños dicen todo tipo de sandeces contra Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana. Compiten entre ellos para demostrarle al patrón quien es el que más insulta y le atribuye situaciones inexistenes al presidente Maduro. No divulgan las manifestaciones del oficialismo, como tampoco el respaldo que recibe el gobierno en amplios sectores populares. Participan en un concurso de mentiras. Al fin y al cabo para eso les pagan. Están alquilados al patrón. No sienten ninguna vergüenza, sino temor a perder el puesto.

Más menores entregados El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que 10 menores de edad salieron el 12 de mayo pasado de una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) al sur de Colombia. Ya son 86 menores los que han sido entregados por las FARC en distintas zonas veredales, sin que varios medios de comunicación que antes censuraron y criticaron a las FARC porque “no quería entregar a los niños” informen sobre el acontecimiento. Es parte del cumplimiento de la insurgencia de los compromisos humanitarios como lo han reconocido el CICR y la ONU en Bogotá.

Fundados temores Algunos analistas de paz y periodistas que cubren el proceso con las FARC-EP, temen que si el gobierno sigue dilatando la presentación de los proyectos políticos y sociales y demorando la amnistía y el indulto de los combatientes detenidos, se puede desencadenar una crisis que afecte los contactos y el funcioamiento del Csivi, organismo bilateral que coordina la implementación del Acuerdo de La Habana. Hay demasiada inconformidad del lado fariano.

La frase de la semana

El descaro de la MUD Una investigación periodística en Venezuela demostró que la MUD le ha puesto precio a las acciones terroristas que realizan las bandas de desadaptados y de guarimbas, financiadas por la oposición con los dineros que reciben del exterior. Por trancar la calle cada saboteador recibe 100 mil bolívares. Si se trata de una avenida son 200 mil. Una autopista aumenta a 350 mil. Enfrentamiento con la Guardia Bolivariana son 400 mil. Atacar con molotov tiene un pago de 500 mil bolívares, pero el atacante debe permanecer durante toda la jornada en esa faena y al menos lanzar unas 15 bombas. Es parte de la acción terrorista de los opositores que causan todo tipo de disturbios, desmanes y destrozos.

“El Partido Republicano de EE UU es la organización más peligrosa de la historia de la humanidad”.

Noam Chomsky, académico estadounidense.

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org

Mayo 17 de 2017

LA VERDAD DEL PUEBLO

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20 de Agosto

Festival de VOZ La cita es, desde las nueve de la mañana, en el Club de Pensionados del Ferrocarril

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l 32 Festival del Semanario VOZ, la verdad del pueblo, será el 20 de agosto del presente año, en las instalaciones del Club de Pensionados del Ferrocarril, en el sur occidente del Distrito Capital.

Así lo informaron los miembros de la Comisión Organizadora del Festival, que asumió la tarea de los preparativos de tan importante acontecimiento para los comunistas y los simpatizantes del semanario VOZ. En este año, VOZ cumple 60 años de existencia. Fue fundado en 1957 con el nombre de VOZ de la Democracia, tras la caída de la dictadura y antes de la vigencia del régimen nefasto, bipartidista y antidemocrático del Frente Nacional. Desde entonces, el semanario ha salido de manera ininterrumpida a pesar de la persecución, la censura y la guerra sucia contra redactores y lectores. En 1964 fue clausurado por el gobierno del Frente Nacional de Guillermo León Valencia, por denunciar la criminal agresión militar a Marquetalia, pero reapareció de inmediato con el nombre de VOZ Proletaria. En 1983 pasó a llamarse VOZ, fue la manera

de interpretar los cambios en la realidad colombiana y en la táctica de los comunistas, dirigida a la apertura democrática y a la solución política del conflicto colombiano.

El 32 Festival de VOZ se realizará en el marco del avance de la implementación del Acuerdo Final de La Habana y de los diálogos de paz en el Ecuador. Un cambio significativo en la realidad nacional favorable a la paz estable y duradera.

Alegría y entusiasmo Será un Festival de la alegría y del entusiasmo por los cambios que se dan en la vida nacional. Las FARC-EP ya habrán dado el paso definitivo a un partido político sin armas, en lucha por la unidad democrática y popular y por los cambios de fondo en la vida nacional.

El Partido Comunista Colombiano, igualmente, habrá realizado el XXII Congreso, con una línea política fresca y de cara a la lucha popular. En este sentido, la parte política tendrá como motivaciones la unidad de la izquierda, de los sectores democráticos y amigos de la paz, en la perspectiva de las

Pío Quinto Cruz

Una batalla por VOZ HERNЕN DURANGO

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l diálogo se realizó con Pío Quinto Cruz, dirigente del Partido Comunista Colombiano, PCC y de la Unión Patriótica, de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el Distrito Capital, quien en pocas semanas arribará a sus 88 años de edad conservando completa lucidez y buen estado de salud. Con mucho vigor defiende las ideas revolucionarias e invita a las nuevas generaciones de militantes y luchadores sociales y políticos para que adquieran y refuercen la conciencia revolucionaria y no decaigan en la lucha por la liberación de nuestro pueblo.

Pío Quinto Cruz ha sido un constructor de sindicatos desde sus inicios en la lucha revolucionaria en el Tolima y en Bogotá. Distribuidor del Semanario VOZ y trabajador

Pío Quinto Cruz, una vida dedicada a la lucha del Partido Comunista Colombiano.

incansable por el crecimiento organizativo y financiero del partido, por ello, le hacemos un gran reconocimiento y destacamos su vida ejemplar para toda la militancia a las puertas del XXII Congreso Nacional del PCC previsto para el mes de julio 2017.

Aída también firmó

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or una lamentable omisión no apareció la firma de la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, en la declaración suscrita

por numerosas personas en reconocimiento a los sesenta años del semanario VOZ. Damos excusas a la compañera Aída e incluimos su firma muy destacada e importante para el semanario en el texto de la declaración.

Igualmente, se siguen recogiendo firmas en el país y en el exterior. En próximas ediciones iremos informando de quiénes la suscriben. Nos han anunciado que de varios países de América Latina, de Francia y del Reino Unido, están suscribiendo dirigentes políticos y sindicales.

A todas y todos muchas gracias por el apoyo.

Los festivales de VOZ son parte de la tradición cultural y política de la izquierda en Colombia.

Foto archivo.

elecciones parlamentarias y presidenciales en 2018.

Pero también será el escenario de reencuentro de militantes comunistas, activistas de izquierda, miembros de organizaciones sindicales, populares y sociales, de integración en función de las perspectivas de cambios políticos y sociales.

En próximas ediciones informaremos sobre las actividades culturales, la oferta gastronómica y etílica, la programación detallada del festival y puntos de compra de la boleta de ingreso, así como de los conjuntos musicales invitados.

Será un día de alegría, de festejo por el sesenta aniversario de la verdad del pueblo.

A disposición de los participantes estarán las zonas verdes (asadero, parque infantil, tarima, cancha múltiple, 6 canchas de tejo, 4 canchas de minitejo).

La sede social (pista, salón amarillo, salón verde, terraza y otras comodidades). Estará a disposición La Cabaña como centro especial de atención y habrá servicio de parqueadero. ¡No se lo pierda! ¡Todas y todos están invitados!

S eparata ENEZUELA En Venezuela

¡Qué curiosa es esa “dictadura”! ★ MATйAS BOSCH* RESUMEN LATINOAMERICANO

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Qué curiosa es la “dictadura madurista” que denuncian Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y Julio Borges! Mientras todos los países gobernados por dictaduras han sido fuentes de emigraciones masivas,Venezuela sería la primera que recibe inmigraciones desde un país vecino, como pasa con los colombianos: hay 5.6 millones en Venezuela, el año pasado llegaron 100 mil más y en 2017 ya han llegado cerca de 30 mil.

El gobierno autoritario de Venezuela es tan brutal, que a “la oposición” que sale a “manifestarse” convocada por la MUD no parece quedarle otra que atacar e incendiar el Instituto Nacional de Nutrición, el Metro, un hospital infantil y dispara con armas de fuego a la policía. ¿Sabrán la dignidad con la que tenían que luchar los mayas perseguidos en la Guatemala de Ríos Montt? ¿Se les ocurre a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo incendiar un solo parque de Argentina? ¿Les interesará que en República Dominicana entre el 24 y el 26 de abril de 1984 fueron asesinadas 46 personas y heridas otras 185 (oficialmente mal contadas) a manos de policías y militares, sólo por tratar de conseguir comida y defenderse de la violencia estatal? Curiosamente la joven Paola Ramírez, que murió este jueves de un balazo en Táchira, no fue asesinada a manos de policías ni “colectivos chavistas” como corre a repetir la gran prensa, sino con un arma que disparaba contra manifestantes oficialistas desde uno de los edificios adyacentes. ¿Qué dice la MUD sobre esto?

La tiranía de Maduro es tan seria, tan grave, que la oposición existe, pudo ganar las elecciones legislativas, tener mayoría parlamentaria, hacer marchas todas las semanas, tener partidos, viajar al extranjero, ser recibidos en la OEA, poseer periódicos, canales de TV, radios y todo lo que se

proponga. La verdad, el caso recuerda mucho a la dictadura de Trujillo, cuando el Partido Dominicano era el único autorizado a existir, y portar el carnet con “la palmita” era una obligación igual a llevar consigo la cédula de identidad.

La posición de Almagro Dada la crueldad del gobierno de Venezuela, el secretario general de la OEA se ha visto precisado a intervenir. Deja para después la situación de los chilenos que no pueden volver a su país por penas de exilio aplicadas por Pinochet y mantenidas luego en gobiernos “democráticos”. Ni hablar de los casi veinte dirigentes mapuches que son presos políticos en ese país, acusados bajo la ley de “seguridad interior del Estado”.

El secretario Almagro también deja para luego a los 40 dirigentes sociales que han sido asesinados en Colombia en menos de cuatro meses. Cuando Almagro habla de “ruptura del orden constitucional”, ¿se acordará de hacer algo por Honduras, donde en 2009 hubo golpe de Estado y ya hay más de 120 activistas medioambientales asesinados?

Maduro y Chávez han sido dos sátrapas tan crueles que destinan el 60% del presupuesto público a gasto social, y crearon y mantienen la Misión Barrio Adentro, el único programa que ha permitido que la población de barrios y campos venezolanos acceda a la atención en salud. Desde su creación, ya lleva más de 1.300 millones de consultas, todas gratuitas y garantizadas. Igualito a la situación de República Dominicana, donde entre enero y marzo de 2017 murieron más de 300 bebés, producto en su mayoría de infecciones adquiridas en los hospitales donde nacen y se atienden. Ni hablar de los 5.700 niños que murieron en un solo hospital público entre 2006 y

Un integrante de las guarimbas se quema al incendiar una moto de la Guardia Nacional en Venezuela. Al respecto el diario El Tiempo miente.

2012. Igual también a la condición de las 300 mil mujeres indígenas peruanas esterilizadas de manera forzosa en la era de Fujimori, todo en la más absoluta impunidad.

La burla de la “oposición” Ante un déspota como Maduro y compañía, Leopoldo López es Gandhi y Lilian Tintori viene siendo la mujer de Mandela o de Martin Luther King. Con la diferencia de que Tintori hizo campaña abierta para que Guillermo Lasso ganara las elecciones en Ecuador, ese Lasso implicado en el quiebre bancario que dejó en bancarrota a su país mientras él hacía negocios, y que tiene fortunas invertidas en paraísos fiscales. Cuando uno ve a Tintori fotografiada con Peña Nieto, con Trump y con Macri, uno se dice “¡vaya suerte!”, porque ¿cuándo fue-

ron recibidas por algún presidente las viudas de los ejecutados políticos de Guatemala, Colombia o Argentina? ¿Cuándo Peña Nieto se ha sacado una foto con alguna de las madres, las hermanas o las novias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa?

Seguramente, muchos venezolanos y venezolanas tienen razones de peso para estar molestos y en desacuerdo con su gobierno. Pero esa “oposición” instituida, la de los Capriles, Borges,Tintori, López, Ramos Allup… esa “oposición” se burla de la memoria histórica de su país y de América Latina cada vez que usa la palabra dictadura para justificar su ambición, su convicción de que puede hacer y deshacer a gusto, y exhibir su sed de triunfo y poder. * Intelectual Dominicano.

SEPARATA VENEZUELA

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Mayo 17 de 2017

¿Qué quiere la derecha en Venezuela? ★ CARLOS A. LOZANO GUILLШN

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Qué es lo que quiere la derecha intransigente,“lumpenizada” y criminal en Venezuela? Sacar al gobierno bolivariano, representado en el presidente Nicolás Maduro, a como dé lugar.

En Colombia se copian de ellos los de la extrema derecha terrorista, representada en Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez, que aseguran ganarán las próximas elecciones “para destrozar el proceso de paz con las FARC”. Sueñan con los mismos métodos violentos y terroristas para lograr sus siniestros objetivos. El problema no es Maduro solamente, sino derrocar el proceso bolivariano para instaurar un gobierno fascistoide de la extrema derecha.

El gobierno de Estados Unidos, tanto el anterior de Obama como el de ahora de Trump, quieren retornar al consenso de Washington, recomponiendo la geopolítica en el continente, aprovechando a sus lacayos de siempre en cada país. La orden fue derrocar a los gobiernos democráticos, de izquierda y anti neoliberales a como diera lugar, como sea, combinando todas las formas de acción, aunque en Venezuela asumieron la vía de la violencia y el terrorismo. Un golpe serio en los últimos años a los procesos democráticos, significaron el triunfo electoral de Macri en Argentina y los golpes blandos en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo y en Brasil de Dilma Rousseff, En Venezuela está desaforada la oposición violenta y cuenta con el apoyo de los grandes medios de comunicación en el mundo que hablan de una supuesta represión chavista a la “oposición democrática” a la que presentan como víctima de agresiones de la Fuerza Pública.

No mencionan para nada a las “guarimbas” organizadas, en particular por el partido Primero Justicia del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, un tipo descompuesto que abandonó su cargo y se dedicó a incendiar el país.

EnTelesur explican la agenda del golpe, que demuestra que es algo

Gigantescas movilizaciones populares en Venezuela son invisibilizadas por la prensa burguesa mundial que aviva la violencia y el terrorismo de la derecha.

preparado, orientado, planificado y no espontáneo. Todo está calculado y financiado desde el exterior.

La oposición ataca centros comerciales, asalta tiendas, destruye centros de salud, lanza bombas molotov y otras sustancias a hospitales y clínicas del Estado, asesina y atropella ciudadanos inermes, hechos terroristas que son ignorados por la “gran prensa”.Asesinan a chavistas y aseguran con el mayor cinismo que lo hicieron los mismos chavistas; un joven muere al manipular mal una bomba molotov que iba a lanzar contra la fuerza pública, su cuerpo se quemó, “víctima de su propio invento”, pero la “gran prensa” -Colombia no es la excepción- se lo atribuyó a los gases lacrimógenos de la policía bolivariana, que no producen llamas sino humo para dispersar a los manifestantes. Es una campaña orquestada, dirigida desde el centro del poder imperial, financiada por la derecha internacional y el gobierno de Estados Unidos a través de la Usaid. Lo último fue el “Plan de Mierda” (me perdonan la expresión pero así lo llamaron estos vándalos), que es el lanzamiento de bombas de excrementos a la Fuerza Pública y a los transeúntes que no se vinculen a su manifestación. Silencio en la “gran prensa”.

Lucha de clases Todos los medios de la oligarquía unieron fuerzas para semejante despropósito desde cuando el comandante Chávez anunció los cambios de fondo en la vida nacional, el fin de los pactos de Punto Fijo y el comienzo de la Revolución Bolivariana.Todo lo prometió al posesionarse aun en la vigencia de la “moribunda Constitución”, que pronto fue remplazada por la Constitución Bolivariana votada por la mayoría de los

ciudadanos. Apoyaron el golpe de estado contra el comandante Chávez que apenas duró 48 horas y los empresarios comprometidos, entre ellos Pedro Carmona, huyeron despavoridos y cobardes de Miraflores ante la movilización popular y de la mayoría de la fuerza armada bolivariana. No hay que olvidar que Juan Manuel Santos, a la sazón ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana, saludó el golpe y tramitó el asilo para “el breve” como apodaron a Carmona en Venezuela, porque no le duró mucho la investidura presidencial asaltada.

En la República Bolivariana de Venezuela lo que hay es lucha de clases, una contradicción fundamental entre quienes quieren los cambios revolucionarios y los que se resisten para mantener los privilegios y la explotación capitalista. Lo explicó Carlos Marx hace 150 años, los cambios revolucionarios siempre tendrán la resistencia de la minoría oligárquica que no los acepta porque implica la pérdida del poder y de sus privilegios.

Juegan con fuego Pero la derecha está jugando con fuego en el continente y en provocar la situación de crisis en Venezuela. Llevan más de un mes de movilizaciones violentas, han paralizado la producción y prefieren asimilar las pérdidas para socavar la estabilidad institucional. Al fin y al cabo si definen la contradicción a su favor podrán reponer lo que dejaron de percibir en utilidades, porque tendrán el control de las riquezas naturales que aprovecharán para saquearlas como lo han hecho históricamente.

Pregonan las elecciones pero tan pronto las anuncia el presidente Nicolás Maduro las rechazan, no las

aceptan. El gobierno bolivariano plantea la Constituyente Ciudadana y no la quieren, no aceptan el diálogo, ni una salida política acordada, quieren borrar del mapa la Revolución Bolivariana y a los que la han conducido durante tantos años. Millones de venezolanos, de la pura entraña popular, sectores de la intelectualidad, de la juventud y de las Fuerzas Armadas, se han unido alrededor de la alianza cívico-militar y del Polo Patriótico, para defender las conquistas populares.

Que no se equivoque la oligarquía. Los tiempos favorecen las salidas políticas dialogadas a los conflictos armados, políticos y sociales, como en Colombia. En algunos casos finalizaron por victorias populares, en otros por acuerdo democrático de las partes. En Colombia fue a través de un acuerdo digno, debido a que fracasó la vía militar, ninguna de las partes logró la victoria en el campo de batalla. Pero si las oligarquías insiste en el ejercicio violento del poder, en humillar a los pueblos con la represión para negarles los derechos políticos y sociales, regresará más temprano que tarde la rebelión insurreccional y hasta armada, porque está demostrado que las causas de la insurgencia armada radican en la violencia reaccionaria y en el aumento en las modalidades de la explotación que incluyen la dominación a sangre y fuego. Los acuerdos deseables, dialogados, del presente no cancelan la opción de la lucha armada si hay la resistencia a los cambios democráticos y se impone la violencia contra la mayoría de la población. Son lecciones de la historia. ¡Qué no se equivoquen!

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SEPARATA VENEZUELA Mayo 17 de 2017

La “oposición democrática” en Venezuela, peor que el fascismo ★ ATILIO BORюN

llegado “la hora de los hornos” y sólo podrá verse la luz, como decía José Martí, si el estado aplica todo el rigor de la ley y apela a la eficacia de su fuerza para someter sin miramientos al vandalismo de la derecha y aplastar el huevo de la serpiente antes de que sea demasiado tarde.

L

a secuencia de los acontecimientos que tienen lugar en la República Bolivariana de Venezuela demuestran que la estrategia de la mal llamada “oposición democrática” es una conspiración sediciosa para destruir el orden democrático, arrasar las libertades públicas y aniquilar físicamente a las principales figuras del chavismo, comenzando por el mismísimo presidente Nicolás Maduro, su familia y su entorno inmediato.

Los opositores están recorriendo metódicamente los pasos indicados por el manual desestabilizador de “no violencia estratégica” (¡sic!) del consultor de la CIA Eugene Sharp.

No puede haber el menor equívoco en la interpretación de las criminales intenciones de esa oposición y de lo que, si llegaran a triunfar, serían capaces de hacer. Si sus jefes lograsen involucrar militarmente a Estados Unidos en la crisis venezolana propiciando la intervención del Comando Sur -con la tradicional colaboración militar de los infames peones de Washington en la región, siempre dispuestos a respaldar las aventuras de sus amos del Nortearrojarían una chispa que incendiaría la reseca pradera latinoamericana.

Las consecuencias serían catastróficas no sólo para nuestros pueblos sino también para Estados Unidos que seguramente cosecharía, como en Girón, una nueva derrota en nuestras tierras.

Grandes medios exaltan a oposición criminal Esa es la apuesta de esta oposición, canallescamente exaltada por la prensa hegemónica mundial -como antes lo hiciera con “los combatientes por la libertad” en Nicaragua y, después, en Libia e Irak- y que miente descaradamente al presentar lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. La tentación de la derecha venezolana de internacionalizar el conflicto y atraer al músculo militar del imperio cobró nuevos bríos al conocerse las recientes declaraciones del jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd, ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, y sobre todo cuando se

Métodos fascistas

hizo pública la designación de Liliana Ayalde como Vice Jefa Civil del Comando Sur. Esta se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Paraguay en vísperas del “golpe parlamentario” contra el gobierno de Fernando Lugo, ocasión en que se movió tras bambalinas para garantizar el éxito de los golpistas. Luego de unas breves vacaciones retornó a la región para ocupar el mismo cargo pero esta vez en Brasilia, donde alentó y auspició el “derrocamiento institucional” de Dilma Rousseff. Consumada su obra regresó a Estados Unidos en busca de nuevas misiones desestabilizadoras y la encontró en el Comando Sur. En otras palabras, la número dos de esa organización es mucho más peligrosa que su jefe: hija de un médico colombiano radicado en Estados Unidos, Ayalde es una temible experta en demoliciones políticas, y fue designada (¡seguramente por obra del azar!) para el cargo que hoy ocupa desde febrero del corriente año, en coincidencia con la intensifi cación de las

protestas violentas en contra del gobierno bolivariano.

Los planes del Comando Sur Según puede leerse en el sitio web del Comando Sur su misión es “monitorear el desarrollo y refinamiento de la estrategia regional del Comando Sur y sus planes de cooperación en materia de seguridad”. Lo que la oposición “democrática” venezolana desea es precipitar una violenta “transición” al pos-chavismo, re-editando en la patria de Bolívar y de Chávez la tragedia ocurrida en Libia o Irak. Ese es su plan, el modelo que se desprende de las desaforadas e irresponsables y belicosas arengas de sus líderes y lo que el Comando Sur y su tenebrosa vice jefa tienen en carpeta.

Pocas designaciones podrían haber sido más oportunas que ésta para alentar a los sectores violentistas de Venezuela. Y pocas actitudes serían más suicidas del gobierno venezolano que pretender apaciguar a los violentos con concesiones de distinto tipo. Desgraciadamente ha

¿Fascistas? Si, por sus métodos, similares a los empleados por las bandas armadas de Mussolini y Hitler para aterrorizar a italianos y alemanes sembrando destrucción y muerte por la nueva oleada terrorista; fascistas por su contenido político, pues su propuesta es intrínsecamente reaccionaria al pretender borrar de un plumazo, como infructuosamente se intentara en el golpe de estado del 11 de abril del 2002, todas las conquistas populares alcanzadas desde 1999 en adelante.

Fascistas también por la absoluta inmoralidad e inescrupulosidad de sus líderes, que alimentan el fuego de la violencia, incitan a sus bandas de lúmpenes y paramilitares a atentar contra la vida y la propiedad de los venezolanos y las agencias e instituciones -hospitales, escuelas, edificios públicos, etcétera- del estado y que no se arredran ante la posibilidad de sumir a Venezuela en una cruenta guerra civil o, en el improbable caso de prevalecer, convertir a ese país en un abominable protectorado norteamericano.

Dicho todo lo anterior los opositores venezolanos son peores que los fascistas en la medida en que estos conservaban, por lo menos, un cierto sentido nacional. Sus congéneres italianos y alemanes ni remotamente se arrastraron en el fango de la política internacional para ofrendar sus países a una potencia extranjera como lo hace, hundida para siempre en eterna ignominia, la derecha venezolana que alternativamente gime o aúlla para que su patria, la patria de Simón Rodríguez y Francisco de Miranda, de Simón Bolívar y Hugo Chávez, se convierta en una abyecta colonia norteamericana.Tratarlos de fascistas sería hacerles un favor. Son mucho peores y más despreciables que aquellos.

Buenos Aires, mayo de 2017.

SEPARATA VENEZUELA

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Mayo 17 de 2017

Política exterior de Colombia

Santos defiende agenda golpista en Venezuela

Presidente Juan Manuel Santos .

paz”, dice la contundente respuesta venezolana.

“Este ardid, de mala fe y doble moral, evidencia la violación de principios fundamentales de derecho internacional, como la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados, los cuales son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones bilaterales de amistad y cooperación”, precisa la cancillería venezolana.

Añade la declaración, que en un país como Colombia que tiene enormes problemas sociales relacionados con el asesinato de líderes políticos de oposición y de izquierda, desapariciones forzadas, asesinatos sumarios, corrupción y narcotráfico, la actitud de Santos no puede menos que calificarse como de ‘doble rasero’, en la que las acusaciones contra Venezuela “se utilizan como tarjeta de canje para obtener prebendas de la nueva administración estadounidense”.

Presidente Nicolás Maduro.

Rompiendo la integración

Una serie de concesiones a grupos de ultraderecha en Colombia y Venezuela y el afán de congraciarse con la nueva administración conservadora de Estados Unidos, determinantes para el giro de 180 grados que la Casa de Nariño adoptó frente al gobierno del vecino país ★ ALBERTO ACEVEDO

E

n una contundente declaración de la cancillería venezolana, el pasado 8 de mayo, en la que el gobierno de ese país responde al de Juan Manuel Santos por su descalificación al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país, el Palacio de Miraflores acusa a la administración Santos de “traición” a los postulados históricos que han hermanado a los pueblos de las dos naciones desde su nacimiento, y asumir una actitud de “mala fe” y “doble moral”, en el manejo de las relaciones entre los dos países. ¡Y no le falta razón al gobierno de Maduro!

En el marco de una serie de altibajos en el manejo de la diplomacia de ambos países, de recriminaciones mutuas y tropiezos en el manejo de la frontera común, la mencionada toma de posición de la cancillería del vecino país, es uno de los pronuncia-

mientos más duros que el gobierno bolivariano ha hecho de la política exterior colombiana.

Horas antes de esa declaración oficial, el presidente Santos había dicho que la convocatoria hecha por Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, “no es la solución adecuada” en la búsqueda de una solución a la crisis política que vive la nación hermana. Y es precisamente esa la posición de los sectores golpistas venezolanos, agrupados en la llamada Mesa de Unidad Democrática, MUD. Dijo entonces el presidente colombiano: “Hemos dicho claramente: primero, es un calendario electoral, segundo, que se respete la Asamblea legislativa, que le devuelvan sus poderes, es decir, que se cumpla la Constitución; y dentro de ese espíritu, que se inicie un proceso para la liberación de los presos políticos. Seguiremos insistiendo en que esa es la solución”, puntualizó Santos.

Al servicio de la derecha El mandatario colombiano hace tabula rasa de la realidad venezolana y se coloca incondicionalmente al servicio de los intereses de la peor reacción de ese país. Califica de ‘presos políticos’ a un grupo delincuencial, incurso en asesinatos, asaltos, incendios y otros delitos, castigados penalmente en Colombia y en cualquier otro país. Pide garantías para un órgano legislativo que él mismo se colocó al margen de la ley en ese país.Y reclama unas elecciones que la misma oposición ha rechazado, cuando el presidente Maduro les

ofreció definir un calendario electoral. Ellos mismos, la ‘oposición’, no quieren elecciones, pues lo que anhelan es derrocar a un gobierno legítimamente constituido.

La verdad, monda y lironda, es que las declaraciones de Santos constituyen una actitud de injerencia en los asuntos internos de una nación hermana, de intervención abierta en cuestiones que lesionan su soberanía, su dignidad nacional y el derecho que tiene a resolver su destino de la manera en que se le antoje.

Un twitter de Santos, pocas horas después de esa declaración, confirman su posición intervencionista, al asegurar que la revolución bolivariana había fracasado. No es la primera vez que el mandatario colombiano se refiere en términos inamistosos al gobierno del país vecino. A comienzos de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó funciones de la Asamblea Nacional, que ya había ésta desconocido la institucionalidad venezolana, Santos metió las narices para calificar esa postura soberana de la justicia venezolana como “inaceptable”.

Doble moral “La República Bolivariana de Venezuela repudia la campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela, sus instituciones y su pueblo. El presidente Juan Manuel Santos traiciona la historia común de independencia y libertad, al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la

Una dolorosa acusación del gobierno vecino radica que una vez el presidente Santos inició su primer mandato, restableció relaciones con el vecino país, que respondiendo a ese gesto, se puso de inmediato al servicio de la causa de la paz en Colombia. Santos en general mantuvo las relaciones bilaterales, en la medida en que sirvieron al proceso de negociaciones en La Habana.

Pero una vez firmado el acuerdo, la Casa de Nariño da la espalda a los lazos de hermandad bilaterales, que hunden sus raíces en la campaña por la independencia de España.

Pero responde también Santos a las presiones del Centro Democrático en Colombia, de la MUD en Venezuela y de los círculos ultraderechistas y golpistas de ambas naciones, Y desde luego, como lo señala Venezuela, para congraciarse con la administración Trump. No en vano, la Casa Blanca redujo este año la ayuda que entrega a todos los países latinoamericanos, menos al de Colombia.

Sobra decir que, al alinearse con los gobiernos de derecha en la OEA, y pretender abrir un debate en las Naciones Unidas, la postura de Colombia lesiona gravemente el proceso de integración latinoamericana, expresada en los esfuerzos de organismos como Mercosur, la Celac, Unasur y otros, por edificar un proceso de integración independiente, soberano, enraizado en los más profundos intereses de los pueblos latinoamericanos.