CONTEXTO ED.37

PERIODISMO UNIVERSITARIO

ISSN 1909-650X

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo

Violencia Págs. 5 - 15

Medellín, mayo de 2013 No.37

Distribución gratuita

Departamento de Antioquia. Foto: Diego Andrés Sánchez Alzate

Indagación de las causas de la violencia en Colombia Medellín oscura, oculta y orgullosa. En las calles, en los cerros y en los barrios estás prohibida. ¿Qué queda de la luz del medio día, cuando en las noches el fuego enciende las llamas de la violencia? ¿A dónde van tu color, tu vanidad de ciudad innovadora, tu eterna primavera, tu prestigio de emprendedora, cuando un niño deja la escuela y toma las armas, cuando desaparecen tus jóvenes, cuando hay pasos prohibidos, cuando eres tan desigual de sur a norte?

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Opinión

Cómo nos empezó la violencia Un Estado fuerte, consolidado, justo y equitativo es un asunto que depende de seres humanos, de nadie más.

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Editorial

Tu historia se repite y con ella vuelven las mismas miserias: muertes, destierros, amenazas. ¿Por qué? En esta edición el periódico Contexto indaga sobre las razones de nuestras violencias. No es una mirada sin esperanza sino un intento por crear un ambiente propicio para la reflexión sobre una paz construida por todos y no firmada por algunos.

Desactivar los detonantes de la violencia La violencia no es un fantasma.

La violencia es producida por los seres humanos y los seres humanos la pueden detener.

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Reportaje gráfico

La oscuridad de la “eterna primavera” Una ciudad negra, gris, triste y en algunos momentos desolada es la que oculta Medellín en su variedad de colores.

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Opinión

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CONTEXTO No. 37 Mayo 2013

CÓMO NOS EMPEZÓ LA VIOLENCIA Ana Cristina Aristizábal Uribe / ana.aristizabal@upb.edu.co

Dice el profesor Marco Palacios que, por su larga duración, se tiene la tentación de presentar el conflicto armado colombiano como un fenómeno “natural” y “consustancial” a nuestra historia, geografía y psiquis nacional. Y en otros contextos se ha creído que la violencia es una característica propia del ser humano que se arropa en el gentilicio de colombiano.

Pero realmente la violencia que nos envuelve tiene causas humanas que, si logramos intervenir y ojalá desactivar, se podría detener esa espiral que ha dejado una cifra de muertos y de víctimas imposible de establecer desde cuando comenzó la llamada Violencia en la década de los años 50 del siglo XX.

Comienza la violencia política Uno de los factores que generó la violencia durante los primeros 60 años del siglo XX fue la lucha encarnizada entre las ideologías políticas. Fue una violencia sectaria, fanática, ideológica que llevó a unos y a otros a matar por un color: rojo o azul.

La Guerra de los Mil Días, con la que se recibió ese siglo, fue una guerra entre conservadores y liberales, que después de casi tres años de desangrar al país, ganaron los conservadores. En los años 30 ganó las elecciones presidenciales el liberal Enrique Olaya Herrera y entonces se “desató la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores vencidos, especialmente en los departamentos de Boyacá y Santanderes”, como explicó el ex presidente interino de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, en el libro La violencia en Colombia de Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo Umaña.

En 1946 el “turno” del poder fue nuevamente para los conservadores. En ese año asumió la presidencia Mariano Ospina Pérez y comenzó a cargarse el ambiente de odio contra los partidarios del grupo del Presidente y contra el nuevo gobierno. Una ola de huelgas se agudizó hacia 1947 cuando, con el fin de derrocar al gobierno conservador, estalló un paro general de transportadores.

Hasta que reventó el “Bogotazo” que partió en dos la historia de la Colombia moderna. Ese año 1948 llegó cargado con la tensión social suficiente para que las fuerzas en pugna demostraran toda su furia y dejaran al país sumido en el caos durante los seis años posteriores, hasta la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla y el ulterior inicio del Frente Nacional.

Hay un elemento que causó la propagación de más violencia en aquella época: la participación de la policía

Ilustración: Mauro Zúñiga, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

oficial del gobierno conservador para atacar a sus adversarios políticos. El argot popular llamó a esos policías los “chulavitas”.

Cuando el sujeto que representa el orden y la soberanía usa su investidura para cometer atropellos e injusticias, la figura de autoridad pierde credibilidad y hace que el grupo en desventaja invente mecanismos de defensa.

La participación de la policía en favor de los intereses de los conservadores y la reacción de los liberales, la creación de grupos armados para su defensa, fueron la gran chispa que incendió de sangre los campos colombianos y una inmensa ola migratoria de campesinos se desplazó a las ciudades colombianas.

Las nefastas consecuencias La consecuencia de ese primer período de violencia la describen sesudamente Guzmán, Fals y Umaña en el capítulo X de la obra ya mencionada: fue la quiebra de las instituciones fundamentales: las instituciones políticas (partidos tradicionales) y gubernamentales (Concejos, Asambleas, Senado y Cámara; Policía y Ejército; y el poder judicial); religiosas, económicas y familiares.

A esto agrega el profesor Marco Palacios que “en esa época, cuando fueron más delgadas y contingentes las líneas divisorias de lo legal y lo ilegal, de lo pacífico y lo violento, de la justicia del Estado o la de propia mano; cuando

campeó la incertidumbre de la represión oficial o de la respuesta armada indiscriminada, se socializaron políticamente millones de niños colombianos…”.

La inferencia obligada es: millones de niños colombianos, los adultos de hoy, se socializaron en un país sin líneas claras entre lo legal y lo ilegal; lo pacífico y lo violento; la justicia estatal o la propia; la represión oficial y la respuesta civil armada.

Pero no fue solo el tiempo cuando quizá más se enquistó en la cultura nacional la violencia, pues el mensaje parecía ser que la “única solución” a los conflictos era la vía violenta; sino que fue, además, el tiempo en el que la Colombia ilegal empezó a aflorar con más fuerza, con un característica: era una ilegalidad promovida por aquellas capas sociales que, supuestamente, por su misma posición, no tendrían por qué actuar de formas fraudulentas.

Estas élites sociales aprovecharon el ruido de la violencia para hacer que sus fechorías pasaran desapercibidas. Así lo describe el profesor Palacios Rozo: “La Violencia fue una cortina que cubrió el desacato generalizado a la ley por parte de las élites empresariales y plutocráticas, esto es, sus prácticas de evasión fiscal, contrabando, tráfico de licencias de importación, sobrefacturación, operación en mercados negros y paralelos de moneda extranjera. La bonanza cafetera de esa época (19451954), que se caracterizó por fuertes fluctuaciones de precios de tipo especulativo, volvió rutinarias tales prácticas”.

La solución a la violencia partidista y sectaria, y después del golpe

militar de 1953 de Rojas Pinilla, fue el Frente Nacional. En su momento se logró así acallar la violencia como se venía ejerciendo; sin embargo, el profesor Palacios muestra las consecuencias del invento frentenacionalista y advierte sobre la discriminación política que limitó la participación a los grupos tradicionales y el modelo de economía que desatendió las verdaderas necesidades económicas que la violencia había dejado en los sectores rurales y urbanos más pobres.

Así queda cultivado el ambiente para que la violencia haga parte de la cotidianidad de los años siguientes.

Después del Frente Nacional, Colombia lleva cuatro décadas experimentando con furor la violencia política, la violencia guerrillera y la violencia narcotraficante que ha producido dos engendros perversos: el paramilitarismo y las llamadas “bacrim”.

La presencia real y efectiva del Estado es completamente necesaria para evitar que se propaguen y reproduzcan las características de abandono que generan violencia. Un Estado fuerte, consolidado, justo y equitativo es un asunto que depende de seres humanos, de nadie más.

Se tiene la tentación de presentar el conflicto armado colombiano como un fenómeno “natural” y “consustancial” a nuestra historia

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Editorial

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la violencia Se puede desactivar

/ pcontexto@gmail.com

La violencia no es un fantasma. La violencia es producida por los seres humanos, y los seres humanos la pueden detener. Los colombianos no son “violentos por naturaleza”. Hay unas causas sociales que, por lo largo de su persistencia en el tiempo, a algunos les parece que forman parte de la cultura nacional. En realidad los factores detonantes son sociales y se han de desactivar.

La ausencia de Estado, la inequidad y falta de oportunidades; la exclusión por motivos raciales, de clase, de género; la falta de educación, las injustas condiciones laborales, ¿no son acaso producidas por los seres humanos? Seres libres, con capacidad de decisión, que inciden en el cambio del rumbo de estos factores para evitar la ausencia de Estado cuando ocupan cargos públicos y, también, para mejorar la educación; para evitar la inequidad y mejorar las condiciones laborales cuando tienen empresas; para actuar con el principio de inclusión sin distingos de ninguna naturaleza, en cualquier lugar y momento de su cotidianidad.

Sobre estos factores que producen violencia queremos llamar la atención en dos asuntos: uno, la subcultura de la ilegalidad; y dos, la permisividad social del que ni siquiera hace mala cara ante la procacidad de ciertos comportamientos de familiares o conocidos.

Dice el profesor Marco Palacios que en la primera época de la llamada Violencia política en Colombia, en los años 50 y 60, fue cuando se presentaron “más delgadas y contingentes las líneas divisorias entre lo legal y lo ilegal”; fue una época aprovechada como “cortina de humo” detrás de la cual se escondieron “las élites empresariales y plutocráticas” para vivir en un “generalizado desacato a la ley”. De los que se esperaba mayor ejemplo, fueron los que más impulsaron la cultura de la ilegalidad.

Si a esto le sumamos el miedo a denunciar por el peligro a las represalias (la alerta es del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo cuando pregunta: “¿Por qué si alguien denuncia personas vinculadas con la violencia, éstas lo saben inmediatamente, exigen razones y toman represalias?”), tenemos como resultado un ambiente de ilegalidad que corroe varias esferas de la vida cotidiana. Parece que, poco a poco, una Colombia se traga a la otra: la Colombia ilegal que todo lo consigue con sobornos (si es por “las buenas”) o con violencia y muertes (si “toca” por las malas), deglute a la Colombia legal que se acoge a las normas y a las leyes.

Y no es solo el problema de que muchos ciudadanos (inclusive los que se creen “de bien”) se mueven al mismo tiempo en las aguas de la legalidad y de la ilegalidad; es también, y más grave, que algunos funcionarios sean los primeros en promover esa cultura de la ilegalidad. La perversa actuación de ciertos empleados públicos es la primera pieza del dominó que se cae para derrumbar el edificio entero.

Por eso la vehemencia para insistir en que la violencia de carácter endémico que padecemos, solo tiene solución entre nosotros mismos. Es menester expresar que los colombianos que ejercen un cargo público, deben ser los primeros en dar buen ejemplo, pues uno de los factores generadores de violencia inicia con la cultura de la ilegalidad, promovida, en ocasiones, por servidores públicos que descaradamente “aprovechan” el momento para enriquecerse fraudulentamente.

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social- Periodismo

Si además pensamos en la permisividad, característica de ciertas subculturas nacionales que no sancionan social ni familiarmente a quien se involucra en actividades ilegales o a quien combina lo legal con lo ilegal, tenemos como consecuencia una espiral creciente de comportamientos al margen de la ley que muchas veces, para ser sostenidos, necesitan del uso de la fuerza y de la violencia.

Es el caso del narcotráfico, una actividad ilícita que, al menos en la región antioqueña y su zona de influencia, tuvo en sus inicios la implicación de familias enteras que conformaron redes y bandas delincuenciales. Es lo que explica el profesor Gerard Martin sobre lo que pasó con el tristemente célebre narcotraficante Pablo Escobar, su familia y amigos más allegados.

Martin se basa en el testimonio de la hermana de Escobar, Alba Marina, quien aseguró en su momento que “mi mamá era muy permisiva en todo lo relacionado con Pablo”. Y también la misma hermana “cuenta con lujo de detalles cómo no solamente ella misma, sino también su mamá, otros hermanos, primos y tíos pronto apoyaron actividades ilegales y guardaron dólares, insumos, hicieron balances de los negocios y recibieron a título personal propiedades obtenidas de manera criminal” por Pablo Escobar.

Pero no solamente se necesita la sanción familiar. También el sistema educativo debe reencontrar el camino para impedir que pequeños delincuentes se gesten en las aulas de la primera y la segunda escuela.

Las sanciones podrán impedir el nacimiento de delincuentes comunes y de cuello blanco.

Y esto lo valida Gerard Martin con el mismo ejemplo de Escobar: “La única sanción impuesta a Pablo en su adolescencia parece haber surgido en el colegio. Hay evidencia de que fue suspendido varias veces por un par de días y que posiblemente fue expulsado. Sin embargo, nunca fue relegado por su colegio a algún servicio especial de reforma o resocialización, y tampoco es claro si tal servicio profesional existía en

la ciudad. Pablo, Gustavo y Mario eran jóvenes en alto riesgo de incurrir en carreras criminales, pero ni sus familias, ni sus instituciones educativas, ni ninguna otra instancia, jamás adelantaron algún tipo de intervención preventiva o de rehabilitación institucional para estos adolescentes. Aquella omisión terminó costando caro a la ciudad y al país”.

Esa cultura de la ilegalidad y la falta de sanción social tienen un motor (no es el único) que afecta a la cultura antioqueña: el dinero es, generalmente, el parámetro de valoración de las personas. Y esa ambición desmesurada por conseguirlo está sembrando la existencia de violencia y desolación.

Ya desde el siglo XIX era evidente hasta para los extranjeros esa manía antioqueña de valorar a la gente por la cantidad de dinero. El médico francés Charles Saffray pasó por Medellín en los inicios de la década de 1860, y así fue como describió el espíritu de las gentes de estas calendas: “El término único de comparación es el dinero: un hombre se enriquece por la usura, los fraudes comerciales, la fabricación de moneda falsa u otros medios por el estilo, y se dice de él: ¡es muy ingenioso! Si debe su fortuna a las estafas o a las trampas en el juego, solo dicen: ¡sabe mucho! Pero si piden informes sobre una persona que nada tenga que echarse en cara sobre este punto, contéstase invariablemente: es buen sujeto, pero muy pobre.

Lo más importante es lograr entender qué produce tanta violencia para intervenir esos factores y desactivar comportamientos que solo son circunstanciales, pero nunca connaturales al colombiano. Estamos ante la coyuntura más relevante del país. Quizá como nunca antes, hoy todos somos conscientes de que tenemos un gran problema llamado violencia, que nos impide avanzar. Por eso hoy es tan necesario que, cuando se detectan los factores que la generan, cada uno se comprometa en su propia forma de desactivarla. Si entre todos no lo intentamos, nunca lo vamos a lograr.

Rector: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda / Decana Escuela de Ciencias Sociales: Érika Jaillier Castrillón / Director Facultad de Comunicación Social-Periodismo: Juan Fernando Muñoz Uribe / Coordinador del Área de Periodismo: Juan José García Posada / Directora de Contexto: Ana Cristina Aristizábal / Jefes de Redacción: Laura Betancur A. / Editores Gráficos: Hebert Rodríguez G. • Catalina Rodas Q. • Pablo Monsalve M. / Redactores: Carolina Campuzano B. • Catalina Rodas Q. • Sarita Jaramillo R. • Mónica Jiménez R. • Jakeline Giraldo A. • Camila Reyes V. • Camilo Chamat C. • Juliana Gil G. • Laura Betancur A. • Sara Vásquez O. / Foto portada: Diego Sánchez A. / Ilustraciones: Mauro Zúñiga • Daniela Hoyos • Thomás Restrepo • Rudy Chavarría / Diseño: Estefanía Mesa B. • Carlos Mario Pareja P. / Diagramación: Ana Milena Gómez C. - Editorial UPB / Impresión: La Patria / Universidad Pontificia Bolivariana • Facultad de Comunicación Social-Periodismo / Dirección: Circular 1ª Nº 70 - 01 Bloque 7 / Teléfono: 354 4557 / Correo electrónico: pcontexto@ gmail.com / ISSN 1909-650X.

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Opinión

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CONTEXTO No. 37 Mayo 2013

Cuán pobre puede ser la pobredumbre Manuela Saldarriaga Hernández / jmanuj@hotmail.com

Se ha dicho que en Suramérica y en Centroamérica se encuentran los índices más altos de violencia en el mundo; que, además, esto tiene que ver con los niveles de extrema pobreza y desigualdad que experimentan dichas regiones, y, como si fuera poco, otro factor que se le suma a esta lista interminable de razones es la falta de oportunidades en educación para sus pobladores.

Entre los países que se destacan están México, El Salvador, Venezuela, Brasil, Honduras, Jamaica, entre otros. Y Colombia. Ellos representan las tasas de homicidio más elevadas, del mismo modo sobresalen por sus operaciones de crimen organizado, por el tráfico de drogas y, como si no nos resultara familiar, en el caso colombiano, por el abultado sumario de muertes por causa del conflicto armado interno.

Claro, ¿verdad? Pues yo no me como el cuento del todo. Ni México ni El Salvador ni Venezuela ni Brasil ni Honduras ni Jamaica ni mucho menos Colombia, son los países más pobres del mundo. En Mozambique, en Surinam y en Angola aproximadamente el 70% de la población es pobre; en Guatemala lo es el 75%; en Liberia, Haití, Moldavia, Zimbabue y Chad lo es el 80%, y en Zambia, por pertenecer al Cinturón de Cobre, territorio riquísimo en minerales de África, el 86% de la población vive en condiciones paupérrimas.

La guerra es la guerra Amalia Uribe Jaramillo / amaliacsupb@hotmail.com

La guerra es la guerra. Todo lo demás son sus consecuencias. Las bandas criminales en las ciudades, las fronteras invisibles en los barrios, la mentalidad que se ha construido sobre la consecución del dinero fácil, las narconovelas, la intolerancia y la exclusión social, la indiferencia, la angustia colectiva que sentimos por el conflicto armado que hoy está en una mesa de diálogo y que, aun así, hay quienes no quieren diálogo, quieren más guerra, más violencia.

No es fácil re-construir una sociedad que está tan “acostumbrada” a un sentimiento de frustración causado por la injusticia y la impunidad, que parece cada vez más abismal. Y en cuanto a reconstruir sociedad me refiero al hecho de que las personas fortalezcamos nuestros valores, desde la familia, la escuela, los espacios de entretenimiento y de cultura, el trabajo y, por ende, la ciudad.

Pero la construcción de valores no se defiende por sí misma si no se crea un espacio para la reconciliación y para la paz, que es lo que está pasando hoy en Cuba, aunque a simple vista parezca un circo. No podemos ser tan mal agradecidos. Algunos se escandalizan porque los desmovilizados llegarían a la política, o porque volverían a la sociedad civil con garantías como cualquier ciudadano común. Qué triste. Porque

Y aunque estas últimas naciones mencionadas son todas independientes, en el caso de las del África Subsahariana o África Negra, resulta tan sólo una cuestión de apariencia en cuanto a su libertad. Su pobreza es producto de la explotación histórica de recursos que, en gran medida, ha sido violenta. Un ejemplo concreto es el genocidio congoleño, aunque dirán historiadores que las razones son más de carácter administrativo y de gestiones políticas intervencionistas.

No obstante el discurso plantea que la violencia tiene como génesis la pobreza, yo diría lo contrario: la violencia ha generado y generará pobreza. Sin embargo, considero necesario hacer una salvedad, encuentro sólo una excepción en la que sustento cuándo la pobreza suscita violencia: la pobreza de espíritu, si es que éste existe y se puede valorar en abundancia o escasez.

Cuando se es pobre de espíritu aparece el egoísmo, la codicia y como síntoma de la enfermedad de poder, la corrupción, con ello el hurto y, como por efecto de boomerang, tal “ratería” trae de vuelta más podredumbre. Cuando se es pobre de espíritu existe también la egolatría, entonces hay exclusión y viene un cierto desprecio que crea brechas sociales tan inmensas que polarizan las ideas. Cuando se es pobre de espíritu no hay interés en darle la razón al otro. Afortunadamente, para salirme de esto, Descartes dijo que “No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente”.

mientras continúe ese señalamiento colectivo no avanzaremos hacia la paz, que no es únicamente responsabilidad del Gobierno y sus funcionarios. Es un compromiso de todos.

No defiendo los crímenes cometidos por los grupos armados ilegales, tampoco digo que con el hecho de que un guerrillero se desmovilice, todo va a estar bien. El perdón es un concepto difícil de asimilar, más aún cuando debe ser colectivo. Pero sí creo que mientras haya un ambiente hostil cada vez más notorio para las personas que, a pesar de todo, hoy quieren tratar de llevar una vida normal, lejos de las armas, no habrá mucho qué hacer, aunque Santos y Márquez firmen un acta en la que se “negocie” la paz.

La guerra es la guerra. El Ejército existe para defender a los pueblos, para ejercer la soberanía del Estado en el territorio y para hacer respetar los derechos humanos de los habitantes de un país. Por otro lado, los grupos subversivos no son gratuitos. Tienen una génesis que arrastra errores del pasado, pero con fuertes consecuencias que se han acumulado hoy. Sin embargo, nosotros, la sociedad civil, somos los mediadores y enjuiciar a los soldados o a los guerrilleros no debe ser nuestra labor en un momento como éste. Claro que nuestra voz debe ser escuchada y debemos reclamar por los daños, pero también tenemos la tarea de mejorar la forma en la que nos tratamos, convivimos y nos toleramos como ciudadanos para demostrar, finalmente, lo que se ha dicho tantas veces: que los buenos sí somos más.

La magia de una biblioteca Pablo Andrés Monsalve Mesa / pablo_monsalve007@hotmail.com

La tarde está fría por la lluvia que ha caído, el lugar se encuentra solo y tranquilo, las ventanas por donde entra una excelente luz en los días de sol se hallan repletas de gotas que, al mirarlas con detenimiento, parecen competir entre ellas para llegar primero al pie del vidrio. Hay algo particular en estas esferas que cuentan con libros en grandes estanterías, donde ellos aguardan ser sacados, tocados, leídos, rasgados, subrayados, prestados u observados.

Las bibliotecas conservan una magia especial donde se encuentran olores, colores, texturas, letras, países, idiomas, culturas, formas y mucho silencio. Si mezclamos todo esto crearemos un espacio lleno de paz y conocimiento, donde se puede pensar y en muchos casos estar con uno mismo.

Al estar dentro de un lugar así todo lo que desees está al alcance de tu mente, lo único que necesitas es tomar un libro y darle vida a tu imaginación.

Medellín, cómo muchas otras ciudades del mundo, tiene grandes problemas de violencia, desigualdad, inequidad y muchas más dificultades, que la han hecho ver, en algunas épocas, como la ciudad más violenta del mundo, con índices de muertes que sorprenden a los ciudadanos de aquí y de otras regiones.

Al llegar a casa después de haber pasado gran parte del día en la biblioteca, pensé que un libro o un lugar así es una compañía para cualquiera, y traje a la mente a los niños, jóvenes, adultos y personas mayores que pasan días enteros solos, sin descubrir nada nuevo, y que se encuentran sumergidos en grandes conflictos sin saber qué hacer.

La ciudad en estos momentos es estudiada por los porcentajes de violencia, inequidad, desigualdad, desnutrición y otros problemas generadores de conflictos.

Cuando un joven no tiene nada qué hacer, qué decir o en qué pensar, la violencia llega fácil a su mente, porque no hay ningún ideal que la detenga, además, el escenario donde habitan muchos de los jóvenes no es el mejor para tener la mente desocupada.

No solo las bibliotecas son espacios de recreo y convivencia, sino las canchas para el deporte, los parques, los cines, los colegios de música, los teatros y muchos otros escenarios que podrían crearle una barrera al conflicto. Lugares donde las personas se liberen y aprendan a vivir con más igualdad y tranquilidad, en medio de las diferencias. Por ejemplo, no hay nada más agradable que una cancha de fútbol, donde todos se reúnen con la idea de patear una pelota y sudar al son de los goles.

Si cada persona pudiera encontrar un libro, una película, una cancha, un instrumento y unos colores afines, los días de cada uno de nosotros tendrían una energía mucho más tranquila.

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ESPECIAL VIOLENCIA

¿Olvidar o recordar?

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Foto: Pablo Monsalve M.

Los Museos de la Memoria

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”, Jorge Luis Borges.

Camila Reyes Vanegas / camaleonalbo@gmail.com

Cuando inicia y termina una guerra sólo

quedan las sombras de los muertos, los olvidados y los desaparecidos. Todos duelen en la memoria y se despiertan en los recuerdos... recuerdos que no será fácil nombrar. Pero, como dice Borges, aunque la memoria sea un engaño, es lo único que queda para recordarnos y reconocernos.

Cuando se camina hacia el Museo Casa de la Memoria de Medellín, se observa, en un lateral, casi escondido, un conjunto de placas que en medio del abrazo de un jardín sin cuidado, guardan el nombre de la persona, la fecha y el hecho violento que causó su muerte. Este espacio recibe el nombre de: “El talud del memorial”.

En total, son 1.200 plaquetas que no reconocen edad ni estrato ni raza. En medio de la maleza, se encuentran los nombres de mujeres, hombres, ancianos y niños que han sido víctimas de la intolerancia y la violencia de nuestro país.

En este contexto y buscando una mirada para comprenderlo, el Área de Memoria Histórica de Medellín, en conjunto con la Alcaldía de Medellín y el Programa de Atención de Víctimas del Conflicto Armado, nació el proyecto Casa de la Memoria con el fin de reflexionar, informar y visibilizar las víctimas y eventos violentos que han tenido lugar en Medellín y en Colombia durante los últimos 65 años.

Por ello, el Museo más que un lugar de paso o de viaje en el tiempo, se convertirá en un lugar para la memoria, para las historias que no se quieren repetir pero que es urgente y necesario contar. Así, el tratamiento narrativo y estético que tendrán se hará desde la fotografía, la pintura, la literatura, la escultura, la música y el lenguaje multimedial.

Su director, Carlos Uribe Uribe, expresa que a pesar de la temática que aborda el museo, éste será un lugar “atractivo”, no solo por la construcción de los relatos sino porque se apreciará

la historia de la ciudad. “Más que un museo del conflicto, es un museo de la ciudad, que va a contar los procesos históricos y sociales que hemos vivido. Un museo para encontrar salidas posibles y construir un lazo como ciudadanos”.

Es el primer museo que se construye en Colombia con un enfoque de memoria nacional-local, que comienza con el asesinato de Gaitán hasta ir cerrándola, poco a poco, hasta el conflicto armado y otras violencias de la ciudad.

De este modo, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, al lado de otros en países como Alemania, España, Argentina, Israel o Ruanda, empieza a hacer parte de los procesos de recordación y reparación simbólica a las víctimas del conflicto.

Mónica Pabón Carvajal, arquitecta de la Universidad Nacional y especialista en Patrimonio, asegura que estos museos son para y por la comunidad y se convierten en espacios sacros y de introspección para producir reflexiones sobre la identidad, la cultura y la memoria. “Lo que cuenta de estos museos es su contenido. El edificio es el contenedor. Lo que importa es lo que está dentro; todo el trasfondo socio-cultural y que una comunidad pueda contar con un espacio para reconocerse”.

Así mismo, señala que el valor de los museos de la memoria es enorme, pues se convierten en una especie de terapia para las comunidades, para entender sus procesos como sociedad y como cultura, dejar todo “el dolor” allí y encontrar por fin la tranquilidad.

En Colombia, tenemos algunos de estos museos en los que las comu-

nidades ya se sienten más tranquilas por tener estos teatros de la memoria y recordar a sus seres queridos. Son los casos de Cocorná, Frontino, San Carlos, Granada, entre otros.

En Granada (Antioquia), el Salón del Nunca Más se ha convertido en un recinto sagrado y, sin duda, en un buen ejemplo de apropiación de la memoria y la historia. “La comunidad se ha empoderado del espacio. Lo visitan semanalmente y lo han tomado como una forma de elaboración de duelo, de recuerdo y de amor por sus familiares. Es la mejor forma de tener a su familiar en su diario vivir”, expresa su directora Gloria Elcy Ramírez y añade: “La memoria es muy importante, porque es resistencia, dignidad, paz y reconciliación. Es recordar para no olvidar, porque uno solo se muere cuando lo olvidan”.

Un museo itinerante También encontramos el ejemplo de las madres de la Candelaria, quienes en 1999 -en medio del conflicto- se constituyeron como un museo vivo; un museo itinerante para resistir a la violencia y al olvido y conservar la memoria de sus familiares asesinados, secuestrados o desaparecidos por grupos al margen de la ley.

Su líder, Teresita Gaviria Urrego, una dama dulce, pero de voz fuerte y gran sabiduría, recuerda: “Nadie nos quería escuchar. Pero repetíamos nuestra consigna: ¡Los queremos vivos, libres y en paz! Un día, después de que nos cerraran tantas puertas, con la ayuda de monseñor Armando Santamaría Ortiz, logramos concentrarnos en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y mostrar los rostros de nuestros seres queridos. No queríamos impunidad ni la queremos. Queremos la verdad”.

Hoy ya se cumplen 14 años del movimiento que, en medio de las circunstancias adversas, la indiferencia y las amenazas de muchos, ha logrado un reconocimiento como elemento de memoria en el país.

Colombia y la memoria En palabras de Daniel Botero, profesor de Opinión pública de la UPB, la memoria se ha convertido en el arma más poderosa de las víctimas para la exigencia de sus derechos, y ser reconocidas como actores sociales y políticos en un país que ha sido indiferente con su dolor y lucha constante por lograr una vida digna.

Por su parte, el profesor Carlos Enrique Londoño, licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UPB, considera que los museos de la memoria son insuficientes para comprender y conocer las causas de la violencia, pues éstas son más conceptuales. “En mi opinión, es difícil encontrar en un museo de la memoria las causas de la violencia.

No porque no estén, sino porque hacen parte de un campo más amplio y profundo”, asegura Londoño.

Rastrear la historia de la violencia en Colombia y sus causas es una tarea intensa y compleja. Para el profesor Londoño algunos aspectos como el esquema de poder piramidal donde en la cima está la élite (los que toman decisiones) y luego la población sumisa y sometida, como en un sistema feudal, genera la desigualdad.

También la falta de oportunidades y acceso para la base de la pirámide hizo que Colombia entrara en un círculo de violencia e inequidad permanente, donde unos pocos tienen la concentración de las riquezas y otros se esfuerzan por tenerla a la fuerza.

Como conclusión, con las apreciaciones de los académicos y las voces de estos Museos de la Memoria, baste decir que sin importar si “somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”, como dice Borges, lo único que nos queda es volver a la memoria, a ese retazo de recuerdos que a veces van a doler pero que es necesario traer al presente.

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ESPECIAL VIOLENCIA

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Democracia colombiana

Manifestación de la sociedad civil, más que un simple voto Jakeline Giraldo Arellano / jaquig_7@hotmail.com Mónica María Jiménez Ruiz / mmjr0518@gmail.com

En Colombia la sociedad civil está organizada, ejemplo de ello son los sindicatos, las juntas de acción comunal y local, las ONG, entre otras. Cada uno se organiza de acuerdo con un interés común dentro de una sociedad democrática caracterizada por el pluralismo y la diversidad.

A finales de 2011 estudiantes de universidades públicas y privadas del país, realizaron un paro y protestas en contra de la reforma a la Educación Superior.

En febrero de 2012 unas 30 mil personas marcharon en favor de la vida, la tierra y la paz en Necoclí, Urabá antioqueño. Este año el sector cafetero salió a paro para exigirle al Gobierno mayores garantías para la producción y comercialización del producto. El pasado 9 de abril miles de colombianos salieron a las calles para clamar por la paz y el fin del conflicto. ¿Qué tienen en común estos hechos? Todas son manifestaciones de la sociedad civil colombiana que, a partir de un interés puntual, se congrega para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Definir el concepto de sociedad civil es complejo; sin embargo, el italiano Norberto Bobbio, en su diccionario político, la define como: “La esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones estatales”.

Jaime Jaramillo Panesso, abogado, investigador y analista de coyunturas nacionales, explica que para que haya sociedad civil es necesario contar con ciudadanos activos y conscientes, que debatan y propongan soluciones ante un hecho común; a lo que el politólogo Luis Guillermo Patiño Aristizábal agrega que “es una sociedad crítica, actuante, participativa que tiene muy claro cuáles son sus derechos, sus deberes y que está buscando siempre la construcción de un país mejor para todos”.

Sociedad civil colombiana Jaramillo Panesso expresa que cada país tiene su nivel de sociedad civil, “no se puede aspirar a que sea la misma en Francia, Estados Unidos o Colombia ya que cada una es diferente en su accionar y en sus objetivos”.

La primera manifestación de sociedad civil en Colombia se dio en 1920 con la creación de sindicatos de diversa índole; sin embargo, Omar Alonso Urán Arenas, sociólogo de la Universidad de Antioquia, señala que fue entre 1940 y 1950 cuando la sociedad se empezó a organizar en gremios como la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), que surgieron para “ayudar a crear políticas de Estado que no dependieran de uno u otro partido”; son gremios que “impulsan sus intereses y tienen influencia en las políticas nacionales”.

En este punto, Urán Arenas, advierte que se debe hacer una diferenciación entre dos tipos de sociedad civil, la de las élites (gremios) y la popular.

Cuando habla de la popular, se refiere a las asociaciones y organizaciones que se han creado para defender y exigir el cumplimiento de los derechos de víctimas de la violencia, reclamantes de tierras, organizaciones estudiantiles, defensoras de los derechos humanos y ambientalistas, entre otras.

El Instituto Popular de Capacitación, IPC, se caracteriza por su trabajo en la formación de líderes sociales, que se organizan de acuerdo con las necesidades que tienen. Intervienen en temas como “seguridad urbana, grupos armados, diálogos de paz, para transformar la respuesta que el Estado les está brindando”, dice Yhoban Camilo Hernández Cifuentes, vocero de esta institución.

En el ámbito de la violencia, según Gerardo Vega Medina, abogado y presidente de la Fundación Forjando Futuros, la sociedad se ha organizado de acuerdo con el tipo de victimización porque “tiene un problema en común y tiene que presentar rutas de solución”. En este sentido, Forjando Futuros, Red de Paz, Arcoíris y el IPC, se han unido para trabajar por los derechos de las víctimas.

Uno de los mayores logros de estas organizaciones es la creación y consolidación de la asociación nacional Tierra y Vida, que nace para representar colectivamente a los reclamantes de tierra en el país. Es la primera organización consolidada que vela por la “transparencia y efectividad de las políticas públicas, dirigidas a la restitución y el acceso a las tierras”, explica Vega Medina.

Estado y sociedad civil Algunas de las características que tienen las sociedades civiles dentro de una

democracia es que son organizaciones desarmadas, pues su principal arma, según Carlos Enrique Londoño Rendón, filósofo y docente de Formación humanista en la UPB, es “el diálogo, la razón, el debate, la igualdad de condiciones y el derecho a ser escuchados para llegar a acuerdos comunes”.

En este sentido, Londoño Rendón considera que los partidos políticos no son como tal organizaciones de la sociedad civil, porque “tienen como finalidad llegar al poder”. Sin embargo, Jaramillo Panesso expresa que “la manifestación más consolidada de la sociedad civil se da a través de los partidos políticos”, aunque reconoce la fragilidad de éstos en Colombia por su corto tiempo de actividad; es decir, para él, éstos sólo son activos en época pre electoral, después de las elecciones “son activos los parlamentarios, concejales o diputados, o sea, las instituciones legislativas”.

Por otra parte, explica que el accionar de la sociedad civil está determinado por la coyuntura política pues ésta “es ante todo un actor político que se desenvuelve en diferentes espacios, como el territorial, laboral y administrativo”.

Es válido preguntarse si el Estado tiene algún interés en la creación y fortalecimiento de la sociedad civil en el país. Una de las organizaciones civiles más consolidadas son las Juntas de Acción Comunal, creadas con la aplicación de la Ley 19, promovida por el

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Estado en 1958 que incentivó la organización de las comunidades barriales para brindarles los recursos para crecer y mejorar sus condiciones de vida.

Omar Urán Arenas indica que “el Estado tiene un papel enorme en la creación de sociedad”, a la vez que destaca los logros durante el gobierno del liberal Carlos Lleras Restrepo, quien impulsó la organización de “los pobladores urbanos, los trabajadores y los estudiantes”, es decir, recibieron un apoyo directo del Estado para su manifestación y consolidación.

Del momento actual, Urán Arenas opina que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque no promueve la creación, sí reconoce y da autonomía a las organizaciones para que éstas “proliferen y recuperen su protagonismo”, ejemplo de ello es la Ley 1448 de 2011, la Ley de víctimas y restitución de tierras.

Gerardo Vega Medina reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Santos, pues con la creación de la ley muestra un interés en restituir las tierras; sin embargo, piensa que el Estado en general no está interesado en la organización de la sociedad y lo argumenta desde la falta de recursos políticos y económicos que apoyen significativamente estas iniciativas civiles. “El Estado debe tener una decisión política más fuerte, pues hasta el momento no se ha creado una política pública que dé un apoyo directo a la sociedad civil”, afirma.

En este aspecto, el abogado Vega Medina pregunta por qué en los escenarios de decisión no se incluye a las víctimas y a representantes de la sociedad civil, la cual tiene que ser más participativa y “con capacidad de influencia en los escenarios que los involucran di-

rectamente. Por ejemplo, ¿por qué no hay víctimas reclamantes de tierra en el Incoder (Instituto colombiano de desarrollo rural)?”. Se percibe una falencia, pues la sociedad civil no sólo debe estar a la defensiva solicitando al Estado el cumplimiento de derechos, sino que debe tener un papel protagónico para “convocar, proponer y construir una sociedad con mejores condiciones”, concluye Vega Medina.

Otro problema que debe enfrentar la sociedad civil es que repetidamente el Gobierno ha visto a las organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, de mujeres y de víctimas como representantes del comunismo, es decir, siempre contrarias a las políticas propuestas. En este sentido, Londoño Rendón argumenta que: “los movimientos sociales tienen un aplastamiento muy duro, hay represión contra los líderes sociales, los problemas que exponen no suelen ser solucionados, los reprimen, los encarcelan e incluso los desaparecen. El Estado contribuye al debilitamiento de la sociedad civil”.

¿Sociedad organizada? ¿Qué tipo de sociedad civil tiene Colombia? Esta pregunta, al igual que el concepto, es compleja, pues desde la ciencia política se argumenta que toda sociedad, sin contar al Ejército, es civil.

Por eso, al referirse a la organización de la sociedad frente al tema de la violencia y la resolución de conflictos, Miguel Silva Moyano, politólogo y docente en la UPB, opina que en Colombia no hay una fuerte organización porque no se dimensiona que “todos somos víctimas, pues el terrorismo y los actos

de violencia no sólo generan miedo en quienes sufren un ataque o pierden un familiar, sino que genera miedo en toda la sociedad”.

El también politólogo Luis Guillermo Patiño Aristizábal, añade que la sociedad civil colombiana es muy débil y aunque ha habido esfuerzos por fortalecerla, como las marchas por la paz, no se ha logrado porque “después de esto la sociedad se queda quieta, es un instinto de salir, una emoción de un día, un dolor”. A esto, el vocero del IPC, Yhoban Camilo Hernández Cifuentes, añade que “no hay una unidad en torno a los diversos movimientos sociales, no están articulados y cada uno tiene sus propios intereses”. Para ambos, la sociedad civil colombiana está claramente fragmentada.

Jaime Jaramillo Panesso, quien fue representante de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), no ve esto como un problema, pues las sociedades fragmentadas son características de las democracias: “una sociedad civil única y homogénea sólo existe en las dictaduras. En las democracias se fragmenta no por obligación sino por intereses, porque la gente se organiza para hacer pactos, cumplirlos y renovarlos según sus intereses y necesidades”.

Además piensa que sí hay puntos comunes y es lo que pasa cuando diferentes sectores de la sociedad se solidarizan con las víctimas directas del conflicto, pues “una sociedad mientras más solidaria es, más pesa en los objetivos que se propone”.

La sociedad civil colombiana está claramente fragmentada.

posconflicto Uno de los temas más controvertidos en la actualidad nacional son los diálogos de paz que se llevan a cabo entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba. Muchos se preguntan cuál es la participación que debe tener la sociedad civil en el desarrollo de los puntos de negociación.

Jaramillo Panesso afirma que ésta no tiene por qué estar allí pues “el único que tiene la legitimidad para representarnos es el Gobierno, lo demás es oportunismo”. Añade que las muchedumbres están para “movilizar, dar impactos y hacer manifestaciones de rechazo o aceptación, pero la negociación se hace a través de los representantes”.

El politólogo Silva Moyano considera que uno de los peligros de llegar a un acuerdo de paz, es implementarla mal, lo que generaría más violencia, pues “la gente la asume como una paz injusta y se cree con autorización para tomar las armas por sus propias manos, porque no se satisface el derecho a la justicia”. Se alude a uno de los puntos de la negociación que busca impunidad para todos los crímenes y ofensas cometidos por las Farc.

Sobre los diálogos de paz y de un posible posconflicto, Jaramillo Panesso advierte que éste es “tan complejo y difícil como la guerra misma” y en su artículo La paz: proceso confuso y difuso, opina que la solución no es sólo llegar a un acuerdo con las Farc, se deben incluir los demás actores armados, así en algún momento se proclamará “la paz para todos o la paz para ninguno y quizá así se logre una paz nacional… pero ese puente tendrá que construirse con buenos materiales y mejores ingenieros, porque de lo contrario se caerá el puente y los que queden vivos continuarán en la guerra”.

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¿Qué tipo de independencia fue la del 20 de julio de 1810?

Mitos sobre la creación

del Estado-Nación colombiano Sara Melina Vásquez Ochoa / Sarisvo11@hotmail.com

Colombia no existió como Nación sino hasta

finales del siglo XIX. Rafael Núñez fue quien, durante la Regeneración, oficializó los símbolos que ayudaron a consolidar la identidad del país desde ese momento y durante todo el siglo XX. La tarde del 20 de julio de 1810, durante un congestionado día de mercado, Pantaleón Santamaría, un notable criollo que vivía en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, se dirige afanadamente hacia el almacén de don José González Llorente, un español peninsular; estando allí se propone pedirle prestado un florero que hacía falta para el recibimiento de don Antonio Villavicencio, otro notable criollo nacido en Quito.

Llorente se niega a prestarle el florero, por lo cual Santamaría, junto con los hermanos Morales que casualmente pasaban por allí, comienza una serie de insultos hacia aquel español que aparentemente estaba despreciando a los americanos (criollos) y que no quería colaborar con la causa.

La trifulca trascendió rápidamente el pequeño espacio y después de algunos minutos el señor Llorente tuvo que correr por su vida para no ser asesinado por los criollos, quienes para entonces ya habían puesto a gran parte del pueblo en su contra, argumentando que los españoles se consideraban superiores a ellos…

Una guerra civil es considerada un conflicto bélico que se da en un país en el que se ve enfrentado el pueblo, generalmente para definir la organización de un territorio; mientras que una guerra de independencia se caracteriza por representar la lucha de un país contra otro del cual depende, con el objetivo de lograr autonomía.

Este acontecimiento, que carece de fundamentales aclaraciones, hace parte de uno de los grandes hitos que tiene la historia de la independencia que se celebra cada año el día 20 de julio.

Después de más de 200 años, se entiende que el improvisado conflicto por un florero, había sido planeado con el objetivo de embarcar al pueblo neogranadino en una lucha en la que se exigiera al gobierno de Fernando VII, en principio, la igualdad entre los españoles americanos y los españoles peninsulares.

Estos hechos terminaron en una serie de revueltas y condiciones que permitieron la independencia años después. Para entonces, a pesar de lograr autonomía frente al Virreinato de Amar y Borbón, todavía se dependía de la monarquía católica.

Actualmente sobre la historia de nuestro país y en general de la independencia de los estados-nación latinoamericanos, en la sociedad colombiana todavía son significativos los casos de quienes creen en ciertos mitos históricos y acontecimientos puntuales que son narrados en las aulas de clase sin algún trasfondo o contexto.

He aquí la ambiciosa intención de aclarar aquellos mitos que aún en pleno siglo XXI siguen haciendo parte de nuestra cultura y referencia para el pueblo colombiano.

Primer mito: en Colombia primero existió la Nación que el Estado Para las Ciencias Políticas el Estado se fundamenta en un conjunto de instituciones coercitivas, mientras que la Nación es un discurso en el que la gente cree y que produce una especie de cohesión social.

Respecto a la construcción del Estado-Nación colombiano existen dos teorías: una que señala que fue la sociedad misma la que empezó a reconocerse entre sí y comenzó a elaborar un mito alrededor de lo que era la Na-

ción. La otra teoría indica que fue el Estado el que creó ese discurso y se valió de múltiples mecanismos para hacerlo, dentro de los cuales la educación tuvo gran protagonismo.

Cuando se lee la historia tradicional que existe sobre Colombia, construida principalmente durante las últimas décadas del siglo XIX y todo el siglo XX, se advierte que quienes tuvieron el poder de elegir qué partes del pasado iban a utilizar para construir la historia, decidieron que era necesario dejar un registro que evidenciara la existencia de una nación antes de la edificación del Estado, la cual había luchado durante las guerras para lograr la independencia.

De acuerdo con lo dicho por Tomás Pérez Vejo, en su libro Elegía criolla: una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, y haciendo un análisis sobre el caso colombiano, a pesar de que fue el Estado el que, a partir de diferentes narraciones, comenzó a crear la nación y la identidad de los pueblos que convivían en el mismo territorio, durante más de un siglo se pensó que había sido el pueblo el que, identificado, se unió por voluntad propia y decidió conformar el Estado.

Segundo mito: ¿guerras civiles o guerras de independencia?

Una guerra civil es considerada un conflicto bélico que se da en un país en el que se ve enfrentado el pueblo, generalmente para definir la organización de un territorio; mientras que una guerra de independencia se caracteriza por reIlustración: Daniela Hoyos, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

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presentar la lucha de un país contra otro del cual depende, con el objetivo de lograr autonomía.

Durante el siglo XX se describieron las luchas entre los pueblos como “guerras de independencia”, no como “guerras civiles”, tal como revelaron autores como David Brading, Jaime Rodríguez, François Xavier Guerra, José Carlos Chiaramonte y Tulio Halperín a través de la revisión historiográfica realizada antes de la celebración del Bicentenario de Independencias en América Latina.

Pero se sostiene que en realidad fueron guerras civiles porque las batallas no se libraron entre dos bandos claramente enemigos: españoles y “criollos”, como dice la tradición.

En el territorio americano hasta principios del siglo XIX no existían diferencias trascendentales que llevaran a los pobladores a enfrentarse entre sí, por el contrario, tenían un vínculo muy fuerte que los unía: la fidelidad e identificación con la monarquía española en cabeza del rey Fernando VII. En otras palabras: sí existieron bandos que lucharon pero no estaban tan claramente definidos e identificados como se hace creer. Se unieron quienes querían una independencia absoluta de la monarquía católica; quienes pretendían seguir siendo fieles al Rey pero querían ciertas libertades; y finalmente quienes apoyaban completamente la monarquía y querían que todo continuara como antes, motivados por intereses particulares. Además, dentro de los bandos estaban mezclados tanto españoles como criollos, mestizos, mulatos y zambos.

Las luchas fueron guerras civiles y no guerras de independencia porque fue un solo pueblo el que luchó, enfrentando hermanos contra hermanos sin tener una identidad establecida para diferenciar las masas. ¿Por qué omitir este detalle?

Para las élites colombianas que ayudaron a consolidar la Nación, fue importante narrar que nuestros antepasados habían luchado por la independencia del país y que habían asesinado brutalmente a múltiples compatriotas con una justificación válida que además era motivo de orgullo: la independencia de los colombianos.

Respecto al tema, Miguel Silva Moyano, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana explica que “el Estado crea una historia que tiene unos héroes y unos mitos, y con base en ello se crea la Nación. Es el Estado el que comienza a decir cuáles son esos elementos válidos para la creación de la misma”.

Agrega que en el caso de América Latina, uno de los principales vacíos de la historia tiene que ver con el desconocimiento de los peninsulares, pues “para quienes se comenzaron a inventar las naciones era importante negar al otro, negar al español peninsular y decir que era sólo una cosa entre los americanos”.

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“Para el caso colombiano, algunos sostenemos que la Nación no empieza a construirse propiamente sino hasta el siglo XX, pues durante el siglo XIX no hubo un proceso de construcción de Nación, lo que hubo fue una especie de creación de un Estado profundamente débil sin Nación”, argumenta Silva.

De acuerdo con las versiones sobre la historia, Simón Bolívar es el primero en acuñar el asunto de Colombia y de lo que es ser colombiano; pero lo colombiano en Bolívar es muy distinto a lo que se entiende en la actualidad. Para Bolívar lo colombiano es lo latinoamericano y por eso él crea un Estado grande conformado por Venezuela, Colombia y Ecuador, teniendo en cuenta que no pretendía quedarse ahí, sino que quería unir a toda América Latina.

Tercer mito: configuración de la nación colombiana Colombia viene de Colón, es decir que ese nombre surge como tributo a quien descubrió los territorios americanos durante el siglo XV. Por tal razón, esta palabra tuvo una connotación amplia que abarcaba toda América Latina y era el nombre propuesto por Simón Bolívar para el gran reino que pretendía conformar.

Por este significado y por la separación que se da entre los territorios que componían la Gran Colombia en 1821, la noción de lo colombiano queda pospuesta hasta 1863, año en el que se crean los Estados Unidos de Colombia; aunque en este momento tampoco existe una idea clara de lo que era ser colombiano, lo que hay es una conciencia vaga de un Estado pero no se crea una identidad.

Ese convencimiento de ser colombiano puede identificarse con precisión cuando comienzan a crearse los símbolos que hacen parte de nuestra identidad: el himno nacional, la bandera, el escudo y otros elementos que fueron oficializados durante la Regeneración de Rafael Núñez.

Por eso, “yo sostengo, y hay muchas personas que lo hacen, que quien se inventa la nación colombiana y la ‘colombianidad’, es Rafael Núñez a partir de la Regeneración. Él se encargó de transmitirlo a través de estos símbolos”, sostiene Miguel Silva.

Para finales del siglo XIX son identificados, por personajes como Núñez, ciertos elementos que estaban inmersos en la población y de los cuales iban a valerse las élites que crearon la Nación: el colombiano es católico, el colombiano está dentro de tales fronteras, es diferente al venezolano, al ecuatoriano…etc.

En Venezuela sucede algo similar. Allí es José Antonio Páez quien comienza a crear la nación venezolana en contraposición a la nación neogranadina: “todo lo que es venezolano, es lo que no es granadino”.

Estas narraciones se convirtieron en una herramienta de exclusión: el que no estaba dentro de esos cánones, no pertenecía a la Nación. Ejemplo de ello era lo que pasaba antes de la Constitu-

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ción de 1991, donde no se incluía de forma directa a los negros y a los indígenas, mientras que a partir de 1991 se dice que “la nación colombiana es pluriétnica y multicultural”.

Teniendo claro este panorama, descrito en textos como “Ensayos de historia política de Colombia, siglos XIX y XX” de David Bushnell, resulta fácil establecer que el mito es pensar que desde el siglo XIX todos somos colombianos, que nos liberamos y somos iguales.

En ese siglo no fue así, los panameños se creían una cosa diferente, los antioqueños otra y en general cada región se creía distinta.

Antes de Rafael Núñez había múltiples identidades regionales que, en la ausencia de un Estado, comienzan a tener vida propia y se manifiestan a través de constituciones regionales; es gracias a esto que las primeras constituciones definían un carácter de ciudadanía, no de nación.

Algunos autores sostienen que en el siglo XIX existía un Estado virtual que estaba en Bogotá. Los Estados que tenían poder realmente eran los Estados regionales llamados en la década de los años 50 como “Estados soberanos”, que decidieron redactar su propia constitución. Algunos ejemplos fueron Antioquia, Panamá, Cauca y Cundinamarca.

Lo grave de este asunto, y que posteriormente pudo tener relación con la fuerte violencia que ha caracterizado a nuestro país durante los últimos 60 años, es que no existió desde el principio un gobierno que integrara todos esos territorios. De esta manera cada uno tenía su propia constitución y por voluntad se agregaban para algunas cosas con el gobierno de Bogotá, que funcionaba en esencia como administrador de las relaciones diplomáticas.

Al parecer, como decía el reconocido y desaparecido Luis Carlos Galán Sarmiento “en Colombia hay más territorio que Estado”.

Se unieron quienes querían una independencia absoluta de la monarquía católica; quienes pretendían seguir siendo fieles al Rey pero querían ciertas libertades; y finalmente quienes apoyaban completamente la monarquía y querían que todo continuara como antes, motivados por intereses particulares. Además, dentro de los bandos estaban mezclados tanto españoles como criollos, mestizos, mulatos y zambos.

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La voluntad de unos para cambiar y de otros para aceptar

Levantar la mano para decir “yo ayudo” Sarita Jaramillo Ramírez / saritajllor@gmail.com Camilo Chamat Cujia /camilo.chcu@gmail.com

Foto: Cortesía del Programa Paz y Reconciliación

“Si uno llega a un auditorio y pregunta quiénes quieren la paz en Colombia, todos levantan la mano. Pero si pregunta ¿quién está dispuesto a generar un empleo y trabajar con un desmovilizado en su empresa, en su negocio o en su casa? Nadie levanta la mano”, asegura Paulo Serna Gómez, Director del Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con la Ley 1424 de 2010, para reintegrarse a la sociedad deben hacer trabajo social. Foto: Cortesía del Programa Paz y Reconciliación

Sus pies estuvieron descalzos hasta los 12 años. La comida era huevo con arroz y los regalos de Navidad eran juguetes usados. Para tener con qué ir a la escuela hacía mandados y vendía El Colombiano; pero para la universidad no había nada.

Roberto Hernández Ramírez* se pasó varios años de su vida comerciando ropa por todas las veredas de Abejorral, Antioquia. El cliente podía ser cualquiera, no importaba si era la guerrilla o las autodefensas, cliente es cliente y plata es plata. Él simplemente vendía ropa para vivir.

El 27 de mayo de 2001, el día de su cumpleaños, por el hecho de cuidar su vida, por miedo y porque cuando “ellos le piden a uno el favor eso ya es una orden y uno no se puede negar o lo matan”, Roberto terminó siendo patrullero y guía del Bloque Metro de las AUC por las veredas del oriente antioqueño, en las que antes había vendido su mercancía.

Al ver que todos peleaban con todos, el trato de los compañeros, los enfrentamientos y la falta de comunicación con su familia, en el 2003, se escapó con dos compañeros. Llegaron a Medellín directo a la Fiscalía un sábado en la tarde. Fue antes de que se dieran las desmovilizaciones colectivas.

Juan Chávez Vargas había jugado siempre bajo el sol. En Planeta Rica, Córdoba, hizo la primaria y el bachillerato, pero él sabía que ahí morían sus sueños. No había dinero para pagar una carrera universitaria, ni menos cómo subsistir en una gran ciudad. Las manos de los campesinos se llenan de callos y de ampollas, por eso él buscaba otra oportunidad.

Tenía claro que no quería ser campesino y tomó la decisión de irse para Montería. Joven e ingenuo conoció a su reclutador. “¿Está buscando trabajo? Es muy difícil de encontrar, ¿cierto? Venga le presento a alguien que está necesitando gente. Le dan todo, no lleve nada”. Llegó al grupo paramilitar Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, no tenía idea de qué iba a hacer. Le pintaron la buena vida y ya no había paso atrás. Así duró ocho años en el monte con fusil y uniforme.

En el 2006 todo el grupo tenía la orden de desmovilizarse. Juan no quería, tenía miedo. Pertenecía a un grupo armado, pero “estaba limpio”.

Entregando las armas lo iban a juzgar y le podían salir más cargos de los que realmente tenía.

Ahora, ellos son dos más de los 35 mil desmovilizados que, entre 2003 y 2007, dejaron las filas de las Autodefensas y de la guerrilla, individualmente o de manera colectiva, para entregar las armas y reincorporarse a la sociedad.

Estas personas, rudas e intimidantes, llegan con miedo, con incertidumbre y con un estilo de vida ya formado en las armas y la ilegalidad. Pero buscan una oportunidad, que les sean abiertas puertas para volver a empezar.

El problema es que si no hay voluntad de ellos para cambiar, y de la sociedad para aceptar, se produce más violencia de la que se pretendía sanar.

Re-integración, ¿re-exclusión?

La reintegración es el proceso mediante el cual las personas que participaron del conflicto armado como combatientes buscan el camino para recuperar el estado civil y volver a formar parte de la sociedad.

Este proceso en Colombia, reglamentado por la Ley 1.424 de 2010, busca la paz a través de garantías de verdad y en un marco de justicia transicional que le permite a los desmovilizados de grupos armados participar de la desmovilización, el desarme y la reinserción en la sociedad. Al mismo tiempo, deben contribuir con acciones de reparación a las víctimas y con el centro de memoria histórica.

Cuando un desmovilizado es certificado como tal por la Alta Comisión para la Paz, y con la ayuda de la Asociación Colombiana para la Reintegración, llega a lugares como el Programa Paz y Reconciliación del Municipio de Medellín, adscrito a la Secretaría de Gobierno. Este programa nació a principios del año 2004 a propósito de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas

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de Colombia, pero también trabaja con desmovilizados de la guerrilla.

El Programa Paz y Reconciliación está encargado de ayudar a las personas de los diferentes grupos armados en su reintegración. El participante recibe acompañamiento psicosocial de los profesionales del programa y acompañamiento educativo y en formación para el trabajo y el emprendimiento en la legalidad.

De acuerdo con su director, Paulo Andrés Serna Gómez, se busca que, una vez capacitados y reintegrados a la sociedad, los desmovilizados tengan oportunidades. “No es cuestión de que les den trabajo por la condición de desmovilizados, pero sí que les den las mismas oportunidades de todos para una entrevista”.

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta un desmovilizado cuando busca reintegrarse a la sociedad es la falta de oportunidades.

Una sociedad que estigmatiza, alimentada por unos medios de comunicación que refuerzan los prejuicios y reduce dichas oportunidades. A pesar de las leyes y posibilidades que ofrece el Programa, no solo son ellos los que tienen que poner de su parte, sino también toda la sociedad.

La cultura colombiana es heredera de un contexto de conflicto y desconfianza. Las víctimas directas de la violencia lloran las heridas y las lápidas de sus hijos y sus hermanos, mientras que las víctimas indirectas desconfían del paso de cada día, de cada esquina oscura y de cada desconocido.

Los desmovilizados, según Paulo Serna Gómez, son rechazados por su condición y algunas empresas no los aceptan cuando se enteran de su pasado. Se escuchan historias de mujeres y hombres que entran a estudiar a la universidad y sus compañeros cancelan las materias para no estar en el mismo lugar que “un malo de estos”. Es por eso que, para no ser estigmatizados y vistos de mala manera, los desmovilizados esconden su pasado.

Juan Chávez, el niño que antes jugaba bajo el sol, el que no quiso ser campesino y el mismo que estuvo ocho años con un fusil, dejó las Autodefensas con miedo, pero lo logró. Se acaba de graduar en el Programa Paz y Reconciliación, estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás y trabaja en la Secretaría de Movilidad.

“Afortunadamente no es mi caso, yo tuve el privilegio de darme a conocer primero como persona y luego se dieron cuenta de que era desmovilizado, pero como ya me habían visto antes como bueno, no me juzgaron”.

Pero Juan se atreve a decir que a un alto porcentaje lo rechazan, que casi al 80% de los desmovilizados lo estigmatizan por el simple hecho de serlo. “Es triste que si uno ha hecho un esfuerzo grande por reintegrarse a la sociedad para estar bien, que no lo vean. Es muy desmotivador que no se mire a la persona sino al colectivo”. ¿Qué van a hacer estas personas si se les cierran las puertas en la sociedad? ¿Si los que consiguen oportunidad y aceptación son la excepción y no la regla? Muchos de ellos reinciden y la consecuencia es que se genera más violencia.

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Los desmovilizados entran a un programa para recibir acompañamiento psicosocial, educativo y laboral. Foto: Cortesía del Programa Paz y Reconciliación

Es cuestión de voluntad “Hay unas personas que nunca se van a reintegrar. Hay unos que reinciden, cometen delitos y también hay los que tienen dificultades clínicas y psicológicas o consumen sustancias psicoactivas.

Un 20% de los desmovilizados ha sido condenado por delitos cometidos después de haber dejado las armas. No todo es color de rosa, pero tampoco se puede generalizar”, explica Paulo Serna Gómez.

Roberto Hernández es otra excepción. Se escapó de las AUC, llegó al Programa Paz y Reconciliación y ahora estudia Derecho en la Universidad de Medellín con una beca otorgada por el periódico El Colombiano. Hoy trabaja en la Agencia Colombiana para la Reintegración.

“Es muy posible que, si a las personas les cierran puertas y no les dan oportunidades, vuelvan a generar más violencia. Es que la sociedad todavía no está preparada para recibirnos, entonces muchos tenemos que bajar la cabeza y no contar que somos participantes”, asegura Roberto Hernández.

Si hay voluntad de querer dejar el pasado atrás se logra. Pero si se busca el facilismo, al primer obstáculo se da por vencido y busca volver a la vida que tenía, se reincide. “Es algo de todas las partes. De nosotros para mostrar que estamos haciendo cosas bien, del Pro-

Los estigmas y prejuicios hacen que miremos al colectivo y no a la persona

grama para que nos ayude con el acompañamiento y nos busque oportunidades de trabajo en las empresas y de la sociedad para que nos vean haciendo el bien y no nos juzguen”, agrega Roberto Hernández con humildad.

La vinculación de la empresa privada Sodexo, empresa prestadora de servicios, trabaja desde hace siete años con población desmovilizada en un programa llamado Programa Soluciones. Empezó por una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que invitaba a las empresas para que hicieran parte del proceso de adaptación de estas personas en la vida civil.

De la mano con Suramericana, Sodexo administra y coordina el proceso que ya cuenta con 120 empleados entre desmovilizados de la guerrilla, las autodefensas y víctimas del conflicto.

“Lo que decidimos hacer desde el principio fue confiar y tomar un riesgo, un riesgo que creemos, vale la pena. Esto no tiene que ver con que la sociedad se tiene que preparar para recibirlos. Nadie está preparado, es estar dispuestos. Es hacer algo diferente y dar un verdadero apoyo”, afirma Dálida Villa Vanegas, jefe de Desarrollo Sostenible de Sodexo.

A veces el proceso de adaptación es difícil por el cumplimiento de horarios, de reglas, el seguimiento a una autoridad y relacionarse con los compañeros. “Yo les digo que hay que jugársela por el presente y el futuro que pueden llegar a construir. La mayoría de los chicos que ingresaron hace siete años sigue trabajando con nosotros y es un programa que ha tenido muy buenos resultados”, afirma la funcionaria de Sodexo.

Ellos entran con la tranquilidad porque no tienen que esconder su situación. Al entrar al Programa Soluciones, no les importa nada de lo que fueron sino lo que son. “Dar empleo a estas personas es el camino para que no generen por su parte más violencia en la sociedad”, asegura la señora Villa Vanegas.

Todos deben poner de su parte. Finalmente es un proceso conjunto entre víctimas y victimarios. De acuerdo con el profesor Oscar Muñiz, coordinador de la línea de investigación del proyecto de Justicia restaurativa en el Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en el oriente antioqueño, realizado por la UPB en convenio con el ICBF y la Gobernación del departamento, el proceso de paz y reconciliación debe darse con la víctima y el victimario juntos. Sugiere que para un proceso de reintegración efectivo, el victimario debe responsabilizarse de sus actos ante la comunidad, las víctimas deben apoyar y promover la convivencia y el Gobierno debe garantizar la paz. Es así como se logra el perdón y la reconciliación y se evitan las rencillas, los rencores y los prejuicios.

“Nos tenemos que quitar ese estigma para por lo menos convivir. Reconciliarnos es algo muy difícil de lograr de un día para otro, pero por lo menos sí debemos intentar no matarnos unos a otros y vivir bien”, concluye Paulo Serna Gómez, director del Programa Paz y Reconciliación.

No se dice que no hay oportunidades, es saber aprovecharlas y proporcionarlas. Es levantar la mano para decir “yo”, yo ayudo y sí quiero la paz.

* El nombre fue cambiado por seguridad y petición de la persona.

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Educación y conflicto

Mambrú no fue a la guerra Carolina Campuzano Baena / karo_k911b@hotmail.com Catalina Rodas Quintero / catarodasq@gmail.com

Foto: Catalina Rodas Q.

“Se están formando seres humanos para la competencia, para generar dinero, poder y fama; somos seres humanos capitalistas. Incluso se nos ha arrancado del alma ese amor por lo que hacemos”, expresa Hernán Rincón Atehortúa, director del programa de Educación Inclusiva de la ONG Cedecis, cuando habla sobre el objetivo de la educación. La formación en Medellín se ha centrado en cumplir con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación, representados en los resultados de las pruebas Saber, Icfes y Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) y en la infraestructura de las instituciones.

“La prueba Pisa sirve para Uganda, Suiza, Estados Unidos y Medellín, entonces si el estudiante de Uganda la puede contestar, ¿el de Medellín por qué no? Lo que se contextualizan son los resultados, para dar un panorama de país de acuerdo con el entorno”, afirma Luz Elena Gaviria López, Secretaria de Educación de Medellín; sin embargo, según los informes presentados por Piedad Patricia Restrepo Restrepo, coordinadora de Medellín Cómo Vamos, los estudiantes de la ciudad no han alcanzado ni el nivel mínimo para pasar la prueba; además, se evidencia la brecha que hay entre la preparación de los colegios privados frente a los oficiales, pues estos últimos tienen más bajos resultados. Es una consecuencia de que el

Medio siglo de conflicto armado en Colombia no ha sido suficiente para que la educación suscite una reflexión al respecto, para que se piense según las características del contexto y para que se promueva una movilización social que permita desnaturalizarlo.

Estado ha evadido su responsabilidad con la educación, y la han asumido los privados, como las comunidades religiosas.

Por otro lado, las escuelas tradicionales no han promovido la reflexión y el tratamiento de la temática del conflicto ni han hecho un análisis al contexto social que vive la ciudad, en el que se tengan en cuenta las problemáticas de cada territorio. “La educación se ha quedado corta en el sentido de abordar los fenómenos de conflicto como problemática central. Desde la temprana escolaridad se puede cambiar la concepción de las personas, pero en Colombia estamos llegando tarde a esa reflexión, porque ésta empieza en la Universidad, a la cual no toda la población tiene acceso”, dice José Yesid Carrillo, especialista en Derecho Internacional Humanitario.

Este cumplimiento de competencias no ha permitido que las escuelas propongan una manera innovadora para abordar las causas y efectos de

la violencia, de modo que se haga una construcción conjunta con estudiantes y maestros para transformar, comenta Beatriz Elena Betancur Gañán, profesora de Ecología y Medio Ambiente e integrante del equipo de trabajo de la ONG Cedecis. Además, el diálogo sobre estos temas se ha visto obstaculizado por la dificultad que tienen los maestros para hablar de un conflicto que sigue en pie.

El temor es otra de las razones, pues los actores involucrados en la violencia no están interesados en que la población comprenda las causas porque esto provocaría rechazo y resistencia. Otro motivo que ha estancado la reflexión es la censura que en la sociedad se hace a quienes hablan sobre derechos humanos, pues se cree que son sólo discursos de guerrilleros y subversivos, añade José Yesid Carrillo.

“Los profesores están en una doble desprotección: por un lado, no tienen respaldo de las autoridades educativas al momento de hacer públicas sus denuncias, entonces silencio. Por otro,

la formación pedagógica desborda la gravedad del conflicto, porque además es un trabajo psicosocial y de seguridad”, asegura Jaime Alberto Saldarriaga Vélez, Ph.D. en Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad Nacional e investigador de la Corporación Región.

Otro de los problemas que presenta la educación es la manera como se imparte, pues no hay tiempos ni espacios suficientes en las instituciones para dialogar acerca de los temas que no estén incluidos en el plan de estudios. Lo poco que se trata sobre esta historia de conflicto en Colombia se hace con la memorización de nombres y fechas, pero no se ha tenido en cuenta que en Medellín las escuelas no son ajenas al conflicto.

Los establecimientos educativos son focos de reclutamiento no sólo porque los actores armados hacen allí el llamado, sino también porque los modelos educativos no propician que los niños sientan amor por el conocimiento, sino que la homogeneización, los castigos, el no encontrar una fuente de realización personal y el autoritarismo, hacen que éstos no vean como primera opción estudiar sino tomar un arma.

Según la Secretaria de Educación de Medellín, “en las instituciones educativas hay programas para trabajar el tema del conflicto como Escuelas para la Vida, que articula los liderazgos natu-

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rales que hay en las instituciones educativas como personeros, representantes de grupo, contralores, deportistas, artistas y niños necios. Es un programa de convivencia que se basa en temas ambientales, culturales, deportivos y de salud sexual y reproductiva”. Además, la Alcaldía de Medellín proyecta tener un psicólogo por colegio, para acompañar a los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia; programas que según Jaime Saldarriaga Vélez sólo mitigan lo inmediato, mas no se trabaja el impacto en aquellos que han vivido insertos en las problemáticas.

Sin embargo, sólo a la escuela no se le puede dejar la responsabilidad de la reflexión sobre el conflicto; la sociedad, los medios de comunicación y la familia tienen un papel primordial en la educación y en la formación de ciudadanos críticos.

Más presupuesto para la guerra que para la educación Pero la falta de educación no es la principal causante del conflicto porque hay otros trasfondos como la exclusión en la participación política de diversos sectores, la desigualdad en la distribución de tierras, la corrupción, el interés particular de los grupos económicos y políticos, la falta de reconocimiento de la diversidad, un sistema económico que no ha permitido el desarrollo social y soluciones superficiales por parte del Estado.

Esto ha provocado que en Medellín la violencia sea cotidiana pues desde los años 80 las generaciones conviven con actores armados legales, ilegales y modelos de vida narco.

La aceptación de estas formas de vida se debe, en parte, a que las comunidades han visto a los actores ilegales como garantes de la seguridad, la justicia y la moral, en especial en aquellos lugares en los que el Estado se encuentra ausente como en los barrios populares y periféricos de la ciudad y más aún en los temas educativos. El enfoque central de los gobiernos no ha sido la inversión social sino que el presupuesto

se destina a la defensa y el crecimiento económico. Sólo hasta el 20 de diciembre de 2011 con la expedición del decreto 4807, en la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón, se declaró que la educación oficial sería gratuita desde transición hasta undécimo.

A esto se suma el poco presupuesto que se asigna en el PIB a la educación (3.5%) y a la investigación en las áreas sociales y humanas, pues los principales proyectos a los que se les da validez, son aquellos que tienen que ver con ciencia y tecnología. Aunque en Medellín se ha demostrado que se cuenta con los recursos necesarios para tener una cobertura, una infraestructura y maestros adecuados, el problema está en que, a pesar de esto, no se ha hecho una transformación estructural, pues la educación no se muestra cercana al sujeto, a su territorio, sino como un proceso poco personal que no llama la atención.

Sin embargo, la población ha creado propuestas para combatir las debilidades de la educación formal que se da en las instituciones tradicionales.

Se han aplicado conceptos pensados para adecuarse al contexto latinoamericano como es el caso de la educación popular. En la ciudad, la Corporación Simón Bolívar lleva 32 años considerando la educación como un ejercicio de pensamiento y acción, en el cual se analizan los territorios y se idean apuestas para la transformación de los sujetos y las poblaciones. Para Diana Caro, comunicadora popular de dicha organización, la educación es fundamental como posibilidad de pensar la ciudad, el país y principalmente el barrio, considerados también como escenarios educativos más allá del aula. Se busca la concientización de las personas, la formación en derechos y deberes. “Esto no es un discurso contra el Estado, sus propuestas también tienen validez, pero todavía se necesita más amor, más recursos y personas críticas”, agrega.

Otros conceptos que se han implementado son educación inclusiva y metodologías flexibles. El primero se trata de que en las instituciones se reconozca el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, donde las

ESPECIAL VIOLENCIA diferencias en los niveles de aprendizaje no sean un impedimento para ingresar a la escuela, y que tanto hombres como mujeres tengan las mismas garantías. El segundo se refiere a que “el profesor ya no sea un juez castigador que ponga cero cuando un estudiante no hace la tarea, sino entrar en un proceso de diálogo, de preguntarle por qué no la hizo, para así encontrar las causas de sus problemáticas que pueden ser violencia intrafamiliar o hambre”, explica Hernán Rincón Atehortúa, quien desarrolla con Cedecis el proyecto Protegiendo el derecho de la educación de niños, niñas y adolescentes durante la agudización del conflicto en Colombia, en los colegios Gabriel García Márquez, de la Comuna 8, y Marina Orth, del corregimiento de Altavista.

Lo que pasa con esta educación es que para obtener recursos le toca competir con otras instituciones, y la forma de evaluación para el acceso es a partir de los estándares de calidad que se han mencionado, como las pruebas Icfes y Saber, en las que no alcanzan buenos resultados por sus otras preocupaciones en la formación.

Otra de las dificultades que ha tenido la educación para incidir y suscitar cambios en el conflicto, es que ella misma es víctima de la violencia, pues el acceso al conocimiento no será la prioridad de una población que primero tiene que resolver sus necesidades básicas y de seguridad. Esto se ve en las cifras de deserción escolar que aumentan cada año en Medellín. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo en el año 2010 ésta estaba en el 3.4%, en 2011 aumentó hasta el 4% y el año anterior las cifras alcanzaron el 4.4%.

Sin embargo, estos datos no son reconocidos por las instituciones oficiales. Luz Elena Gaviria López, Secretaria de Educación municipal, asegura que la cifra correspondía en 2012 a un 3.8%.

“En Medellín el tema no es de deserción escolar sino de movilización social. En la ciudad no pasa que los niños no vuelvan a la escuela sino que cambian de institución educativa; hay movilidad por los temas de violencia, pero los niños donde llegan siempre tienen un cupo para estudiar, en cualquier institución”, dice Gaviria.

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Educar para la transformación Ahora bien, la educación no es la varita mágica que hará desaparecer el conflicto, pero dentro de los procesos de conocimiento y reflexión que permite, tiene un papel determinante para la movilización social, la acción política, la resistencia y la emancipación.

“Mientras más educación uno tiene, existe la posibilidad de tramitar el conflicto de manera pacífica y no violenta, esa es la relación entre conflicto y educación, pues con ésta siempre se agotará primero la vía de la negociación, la dialéctica y la argumentación antes de pensar en la vía armada y la violencia”, afirma José Carrillo. A través de la educación se pueden abordar las realidades sociales con diversas perspectivas, de modo que las personas tengan herramientas para formar una opinión crítica e informada sobre la que el diálogo prime en la defensa del ser humano.

Desde las organizaciones sociales como Cedecis y Simón Bolívar, la educación no sólo es vista como la principal herramienta de movilización social, sino también como la columna vertebral que apoya a la sociedad para construir desarrollo y conocer propuestas alternas a las vías armadas. Todo esto es posible si la formación se hace desde el reconocimiento de las subjetividades, el replanteamiento de los padres sobre lo que quieren que sus hijos sean; si se mejora la educación oficial para pensar la integralidad de cobertura y calidad, para que la educación no sea un privilegio sino que retome la inclusión, la participación, la deliberación pública que influya en la autocrítica y el reconocimiento de las diversas potencialidades de los grupos sociales.

Por esto, como afirma Francisco Cajiao Restrepo, analista educativo y miembro de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación “se debe mostrar a los niños que es más útil estudiar que ir a la guerra”, para que así sean más los que digan no al dolor ni a la pena, ni ir a la muerte como Mambrú sino a la escuela.

Foto: Catalina Rodas Q.

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Víctimas y no victimarios

Niños maltratados, niños combatientes Laura Betancur Alarcón / Laurabeta.alarcon@gmail.com Juliana Gil Gutiérrez / Julianagil95@gmail.com

Nacen en familias que maltratan, crecen en barrios donde la delincuencia impera y allí mismo inician una carrera criminal para superar la pobreza. Los niños víctimas del reclutamiento forzado son vulnerados en sus derechos desde antes de hacer parte de grupos criminales.

“Escuché un escándalo y pensé: ¿ahora qué habrá pasado? Salí a la ventana y lo vi correr de una calle a otra. Era apenas un niño de 8 años y huía con un bolso en la espalda. Los policías iban detrás, pero no lo alcanzaron. Luego de un rato, lo vi pasar con unos billetes en la mano, los consiguió por llevar un arma a otro integrante del combo. Me dijo que era para comprar unos panes…”.

Esta historia, relatada por una líder comunitaria del noroccidente de Medellín, da cuenta de cómo niños y niñas empiezan a unirse indirectamente a los combos delincuenciales ilegales.

El caso se repite de otras formas, pero es el mismo fenómeno: el inicio de un reclutamiento forzado que, de manera disimulada y silenciosa, se da en la cotidianidad de los barrios.

Es un delito convertido en costumbre, en rumor, en secreto. “No todo el mundo lo sabe, unos nos hacemos los bobos, a otros nos da miedo, otros nos quedamos mudos porque no tenemos para dónde irnos… Es mejor silenciar esa palabra reclutamiento, pero que lo hay, lo hay en la Comuna”, opina la líder comunitaria.

Según el ex personero de Medellín, el abogado Jairo Herrán Vargas, los combos delincuenciales urbanos utilizan a los niños en diferentes tareas desde los siete u ochos años, incluso en la primera infancia como denunció en abril de este año el director del ICBF, Diego Molano Aponte. Son utilizados para cargar armas y municiones, transportar estupefacientes, llevar mensajes o dinero entre los miembros del grupo, hacer seguimiento a personas, cobrar vacunas y extorsiones, entre otras tareas. Así empiezan su carrera en los combos y luego llegan a cometer delitos mayores como hurtos u homicidios.

Negarse a realizar estas acciones, según el Informe de Derechos Humanos de 2012 en Medellín, elaborado por la Personería, constituye una de las principales razones para que los niños sean amenazados en la ciudad. Este mismo documento advierte el riesgo de ingreso a las estructuras criminales, aun cuando no estima cuántos niños, niñas y adolescentes hacen parte de estos grupos.

Sin embargo, en marzo de este año el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo calcu-

¿Por qué los reclutan?

Razones de los grupos criminales Son diversos los beneficios que representa la vinculación de los niños para una banda criminal o un grupo armado ilegal. De acuerdo con Carlos Durán Franco, personero delegado en lo penal, los niños son importantes en la comisión del delito por su habilidad para ciertas operaciones y su inimputabilidad, es decir, que siendo menores de 14 años no puedan ser juzgados.

No obstante, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y las directrices que ha sentenciado la Corte Constitucional (por ejemplo la sentencia C-203 de 2005), la responsabilidad penal de las acciones violentas no puede recaer en el individuo, sino en las organizaciones criminales que han establecido la práctica de reclutamiento. De esta manera, la justicia en Colombia debe reconocer al menor de edad como una víctima y no un victimario, a pesar de los delitos cometidos.

Otras de las razones para los delincuentes, según la investigación de la periodista Natalia Springer en su libro Como corderos entre lobos: del uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia, publicado en 2012, es fácil extraer a los niños de hogares pobres y, a su vez, la falta de una formación emocional en los hogares hace más sencillo para los criminales desmontar el pudor, la vergüenza o el miedo que siente el niño frente a la víctima.

Esta investigación también revela que para los grupos armados es más económico tener entre sus filas a niños y jóvenes, quienes en la mayoría de los casos no reciben remuneración por sus tareas y se enferman menos que otros combatientes.

La periodista Springer encontró que quien ejerce la función de reclutador dentro del grupo recibe incentivos por el ingreso de cada nuevo niño y el mantenimiento de las bases de apoyo en el territorio. Es así como el reclutamiento permite que la estructura criminal se fortalezca y expanda su dominio en el espacio donde opera.

Ilustración: Thomás Restrepo, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

ló que alrededor de 18.500 niños, niñas y adolescentes de las Comunas 8, 13, 16 y los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, se encuentran en situación de riesgo de ser cooptados por los grupos al margen de la ley. Incluso, según Carlos Durán Franco, personero delegado en lo penal de la Personería de Medellín, este fenómeno se da en un 70% de los barrios populares.

Riesgo en las calles y en los hogares Para Durán Franco, en general las causas del reclutamiento son la falta de oportunidades para superar la pobreza extrema. Al no encontrar maneras lícitas para hacerlo, niños y jóvenes optan por buscar soluciones en las calles de sus barrios.

Pero en estas calles los recibe un contexto en el que existe un tránsito continuo de actores armados; donde se dan el microtráfico, el narcomenudeo y los cultivos de uso ilícito; donde hay persecución de la Policía o amenazas de un combo a otro; donde es evidente la precaria atención del Estado en servicios de salud, educación y recreación.

Son calles donde la violencia ha imperado desde que los niños y jóvenes

tienen uso de razón. “Quien ahora está mandando en las calles es el niño que en tiempos de la Operación Orión veía disparar. Quien le tenía miedo a las armas, ahora las tomó”, opina la líder comunitaria del noroccidente.

No obstante, las razones del reclutamiento se encuentran antes de que el niño salga de su hogar. De acuerdo con un informe de 2013 de la Fundación Agencia de Comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación (Pandi), “el 83% de los niños y jóvenes que estuvieron en los grupos armados fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Esta cifra confirma que el primer factor expulsor de

El reclutamiento de niños y adolescentes es distinto si sucede en la ciudad o el campo. En las zonas rurales, la guerrilla es la principal reclutadora y utiliza a los niños en actividades domésticas; en cambio, en las urbes los niños son seducidos con beneficios o amenazados por los combos delincuenciales.

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Ilustración: Rudy Chavarría, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

los niños y las niñas de sus hogares para que sean víctimas del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales es su propia familia”.

Estas familias son conocidas por la psicología como “familias expulsoras”.

Según una psicóloga, que pidió reserva de su nombre, y que trabaja en programas estatales con niños víctimas del reclutamiento, en estos núcleos familiares se presenta maltrato físico, abuso sexual, explotación laboral y sexual (porque en múltiples ocasiones los niños deben llevar un sustento a su hogar), ausencia de los padres (en su mayoría son familias de madres solteras, que deben dejar solos a sus hijos por largos periodos de tiempo), dificultades económicas e incluso consumo de drogas y alcohol por parte de los cuidadores.

Sin embargo, también influye en este delito la percepción de los niños y los adolescentes. En el trabajo desarrollado por la campaña “Soñar es un derecho”, de la Fundación Mi Sangre, con asociaciones de víctimas, líderes y organizaciones sociales, en 19 municipios del departamento, se ha encontrado que ellos se sienten motivados a pertenecer a estos grupos “por la sensación de sentido de pertenencia y reconocimiento, el gusto por las armas y la idealización del armado, el enamoramiento, la búsqueda de seguridad, el huir de situaciones de maltrato y las promesas de dinero”, afirma Catalina Cock Duque, directora ejecutiva de esta fundación.

“Se reclutan solos”

“¿Qué hace el niño si en la escuela el mismo profesor le hace bullying, si en el colegio lo maltratan los compañeros, si no tiene comida en la casa...? No hay

necesidad de reclutarlo, el niño se recluta solo…”. La líder comunitaria también afirma que ya no existe una persecución puerta a puerta como 10 años atrás en su barrio, pero que ahora es el hambre y la desprotección lo que incita al joven a entregarse a sí mismo.

Sin embargo, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, la voluntariedad no es aceptada en casos de reclutamiento forzado de niños. “En ningún caso es voluntario. En tal sentido los niños, niñas y adolescentes son siempre víctimas del delito de reclutamiento y utilización”, asegura Cock Duque.

En una investigación de la Defensoría del Pueblo en 2006, que buscaba evidenciar las circunstancias en las que se encontraban niños y niñas antes de entrar a los grupos armados, se asegura que aun cuando “el 83,7% de la población estudiada mencionó haber ingresado al grupo armado de manera voluntaria, el análisis sobre las condiciones familiares, sociales y afectivas de la población permiten concluir que existen contextos de vulnerabilidad social y cultural (…) que obligan a cuestionar y relativizar el carácter ‘voluntario’ del ingreso”.

En estos contextos de riesgo son pocas las acciones del Estado, concluye el ex personero Jairo Herrán Vargas.

“No hay mecanismos adecuados, no existen programas ni infraestructura ni recursos públicos que permitan garantizarles a estos niños la estadía por fuera del grupo”, denuncia.

Esto se muestra en la insuficiencia de programas que atienden a esta población en la ciudad. En el último informe de Derechos humanos de la Personería en 2012, se denuncia que el proyecto “Crecer con dignidad”, de la

Alcaldía de Medellín, sólo tuvo capacidad de 406 cupos frente a una cifra de 6.907 casos que requirieron atención por vulneración de derechos en la ciudad durante el año pasado.

Sumada esta desatención del Estado al contexto de violencia intrafamiliar y de delincuencia en los barrios, ni-

ños, niñas y adolescentes son proclives de ser reclutados por la falta de garantías de todos sus derechos. En sus casas y en las calles de sus barrios son pocas las opciones para vivir una infancia digna, puesto que la pobreza, el hambre y la falta de cuidado hacen que ellos opten por “reclutarse”.

La vida de los niños antes del reclutamiento De acuerdo con una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en 2006 con niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, que hacían parte del programa de atención del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, las carencias económicas, sociales, familiares y afectivas eran factores que influían en su ingreso a los grupos armados ilegales.

Al comprar las estadísticas más relevantes del estudio, con los derechos fundamentales de los niños, se evidencia el grave contexto de vulneración de los menores, quienes huyeron de hogares violentos a otros contextos que lo eran más.

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Protección contra todo abuso sexual. Cerca del 70% de los niños, niñas y adolescentes que habían sido reclutados, afirmaron haber tenido relaciones sexuales entre los 5 y los 13 años, lo cual indica para los investigadores que fueron víctimas de delitos sexuales antes de ingresar al grupo armado.

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Derecho a la educación y la cultura. La cercanía con el conflicto armado y las precariedades económicas fueron las razones para que la mayoría de niños abandonaran la escuela. Antes de ingresar al grupo armado (en promedio a los 12 años), en un 65,6% este grupo de niños y niñas habían cursado algún grado de primaria, un 10% no había estudiado ningún curso y solo un 24,9% llegó a estudiar en bachillerato.

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Protección contra explotación laboral. Según el boletín de la Defensoría del Pueblo: “La explotación en trabajo infantil fue una constante en la vida de estos niños y niñas antes del reclutamiento, más del 90% afirmó haber realizado por lo menos un tipo de actividad productiva”.

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Protección contra violencia física y maltrato. Del grupo estudiado el 66,8% manifestó haber sido golpeado al menos una vez en su vida y una cuarta parte expresó que la violencia fue una práctica frecuente en sus hogares.

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La oscuridad de la “eterna primavera” Pablo Andrés Monsalve Mesa / pablo_monsalve007@hotmail.com

Una ciudad negra, gris, triste y en algunos momentos desolada es la que oculta Medellín en su variedad de colores.

Al caminar por sus calles y mirar con calma sus edificios, sus mercados y sus miles de locales, se siente una energía desalentadora. Su conflicto ha creado una oscuridad que a simple vista no se nota pero que está presente. Al observarla desde las alturas, en la noche o en el día, se ve armónica, aunque guarda una profunda melancolía por la sangre que ha sido derramada en sus cimientos, aceras, recodos y callejones…

Desde el Parque Berrío mirando al norte.

Desde Biblioteca España mirando al sur.

Desde La Playa mirando al occidente.

Desde El Palo mirando al oriente.