Voz internet 2908 alta resolucion con separata

1957 2017 Por un país con justicia social LA VERDAD DEL PUEBLO

$2.200

EDICIÓN 2908 SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO www.semanariovoz.com

Paro agrario tras incumplimiento del Gobierno

El Esmad es la respuesta Los campesinos colombianos se movilizan en nueve departamentos del país, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados en el año 2013 por el gobierno de Juan Manuel Santos y por la incapacidad de implementar los acuerdos de paz en el punto agrario y la sustitución voluntaria de cultivos. El Gobierno responde con la represión del Esmad.

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Protesta de campesinos en Buenaventura.

La paz prevalecerá

Espere separata, próxima edición.

El balance de la implementación de los acuerdos de paz en los territorios, las dificultades y los avances de la paz. A 30 días de la finalización del fast track, ¿Cuáles son los temas prioritarios?

Separata

Último cónclave en Cartagena.

Visión

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Relleno de Doña Juana en Bogotá. Foto UN Medios.

Salvar o acabar el planeta

El reciclaje ¿propiedad de…?

La basura y sus dos modelos MIGUEL CAMACHO @MIGUELCAMACHO91

P

Cartas

ilas con lo que bota y en dónde lo bota, porque esa basura hace la diferencia para muchos. Por años hemos tenido la concepción de que la basura no sirve para nada, pero este elemento que a muchos les estorba en los bolsillos de sus chaquetas, en sus oficinas o en sus casas es apreciado por recicladores y recicladoras que viven del material recuperable y también por oligopolios que

hacen de los desperdicios de millones de ciudadanos su fortuna.

Pero vamos por partes. Las cifras son importantes y hay que darlas. El 43 por ciento del material que recibe a diario el relleno sanitario Doña Juana, 2.580 toneladas aproximadamente, es reciclable y se estima que mil millones de pesos se entierran a diario; dinero con el que nos ahorraríamos gran parte de la tarifa de aseo en la factura que pagamos los bogotanos (que ya de hecho es bastante costosa para los sectores populares).

Reducir, reciclar, reutilizar y reconocer la labor de los recicladores; ese sería el mundo ideal, pero estamos en Colombia. Los recicladores

Sin miedo al futuro Al finalizar el siglo XXI, los alumnos de muchos países dibujarán otros mapas diferentes a los que, actualmente, hacen los alumnos hoy en día en todo el mundo.

Así que, España no será ni el primero ni el último país en cambiar su presentación geográfica. Entonces, ¿por qué tanto miedo? La independencia de Cataluña o Cataluynia –un poco más tarde- no es el fin del mundo. Además, si ellos no se sienten españoles ¿hay que obligarlos? El planeta cambia, habrá un momento para los colombianos también. No le tengamos miedo al futuro y ojalá todo sea dentro de la mayor civilidad. La eternidad es una propiedad solo del universo, lo que él contiene se modifica tarde o temprano. Mercedes de Álvarez (vía Internet).

Bienvenido a lecciones Hoy corresponde a lecciones de español. ¿Cuáles son los verbos que más se conjugan y practican en Colombia? Te doy unos segundos para que respondas: robar y matar. Si estas fueron tus respuestas, estás en lo cierto. Del diccionario de la lengua española. Robar. 1. tr. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno.

hoy en día y no solo en la capital del país, viven en condiciones lamentables. Su valor civil es inversamente proporcional al heroísmo de estos seres que día a día aportan su granito de arena para salvar el planeta. Son, sin lugar a dudas, ciudadanos ejemplares.

Con la actual alcaldía de Bogotá, que expertos medioambientales llaman desastrosa administración, su trabajo se complicará aún más.

Ahora la administración del bachiller Enrique Peñalosa no les pagará directamente a los recicladores, sino que lo hará solo a las empresas legalmente constituidas y el dinero para pagarles saldrá del bolsillo de todos los habitantes de la capital.

2. tr. Tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea. Matar. 1. tr. Quitar la vida a un ser vivo. Muchas gracias por participar de la primera lección. Hasta una próxima clase. Mil gracias. Juan Carlos Gómez Piñeres (vía Internet).

Amerrikúa, tierra de los vientos El “descubrimiento” de América (Amerrikúa) fue una invasión inquisidora y armada, a la vez que una inversión. Nos han enseñado la versión de los invasores, no la de los invadidos. El 03 de agosto de 1492, partieron del puerto portugués, Palos de Moguer, las tres carabelas de Cristóbal Colón. Sus nombres era los de tres prostitutas muy conocidas en ese puerto, y parece que generó una discusión, que motivó la rebelión que enfrentó Colón en su travesía. El Papa era Alejandro VI, de quien se asegura que tuvo multitud de amantes (una de ellas, Lucrecia Borgia), e intervino en la repartición de las tierras “descubiertas”. En esa fecha, vencía una bula papal que sentenciaba a muerte a todo judío presente en la Península Ibérica: se estaban apoderando de los medios económicos de esos territorios. Luego Colón y su tripulación, eran potencialmente judíos que escapaban de la horca. Isabel la Católica

Cambiando el modelo de negocio que se venía afianzando desde la administración anterior, y que le daba un impulso de dignidad al trabajo recolector y sobre todo, ponía a los trabajadores del sector como estratégicos en la política de aseo y medio ambiental de Bogotá.

Obvio, el modelo de negocio cambia porque no es lo mismo para Peñalosa un reciclador privado, que echarle la mano a sus amigos no recicladores que ya descubrieron una nueva negociación. Decía Aída Avella desde el balcón del Palacio Liévano, hace unos años, “los ricos hacen negocio hasta con la basura de los pobres”. Las grandes empresas recolectoras de basura, como la de los amigos y aliados políticos de Vargas Lleras, como William Vélez, dueño de la empresa Atesa, saben que el negocio de enterrar basura es bueno y cuentan con el respaldo de Peñalosa, al no querer cambiar el modelo de recolección de basuras y no respaldar con política pública, capacitación y empoderamiento empresarial a los recicladores y recicladoras de Bogotá.

La tragedia ambiental y social que padecen nuestros vecinos de Usme y Ciudad Bolívar por culpa del botadero de basuras es monumental y todos podemos aportar, desde nuestras casas y nuestra conciencia, para hacer del reciclaje un símbolo de resistencia y de esperanza ambiental.

La basura es un gran negocio, si no preguntémosle a Tomás y a Jerónimo Uribe por Ecoeficiencia S.A, por eso vemos bolsas de basura en la calle contramarcadas por cada operador de aseo con la leyenda “propiedad de…”. Así que antes de botar un papel o una botella, pensemos en a quién queremos apoyar, si al gran empresario empecinado en acabar con el mundo por su capital apetito o al reciclador de oficio, microempresario y protector del planeta.

no vendió ningunas joyas para apoyar a Colón. Fueron banqueros alemanes quienes financiaron esa expedición de pillaje, que aún continúa en todo el planeta a través de los TLC, inversionistas extranjeros y multinacionales. El 12 de octubre, avistaron tierra, en una pequeña isla del archipiélago de Las Bahamas, llamada Guanahaní (San Salvador). Más tarde está isla pasó a manos del imperio inglés, y hoy es conocida como Watling. Víctor Julio Sánchez Mora (vía Internet).

Los 60 años de VOZ Me uno también al regocijo desde el exterior por los sesenta años de VOZ la verdad del pueblo. ¡Qué buen periódico! Ejemplo de periodismo revolucionario, firme y decidido en la lucha por la democracia y los cambios que necesita Colombia. Sigan adelante, nosotros los acompañamos y los respaldamos. Que sean muchos años de existencia del periódico del pueblo. A Carlos Lozano nuestras felicitaciones, que recupere la salud porque lo necesitamos al frente de VOZ, es garantía de firmeza y de buen periodismo. Abrazos para todas y todos en VOZ. Gustavo Mejía (vía Internet).

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Pancho - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Óscar Sotelo - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LX. Distribución vía Avianca.

Tema de la semana

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Los campesinos indignados van al paro En el pliego de peticiones exigen al Gobierno la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana, el cumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente con el Ejecutivo, garantías de seguridad y la reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo AGENCIA PRENSA RURAL

Las organizaciones agrarias reclaman una negociación seria y sin dilaciones.

“

Uno de los casos más recientes es el de Miguel Pérez, campesino que lideraba el proceso de sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en la región del Bajo Cauca antioqueño, era miembro de la Coccam y de Marcha Patriótica.

Los principales puntos de concentración se encuentran en Catatumbo, Cauca, Guaviare, Meta y Sur de Bolívar.

Somos los mismos del 2013”, dice un pasacalle hecho con tela que bloquea una de las vías en el Catatumbo. Esos mismos campesinos colombianos que se han movilizado durante décadas vuelven hoy a las carreteras al ser engañados nuevamente por los gobiernos. Desde el 23 de octubre miles de labriegos están saliendo a las calles a denunciar el incumplimiento de lo acordado en paros agrarios anteriores y de los acuerdos de La Habana en temas de sustitución de cultivos y reforma rural integral, además del asesinato de líderes sociales y campesinos.

El paro nacional indefinido es convocado por el movimiento social y político Marcha Patriótica, la Coordinadora de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi) y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), organizaciones que se integran en la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA).

En el pliego de peticiones, de siete puntos, exigen que el Estado cumpla lo pactado, que se implementen integralmente los seis puntos que comprenden el Acuerdo Final de Paz y sean ejecutados sin dilación los compromisos acordados en las movilizaciones de la MIA del 2013.

Los campesinos hacen el llamado por el incremento de asesinatos de líderes sociales que para este año ya suman 120, como lo afirma David Flórez, vocero de Marcha Patriótica. El Gobierno, por su lado, atribuye estos hechos a “razones personales”.

Movilizaciones Durante la semana se han ido sumando municipios de todo el país al paro, y en diferentes ciudades se realizan movilizaciones apoyando la protesta. Marcha Patriótica afirma que ya son nueve los departamentos que se han unido a estas jornadas.

“El 25 de octubre las comunidades del Catatumbo bloquearon tres puntos de las carreteras departamentales y ocuparon el campo petrolero de Tibú (Norte de Santander). En el Valle del Cauca se adelantó una marcha campesina en el centro de Cali. En San José del Guaviare se realizaron nuevas marchas de las comunidades agrarias de Guaviare y sur del Meta. En el sur de Bolívar, campesinos de cuatro municipios se concentraron en el casco urbano de San Pablo, donde rechazan la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. También prosiguen las concentraciones en el Cauca en varios puntos de la carretera Panamericana a la espera de una respuesta gubernamental”, dice el comunicado.

En Anorí (Antioquia), unas 600 personas, entre comerciantes, transportadores y campesinos, se unieron al paro indefinido, pues allí también se cultiva coca y se reintegran a la vida

Los campesinos mantenían su protesta al finalizar esta semana.

civil excombatientes de las FARC. En Dabeiba se inició la erradicación forzada, por lo que estos campesinos también se tomaron la vía al mar.

El Gobierno responde En Catatumbo, que en el 2013 hizo fuerte presión en el paro, también fue dura la represión del Gobierno, que dejó cuatro campesinos asesinados.

En esta ocasión al primer lugar donde llegó el Esmad fue a esta región.

Desde la madrugada del 25 de octubre la Policía ataca con gases a los manifestantes en un lugar conocido como la Y de Astilleros y en los registros fotográficos que hace la comunidad se evidencian mujeres que tuvieron que salir de sus casas corriendo con niños en brazos.

Ante la preocupación de los voceros por estos ataques y para evitar otra tragedia como la de Tumaco, convocan a una reunión con el coronel de la Policía, la Defensoría del Pueblo y el secretario de Gobierno, donde hacen un acuerdo preliminar de distensión y los campesinos se comprometen a abrir un carril para que pase el transporte, y la Policía a retirar el Esmad de los puntos de concentración.

Sin embargo, el 26 de octubre llegaron camionetas del Ejército a Tibú, hicieron registro fotográfico de los campesinos, amenazaron con llevar el Esmad y luego se retiraron. Y el 27, “pistoleros movilizados en un carro atacan a tiros a campesinos de la Y de Sardinata” como lo hizo público César Jerez.

En el Cauca, donde las movilizaciones han sido potentes, el Esmad también hace presencia. Aunque no se han presentado disturbios sí se han denunciado insultos e intimidaciones a los manifestantes, además hubo sobrevuelos de helicópteros en las zonas de concentración y aseguran las organizaciones sociales allí presentes que no tienen bloqueada toda la vía sino un carril, desmintiendo las informaciones de los medios de comunicación de este departamento.

El 27 se instaló una mesa de negociación con la Gobernación del Cauca, donde se definió una ruta de negociación y logística, la próxima reunión y garantías de seguridad para las personas que se encuentran en los puntos de concentración, por lo que se suscribió

el compromiso de no bloquear totalmente la vía Panamericana, pero se ratificó que el paro continuaría hasta la instalación de la MIA nacional.

En Guaviare y sur del Meta se instaló una mesa el miércoles 25 de octubre con la presencia de autoridades locales, y el lunes 30 se realizaría una reunión para definir cronograma y metodología de negociación del pliego nacional. También se ratificó que el paro continuaría hasta la instalación de la MIA nacional.

La presión en las carreteras y las ciudades se ha hecho notar y a dos días de la movilización, el Gobierno envió a funcionarios públicos para instalar una mesa de interlocución para tramitar el pliego de peticiones. Encuentro que se realizó el jueves 26 y el mismo Gobierno afirmó que tenía que convocar a otras instituciones que correspondan a los puntos del pliego.

Como conclusión de la reunión se definió que el lunes 30 de octubre a las cinco de la tarde se realizaría la reinstalación de la MIA nacional. Además, se conformaron comisiones de trabajo en derechos humanos con el propósito de generar mecanismos para garantizar el derecho a la protesta social en el marco del paro nacional indefinido y una metodológica para elaborar una hoja de ruta de reactivación de la MIA nacional, cronograma y esquema de negociación del pliego nacional. ¿Hay voluntad?

La MIA hace un llamado expreso al Gobierno nacional para que manifieste una voluntad clara frente a sus solicitudes, pues “de nada sirven reuniones protocolarias como la realizada el día jueves con altos funcionarios del Estado, si en el momento de implementar lo acordado es reiterado el incumplimiento y las dilaciones con excusas demagógicas que impiden generar confianzas entre las partes en conflicto”.

Las organizaciones campesinas anuncian que seguirán escalando e incrementando sus actividades de paro nacional indefinido y llaman a todas sus bases a redoblar los esfuerzos movilizatorios, que permitan avanzar en una negociación seria y sin dilaciones con el Gobierno nacional, y reiteran su voluntad de diálogo útil para resolver de una vez por todas las justas demandas de nuestras comunidades.

Noviembre 1 de 2017

Crónicas del conflicto

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Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994)

Cravo Norte-Caracas-Tlaxcala, una paz esquiva Mientras en el Gobierno de Barco Vargas (1986-1990) los militares adelantaron sin ningún éxito la Operación Centauro, la administración Gaviria Trujillo adoptó la “guerra integral”, en ambos casos sin éxito CARLOS A. LOZANO GUILLШN

E

l gobierno de César Gaviria Trujillo heredó del anterior de Virgilio Barco Vargas, también liberal, los procesos de paz con el M-19, el EPL, el movimiento indígena Quintín Lame y otros grupos guerrilleros pequeños, con el compromiso de llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la anacrónica Carta Política de 1886 y adoptar cambios institucionales favorables a la paz.

La idea inicial era la de hacer unas reformas puntuales y así fue convocada, con agenda limitada, la Asamblea Nacional Constituyente, pero la Corte Suprema de Justicia que a la sazón era la que ejercía el control constitucional, no aceptó la decisión del Ejecutivo y rechazó la reforma parcial y resolvió que debía ser la propia Asamblea Nacional Constituyente la que señalara el alcance del mandato ciudadano y se orientó por una nueva Constitución.

Así surgió la Carta del 91 que estableció importantes reformas en el campo de los derechos humanos y de la participación ciudadana, en la práctica anulados después con la reglamentación de los mismos o en las más de treinta reformas que ha recibido la Constitución desde su promulgación. El Gobierno se reservó para sí los capítulos económicos y sociales para institucionalizar la política neoliberal de apertura económica y privatizaciones. Fue una especie de negociación para que todos quedaran satisfechos. Se ha salvado la tutela siempre en la mira de los gobiernos burgueses de turno.

La bandera de la paz en alto Mientras en el Gobierno de Barco Vargas (1986-1990) los militares adelantaron sin ningún éxito la Operación Centauro, la administración Gaviria Trujillo adoptó la “guerra integral”, incluyendo el traidor ataque a la sede del Secretariado de las FARC-EP, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar que estaba invitando a las guerrillas en pie de lucha a designar unos pocos voceros para que participaran en sus deliberaciones. Así no más. Sin diálogos ni compromisos previos en el orden político y social. La “guerra integral” no logró la derrota de las fuerzas insurgentes como tampoco llegó la madre de todas las batallas, anunciada

Un aspecto de los diálogos de Caracas, un esfuerzo que no fructificó por la negativa posición del gobierno de Colombia.

con bombos y platillos por los altos mandos militares.

Sin embargo, el Estado Mayor Central de las FARC una y otra vez planteó la necesidad de abrir diálogos de paz en el camino de construir una solución política pactada para superar el conflicto. Otro tanto hicieron el Comando Central del ELN y en conjunto la Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar”, integrada por las FARC, el ELN y el sector del EPL que no se acogió a la paz engañosa de Barco y Gaviria. “La paz es una bandera de los revolucionarios” nos diría años después el comandante Manuel Marulanda en una de las tantas entrevistas para el semanario VOZ. El presidente Gaviria no aceptó las propuestas, tal vez embriagado por el triunfalismo en los operativos de orden público que no lograron el objetivo de la victoria militar. Fue la constante desde que se inició el conflicto armado y sus antecedentes en 1948 y 1964.

Fue histórica la necedad de la clase dominante colombiana y del imperialismo yanqui de negar la génesis política, social, económica e histórica del alzamiento armado guerrillero a lo largo de más de medio siglo. Todo para justificar la guerra, las doctrinas anticomunistas y contrainsurgentes, que alimentaron la confrontación armada, la guerra sucia y el terrorismo de Estado.

Cravo Norte abre el diálogo La presión de importantes sectores democráticos políticos y sociales y de la Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar” logra abrir el debate sobre la necesidad de los diálogos de paz, a la par que funcionaba la Asamblea Nacional Constituyente.

En abril de 1991 un grupo de guerrilleros hacen la toma pacífica y no armada de la Embajada de Venezuela y designan como mediadores al doctor Alfredo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Hernán Motta, senador del Partido Comunista y de la Unión Patriótica y Álvaro Leyva Durán, constituyente y

exministro de Estado. De las gestiones de las personalidades y las exigencias de los ocupantes de la Embajada, resulta la convocatoria de una reunión del Gobierno y los ocupantes, en Cravo Norte, Arauca, el 15 de mayo de 1991, cuando quedaba menos de un mes para la promulgación de la nueva Constitución Política que consignaba el Estado Social de Derecho.

Diálogos en Caracas En Cravo Norte el acuerdo fue comenzar diálogos de paz, que tuvieron inicio en junio de 1991, en Caracas, República de Venezuela, siendo presidente Carlos Andrés Pérez. De entrada, con aparente optimismo, empieza el debate con el tema de cese de fuegos y con la propuesta de que las guerrillas se ubicaran en unas pocas zonas de distensión para poder controlar el cumplimiento del mismo.

Estas propusieron, a la vez, 96 zonas de distensión y la realización de tres encuentros nacionales sobre temas específicos políticos y sociales. Fueron largas las discusiones, mientras en Colombia arreciaban los operativos militares y la guerra sucia contra la Unión Patriótica. En septiembre del mismo año, en el Cauca, es víctima de un atentado criminal el entonces presidente del Senado de la República Aurelio Iragori Hormaza y el gobierno suspende los diálogos de manera indefinida, le niega una intervención a la coordinadora en la Constituyente y deja casi sin piso la política de paz.

La coordinadora para salvarla propone un cese de fuegos bilateral y se acerca a la propuesta de zonas de distensión del Gobierno, sin embargo éste no acepta nada, la presión es enorme desde la derecha, la “gran prensa” y el gobierno de Estados Unidos.

La presión popular y las gestiones de los expresidentes Alfonso López Michelsen y Misael Pastrana Borrero, así como de los dirigentes comunistas Álvaro Vásquez y Miller Chacón y los parlamentarios Hernán Motta y Manuel Cepeda, buscan continuar el proceso. Los diálogos se reanudan,

con bastante desdén del gobierno de César Gaviria, y en noviembre quedan de nuevo en suspenso por decisión oficial hasta el año siguiente (1992).

Rumbo a Tlaxcala Comienzan en Caracas en febrero de 1992, pero ocurren los acontecimientos en Venezuela con el pronunciamiento del Movimiento de Hugo Rafael Chávez Frías y se cierra la posibilidad de mantener la sede de los diálogos en la patria de Bolívar. Estos son trasladados a Tlaxcala, México, donde se reanudan a partir del mes de marzo de 1992, bajo enormes presiones de la derecha colombiana que le cuestionaba a Gaviria “porqué negociaba reformas con los terroristas”. A los pocos días es secuestrado en Norte de Santander por un comando del EPL el ex ministro Argelino Durán Quintero, quien fallece en cautiverio. El acontecimiento le sirve como pretexto al Gobierno nacional para suspender de nuevo los diálogos.

Las partes fijan un plazo hasta octubre del mismo año para reanudarlo. Sin embargo, llegado el término el presidente César Gaviria en una intervención pública arremete contra los guerrilleros a los que califica de “perros rabiosos” en medio de insultos. Según Horacio Serpa, consejero de paz, nunca fueron rotos los diálogos, pero el gobierno no retornó a la mesa. Los voceros de las guerrillas regresaron a las montañas de Colombia. “Volveremos a sentarnos después de otro millón de muertos” fue la frase lapidaria de Alfonso Cano.

El comandante Manuel Marulanda nos diría años después: “a César Gaviria la oligarquía no le dejó hacer la paz con reformas, como siempre, la querían gratis, no entendieron que la guerrilla estaba en ascenso y que la confrontación se iba a escalar muy fuerte”. Fue lo que ocurrió. Muertos, tragedias y destrucciones como lo avizoró Cano.

Cravo Norte-Caracas-Tlaxcala fue un esfuerzo que resultó esquivo para la paz, la oligarquía no permitió el debate sobre las reformas democráticas.

La historia se repetiría años después en el Caguán.

Editorial

Noviembre 1 de 2017

El país va mal

A

l contrario de lo que dice el Gobierno, el país va mal, la economía va mal y la política también va mal, porque la crisis se acentúa en todos los campos. Solo el presidente Santos, el ministro Cárdenas Santamaría y los áulicos oficialistas, creen que estamos en el país de las maravillas. Ahora nos quieren convencer que con el incremento del barril de petróleo a US$60 se elevarán las reservas y mejorarán las condiciones económicas y que en 2018 crecerá más rápido la economía.

Demagogia barata. Con el continuismo neoliberal, las políticas de ajuste fiscal, el estricto control al gasto social y el sometimiento a las políticas de los organismos internacionales que promueven el libre mercado, será difícil salir de la crisis. Menos aun con el tratamiento de orden público de los conflictos sociales y la negativa a cumplir los compromisos asumidos con las comunidades y en el Acuerdo de La Habana. Podrá crecer la economía pero como siempre esta favorecerá al gran capital y a las trasnacionales que hacen su agosto con las gabelas a la llamada confianza inversionista.

El país es un mar de conflictos.

El paro de los pilotos de Avianca lleva más de un mes, en el cual el Gobierno

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se pasó de la raya como quiera que toda su intervención es para favorecer a la empresa y a su propietario el señor Efromovich, quien decidió amenazar a los pilotos en forma grosera y descarada. ¡La pagarán, con toda seguridad la pagarán! les dijo por los generosos micrófonos de la gran prensa. En el país y en el exterior aumentan las voces de solidaridad con los pilotos, mientras el Gobierno respalda la intransigencia de los directivos de Avianca, al igual que lo hacen los grandes medios, en solidaridad de clase, solidaridad burguesa.

El paro nacional agrario cubre una buena parte del país y obedece a los incumplimientos del Gobierno nacional con la Cumbre Agraria, porque después de casi tres años es muy poco lo que implementó del acuerdo que le puso fin al paro nacional pasado. Es una protesta campesina que involucra a los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, que no son delincuentes como lo aseguran los voceros gubernamentales y el despistado Fiscal General de la Nación. Es la protesta del campesinado que sufre las consecuencias de una nefasta política agraria del poder dominante en favor de ganaderos, latifundistas, narcotraficantes y despojadores de tierras y en desmedro de los que tienen poca tierra o carecen de ella. No es un “paro cocalero” como lo califican los ministros con el coro de la “gran prensa”, porque no se reduce a ese tema. Tiene que ver con las demandas sociales globales de los campesinos, que encuentran soluciones en el primer y cuarto punto del Acuerdo de La Habana, que no se ha podido implementar por el saboteo de los enemigos de la paz

y la vacilación del gobierno de Santos. Este es pusilánime con la obligación de cumplir el compromiso con la paz.

El lunes 30 de octubre también comenzó la Minga Indígena que afecta a varios territorios de la llamada Colombia profunda.

Los asesinatos continúan en la más completa impunidad y con la indolencia gubernamental. El presidente Juan Manuel Santos en el colmo del cinismo, dijo al comenzar esta semana, que la mayoría de los líderes sociales asesinados fueron por causas personales. ¡Qué tal! Son bandas paramilitares que amenazan, intimidan y asesinan a dirigentes y activistas de las organizaciones populares, incluyendo de la izquierda y exguerrilleros de las FARC; bandas que actúan en complicidad con militares y policías, políticos nacionales y regionales, latifundistas y ganaderos, como ha sido siempre.

Por eso estallan los conflictos sociales y las movilizaciones populares. La incuria del Estado para atender las demandas de las comunidades está alimentando el paro nacional de protesta. No queda otro camino. Ante el despotismo del poder la respuesta es la resistencia y la lucha popular.

Hay que cantarle la tabla al Gobierno Nacional y al mandatario que duerme en los laureles del Premio Nobel de Paz. Nada se saca con silenciar la realidad, con el falso argumento que es respaldar a la extrema derecha y a los enemigos de la paz. La actitud vacilante y la debilidad en la Casa de Nariño es el principal caldo de cultivo de uribistas y de los enemigos del Acuerdo de La Habana y de los diálogos de Quito. ¡No cabe la menor duda!

Caballería ligera

Los caminos de la duda

La unidad de clase

Toconlóspilda JOSШ RAMюN LLANOS

D

esde 1848 se sabe que es imprescindible la unidad de los proletarios para enfrentar la lucha desigual contra la burguesía. Ya Marx y Engels lo habían previsto y argumentado en el Manifiesto Comunista -por cierto el año próximo ese documento cumple 230 años-. También sabemos que los explotadores son extraordinariamente solidarios, que incluso en momentos de contradicciones no antagónicas, permanecen unidos en la defensa de sus intereses.

Sin embargo, a pesar de tener conocimiento de todas esas circunstancias y necesidades, el movimiento sindical colombiano, ha permanecido criminalmente ausente del conflicto de los pilotos con el monopolio de Avianca. Ni siquiera los trabajadores organizados de los medios, fueron capaces de denunciar el contenido mentiroso de las entrevistas del propietario de la empresa Germán Efromovich y su muñeco Kini, Hernán Rincón.

Consideramos necesaria una expresión masiva y contundente de solidaridad sindical con el justo movimiento de los pilotos de Avianca. Los sindicatos y cooperativas de trabajadores deberían iniciar un saboteo a la empresa Avianca, no comprando tiquetes de ese monopolio mientras dure la huelga y mientras no se reintegre a los pilotos despedidos. Este saboteo debe ser promocionado mediante afiches fijados profusamente y por medio de avisos publicados en los periódicos de mayor circulación.

ALFONSO CONDE C.

Esta solidaridad con los pilotos de Avianca, debería convertirse en el punto de partida del relanzamiento, el resurgir de la antigua dinámica y efectiva lucha sindical, aquella que hizo posible la conquista del pago triple del trabajo dominical; del pago de una suma significativa como indemnización por despido injusto; reintegro de todo trabajador, si al momento del despedido había cumplido diez años de antigüedad en la empresa; pago nocturno a partir de la seis de la tarde; -conquista que nos escamoteó el expresidente Álvaro Uribe, quien ahora intenta aparecer como defensor de los trabajadores.

El reinicio de la lucha sindical como antaño, permitiría obtener un aumento del salario mínimo más justo, más consecuente con las exorbitantes utilidades de las grandes empresas.

Es necesario desburocratizar las discusiones anuales sobre el salario mínimo, desde ya se deberían convocar movilizaciones hacia el Ministerio del Trabajo, y hacia las oficinas del trabajo regionales, de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, incluso los trabajadores informales. Es necesario convertir esas discusiones oficinescas, en lucha de todo el asalariado. Además, la dinamización de la lucha sindical cualificaría y potenciaría las movilizaciones contra el capitalismo Sí Toconlóspilda. Todos con los pilotos de Avianca.

L

a clase dominante teme a la unidad de los trabajadores en defensa de sus intereses concretos; por eso hace esfuerzos hacia el debilitamiento y la división de las organizaciones sindicales. Le teme aún más al avance de las organizaciones políticas de los trabajadores y por eso las descalifica inicialmente por el camino de la estigmatización, etapa previa al ejercicio de la violencia física. Los sectores más reaccionarios de esa burguesía son también los más temerosos del avance de los explotados; ese temor los conduce a desconfiar de los métodos de dominación de la democracia burguesa y apelan entonces al terrorismo abierto, a las prácticas fascistas que si bien fueron en la Europa del siglo pasado características de lucha del capital financiero son, en la Colombia actual, expresiones de ella en alianza con el viejo y el nuevo latifundismo, rezagos de la barbarie medieval, como los calificaba un dirigente de los trabajadores del siglo pasado. Son quienes continúan atentando contra el interés general de la construcción de la paz.

En ocasiones, el fascismo se disfraza de demagogia social y arrastra a sectores atrasados de los explotados.

En el país más poderoso del mundo, el presidente actual, claro exponente del nuevo fascismo, alcanzó su cargo con el apoyo de un sector importante de trabajadores, encandilados por su postura demagógica de recuperar

puestos de trabajo e ingresos importantes para los obreros norteamericanos afectados, como todos, por la crisis del capitalismo. En Colombia las posturas del partido de los nuevos latifundistas encuentran respaldo en barrios como Ciudad Bolívar y Usme en Bogotá, enclaves de población trabajadora activa o cesante. El fascismo, cuando ha llegado al poder, lo ha hecho porque los explotados, divididos, confundidos y desorganizados, en su desesperación se lanzan como mariposas hacia la luz de la llama ardiente de las posturas oportunistas y demagógicas.

Algo más de veinticuatro millones de colombianos que constituyen la población económicamente activa, comparten intereses comunes relacionados con su calidad de explotados por los dueños del capital, aquellos que se apropian de la riqueza producida por el trabajo. La unidad de ellos transformaría al país. Se requiere abandonar la feria de las vanidades y entender el requisito de los acuerdos “sobre lo fundamental” como decía un dirigente conservador, aquel que desató la última etapa de la guerra interna en Colombia.

Decía Jorge Dimitrov en 1935 ante el avance del fascismo en Europa: “… la unidad de acción de todos los sectores de la clase obrera, cualquiera que sea el Partido u organización a que pertenezcan, es necesaria aún antes de que la mayoría de la clase obrera se unifique para luchar por el derrocamiento del capitalismo”.

Laboral

Noviembre 1 de 2017

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¿Hacia dónde va el sistema de salud colombiano?

“Lo que sirve como negocio es la enfermedad” –¿Qué es lo que ha pasado con Saludcoop, Cafesalud y ahora Medimás, que siempre le prometen a los millones de afiliados mejor atención, pero todo empeora?

–Lo que ha pasado ahora, antes y después con esas EPS es lo mismo que ha pasado y seguirá pasando con todas las demás, porque las EPS en realidad son una máscara que esconde el verdadero objetivo del Sistema General de Salud y Seguridad Social de Colombia.

Al analizar integralmente su funcionamiento, se devela que las EPS son el instrumento institucional legal que garantiza la extracción de dinero al sistema de salud, para derivarlo al sistema bancario con el fin de acumular y ampliar grandes sumas provenientes de los aportes de los contribuyentes que creen que pagan para que les atiendan su salud. ¡Imagínese, son más de 40 billones de pesos cada año! Y todo está montado sobre la base de atender la enfermedad para vender servicios, pero ventas muy lucrativas. No es un verdadero sistema de salud, pues allí el elemento más poderoso no es la prevención de la enfermedad sino su tratamiento, cuando la gente tiene la suerte de llegar a ser atendida.

–Y, ¿cómo funciona todo eso?

–Pues mediante un sistema de aseguramiento, vendedor de pólizas de seguros para asumir el riesgo de enfermedades. En el caso de Colombia, las EPS privadas, organizadas en un cartel, volvieron totalmente privado al sistema cuando lograron excluir a las Cajas de Previsión Social, -nacional, departamentales y municipales-, y al Instituto de Seguros Sociales que, al no tener ánimo de lucro, eran las instituciones estatales que regulaban los precios en el negocio de la venta de seguros para atención de la enfermedad.

Con la privatización total de la intermediación en la venta del seguro de salud, allanaron la posibilidad de hacer muy lucrativa la gestión del aseguramiento. Y la póliza de ese sistema privado y no regulado, es el Plan Obligatorio de Salud, POS. A lo largo de más de dos décadas todo eso ha ocurrido por acciones cómplices de funcionarios del Gobierno, desde ministros para abajo. De manera que la compraventa de la EPS de turno refleja la puja de grupos económicos que buscan mamar de esa teta.

Posible solución –¿Qué hacer ante esta situación?

–Pienso que la salida es hacer valer la Ley Estatutaria y presentarles a los candidatos presidenciales y al Congreso una propuesta de ley reglamentaria que contenga los principios de la salud como derecho fundamental, que desarrolle y ejecute la estrategia de atención primaria en salud, cuyo objetivo sean los territorios saludables, una estructura única de financiación y pago fuertemente controlada por representantes de la sociedad, sin EPS ni ningún tipo de intermediador financiero,

En entrevista con el galeno Sergio Isaza, de la Federación Médica Colombiana, se explica el funcionamiento y el futuro del sistema de salud colombiano JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

Médicos en cirugía. Foto J.C.H.

privados, no existe el contrato laboral, y por lo tanto, no hay estabilidad laboral ni aportes a seguridad social y salud, por parte de los empleadores.

Existen los contratos de prestación de servicios, trabajo a destajo, pagos por eventos; todo esto funciona bajo el método de intermediación o tercerización laboral que el Gobierno dice estar sancionando, pero esto pareciera ser más una táctica publicitaria para frenar las expresiones de los trabajadores de la salud que han devenido recientemente en un incremento de la creación de sindicatos médicos y de otras profesiones y oficios de la salud.

En esto están involucradas verdaderas mafias llamadas “los carteles de las enfermedades” como la de la hemofilia en la Costa Atlántica. Son esas organizaciones criminales las que controlan en buena medida la disponibilidad condicionada de puestos en parte del sistema hospitalario público para garantizar dominio político y robo al sistema.

El futuro…

Sergio Isaza.

un sistema de salud que ofrezca información en tiempo real de sus ejecuciones, situación y avances, que tenga un código de sanciones ejemplares para sus transgresores, que no tenga ningún tipo de pólizas como el POS, pues no será de aseguramiento privado con ánimo de lucro, sino de verdadera seguridad social en salud que garantizará la atención de las personas de acuerdo con sus necesidades y un sistema que honre la dignidad del trabajo de todos sus integrantes mediante la estabilidad laboral y el respeto de sus derechos como trabajadores.

–Luego de la declaración de la salud como derecho fundamental, en la ley estatutaria de salud, ¿ha habido mejoras en el sistema?

–Por lo contrario, a través de su actual ministro de Salud, el Gobierno se ha empeñado en violar la Ley Estatutaria en nombre de ella misma, invocándola en cada decreto y norma que expide para burlarla. Por ejemplo,

en nombre de la ley estatutaria expide el decreto de reafiliación amenazando con que quien no lo haga queda excluido del sistema.

Otra norma es la de las exclusiones en la atención y entrega de medicamentos, que limitará aún más el acceso al derecho a la salud, pues el Ministro interpretó de manera tramposa los criterios de exclusión como un listado de exclusiones, con lo cual crea un POS más severo a pesar de que este desapareció legalmente; o el Mipres* que lo presentó como la norma que cumplía con el sistema de información y permitiría controlar el gasto por medicamentos, aunque lo ha hecho en algunos de ellos, sobre todo en los de alto costo, en realidad se ha convertido en una barrera al acceso a medicinas sencillas.

–¿Cómo están las relaciones laborales en las clínicas, hospitales, centros de salud?

–La realidad es que en centros de salud, hospitales y clínicas, públicos y

–¿Hacia dónde va el sistema de salud con la problemática que usted describe?

–Hacia el cumplimiento de su verdadero objetivo estratégico que es continuar acumulando y ampliando capital en manos del sistema financiero para que pase en seguida a invertir en la construcción de clínicas y hospitales privados, y controlar totalmente el modelo desde allí. Pues en esas instituciones se cerrará el ciclo del gran negocio que integra la venta de seguros privados que complementen lo que no dará el plan de exclusiones y se crearán los llamados centros de excelencia a los cuales se asociarán las universidades. Todo privado.

El modelo ya echó a andar. Es el futuro hospital de Sarmiento Angulo para el tratamiento del cáncer. Nos lo presentan como una donación. ¿Donación? A quién. Habrá sido a una de sus fundaciones. Negocio es negocio y con los costos de insumos para el cáncer, no lo hay mejor. ¿Por qué no hizo la donación al Instituto Nacional de Cancerología para mejorarlo? Y lo peor, sospecho sin temor a equivocarme, es que muy buena parte de esos dineros provienen de rentabilidad recursos públicos que han sido depositados en sus bancos. Es decir, las EPS serán mantenidas hasta cuando no sean necesarias. Ellas son y han sido un instrumento que ahora es simplemente distractor mientras se hacen grandes negocios financieros para determinar quién será el depositario del gran paquete. ¿Y la salud? La salud para qué. Lo que sirve como negocio es la enfermedad. * Mipres: Mi prescripción.

Herramienta tecnológica diseñada para prescribir servicios y tecnologías no incluidos en el Plan de Beneficios a los afiliados del régimen Contributivo, implementada por el Ministerio de Salud y Protección Social, desde el 1 de diciembre de 2016.

Laboral

Noviembre 1 de 2017

Aspecto del cabildo abierto de Barrancabermeja.

Esta ciudad santandereana decidió ir a una gran movilización social para exigir del presidente Juan Manuel Santos, el cumplimiento de su palabra en cuanto a la modernización de la Refinería JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

P

or citación del Con ce jo Municipal de Barrancabermeja, Santander, el pasado 24 de octubre se realizó un cabildo abierto en el que participaron diferentes organizaciones sociales de la ciudad y la región. Sindicatos como la Unión Sindical Obrera, USO; organizaciones comunitarias, políticas, campesinas, de derechos humanos, juntas de acción comunal y ciudadanos del común; luego de escuchar 35 ponencias de algunos líderes, sobre la problemática social producto de los incumplimientos gubernamentales, decidieron ir a paro cívico.

La ciudad, los habitantes y el comercio se habían preparado para recibir

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David Rabelo interviene en el cabildo.

Sesionó cabildo abierto en Barrancabermeja

Listo el paro cívico una Refinería moderna. Según la USO, se invirtieron 300 mil millones de pesos y se hicieron grandes esfuerzos en certificación internacional de la mano de obra.

VOZ habló con David Rabelo, del comité cívico organizador del paro, para conocer las causas de la decisión.

–¿Qué motiva a una ciudad como Barranca a que las organizaciones sociales, junto con entes de la administración de la ciudad se pongan de acuerdo para hacer un paro cívico?

–En campaña reeleccionista el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente, Germán Vargas, asumieron el compromiso de invertirle a Ecopetrol recursos por el orden de cinco mil millones de dólares, para la modernización de la Refinería de Barrancabermeja. Lo hicieron porque es una refinería obsoleta, porque su capacidad de refinación es de 250 mil barriles diarios, de crudos livianos. Y con el estudio que hizo la empresa hace cinco años le creó expectativas a la ciudad, pero no las cumplieron.

–¿Y qué hicieron los ciudadanos con esas expectativas de las que usted habla?

–Muchos comerciantes y trabajadores se cualificaron a través del SENA para estar listos para lo que venía. Se invirtió hasta en infraestructura, pero luego el presidente de Ecopetrol y el de la República manifestaron que esa inversión ya no se iba a hacer. Barranca se frustró y ahora hay gente que está aguantando hambre.

Más problemas –¿Qué otras acciones se hicieron antes de tomar la decisión del paro?

–Se hizo una marcha el 17 de mayo pasado con la participación de cerca de 40 mil personas, y el cabildo del 24 de octubre. En el cabildo se trataron varios temas como el de Fertilizantes Colombianos, empresa que produce abonos nitrogenados y hace ocho meses no le paga a sus trabajadores, afectando la economía de la comunidad.

Entonces, se determinó realizar un paro cívico en Barrancabermeja en la perspectiva de que Ecopetrol cumpla.

En el cabildo estuvieron las directivas de la empresa pero no dijeron nada. Se nombró una comisión que se reunirá con ellos y dependiendo de lo que salga

de ahí, se fijará la hora cero para el inicio del paro. Así como se han levantado otras poblaciones en el país, buscamos que el pueblo de Barrancabermeja y la región sean escuchados; que la empresa y el Gobierno cumplan con su palabra.

–¿Qué otros problemas aquejan a esta ciudad?

–Se han generado otros problemas como el alto número de jóvenes que se suicidan. Se sabe que ha habido graves accidentes en la Refinería y si no se da el manejo adecuado puede poner en riesgo a los habitantes. También hay una alta contaminación ambiental. Esta ciudad lleva 100 años produciendo riqueza para el país y nos hemos quedado con el problema social, ambiental, y por eso la gente se manifiesta. Está lo de la renta petrolera, que es la diferencia entre el precio internacional del crudo y los costos de extracción, que en muchos casos se queda en manos de privados. Y, el Gobierno nacional convierte esa renta en una bolsa común que va al poder central y se ha prestado para los focos de corrupción, y a los municipios productores no les dejan mayor cosa. Por eso también se pide que haya inversión social.

Trabajadores por los caminos del Che ISAйAS GARZюN

E

n octubre, en todo el mundo se conmemoró la desaparición física de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, y por supuesto con mayor importancia en la mayor isla de las Antillas, Cuba.

Por ello, 21 colombianos, varios de ellos sindicalistas de Sintradistritales solidarios con Cuba y agradecidos por el apoyo brindado a Colombia en el proceso de paz, asistieron a una brigada en la isla, desde el 1 hasta el 15 de octubre.

Acompañaron al pueblo cubano en varios actos públicos con ofrendas florales al Che como se conoce en el mundo, visitando sitios de interés como

su mausoleo en la provincia de Santa Clara, donde reposan sus restos recuperados de Bolivia.

También visitaron espacios donde libró las más importantes batallas como la provincia de Sancti Spíritus que fueron fundamentales en apoyo de la revolución cubana. Tuvieron charlas con los excombatientes compañeros del Che, quienes recuerdan con júbilo y orgullo a ese gran hombre que hoy es ejemplo de dignidad, solidaridad, trabajo, honestidad para los revolucionarios del mundo y para la humanidad en general.

Asimismo, el objetivo de la brigada era también intercambiar ideas de progreso con los demás solidarios del mundo pues a esta asistieron 23 países

Trabajadores colombianos de visita en Cuba.

incluyendo 61 ciudadanos de Estados Unidos, quienes expresaron su apoyo irrestricto a la revolución cubana y a sus logros en materia de salud, educación y democracia, entre otros.

En conjunto, se rechazó el bloqueo económico criminal que pesa sobre el pueblo cubano y se exigió la entrega de Guantánamo, territorio cubano invadido por el Gobierno de EE.UU.

Noviembre 1 de 2017

Política

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Control Fiscal

Piden reforma al Sistema de Participaciones Cambiar la fórmula de asignación de recursos y luchar contra la corrupción son los reclamos de la Contraloría para superar la desigualdad en Colombia HERNЕN CAMACHO

C

on el Acto Legislativo 01 de 2001, se modificaron los artículos 356 y 357 de la Constitución y se dio vía libre al Sistema General de Participaciones, SGP, para transferir recursos públicos a los sectores de salud, educación y saneamiento básico a las entidades territoriales, departamentos y municipios, sin sobrepasar la salvaguarda fiscal que impone una restricción a los recursos destinados a la inversión social. Desde ese año, las organizaciones sociales, sindicales y algunas autoridades locales advirtieron que la nueva fórmula de asignación de recursos profundizaría la desigualdad en el país.

Y es que el Sistema, contrario a ampliar los recursos para financiar inversiones en infraestructura social, es decir, la construcción y el mantenimiento de hospitales, acueductos, colegios, entre otros, no ha logrado que el país reduzca la brecha de pobreza entre las regiones y los territorios, entre las

capitales de departamento y Bogotá, ahondando la pobreza multidimensional en el país.

Casi tres décadas después del cambio de modelo de asignación de recursos de Participaciones los resultados son precarios, sobre todo a la hora de verificar la correcta asignación de los mismos, es decir, las dos principales razones para que la brecha social siga ampliándose son los reducidos recursos sociales para las regiones y la corrupción de las autoridades locales. Para la Contraloría General de la República, los recursos del Sistema no cumplen su objetivo y no se está verificando su destinación real. Esta conclusión se desprende del estudio denominado: Efecto retributivo del Sistema General de Participaciones, que presentó el jefe del ente de control, Edgardo Maya Villazón.

El estudio comparó la desigualdad entre la capital del país con otras capitales de departamento a las que les transfieren una menor cantidad de recursos a pesar de tener mayores necesidades. “Existen territorios en nuestro país, con índices de desarrollo humano similares al de países europeos de desarrollo medio-alto; mientras ello sucede, otras regiones del país presentan indicadores de desarrollo solamente comparables con los países más pobres del planeta”, señaló Edgar Maya Villazón.

Las diferencias son abismales: la capital del país mantiene una tasa de pobreza en un porcentaje del 4,7%, en la región pacífica la pobreza asciende a 33,8% y en la región caribe la pobreza llega a 31,2%. Las razones para

Movilización de maestros reclamando recursos para la educación.

la inequidad en buena parte, dice el Contralor, se deben en un alto grado a corrupción que se vive en estas regiones y al diseño de política pública de asignación de recursos, pues con el actual sistema los municipios más pobres deberían recibir recursos notoriamente mayores a los de los municipios más ricos, debido a que estos últimos pueden generar recursos propios para los programas de salud, educación y saneamiento básico.

“Se hace necesario plantear una revisión de los criterios de distribución para todo el SGP, teniendo en cuenta que las condiciones de los sectores han cambiado frente a la situación que existía hace 15 años, al igual, que las políticas, prioridades y retos sectoriales”, indica una de las recomendaciones del estudio.

La autoridad fiscal le adjudica a la corrupción el crecimiento de los índices de pobreza. Pues si bien los mínimos recursos para salud y educación se mantienen, y en determinados años crecen las trasferencias, los resultados en reducción de pobreza son precarios. El cartel de la hemofilia y la suplantación de alumnos para captar mayores recursos son algunos de los ejemplos que retratan las acciones de las autoridades locales en las regiones más deprimidas de los territorios, con el fin de apropiarse indebidamente de los recursos.

“Con ocasión de la terminación del periodo de transición prorrogado con el Acto Legislativo 04 de 2007, es importante considerar una evaluación del SGP en todos sus ámbitos que permitan un mayor grado de convergencia entre discurso político y realidad concreta, queda entonces planteada la necesidad de una posible reforma al Sistema”, señala el estudio.

Una reforma que sea capaz de adecuarse a las nuevas realidades territoriales del país. La implementación de los acuerdos de paz y en su efecto la entrada en vigencia de los Planes Especiales de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, implica que los recursos destinados a la salud se articulen a las necesidades, prioridades y políticas públicas que se desprenden de los planes especiales de desarrollo.

Concluye la Contraloría: “Existe una oportunidad interesante para el desarrollo social y económico de ciertas zonas del país con el postconflicto, en donde el SGP debe contribuir en el mejoramiento las condiciones de vida de sus pobladores. La conjunción de estos recursos, las regalías, la ayuda internacional, los recursos de la nación destinados a la construcción de la paz, todos a una, y vigilados por los organismos de control deben ser oportunidad para un verdadero despegue social, de las zonas más atrasadas y necesitadas del país”.

Comunicado de VOZ en solidaridad con Prensa Rural

En defensa de la libertad de prensa

Prensa Rural ha estado en las comunidades.

E

l director y el Colectivo del Semanario VOZ hacen llegar al compañero René Ayala y a todos los colegas de Prensa

Rural, su solidaridad con ocasión de la reciente provocación, allanamiento y saqueo de sus oficinas, de lo cual fue víctima en circunstancias similares

a las que se han presentado contra medios alternativos y oficinas de ONG sociales y de derechos humanos.

No nos cabe la menor duda que es un acto contra la libertad de prensa y destinado a intimidar a Prensa Rural, medio comprometido con la difusión de las luchas sociales y ´populares del campo y la ciudad. El aporte de Prensa Rural es fundamental para que se conozca la verdad de la realidad colombiana, aquella que es tergiversada por la “gran prensa” al servicio del capital y de la desinformación.

VOZ, que ha sufrido la persecución del régimen, conoce muy bien lo que significan la intimidación y los intentos por silenciar a la prensa que está del lado de las causas democráticas y populares. Razón para que cerremos filas en defensa de la libertad de prensa, el derecho de la prensa alternativa y de izquierda a existir con plenas garantías, con mayor razón cuando el Acuerdo Final de La Habana significa

no solo el fin del conflicto armado sino también la posibilidad de abrir caminos hacia la democracia y la justicia social.

Convocamos a la solidaridad con Prensa Rural, víctima de este atropello inaceptable, disfrazado de un robo más de los tantos que existen en este país.

Que el Fiscal General de la Nación en lugar de torpedear la paz, ordene la investigación severa y el castigo para los responsables de este atentado criminal. Que el presidente Santos asegure el cumplimiento del Acuerdo de La Habana sin dilaciones ni trampas, es la manera de fortalecer la democracia y los derechos fundamentales.

Un abrazo para René y para cada uno de los colaboradores de Prensa Rural.

Carlos A. Lozano Guillén, director de VOZ. Colectivo del semanario VOZ. Bogotá, D.C. 25 de octubre de 2017.

Política

Noviembre 1 de 2017

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Mano dura del poder contra los pobres

¿Tiene fuero el clan Char?

Desalojo en el año 2013, en Galapa, Atlántico.

AйDA AVELLA

D

oloroso que entre los límites de Galapa y Barranquilla, más de 100 familias con dos, tres y hasta cuatro desplazamientos, hayan sido sacados a la fuerza, en la época en que la señora Elsa Noguera ejercía como alcaldesa de la capital del Atlántico.

A finales del 2013, fueron desalojados los predios más grandes. Se hicieron presentes todas las entidades del Estado: Bienestar Familiar, Procuraduría, Fiscalía, y hasta la Defensoría del Pueblo; por supuesto el Esmad, delegados de la Alcaldía y otras, no para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino para presenciar y legitimar toda clase de arbitrariedades.

Según testimonios de campesinos, días antes de su desplazamiento por parte del Estado a los campesinos, el señor Lesman Parra González, hermano de Librado de Jesús Parra González, quien fuera lugarteniente del ‘Caracol’ Alberto Orlández Gamboa, extraditado a raíz de la Operación Marejada, uno de los paramilitar más temido en

el Atlántico, los amenazó advirtiendo que “les tocaría matar unos cinco campesinos para que desalojen la tierra”.

Dice Alfredo Molano en uno de sus escritos: “El paramilitarismo y el narcotráfico tuvieron especial interés y auge en Atlántico. Se invirtieron millones de dólares en el sector financiero y en bienes inmuebles. Una nueva clase política surgió acaballada en esos capitales, lo que aumentó la seguridad en el lavado de activos. En agosto de 2002 se dio la Operación Marejada, que, según la Policía y la Fiscalía, desbarató el cartel de la costa atlántica encabezado por ‘Caracol’. Con él cayeron 30 personas más, por tráfico de estupefacientes y lavado de activos, una de las cuales –Libardo de Jesús Parra González– tiene un papel importante en la historia de Tamarindo”.

Entre las tristes historias que conozco, de aquel desplazamiento, está la de una pareja de ancianos. Ella tenía Alzhéimer, su esposo, con cerca de 80 años, cuidaba de ella, fueron violentados sin compasión. Otra es infame: Una

mujer jefe de hogar, perdió la cabeza al ver cómo el Esmad, en compañía de Lesman Parra González y sus hombres, con motosierra, tumbaba las matas de plátano, la yuca, las frutas, y rellenaban los pequeños estanques donde cultivaban peces.

Desplazaron a más de 70 familias, que fueron socorridas por los pobres que estaban al lado en una pequeña parcela de menos de 25 hectáreas, que no desalojaron porque era del municipio de Galapa. Esas familias de pobres le dieron la mano a los desplazados, que no tenían para dónde ir, compartieron sus ranchos, sus pobrezas, sus lágrimas, mientras el Estado se marchaba triunfante por la labor cumplida.

Las autoridades cumplieron su “destacada” acción, violentar a campesinos pobres, víctimas de todas las violencias, y ahora todo quedó en orden: Los pobres en la calle y las autoridades orgullosas por recuperar las tierras para que se ampliara la zona franca de Barranquilla para los negocios, de entre otros, los Char.

El Registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla certificó que en los predios desalojados entre los años 1955 y 1972, no aparece propietario. Nadie era dueño de El Mirador, La Granja Catalina, Natacha y Beitjaba, y en consecuencia no hay tradición.

El Tamarindo, lugar donde unos pobres acogieron a los otros, está situado, según el IGAC, entre el Distrito de Barranquilla y el Municipio de Galapa y es jurisdicción de este último.

Le escribí cartas a la alcaldesa de ese municipio, y me quedé esperando respuesta. Aspiraba a que una mujer que presidía esa alcaldía, leyera y tuviera la sensibilidad para visitar estos humildes y pobres campesinos, pero no fue así.

Lesman Parra González, ese tenebroso personaje, siguió hostigando a más de 100 familias hacinadas en menos de 25 hectáreas. Cualquier día del año 2015 llegó con cinco hombres armados a construir una choza. Se necesitó la intervención de la Policía a nivel central para sacarlos del predio. Mi sorpresa fue aterradora, tres días después, los mismos hombres desalojados por la Policía, ingresaban al predio a construir, esta vez con respaldo de 10 soldados del Ejército. Otra vez acudimos al nivel central y efectivamente salieron a las pocas horas los soldados y civiles armados. Después de un día agitado, me enteré que Lesman Parra González, era el jefe de seguridad de alguno de los señores de la familia Char.

Señor Fiscal Martínez, le exijo como ciudadana, investigar no solo las arbitrariedades contra los pobres, investigar los intereses sobre ese predio desalojado y los notarios que legalizan todo, sino las andanzas y relaciones entre la familia Char y los paramilitares del bloque Caribe de las AUC y los herederos del paramilitarismo y las bandas emergentes.

No por pertenecer a Cambio Radical, la familia Char tiene un fuero especial que le impida investigarlos ¿Cierto, doctor Martínez?

Barranquilla

Tenderos contra el Código de Policía WILFRIDO JIMШNEZ DйAZ

L

a implementación del nuevo Código de Policía, en la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana, no ha sido de buen recibo.

Ya han sido muchos los enfrentamientos de la comunidad, con los agentes de la Policía Nacional, ya que según muchos barranquilleros, “esa Ley fue diseñada por y para comunidades que gozan de clima frío”. En Barranquilla y en general en la Costa Caribe, las reuniones, fiestas y compartires, se realizan al aire libre y no es porque el costeño sea ostentoso, sino por las mismas condiciones del clima pues la temperatura promedio oscila entre los 34 grados.

Pero la peor parte la están afrontando los tenderos, que cansados del

acoso de la Policía, “encargados de hacer cumplir el nuevo Código”, salieron a marchar el pasado martes 24 de octubre en una manifestación que agrupó a más de 6.000 asistentes y salió de la emblemática Plaza de la Paz, bajaron por la carreta 44, llegaron al edificio de la Alcaldía Distrital, en el Paseo de Bolívar, donde una Comisión de los Tenderos fue ignorada por el Alcalde.

Orlando Jiménez, Director de Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, manifestó que el gremio de tenderos, no está de acuerdo con la forma como la Policía y la actual administración distrital, vienen aplicando el nuevo código, cuyas acciones dejan hasta el momento como resultado 875 tiendas cerradas y 24.000 comparendos, “por no cumplir con los requisitos”,

Marcha de vendedores informales en Barranquilla.

como dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Mariano Botero Coy. De igual manera los manifestantes se pronunciaron en contra del impuesto de uso de carpas o marquesinas en sus establecimientos, ya que sin ninguna consideración, está tasado en $738.000 pesos. “Es que una carpa en cualquier parte del litoral Atlántico, no es un lujo, es una necesidad para proteger los productos y para brindarle comodidad

a los usuarios. Como tampoco comparten, que las terrazas, sean consideradas como espacio público.

En sí, las peticiones del gremio, se resumen en cuatro puntos: “Que las terrazas no tengan carácter de espacio público; anular el impuesto a las carpas o marquesinas; flexibilidad en la documentación de los comerciantes y un horario estipulado para las tiendas para que no digan que son cantinas”.

Noviembre 1 de 2017

Actualidad

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Jhon F. Kennedy

El asesinato pudo evitarse HERNANDO LюPEZ

T

ras los 2.800 documentos desclasificados de los archivos de la CIA y del FBI por decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendieron varias revelaciones que saltaron de bulto aunque ya eran vox populi para analistas y periodistas internacionales.

Sin embargo, Trump decidió mantener bajo clasificación estricta varios de los documentos por razones de seguridad nacional. Algunos académicos y periodistas que han investigado sobre el caso, consideran que con las informaciones recibidas por la CIA y el FBI, “el asesinato de Jhon F. Kennedy hubiera podido evitarse”.

En los documentos conocidos queda en evidencia que Kennedy ordenó, como cualquier mandatario terrorista, el asesinato de Fidel y Raúl Castro y de Ernesto Che Guevara. Por Fidel estaban dispuestos a pagar US$100 mil y por Fidel y el Che, por cada uno, US$20 mil. Pero además aparecen cables que comprometen a las dos agencias terroristas en intentonas para asesinar a Patricio Lumumba y autoridades de Vietnam y de otros países. Nada nuevo y lo continúan haciendo.

Aparecen las turbias relaciones de Kennedy y sus escándalos amorosos.

Fiestas con la actriz Marylin Monroe, célebre por haberle cantado en la

Jhon F. Kennedy.

celebración de unos cumpleaños, así como la presencia en varias de ellas del actor y cantante Frank Sinatra, conocido también por sus relaciones con la mafia de Chicago.

Según los documentos desclasificados y conocidos, la CIA y el FBI acumularon bastante información sobre los planes para asesinar al entonces presidente Jhon F. Kennedy, pero nada

hicieron para impedirlo. En esas conspiraciones palaciegas en la Casa Blanca, por múltiples razones, pudo ser que se abrió paso el plan de matar al mandatario. Es probable que en los documentos que mantiene en secreto Trump estén las pruebas de la participación de la CIA o el FBI o de ambos organismos en el asesinato de Kennedy. De eso se ha hablado mucho. Es más que una sospecha.

Un hasta pronto para “Chelo”, un camarada ejemplar “Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida”.

Pablo Neruda.

intelectual, revolucionaria y orgánica, esa que hace finanzas para el partido, los bonos, pero sobre todo el semanario VOZ. No había persona más proactiva para difundir el periódico de los comunistas, el medio más importante de la izquierda colombiana. Todos los jueves llegaba temprano a recogerlo a la entidad de envíos para

llevarlo a cada militante y simpatizante y sobre el medio día todos lo estaban leyendo.

Wenceslao, camarada, siempre lo recordaremos con su sonrisa, con su estrechez de mano, con su afán cotidiano, con su presto gesto de servir, pero también con su compromiso ineludible por transformar este vida. ¡Hasta siempre!

Importante encuentro de Provivienda en Urabá

Wenceslao Pérez Ramírez.

U

n último adiós se le dio al camarada Wenceslao Pérez Ramírez, el pasado 22 de agosto luego de dos infartos que no pudo superar. Oriundo de Morelia, Caquetá, e hijo de una familia que con él contaban 10 hermanos, amante de la libertad, la aventura, la buena música, como la colombiana y los boleros.

“Chelo” como lo llamaba su amada compañera Gladys Valencia, fue militante del Partido Comunista durante 31 años cuando fue concejal de Cartagena del Chairá, donde además realizó el cargo de almacenista. El conflicto lo desplazó hacía la ciudad de Neiva, donde llegó a integrar el regional Ramón Tovar. Muy pronto se convirtió en un revolucionario de tiempo completo donde no compartía el desorden y hacía honor a la disciplina, siempre procuraba hacer las cosas correctamente.

“Siempre fue disciplinado en las tareas que el partido le asignaba, nunca las dejaba a mitad de camino, era colaborador, humanista y daba muestras del gran ser humano que fue hasta su último día entre nosotros”, expresó uno de sus más sinceros amigos, Alfonso López.

Nunca se le había visto enfermo, él era quien recomendaba la medicina natural, la alimentación sana, el ejercicio, pero también era el que aconsejaba abandonar el exceso de alcohol y de cigarrillo. “Jamás se me pasó por la cabeza que este viejo nos fuera a dejar, eso que lo diga yo que con frecuencia me enfermo, pero él parecía un roble, lo vamos a extrañar mucho”, comenta Francisco Barreto Wenceslao siempre llegaba con su astucia de vender cualquier cosa, pero sobre todo tipo de bibliografía

Asamblea de Provivienda en Turbo, Antioquia.

L

a Central Nacional Provivienda -Cenaprov- continúa con la realización de los encuentros regionales para la recuperación de la memoria y la reconstrucción del tejido social, con el auspicio de la Unidad Nacional de Víctimas. En esta oportunidad el evento tuvo lugar en Turbo, Urabá antioqueño, del 27 al 29 de octubre, con participación de dirigentes de los municipios, con toda la disposición y el compromiso para impulsar el plan de reorganización para avanzar con la lucha por el derecho a la vivienda digna.

Provivienda en Urabá es un referente en cuanto a logros urbanísticos

por la construcción de decenas de barrios con más de ocho mil soluciones para beneficiar a las familias de trabajadores. Por su ardua lucha en la defensa de este derecho, sus líderes fueron víctimas de asesinato, encarcelamiento, desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, hecho que ha sido reconocido por el Estado colombiano que tendrá que reparar de manera integral y colectiva a la entidad y a sus miembros y comunidades.

La próxima jornada será en Barrancabermeja, Santander, del 10 al 12 de noviembre. En la foto aspecto del encuentro en Turbo.

Noviembre 1 de 2017

Derechos humanos

/11 Asesinado otro ex combatiente de las FARC

E

Delegación colombiana en la sesión de la CIDH.

Nuevo llamado al Gobierno Organizaciones de derechos humanos, desde la sesión de la CIDH, instan al Gobierno nacional a tomar medidas ante la aguda situación de violencia que vive el país CAROLINA TEJADA

O

rganizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, entre otras

organizaciones, asistieron el pasado 23 de octubre a la ciudad de Montevideo, en Uruguay, para participar en el 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. En la audiencia temática, que llevaba por título “situación de personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia”, las organizaciones asistentes del país presentaron varias solicitudes ante la CIDH, las cuales tenían que ver con la actual situación de violación a los derechos humanos en el territorio nacional. Esas peticiones alertaron a fin de prevenir el aumento de las violaciones y homicidios selectivos y sistemáticos que se han perpetrado en contra de los líderes sociales y defensores de DD.HH., instar al Estado colombiano a reconocer la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como, el avance de

las respectivas investigaciones, a fin de judicializar, no solo a los perpetradores, sino a los financiadores de estos atroces crímenes, con el objetivo de superar los altos índices de impunidad y ofrecer verdaderas garantías de no repetición. Así mismo, se instó al Estado colombiano, para que realice con urgencia la implementación del Acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC-EP, manteniendo como base, un enfoque territorial que involucre a las comunidades afectadas por el conflicto.

Igualmente, hicieron el llamado a la CIDH y a la comunidad internacional, para visibilizar y enviar un S.O.S por la crítica situación que se viene presentando en Colombia. Mas de 127 líderes sociales han sido asesinados, sin contar con un alto número excombatientes de las FARC, asesinados sistemáticamente en varias zonas del país.

Quieren callar la voz de Prensa Rural

E

l pasado 25 de octubre en horas de la madrugada, hombres desconocidos ingresaron por la fuerza, a las instalaciones de Prensa Rural. Según denunciaron desde la agencia, los sujetos violentaron las chapas y las cerraduras de la sede donde funciona, y a pesar de que comparten instalaciones con el proyecto de educación popular Corpeis, solo agredieron las oficinas del medio.

Según informó para los medios René Ayala, director de Prensa Rural, en los hechos en donde prácticamente tumbaron la puerta de la oficina, robaron un computador Mac con información importante y delicada, unas luces, un disco duro de una tera con material inédito de la agencia, USB, un dron, entre otros elementos propios del trabajo de prensa. Entre la información delicada se encuentran entrevistas y reportería de campo, aún en etapa de preproducción, lo cual “pone en riesgo a fuentes que tienen que estar protegidas”.

Estos hechos han sido señalados desde la FLIP, a través de un comunicado público como, “intentos de censurar a un medio alternativo”. Además, señalan que, con el robo de materiales y documentación de la agencia, se pone en “peligro la información y se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo”.

Por su parte René Ayala, argumenta que, “lo que se puede estar configurando es una agresión contra la libertad de prensa y especialmente contra medios alternativos que hemos venido cubriendo en la última etapa, temas de tanta importancia y trascendencia como el asesinato sistemático de líderes sociales el tema de la movilización social campesina alrededor de la sustitución alternativa de cultivos, a propósito del paro agrario que inicia hoy. Nos parece que puede estar asociado a una intención manifiesta de callar la voz de este proyecto de agencia de prensa rural”.

Movimientos sociales, artistas reconocidos, y diversos medios alternativos

Así quedaron las instalaciones de Prensa Rural.

y democráticos del país y el mundo, han extendido su solidaridad con este importante medio, y han llamado al igual que la FLIP, a que se investiguen los hechos. “La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investiguen los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio”.

Desde el Consejo de Redacción de VOZ, nos sumamos al llamado de solidaridad con los periodistas de Prensa Rural, quienes han sido nuestros

l pasado domingo 29 de octubre, alrededor de las 9:00 p.m. en la vereda La Pedregoza, inspección de José María, del municipio de Puerto Guzmán, en el Putumayo, fue asesinado ‘Martín’, excombatiente del Frente 32 de las FARC-EP. Este hombre hacía parte de los cientos de reincorporados que hoy hacen tránsito a vida civil, fruto de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. Según informan las organizaciones locales, la comunidad ha entrado en pánico, pues aseguran que desde hace algún tiempo se conocen de hombres armados que transitan por la zona. Con temor, los habitantes a través de la RecSur, aseguran que “uno no entiende qué pasa en José María.

Hay que preguntarle a la Fuerza Pública qué es lo que está pasando, porque ellos están en una esquina de la carretera y en la otra esquina están los otros hombres armados. Se incrementaron los robos. Hace unos días, en la curva, salieron hombres con pasamontañas, en calzoncillos y medias, con armas largas, a atracar los vehículos. A la vuelta queda la guarnición militar. Entonces uno se pregunta, ¿Por qué “esos ladrones” tienen que desnudarse para cometer sus fechorías si tienen puesto pasamontañas? La situación es muy difícil”.

Desde las organizaciones locales y de derechos humanos, hacen el llamado al gobierno nacional para ampliar el acompañamiento a estos territorios, al tiempo que denuncian: “Nos están matando. Hace unos días asesinaron a dos compañeros líderes campesinos de la región, anoche mataron a un excombatiente que cumplió con los trámites del proceso de paz, ¿Quién sigue mañana? Alguien tiene que hacer algo. Esto no puede continuar. Necesitamos que vengan las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales y nos acompañen en los territorios. Necesitamos protección”, expresaron.

aliados cubriendo desde cada rincón del país las principales noticias desde los territorios más vulnerables y apartados. Sabemos que estos hechos, no se alejan del interés de querer acallar a quienes construimos prensa para la paz, y sin vacilar a la hora de evidenciar la corrupción, los responsables de crímenes en el país, y los efectos de la injerencia en los territorios por parte de multinacionales y las fuerzas armadas.

Noviembre 1 de 2017

Economía

China y una nueva era del socialismo

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& COMENTARIOS Cuba y China firmaron en La Habana cinco acuerdos para ampliar sus relaciones económicas que oficializan la entrega de fondos y ayuda para la recuperación de los daños del huracán Irma en la isla, y el otorgamiento de créditos para ejecutar proyectos conjuntos en el área electrónica. El ministro cubano para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el embajador de China en La Habana, Chen Xi, suscribieron los documentos. El embajador chino manifestó que el Gobierno de su país elaboró un paquete de ayuda con el objetivo de contribuir a que Cuba obtenga “éxitos en su restablecimiento”.

Cinco nuevos acuerdos CubaChina: Donaciones, proyectos de electrónica y acuicultura.

En: http://www.cubadebate.cu/ noticias/2017/10/25 (Consultado el 28 de octubre de 2017). &&&&&&&&&&&&

Congreso del Partido Comunista Chino .

GERARDO ESTEBAN VARGAS*

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el pasado 18 al 24 de octubre, se celebró el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China1. Valga decir, el partido político más grande del mundo, con una participación de más de 89.000.000 de militantes. Donde tienen la opción de militar lo mejor de la nación, como Jing Haipeng, astronauta que ha realizado tres misiones espaciales chinas, se convirtió en el primer delegado en reunirse con los medios de comunicación. Jing afirmó que es una “misión sagrada” y de “gran responsabilidad” ser delegado al XIX Congreso Nacional del PCCh. Un total de 1.818 periodistas extranjeros reportan el XIX Congreso Nacional del PCCh. Esta cifra es un récord histórico que demuestra la gran atención mundial que recibe el gran encuentro político de China. Tal apertura y transparencia demuestran la confianza del PCCh en su certero camino y en la construcción del socialismo con características chinas.

Logros en salud “Se debe mejorar la política nacional de salud para proporcionar a las personas una gama completa de servicios sanitarios “, dijo el secretario general del Comité Central del PCCh, Xi Jinping. Según el Libro Blanco sobre “Desarrollo de la Industria de la Salud y Progreso de los Derechos Humanos de China” publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado.

China ha creado la red nacional de seguro sanitario más grande del mundo y ha establecido un sistema de servicios de salud que abarca tanto zonas urbanas como rurales. Hasta finales de 2016, el número de personas cubiertas por seguros médicos básicos superaba los 1.300

millones, lo que supone más del 95% de la población, con un sistema que cubre cualquier tipo de enfermedad.

Comprometida con la paz y el desarrollo humano Xi Jinping dijo que China aportará nuevas y mayores contribuciones a la paz y al desarrollo de toda la humanidad. El PCCh y el pueblo chino han experimentado pruebas y tribulaciones. “Estas experiencias nos han enseñado que la paz es preciosa y que el desarrollo debe ser valorado”, sostuvo Xi ante los reporteros. “Con confianza y orgullo, el pueblo chino será firme en la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país”, destacó.

necesidades del Partido y la nación para el desarrollo de sus objetivos”, dijo el profesor de la Universidad Renmin de China y estudioso de la historia del PCCh Yang Fengcheng.

“Los nuevos líderes del PCCh son buenos estudiantes y resueltos en la práctica”, opinó Yang, que también es el editor jefe del libro “Claves del éxito del Partido Comunista de China”.

Esta es la primera vez en que todos los miembros del Comité Permanente del Buró Político son nacidos tras la fundación de la República Popular China, en 1949.

Todos ellos comenzaron sus carreras políticas en momentos cercanos al inicio de la política de reforma y apertura, en 1978, que dejó en ellos la impronta de la era en la que la economía de China empezó a despegar.

Nueva era socialista El congreso, de periodicidad quinquenal, concluyó el martes 24 de octubre, con la declaración por parte del PCCh del advenimiento de una “nueva era” del socialismo con peculiaridades chinas. Durante su transcurso se consagró en los Estatutos del Partido el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época como nuevo componente de la guía de acción del PCCh. Los nuevos líderes del PCCh que salieron a escena serán los timoneles que mantengan a los chinos en el rumbo hacia los objetivos del país para la nueva era, que consisten en alcanzar básicamente la modernización socialista para 2035 y construir un gran país socialista moderno para mediados de siglo.

“Los cambios en el liderazgo del PCCh, el partido político más grande del mundo, son una respuesta a las

Disciplina, estudio y amor por la patria Los nuevos líderes son considerados ampliamente como portadores de firmes ideales y convicciones, fuerte lealtad al Partido y profundo amor por el país.

Todos ellos recibieron educación superior y demostraron ser adeptos de la filosofía y el pensamiento estratégico, con un nivel relativamente alto de razonamiento teórico. Muchos de ellos han publicado estudios académicos o incluso libros durante sus carreras.

Los siete líderes han reunido una rica experiencia práctica. Se les considera conocedores del contexto histórico y preocupados por el pueblo. * Economista Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS).

1 Diario del Pueblo Chino.

Con 1,12 millones de hectáreas de terreno forestado de manera artificial, en el Bosque Saihanba de Hebei se construyó una Gran Muralla verde que no solo sirve como importante barrera para frenar la arena, y proteger la calidad del agua, sino que además atrae a casi 500.000 turistas chinos y extranjeros cada año, con más de 40 millones de yuanes en ingresos por las entradas. El Bosque Saihanba es un ejemplo vivo de la construcción de civilización ecológica en China. La supervisión de la protección medioambiental en China obliga a la optimización de la estructura económica local. En: https://www.telesurtv. net/news (Consultado el 28 de octubre de 2017). &&&&&&&&&&&& El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, dijo que el estudio, la difusión y la implementación del espíritu del XIX Congreso Nacional constituyen la “tarea política primaria” para el partido y el país de ahora en adelante.

Xi hizo esta declaración al presidir el primer estudio en grupo del XIX Buró Político del Comité Central de PCCh, el viernes 27, el cual se enfocó en la implementación del espíritu del congreso del PCCh, según un comunicado de prensa emitido el sábado 28. Xi pidió a todos los miembros del PCCh “estudiar el espíritu del congreso del PCCh, y adherirse y desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época”. Estudio e implementación de espíritu del congreso del PCCh son tarea primaria: Xi Jinping. En: http://spanish. peopledaily.com.cn (Consultado el 28 de octubre de 2017).

Noviembre 1 de 2017

La Casa Blanca invoca un supuesto sesgo antiisraelí por parte de la agencia de las Naciones Unidas. Se trata en realidad de un apoyo a la política racista contra el pueblo palestino, por parte de su mayor aliado en el Oriente Medio

Internacional

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Trump le da un portazo a la Unesco

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l pasado 12 de octubre, la administración del presidente Trump anunció al mundo la decisión de la mayor potencia del mundo de retirarse de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco. Heather Nauert, portavoz de la Casa Blanca, fue la encargada de hacer el anuncio, e indicó que “no es una decisión que se tome a la ligera”, y se explica “en el continuo sesgo contra Israel” y en la necesidad de “una reforma fundamental de la institución”.

Pocas horas después del anuncio, también el gobierno de Israel expresó su intención de abandonar la prestigiosa organización de la ONU, con sede en París, encargada de la defensa del patrimonio cultural de la humanidad.

La posición de Israel fue más agresiva aún y calificó al ente multilateral de ser un “teatro del absurdo donde se deforma la historia en vez de preservarla”.

El argumento esgrimido por Estados Unidos e Israel, de una fementida posición antiisraelí por parte de la Unesco, no es más que un embeleco. Lo que en realidad irritó a ambos gobiernos, que actúan de la mano en política

Ciudad sangrada de Jerusalén, declarada patrimonio cultural de la humanidad.

internacional y han constituido una verdadera asociación criminal para agredir a otros pueblos, fue la decisión de la Unesco, adoptada en julio pasado, de declarar a la ciudad de Hebrón, como zona protegida del patrimonio de la humanidad.

Memoricidio Hebrón es una milenaria ciudad ubicada en territorio palestino, pero actualmente bajo ocupación de tropas israelíes, que han expulsado a sus pobladores y la han repoblado con asentamientos judíos. Ciertamente, la intención de la Unesco de defender la

ciudad como patrimonio cultural de la humanidad, obstaculiza los planes expansionistas, racistas y colonialistas de Israel contra el pueblo palestino, que tiene con ello la posibilidad de defender este territorio.

La Unesco ha defendido el criterio de seleccionar monumentos y sitios que considera patrimonio de la humanidad, pero que se ubican en territorios usurpados por Israel al pueblo palestino. Se encuentran en ellos reliquias judías, cristianas, musulmanas, romanas helenísticas, que al ser reconocidas, inciden en incentivos turísticos, pero también en el relato histórico. Y esto es lo que más molesta,

especialmente a Tel Aviv, empeñada en borrar la memoria histórica del pueblo palestino, en una especie de “memoricidio”, que Israel denomina “judaización”.

Realmente la Unesco se convirtió en obstáculo para el empeño de Israel de borrar del planeta al pueblo palestino. En este sentido, Estados Unidos apoya plenamente la política colonialista de Israel, y por eso critica a la Unesco, le retira la ayuda financiera y reclama ahora una “reforma sustancial” del organismo. Lo que muestra también, que Estados Unidos no es un intermediario para la paz en la región, sino un obstáculo para alcanzarla.

Argentina

Repudio por crimen de Santiago Maldonado

Manifestaciones en la Plaza de Mayo, repudiando el crimen de Santiago Maldonado.

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l martes 17 de octubre pasado, apareció flotando sobre las aguas del río Chubut, en territorio mapuche, el cuerpo de un muchacho. Era el de Santiago Maldonado, el activista de derechos humanos que había desaparecido el primero de agosto anterior, en el marco de un operativo policial contra la comunidad indígena de esa región.

De acuerdo con las primeras pesquisas de los organismos de investigación y de médicos forenses, no es posible que el cuerpo de Maldonado haya permanecido muchos días, una semana

o más en la zona, máxime cuando el Chubut es un río angosto, poco profundo y de aguas cristalinas. Si hubiera estado el cuerpo varios días, los pobladores lo habrían visto, con toda seguridad.

El prestigioso y galardonado criminalista de ese país, Enrique Preuge, dice que “la corriente mueve el cuerpo todo el tiempo, a razón de unos veinte kilómetros por hora. Además, la fauna ataca el cuerpo. Todo esto descompone, desarma el cuerpo, y en este caso, el cuerpo estaba intacto”.

Este primer análisis supone que Maldonado no fue asesinado el día de

su captura por la gendarmería argentina. Y aunque todo indica que murió por ahogamiento, es posible que el cuerpo haya sido “plantado”, es decir, llevado hasta el sitio, unas horas antes de ser descubierto. En realidad tenía su cabellera intacta, sus tatuajes, no había perdido la piel ni las huellas digitales.

Los activistas de derechos humanos, que promovieron un vigoroso movimiento nacional para que Santiago Maldonado apareciera con vida, temían ese desenlace. Las autoridades desviaron las pruebas, alteraron la escena del crimen, negaron la desaparición como un hecho político, típico de un gobierno dictatorial, el presidente Macri guardó silencio todo el tiempo.

Ante el atroz crimen, las movilizaciones se han seguido dando, y el movimiento popular y de defensores de derechos humanos reclaman castigo para los responsables, tanto materiales como intelectuales. Santiago Maldonado, un muchacho que mostró compromiso con la lucha por la defensa de la tierra de la comunidad mapuche, ganó amigos en este trance. Se convirtió en una figura querida, por su solidaridad, por sus condiciones como sujeto ético, por su opción en favor de los condenados de la tierra, como decía Frantz Fanon. Puede ser que su muerte sea el principio de un tiempo mejor, digno, humano, han dicho algunos analistas.

Mujeres

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Acuerdos de paz

Implementación con enfoque de género Representante de organizaciones nacionales de mujeres a la instancia especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo final

MAGDA YANETH ALBERTO CUBILLOS

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l enfoque de género es uno de los aspectos más importantes del acuerdo de paz, es un logro político del movimiento social de mujeres, que desde sus diversidades, territorios y acciones contribuyeron a la exigencia de ser pactantes y no pactadas, el logro de este enfoque, reconoce los derechos de las mujeres y personas LGBT. Estos acuerdos son pioneros en incluir el enfoque de género y se convierte en ejemplo y práctica asertiva para retomar en futuros procesos de paz del mundo y el país. A un año de la firma del acuerdo Final, ¿cómo va este tema en la implementación? En el acuerdo final entre el Gobierno y la FARC-EP se lograron más de 1001 medidas específicas en relación a los derechos de las mujeres y personas LGBT, grupos como las Cinco Claves han sistematizado estas propuestas2. Las organizaciones de mujeres las han interpretado y ordenado de formas diversas para exigir su implementación.

El fast track ha permitido la emisión de leyes desde el congreso que tienen la misión de dar lineamientos de política pública para la implementación del acuerdo, sin embargo, el proceso no ha sido fácil, pues, en la aprobación de leyes se ha impuesto una renegociación de los acuerdos, lo cual niega lo logrado en La Habana y preocupa a las organizaciones sociales, toda vez que varios de los aspectos establecidos en el acuerdo no se ven reflejados en estas leyes.

Monitoreo A la fecha se ha establecido que un promedio de 35 iniciativas normativas entre leyes, decretos, decretos ley y actos legislativos se han logrado, de las cuales sólo 16 nombran el enfoque de género y acciones en relación a las mujeres, ninguna reconoce los derechos de las personas LGBT. El equipo de género Csivi FARC en su informe parcial sobre la

implementación dio a conocer: en relación al primer punto sobre Reforma Rural Integral, que de los nueve decretos generados solo tres contienen enfoque de género; los relacionados con participación política de los tres emitidos, dos nombran el enfoque, pero no dan a conocer medidas específicas para lograr la participación efectiva de mujeres, jóvenes y personas LGBT; para el punto de fin del conflicto de las 14 iniciativas normativas, solo seis contienen medidas en relación al enfoque de género; en el punto 4 relacionado con sustitución de cultivos, uno de los puntos más preocupantes en la implementación pues sus avances legislativos son pocos y la masacre ocurrida en Tumaco demuestra la poca voluntad y mal manejo que está teniendo este punto. En relación a este tema se logró la emisión del Decreto Ley 896/17 “Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS”, que establece algunas acciones en relación a las mujeres.

Finalmente sobre víctimas se han emitido siete iniciativas, cuatro de ellas reconocen el enfoque de género.

En el punto 6 de implementación, existe la preocupación sobre como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDTE, los planes de sustitución de cultivos, los planes nacionales para el desarrollo del campo y sus presupuestos, van a incluir el enfoque de género y van a garantizar la participación efectiva de las mujeres, en especial las campesinas, y personas LGBT. En general en este punto a las organizaciones de mujeres y LGBT nos preocupa que no todos los lineamientos y documentos de política pública emitidos para la implementación del acuerdo reconozcan el enfoque de género y muchos que lo hacen, es de forma enunciativa, es decir, nombran “y el enfoque de género”, pero no dan lineamientos de cómo debe ser su ejecución y desarrollo, lo que puede terminar en promesas de papel por falta de desarrollo específico y concreto.

A la fecha la Csivi no se ha puesto de acuerdo en un documento de Plan Marco, y lo poco que las mujeres conocemos del mismo, no demuestra un real compromiso que nos permita transitar de un contexto de guerra a un contexto para la construcción de paz. El capítulo del enfoque de género del Plan Marco, que conoció el pasado mes la Instancia Especial para contribuir a garantizar el enfoque de género, no incluye: 1. Todas las medidas que tiene el Acuerdo en relación a los derechos de las mujeres y personas LGBT. 2. No da a conocer la inversión y los presupuestos específicos para su implementación en relación al enfoque de género.

3. Los indicadores presentados en su mayoría son de gestión y no de impacto, lo cual demuestra la falta de compromiso con la trasformación de la vida de las mujeres y personas LGBT más afectadas por el conflicto.

4. A la fecha no es claro si el enfoque de género, étnico y diferencial es un asunto trasversal en el Plan Marco.

Como buenas prácticas en relación al enfoque de género en la implementación, está la conformación de la instancia de género cuyo objetivo desde la sociedad es dar insumos, sugerir lineamientos y hacer recomendaciones a la Csivi, contribuir a garantizar la incorporación del enfoque de género, interseccional y de derechos de las

mujeres en la implementación. En esta instancia participan siete mujeres representantes de organizaciones territoriales y nacionales, mujeres con experiencias y saberes en formulación de políticas públicas y la vivencia frente a las especificidades del acuerdo.

Entre las mujeres que conforman la instancia están mujeres jóvenes, lesbianas, campesinas, indígenas, víctimas y cocaleras, quienes han venido realizando una interlocución muy importante con diferentes actores para incidir, dar seguimiento y verificar el enfoque de género en los acuerdos.

Finalmente, se reconoce que el único mecanismo del acuerdo que ha cumplido con la participación equilibrada de las mujeres es la Justicia Especial para la Paz, JEP, que logró no sólo la selección de mujeres con una reconocida y comprobada experiencia y conocimiento en derechos humanos, sino que se convierte en un ejemplo de paridad política entre hombres y mujeres.

1 http://www2.unwomen.org/-/ media/field%20office%20colombia/ documentos/publicaciones/2017/09/ cartilla%20100%20medidas%20genero%20en%20los%20acuerdos%20 de%20paz.pdf?la=es&vs=2806 2 http://www.humanas.org.co/ alfa/dat_particular/ar/ar_7354_q_ Equidad-Genero-Mujeres-Acuerdofinal-1-1.pdf

Análisis del conflicto y la oposición al gobierno bolivariano de Venezuela Conferencista: Jaime Caycedo Secretario General del Partido Comunista Colombiano Fecha: Viernes 3 de noviembre de 2017 Hora: 6:00 PM Lugar: Semanario VOZ sala Manuel Cepeda Carrera 13 A Número 38 - 32

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Jaque mate

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lavos alientes

El proceso contra Uribe En la audiencia preparatoria del juicio contra Santiago Uribe Vélez por su presunta participación en el grupo de “Los doce apóstoles” al servicio del paramilitarismo, 78 pruebas de 86 solicitadas por la defensa fueron negadas por el juez por considerarlas irrelevantes o improcedentes. La decisión fue apelada por el abogado Granados, defensor de Uribe, con la advertencia que si el Tribunal ratifica la decisión, impugnarán al juez para tratar de cambiarlo. En los procesos judiciales todas las argucias valen, pero se nota el desespero de los defensores porque también anunciaron que si es el caso acudirán a instancias internacionales.

Un interesante libro El miércoles 25 de octubre de 2017, en la Librería Nacional del norte de Bogotá, se produjo el lanzamiento del libro Salto al vacío, del escritor Mariano Aguirre. Explica la crisis de Estados Unidos a través de sus principales tendencias y el papel de actores como el Tea Party, las milicias antiinmigrantes, los evangélicos fundamentalistas, generales que añoran la Guerra Fría, millonarios que odian al Estado y un presidente sexista y autoritario. A la vez, presenta las múltiples formas en que diversas instancias del Estado y la sociedad están respondiendo en defensa de la democracia. Un buen texto que merece leerse y analizarse.

Hernán Darío Velásquez, conocido como “El Paisa” y quien tuvo a su cargo la dirección de la columna “Teófilo Forero” de las FARC-EP, regresó al campamento de Miravalle en Caquetá, de donde había salido por razones de seguridad. Una vez se conoció la salida de “El Paisa” de Miravalle, de la cual fueron informados tanto la Oficina del Alto Comisionado de Paz como la dirección del partido FARC, los grandes medios iniciaron una campaña amarillista y de especulaciones sobre las causas de la salida de Velásquez. Historias de todo tipo fueron reveladas. El domingo se conoció un tuiter de Rodrigo Rivera, comisionado de Paz, quien escribió: “Contrario a lo que algunos decían, Óscar ‘El Paisa’ no ha dejado el proceso de paz. Ya está de regreso al campamento de Miravalle”. Otro tanto hizo Iván Márquez: “A pesar de las dificultades en la implementación de los Acuerdos, el compromiso de paz de la dirección de FARC en Miravalle es total”. Ninguno de los acuciosos medios amarillistas investigó sobre la desconfianza que cunde entre los combatientes por el incumplimiento en la implementación. Eso sí es noticia, pero a los grandes medios no les interesa.

Char a la cárcel El excongresista David Char, primo del alcalde de Barranquilla, y destacado dirigente de Cambio Radical en la Costa Atlántica, fue detenido por el CTI, acusado de haber tenido vínculos con los paramilitares en esta región del país. Otro más de Cambio Radical encartado con el paramilitarismo.

Hay silencio del jefe Germán Vargas Lleras y del presidente de la Cámara Rodrigo Lara. ¡Qué vergüenza!

La frase de la semana

Amarillismo en la “gran prensa”

“A ‘razones personales’ atribuye Santos las razones de las muertes de líderes sociales”.

Información de prensa 29-10-17.

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org

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Medio ambiente

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Energías limpias Ante la ausencia de una regulación en la extracción de recursos naturales en el país, que proteja el medio ambiente, la USO promueve una ley de hidrocarburos como paso a las energías alternativas CAROLINA TEJADA SЕNCHEZ

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esde hace varias décadas se viene anunciando con preocupación, que los altos niveles de intervención humana en los ecosistemas, principalmente en aquellos ricos en recursos naturales, está generando un desequilibrio ambiental o ecológico. Este fenómeno se da producto de los cambios que se vienen experimentando en los entornos medioambientales o zonas donde habita una especie, existen ecosistemas vitales para el medio o poblaciones, y es amenazada su continuidad o tienden a desaparecer. Uno de esos factores que afecta de manera global la pervivencia de estos ecosistemas, es la relacionada con la explotación abrupta de los recursos naturales.

El carbón, el petróleo y el gas, aportan el 85,9% de la energía a nivel mundial. Estos están catalogados como los principales causantes del calentamiento global y el cambio climático, amenazando la existencia del planeta. Es por esta razón, que diversos países, respaldados por estudios e informes científicos, han optado por cambiar la matriz energética aplicada como única hasta hace algunos años, y han iniciado una transición al uso de energías más limpias y renovables.

El porqué Se les denomina energías limpias o renovables porque hacen parte de un sistema de producción que excluye todo tipo de contaminación que pueda afectar el planeta, es decir, son aquellas energías que no generan residuos. Esta preocupación va de la mano con la evidente preservación de los recursos naturales y confronta la crisis de energías agotables como el gas o el petróleo.

Estas energías se alimentan de fuentes naturales tales como el viento y el agua. Entre otras también se destacan, la energía geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la energía solar, frecuentemente utilizada para calentadores solares de agua.

En síntesis, es una apuesta en auge cuya preocupación es la preservación del medio ambiente del planeta.

Colombia, energía y cuidado del medio ambiente

César Loza, presidente de la USO.

Colombia, en la actualidad, según documentos elaborados por la Unión Sindical Obrera, USO, depende en un 61.8% de los hidrocarburos y un 11.2% del carbón para la generación eléctrica, consumo de gas residencial, transporte y la industria. Sin embargo, al no ser un país petrolero, con reservas probadas según informes a diciembre de 2016, estas solo alcanzan a 1.665 millones de barriles, lo cual implica que el autoabastecimiento del país alcance sólo para 5.1 años más. Esta situación pondría al país, en la necesidad de buscar salidas a la ausencia de reservas, una de ellas sería la exploración de más recursos en cada una de las 23 cuencas existentes, o implementar otros mecanismos que garanticen el elemento energía y que a la vez, se inste a la protección del medio ambiente, cosa que en Colombia no se regula y que ha llevado a diversos ecosistemas a desaparecer.

VOZ, dialogó con César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, una de las organizaciones de trabajadores más importantes del país, que ha venido estudiando el tema, pero además, han tenido la disposición del diálogo local con las comunidades en donde dichas explotaciones de petróleo se dan, a fin de verificar los niveles de afectación ambiental y social, que se ha venido generando con la tradicional forma de obtener los minerales.

que las explotaciones petroleras no se deben hacer en zonas donde existen páramos, cerca de ríos, acuíferos o espejos de agua, esas deben ser unas limitantes para la explotación, porque a veces por las malas prácticas en la industria no se tienen en cuenta y se hace la explotación de acuerdo a los intereses de las multinacionales”.

Caminar hacia las energías alternativas Con cifras y con análisis global de la importancia del cuidado del planeta, César, explicita la necesidad de iniciar una migración hacia las energías alternativas. “Nosotros entendemos y comprendemos que hoy el mundo está migrando hacia energías alternativas, más limpias, como la energía solar, eléctrica para la movilización de vehículos y no energía de combustión. Pero, tenemos claridad que ese cambio no se va a hacer de la noche a la mañana, es un cambio que requiere de mucha investigación, de recursos económicos, la construcción de una matriz energética diferente a la que tenemos, esto lo hemos venido proponiendo en el marco de una política minero energética para el país”.

También comenta que, dicha ley será efectiva si la empresa Ecopetrol, se

comporta como una empresa de la nación. “Esta política, debe ir de la mano con la defensa de Ecopetrol, como empresa nacional, porque hoy a Ecopetrol la han querido privatizar, como quiera que la han venido dividiendo en empresas filiales en cada una de las áreas del negocio para hacer más fácil su privatización, entes Ecopetrol era una empresa integral que manejaba explotación, producción, regulación entre otros, y hoy se hace todo como un negocio, por otras empresas”.

Argumenta que en los últimos diez años, esta organización le ha aportado 183 billones de pesos al fisco nacional entre impuestos, transferencias, regalías. Por eso, “ consideremos que Ecopetrol es una empresa importante para la economía del país, así lo muestran las cifras y desde el sindicato creemos que se debe convertir en la empresa colombiana de energía, y que empiece a hacer investigaciones, inversiones en energía limpias, a pesar de que Ecopetrol es una empresa solo de hidrocarburos, 80 por ciento petróleo y 20 por ciento gas, pero los cambios que se están dando en esta materia y eso nos exige más, y es importante que la empresa esté al nivel de los cambios que se están dando en el mundo alrededor de las industrias energéticas”.

Una ley de hidrocarburos César cuenta que esa valoración regional de los territorios, es la que los ha llevado a que, como sindicato, piensen el país en lógica del cuidado y la preservación. Desde hace unos años iniciaron el estudio sobre los efectos medio ambientales de la explotación que la empresa Ecopetrol, en donde están vinculados laboralmente, desarrolla en el país. Por eso han elaborado una propuesta de Ley de Hidrocarburos, país, que implica el elemento de la protección al medio ambiente.

“Desde el sindicato hemos elaborado una propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, con expertos y con el instituto educativo Aury Sará. Esa ley orgánica de hidrocarburos, primero hace una valoración de cómo se debe hacer una explotación petrolera en el país, es decir, una explotación, sustentable y sostenible, que responda con el medio ambiente. Y, como sindicato creemos

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Implementación del acuerdo de paz

Separata La paz prevalecerá: la lucha continúa ★ ÁREA NACIONAL PAZ E IMPLEMENTACIюN PCC

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l área nacional de paz e implementación de los acuerdos de La Habana del PCC, presenta un avance parcial sobre algunos de los aspectos centrales que tienen que ver con la construcción de paz territorial y nacional.

Los diversos observatorios, entre ellos el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo OIAP, afirma que los acuerdos van en un 18% de avance. Por otro lado,

el boletín “Observando” de Viva la Ciudadanía, informa que faltando solo 30 días para que se acabe el fast track, faltan por presentar proyectos tan importantes como la ley estatutaria de garantías para el ejercicio de la participación y la protesta de las organizaciones sociales, reforma a la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas), jurisdicción agraria, tratamiento penal diferenciado para los cultivadores de cultivos de uso ilícito, entre otras”.

Los avances que se esperan en estos

días serán sobre reforma política y la JEP. La lucha permanente por la defensa de los acuerdos y sus desarrollos legislativos en el Congreso por la vía fask track, su aplicación en los territorios junto con los impactos que estos producen en los pueblos afro, indígenas, en los campesinos y sectores urbanos, son hoy la agenda más importante de las lucha popular, social y político territorial en nuestro país. El paro indefinido convoca-

do por los sectores organizados del campesinado, los afrodescendientes y los indígenas y que está en pleno desarrollo y crecimiento, tiene dentro de su pliego la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de La Habana por parte del Gobierno y el Estado colombiano. La lucha por paz con justicia social continúa y se fortalece ante las dificultades y prevalecerá sobre la intensión de la oligarquía de hacerle conejo a la paz que anhela el pueblo colombiano. ★

Cultivos de uso ilícito y lucha social ★ ZABIER HERNЕNDEZ BUELVAS

E

l punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana generó un marco de tratamiento de las conflictividades sociales relacionadas con la problemática de cultivos de uso ilícito a través del “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo PNIS”.

Uno de los primeros compromisos del Gobierno nacional era brindar la seguridad y las garantías a las comunidades que tomaran la decisión de sustituir voluntariamente estos cultivos, y un segundo compromiso era el de apropiar los recursos necesarios para invertir en los aspectos sociales, económicos, de infraestructura y productivos para soportar la transición de los cultivos de uso ilícito hacia una productividad agrícola y agropecuaria articulada a las dinámicas formales y legales de las economías locales, regionales y nacionales. Nada de esto ha cumplido el gobierno. Sus decisiones y acciones se han quedado en el plano puramente militar y policivo. Lo ordenado por los Estados Unidos en materia de erradicación forzada se atraviesa en la estrategia de sustitución voluntaria y concertada con los sectores cocaleros campesinos, afro e indígenas.

Si a esto agregamos la total desarticulación con el punto uno de los acuerdos en materia de Reforma Rural Integral y de formulación y ejecución participativa y concertada de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, la debilidad institucional y la falta de

recursos, el panorama se torna difícil y complejo. La Agencia Nacional de Tierras ANT, está inmovilizada, sin recursos ni equipos profesionales suficientes que asuman la tarea de organizar el Fondo de Tierras. La Agencia de Renovación Territorial ART, en iguales condiciones de debilidad y desconectada del resto de instituciones, vuelven inoperante sus funciones.

Pero el gran problema de la situación referida a cultivos de uso ilícito, es la política contraria a la paz del Gobierno nacional, ya que la militarización territorial, el tratamiento de enemigo interno y la criminalización de los cultivadores sigue dominando las estrategias públicas.

Estrategias que han demostrado su fracaso histórico, ya que Colombia

pasó de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016, con un aumento del 52%.

Debemos defender e impulsar el proyecto de tratamiento diferencial a los cultivadores de cultivos de uso ilícito que tengan entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas. El proyecto recoge el espíritu del acuerdo 4 que reconoce que el campesino no es un criminal y que es además el eslabón más débil de la cadena.

Entre otros aspectos el proyecto equilibra las cargas en beneficio del campesinado en el escenario actual de implementación de una política ambigua y contradictoria del Gobierno.

El costo social y humano de las comunidades en lucha contra estas políticas agresivas del Estado colom-

biano, es muy alto. Según Marcha Patriótica, este año 2017 va un total de 127 casos de asesinatos de líderes y lideresas en comunidades campesinas, afro y afrodescendientes.A pesar de ello, la lucha, la organización y los niveles de cohesión social, política y comunitaria en defensa de los acuerdos de La Habana y en específico de los puntos 1 y 4 va creciendo y se expresan hoy en el paro indefinido en desarrollo. Hoy están detenidas las erradicaciones forzadas en Guaviare, Nariño, Catatumbo y Cauca, aunque esto no es una victoria popular definitiva, la política agresiva y militarista del gobierno y el Estado se agotan y la lucha por la paz con justicia social crece.

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Noviembre 1 de 2017

Participación política de las organizaciones insurgentes.

¿Conejo a la apertura democrática para la paz?

A propósito del estado actual de la implementación del punto 2 sobre participación política ★ GABRIEL BECERRA Y

A

ún si se alcanzara a aprobar en las semanas de vigencia que le quedan al mecanismo fast track la llamada Reforma Política y las Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz, relacionadas con el punto 2 del acuerdo final, que han venido siendo sistemáticamente atacadas en el Congreso, los pendientes en el campo de la democratización real del régimen y la sociedad colombiana son bastantes y están a la orden del día.

La resistencia de la ultraderecha a permitir la aprobación de medidas que garanticen y respeten los derechos a la oposición social y política, ampliar la participación ciudadana, modernizar la estructura y el régimen electoral y de partidos vigente –aspectos principales del acuerdo de paz en el punto 2– ha puesto en evidencia, una vez más, el temor histórico de las oligarquías al fortalecimiento de la participación popular y la democracia.

En cuanto a las garantías a la oposición, primer sub tema del punto 2, se logró aprobar el Estatuto luego de 26 años de ser un mandato consti-

tucional y crear el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política mediante el decreto ley 895 de 2017. El estatuto reconoce como derecho fundamental ejercer la oposición y define principios, derechos y acciones, que podrían ayudar a equilibrar la desigual competencia política que ha persistido y se encuentra en los orígenes de los conflictos armados en diversos momentos de la historia nacional.

Las medidas de seguridad deben reflejarse en una reducción efectiva de las amenazas y los asesinatos, que por el contrario vienen en ascenso.

El compromiso acordado de construir un Pacto Político Nacional por la Paz exige de un mayor liderazgo presidencial, de la dirigencia de FARC y del conjunto de fuerzas sociales y políticas comprometidas con la superación de la guerra.

En lo relacionado con la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, hasta ahora ha sido posible ampliar el alcance del Consejo Nacional de Paz, transformándolo en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia mediante el Decreto Ley 885 de 2017 para contribuir a fortalecer la participación de sectores sociales en la construcción de la paz. Una legitima inconformidad con el gobierno y el congreso de la República ha sido la no presentación y trámite del Proyecto de Ley de Garantías de Participación Ciudadana, que a la vez ha recibido críticas de las organizaciones por ser regresivo en algunos de sus aspectos, como por ejemplo,

la pretensión de limitar el alcance de la revocatoria del mandato y las consultas populares.

En lo que respecta a la promoción del pluralismo político y luego del informe de la Misión Electoral Especial, el potencial transformador del acuerdo en este punto ha sido limitado sustancialmente. Las propuestas dirigidas a crear una nueva arquitectura electoral, hacer transformaciones de fondo a la financiación de la política y realizar cambios al sistema electoral que permitan mayor representación de sectores y territorios, hoy se encuentran prácticamente desaparecidas en los 13 artículos del proyecto de ley que logra sobrevivir en el campo minado de trampas, dilaciones y maniobras dirigidas por la triste figura del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, como peón de la ultra derecha.

Los elevados umbrales de afiliaciones para obtener reconocimiento legal y la eliminación de los grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales después del año 2019, entre otras observaciones críticas relacionadas con la composición y elección del Consejo Electoral, la falta de controles efectivos a la financiación ilegal de la política, la negativa a incorporar nuevas medidas favorables a una mayor participación de la mujer y la juventud, representan la realidad de una reforma sin mayor profundidad. De ser aprobada finalmente, se rescataría de ella haber logrado las coaliciones, así no fuese exclusivamente para las minorías y el régimen de transición con listas

abiertas hasta el 2022, fecha en la cual empezarían a regir las listas cerradas.

La reforma constitucional que permitiría por dos periodos la elección de 16 representantes adicionales a la Cámara por el mismo número de Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz (CETP), también ha sido víctima en la recta final de su aprobación del boicot electoral de los enemigos del acuerdo. La pretensión de excluir los votantes ubicados en los cascos urbanos además de agregar nuevas restricciones a los posibles aspirantes, tienen al borde del fracaso una de las medidas principales previstas para permitir que nuevas voces se integren al debate político nacional y se fortalezca la democracia.

La implementación de lo acordado en materia de acceso a medios de comunicación sigue pendiente en un contexto en donde los grandes monopolios informativos continúan actuando en la lógica del enemigo interno y la guerra. En síntesis, la consigna vigente de la apertura democrática y la lucha por garantizar la implementación de las medidas mínimas acordadas en el Acuerdo de Paz en este campo, constituyen sin vacilaciones una prioridad en la lucha social y política.

Sin apertura democrática ninguna paz estable y duradera será posible. @gabocolombia76

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SEPARATA - IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS DE PAZ - 2017 Noviembre 1 de 2017

¿Reincorporación o desarticulación?

Reincorporación de las FARC a la sociedad colombiana.

★ BENEDICTO

N

o hace falta que el uribismo gane las próximas elecciones presidenciales para hacer trizas los acuerdos de paz firmados el año pasado entre la insurgencia de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado colombiano. Una cruzada de la élite política, de la que hace parte el propio Nobel de Paz, se ha propuesto impedir la implementación de lo acordado a través de todas las artimañas jurídicas y políticas diseminando desesperanza, escepticismo y desconfianza, tanto en los antiguos combatientes farianos como en la población colombiana en general.

Al pretender convertir la implementación de los acuerdos de paz en una nueva negociación, el gobierno traiciona su compromiso de buscar la paz para Colombia y subordina el más sublime de los anhelos del país, la paz, a los intereses de los grupos económicos y sectores políticos tradicionales. De ahí que se incremente el presupuesto militar en detrimento de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, la recreación, el deporte y la cultura.

Alcanzar un acuerdo de paz Advertía el comandante Alfonso Cano, en julio de 2010, que todos los intentos de alcanzar un acuerdo de paz hasta ahora habían fracasado porque la clase gobernante llevaba siempre oculta la intención de trampear a la insurgencia a través de procesos más parecidos a una capitulación que a un pacto político para terminar la guerra, y esta vez no ha sido la excepción. Desde el inicio

de las conversaciones, la delegación encabezada por Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo dejaron ver su estrategia desarticuladora basada en el DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción). Estrategia nada coincidente con los intereses políticos de una fuerza como las FARC que no fue derrotada en el campo de combate. En otras palabras, se trataba de lograr el desarme de la insurgencia sin que se produjeran cambios sustanciales en la vida económica, política, social y cultural del país.

Por eso, el delicado asunto de las armas estuvo en el centro del debate hasta último momento, y la presión de la insurgencia de las FARC se hizo sentir hasta el 15 de agosto, día que fue extraído de Pondores - La Guajira el último contenedor. Las armas y no la paz eran el objetivo principal del gobierno Santos.

En adelante, sin instrumento de presión a la mano, temas como: la repatriación de Simón Trinidad y la libertad de los integrantes de las FARC recluidos en las cárceles colombianas, la adecuada y oportuna atención en salud, la construcción de la habitaciones para los reincorporados, las garantías en materia de seguridad física, los recursos para los proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad, bienestar y buen vivir, procesos serios de capacitación, formación, validación y homologación de conocimientos, se tornan secundarios para el Estado y el gobierno.

La reincorporación El acuerdo concibe la reincorporación como un conjunto de programas y medidas dirigidas a garantizar

que personas que retornan de la guerra encuentren condiciones de vida digna y garantías de seguridad jurídica, física y socioeconómica.

Pero ante todo, que se abran las compuertas de la democracia verdadera.

Pero en la práctica ocurre lo contrario, varios ejemplos lo demuestran: El fantástico operativo policial por tierra y aire para dar captura a Tito Ruano Yandú, un ex-miliciano de las FARC a quien acusan de ser capo del narcotráfico y con riesgo de ser extraditado a los Estados Unidos; los asesinatos de 30 integrantes del nuevo partido; la exclusión política y el odio manifestado por la mesa directiva de la cámara de representantes (octubre 24 de 2017) que ordena “a partir de la fecha se niegue el acceso a nuestras instalaciones de cualquier exintegrante de la guerrilla de las FARC...”, demuestran que la institucionalidad del Estado colombiano es más proclive a la guerra que a la paz.

Ese congreso que aplaudió alborozado a los jefes paramilitares, se abrazó y fotografió con ellos, hoy se erige “garante y protector de nuestra institucionalidad democrática…” para negar el acceso a los líderes de una organización que selló un acuerdo de paz que pone fin a más de 50 años de confrontación militar.

Demuestran con sus acciones que falta mucho terreno por recorrer para coronar la verdadera paz.

En los planes de las FARC, sigue siendo prioridad convertir las antiguas zonas veredales en verdaderos territorios de paz y convivencia.

Construir la paz desde los territorios donde se sienta el positivo impacto de la Reforma Rural Integral, las

bondades de la participación política que trasciende el ejercicio electoral, y el diseño de los planes de desarrollo con enfoque territorial que se basa en la acción participativa de las comunidades. Este propósito choca con el interés del Estado, que ve la permanencia de los antiguos combatientes en proceso de reincorporación como una carga económica y de ahí todas las fórmulas para que estos abandonen los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

La clase política asume que el éxito del proceso de reincorporación, como parte de la implementación de los acuerdos, llevará a las FARC a la disputa de los espacios políticos y eso los asusta. Sabe también que en los próximos debates electorales los cuadros farianos incorporarán en su discurso la denuncia de la corrupción administrativa y la defensa del territorio devastado por la vorágine extractivista, cuya minería irresponsable contamina y despoja a los pueblos ancestrales y afros, bajo la mirada cómplice de las entidades estatatales que otorgan licencias ambientales sin importar el daño irreversible que generan a la naturaleza y la vida humana.

Lejos de ser una “desmovilización”, nuestro proceso constituye una movilización política hacia las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que dan continuidad a los objetivos políticos que encarnan la lucha histórica de esta Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.

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Noviembre 1 de 2017

Jurisdicción Especial de Paz

Congreso de la Republica.

★ RUBIEL VARGAS QUINTERO

L

a implementación de los Acuerdos de Paz para la Terminación del Conflicto Armado y la consolidación de una paz estable y duradera, en trámite en el congreso, resalta en el punto cinco el lugar nuclear que ocupa la Jurisdicción Espacial para la Paz, JEP. En el marco del desarrollo de la Justicia Transicional, posibilita la realización de los componentes del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición.

El trámite en el congreso se inició con el debate en las comisiones conjuntas donde se presentaron más de 130 proposiciones modificatorias, eliminatorias, y sustitutivas de diferentes artículos del proyecto estatutario que reglamenta la JEP. Esto es debido a la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la obligatoriedad que tenía el congreso de votar en bloque, pues consideró que este violaba el principio de separación de poderes.

El proyecto de ley consta de 12 títulos que contemplan los siguientes ejes temáticos: (i) criterios interpretativos, (ii) naturaleza, objeto y principios, (iii) tratamientos penales diferenciados para agentes del Estado, (iv) competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, (v) Estructura General de la JEP, (vi) del gobierno y la administración de la JEP, (vii) archivo, (viii) régimen contractual, laborales y disciplinario, (ix) sanciones, (x) recursos y acciones, (xi) extradición y (xii) varios.

Para una mayor comprensión del debate a partir de las proposiciones que se presentaron, y realizando una síntesis en especial las presentadas por el Fiscal y algunos congresistas, se desarrollará en dos aspectos centrales: 1 Buenos linderos hacen buenos vecinos.

A través del trasplante del derecho, en Colombia conviven dos

sistemas jurídicos: el modelo francés denominado continental europeo iluminado por el Código Civil napoleónico y el modelo anglosajón de la cultura del precedente jurisprudencial. Con la entrada de la implementación del Acuerdo Final, se establecen dos jurisdicciones: la Ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz. El jefe del ente acusador y potentador de la política criminal en Colombia ha manifestado que el artículo que habla de la naturaleza de la JEP, “estará sujeto a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de competencia material y personal”. El subrayado es mío, y conocerá de las conductas delictivas cometidas después del 1 de diciembre de 2016, ahora bien, “sin perjuicio” significa sin pérdida del beneficio del otro derecho, es la entrada de la Jurisdicción Ordinaria, con el argumento que no puede renunciar a la persecución penal hasta que no entre a funcionar materialmente la JEP y frente a las conductas delictivas posteriores a esta fecha quedan en una interpretación oscura.

Las conductas de narcotráfico tipificadas en el código penal 375,376,377, sin perjuicio de lo contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017, para ocupar un cargo de elección popular se deberá como mínimo estar cumpliendo progresivamente con las sanciones propias, especiales y alternativas contempladas en esta ley.

Aquí se aborda la discusión sobre el narcotráfico como delito continuado.Ya se presentó el proyecto de ley que reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Es decir, se dejó para después la discusión que fije en qué

casos y bajo qué circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones, cometidos por las personas investigadas o pequeños agricultores.

Que es un tema bastante delicado, frente a los acontecimientos contra las comunidades campesinas asentadas en la zona de Alto Mira y frontera del corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco.

El Fiscal olvidó decir que en el acto legislativo 01 de 2017 establece que “la JEP entrará en funcionamiento a partir de la aprobación de este acto legislativo sin necesidad de ninguna norma de desarrollo”.

Y que contiene una Unidad de Investigación y Acusación, es decir una fiscalía que no pierde la esencia de la política criminal.

2 Requisito para acceder al Tratamiento Especial.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en la ley (verdad plena, reparación a las víctimas, y garantizar la no repetición). Se sancionará con la pérdida del Tratamiento Especial de Justicia, esto es la no aplicación de las sanciones que establece el estatuto que son: propias (5 a 8 años), alternativas (5 a 8 años) y ordinarias (15 a 20 años). En todo caso será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial, pero no para las sanciones propias.

Incluyen la categoría de verdad plena entendida como: “Relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así

garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición” El incumplimiento o la negativa de aportar verdad plena, así como la aportación dolosa de información falsa, sobre bienes adquiridos de manera ilegal y de quienes hayan prestado su nombre para adquirirlos, tenerlos, administrarlos, y la financiación voluntaria por parte de terceros.

Olvida la Fiscalía que el subpunto 5.1.3.7 que refiere el 3.1.1.3 definió el establecimiento de un protocolo para inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos los denominados recursos de guerra, estableciendo que los bienes y activos que no hayan sido inventariados recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria.

Por tanto, quebranta el principio de buena fe y confianza legítima del Acuerdo Final de Paz, la proposición modificatoria aprobada, pues la postura de la Fiscalía parte de la mala fe al establecer la conducta en la norma estatutaria, negando parte de un protocolo especial en el marco del acuerdo, agravando la situación por cuanto su objeto es hacer perder todos los beneficios de la JEP. A juicio de la Fiscalía, el proyecto no tiene claridad de cómo será el tratamiento penal sobre aquellos que hayan prestado su nombre ya que a juicio del ente acusador deben ser privados de la libertad por la justicia ordinaria y los bienes deben ser sometidos a extinción de dominio, lo cual es una redundancia por cuanto ya está en el Acuerdo Final la forma de proceder respecto de ello.