Semanario voz

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Enrique Santiago: Jurisdicción Especial para la Paz.

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$2.200

LA VERDAD DEL PUEBLO FUNDADO EN 1957. EDICIÓN 2973 SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2019 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO - www.semanariovoz.com

Territorios reclaman por abandono En el Cauca y el Huila, indígenas y campesinos bloquean varías de las principales vías del país, para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de lo pactado en anteriores movilizaciones. El primer mandatario se niega a reunirse con los manifestantes. Por otro lado, caficultores del país preparan un paro nacional en rechazo a las políticas económicas de la actual administración. Páginas/ 4 y 14.

Bloqueo en la vía panamericana por parte del movimiento indígena. Foto Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.

Inició negociación de estatales

Aída Avella contra el Plan Nacional de Desarrollo Página/ 7

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Visión

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In memoriam

La paz es el camino, Carlos Lozano Guillén Reseña de un libro urgente para la pedagogía de paz. Con una narrativa diseñada y pensada con el profesionalismo periodístico del autor, se convierte en un indispensable punto de referencia sobre el proceso de paz, hoy hostigado por los enemigos de la democracia en Colombia ROSENDO LюPEZ

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Cartas

xtraordinaria investigación publicada por la editorial Teoría & Praxis en conjunto con el semanario VOZ, del periodista Carlos Lozano Guillén. Son doscientas cincuenta y nueve páginas, donde se plasma con una pluma amena y elegante una reconstrucción, a manera de comparación, de los diferentes procesos de paz. Son tres capítulos. El primero, explica con lujo de detalles los antecedentes de las conversaciones de La Habana; allí se engarzan, inteligentemente, como una unidad temática, la formación por el expresidente Turbay Ayala de una Comisión de paz encabezada por Carlos Lleras Restrepo y John Agudelo Ríos. Este es el punto de partida del investigador Lozano, de allí en adelante y bajo un influjo de búsqueda de la verdad emergen los protagonistas de los diferentes procesos: expresidentes, insurgentes, presiones de Washington, sindicatos, desplazados, estudiantes, entre otros. Se finaliza este capítulo con una obra maestra: una crónica nombrada: La última vez que vi al comandante Marulanda. El segundo capítulo, dedicado a crónicas, donde hablan los dirigentes y comandantes de las FARC. Son 13 entrevistas deleitables, bien escritas,

donde los guerrilleros nunca hablan de la guerra sino del futuro, es decir la terminación definitiva del conflicto. El tercer capítulo: La paz es el camino, es un segmento de la historia reciente, arranca con el discurso de la insurgencia y el gobierno en Noruega; el almanaque marca: octubre de 2012. En vibrante artículo, Carlos dibuja lo acontecido, y sin tapujos afirma: Desde la “gran prensa “hubo insultos, mientras que las cadenas privadas de televisión, Caracol y RCN, cortaron de manera abrupta la transmisión de la rueda de prensa con la delegación insurgente. ¡Cuánta pequeñez! Y se atreven a hablar de ecuanimidad y libertad de prensa (p.146). Es obvio que desde los discursos en Oslo -De la Calle e Iván Márquez- se vislumbraron puntos de vista diferentes sobre la paz; hacia adelante, y es lo más importante, el arco iris de los que promueven la paz se ha ampliado y se ha configurado un espíritu de paz que copa todos los espectros ideológicos y políticos. Así las cosas, la paz no tiene propietarios: No es del presidente Santos, ni de la insurgencia. Es un derecho del pueblo colombiano; y el pueblo es diverso étnicamente e ideológicamente.

Facebook live desde Tumaco Felicitaciones al equipo de semanario VOZ por la trasmisión en vivo de la audiencia pública en Tumaco, Nariño. Aunque la señal no fue la mejor, supongo por cuestiones logísticas y condiciones del territorio, se pudo ver. Increíble que de 22 senadores citados para la audiencia, solo fueran Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Aída Avella, lo cual demuestra que a la clase política tradicional no le importan los territorios abandonados del país. Somos la generación de la Paz, las víctimas del conflicto están en el centro del Acuerdo. La tarea es neutralizar el odio y la retaliación. #TumacoAidLive Atentamente Pedro S. Guerrero, vía Facebook. Alejandro Muñoz Muy buena la caricatura de Calarcá sobre el autoproclamado presidente de Colombia, Alejandro Muñoz. El programa que ahí se propone es una real propuesta patriótica para el país. Sacar las bases militares gringas, ayuda humanitaria para La Guajira y el Chocó, tener un

El libro de Carlos Lozano, es necesario para la pedagogía sobre la paz, seguramente algunos desde la perspectiva puritana ideológica intentarán descartalo por la formación marxista del autor. Orientación y militancia que Carlos nunca escondió. Todo lo contrario. Siempre la deja entrever

ejército para la paz y no para la guerra, y aumento de sueldo a bachilleres, son propuestas que dignificarían el presente de nuestra fuerza pública, que paradójicamente se ha dedicado a reprimir las legítimas manifestaciones en el Cauca. Soñar no cuesta nada. Atentamente Marleny Rojas, vía Facebook. Hablemos del Post8M y la huelga feminista Las movilizaciones en España del 8M en el espíritu de la llamada huelga feminista han vuelto a tener una trascendencia muy especial. Son movilizaciones y reivindicaciones que están provocando una ruptura cultural frente al patriarcado que puede tener trascendencias políticas e ideológicas importantes. Las derechas lo han percibido claramente y por ello sus ataques demenciales contra las movilizaciones, y sus intentos por ridiculizarlas, desnaturalizarlas o cooptarlas. En nuestro programa radiofónico “Suenan timbres” de la presente semana nos metemos al debate, al igual que hablamos de la ofensiva uribista contra la JEP y el

en sus análisis. Lo importante, aquí, es que la narrativa está diseñada y pensada con un profesionalismo investigativo que necesariamente se convierte en un punto de referencia importante sobre el tema. rlopezg@udistrital.edu.co

acuerdo de paz. Y como siempre algo de buena música. “Suenan timbres” es un programa autofinanciado que se emite originalmente todos los jueves de 12:05 a 13 horas desde Radiópolis, radio comunitaria de Sevilla, posteriormente hace parte de la programación disponible para el centenar de radios municipales y ciudadanas de Andalucía vinculadas a la red Onda Local de Andalucía. Atentamente Jaime Cedano, vía email. Edición de Mujeres Desde Pitalito, Huila, quiero felicitar al equipo del semanario VOZ y a su directora Claudia Flórez, por la edición del 6 al 12 de marzo, la cual recoge las perspectivas de las luchas de las mujeres que nos negamos a la explotación y a las exclusiones del sistema capitalista, haciendo resistencia desde los diversos escenarios en donde nos movemos. Bienvenida la palabra incluyente y tejedora de sueños colectivos. ¡Viva el 8 marzo! Atentamente Tania León Vargas, vía email.

DIRECTORA: Claudia Flórez Sepúlveda. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada - Óscar Sotelo - Renata Cabrales - Iván Posada P. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Durango - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. GERENTE: Édgar Rey Montañez. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. EMail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LXI. Distribución vía Avianca.


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Tema de la semana

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La oposición presentó ponencia negativa la Plan Nacional de Desarrollo

“Duque tiene mermelada fina” discusión se dé de cara al país, evidentemente no quisieron. Temas sociales

Aída Avella senadora de la UP prepara proyecto de ley para la pensión universal. Foto VOZ.

Entre la mermelada y el fuego amigo se construyó la ruta del Gobierno nacional REDACCIюN POLйTICA

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ntre las sesiones preparatorias de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo las comisiones económicas del Congreso debatieron los principales lineamientos de la hoja de ruta del gobierno Duque para los próximos años. A dos días de la presentación de la ponencia mayoritaria el partido de Gobierno y sus aliados se dividen entre quienes le piden al ejecutivo reconfigurar su oferta burocrática para alcanzar los votos necesarios, incluyendo los de su propio partido, para permitir evacuar el Plan de Desarrollo antes de finalizar el mes de abril. Entre las trabas para consolidar la ponencia que defenderá el Centro Democrático están asuntos gruesos como paz, ambiente y política social y económica que no tienen consenso, y por lo tanto no le permite alcanzar una mayoría simple en las plenarias de Senado y Cámara. El Partido Liberal, miembros de Cambio Radical, la U, el Mira, Colombia Justa y Libre se mantienen en la posición de acompañar al gobierno con una serie de condicionamientos que van desde lo político hasta lo clientelar. Se prevé que el Gobierno sacará adelante el Plan con un costo político alto, lo que en últimas se traduce en una nueva derrota política. VOZ habló con la senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, quien presentó ponencia negativa junto a la bancada FARC, Decentes y Polo Democrático, ademas de un considerable número de

proposiciones en temas claves para una verdadera equidad y justicia social. –¿Qué es el “Pacto por la Equidad”? –Es un Plan de Desarrollo que no atiende las necesidades sociales apremiantes de los colombianos. Es un Plan en favor de grandes negocios de multinacionales, en contra del ambiente sano, en contra del agua, en contra del desarrollo social, contra la salud y la educación. El Plan es contra la paz y la gente. –¿Cuáles son los temas para prender alarmas? –Todo. El campo no tendrá campesinos, la concentración de la tierra se ampliará, no hay vías de desarrollo rural, hay preferencia en la política pública para los que trabajan la tierra, es decir para los grandes empresarios, pero para el pequeño campesino ni un puñado de tierra para sembrar. El Plan es un pacto de desigualdad. Me preocupa el criterio financiero del Ministerio de Hacienda para decidir a dónde y qué colombianos tienen derecho a la salud. Y me preocupa que estan feriando el país con cada artículo del Plan. Debate político –Ha mencionado el campo en varias respuesta. Putualmente ¿Quéle preocupa? –Equidad en la tenencia de la tierra: el Estado en los próximos cuatro años no combatirá la vergonzosa concentración de la tierra. El campesinado no es sujeto de reconocimiento alguno. La producción de alimentos será subsidiaria, lo más importante en el Plan serán las plantaciones comerciales y agroindustriales. Y en cuanto a víctimas no hay proceso de restitución de tierras, no hay tierra comprometida por los acuerdos de paz, no existen estrategias devolución de tierras, no está previsto el Fondo de tierras que diseñó el

punto agrario del acuerdo de paz. Una frustración más parta las víctimas. –¿De qué se trata las fake news del Plan? –La mayor fake news del Plan es su nombre, dicen que es un “Pacto por la Equidad” ¿para quién? siguen protegiendo las grandes inversiones, por ejemplo, en el tema de minería. Mantiene el estado de desigualdad y concentración de la riqueza, sin plantear el más mínimo desarrollo hacia la redistribución. Además, ¿cuál equidad si se plantea que las personas de clase media son aquellas que ganen más de 450.000 pesos? Colombia no puede seguir siendo manejada con criterios económico, fiscal y cero social. –¿Las discuciones del Plan no han sido muy públicas? –El gobierno solo quiere que el Congreso actúe de manera notarial aprobando todo lo que ellos quieran. Hemos radicado desde la bancada de oposición más de 150 proposiciones sin mayor atención de los ministros. Esas reuniones de ponentes son a puerta cerrada, el país no sabe cómo están armando la ponencia mayoritaria. Las reuniones son concursos de oratoria, donde los ministros y funcionarios del gobierno intentan convencernos de lo positivo de sus propuestas que coinciden con las orientaciones de los gremios económicos, porque no son ni los funcionarios los que redactan los artículos. Otra cosa a resaltar es que todas las reuniones de ponentes se desarrollan en las instalaciones del ministerio de Hacienda, en lugares que no son muy cómodos y se restringe la entrada a nuestros asesores y a la prensa, parece que quisieran que esas discusiones fueran secretas. Nosotros propusimos llevar estas reuniones a las instalaciones de las comisiones económicas del Congreso, donde hay mayores garantías logísticas y medios para que la

–¿Ya tienen mayorías Duque para aprobar el Plan? –Todo depende del acuerdo a que llegue la Bancada de Gobierno con las bancadas independientes. El presidente Duque se reunió con todas esas bancadas antes de radicar el proyecto de ley, no sería descabellado pensar que la mermelada funcione. Y la mermelada de Duque es fina, fíjense en el nombramiento del “embajador” ante la OCDE en Francia, el señor Jaime Castro. De todas formas, los partidos aliados al Centro Democrático cotizan su voto. –¿En el sector salud, por qué considera que el PND no piensan en la salud como derecho fundamental? –Se pasan por la faja los pocos avances que se lograron con la ley estatutaria de salud, un ejemplo de ello es el artículo 56, que pretende eliminar de un plumazo el criterio de rentabilidad social del sistema de salud, cambiándolo por el criterio de rentabilidad financiera, haciendo entrar a la salud mucho más en la dinámica mercantil de la oferta y la demanda, en donde si un servicio de salud no es rentable, sencillamente no puede prestarse. Los que ganan –¿Cómo ve los asuntos del medio ambiente? –El Plan no protege el ambiente, de hecho, las líneas del Plan en esa materia lo designan las empresas de explotación de recursos naturales. Se legaliza la biopiratería, se desconocen los acuerdos internacionales sobre cambio climático; debilita los requisitos y exigencias ambientales a las explotaciones mineras. En síntesis, los bienes comunes, especialmente el agua dejarán de ser comunes. En una reunión con la Viceministra de Minas nos dijo que Colombia estaba sin reglamentación en materia de minas, así que aquí cualquier hijo de vecino puede llegar a destrozar la naturaleza por extraer petróleo y no pasa nada. La soberanía no existe. –Presentaron ponencia negativa –Claro, estamos en contra de ese país que quiere la derecha. Estamos en contra, por ejemplo del fracking, estamos en contra de la seguridad democrática 2.0 que hoy llaman “Pacto por la legalidad”, estamos en contra de la “metodología” -burocracia- como se construyó el Plan. A Colombia le va ir mal con Duque y el Centro Democrático en el poder. Y en cambio a quienes le va ir muy bien es a los gremios economicos que en buena parte se ven reflejados en el Plan, de hecho vimos ir y venir todos los dias previos al primer debate del Plan a los voceros de los gremios. Luego de esas visitas se cambiaban los articulos y veimamos como se ampliaban los negocios para unos en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Lo vimos por ejemplo con los Fondos de Pensiones que ganaron con un articulo caqsi una reforma pensional a medida de sus intereses. Llamó a la movilización.


Economía

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Los caficultores en crisis

Saco de fique para transportar café colombiano. Foto Tina Guina.

Se avecina un paro y toma de vías, de no haber respuesta a la problemática del sector. En juego la subsistencia de 600 mil familias IVЕN POSADA P.

U

na nueva crisis afronta la industria cafetera colombiana, donde confluyen varias causas, entre ellas, sobreproducción, el juego de la oferta – demandas mundiales, la competencia entre países productores y la onda especulativa en los contratos de la compra de café. Otra causa es la equivocada política económica de largo plazo en el marco de la globalización y el atraso del sector agropecuario en el país. Causas internas La producción en 2018 fue de 13,6 millones de sacos de café arábigo suave frente a 12,6 millones de sacos en 2017. El valor de la cosecha 2017 – 2018 se aproximó a los 6.5 billones de pesos, 0,7 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto). Comparados con Brasil (primer productor mundial), estamos lejos de competir, país que en 2017 alcanzó una producción histórica de 60 millones de sacos. Otras regiones del mundo compiten con Colombia en el mercado mundial como Vietnam (primer exportador mundial) y Centroamérica, que logró una producción de 19.8 millones de sacos. Lo anterior sumado a la especulación en el mercado del café hizo que el precio de la libra de café en la bolsa de Nueva York llegara su valor más bajo en doce años, 0.97 centavos de dólar, lo que a su vez se tradujo en la baja del precio de la carga a nivel interno.

privado colocan sus recursos a interés en el mercado del café y otros productos similares generando especulación con contratos de venta de producción a futuro. Flexibilización laboral La mano de obra ocupada en la caficultura se estima en unas 600.000 familias, cerca de 2.400.000 personas. Una peculiaridad de la mano de obra de este sector es la población ocupada en temporada de recolección que recibe remuneración única y exclusivamente por este período. Algunas de las fincas con alta capacidad de producción ocupan personal con cobertura en seguridad social (salud, pensión y riesgos). No obstante, cursa en el parlamento el proyecto de ley 123 de 2017 que pretende flexibilizar el mercado laboral rural con la figura del “jornal diario integral rural” que consiste en remunerar el jornal incluyendo, supuestamente, la seguridad social. El argumento de la Federación de Cafeteros es que los costos salariales inciden negativamente en la rentabilidad del sector.

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COMENTARIOS La producción de café en Colombia cobija a cerca de 600 municipios de los departamentos de la región andina. Estados Unidos importa cerca de 26 por ciento de la producción mundial, con unos 130 millones de consumidores de este producto. El año pasado el país terminó con un déficit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) de 7.100 millones de dólares, que equivale a 2,2 por ciento del PIB. Parte de este déficit se explica en parte por el descenso del 10 por ciento en las ventas externas de petróleo a finales de 2018. Comentario: Con estos resultados del comercio internacional se confirma una vez más que los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito Colombia con varios países no han incrementado las exportaciones colombianas, todo lo contrario, aumentan las importaciones. Segundo, la economía colombiana queda sujeta a la volatilidad de los precios del petróleo. De ahí la necesidad de diversificar la canasta exportadora del país. &&&&&&&&&& El Grupo Aval que aglutina al Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y Av Villas, reportó utilidades en 2018 de 2,9 billones de pesos, 48 por ciento más que en el año inmediatamente anterior. Este conglomerado es controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuya fortuna se calcula en unos 13 mil millones de dólares, y posee cerca del 80 por ciento de las acciones del conglomerado. Comentario: La economía política explica este fenómeno cuando dice que en tanto la producción se realiza en forma social, la apropiación de la plusvalía se hace en forma privada.

Política macro Dos factores de política económica tienen que ver con el estado actual del sector cafetero: una, la apertura económica implementada desde 1990 y que produjo la quiebra de varios subsectores del agro, entre ellos el arrocero, y la segunda, la estrategia que direccionó la economía hacia el sector extractivista para exportar recursos minero – energéticos ante la creciente demanda de estos por las potencias industrializadas y por los altos precios que alcanzaron. Esta bonanza ya alcanzó su máximo y comienza la época de las vacas flacas. Entre tanto el sector agropecuario (el cafetero entre ellos) permanece en el atraso socio – económico y tecnológico de siempre. Alternativas

La especulación El sector financiero – especulativo ha infiltrado este sector de la economía colombiana: fondos de inversión constituidos con capital del sector

el turismo y la recreación como fuente de recursos. Este proceso se ha dado sobre todo en el departamento del Quindío, a tal punto que hoy día el departamento con mayor producción de café es el Huila. Los productores a través de sus organizaciones han solicitado al gobierno central reactivar el mecanismo de “protección del ingreso cafetero”, PIC, una especie de “precio de sustentación” para cubrir la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta. El vocero de Dignidad Cafetera, Carlos López, sostiene que mientras los costos de producción alcanzan los 85 mil pesos, la carga de café se vende a 60 mil pesos, lo que significa una pérdida de 20 mil pesos por arroba, y luego agregaba que los productores tienen deudas con las entidades por concepto de insumos, abonos, herramientas, etc., y no tienen como cubrirlas. Los caficultores expresaron que de no hallar respuestas a sus peticiones, se van al paro y a la toma de vías para buscar el apoyo de la sociedad civil a sus justas exigencias.

HECHOS

Las recurrentes crisis del sector cada vez más agudas y prolongadas – ha provocado cambios importantes en su dinámica. Hace ya varios años atrás muchas fincas cafeteras optaron por

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La verdad del pueblo

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Editorial

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Paro nacional el 25 de abril

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rente a la demagogia del Gobierno nacional, con su eslogan: “El futuro es de todos” y la estrategia mediática de sectores de los medios de comunicación que representan intereses del gran capital; quienes mienten y tergiversan la realidad del país frente a las complejidades políticas, sociales y económicas; el pueblo se manifiesta desde las regiones y los territorios, lo cual es razón suficiente para avanzar en la convocatoria de una acción unitaria de masas de carácter nacional. En el encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas realizado los días 9 y 10 del pasado mes de febrero, en Bogotá, con la participación de 380 delegados en representación de 170 organizaciones del orden nacional y regional, se definió avanzar en el proceso de preparación del paro nacional para el próximo 25 de abril, en respuesta a las políticas antipopulares del Gobierno de Iván Duque; representadas con la aprobación de la Reforma Tributaria y la imposición

del regresivo Plan Nacional de Desarrollo, el cual vulnera los derechos básicos de las y los colombianos e incrementa los índices de marginalidad, exclusión y pobreza. Hoy, el pueblo colombiano y sus diferentes organizaciones sociales y procesos en resistencia, asisten a un momento crucial por la defensa y la reivindicación del derecho supremo a la vida, confrontando los planes de exterminio y aniquilamiento como parte de la continuación del genocidio contra el conjunto del movimiento social, cuyas cifras reportadas por la Coordinadora Social y Política Marcha Patriótica, Indepaz y la Cumbre Agraria dan cuenta de 594 líderes sociales asesinados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 2 de marzo de 2019, de los cuales, 154 casos se han registrado durante el Gobierno de Iván Duque, estableciéndose de esta manera una responsabilidad directa del Estado por acción u omisión, a partir de la reconfiguración del paramilitarismo en diferentes regiones del país. De igual manera, los sectores guerreristas y de la ultraderecha no escatiman esfuerzos para dinamitar el proceso de paz, a partir del incumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana y los ataques directos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con las objeciones hechas por el Presidente de la República a seis artículos de la Ley Estatutaria; lo que pone en riesgo el resarcimiento de los derechos a las víctimas, propiciando a la vez, la ruptura de los

/5 diálogos de paz con el ELN; demandando así, compromisos directos de la sociedad colombiana para continuar en la lucha por la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado como concreción de la paz con justicia social. Las actuales circunstancias nos permiten avanzar en la proyección y en el fortalecimiento de la agenda común de movilización en preparación y calentamiento del paro nacional, a partir de la convocatoria de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia Social y la Paz en el Sur Occidente del País, iniciada el 10 de marzo; el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, Unees del 15 al 17 de marzo en Popayán; el paro nacional de 48 horas convocado por Fecode, toma de ciudades capitales el próximo 19 y 20 de marzo, la movilización nacional contra el Plan Nacional de Desarrollo convocada por la centrales obreras para el 20 de marzo, el paro regional de la costa caribe contra Electricaribe para 3 de abril; los anuncios de los paros cívicos en La Guajira y Putumayo; la posible reactivación de los paros cívicos de Buenaventura y Chocó y la preparación de los paros de los sectores cafetero y arrocero. Este auge de la protesta social va marcando la ruta de la preparación del paro nacional, teniendo como referentes la unidad, la organización y la lucha, como acumulados del conjunto del movimiento sindical, social y popular. ¡Viva el paro nacional!

Utopía de julio

Columnista Invitado

Los archivos de la UP

Contra el Acuerdo de Paz

HERNЕN CAMACHO

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n plena guerra sucia de finales del siglo pasado la Unión Patriótica, UP, era objetivo militar de las fuerzas de seguridad del Estado y el paramilitarismo. La militancia se preparaba para atentados, capturas o allanamientos. Eran tiempos de tensiones, seguridad revolucionaria, precauciones, mucha audacia y extremo valor. Una noche cualquiera, una militante de vieja data del Partido Comunista Colombiano a quien se le encomendó la tarea de vigilar la sede de la UP, ante la inminencia de un allanamiento a finales de los noventa, decidió, por sentido común, preservar algunos documentos que reposaban en un viejo archivador de madera. En bolsas negras guardó, como pudo, miles de hojas y las escondió bajo las escaleras de la casa. ¡Vaya sorpresa! Dos décadas después de la persecución estatal y cientos de allanamientos, los papeles deslucidos, guardados sin precaución, constituían la historia en documentos de la UP. Archivos que nunca encontró la inteligencia militar. Desde ese momento, el Partido inició un proceso de restauración al que se acercó el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, quien ofreció su ayuda. El proceso no fue fácil. Primero había que construir confianza y dejar claro condiciones. A la sazón del reciente proceso de paz y su consigna de poner en el centro a las víctimas, la UP consideró firmar un convenio con la entidad para recuperar, sistematizar, custodiar y publicar sus archivos luego que

GABRIEL ÁNGEL

su dirección lo avalara. Y subrayo esto último. El CNMH, otrora conducido por defensores de derechos humanos, trabajó junto a la UP por un año en la sistematización del archivo. El proceso se cumplió a medias, pues ya sistematizados no se ha decidido cuáles documentos se pondrán a escrutinio; entre otros, reposa material probatorio que le servirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para confirmar la condena al Estado colombiano por su acción y omisión en el genocidio. No da confianza el nombramiento de Rubén Darío Acevedo como director del CNMH, elegido por sus méritos como tuitero en contra del proceso de paz y la oposición política, y no por su profesionalismo. Acevedo prepara una estrategia legal para no devolver los archivos que solicitó la senadora de la UP, Aída Avella. El papel de Acevedo será desnaturalizar el CNMH y retener los archivos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que también firmaron convenios, en especial aquellas cuyo trabajo ha llegado a instancias internacionales. La estrategia es evidente: esconder la verdad, como sucede con la JEP. Lo que hace Acevedo reteniendo los archivos, es extender el genocidio, esta vez atacando la memoria, la verdad y la lucha política del Partido de la vida y la esperanza. Será notificada la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este nuevo atentado.

C

abe preguntarse qué fue lo que se pactó en La Habana, que tiene tan encendidas las iras del uribismo. El Acuerdo Final, criticado de manera acerba por algunos sectores de izquierda y varios grupos que insisten en el camino incierto de la vía armada para la toma del poder, hasta el punto de llegar a calificar a sus firmantes como traidores, sigue siendo a todas luces el objeto más odiado por la ultraderecha guerrerista y mafiosa que impera en Colombia. Puede afirmarse sin vacilación, que el principal objetivo del actual gobierno apunta a su destrucción. Y sabemos qué clase de fuerzas y alianzas se refugian tras la cara bonachona del Presidente Duque. Ningún grupo existente o por nacer representa una obsesión semejante para el régimen. Esos malditos Acuerdos son el blanco principal de todos sus odios. Ellos sí que son una amenaza real a sus intereses. Comienzan con una tímida reforma rural, que contempla tres millones de hectáreas para los campesinos sin tierra, créditos, asistencia técnica, infraestructura vial, sanitaria, educativa. Disponen la actualización del catastro y reconocen la importancia de la restitución de las tierras arrebatadas por la violencia. El uribismo tiene sin duda sus razones para oponerse de tal modo a tan elemental modernización rural.

Siguen con una reforma política que abre las puertas a la participación efectiva de los sectores excluidos. Buena parte de esta ha sido bloqueada en el Congreso de la República, en donde tampoco ha progresado la ley que redime penas a los pequeños cultivadores de ilícitos. De hecho la sustitución voluntaria pactada ha sido superada por las prácticas de la erradicación forzada y la fumigación. La guerra contra las drogas debe enriquecer a muchos. Pero el tema que encendió todas las alarmas ha sido el de víctimas, con su sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A la Comisión de la Verdad, este gobierno le redujo su presupuesto, de por sí escaso, en un 40 por ciento. Y el país conoce el espectáculo grotesco montado contra la JEP. El Acuerdo abre las puertas a un relato distinto sobre el conflicto, los crímenes ligados a él y sus verdaderos responsables. Lo cual les resulta inadmisible. A los Acuerdos de Paz se adhieren cada día más colombianos y colombianas de todos los sectores. Se trata de una oleada creciente que se pone de manifiesto con la reacción generalizada en defensa de la JEP. Los Acuerdos, así no lo quieran creer algunos, abrieron el camino a la construcción de un nuevo país, eso palpita en el escenario nacional. Ese país rechaza de modo contundente la guerra. Por eso el odio a lo pactado.


Laboral

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Encuentro Nacional de Jóvenes CUT

Juventud unida por paz y trabajo digno

M

ás de 100 jóvenes trabajadores de todo el país, se reunieron durante los días 15 y 16 de marzo en la ciudad de Bogotá con el fin de promover el liderazgo juvenil en el movimiento sindical, organizar el III Congreso de la Juventud Trabajadora que se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo y preparar su participación en el VII Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.

dejando a un lado la horrible noche de la guerra.”

Asistentes al Encuentro Nacional de Juventud Trabajadora.

Proyectar el movimiento juvenil en la CUT

es que esté afiliado y que tenga los vo- de un trabajo digno, el fortalecimienTimoteo Romero Morales, Director tos, porque si los tiene significa que ha to del movimiento sindical, la proyecdel Departamento de la Juventud y hecho un trabajo”. ción de dirigentes jóvenes y el relevo Erradicación del Trabajo Infantil de generacional. la CUT, expresó a VOZ que uno de El proceso de preparación los grandes retos que tiene el Comité El III Congreso de Ejecutivo es el de proyectar el moviVOZ habló con algunos asistentes la juventud trabajadora miento juvenil dentro de la CUT al encuentro del fin de semana para code la manera más amplia. nocer sus impresiones sobre el espacio María Angélica Giraldo, vicepresi“Lo importante de este even- y los resultados del mismo en torno a denta de Sinedian Bogotá cuenta que to es que dentro de estos cuatro los escenarios congresales de la CUT se definieron cinco ejes temáticos paaños podamos crecer este nume- que se avecinan. Lina María Montilla, ra la discusión en el III Congreso de ro de jóvenes, tanto afiliados al presidente de la CUT Risaralda y la la juventud trabajadora que son: situasindicalismo como en la dirigen- más joven a nivel nacional que en la ac- ción política nacional e internacional cia de los sindicatos y podamos tualidad ocupa ese cargo, explicó que la y PND; jóvenes paz, derechos humair entregando la posta paunos y posacuerdo; contexto laboral y latinamente para que nos situación de los jóvenes trabajadores; ayuden a dirigir las orgaorganización de la CUT y los jóvenes nizaciones para bien de los trabajadores y; agenda de movilización trabajadores y de la poblay perspectivas de los jóvenes trabajación colombiana, porque dores. Expresa que “salimos todos forrealmente los sectores más talecidos, hay un excelente equipo de organizados y claros dentro trabajo dispuesto a generar rumbos de de un país para defender su cara a las problemáticas que enfrentaclase y defender su poblamos los jóvenes y sobre todo dispuesción, son los sindicatos y es tos a trabajar por el país”. la CUT como central claPor su parte, Kevin Siza, del sista de esta nación.” Colectivo de Jóvenes Trabajadores En cuanto a la vinculaen el Atlántico, expresa que “el III Timoteo Romero. ción de jóvenes al moviCongreso de la juventud trabajadora miento sindical se plantean se caracterizará por un amplio proceso En uno de los apartes de la declara- algunas propuestas, por ejemplo, unitario, incluyente y abierto desde lo ción política de este encuentro, la ju- “que se flexibilicen los estatutos regional a lo nacional; desarrollaremos ventud trabajadora señala que: “El Plan de los sindicatos. Algunos sindiprecongresos en todos los departamende Desarrollo de Iván Duque, preten- catos tienen establecido un petos desde finales del mes de marzo, por de profundizar los ya miserables nive- riodo de varios años para que un lo cual invitamos desde ya a la juvenles de expoliación que viven los tra- afiliado pueda llegar a la directud trabajadora de las organizaciones bajadores colombianos. El documen- tiva, o como está pasando en la María Angélica Giraldo. sindicales afiliadas a la CUT y sobre to presentado recientemente introduce CUT que en el proceso anterior todo a la juventud que no está organiuna serie de mecanismos para pasar por se lograron unas cuotas para la parti- preparación de los congresos en el te- zada, a hacer parte de este importante encima de los derechos de los asalaria- cipación en las listas a cargos directi- ma juvenil, ha sido un proceso lidera- proceso. Nuestra consigna es “juvendos del país y ‘formalizar la informa- vos, pero hay un artículo que dice que do por las y los mismos jóvenes quie- tud unida por la paz, el trabajo digno y lidad’: i) pretende introducir el ‘Piso para estar en el comité ejecutivo se tie- nes se empoderaron en los dos encuen- en contra del neoliberalismo”. de Protección Social’ como una herra- ne que tener dos años de experiencia tros nacionales realizados hasta ahora “Tendremos un documento de tramienta para que los trabajadores con en una junta directiva, entonces hay de la creación de comisiones y delega- bajo que se construirá unitariamente y ingresos inferiores al salario mínimo unas contradicciones que se vuelven ción de responsabilidades y tareas para a varias manos, en la idea de promopuedan acceder a salud pero desmon- en trabas para que no solo los jóvenes organizar su participación. ver la discusión y fortalecer las protando las garantías del Sistema General sino también las mujeres y los afilia“En el encuentro del fin de año con- puestas que como jóvenes llevarede Seguridad Social; y ii) busca pro- dos puedan llegar a los cargos de di- formamos las comisiones y un equipo mos a nuestro III Congreso, pero tammover los ‘Beneficios Económico- rección. Particularmente soy de la teo- operativo se encargaría de socializar al bién, las propuestas que llevaremos al Periódicos – BEPS’ como un microse- ría de que prácticamente lo que debe Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, VII Congreso de la central”, concluye guro para la vejez que no se equipara de tenerse en cuenta para que un compa- las diferentes propuestas que cons- Kevin Siza. ninguna manera a la pensión. El Plan ñero pueda llegar a una junta directiva, truimos que, entre otras, estaba de Desarrollo de Iván Duque es la realización de este encuentro un Pacto en contra de Colombia: nacional que inicialmente estaba Pacto de la Inequidad.”. pensado para finales del mes de “A este pésimo panorama enero del presente año y que ha económico y político, se le susuperado todas las expectativas man los incumplimientos de al contar con un número mayor Gobierno Nacional con la ima 100 personas los que ya estaplementación de los acuerdos de mos en función de organizar el paz, que hoy se evidencia en la III Congreso de jóvenes y consintentona del presidente Duque cientes de la importancia de que por objetar la Ley Estatutaria de sea preparado por los mismos la Justicia Especial para la Paz. jóvenes.” Destrozar la JEP significa romLos asistentes se distribuyeper con el corazón de los acuerron en tres comisiones, la polídos entre el Gobierno y las FARC tica, la logística y comunicacioy la forma en la que se garantice nes, en las cuales trazaron los lia las víctimas como actor fundaneamientos generales de trabajo mental, el proceso de verdad, jusy de elaboración política para lleticia, reparación y no repetición. var a cabo un plan que permita Fracturando el anhelo de paz de que el III Congreso juvenil y el la juventud colombiana de lograr VII Congreso de la CUT contricontar con una Colombia en Paz, Lina María Montilla. buyan al avance de la conquista Kevin Siza.


Laboral

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Instalada mesa del sector público

Un inicio con posiciones distantes

Aspecto de la instalación de la mesa de negociación del sector estatal, el pasado 11 de marzo en Bogotá.

En el marco de la negociación, el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una talanquera que no permite avances en las garantías laborales y sindicales de más de un millón de trabajadores del Estado JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

Esta mesa siempre va a tener el ánimo y la disposición de escucharlos, entenderlos y tratar de resolver los temas de la mejor manera, porque esta negociación beneficiará a un millón 200 mil servidores públicos”, dijo la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, en la instalación de la mesa de la negociación de mejores condiciones laborales para el sector estatal, el pasado 11 de marzo, en Bogotá. A esta primera reunión asistieron los delegados negociadores de las tres centrales obreras; las federaciones de trabajadores estatales; el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo; delegados de la cartera de Trabajo y fueron invitados como acompañantes y vigilantes del cumplimiento de lo pactado, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La jefe del Ministerio también expresó: “Esperamos que los acuerdos queden a satisfacción de las partes, con un gana-gana, así haya cosas que no dependen de uno, pero que tenemos la mejor voluntad y serán debatidas con el mayor interés de apoyar a los trabajadores estatales”.

Sin embargo, para estos funcionarios el panorama de la negociación que empieza no es tan claro ni creen que exista voluntad para solucionar la problemática de este sector, pues para el negociador por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés: “La Ministra dijo que iban a negociar, pero a renglón seguido dijo que no había plata. El clásico discurso del uribismo, dicen que sí, pero no. Por eso de entrada dijimos que todas las reformas laborales, pensionales y tributaria, más las facultades al Presidente hay que sacarlas del Plan Nacional de Desarrollo y que sean discutidas con nosotros”. Las distancias Para los representantes de las centrales obreras y las federaciones no hay coherencia entre las palabras de Alicia Arango y algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo, PND, porque afectan directamente sus garantías y derechos, y aumentan la precarización y la desigualdad social. “Este PND legaliza y legitima la contratación laboral por días en el campo y la exoneración del pago de los aportes a la seguridad social, a los patronos. Estas medidas incrementarían la precarización laboral, con salarios por debajo del mínimo legal vigente y reglamentado, eliminando los derechos de estabilidad laboral, asociación sindical y contratación individual y colectiva. Igualmente, y como efecto a largo plazo, negaría a estos ciudadanos la posibilidad de pensionarse dignamente, sometiéndolos al sistema de los beneficios económicos periódicos”, expresaron los trabajadores en documento presentado a la mesa. Por estos y otros aspectos, los negociadores del movimiento sindical propusieron de entrada la eliminación de todos los aspectos regresivos en materia laboral, pensional, tributaria y sindical que han sido anunciados en el PND; el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por

el Gobierno nacional en los Planes de Acción Laboral y con los demás organismos multilaterales; el compromiso explícito del Gobierno nacional, con una clara y precisa política de formalización laboral, en términos de acceso a seguridad social, estabilidad laboral, garantía de los derechos laborales y ejercicio de la libertad sindical, con especial énfasis en los trabajadores rurales; la erradicación de las formas ilegales de contratación, cooperativas de trabajo asociados, y nóminas paralelas estatales; estrategias para la generación de trabajo decente, atendiendo de manera prioritaria a los trabajadores rurales, mujeres y jóvenes; y la implementación integral del Acuerdo de paz, con presupuesto y respeto por lo pactado. Peticiones estas que a primera vista parecen incompatibles con las medidas que ya ha echado a andar el Gobierno nacional y sus políticas económicas proyectadas. Justicia Por otra parte, los trabajadores de la rama judicial piden el cumplimiento del Estado de los acuerdos suscritos hace años, en cuanto a ampliación de planta, principalmente para Medicina Legal. Asimismo, esperan resultados concretos para que en entidades como la Fiscalía y Medicina Legal sus empleados sean catalogados como trabajadores en labores de alto riesgo: “Que jueces, fiscales tengan la calidad que tienen actualmente muchos empleados públicos en el país, como los guardas de tránsito y el Inpec. Es un derecho que no tenemos en la rama judicial y buscamos ya sea una prima o una jubilación especial, a más temprana edad en virtud al riesgo. También exigimos que se dé a Medicina Legal el apoyo necesario para que exista la carrera administrativa, porque es una entidad que lleva 100 años y desde el 91 la Constitución ordenó que en las instituciones estatales se ingresara con esta modalidad, y no se ha hecho. De 24 mil trabajadores, solo cuatro

mil están en carrera”, explicó a VOZ el presidente nacional de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro. Estos funcionarios también hacen peticiones de carácter económico, como el pago de lo que dejaron de devengar en 2014 por la huelga realizada, en la que el Gobierno y la Fiscalía realizaron unas retenciones indebidas de salarios y hay deudas con más de 1.500 de ellos. Además, buscan una reestructuración que permita la recuperación de poder adquisitivo del salario, ya que lo que han ganado con primas y bonificaciones, a través de impuestos se lo han quitado. “Pedimos una exención de impuestos y que los beneficios obtenidos en movilizaciones anteriores sean tenidos en cuenta como salario, que no solo sirva para pensiones, sino para cesantías, vacaciones y demás prestaciones sociales”, anota Otálvaro. El dirigente sindical advierte que de no haber soluciones satisfactorias a los trabajadores, las movilizaciones están a la orden del día, tal y como lo expresó el congreso de la CUT. En ese sentido, esperarían las órdenes para ir a un paro nacional. “Por ahora habrá jornadas informativas en las que se ambientará el pliego de peticiones y la necesidad de pelearnos en la calle estos puntos porque la situación no da para más”, concluyó el presidente de Asonal Judicial. Al cierre de esta edición de VOZ, el 18 de marzo, las partes se reunían para iniciar las discusiones, con pliegos unificados por parte de los trabajadores y con un número de representantes de los sindicatos acorde con lo estipulado en el Decreto 160. Las organizaciones sindicales acuden a la mesa con un ánimo negociador, que a su vez permita encontrar soluciones a la grave problemática, aunque conscientes de que la contraparte se ha caracterizado por dilatar, evadir e incumplir, como lo hace con el resto del movimiento social en el país. Por eso, también planean grandes movilizaciones y la participación en el paro nacional en el mes de abril.


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Calarcá

Política TRAZOS Por la independencia

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Carta al Secretario General de la ONU Miembros de las delegaciones de paz, parlamentarios, defensores de derechos humanos y personalidades democráticas advierten a las Naciones Unidas sobre los peligros que entrañan los sucesivos ataques a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, para la superación del conflicto

A

ntónio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, fue el destinatario de una carta que numerosas personalidades de la vida política y cultural del país, enviaron la semana pasada en torno al destino de la jurisdicción especial para la paz “El 17 de septiembre de 2016 -dice el documento-, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores. “El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y

“Se intenta lesionar gravemente la jurisdicción especial de paz” de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado”. Impulso sin dilaciones “En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”. “A pesar de la claridad de los mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional -agrega la carta-, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. “Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se

Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.”. Enorme significado del proceso “Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales.

Señor Secretario: Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se dé cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.” Copia de la carta fue remitida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional. El texto está suscrito por el equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz, el equipo negociador de las FARC y otras personalidades.


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Política

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Audiencia pública

La “toma del agua” en el Congreso

Páramo de Sumapaz.

n el marco del día mundial del agua que se celebra el próximo viernes 22 de marzo, la senadora de la Unión Patriótica por la lista de la decencia, Aída Avella, ha convocado una audiencia pública, que se ha dado en llamar “El agua se toma el Congreso”, con la que se pretende llamar la atención sobre la importancia de los recursos de agua del planeta y fomentar su gestión sostenible. La “toma del agua” se desarrollará simultáneamente ese día, a partir de las 8:00 de la mañana en cuatro comisiones, en cada una de las cuales se trabajará los siguientes temas: 1. En el salón Luis Guillermo Vélez, se tratarán los nevados, páramos y lagunas. 2. En la Comisión Cuarta de Senado, los ríos y zonas de ribera. 3. En la Comisión Sexta, mar, playas, ciénagas, sabanas y playones inundables. 4. En la Comisión Quinta, humedales urbanos.

E

El objetivo fundamental de las comisiones de trabajo es promover una agenda legislativa, que a partir del reconocimiento de las necesidades de las comunidades erija una propuesta normativa para la protección de los derechos de las comunidades y sus territorios en el marco de la protección y uso sostenible de los recursos naturales, así como suscitar una agenda política dirigida a la promoción y conservación de las dinámicas culturales que perviven del recurso hídrico como patrimonio cultural y ambiental de la Nación. Para Avella es primordial que a las diversas comunidades que viven de una u otra manera en torno al agua, “se las reconozca como sujetos de conservación y preservación del recurso hídrico en la comprensión de sus dinámicas culturales y territoriales”. Las conclusiones que se darán a partir de las 11:00 de la mañana en el

Salón Luís Guillermo Vélez, igualmente pretenden generar procesos de articulación y suma de esfuerzos que permitan una movilización social en defensa de los derechos territoriales y la defensa del recurso hídrico. Es importante destacar la asistencia de organizaciones ambientalistas, defensores del recurso hídrico, campesinos e indígenas que vendrán de diferentes partes del país, como Cartagena, Santa Marta, Taganga, Putumayo, Chocó, Caquetá, Montería y Sucre, entre otras. Por parte del gobierno, fueron invitados los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano, de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Rafael Valencia Pinzón, de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, de Defensa, Guillermo Botero, y su dependencia la Dirección General Marítima, así como la Directora General de Parques Nacionales

Naturales de Colombia, Julia Miranda Londoño, la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios Presidente Gilberto Augusto Blanco, la Corporación de Ciencia y Tecnología del Mar Cotecmar, Contraalmirante Oscar Darío Toscón, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. IIAP, William Klinger Brahan y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Louis Francois Kleyn López, entre otros. La audiencia y comisiones de trabajo, también contará con la presencia de los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Pablo Catatumbo, Feliciano Valencia, Alberto Castilla y las representantes a la Cámara, Ángela María Robledo y María José Pizarro. Para mayor información, favor comunicarse a los teléfonos 382 36 72 y 382 37 10.

Paro del Pacífico La senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella visitó el departamento de Chocó, los pasados 15 y 16 de marzo para socializar las propuestas de Plan Nacional de Desarrollo y su impacto en los territorios más pobres del país. En Quibdó las mujeres sindicalistas le dieron la bienvenida y con ello el compromiso de defender los intereses de la mujer en la implementación del acuerdo de paz. El Comité de Paro Cívico de Quibdó le expresó a la parlamentaria su preocupación por los incumplimientos de lo acordado con el Estado colombiano puntualmente en lo prometido con las carreteras principales, la salud de tercer nivel inexistente. En Chocó el 30% de la población no tiene acceso a

la salud. El comité cívico de Chocó le anunció a Avella la realizació de una nueva movilización conjunta con el Comité Cívico de Buenaventura, en la apuesta de un gran paro del Pacífico para exigir el cumplimiento de lo acordado.

del presidente Duque para objetar la paz. Como hecho inusual Guterres se adelantó a la visita y declaró su respaldo a la JEP. Entre líneas rechazó las objeciones de Duque. Después del derrumbe del Grupo de Lima que no pudo legitimar la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, está es otra derrota del gobierno Duque ante el mundo. A Holmes le están cobrando su ineficiente visita relampago al interior del partido de Gobierno.

por el Gobierno Duque principalmente para hacer una barrida laboral, cuyo único objetivo es la casta política gavirista. Desde que Simón Gaviria fue director de esa entidad la línea de mando y los cargos de dirección fueron ocupados por la militancia liberal al servicio de César Gaviria. Luego de terminado el periodo de Simón se mantuvieron buena parte de esas cuotas políticas allí. La primera orden del Centro Democrático a Duque fue la devolución para ese partido de la burocracia de esa entidad. Así que el nombre que remplazará a Dorado será de las entrañas del presidente Uribe para asegurar que esa entidad sea funcional para las elecciones de octubre próximo: “fuera los Gaviria” dicen.

Otra derrota de Holmes Se fue informando sus visitas y regresó sin rendir declaraciones. Es el Canciller Carlos Holmes Trujillo en su apresurado periplo por el mundo para defender las objeciones hechas por el presidente Iván Duque. El Ministro de Relaciones Exteriores visitó la ONU y su Consejo de Seguridad, allí señaló que había sido provechosa la visita y que se le había informado al Secretario General de la ONU António Guterres sobre las razones

La disputa en Planeación Se conoció en los últimos días la renuncia del director de Planeación Diego Dorado, por denuncias de acoso sexual y laboral. Sin embargo, el asunto también tiene sus vericuetos burocráticos. Según fuentes de esa entidad, Dorado fue nombrado


Entrevista

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Jorge Rojas, por Los sectores democráticos se preparan para rescatar la capital de las manos de los empresarios que ven en la ciudad un negocio y una oportunidad de derechos humanos

★ CAROLINA TEJADA SЕNCHEZ

L

a capital del país ha transitado por una de sus peores experiencias en términos administrativos. Las críticas sobre el papel del actual mandatario han venido desde varias instituciones de control del Estado, pero sin lugar a dudas, las más fuertes ha sido las de la misma ciudadanía. La actual administración no solo no llenó las expectativas de sus habitantes, sino que, además, retrocedió en términos de derechos y garantías en la calidad de vida de las personas. El próximo mes de octubre, Bogotá se disputa, en medio de una profunda crisis social y económica, el remplazo de Peñalosa y de su nefasto papel. VOZ, ha venido dialogando con algunos precandidatos que se ubican en el ala democrática y que se perfilan como los candidatos de una ciudad más humana, solidaria y de cara al desarrollo en igualdad en todos los sectores de la capital. La alternativa para Bogotá Jorge Rojas, es uno de esos candidatos. Según comentó a este medio, su disciplina es una de sus grandes virtudes. Esa disciplina es la que lo ha llevado a alcanzar parte de sus metas. En su juventud, siendo líder estudiantil, fue uno de los 10 mejores bachilleres del país, y destacado en su proceso de formación universitaria. Jorge, estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba, pero su inclinación por las humanidades la combinó con el estudio de la comunicación y el periodismo, del cual se graduó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fue director de noticias Todelar, RCN y Caracol Radio en Montería. El periodismo crítico y su pasión por la defensa de lo justo, lo llevó a vincularse de lleno al mundo de los derechos humanos, en el cumplimento de esa juiciosa tarea, le otorgaron el premio International Humanitarian Award en el 2004. Igualmente, fue el secretario de Gobierno y de Integración Social de Gustavo Petro, con él y otros liderazgos fundaron la Colombia Humana. Hoy, con su recorrido académico, con el reconocimiento por su labor social, y con una importante experiencia en una administración distrital, pretende ser el próximo alcalde de la capital. –Hay algo que llama mucho la atención sobre los seis puntos que aparecen en la página web de Jorge

Rojas Alcalde, es el ambiental, un tema muy defendido por la ciudadanía en Bogotá. Pero, ¿La propuesta de Rojas en qué se diferencia con la de los demás candidatos y la del actual mandatario de Bogotá? –La diferencia está en el objetivo del programa y en el caso de nuestra campaña y programa, estamos hablando de Bogotá Viva, un concepto más amplio, dinámico, dialéctico, si se quiere, de entender las nuevas realidades de la política que integra al ser humano, la naturaleza y la democracia. Bogotá Viva es reconocer al ser humano desde su dignidad y sus derechos desde que nace hasta que muere, eso implica que lo que hemos aprendido a hacer en el gobierno de Bogotá, en los últimos doce años de gobiernos alternativos, tiene plena vigencia porque se necesitan los derechos de la primera infancia, de la adolescencia, de las personas en sus diferencias étnicas, de capacidades, de género y en la vejez, y el distrito tiene la obligación de entender las situaciones de mayor vulnerabilidad, eso no se va a cambiar, se va a retomar, porque tenemos una caída de todos los índices de pobreza en Bogotá en los últimos tres años y medio. El segundo aspecto tiene que ver con la naturaleza, con el agua, con el territorio y con los alimentos que consumimos. Ya no podemos pensar la política solo como elemento antropocéntrico en donde solo es el ser humano. En tiempos de cambio climático y de codicia del capital para arrasar con la naturaleza con la idea de que así se producen riquezas y se generan ganancias, hay que ser más amplios. No se puede pensar en una ciudad en la que haya gente con derechos, pero que no haya aire para respirar, no se puede pensar en una ciudad donde hay más igualdad social, pero no tenemos la capacidad de cuidar el agua que es lo que nos garantiza la vida. Un ejemplo, la reserva Thomas Van der Hammen, que es el equilibrio ecológico de Bogotá, la estructura ecológica principal, si le ponemos cemento a la reserva en unos 30 años no vamos a tener agua en Bogotá, entonces así no se puede hablar de desarrollo, hay que poner los temas de la naturaleza como el derecho al agua, el derecho al río, el derecho de la tierra, el de los páramos como parte de un conjunto de derechos que nos hacen seres vivos; es un concepto más bioecocéntrico de la política.

Jorge Rojas, precandidato de los sectores democráticos a la alcaldía de Bogotá. Foto Carolina Tejada.

–¿Cómo se vincula la democracia a ese concepto de Bogotá Viva? –La democracia se vincula allí porque estamos hablando de seres humanos de la política, que quieren un aire limpio, agua y territorio, necesitan relacionarse, y relacionarse es reconocer el poder de las comunidades, del territorio y creo que en eso tenemos un déficit grande incluso desde la izquierda, tenemos que construir poder, darle poder a las comunidades. La democracia no es solo votar, la democracia es participar, es decidir, entonces, lo que va a dinamizar este programa de gobierno es una comunidad que participa, unas ciudadanías que tienen identidad, que tienen propuestas, participan y también deciden. Bogotá Viva, es en esencia una ciudad incluyente, democrática, productiva, que vive, trabaja y ejercita la cultura 24 horas, que le da opción a la gente para vivir en la ciudad, que distribuye mejor su riqueza, que atiende a las personas con mayor vulnerabilidad, pero que avanza como una ciudad que se proyecta con justicia social hacia el futuro. –¿Cómo se vincula el Páramo de Sumapaz y la ruralidad a ese programa? –Cuando hablamos de territorio hablamos de los páramos, de los cerros orientales, del río Bogotá, los ríos en general. Y en el caso específico del Sumapaz quiero decir que uno de los elementos del programa de gobierno está pensado en la ruralidad y esa ruralidad está pensada en relación a la producción de alimentos, también de protección de esa región, pero también en relación a que no es muy grande pero que sigue siendo marginada y

discriminada y fácilmente podremos contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas personas –Bogotá ha aumentado sus niveles de pobreza en los últimos años. ¿Qué le propone la Bogotá Viva, a la Bogotá pobre de Peñalosa? –En el año 2011 la pobreza multidimencional que es la mejor manera de medir la pobreza, llegaba al 11. 6 % y en 2015 cuando terminó Bogotá Humana era del 4.6%, en términos muy concretos eso indica que nosotros sacamos a 500 mil personas de la pobreza, es decir que las personas tenían la posibilidad no de un ingreso monetario simplemente, sino además de derechos adquiridos que le permiten mejorar su calidad de vida. Un ejemplo, nosotros abrimos los jardines nocturnos en Bogotá, que es la única experiencia en América Latina. Estábamos pensando en que, hay mujeres que trabajan de noche, que la mayoría son cabeza de familia y tienen hijos e hijas y no tienen donde dejarlos y nosotros les ofrecimos desde el Estado un lugar para protegerles mientras sus madres trabajan. –Algunas personas dices que son regalos para hacer política, ¿qué piensa de eso? –No son subsidios para regalarle a la gente como nos acusan, es que el Estado les debe garantizar a esas personas condiciones dignas, que contribuyan a mejorar su calidad de vida, además de recibir el ingreso monetario que significa su trabajo. Lo mismo pasó con el subsidio que se otorgó y que se mantiene por suerte, del mínimo vital de agua, lo mismo pasa con la Hora Valle o los subsidios en Transmilenio, la congelación de sus tarifas, si la gente paga menos en


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Entrevista

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una Bogotá Viva

transporte, en un jardín infantil, si hay personas que requieren de una comida caliente y el Estado se la brinda mientras trabajan, pues estamos mejorando la calidad de vida de la gente y eso fue lo que hicimos y es lo que vamos a volver a hacer en la Bogotá Viva. –Dentro de la propuesta de una ciudad con garantías y derechos de 0 a 100 años se habla de los cuidados de la primera infancia ¿Piensa articular la experiencia que ya vivió con los jardines infantiles a su programa? –Nosotros iniciamos el gobierno de la Bogotá Humana atendiendo alrededor de 59 mil niñas y niños menores de cinco años, que es la parte más vulnerable dentro de la vulnerabilidad que implica la primera infancia, y cuando terminamos eran 183 mil. Nos dicen que no hicimos mil jardines, no, hicimos fue una revolución, triplicamos la atención de primera infancia. Y, además de una atención en términos de afecto, en formación, también fue nutricional, por eso no se murieron niños o niñas por desnutrición en Bogotá. Para ese entonces, la Procuraduría General de la Nación tiene la obligación de hacer una evaluación cada cuatro años de todos los alcaldes de Bogotá, para saber qué hicieron con la primera infancia. Ustedes saben quién era el procurador y este aplicó los indicadores, 180 indicadores y el resultado es que Bogotá cumplió y superó todas las metas y fue la única ciudad del país que lo hizo. Nos tuvieron que felicitar por el tratamiento de la primera infancia. –Dicen que algunos concejales de la ciudad decían que ustedes le estaban alcahueteando a las mujeres, ¿eso es cierto?

–Sí, algunos concejales nos acusaron de que Bogotá Humana estaba alcahueteando la sinvergüencería de las mujeres, bajo la idea de que una mujer de noche qué hace. A mí me tocó explicarles a los concejales que Bogotá es una ciudad que vive las 24 horas del día, que Bogotá tiene una fuerza laboral femenina nocturna muy grande, por ejemplo, ¿quién hace el aseo de los buses de Transmilenio entre las 12 y las 4 cuatro de la madrugada, ¿cuántas mujeres jóvenes cabeza de familia trabajan en seguridad privada? Y los a propios concejales les dije: “ustedes llegan a las 3 o 4 de la mañana a su casa y seguramente encuentran en la recepción de su edificio a una mujer joven y nunca le han preguntado si tiene hijos y mucho menos le han preguntado dónde están los niños mientras ellas trabajan”. –Bajo ese precedente, ¿Cuál es la proyección que le plantea a la ciudad para este nuevo gobierno? –Vamos a trabajar de acuerdo a la evaluación de la pirámide poblacional en Bogotá, porque llegamos a atender con la Secretaría de Educación 257 mil niños y niñas menores de cinco años, la meta eran 360 mil, creo que debemos retomar porque hemos retrocedido y garantizar que llegamos a los niños y niñas que lo necesitan en Bogotá. Pero, hay una realidad, ahora hay menos niños y más viejos, Bogotá envejece. Alrededor de 960 mil personas en la capital, son mayores de 62 años, la mayoría no tiene una pensión y nosotros tenemos que atender a esa población. Así que la prioridad nuestra va a ser también la población de adulto mayor. Y dentro de esa prioridad, como siempre, las personas en condiciones de discapacidades diferenciales, entre otros. –El nuevo código de policía ha generado mucha polémica por estos días. Las denuncias de la gente hablan de abusos y arbitrariedades. ¿Cómo manejaría Rojas como mandatario de la capital esta situación? –Hacerle caso al Director General de la Policía, que mandó una circular a todos los comandantes diciendo que la policía no está para perseguir a los ciudadanos y menos por comprar una empanada, porque eso hace que se deslegitime la policía, se llena de demandas y se pierde la relación de confianza con las y los ciudadanos. El director de la policía se dio cuenta del error que están cometiendo, pero ¿quién manda a la policía en las ciudades?, los alcaldes. Entonces, la decisión de Peñalosa es perseguir, aprovechar el Código de Policía, interpretarlo para perseguir. El alcalde de Bogotá no puede cambiar el Código de Policía, pero sí lo puede regular sobre la base de los derechos de la gente, el derecho a trabajar, el derecho de los vendedores y vendedoras informales. Una policía pensando en las y los ciudadanos, respetuosa de los derechos humanos, ambientalista, bilingüe para el turismo, cercana a la ciudadanía. Pensamos construir un espacio, elaborar un pénsum de formación que se debe consultar con la dirección general, siempre se ha dicho que la policía no protege y sí tenemos

que tener una policía que proteja a las y los ciudadanos. –Cuando Jorge habla de una ciudad de oportunidades en la Bogotá Viva, ¿de qué clase de oportunidades está hablando? –A los jóvenes los estamos arrinconando, la policía los persigue, los ve caminar por cualquier lugar y de una es la requisa, pero también hay un déficit en educación superior. La gente en la calle nos dice, tengo un hijo de 18 años que no ha podido ingresar al Sena, no hay cupos. Nosotros hemos dicho, debemos fortalecer la universidad pública para nuestros jóvenes. Debemos incidir para que sea la educción la que garantice la igualdad de la sociedad en Bogotá, si preparamos a la gente, la gente tiene la posibilidad de innovar, de trabajar de participar. Y, por ejemplo, eso lo podemos lograr con un sistema de educación en el distrito, en ese modelo debe estar una facultad de medicina, ligada a la innovación tecnológica, ambiental. –¿Qué pasará con los derechos de las mujeres en su administración? –Como secretario de Gobierno de Bogotá, me tocó presentar el proyecto de acuerdo que crearía la secretaría de la Mujer. Fue un acuerdo de la administración de Petro con las mujeres de la ciudad. Ahí pensábamos en derechos y en protección hacia la mujer. Esa secretaría de la Mujer hoy adolece de recursos, nuestro propósito es doblar esos recursos para proteger sus derechos y garantizar el tema de la igualdad, brindar más espacios como los Centros de Atención Integral Penal a Víctimas, Capiv para ampliar las posibilidades de que las mujeres denuncien los abusos. –La Unión Patriótica anunció el apoyo a Jorge Rojas Alcalde, lo cual representa un importante músculo para la campaña, ¿qué otras fuerzas se han sumado a la campaña y cómo va la convergencia? –Nosotros hemos logrado convocar nuevos liderazgos a nuestra campaña,

activistas del medio ambiente, docentes, pero también llegó la Unión Patriótica, y también vienen otros sectores liberales, conservadores y cristianos. Pero, además esta candidatura va de cara a una convergencia. La noticia que le damos a los lectores de VOZ es que hay un acuerdo entre la Alianza Verde, el Polo Democrático, el Mais y la Unión Patriótica, para que con la Colombia Humana presentemos una consulta interpartidista el 26 de mayo, en esa consulta estará Jorge Rojas. Yo lo que puedo asegurar es que, quien gane esa consulta será el próximo alcalde de Bogotá. –¿Qué va a pasar con el tema de la movilidad en Bogotá? –En temas de movilidad no vamos a improvisar en temas de movilidad porque dedicamos cuatro años de Petro, para estructurar una propuesta que esta lista y se llama metro subterráneo, que tiene estudios que nos costaron 137 mil millones de pesos, que están abalados por el banco mundial y que solo hay que volverlos a poner en el centro de la política de movilidad en la ciudad. El metro que propone Peñalosa es un trencito alimentador de buses de Transmilenio que no resuelve el problema de movilidad de la ciudad y que es más caro, cuesta 13.8 billones de pesos y más corto, tiene solo 16 estaciones y no transporte el mismo número de pasajeros que el metro subterráneo, el metro elevado de Bogotá es un engaño a la ciudad. Si dejan licitado el metro, tendremos que revisar esa licitación. Yo quiero llamar a la ciudadanía a estar atentos, y a que nos movilicemos, porque están tratando de acelerar los procesos licitatorios del metro, de la urbanización de la reserva forestal, del ecoicidio en los cerros orientales, es decir, está creando las condiciones para dañar la ciudad por mucho tiempo, por eso, nos va a tocar hacer campaña y movilizarnos al mismo tiempo.


Mujeres

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Mujer rural

Entre la invisibilidad y la marginalidad

En Colombia viven más de cinco millones de mujeres rurales, según el Ministerio de Agricultura, la mitad de las cuales vive en condiciones de pobreza ★ REDACCIюN MUJER RURAL Mujer campesina.

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as dinámicas que se desarrollan en la zona rural del país, debido al conflicto armado, y aun después del proceso de paz, como la desigual división de la tierra y los cultivos mal llamados ilícitos, afectan en mayor medida a las mujeres que la habitan, ya que son ellas las que en gran medida deben enfrentar estas problemáticas. A propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el pasado 7 de marzo el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) publicó un informe de carácter exploratorio en el cual busca dar a conocer un panorama general de los diferentes tipos de Violencias Basadas en Género (VBG) que afectan a las mujeres rurales en Colombia. Violencias que se agravan en relación a las diferentes problemáticas presentes en la ruralidad como lo son el conflicto armado, las dificultades para el acceso a la tierra, la escasez de recursos económicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo, la alta tasa de analfabetismo y la escasa o nula presencia del Estado como garante de derechos. Trabajo no remunerado El informe nos presenta cinco apartados relacionados con la violencia psicológica o emocional, violencia física y feminicidios, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, y la violencia institucional que viven las mujeres y otras poblaciones feminizadas en el ámbito rural, que resultan mezclándose

con otras violencias relacionadas por razones de etnia, raza, edad, clase, discapacidad, orientación sexual e identidad de género. Así mismo, hay datos que muestran un panorama de la grave situación de la mujer rural. En relación al número de horas por semana dedicadas al trabajo no remunerado en Colombia. En el caso de las mujeres urbanas, estas dedican alrededor de 32,3 horas, mientras los hombres dedican 14,1 horas. Pero, para el caso de la mujer rural, en relación a las mujeres urbanas, la cifra se incrementa en 10 horas más y la diferencia respecto al hombre rural se incrementa a 24,4 horas. Esto ligado a la poca o nula valoración que se da respecto a las labores de cuidado y de aporte a la comunidad que realiza la mujer rural, lo que conduce a una dependencia económica que construye relaciones de poder que son la puerta de entrada a otras formas de violencia y discriminación. Desigualdad en cifras y la ausencia del Estado De igual manera, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2014, dentro de los reconocidos como productores o personas naturales que influyen en la toma de decisión en el proceso de producción, los hombres ocupan el 61,4%, el 12,6% son hombres y mujeres de manera conjunta y solo en el 26% las mujeres son quienes toman decisiones. Pero la situación se complejiza aún más cuando se sabe que solo el 78,4% de estas mujeres productoras posee Unidades de Producción Agropecuaria menores

a las 5 hectáreas y solo el 19,1% tiene acceso a maquinaria. Otro dato relevante evidenciado en el informe, es que de los 15.076 casos registrados de violencia sexual perpetrados en el desarrollo del conflicto armado, el 91,6% de las víctimas son mujeres y las niñas y mujeres entre los 10 y 24 años, las más afectadas. La mujer rural posiblemente es la principal víctima de este tipo de violencia, siendo el campo el principal escenario de desarrollo del conflicto armado.

Algo que se puede concluir como resultado del estudio, es que aún existe un gran vacío de información respecto a las diferentes expresiones de la VBG en las mujeres rurales. Los esfuerzos del Estado en esta materia, para que se permita una mirada diferenciada, son inexistentes, a lo que se suma su escasa o nula presencia en buena parte de la ruralidad, negando el acceso a rutas de promoción de derechos, apoyo y justicia a ese 13% de la población nacional que es la mujer rural.


Política

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Diálogo con Enrique Santiago (I)

En entrevista para el semanario VOZ, el reconocido jurista español quién fue uno de los arquitectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, habla de la naturaleza de este modelo de justicia transicional, como de los efectos negativos con la paz de Colombia, ante la no firma por parte del gobierno Duque de la ley estatutaria que la reglamentaba

“La oligarquía le tiene pánico a que se conozca la verdad”

★ REDACCIюN POLйTICA Enrique Santiago. Foto VOZ.

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s probable que la voz de Enrique Santiago sea una de las más autorizadas para hablar del difícil momento que pasa la JEP, no solo ante la negativa del Gobierno nacional de firmar la ley estatutaria, sino también ante el momento de hostigamiento por parte del partido de gobierno hacia la legitimidad de este novedoso sistema de justicia transicional. Como asesor jurídico de las Farc en el proceso de paz adelantado por esta insurgencia con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Santiago fue fundamental para llegar a un acuerdo en el punto de justicia transicional. Su experiencia en casos complejos de justicia internacional, fue vital para el diseño del modelo que desea garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición en las más de ocho millones de víctimas que deja el conflicto armado colombiano. Hoy, después de casi dos años de la firma del Acuerdo Final de Paz, Enrique Santiago es crítico con el balance de la implementación. En entrevista para VOZ amplía lo que significa la JEP para la paz de Colombia, su posición ante las críticas del modelo transicional, la naturaleza de la justicia restaurativa y del caso Jesús Santrich. –¿Por qué era importante que Duque firmara la ley estatutaria que reglamentaba la JEP? –La JEP es el corazón del proceso. El punto que más tardó, costó y dificultó para llegar a un acuerdo, fue el punto de justicia. La JEP es la herramienta esencial para acabar con la impunidad en Colombia, para que se conozca la verdad de lo ocurrido, y de una vez por todas se desterre del discurso público y del imaginario de la sociedad la propaganda de guerra, que es lo que ha venido imperando en este país, en vez de un discurso construido sobre hechos objetivos, que es en esencia lo que va a posibilitar la JEP. La ley estatutaria es producto de un acuerdo de dos partes. Es decir, una

de las partes no puede unilateralmente romperlo. Al hacerlo, lo que demuestra es un grosero incumplimiento de todo lo acordado. Con la estatutaria entraría en vigor la JEP, por eso era importante que la firmara. En otras palabras, no firmar la Ley Estatutaria es una situación absolutamente irresponsable con la paz de Colombia. –¿Por qué tantos sectores políticos se oponen al modelo que propone la JEP? –Porque en este país la impunidad siempre la han disfrutado los mismos, los que se han enriquecido con la guerra y que por supuesto se oponen a que acabe. Yo creo que fundamentalmente estos sectores opositores al modelo, ven por primera vez la amenaza que existe gracias a un modelo de justicia que pueda acabar con esta impunidad, que pueda acabar con este discurso de la prolongación de la guerra, y dar a conocer lo que fue la realidad del conflicto. En este país, la oligarquía tiene pánico a que se conozca la verdad, porque sería el comienzo de acabar con su impunidad. Importancia internacional –Existe mucha expectativa con los resultados de la JEP ¿Por qué es importante que la JEP sea exitosa? –La JEP ya ha sido modificada unilateralmente y es algo frente a lo cual debe dejarse constancia. Con esto quiero decir, que la JEP de ahora no es exactamente el modelo de justicia que se acordó en La Habana. La importancia internacional que tiene la JEP, tal y como se diseñó y se acordó en La Habana, es que, es un sistema atravesado por multitud de incentivos para reconocer verdad. ¿Cuál es el grave problema en los procesos de paz que han existido en el mundo? Es muy difícil establecer un mecanismo judicial que acabe con la impunidad cuando ha habido una situación generalizada de violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH.

La referencia de la ley de Justicia y Paz es importante en el análisis. Lleva 14 años funcionando en Colombia, no llega a 50 sentencias y 150 personas condenadas. También existe la referencia de la Corte Penal Internacional, que lleva funcionando 15 años, ha emitido 40 sentencias. Entonces, en Colombia donde existen ocho millones de victimizaciones, ¿Cuántos años se tienen que esperar para acabar con la impunidad y conocer la verdad? Si el camino es el sistema ordinario, en el sentido de procedimientos individuales y contradictorios, serán siglos para que el país se reconcilie y entre en la normalización política. He ahí la importancia del sistema transicional. Innovación internacional –El modelo de justicia que quiere poner en marcha la JEP es criticado por no tener un estricto enfoque punitivo ¿Cómo entender el modelo de justicia restaurativa y sus sanciones? –La JEP ha construido una innovación internacional. La JEP es un sistema construido sobre el estímulo del reconocimiento temprano de verdad y responsabilidad, y ahí la opción por unas sanciones restaurativas. ¿Cuál es la importancia de estas sanciones? En todas las guerras hay una discusión a la hora de acabar el conflicto, sobre la naturaleza de las sanciones hacia los actores de la confrontación. Las guerras provocan dos categorías de víctimas, todas ellas obviamente victimizadas y afectadas por los efectos de la confrontación. Unas a las que la guerra ha provocado una situación de exclusión social y otras que han tenido la suerte de no padecer una situación de exclusión social. ¿Cuáles son las sanciones que les interesan a unos y otros? Colectivos de víctimas que no han padecido situaciones de exclusión social, piden sanciones retributivas, que los victimarios acaben en la cárcel. Mientras que colectivos de víctimas que si han padecido situaciones

de exclusión social, quieren medidas eficaces para tener vida digna. Atendiendo a que la inmensa mayoría de las víctimas en Colombia viven en situación de exclusión social, este sistema opta por unas sanciones restaurativas de reparación del daño causado. ¿Cuáles son estas sanciones?, no lo va inventar el juez o jueza de la JEP, esas sanciones son las acciones que se incorporaron en el Acuerdo de Paz para normalizar el país y corregir las causas del conflicto. De hecho, las sanciones restaurativas nos solucionan un segundo problema muy habitual en los procesos de paz: el incumplimiento. Si conseguimos que las sanciones restaurativas sean en alguna medida el cumplimiento del Acuerdo, por esa vía y al margen de cuál sea la agenda política del país, se ayuda a que el Acuerdo de Paz tenga vigencia. Simón y Santrich –¿Cómo ve usted el caso de Jesús Santrich y su posible extradición? –Si mañana extraditaran a Santrich, fracasaría el proceso de paz. Es un quiebre al acuerdo de paz, porque es obvio a estas alturas que la solicitud de extradición de Santrich es injustificada, indebida y fraudulenta. Ese argumento que dice que el procedimiento de extradición establece por principio general que la carga probatoria se hace ante el tribunal del país que solicita la extradición, en el caso habitual del conflicto colombiano e interferencia de los Estados Unidos, no puede ser. Como ejemplo está el caso de Simón Trinidad, que ha sido absuelto por los delitos imputados para extraditarlo, pero en tres juicios adelantados los Estados Unidos fabricaron las pruebas y finalmente lo condenaron. Es un mal precedente. No hay ninguna prueba de nada contra Santrich. El Fiscal y los Estados Unidos no han podido ni podrán demostrar nada.


Regional

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Minga en el Cauca

Defensa de la vida y el territorio FABRICIO MUэOZ

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esde el pasado 10 de marzo se vienen desarrollando acciones de movilización, protesta y pedagogía en varios puntos de la carretera panamericana, que conecta la ciudad de Popayán con el resto del país. El objetivo central de estas protestas es el de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los más de mil acuerdos que han sido firmados por el Estado con diferentes sectores y comunidades y que hasta el momento han sido incumplidos por los gobiernos de turno. La imagen del presidente Iván Duque, construida sobre el discurso bélico de la guerra, ha desconocido e ignorado las problemáticas sociales del campesinado, así como de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los cuales son invisibilizados y criminalizados por una lógica de regulación neoliberal, caracterizada por el uso de la violencia, la que ante la opinión pública le da la denominación de “sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas”.

Uno de los hechos de represión y violación a los derechos humanos a que vienen siendo sometidas las comunidades en la minga, fue el protagonizado por el Esmad el pasado sábado 16 de marzo en la vereda el Cairo en zona rural de Cajibío, donde este escuadrón arremetió contra las comunidades que se encontraban acampando, en asamblea a unos dos kilómetros de la vía panamericana y sin que se estuviese realizando ningún tipo de bloqueo o acción por parte de los manifestantes, fueron brutalmente agredidos con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y otro tipo de armas no convencionales que no han sido identificadas. Pero las acciones de la fuerza pública no cesaron ahí; procedieron a ingresar al campamento, quemar los alimentos y víveres con los que contaban los mingueros y golpearon a hombres y mujeres sin mediar palabra. Un verdadero acto de brutalidad que recuerda los hechos similares en el marco del paro agrario en Boyacá en el año 2013, lo que demuestra el modus operandi y tratamiento de guerra con que el Esmad actúa.

Objetivos y puntos de la Minga Por esta razón, las organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente han convocado a la Gran Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz que desde el pasado 10 de marzo dio inicio con diferentes acciones en el departamento del Cauca. Algunos de los puntos del pliego que las comunidades han llamado al gobierno a negociar, es lo que la Minga llama “Tejiendo la palabra por la vida” que significa defender y proteger la vida, los derechos de los pueblos y comunidades y parar la guerra; para ello exigen el desmonte del paramilitarismo, el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Estado y las FARC-EP, el restablecimiento de la mesa de diálogo con el ELN, el desmonte del Esmad y del Servicio Militar Obligatorio, menos presupuesto para la guerra y más inversión en cultura y espacios juveniles. Otro de los elementos sustanciales del pliego, tiene que ver con la defensa y cuidado del territorio. Allí se consigna el fortalecimiento de las autonomías y gobiernos de indígenas, campesinos y afrodescendientes; exigir el carácter vinculante de las consultas populares como herramienta para proteger los territorios de los proyectos extractivos; la consulta previa como derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado; el derecho a la ciudad como punto de encuentro económico, social, cultural y en armonía con el medio ambiente. Al respecto, uno de los documentos políticos de la Minga manifiesta: “De tiempo atrás venimos luchando por la protección del territorio, la tenencia, titulación, usos y costumbres de la tierra. Promovemos los Planes de Vida para organizarnos en los territorios, asumiendo estos como espacios

Lo que viene

Minga indígena en acción.

Víctima de la represión del Esmad contra manifestantes.

de vida y para la vida, promoviendo el cuidado y protección de la naturaleza. Construimos ordenamiento territorial alrededor del agua, los alimentos y la convivencia comunitaria, partiendo de reconocer el territorio como espacio de vida y sustento de las comunidades y pueblos”. La respuesta del Gobierno Hasta el momento la única respuesta recibida de parte del Gobierno ha sido la represión y la violencia.

La negativa por parte del presidente Duque de buscar una solución dialogada de las exigencias de las comunidades deja como saldo más de 20 personas heridas y una constante violación a los derechos humanos. Así como se hace mención en la declaración política del 15 de marzo: “Desde el Cauca, Huila, Valle y Caldas proponemos al país creer y construir el proyecto de vida colectivo para el buen vivir de los pueblos, pues el actual nos impone muerte, desolación, destrucción y afectaciones a los planes de vida de todas y todos”.

Este proceso se suscribe a un momento de auge de la movilización social y la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que profundiza un modelo que se encuentra en un proceso de profunda regulación, que debe encontrar los mecanismos y formas que le permitan incrustar con mayor fuerza toda la agenda neoliberal en los diferentes sectores del país, al tiempo que profundiza una lógica extractiva de recursos naturales que, como lo señala Giovanni Yala, vocero indígena del CRIC “el Gobierno no está respetando nuestros derechos. Está entregando nuestras tierras a las multinacionales para que exploten el oro, el oxígeno, los bosques, la biodiversidad y la madre tierra. Para ellos es una mercancía que intercambian por dinero que luego malgastan”. Por lo pronto se mantendrá la movilización y las acciones de protesta sobre la panamericana, bajo la idea de que haya una respuesta a los acuerdos incumplidos y a los puntos del pliego de la Minga, como lo señala Jonathan Centeno, vocero de la Marcha Patriótica “el único medio que hemos tenido los pueblos y las comunidades ha sido la movilización social y hemos entablado acuerdos en términos de tierras, la constitución de las zonas de reserva campesina, de la ampliación de resguardos, del fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección por parte de las comunidades, mejoramiento de vivienda, sobre la política minero energética”. Lo que se busca es el cumplimiento de los acuerdos presentes y pasados, los cuales hacen parte de todo un entramado de reivindicación social y política que le permita a las comunidades vivir en paz y con dignidad.


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La crisis humanitaria en Tumaco es causada por la negligencia del gobierno de Duque. Indiferencia para frenar la guerra del narcotráfico e incumplientos con lo acordado en el territorio

Derechos humanos

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La doble moral del Estado

CAROLINA TEJADA SЕNCHEZ

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e 22 integrantes que componen la Comisión de Paz del Congreso, y que fueron citados a la Audiencia Pública por la crisis humanitaria en Tumaco, llama la atención que solo asistieron tres3 senadores; Gustavo Bolívar, Aída Avella y Gustavo Petro. Tumaco, es uno de los municipios más grandes y más olvidados del sur del país. Su población es de alrededor de 200 mil habitantes, y está compuesta por 360 veredas. Una de las tragedias que hoy vive su población es el abandono del Estado. Durante años han venido exigiendo planes de inversión para la producción agrícola, vías adecuadas para transportar los cultivos y mayores inversiones en términos de salud y educación. A pesar de ser un municipio tan extenso y de ser el segundo puerto más importante de la región pacífica, ninguna universidad pública hace presencia allí. Contrario a un desarrollo social digno, el abandono ha llevado a su población, en medio de la pobreza, y de la necesidad de subsistir, a vincularse a los cultivos de coca y amapola. Con los acuerdos de paz adelantados en La Habana entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, esta población del Pacífico vio la oportunidad para sustituir dichos cultivos y sumarse a los acuerdos de paz, especialmente en el apartado en el que hablan de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, y pese a la voluntad de las comunidades por sustituir de manera escalonada estos cultivos y proyectar los agrícolas que serían financiados con los proyectos que surgieron del acuerdo, el Estado les ha vuelto a incumplir. El año pasado, más de 16.000 familias que firmaron el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito manifestaron su inconformidad por el atraso en los pagos que el Gobierno nacional debe hacer cada dos meses, que corresponde a dos millones de pesos por familia, a fin de garantizar los proyectos productivos para evitar no volver a la siembra de coca o amapola, y garantizar el sustento de sus familias. Pero el no pago de los proyectos productivos no fue la única respuesta del Gobierno, también anunció la fumigación con glifosato a dichos territorios. Una crisis humanitaria cantada El municipio de Tumaco vive una crisis humanitaria sin precedentes. Hace año y medio una unidad de la Policía Antinarcóticos masacró a seis campesinos y dejó una decena de personas heridas. Con el ánimo de verificar las denuncias hechas por la comunidad, una misión de la ONU, de defensores de derechos humanos y periodistas llegaron a la zona y fueron recibidos con granadas aturdidoras. Hechos como estos continúan en la impunidad. La Audiencia Pública tenía que ver con la denuncia del incumplimiento del

Líderes de Tumaco exigen la atención a Duque sobre la crisis humanitaria. Foto Carolina Tejada.

Estado con los acuerdos de paz, pero también, con el flujo de violencia que se viene generando en la región, luego del proceso de paz. Los grupos armados ilegales llegaron al puerto para apoderarse del territorio, generar control de la población y obligarles a no avanzar con la sustitución de cultivos de coca y amapola. Cientos de líderes sociales han sido amenazados, otros han sido asesinados y el desplazamiento forzado que se pensó nunca volvería a llegar, volvió. Solo al mes de marzo, Tumaco recibió 300 familias desplazadas del Consejo Comunitario Bajo Miranda y Frontera. Un terreno de 46.000 hectáreas compuesto por 53 veredas que quedan al margen de los violentos, dueños del narcotráfico en la región. Es esta la realidad que las comunidades quieren que pare. En el marco de la audiencia a la cual asistieron más de 300 personas de las comunidades afro, indígenas, campesinas y mujeres, se expusieron toda clase de denuncias con la intención de que el Congreso de la República en cabeza de la Comisión de Paz, presione al alto gobierno para que Tumaco pueda vivir en paz. Los relatos de la población VOZ participó de la Audiencia con el ánimo de visibilizar la tragedia de las comunidades, en sus relatos se evidencia el cansancio por la guerra, el anhelo de acabar con la pobreza, la violencia y el olvido en medio de tanta riqueza. “Tumaco cerró al año 2018, con 200 asesinatos específicamente en el municipio. Esta realidad desborda cualquier situación de DD.HH. a nivel nacional. Debe haber un compromiso muy grande de parte de los congresistas, para presionar al Fiscal porque no le está poniendo cuidado a los asesinatos y a la situación del Pacífico. Para nosotros esto es el exterminio a una raza que sigue resistiéndose a lo que viene sucediendo en el Pacífico”, afirmó

en su intervención, uno de los líderes afro, vinculado a la mesa interétnica de la región. La denuncia es otra de la situación a la que más le temen las comunidades. Afirman que no pueden denunciar, “si denunciamos, enseguida nos están asesinando los actores armados, pero también los legales. Estamos sentenciados a que, si no estamos muertos, estamos en la cárcel por el solo hecho de hacer las denuncias en términos de reivindicación de derechos que hoy tenemos los pueblos”. Es el relato de Javier, uno de los líderes indígenas, que luego de explicar la situación de las comunidades, atinó diciendo que, el tema de la seguridad en la Costa Pacífica, es muy complejo, pero que, “una cosa es ver la violencia por televisión y otra es vivirla día a día en las comunidades. Por eso hoy denunciamos los asesinatos que se vienen presentando en nuestras comunidades étnicas territoriales, y no tenemos garantías desde la Unidad de Protección”. El pasado cinco de febrero, los indígenas se reunieron con el director de la Unidad Nacional de Protección, para exigir garantías sobre el pueblo Awa. Sin embargo, han sido poca la respuesta institucional. Sus demandas han sido integrales, debido al olvido histórico que han vivido en términos de educación, salud, “es ahí donde los grupos armados aprovechan el narcotráfico, y es por eso que nuestro Pacífico no progresa”, continuó Javier. Las mujeres organizadas en asociaciones y juntas de acción comunal, también expresaron sus opiniones. “Las mujeres hemos sido víctimas de disputas territoriales de los diferentes actores armados, quienes han generado el desplazamiento forzado, desapariciones e intimidaciones y vulneraciones de nuestros derechos como mujeres, conllevándonos a que nuestro único medio de subsistencia sean los cultivos ilícitos”, aseguró la delegada de la mesa de mujeres quién

también les relató a los congresistas, que la única presencia del Estado en los territorios, “ha sido de la fuerza pública. Presencia que es negativa ya que la violencia contra los líderes y las mujeres ha aumentado. Las mujeres nos hemos convertido en un objeto de la guerra, hemos sido víctimas de retaliaciones lo cual ha conllevado a que nuestro ritmo de vida cambie, a tal punto que tengamos que encerrarnos en nuestras casas por temor a ser atacadas”. El llamado al congreso “Señores senadores, en ustedes están las voces de las comunidades del Pacífico, para que puedan manifestar al Gobierno nacional, que necesitamos que continúen valorando los acuerdos de paz que ya se iniciaron y que deben continuar los diálogos con el ELN. No se pueden levantar de ese diálogo porque los más afectados son las comunidades”, asegura Javier. Para las personas asistentes, el no adelantar un plan para recuperar la tranquilidad en la región, va a implicar el aumento del desplazamiento forzado, “por esa razón solicitamos que desde el Congreso puedan incidir en que el Gobierno continúe sentándose a dialogar con el ELN y que sigan respaldando esos acuerdos de paz que son los acuerdos del pueblo, con esos acuerdos han llegado muchas inversiones a nuestros territorios”. Igualmente, piden que se frene lo relacionado con la erradicación de los cultivos de uso ilícito y se implementen otros mecanismos que no sean los de la fumigación, “los pueblos indígenas hemos elevado nuestras propuestas, porque este proceso se tiene que hacer de manera consultada, con un criterio por localidad y de manera escalonada en los diferentes sectores, no solamente para los pueblos indígenas, las fumigaciones matan, y nos están matando a todos”, comentó el líder indígena.


Marzo 20 de 2019

Internacional

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Nicaragua

Diálogo para avanzar

El académico Carlos Tunnermann juega un papel destacado entre los negociadores de la oposición.

El gobierno de Daniel Ortega dijo que “estamos comprometidos con todas las familias nicaragüenses, especialmente con los más vulnerables, que han sufrido más las consecuencias de la tragedia que queremos dejar atrás” ★ RICARDO ARENALES

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l gobierno sandinista de Nicaragua y los sectores más representativos de la oposición de ese país, ya tienen una hoja de ruta, para avanzar en las negociaciones en torno a una salida a la crisis política que ha afectado a los nicaragüenses en los últimos diez meses. Así lo confirmaron las partes por separado, sin especificar la naturaleza de los puntos de conversaciones. Los criterios de negociación fueron establecidos el pasado 27 de febrero, en reunión entre voceros de las partes, que se celebró en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, ICAE, situado a unos quince kilómetros al sur de Managua. Aunque se ha mantenido cierto hermetismo sobre las conversaciones, se supo que de 12 puntos propuestos para la agenda, hubo consenso sobre nueve. Así lo confirmó el nuncio apostólico de la Santa Sede, Waldemar Stanislav Sommertag, que participa como facilitador.

La representación del gobierno en la mesa está encabezada por el canciller sandinista Denis Moncada, el juez Francisco Rosales, los diputados Edwin Castro, Wilfredo Navarro y José Figueroa, y por el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, Luis Andino. La contraparte, agrupada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, está representada en los empresarios José Adán Aguerri, Mario Arana y Juan Sebastián Chamorro; el catedrático Carlos Tunnermann, el político José Pallais y el estudiante Max Jerez. Dos delegados de la Iglesia asisten en calidad de testigos. Un buen día para Nicaragua Las partes consiguieron sentarse a la mesa de conversaciones después de nueve meses de suspensión, debido a los enfrentamientos callejeros y al cálculo de intereses norteamericanos y del

“No dejen de luchar por lo que vale la pena”: Silvio Rodríguez

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l destacado cantautor cubano Silvio Rodríguez (en la foto), desde su blog Segunda cita, respondió al internauta venezolano Ricardo Silva, quien le pidió su opinión sobre la situación que vive Venezuela. Silvio refirió algunas anécdotas personales vividas en los primeros años de la Revolución Cubana, y trasmitió un recado de apoyo al pueblo venezolano. “Tu mensaje me acerca más a ustedes, y todo me hace preguntar qué pudiera hacer para mejorar aunque fuera mínimamente la situación (…) Sólo me queda pedirles que se cuiden mucho, que no se regalen, que no sean imprudentes, pero que si lo sienten, tampoco dejen de luchar por lo que vale la pena, la América Nuestra que previeron Bolívar y Martí, Fidel y Chávez, y que nos hace tanta falta”.

El canciller Denis Moncada, encabeza el grupo negociador del gobierno en las conversaciones con la oposición.

sector más recalcitrante de la burguesía nacional, que creyeron llegada la hora de derrocar al gobierno del FSLN. En su portal oficial, el gobierno de Daniel Ortega dijo que “estamos comprometidos con todas las familias nicaragüenses, especialmente con los más vulnerables, que han sufrido más las consecuencias de la tragedia que queremos dejar atrás”. Horas antes de comenzar el diálogo, la vicepresidenta Rosario Murillo, dijo: “Es un buen día para Nicaragua”, y confirmó que en esos momentos estaban en proceso de liberación 100 opositores presos, de un total de 700 que permanecen en prisión, acusados de causar incendios, taponamiento de vías, homicidios y daños materiales contra entidades del Estado. Garantía de no repetición La crisis que ahora se quiere paliar, se remonta a abril de 2018, cuando el anuncio oficial de una reforma a la seguridad social desató protestas que fueron canalizadas por grupos de extrema derecha, y más tarde con abierta participación de agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que articularon un plan golpista. Un intento de diálogo convocado en esos momentos por la Iglesia católica, fracasó por el envalentonamiento de los grupos desestabilizadores y las presiones norteamericanas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, envió un mensaje saludando el comienzo de las conversaciones y recordó la importancia de que “en este proceso deben tener acceso a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición para la sociedad nicaragüense, y especialmente para las víctimas”. La consolidación de la paz en Nicaragua fue uno de los sueños del fundador de la patria, Augusto César Sandino. Ahora el gobierno de Ortega, siguiendo ese legado, se refiere a una cultura y afianzamiento de la paz para avanzar, para seguir creciendo, para retomar el camino, no de un Estado de Bienestar con enfoque occidental, sino de un Estado de Bien Común, un Estado del Buen Vivir. El diálogo ha sido consustancial al sandinismo, para llegar a nuevos consensos, nuevas voluntades, que se traduzcan en políticas públicas incluyentes. En las ocasiones anteriores en que este proceso se ha visto truncado, ha sido por las posiciones intransigentes de grupos de la burguesía, que piensan que por el atajo de los planes golpistas y desestabilizadores pueden poner fin al gobierno de reconciliación nacional. Ahora Nicaragua invoca de nuevo su deseo de salir adelante. En este sentido el diálogo no solo envía mensajes de reconciliación, sino que da cuenta de la madurez del país.


Internacional

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Venezuela

Apagón tampoco logra desestabilizar al Gobierno antes del apagón, que Venezuela viviría “la más severa escasez de alimentos y de gasolina”. Y otros representantes de la caverna republicana, antes que llamar a la solidaridad con Venezuela, lanzaban expresiones burlescas e ironizaban con la tragedia, no obstante que una semana antes se llenaban la boca diciendo que era urgente la ‘ayuda humanitaria’.

Maduro habló de un plan de sabotaje en varias etapas: una de sabotaje interno; una de ataque cibernético, otra de ataque electromagnético y una final de incendio de una planta eléctrica

La justicia se hará cargo

ALBERTO ACEVEDO

Efectos del apagón en Caracas.

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acosado por las sanciones económicas de las grandes potencias. Los hospitales no pudieron atender a sus pacientes y la falta de energía paralizó industrias, comercios, escuelas, universidades y servicios de transporte y de recreación. El apagón generalizado tenía como objetivo frustrar cualquier intento de estabilizar el país por parte del gobierno bolivariano, tras el fracaso del intento de insurrección que comenzó el 23 de febrero, con un pretendido intento de cruzar la frontera común con Colombia, con el pretexto de una ‘ayuda humanitaria’, que era otra forma de intervención en los asuntos internos de Venezuela.

l apagón que sufrió el 80 por ciento de la población venezolana, a pocas horas de que el país se dispusiera a celebrar el Día Internacional de la Mujer, a media semana del regreso del autoproclamado ‘presidente provisional’ Juan Guaidó, en medio de un notorio desgaste de su imagen, y después de que, tras el fracaso de los planes intervencionistas norteamericanos, el presidente Trump había puntualizado que seguían “sobre la mesa todas las opciones”, lo que se diseñó como un caos generalizado que precipitaría un incontenible desbordamiento popular que daría al traste con el gobierno bolivariano, no se produjo. Por sus proporciones, el ataque contra las instalaciones eléctricas del complejo de El Guri, es el más devastador que ha sufrido el país en toda su historia. No solo afectó al 80 por ciento de la población; los hogares se quedaron sin alumbrado eléctrico, las neveras no pudieron evitar que se pudrieran miles de toneladas de alimentos en un país

Alta sofisticación del atentado El retorno de Guaidó no fue acompañado de una revuelta generalizada y triunfal, que arrastrara a toda la población. Tampoco se produjo una avalancha de deserciones en las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La insurrección

se quedó en el mero frenesí de los grandes medios de comunicación, especialmente las cadenas radiales colombianas, RCN y Caracol. Tras conocerse las proporciones del sabotaje, el presidente Nicolás Maduro dijo que el gobierno estaba tomando los correctivos necesarios y de manera urgente. Habló de una “guerra eléctrica”, pues aunque las instalaciones de El Guri tienen problemas de mantenimiento, conseguir paralizarlas implica una obra de alta ingeniería de la que solo dispone una potencia extranjera. Maduro habló de un plan de sabotaje en varias etapas: una de sabotaje interno; una de ataque cibernético, otra de ataque electromagnético y una final de incendio de una planta. Siendo El Guri la mayor planta hidroeléctrica de Venezuela, la segunda más importante del continente y la mayor de la región andina, no dudó en señalar a los Estados Unidos como autores detrás del atentado. No es casual que el senador Marco Rubio anunciara

El criterio de responsabilidad anotado por Maduro, coincidió con la opinión de un analista de Forbes que reconoció que Estados Unidos tiene la capacidad para realizar un ataque informático capaz de paralizar todo el sistema eléctrico en Venezuela, afectado de antemano por problemas presupuestales. Opiniones similares expresaron el multimillonario Robert Murdoch y un analista de Sky News. La idea de que se trata de un plan generalizado que busca a cualquier precio paralizar la economía venezolana, para precipitar estallidos de inconformidad popular, la confirma el hecho de que aún no se había restablecido completamente la normalidad en el abastecimiento de electricidad al país, cuando el miércoles 13 de marzo, explotaron dos tanques en la empresa mixta de suministro de crudo Petro san Félix, situada en la localidad de San Diego de Cabrutica, en el estado de Anzoátegui, al oriente del país. El presidente de la estatal Pdvsa dijo que “la derecha y su marioneta” (Guaidó) atacaron los tanques de almacenamiento para “afectar la producción petrolera”, pero “la justicia se hará cargo de tanto odio demostrado hacia el pueblo”.

Argelia

Movilización popular frena reelección presidencial

Aspecto de las multitudinarias movilizaciones que rechazaron un quinto mandato del presidente Bouteflika.

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ras una serie de movilizaciones multitudinarias, que colmaron las calles de las principales ciudades argelinas, y que comenzaron el pasado 22 de febrero, el actual

presidente de la república, Abdelaziz Bouteflika, que lleva 20 años en el poder y aspiraba a un quinto mandato presidencial, se vio forzado a anunciar que renuncia a su aspiración reeleccionista.

Las movilizaciones de los argelinos fueron gigantescas, y no se veían en ese país en muchos años. Ciudades como Argel, la capital Selif, Tizi y Bejaia, fueron escenario de concentraciones multitudinarias, especialmente de jóvenes, que no fueron testigos de los procesos revolucionarios de cuatro décadas atrás y que ahora, agobiados por una situación económica cada vez más difícil, reclaman cambios políticos y sociales. Bouteflika contribuyó a la estabilidad de la nación, tras una guerra civil que dejó al menos 200.000 muertos, en donde debió enfrentar a grupos fundamentalistas como el Frente Islámico de Salvación y el Grupo Islámico Armado. Tras ser elegido en 1999, se convirtió en arquitecto de la paz y recuperó el sentido de la soberanía nacional. Pero a lo largo de 20 años de gestión se fueron creando círculos de corrupción, en un sistema político que no se

modernizó. En 2013, Bouteflika sufrió un infarto cerebral, quedó en silla de ruedas y evita aparecer en público. Su hermano Said se convirtió en el “consejero especial del presidente”, cargo que no existe en la normatividad constitucional, y que le ha permitido concentrar el poder en sus manos. Los jóvenes que salieron a las calles, dicen que “un cadáver” no puede hacer que el país avance. En Argelia, el 50 por ciento de la población es menor de 30 años, de los cuales un 25 por ciento es desempleada. Hay por tanto, un éxodo juvenil a Europa. El país, que depende en un 95 por ciento de la exportación de hidrocarburos, vio que su economía se venía al suelo cuando en 2014 los precios de los combustibles se derrumbaron. La sociedad argelina reclama un gobierno eficiente, con un presidente en ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales. Los argelinos quieren cambios para superar los tiempos difíciles.


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Bicentenario

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Bicentenario de la Independencia

La Gran Colombia

JOSШ RAMюN LLANOS

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ada vez que se celebra o conmemora un acontecimiento que tiene connotaciones patrióticas o de relevancia histórica en un país burgués, los hechos históricos se presentan con sesgos que exaltan unos acontecimientos y ocultan o relativizan aquellos procesos o eventos que pueden cuestionar la legitimidad de la clase o sector de clase que detenta el poder. Muchos son los eventos de la historia nacional de este tipo. Con ocasión de la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819, la expedición de la Constitución de Angostura y la Batalla del Pantano de Vargas y la de Boyacá, en tres artículos analizaremos los acontecimientos ocurridos entre el Congreso de Angostura, la Constitución homónima y el Congreso de Cúcuta y la constitución allí aprobada, mediante la cual se creó la Gran Colombia. Claro está, que por la importancia y la influencia que tuvo sobre el contenido de la Constitución de Angostura, es necesario referirnos al discurso que pronunciara Simón Bolívar al instalar el Congreso. Casi todos los analistas, entre otros, Pombo Y Guerra1, Gil Fortul,2 Carlos Restrepo Piedrahita, Tomás A. Polanco,3 reconocen la decisiva influencia del contenido del discurso del Libertador en el texto final de la Constitución de Angostura, aprobada el 17 de diciembre de 1819. Carlos Restrepo Piedrahita reconoce la influencia del contenido del discurso de Bolívar en la Constitución de Angostura, pero lo pondera, le resta la excesiva emotividad de los reconocimientos de Manuel A. Pombo y José J. Guerra. Recordemos que cuando ellos publicaron la primera edición de la obra Constituciones de Colombia, eran muy jóvenes. La Gran Colombia en 1826 Para que el lector tenga una visión de qué hablamos cuando nos referimos a la Gran Colombia, consideramos necesario dar algunos datos sobre el grado de independencia que habíamos logrado en esa fecha, el

número de habitantes, y el número de esclavos; así como también la distribución de los habitantes en la Nueva Granada y Venezuela. De todo el territorio colombiano, solo Casanare estaba plenamente independiente, anotamos que su territorio era más grande que el actual departamento del mismo nombre. Esto significa que en cuanto a la actual Colombia, la Gran Colombia era un proyecto, como suele decirse, era el sueño bolivariano expresado en la Carta de Jamaica. La Gran Colombia viene a concretarse constitucionalmente en el Congreso de Cúcuta. Tres batallas son fundamentales para hacer realidad el sueño bolivariano de la Gran Colombia, la del Pantano de Vargas de julio 25 de 1819, la de Boyacá del 7 de agosto del mismo año y para incorporar efectivamente a Ecuador, la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Superficie y habitantes de la Gran Colombia

Torres, citado por Jaime Jaramillo Uribe, 90 mil esclavos y 4.500 de los cuales cumplían 18 años, por tanto debían ser liberados.5 Vale la pena transcribir cómo la élite caracterizaba a los esclavos, leamos lo que afirmaba Joaquín Mosquera al respecto: “… la rebelión degeneró en anarquía, porque a los negros y los indios solo les atrae la ley de la selva.”. Parece que algunos dirigentes empresariales, se identifican con esas valoraciones de los esclavistas, ya que hoy le piden al Gobierno que la respuesta a las movilizaciones de los indígenas caucanos, debe ser la represión la judicialización. La Gran Colombia, infortunadamente debido a las disputadas de los caudillos tanto de Venezuela como de la Nueva Granada y Ecuador, no sobrevivió mucho tiempo a la muerte de Simón Bolívar. En el próximo artículo haremos una valoración de la Gran Colombia y el significado del Congreso de Angostura y la influencia en su contenido del Discurso de Simón Bolívar en la instalación del evento.

Según las mediciones realizadas por el ingeniero mexicano Joseph Lanz, la Gran Colombia en 1826 tenía una superficie de 3.064.800 kms2, a la Nueva Granada correspondían 1.569.900 kms2, incluyendo Panamá y la Costa de Mosquitia. (Costa oriental de Nicaragua que Colombia cedió a este país en 1928.). También incluía una parte del actual territorio de la República de Guyana, desde el río Esequibo hasta la frontera venezolana.4 En este territorio en 1826 vivían 3.040.000 habitantes, distribuidos así: Nueva Granada: 1.590.000; Ecuador, 870.000 y Venezuela, 580.000. Es importante señalar que en 1821, año en que la Constitución de Cúcuta consagra la libertad de partos, vivían en la Gran Colombia, según cifras de José Jerónimo

1 Manuel A, Pombo y José J. Guerra. Las Constituciones de Colombia. Vol. 1. Ediciones Cultura Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana. 2 Carlos Restrepo Piedrahita. Primeras Constituciones de Colombia y Venezuela. 1811 -1830.Universidad Externado de Colombia., p 380-381 3 Pedro Grases. El Libertador y la Constitución de Angostura de 1819. Publicaciones del Banco Hipotecario de Crédito Urbano. 1979., p 18. 4 Gabriel Poveda Ramos, Población y censos de Colombia. Desde la Conquista hasta el siglo XXI. Ediciones Uniaula. Medellín. 2013., p. 25. 5 Jaime Jaramillo Uribe, Ensayos de historia social. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1989., p 240-241.


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Jaque mate

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La frase de la semana

“El socialismo es el nombre político del amor”. Frei Betto, teólogo, filósofo, antropólogo y escritor.

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org


Cultural

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Kilcrops.

Rock al Parque, se ha caracterizado por la crítica social, política y religiosa que podrán disfrutar este 30 de marzo en el Red and Roll Festival.

Distintos géneros, la misma rabia

Festival Red and Roll El próximo 30 de marzo en la ciudad de Bogotá, se realizará la primera edición del Red and Roll Festival, que contará con la participación de importantes bandas nacionales y una banda internacional, la madrileña y combativa agrupación Núcleo Terco. La cita es en Ace of Spaces-Club (Av. Boyacá # 51 – 25) desde las 5 pm SEBASTIЕN FORERO @SEB_ALFRED

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o es simplemente un concierto de rock, es mucho más que eso. Es un espacio, como señala su equipo organizador, “para entender y cuestionar lo establecido, para proponer alternativas”. En tal sentido, se realizarán dos conversatorios donde integrantes de las distintos grupos participantes en el festival, darán su visión sobre el papel del arte, la música y la cultura frente a la situación que enfrenta la realidad colombiana y mundial. El primero de ellos se llama “Activismo Musical Alternativo” y se realizará el 28 de marzo, el cual, versará sobre las múltiples experiencias de lucha cultural, social y política que se impulsan paralela y conjuntamente con el desarrollo de la escena musical vinculando jóvenes a procesos de movilización y organización. Un ejemplo de ello es la consonancia entre la música y el movimiento antifascista en el mundo. Por otra parte, se realizará el 29 de marzo, el conversatorio “Economía naranja VS la producción artística y musical”. En este interesante espacio, se discutirá el papel que juega hoy en día la llamada “Economía Naranja” en la cultura, y como se abre una disputa

donde se impone una perspectiva cultural plegada a los valores del mercado, cerrando espacios a las apuestas artísticas divergentes, críticas y alternativas que resisten. La misma rabia El Red and Roll Festival se proyecta como un gran espacio de convergencia de géneros y tendencias musicales, entre los cuales encontramos ska, punk, hardcore punk, Oi! y metal. Por lo cual, es una gran oportunidad para el encuentro de distintos públicos y para disfrutar y compartir de un gran evento que sin lugar a dudas, dará mucho de qué hablar en el mundo juvenil.

reivindicación comunista en sus temas de gran reconocimiento en el movimiento antifascista colombiano. Con dos producciones discográficas, una de ellas por el sello catalán Redstar73, esta banda nos presentará sus mejores temas, tales como “Viva libertad” u “Orgullo Redskin”, entre otras. Kilcrops Sobran las palabras para describir a esta banda de trash death metal colombiana. Kilcrops, de gran reconocimiento nacional e internacional y con tres producciones discográficas y cientos de presentaciones en tarimas como

Representando el punk capitalino: Chite Banda bogotana con cerca de 15 años de trayectoria, caracterizada por sus ritmos acelerados y letras que expresan con crudeza una crítica a la realidad colombiana. Han grabado cuatro discos, más un split junto a la reconocida banda R.A.Z.A. Sobra decir, que han compartido tarima con grandes bandas de punk nacional e internacional como Casualties, I.R.A, la Pestilencia, Policarpa & sus Viciosas, entre otras. La rabia del Riot Punk feminista: Valdavia

Núcleo Terco.

Valdavia hace parte de una leyenda en el Norte de Santander: es una bruja que se convierte en lechuza, y persigue y castiga a los hombres violentos con las mujeres. Esta bruja, inspira las letras de esta agrupación feminista, que no vacila en denunciar con sus letras el machismo y la hipocresía del sistema patriarcal. En el año 2018 lanzó su primer disco que ha contado con muy buena aceptación en la escena del punk. Cumpliendo 20 años de trayectoria: Brigada Oi! En el año 1999 nace en Cali, Brigada Oi!, llegando a la tarima del Red and Roll Festival con un aire renovado. Esta banda fusiona los ritmos del ska, el punk, el hardcore y el Oi!, junto con la crítica política y la

Núcleo Terco

Brigada Oi!

El barrio obrero de Vallekas en Madrid vio nacer en el año 2002 a Núcleo Terco, banda pionera del Rock Proletario. Sus temas reivindican sin titubeos el comunismo y la lucha revolucionaria contra el sistema capitalista. Como anillo al dedo, llegan al Red and Roll Festival con su más reciente disco titulado “Odio ideológico” que se suma a su larga trayectoria musical que les hace un ícono de la música antifascista a nivel mundial. El evento se realizará en el Ace of Spades Club, ubicado en la Avenida Boyacá # 21 - 25 en la ciudad de Bogotá. El precio de las entradas es de 70.000 pesos y podrán adquirirlas en los distintos puntos de venta establecidos que encontrarás en Facebook en la página: Red and Roll Festival.


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