Contexto Ed. 67 by Periódico Contexto

PERIODISMO UNIVERSITARIO

ISSN 1909-650X

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo

Medellín, Sept. - Octubre de 2018

No. 67

Distribución gratuita

Foto: Margarita Restrepo.

POR EL AIRE DE ESTE VALLE

En una época diferente a la que habitualmente está dominada por noticias sobre contingencias ambientales por la calidad del aire, Contexto presenta un recorrido para conocer cuáles son los esfuerzos que se hacen en todos los municipios del Valle de Aburrá, para mejorar el aire que respiran sus habitantes. Conozca qué se hace para mejorarlo, más allá de lo urgente, cómo se explican las alertas de su deterioro y

las preguntas que suscitan la acción del Estado para intervenir el problema. Descubra el patrimonio representado en los bienes de interés cultural que están por toda la ciudad, encuentre la nueva mirada del mundo a través de la caricatura, gracias a los participantes del VIII Salón de Cómic, Manga y Caricatura UPB.

Lea en Contexto

Este tiempo

Otras demoras de la paz La lentitud predomina en el proceso de reincorporación

Desde la Raya

“Era un sueño, pero se convirtió en una pesadilla”, Liliana Zapata

Una liga de fútbol profesional femenino en Colombia

Este tiempo

Masacres y asesinatos por paramilitares, ahora son delitos de lesa humanidad Claves de una declaratoria trascendente

OPINIÓN

Ser ciudadano, afrenta a la corrupción Juan Pablo Ramírez Carrasquilla / juan.ramirezc@upb.edu.co

¿Se ha naturalizado en nuestra cultura la corrupción? De acuerdo con las cavilaciones que en la Trigésima Cuarta Edición del Simposio de la Escuela de Ciencias Sociales se expusieron, definitivamente, sí. Respuesta que, según las intervenciones de ponentes, panelistas y asistentes al evento obedece a un elemento constante: la responsabilidad individual de la persona frente a la corrupción.

El vivo vive del bobo Sara Molina Gómez / sara.molinag@upb.edu.co

“Es una lástima que la corrupción y la estupidez no duelan, si dolieran, Colombia sería un alarido”(German Castro Caycedo). La corrupción es la causa por la cual las sociedades son inequitativas. No tenemos la necesidad de salir de nuestra ciudad, para darnos cuenta de esto. En el XXXIV Simposio de la Escuela de Ciencias Sociales,

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Y es que, aun cuando la frase: “El cambio está en ti” nos suene a lugar común de escritor de libros de autoayuda, algo de verdad posee, si en ella redundan los argumentos presentados en las ponencias y paneles del Simposio. Bien lo expuso David Ortiz, doctor en Economía y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, al decir que la corrupción es una problemática que no solamente atañe a los altos mandos de las instituciones, sino que se gesta desde los individuos. Y lo hizo también Gonzalo Soto, doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, al resaltar que por corrupción no se entiende solo coima, sino también, la degeneración de las costumbres ciudadanas. Como solución a tamaño problema, propongo acostumbrarnos a ser ciudadanos. Para ser ciudadano, como lo expone la filosofía aristotélica, se debe partir de un interés genuino en la consecución de un bien común. Se debe, más que coexistir con el otro, establecer lazos de alteridad: ser consciente de que a partir de las diferencias es que se

construye una sociedad incluyente. Se debe, en definitiva, hacer de la ética una práctica de todos los días y no una teoría, que por obligación se estudia. Mas no podemos pretender que lo anterior suceda fortuitamente y nos convirtamos en una utópica Colombia incorruptible. Si queremos llevar nuevamente la discusión hacia las instituciones, que sea para entender a la familia (independientemente de sus integrantes y composición) como la rectora de los principios y educación que determinarán el actuar del ciudadano. Que entendamos que la educación está más allá de los títulos y reconocimientos académicos y que, en procura de una sociedad no corrupta, se debe buscar también una que sea justa con las personas que la componen. Que sepamos que ser ciudadano es también ser consciente de los derechos con los que se cuenta y, de manera consecuente, exigirlos a través de los medios pertinentes. En definitiva, comprendamos que en el Estado se ve representada la corrupción, pero que en la ciudadanía está el poder (y deber) de combatirla.

Ramón Arturo Maya Gualdrón, decano, de la misma Escuela, manifestó que, “La corrupción es una enfermedad de la tensión arterial: no se ve, es silenciosa, pero puede acabar con todo”. Sin embargo, el gran problema de la corrupción radica en que tenemos entendido que es algo propio de los políticos, de los altos rangos y que no es trabajo de toda la ciudadanía tomar acción para erradicarlo. La corrupción en Colombia, más que naturalizada, está y hace parte de toda nuestra cultura. Acá, donde el vivo vive del bobo, no importa pasar por encima de todos, para acceder a más beneficios individuales; acá, donde se las dan de “avispados” para tumbar a los demás; donde algo solo es malo, cuando me lo hacen a mí, y es aquí donde empieza la corrupción. Este fenómeno proviene de una acción humana que transgrede normas legales y principios éticos. Por ende, es tarea de todos pensar en el otro, darle solidez a la sociedad, repeler todo nuestro egoísmo y respetar la humanidad de los demás. De nada sirven las leyes y los aparatos coercitivos, cuando el problema son las costumbres. Es tarea

de la educación formar ciudadanos que piensen colectivamente. La educación debe ser vista como la guía de la cultura, que nos forme para hacer el bien para todos. El objetivo de educarnos no es llegar a ser eruditos o sabios, es aprender a relacionarnos en sociedad, entender nuestro entorno y querer mejorarlo, es buscar cómo ayudarnos entre todos y pensar qué acciones tomar, para que estemos bien. Ver al otro como igual, es el principio para acabar con la inequidad. Nuestros políticos no nos hacen ningún favor al cumplir sus labores, porque están haciendo su trabajo, es misión de todos hacer respetar los recursos que nos son propios, nuestra obligación es abrir los ojos del individualismo que nos caracteriza, aprovechar los espacios donde se conoce la realidad del país y promover el diálogo para la transformación social, porque los estudiantes de hoy son los líderes del mañana. Combatir la corrupción empieza por crear orden, en vez del caos; la rectitud, en vez de la injusticia; la equidad, en vez del enriquecimiento propio; y obrar por una Colombia para todos.

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EDITORIAL

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¿TENEMOS HERRAMIENTAS PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN? periódico.contexto@upb.edu.co

La notoria mayoría que votó por el sí a las siete propuestas legislativas para favorecer la lucha contra la corrupción, fue interpretada como un mandato casi tan válido, como el que se hubiera obtenido en caso de que la votación hubiera llegado al umbral requerido, para la formal aprobación de las proposiciones sometidas a consulta popular. En efecto, los 11 672 122 votos fueron el 32,04 % del censo electoral, pero el voto por el sí, del 99,16 % de ese total, un caudal mayor que el de cualquier candidato a la presidencia en los últimos años. Fue un pronunciamiento que la dirigencia política nacional, particularmente el electo presidente de la República, asumió como un derrotero de acción. El voto del 26 de agosto fue visto, por muchos, como la oportunidad más cercana que hayan tenido para hacer frente al fenómeno de la corrupción en la gestión pública. Ello podría verse

como un efecto positivo de la pedagogía hecha por los promotores sobre el tema, apoyados en la agenda mediática que enfatizó en el asunto, al informar, de paso, los capítulos más recientes en la historia infame de la corruptela nacional. No obstante, es necesario preguntarse qué tanto conocemos otros mecanismos para hacerle frente a la corrupción, qué tan informados estamos sobre lo que cotidianamente podemos hacer ante situaciones que nos impresionan desde los titulares de prensa, las cifras astronómicas y la jerigonza jurídica que intimida. Si apenas empiezan a sorprendernos los alcances de la corrupción, ¿tenemos herramientas para saber dónde nace el fenómeno? Durante un diálogo con estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), a propósito de su más reciente libro, que revela los detalles del

HOMENAJE La Facultad de Comunicación Social – Periodismo y su laboratorio Contexto, presentan un saludo de condolencia a los colegas de la Facultad de Comunicaciones y el sistema de medios De la Urbe de la Universidad de Antioquia, ante el fallecimiento del profesor Juan Camilo Arboleda Alzate, destacado docente, estudiante de doctorado en la Universidad EAFIT y periodista, no solo en medios digitales, sino por su trabajo en radio, que le hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2006. Desde la Red Colombiana de Periodismo Universitario continuaremos los esfuerzos en los que fue partícipe el profesor Arboleda, siguiendo su ejemplo como inquieto formador de nuevos periodistas. Que su obra perdure.

capítulo colombiano en la ola trasnacional de sobornos protagonizados por la empresa brasileña Oderbrecht, el periodista Alberto Donadío señalaba que la reflexión sobre los comportamientos ciudadanos asociados a la corrupción, se ha desviado, al punto de equiparar faltas éticas cotidianas, con las sofisticadas tramas contra el erario público, que son noticia todos los días. En ello asoma una respuesta afirmativa a la pregunta sobre falta de herramientas que se planteó líneas atrás, y no solo la distorsión señalada por Donadío puede considerarse una prueba. En el fondo de la recurrente relativización de la frecuencia con la que pasan desapercibidos comportamientos y actitudes cuestionables, en lo ético de toda magnitud y alcance, yace un desconocimiento que toca todos los ámbitos de nuestra participación en el Estado. A diario conocemos de hechos que ilustran nuestra necesidad urgente

de no perder de vista los alcances y las consecuencias de nuestras acciones. De otro lado, la cooptación del Estado, por parte de poderes perniciosos, nos desplazó al punto donde nuestra indiferencia les da las garantías que necesitan, y lo peor es que se volvió habitual que seamos nosotros mismos los que resignamos nuestro lugar, bajo el disfraz cómodo de un denominado espíritu crítico al gobierno y la política. El consenso partidista frente a la lucha contra la corrupción puede terminar en una anécdota, si la ciudadanía no asume un lugar activo en esa causa común y toma las herramientas que necesita para exigir decisiones coherentes en la materia. El reto es grande y puede comenzar con esfuerzos sencillos, valga una propuesta para cerrar estas líneas: ¿conoce los organismos del Estado que lideran la lucha contra la corrupción y sabe cómo respaldarse en ellos para denunciarla?

Relevo gráfico Con el propósito continuo de abrir espacios a nuevos talentos, gracias al Salón del Cómic, Manga y Caricatura UPB, desde esta ocasión, tendremos algunos de los trabajos de sus participantes en la Octava Edición. El profesor Memo Ánjel, quien por años le puso a Contexto su lado más caricaturesco, respaldó, como buen profesor, este gesto de confianza en el futuro. A él nuestra gratitud.

Ilustración: Cristian Adarve Gómez.

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo

Miembro de la Red Colombiana de Periodismo Universitario • Rector: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda / Decano Escuela de Ciencias Sociales: Ramón Arturo Maya Gualdrón / Directora Facultad de Comunicación Social-Periodismo: María Victoria Pabón Montealegre / Coordinador del Área de Periodismo: Juan Manuel Muñoz Muñoz / Dirección: Joaquín A. Gómez Meneses / Redactores en esta edición: Yuri Paulina Morelos • Juan Pablo Patiño Osorio • Jacobo Betancur Peláez • Melissa Orozco Duque • Juan José Polo Pumarejo • Jonathan Muñoz Salcedo • María Camila Sierra • Laura Giraldo Rojo • Manuela Noreña Rivera • Carolina Portillo Torres • María Camila Marín Álvarez • María Camila Vergara • Nathalia Galeano Builes • María Camila Ramírez Cañón / Diseño: Estefanía Mesa B. • Carlos Mario Pareja P. / Diagramación y corrección de textos: Editorial UPB / Impresión: La Patria // Universidad Pontificia Bolivariana • Facultad de Comunicación Social Periodismo / Dirección: Circular 1a No 70 - 01 Bloque 7 Oficina 401 / Teléfono: 354 4558 / Twiter: @ pcontexto / Correo electrónico: periodico.contexto@upb.edu.co / ISSN 1909-650X

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Patrimonio, bienes para proteger

EL TESORO DE LA HISTORIA DE MEDELLÍN Yuri Paulina Morelos Morelo / yuri.morelos@upb.edu.co

Pueden ser casas, edificios, estatuas, parques o calles. Tal vez, todos los días de camino al trabajo o estudio nos encontremos con uno de ellos. Con alguno de los 403 bienes de interés cultural (BIC) que posee Medellín y que, de alguna u otra forma, guardan un poco de nuestra historia, tradiciones y cultura. Las secretarías de Evaluación y Control, de Planeación, y de Cultura, de la Alcaldía de Medellín son las encargadas de adquirir, proteger y velar por el cumplimento de las normas de protección, de los más de 400 bienes patrimoniales. En Colombia los BIC se encuentran protegidos por la Ley General de Cultura (397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008), en la cual se establecen las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad del patrimonio. De igual forma, se define que los bienes inmuebles deben de ser incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada municipio. En el caso de Medellín, el Acuerdo 48 de 2014 los contiene en su Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

Establecer un bien como patrimonio

De los 403 bienes de interés cultural que existen en nuestra ciudad; 397 son arquitectónicos; dos, arqueológicos y cuatro, urbanísticos. Sin embargo, en este momento, se encuentran en lista de espera 517 bienes para ser declarados como patrimonio: 206 arquitectónicos, 272 arqueológicos, 18 urbanísticos y 21 paisajísticos. Más de 500 es una cifra alta de bienes que esperan su declaratoria patrimonial, pero ¿qué hace la Alcaldía para adquirirlos y cómo es el proceso para declararlos patrimonio? De acuerdo con Evelyn Patiño, vocera de la Subdirección de Planeación Territorial y docente de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, si la Alcaldía se encuentra interesada en declarar un bien como patrimonio, lo primero que debe de hacer es estudiarlo, buscar el dueño, saber si es público o privado y qué características lo conforman. Una vez la Administración lo adquiere, es obligación volverlo un bien público para el uso de la ciudadanía. “Cuando un bien se declara patrimonio, por norma nacional, se determina que cada municipio debe definir incentivos tributarios para alivianar las cargas y buscar la conservación de esos bienes”, afirmó Patiño. Mantener un bien patrimonial es algo que puede resultar costoso, por lo tanto, la Alcaldía da a los encargados del bien físico la exención de un porcentaje del impuesto predial. El descuento se realiza de acuerdo con la clasificación del nivel de conservación de cada inmueble: • • •

Nivel 1: Si se considera un bien de gran importancia, por lo tanto, la exención del impuesto es del 100 %. Nivel 2: Corresponde a un bien arquitectónico. El dueño debe de pagar el 80 % del impuesto. Nivel 3: Es para un bien contextual. El dueño paga el 40 % del impuesto.

Protección y conservación del bien patrimonial

La clasificación por niveles se hace para saber de cuánto es la exención del impuesto. Según la ley, con los recursos que se ahorran, se debe invertir en la conservación de los bienes, una de las tareas más importantes y para la cual hay diferentes mecanismos que permiten darles muchos años más de existencia y así permitir que la historia se siga contando.

Según Alejandro Posada, vocero de la Unidad de Planificación Territorial de la Secretaría de Planeación, uno de los mecanismos de conservación patrimonial consiste en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el cual determina la planeación y gestión de sostenibilidad del bien. Por otro lado, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) define ciertas categorías, como la conservación urbanística, patrimonial, paisajes, bienes arqueológicos, individuales y sectores fundacionales. Con la clasificación se definen unas normas para la protección de cada uno de ellos, tales como: incentivos tributarios o condiciones de manejo. De acuerdo con la vocera de la Subdirección de Planeación Territorial de la Alcaldía de Medellín, los proyectos se dan en cinco diferentes enfoques, que determinan las medidas a tomar: Uno es el plan de manejo y protección, en el único sector de conservación patrimonial que tiene Medellín: barrio Prado. El plan define las condiciones en cuanto al uso del suelo, aprovechamiento, proyectos estratégicos, normas técnicas que los regulan y esquema de gestión financiero. “Hoy estamos trabajando en la formulación de los incentivos tributarios, como la reducción de la estratificación del barrio Prado”, puntualizó Patiño. El segundo es la conservación urbanística, que busca proteger conjuntos urbanos como: Carlos E. Restrepo, Suramericana, las Torres de Bomboná, entre otros. También existen los planes de conservación de tercer nivel, en las áreas de influencia de los bienes declarados de orden nacional; aquellos que se encuentran en el centro distribuidos por áreas. Por ejemplo, Palacio de Bellas Artes, conjunto San Ignacio con la iglesia, la plaza y el paraninfo, la Catedral Metropolitana con el parque Bolívar y sus alrededores, el centro tradicional, el Palacio de la Cultura, la Iglesia de La Veracruz, los edificios Carré y Vásquez. Igualmente, existen los planes de tratamiento de consolidación nivel cuatro, para proteger la memoria de los barrios tradicionales de la ciudad, como Buenos Aires, Manila, San Germán, entre otros. Por último, está la protección de bienes de paisaje y arqueológicos en las zonas rurales, como el parque Arví y el cerro El Volador.

Patrimonio en letras

El patrimonio no solo se reduce a los bienes materiales inmuebles, es decir, a las casas y edificios que necesitan de protección, también está el patrimonio documental, aquel que guarda los documentos originales que han producido los entes de control. El Archivo Histórico de Medellín se encarga de guardarlos y de proteger los documentos expedidos desde 1675. “La memoria está conservada en los documentos”, manifestó Claudia Vásquez, líder del Programa Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín, de la Secretaría de Cultura Ciudadana. El Archivo lleva 25 años recopilando documentos, restaurando su contenido y guardándolo para man-

Fuente: Subdirección de Planeación Territorial, Secretaría de Planeación de Medellín. Infografía: Nicolás Fernández.

tener la memoria. Sin embargo, el patrimonio no solo se encierra en documentos. “Aquí se viene a hacer la historia de Medellín, pero no se agota en este lugar, el patrimonio también está afuera”, puntualizó Vásquez. Es por ello que otra de las labores del Archivo incluye la intervención de las esculturas públicas de Medellín. Hasta el momento van 180 terminadas.

Septiembre, mes del patrimonio

Reconocer, recordar, crear y sentir la cultura. Aquello que nos recuerda lo que somos. Ver nuestros bienes patrimoniales y participar de diferentes actividades, son algunos de los objetivos para celebrar el mes del patrimonio. “Desde la Secretaría de Planeación se viene preparando una estrategia macro para empezar a reunirnos con las diferentes secretarías y la Gerencia del centro, con el fin de aprovechar este mes y hacer conversatorios con la gente sobre el patrimonio”, comentó Patiño. Por el lado del Archivo Histórico, se va a realizar el lanzamiento de la geolocalización de las esculturas de Medellín, en la página web del patrimonio. “Esta es una herramienta interactiva que le va a permitir a la ciudadanía conocer las esculturas que se encuentran en la ciudad, ver fotos y encontrar una reseña de ellas”, explicó Vásquez. Septiembre también será el mes que le dará nueva visibilidad a proyectos comunitarios para la protección del patrimonio, como lo es la Mesa Cultural de Prado, que fortalecerá su agenda de conversatorios, recorridos y otras actividades para mantener la vida en ese barrio; uno de los principales escenarios vivos de la historia de nuestra ciudad.

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Lentitud predomina en el proceso de reincorporación

OTRAS DEMORAS DE LA PAZ Juan Pablo Patiño Osorio / juanpablo.patino@upb.edu.co

“Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país”, dice el punto 3.2 del Acuerdo Final, sin embargo, la reintegración de los excombatientes de esa guerrilla a la vida civil pasa por una situación difícil. Según informe de la ONU, en noviembre de 2017, solo se encontraban en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) el 45 % de los antes alzados en armas. Las demoras en los giros, los incumplimientos por parte del Gobierno, las presiones políticas y la creciente expansión de grupos ilegales, que combaten por el control territorial, son las principales amenazas que enfrentan los excombatientes. Según encuesta bimestral de Gallup: el 70 % de los colombianos cree que la paz va por mal camino, precepción similar tiene David Ballestas, reincorporado de las FARC, que abandonó la Zona Veredal Jacobo Aranda en Dabeiba-Antioquia y que ha venido denunciando en diferentes espacios sus inconformidades, por la manera en que se está llevando a cabo la implementación del Acuerdo. A la crisis que afronta el Proceso de Paz por la captura de Jesús Santrich, se suman las denuncias hechas por la Fiscalía, el 2 de mayo, en debate de control político, citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Allí, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que, alrededor del Fondo Colombia en Paz se ha venido tramando una red de corrupción por los contratos, liderada por Marlon Marín, sobrino del también jefe de las FARC, Iván Márquez. En su denuncia, el fiscal Martínez señaló a Antioquia como uno de los departamentos afectados por esta red. Según el informe semanal, del mes de agosto, publicado por el Fondo Colombia en Paz —entidad encargada de administrar los recursos del posconflicto—, en Antioquia solo se han aprobado dos contratos para la estructuración de los proyectos productivos de los excombatientes. Iniciaron el 2 de mayo y pretenden ser terminados en noviembre de 2018. El primer contrato es por una suma de 503 mil millones de pesos, firmado con el consorcio Desarrollo Rural S.A., con el fin de estructurar los proyectos productivos de los excombatientes del Bajo Cauca. Este contrato será ejecutado en la zona dos, que comprende los departamentos de Cesar, La Guajira y Norte de Santander (recursos compartidos). El segundo es por una cifra de 497 mil millones de pesos, adjudicados Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Anorí, La Plancha

al contratista Optim Consult S.A.S., con el mismo fin, pero en el Urabá y comparte recursos con el departamento del Chocó. Al 24 de agosto, estos presentaban una ejecución financiera del 45 %. Según la Defensoría del Pueblo: “Estos beneficios debían ser entregados una vez culminadas las Zonas Veredales, esto es, a partir del 15 de agosto de 2017, por lo cual, los trámites administrativos para acceder a ellos debían ser adelantados por el Gobierno Nacional, previo a esta fecha”. El Fondo Colombia en Paz cuenta con un presupuesto de 2,4 billones de pesos. En materia de reincorporación, el Fondo ha cumplido —a través de la Agencia para la Reintegración y la Normalización (ARN)— con la consignación mensual del 90 % del salario mínimo, a más de 11 000 excombatientes en todo el país, además, se puso al día y todos los ETCR se encuentran totalmente construidos. Sin embargo, en Antioquia hubo retrasos durante ocho meses, en la estructuración de los proyectos productivos. Para Juan Fernando Sierra, funcionario de la ARN, sede Medellín “La situación con los proyectos productivos no debe ser motivo de preocupación. Desde el nivel nacional se planteó que antes de hacer el giro de esos recursos, debíamos hacer una reincorporación temprana, que consiste en que el excombatiente haga su validación educativa, que se vincule a programas que llevamos a través del Sena y la Unaula”. Agregó que: “Del afán no queda, sino el cansancio. Lo que pretendemos con los proyectos productivos es que sean sostenibles en los próximos 20 años, ya se hizo el proceso de reincorporación temprana, ahora vamos con el desarrollo de los proyectos”. “La situación es compleja por donde usted la mire. El 90 % del salario mínimo no alcanza para nada, entrar a una empresa es muy difícil. Si el gobierno me desembolsara los ocho millones de mi proyecto productivo individual, yo podría producir y generar más ingresos para mi familia”, afirmó, David Ballestas, que también asegura que todas estas demoras en el desembolso de los dineros de sus proyectos productivos, han llevado a que muchos de sus compañeros estén abandonando los ETCR,

Nro. total de personas en la ETCR, en noviembre de 2017* 120

Nro. total de personas en la ETCR, en abril de 2018** 130

Remedios, Carrizal

Ituango, Santa Lucía

115

166

Vigía del Fuerte, Vidri

100

Dabeiba, Llano Grande

215

175

Total=

627

521

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz Fuente: Gerencia de Paz Antioquia

Panorámica de la Zona Veredal Transitoria de Normalización “Jacobo Arango” en Dabeiba, Antioquia. Foto: Victoria Arroyave. Universidad del Quindío.

El punto 3.2.2.6 del Acuerdo Final y el Decreto 899 de 2017 dicen que a todos los excombatientes se les entregarán tres beneficios económicos, que permitirán la reincorporación efectiva de estos a la vida civil. El primero es una renta básica que corresponde al 90 % de un salario mínimo, el segundo es una asignación única de normalización por dos millones de pesos y, por último, se destinarán ocho millones de pesos a cada uno, para que desarrolle un proyecto productivo de manera individual o colectiva. incluso, conoce casos de excombatientes que están ingresando a las disidencias y a otros grupos delincuenciales. Según la Gerencia de Paz, Antioquia acogió, en 2016, a aproximadamente 1 200 excombatientes en sus cinco Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), ubicadas en los municipios de Anorí, Remedios, Ituango, Vigía del Fuerte y Dabeiba. El 15 de agosto de 2017, las ZVTN pasaron a llamarse ETCR. Estos espacios dejarían de ser el punto de encuentro de la dejación definitiva de las armas, para convertirse en el lugar, donde los excombatientes llevarían a cabo su proceso de reinserción a la vida civil, a través del desarrollo de proyectos productivos. Sin embargo, en los ETCR de Antioquia, ya en abril del presente año (la Gerencia de Paz de Antioquia no suministró información más reciente, solicitada por Contexto), bajaba la cantidad de ocupantes, como lo ilustra la siguiente tabla:

En su momento, Juan Davis, secretario de la Gerencia de Paz en Antioquia, explicó que la falta de excombatientes en los espacios de reincorporación, que llegó a las 700 personas, “no quiere decir que todos están ingresando a las disidencias o al Clan del Golfo, hay una serie de denuncias que indican que algunos lo están haciendo, pero el seguimiento que nosotros hacemos, nos muestra que hay muchos que están retornando donde su familias. Encontramos que hay asentamientos de excombatientes en municipios como Mutatá, Urrao, Yondó y Frontino”, aseguró Davis. La seguridad de los excombatientes es otro riesgo que corre el proceso de reincorporación, desde el desarme de las FARC se han asesinado 66 exguerrilleros en todo el país, de los cuales, por lo menos 12 fueron asesinados en Antioquia. A esto se suman los Informes de Riesgo presentados por la Defensoría del Pueblo, según los cuales, en los municipios donde están ubicados los ETCR hay presencia del ELN, el Clan del Golfo, las AGC, cultivos ilícitos y minería ilegal. “Hay cosas gravísimas, en Dabeiba, por ejemplo, el Clan del Golfo está ofreciendo entre tres y seis millones de pesos, a quien se una a su organización. Esto, obviamente, pone en riesgo el proceso. Si hay demoras en los giros, lo más probable es que muchos de estos muchachos tomen esa medida desesperada de volver a tomar las armas”, dijo, Claudia Chaparro, defensora del Pueblo en Antioquia, encargada del Sistema de Alertas Tempranas de esa entidad. “El peligro de que los excombatientes abandonen está. Yo he estado ayudándolos en lo que puedo, con el fin de que no vuelvan a tomar las armas, de que no se dejen convencer. El mensaje es que miren que hay una oportunidad, el camino es largo y culebrero, pero esta situación es para superar”, puntualizó Ballestas.

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Claves para entender la crisis ambiental

ALERTA ROJA AMBIENTAL, ¿NUEVO PAISAJE DEL VALLE DE ABURRÁ? Jacobo Betancur Peláez / Melissa Orozco Duque

El crecimiento del parque automotor, la industria, el clima y la topografía son los componentes claves para entender el problema de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá. Análisis y explicación de este fenómeno, que puede repetirse en los próximos años. Los datos más recientes que están disponibles revelan el siguiente panorama: Entre febrero y abril de este año, una espesa niebla de gases tóxicos y material particulado volvió a cubrir el cielo del Valle de Aburrá. Con esta emergencia, ya son tres declaratorias de alerta roja ambiental en los últimos dos años y medio, un problema que parece haber llegado para quedarse. Comprender el problema de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá, pasa por varios elementos, que van desde las características geográficas de la región, cómo se hacen y qué dicen los estudios sobre el tema y, por último, cuáles son las tareas pendientes de cara al futuro.

El Valle de Aburrá, un recipiente que encierra la contaminación Imagine que usted está en su cocina y en el fogón tiene una olla de agua hirviendo. Por lógica elemental, usted sabe que si pone una tapa encima de la olla, el vapor quedará atrapado dentro del recipiente y si la quita, el vapor escapará mientras asciende por el aire. Aunque el ejemplo es muy sencillo, es un buen punto de partida, para comprender por qué el Valle de Aburrá pareciera estar condenado a sufrir episodios críticos de contaminación. El Valle de Aburrá, en términos prácticos, es como un gran recipiente de 1 152 kilómetros cuadrados, que en vez de agua hirviendo, tiene 1 204 273 de fuentes móviles, 66 000 fuentes fijas y más de cuatro millones de habitantes, según datos del último inventario de emisiones publicado por el Área Metropolitana en el 2013. En ese orden de ideas, una espesa niebla que aparece producto de los cambios de estación, sería el equivalente a la tapa de este gigantesco recipiente. Para entender esto, la clave está en entender los dos tipos básicos de condiciones atmosféricas que tiene el Valle de Aburrá: las de estabilidad e inestabilidad. En un día normal, es decir, cuando no hay emergencia ambiental, lo

El índice de material particulado en el aire se convierte poco a poco en información de referencia para las rutinas de quienes viven en Medellín y el área metropolitana circundante. Foto: Johany Giraldo.

usual es que la contaminación salga del Valle y se disperse por el aire. Según explicaron a Contexto científicos del Grupo de Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana, este fenómeno tiene varias etapas. El área urbana del Valle de Aburrá produce grandes cantidades de múltiples contaminantes, que van desde el material particulado (PM 10 y PM 2.5), hasta diversos gases como dióxido de carbono, óxidos de azufre, entre muchos otros. Cuando no hay problemas de contaminación, el aire contaminado de la es golpeado por los rayos del sol, los cuales lo hacen calentar y luego ascender, tal y como lo hace un globo aerostático, cuando la mecha en su interior calienta el aire y lo empuja hacia arriba. Después de superar la altura de las montañas circundantes, este aire contaminado choca con los vientos alisios (un poderoso conjunto de vientos que cruzan a través de la zona ecuatorial de nuestro planeta) y los arrastra fuera del Valle. En otras palabras, un soplo de aire fresco que, de un borrón, libera a la ciudad de los diarios conta-

minantes que produce. Cuando esto sucede, es cuando los expertos dicen que hay “condiciones atmosféricas de inestabilidad”.

El problema aparece en los cambios Durante el mes de marzo, cuando en el país comienza la transición de temporada seca a la temporada de lluvias, una capa de nubes de baja altura llega a la ciudad y genera una reacción en cadena, que dispara la crisis ambiental. Al estar la atmósfera congestionada de nubes, los rayos del sol no logran llegar al aire contaminado de gases y material particulado, por lo cual, este nunca se calienta y se empieza a acumular, como poniéndole la tapa a un recipiente. Esta dinámica, que se repite en noviembre, cuando comienza la transición de las lluvias a la temporada seca, está enmarcada en lo que los expertos denominan “condiciones atmosféricas de estabilidad”.

En resumen, cuando hay condiciones atmosféricas de inestabilidad, no hay ningún problema y cuando hay condiciones atmosféricas de estabilidad, nos ahogamos en nuestra propia contaminación. De esta manera, y por lógica elemental, como el clima es el principal detonante de las crisis ambientales y este a su vez se compone de ciclos que no pueden cambiarse, los periodos de contaminación aguda seguirán repitiéndose con el tiempo. De este modo, la pregunta básica es: ¿quiénes están contaminado el aire y cómo evitar que lo sigan haciendo?

¿Cómo se contamina el aire en el Valle de Aburrá? El aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, también contiene una cantidad variable de vapor de agua. La contaminación se

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da cuando se introducen sustancias diferentes a su composición natural, además, puede ser producto de factores naturales (como erupciones de volcanes e incendios forestales) y ocasionada por actividades del ser humano (uso de vehículos y procesos industriales). Para estudiar este complejo proceso, deben entenderse dos conceptos claves: primero, ¿cuáles son los principales contaminantes y qué riesgos causan para la salud? y segundo, ¿cuáles son los tipos de fuentes que los producen?

Material particulado y gases contaminantes Los principales contaminantes del aire están clasificados en tres grandes grupos. En primer lugar, está: el material particulado, conformado por las partículas PM 2.5 y PM 10; en segundo lugar, están los gases contaminantes, que principalmente son el ozono troposférico, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno; y por último, están los compuestos orgánicos volátiles. El material, conformado principalmente por partículas PM 2.5 y PM 10, es un componente contaminante muy dañino para la salud, sobre todo, por su tamaño microscópico (similar al de la arena fina de playa y al cabello humano), lo que lo hace imposible de filtrar por los pulmones, causando problemas en el sistema respiratorio y cardiovascular. Los números 2.5 y 10 equivalen a su tamaño. En cuanto al grupo de los gases contaminantes, los efectos son igualmente dañinos, pueden provocar asma, enfisema, bronquitis, somnolencia, pérdida de reflejos, fatiga y dolores de cabeza. El dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno son productos de la combustión a altas temperaturas, en vehículos motorizados y plantas eléctricas. Procesos similares se dan en el monóxido de carbono, pues este gas es generado por la quema de combustibles como el gas, la gasolina, el petróleo, el tabaco y la madera. También se produce cuando los vehículos se detienen y permanecen con el motor encendido. Teniendo en cuenta esto, para conocer el panorama completo del problema, el paso a seguir es preguntarse quiénes son los principales productores de este tipo de contaminantes.

Los tipos de fuentes Tomando como referencia las definiciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos —EPA—, los investigadores que alimentan los datos del Área Metropolitana clasifican las fuentes de emisión en cuatro grandes grupos: móviles, fijas, de área y biogénicas.

Los parques naturales y otras zonas de reserva ecológica que existen en el Valle de Aburrá, se convierten en patrimonio estratégico para preservar la calidad del aire. Por ello se adelantan labores pedagógicas para su conocimiento y preservación por parte de la ciudadanía. Foto: Johany Giraldo.

Las fuentes biogénicas son propias de la naturaleza, aun así, contaminan el aire, estas se encuentran en las erupciones volcánicas, incendios forestales, pantanos, vegetación y animales. Las fuentes móviles son aquellas que se mueven, a estas pertenecen los carros, los camiones, motocicletas, autobuses, aviones y locomotoras. Factores como el tipo de motor, la calidad del combustible usado y el estado de mantenimiento del vehículo intervienen en la proporción de contaminantes que se emiten. Según datos del Modeam (Modelo de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá), actualizados a 2016, las fuentes móviles generan el 82 % de las emisiones de PM 2.5, los camiones son los mayores aportantes de este porcentaje, seguidos de volquetas, motos cuatro tiempos, buses y autos. Entre el año 2005 y el 2015, el parque automotor matriculado en el Valle de Aburrá se incrementó en un 182 %. Los autos particulares y las motos representan el 91,3 % del mismo. Por su parte, las fuentes fijas se definen como ubicaciones inmóviles o instalaciones fijas, como las chimeneas de una fábrica, tuberías, zanjas y pozos de una mina.

En el Valle de Aburrá existen 433 empresas que emiten contaminantes atmosféricos y cuentan con cerca de 1 474 fuentes, entre las que se encuentran las calderas, hornos, quemadores, procesos de impresión, transferencia de masa y trituración. En Medellín e Itagüí se encuentra el 71,8 % de las empresas y el 61,2 % de las fuentes fijas, no obstante, Girardota también se destaca porque posee seis empresas con 143 fuentes. El sector textil y de confecciones es el que aporta la mayor cantidad de contaminantes en el Valle de Aburrá, seguido del metalmecánico y el de bebidas, alimentos y tabaco. Las textileras producen cerca de seiscientas toneladas de material particulado al año. También están las fuentes de área, que son pequeñas para ser tenidas en cuenta en las mediciones de manera individual, como se hace con las fuentes fijas, pero que representan un porcentaje significativo de emisiones contaminantes en el aire. Las estaciones de servicio de combustibles son fuentes de área, aquí las emisiones se producen cuando los carros de combate (carrotanques) descargan el combustible a un tanque subterráneo y cuando un vehículo se

Según datos del Modeam (Modelo de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá), actualizados a 2016, las fuentes móviles generan el 82 % de las emisiones de PM 2.5, los camiones son los mayores aportantes de este porcentaje, seguidos de volquetas, motos cuatro tiempos, buses y autos.

abastece de gasolina, pues se escapan vapores contaminantes hacia la atmósfera, también denominados, compuestos orgánicos volátiles (VOC). Según la Unidad de Planeación Minero-Energética, el mayor consumo de gasolina y diésel se da en Medellín, después le siguen Envigado, Bello e Itagüí. Tan solo en el año 2013 se consumieron más de 99 y 56 mil galones de gasolina y diésel, respectivamente, en la capital antioqueña. Por lo tanto, Medellín es el municipio que emite más VOC provenientes de gasolina y diésel, con cerca de mil toneladas al año. Frente a este panorama son varios los retos que se presentan para la ciudad de cara a los próximos años. Según indican los consolidados numéricos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las fuentes móviles son las que porcentualmente aportan la mayoría de la contaminación, sobre todo, material particulado PM 10 y PM 2.5, lo que pone de relieve la necesidad de disminuirlas en el menor tiempo posible. Esto teniendo en cuenta los graves traumatismos que generan para la movilidad el pico y placa ambiental, el cual responde más a políticas paliativas, que estructurales. En cuanto a la industria, si se comparan los datos de 2012 con los de 2015, las emisiones de todos los contaminantes criterio (material particulado y gases contaminantes) han aumentado significativamente, lo que significa que en esta materia es poco lo que se ha avanzado. En tanto estos y otros temas se solucionan, seguirán sucediendo, una tras otra, las crisis de contaminación producto de los cambios estacionarios entre temporadas secas y lluviosas. ¿Cuántas crisis debemos esperar para que comiencen a darse cambios sustanciales en nuestra política ambiental?

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Un panorama por los municipios del Aburrá

POR EL AIRE, EN TODO EL VALLE Juan José Polo Pumarejo, Jónathan Muñoz Salcedo, María Camila Sierra, Laura Giraldo Rojo, Manuela Noreña Rivera, Carolina Portillo Torres, Melissa Orozco Díaz, Jacobo Betancur.

En las contingencias generadas por la calidad del aire en la subregión, la vocería y visibilidad están, casi siempre, con lo que se hace y dice desde Medellín, ¿qué ocurre con la gestión de la calidad del aire en las otras localidades del área metropolitana?

BARBOSA Barbosa tiene un área de 206 kilómetros cuadrados, en cada uno de los cuales viven 318 personas. En septiembre de 2017, el área metropolitana del Valle de Aburrá entregó la estación de monitoreo ubicada en la Torre Social de Barbosa. Además de dar a conocer el nivel de PM 2.5, este equipo ayuda a determinar, junto con otras cuatro estaciones, el plan operativo para enfrentar episodios críticos de la calidad del aire (Poeca). El alcalde Edison García firmó sus compromisos con el Pacto por el Aire, en este se comprometió a incrementar las campañas pedagógicas, promover la siembra y adopción de árboles, comprar predios para la conservación y reforestación, intensificar el control y vigilancia a las fuentes fijas y fuentes móviles, y solicitar a las empresas que residen en el municipio, un plan empresarial de movilidad sostenible. Todos los compromisos conducen al mejoramiento de la calidad del aire, pero, sin cifras concretas, es difícil realizar un seguimiento.

LA ESTRELLA En épocas críticas, los registros en la estación del metro de La Estrella indicaron que esta excede las concentraciones de PM 2.5, con un valor de 51 microgramos/metro cúbico (μg/m³), una cifra que dobla el límite permitido por el país, que es de 25 (μg/m³) y que quintuplica el máximo estipulado por la Organización Mundial de la Salud —OMS—, que fija solo 10 (μg/m³). Para contrarrestar esto, la Administración del municipio pretende hacer un fortalecimiento en la promoción de la salud ambiental y la calidad del aire; fomentar e incentivar el cambio a gas, para quienes utilicen carbón como combustible; promover el uso de carro compartido, empezando por los funcionarios de la Alcaldía; mejorar los espacios públicos y corredores de movilidad activa para peatones y ciclistas. Para finales del año en curso, el Gobierno local espera cumplir con el compromiso que adquirió en el 2017 con el Área Metropolitana, para sembrar 70 000 árboles, de los cuales ya se sembraron 30 000.

BELLO Con 473 400 habitantes, Bello es el segundo municipio más poblado del Valle de Aburrá. En parte, por las 19 empresas asentadas en el territorio, estas también

Barbosa es un municipio con capital ambiental estratégico del norte del Valle de Aburrá. Foto: Fotos Norte de Antioquia. Creative Commons.

aparecen como suscriptoras del Pacto por el Aire. Postobón se comprometió a tomar medidas para que, en cinco años, el aire que respiren los Bellanitas tenga menos trazas de material particulado respirable. Para la directora de Sostenibilidad de la Compañía, Martha Falla, la apuesta está en renovar en el transcurso de los próximos cinco años, los vehículos de reparto con más de 7 años de uso, con lo que se estima se evitará emitir 353 toneladas de dióxido de carbono y 15 toneladas de óxido nítrico, entre otros contaminantes, por año. La Secretaría de Movilidad de Bello realiza acciones, en su mayoría, pedagógicas con los propietarios de vehículos, para racionalizar el uso de los mismos, según informó Carlos Toro, vocero de esa dependencia. De otro lado, en junio comenzó el megaproyecto vial Avenida Regional Oriental Norte que, con una inversión de 305 mil millones de pesos, dará cumplimiento al Plan Vial Metropolitano, que establece un corredor multimodal a la largo del río Aburrá – Medellín, como eje estructurante, el cual contempla una fase dos, que va desde la Universidad Minuto de Dios hasta el intercambio vial La Seca, donde empieza la tercera fase, que llega hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Norte. Son 4.5 kilómetros, con tres carriles vehiculares, un corredor de ciclocaminabilidad con conectividad ecológica y 1.5 kilómetros de puentes con intersección. Las proyecciones señalan que este proyecto mejorará la circulación diaria, de cerca de 30 000 vehículos. La Secretaría de Medio Ambiente lleva a cabo las tres estrategias, cuyos resultados pueden medirse, de las 12 que presentó el municipio en cumplimiento del Pacto por el Aire. La principal es el mantenimiento del arbolado y la identificación y caracterización de 26 000 individuos que, a finales de mayo pasado, iba en el 12 %, según informó Jhon Freddy Campuzano, coordinador del proyecto, quien, además indicó, que la tarea también es aumentar el número de árboles e identificar zonas verdes para nuevas siembras, sobre lo cual, al cierre de esta edición, todavía no existían datos disponibles.

CALDAS

El Cerro Quitasol es a su vez una importante reserva ecológica de Bello y el norte del Valle de Aburrá. Foto: Alcaldía de Bello.

Caldas es la puerta sur del Valle de Aburrá. A diario, por la variante que lo cruza, pasan aproximadamente 5 000 vehículos. El 10 % de los vehículos que llegan al interior del municipio son de carga. Pero este tránsito no es considerado el mayor factor contaminante del aire en el municipio. Según Gisella Ruiz, encargada de la Unidad Ambiental del municipio de Caldas, hay factores externos que influyen en las alteraciones de los cambios atmosféricos y el aire de la localidad. La mayoría de industrias situadas en el

En Caldas sed promueve el uso de tecnologías más limpias en la producción y entre la ciudadanía. Foto: Laura Giraldo.

municipio, continua Gisella, cumplen con la normatividad, pero hay otras empresas que trabajan en la incorporación de tecnologías más limpias, como Corona, Friko y Ramo. Algunas de estas plantas trabajan 24 horas y su funcionamiento concuerda con los estándares de las autoridades competentes. Caldas cuenta con dos estaciones de monitoreo de la calidad de aire: una ubicada en la plaza de mercado y la segunda, en la Corporación Universitaria Lasallista. Dichas mediciones son estrictamente monitoreadas por el Área Metropolitana. Igualmente, Corantioquia tiene un sistema instalado en La Valeria y otro en La Miel. Por la ubicación del municipio en el nodo sur, la contaminación del Valle de Aburrá llega por la dirección natural de los vientos, lo que incrementa el nivel de material particulado permitido y levanta alarmas de forma simultánea a la ciudad de Medellín. Caldas se ciñe a las acciones del Área Metropolitana y acoge la medida de pico y placa, con el fin de reducir el tráfico y las emisiones de gas producidas por los vehículos. Los agentes de tránsito de la localidad, también, se encargan diariamente de hacer mediciones de gas, a los vehículos que transiten en zona limítrofe con La Estrella.

COPACABANA El territorio de Copacabana es elevado, las montañas se acercan al casco urbano. Según el secretario de Agricultura y Medio Ambiente, el municipio está en una parte del Valle de Aburrá más estrecha, en comparación con Bello y Medellín. La planicie de Copacabana tiene cuatro kilómetros aproximadamente, entre el parque principal y el río Medellín. Los cerca de 70 000 habitantes viven en un municipio cuyo territorio rural comprende 57 kilómetros cuadrados, lo cual contrarresta los efectos de la alta densidad poblacional en el suelo urbano y determina su contribución a la calidad del aire.

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Copacabana es uno de los municipios con mayor crecimiento urbano del área metropolitana. Foto: Camilo Betancur. Creative Commons.

En Copacabana hay alrededor de 18 empresas asentadas en la zona urbana. Están ubicadas cerca de la autopista Norte. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio establece que solo se instalarán industrias en el suelo urbano. Incluso, está prohibido el uso del suelo en sectores cercanos a iglesias, según el artículo 125 del PBOT. Hasta finales de 2017, Copacabana no contaba con una estación automática que midiera el material particulado 2.5, uno de los mayores contaminantes del aire. La estructura se ubicó en la Ciudadela Educativa de la Vida. Antes, el municipio solo tenía una estación semiautomática de medición de PM 10, situada en el Hospital Santa Margarita y siete sensores de medición de bajo costo, pertenecientes a familias vinculadas al programa Ciudadanos Científicos. Dentro de los compromisos que adelanta la actual Administración para contrarrestar la contaminación del aire están: establecer controles de inspección y vigilancia a las fuentes fijas y móviles del municipio, reforzar los operativos de vigilancia para evitar posibles incendios forestales, endurecer los controles a las obras de infraestructura que se estén llevando a cabo en el municipio y realizar programas de reforestación, vinculando al sector educativo.

El 20 % de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá corresponde a fuentes fijas, como las industrias. El acompañamiento constante a Peldar, también se hace a empresas del sector automotriz, de productos de aseo y alimentos. Dentro de las acciones que se están implementado, muchas de la mano con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, está el Plan Siembra Aburrá, en el que se han plantado alrededor de mil árboles con la comunidad en zonas boscosas, se han implementado huertas comunitarias y la creación de barrios sostenibles, así como la delimitación de un mayor número de áreas protegidas, para evitar la edificación y deforestación. Envigado es el único municipio que cuenta con acreditaciones del Ideam, para la medición de partículas PST, PM 2.5., PM 10 y las emisiones de ruido por fuera del Siata. A ello se suma un notable patrimonio ambiental, como el túnel verde que hay entre la avenida de El Poblado y Envigado, que hace las veces de corredor para fauna silvestre y genera un microclima que baja la temperatura en el sector, hasta 2°C menos.

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A la par con desarrollo urbanístico, Envigado también es centro de movilizaciones ciudadanas por la defensa del patrimonio ambiental en equilibrio con proyectos como Metroplus. Foto: Alcaldía de Envigado.

GIRARDOTA De los 82 kilómetros cuadrados de área que tiene este municipio, al norte del Valle de Aburrá, solo 1,5 son territorio urbano. Con 25 veredas en su territorio, este municipio tiene también el 30 % de la industria del Valle de Aburrá, está ubicado en la planicie de la cuenca, lo que provoca que las emisiones de sus actividades productivas migren a la ladera, justo donde está ubicado el casco urbano. La contaminación por fuentes móviles debería ser insignificante por el pequeño parque automotor inscrito, pero, como manifestó el ingeniero ambiental Jorge Banquez, profesional adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente, “el municipio tiene muchas escombreras y ahí están, prácticamente, todas las del área metropolitana (...). Aquí, al municipio, en un día solamente, por la disposición de traer escombros, pueden entrar alrededor de 3 500 volquetas y hasta más, es transitorio, pero es un flujo constante”. El funcionario manifestó que se contabilizan 180 fuentes fijas de emi-

sión de gases a la atmósfera, considerando que una misma empresa suele tener varias de ellas, según las características de sus procesos industriales. Un estudio de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía señala una alteración en la calidad del aire, producto de la carga de fuentes fijas y no de fuentes móviles, algo contrario a lo que sucede en Medellín. Frente a ello, la Administración tiene una posición clara: control a la industria existente y mucha más regulación a la que llegue. La producción de quími-

En Copacabana hay alrededor de 18 empresas asentadas en la zona urbana. Están ubicadas cerca de la autopista Norte.

ENVIGADO Envigado fue el último municipio en integrarse mediante consulta popular, al área metropolitana del Valle de Aburrá, en 2016. Con una extensión de 78.80 kilómetros cuadrados, de los que 66.68 son rurales, además, ocupa uno de los primeros lugares en materia de vehículos registrados. Por eso, las secretarías de Transporte y Transito, y Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario aúnan esfuerzos por hacer control y seguimiento diario, al comportamiento de los gases provenientes de los vehículos de gasolina y diésel. Sobre los controles a las emisiones de las empresas, voceros de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario señalan que hay casos particulares, en los cuales las especificaciones de los procesos de producción hacen difícil ceñirse a los niveles permitidos, en momentos en que, por ejemplo, se encienden calderas, hornos y otros equipos de combustión, refiriéndose a la inquietud que suscitan casos como el de Peldar.

El esfuerzo por promover el conocimiento, cuidado y uso adecuado de los espacios de reserva es labor permanente de las autoridades. Se busca que los usos tradicionales sean la puerta de entrada a la conservación. Foto: Johany Giraldo.

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cos, textiles y alimentos; la extracción y transformación de materiales para la construcción; las actividades agrícolas, avícolas, porcícolas, ganaderas, entre otras, hacen parte de la economía local. A pesar de que el flujo de los vientos en el Valle de Aburrá va de norte a sur, en Girardota existe lo que se conoce como efecto “sifón”: una corriente de viento que recircula y arrastra material particulado, por periodos de hasta cinco días, antes de que esa corriente siga su curso hacia el norte. Dos estaciones del Siata miden el particulado PM 10 y PM 2.5. El último informe sobre la calidad del aire de Girardota, en 2013, concluyó que no se excedieron los límites permitidos por la norma para material particulado PM 10 y PM 2.5.

ITAGÜÍ La actividad industrial es el principal factor que incide en la calidad del aire en Itagüí. Entre 2012 y 2014, las unidades productivas pasaron de 9 000 a 14 000 en esa ciudad. Los tejares, ladrilleras y areneras, que desde el siglo pasado hacen parte importante de la economía local, también han incidido en la configuración del territorio, afectado por problemas de erosión, en un 80 % de su área total. Seis estaciones monitorean la calidad del aire en esta ciudad: en la Casa de Justicia de Itagüí y el Colegio El Rosario Sociedad San Vicente de Paul, están las estaciones de tipo urbano-industrial; la estación ubicada en las instalaciones de la Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí, corresponde a una estación suburbana de fondo; la estación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando, corresponde a una estación urbana de tendencia mesoescala. La Administración actual ha tomado diferentes medidas, desde la contingencia presentada en el primer periodo de 2016, una de estas es el regular horario de cargue y descargue de las volquetas que ingresan a las industrias alfareras o al corregimiento Manzanillo. También se adelanta la promoción del teletrabajo en las empresas locales. En 2019, según anunció el alcalde León Marín, se incrementarán los parqueaderos de bicicletas en diferentes puntos del municipio y se construirán corredores de ciclocaminabilidad a lo largo del territorio, al tiempo que aumentará un 30 % el número

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El auge urbanístico de la subregión aumentó significativamente el transporte de escombros hacia Girardota. Foto: Alcaldía de Girardota.

de vehículos de servicio público, que usen combustibles limpios.

SABANETA Con 15 kilómetros cuadrados de extensión, Sabaneta es el municipio más pequeño de Colombia. Eso restringe el número de fuentes fijas y móviles, que desde ese territorio inciden, en la| calidad del aire en el Valle de Aburrá. Según el informe acumulado enero-mayo de 2016 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este municipio cuenta con dos estaciones de monitoreo de la calidad del aire, en las que se hace seguimiento de las concentraciones de material particulado PM 10, PM 2.5, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. La primera está ubicada en el Centro Administrativo Municipal, corresponde a una estación urbana de tendencia mesoescala, esto significa que es un área totalmente urbanizada, y está ubicada a una altura superior a los 15 m. La estación móvil EST-METR ubicada en la estación La Estrella del sistema metro, corresponde a una estación urbana industrial, puesta de tal manera, que el nivel de contaminación medido está influenciado significativamente por las emisiones cercanas de fuentes industriales. El mayor problema de Sabaneta es su urbanización indiscriminada. De otra parte, según el secretario de Medio Ambiente, Daniel Galeano, las fuentes móviles son las que más contaminan, con un 79 % y el 21 % está representado por las fuentes de industria, como calderas de restaurantes, empresas de producción y otro tipo de establecimientos. Entre los compromisos que adquirió el alcalde Iván Alonso Montoya en el Pacto por el Aire, está el diseñar planes de chatarrización para moder-

“A pesar de que el flujo de los vientos en el Valle de Aburrá va de norte a sur, en Girardota existe lo que se conoce como efecto “sifón”: una corriente de viento que recircula y arrastra material particulado, por periodos de hasta cinco días, antes de que esa corriente siga su curso hacia el norte.”

Por el tamaño pequeño de su área, el transporte sostenible es uno de los retos prioritarios de Sabaneta. Foto: Juan José Polo.

nizar el parque automotor, integrar las rutas de servicio público al sistema de transporte masivo y realizar cambios viales en las calles 65 sur con la carrera 48, en la carrera 45 con la calle 75 sur, además de peatonalizar la carrera 45, entre las calles 70 sur y 74 sur.

CIUDADANÍA Y GOBIERNO, METIDOS EN EL ASUNTO Acciones por el aire en Medellín La actividad industrial que da reconocimiento a Itagüí lo hace también uno de los municipios con mayor monitoreo de la calidad de su aire. Foto: Andresferrespo Wikimedia Commons.

En febrero de 2018, los alcaldes de los 10 municipios que confluyen en el Valle de Aburrá se reunieron con el director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente y otras 66 entidades privadas, para pro-

mover la formulación de una política de Estado y para la prevención y el control de la contaminación atmosférica. En los compromisos establecidos está el acompañamiento y la vigilancia a la industria, responsable del 20 % de las emisiones a la atmósfera, según datos de la autoridad ambiental para el Valle de Aburrá; el mayor desafío es con los vehículos y la movilidad que anualmente liberan 84 904 toneladas de material particulado y sustancias contaminantes. Para Daniel Suárez, miembro del colectivo Aire Medellín, los compromisos adquiridos son imprecisos, de las 424 medidas, el 68,8 % tienen muy bajo impacto y el 71,2 % no son verificables, es decir, no tienen un producto entregable a futuro. Lo firmado no es impositivo, por eso para Daniel, “este pacto será sin impacto”, a pesar de las previsiones alentadoras del Área Metropolitana a 2030. Según Maira Duque, quien coordina el espacio Lunes de Ciudad, también es activista de la causa por el aire,

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el papel de los colectivos ha sido poner el tema en la agenda pública. Con activaciones como La peste negra, en la que las esculturas de Botero amanecieron con máscara, han llamado la atención de los medios, ejerciendo presión sobre la Alcaldía, para que tome medidas. Sin embargo, las estrategias adoptadas por el gobierno de la ciudad han sido coyunturales, pocas tienen continuidad y no hay un componente pedagógico que incentive el uso del transporte público. Según la encuesta de Percepción Ciudadana 2017, el uso de transporte privado (vehículo o motocicleta) pasó del 20 % al 23 %, mientras que el uso de transporte público bajó cinco puntos porcentuales, del 37% al 32 %. Aumentar el uso del transporte público requiere rediseñar las rutas, aumentar los kilómetros de ciclovías, integrar las tarifas, hacer del sistema algo accesible, abierto y amigable, y esto depende de muchas voluntades. En la alcaldía de Aníbal Gaviria (2012-2015) se planteó una intervención en el transporte público colectivo de buses de Medellín, proyecto que se llamó TPM, con el que se pretendía ejercer control y aplicar el Plan de Manejo Ambiental, que incluía regulación de contaminación auditiva dentro de la flota. Inicialmente, se propuso que la flota de buses operara a gas y para sectores con fuertes pendientes e infraestructura compleja funcionara con diésel, que cumpla la norma Euro V (actualmente, el control de emisiones por el tubo de escape usado en la ciudad es, máximo, Euro II). Juan Diego Pineda, ingeniero Civil y doctorado en Transporte, quien ha sido contratista para la Universidad Nacional en proyectos de movilidad, revisó los estudios del Departamento Administrativo de Planeación (DAP), durante la administración de Alonso Salazar, y explicó que la iniciativa también espe-

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raba vincular más de las 80 empresas privadas que manejan el transporte público de la ciudad y unificarlas en ocho grandes consorcios, que operarían en las nueve cuencas en las que se divide el Valle de Aburrá. Pero, el cambio de administración en el 2016, obligó a que se realizaran ajustes en el proyecto. La propuesta de reducir el número de buses que entraba diariamente a la ciudad, cambiándolos por vehículos con mayor capacidad, se imposibilitó por el aumento del dólar, que elevó los precios de las flotas a gas. Se concluyó que era mejor incentivar la compra de filtros para diésel Euro IV en el plazo de cinco años, que esperar 10 o 15 años, para un plan de reposición de las flotas. En la Administración del alcalde Federico Gutiérrez se ha avanzado en la construcción de nuevos paraderos y en la señalización de 80 kilómetros de carriles preferenciales. Por cuestiones financieras, se han aplazado los puntos de integración de los corredores TPM, por lo que siguen entrando al centro, casi la misma cantidad de buses. Para Juan Diego es necesario que las entidades públicas realicen simulaciones para plantear medidas eficaces, además, la continua implementación de campañas de educación vial y socialización de las medidas, lograría mejorar las prácticas de los conductores de buses y de los pasajeros, y comenzaría un cambio en el paradigma del transporte público colectivo, en la ciudad de Medellín. En 2017, el proyecto TPM en suspensión fue absorbido por la subsecretaría Técnica de la Dirección de Transporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, lo que termina por reforzar la postura de los colectivos sobre la necesidad de reformular los compromisos, de manera que puedan ser verificables y se logre el mayor impacto posible.

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Organizaciones de la sociedad civil requieren acciones de seguimiento a los efectos potenciales de la calidad del aire en la vida de los habitantes de la ciudad. Foto: Johany Giraldo.

“Para Daniel Suárez, miembro del colectivo Aire Medellín, los compromisos adquiridos son imprecisos, de las 424 medidas, el 68,8 % tienen muy bajo impacto y el 71,2 % no son verificables, es decir, no tienen un producto entregable a futuro.” El Cerro Nutibara, famoso por el Pueblito Paisa, es también uno de los parques ecológicos de la subregión. Foto: Johany Giraldo.

ESTE TIEMPO

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En conflicto la libertad de expresión y las razones de seguridad

LA REGULACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA María Camila Marín Álvarez / mariac.marin@upb.edu.co

Hechos, que no son necesariamente violentos, han sido las vías para la expresión de las opiniones de los sectores sociales del país. Ya hay normativas que los regulan. No obstante, la intención de convertirlos en política de Estado suscita una nueva polémica. “La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público”. De esta manera, Gabriel García Márquez reflejó en Cien años de soledad, el recuerdo más antiguo que alguna vez dijo tener: la masacre de las bananeras, hecho que llegó a convertirse en ícono de la manifestación social y sindical en Colombia. La matanza de trabajadores de la United Fruit Company ocurrió el 5 y 6 de septiembre de 1928. Entonces, en el país regía aún la Constitución Política de 1886, que a través del artículo 46 establecía que, “Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que genere asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas”. En el apartado no se tenían en cuenta otras actuaciones de los movimientos sociales y no fue, sino hasta la Constitución de 1991, que otras acciones diferentes a la reunión pacífica fueron reguladas y amparadas por el Estado colombiano. La Constitución promulgada en 1991 implicó grandes avances frente a algunos derechos ligados a la manifestación social. El artículo 19, que garantiza la libertad de cultos, el artículo 20, que “garantiza la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación”, y el artículo 40, que establece el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. El artículo más representativo referente a la manifestación social es el artículo 37, que estipula el derecho a que, “Toda parte del pueblo pueda reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Este artículo habla ya de la manifestación pública, la cual implica un repertorio de acciones ligadas a los movimientos sociales, que van más allá de la reunión pacífica. Jonathan Murcia, politólogo y profesor de la Universidad de Antioquia indica que, en el derecho a la manifestación social, se encuentran enmarcadas las acciones colectivas, las cuales pueden recibir muchos nombres y que diferencian a un movimiento social de otro. Murcia explica que mientras los movimientos indígenas están ligados a acciones como la minga, las mujeres realizan otras actividades como batucadas, plantones o manifestaciones y el movimiento estudiantil realiza asambleas y salones para la consecuencia de sus objetivos. Todas estas expresiones, que se diferencian en su perdurabilidad, objetivos y actores, se encuentran amparadas en el artículo 37 de la Constitución colombiana.

La movilización social también es por quienes la promueven. El asesinato de líderes está presente en la agenda reciente de la manifestación pública. Foto: María Camila Marín Álvarez.

Los actores de la manifestación social en Colombia han sido diversos y varían de acuerdo con las problemáticas que vive el país en momentos específicos. Sin embargo, existen fechas como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el 1 de mayo que conmemora el Día Internacional del Trabajado, que están enmarcadas, cada año, en una serie de manifestaciones a nivel mundial. Históricamente, el movimiento sindical ha sido uno de los principales protagonistas, pero las mujeres, los grupos étnicos, los campesinos, las agremiaciones, los reclusos, el movimiento estudiantil y, en los últimos tiempos, la población LGBTI, han hecho parte también del escenario de expresión y reivindicación, a través de las acciones colectivas. En el ámbito local, la manifestación social se encuentra regulada por el decreto 2253 de 2013, que establece que para llevar a cabo este derecho se debe dar aviso por escrito a la Alcaldía, con mínimo 48 horas de antelación y se debe especificar el día, la hora, el sitio, el recorrido y el número estimado de asistentes. Además de tres personas responsables de la actividad, que deben responder por los eventuales perjuicios. Todo esto se encuentra sujeto a revisión final por parte de la Alcaldía y las instituciones que esta considere pertinentes, como el DAGRD, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Seguridad. Según el decreto, la manifestación se suspenderá en caso de falta de anuncio por parte de los pro-

motores o que no se anuncie con la suficiente anticipación, que la actividad se desvíe del recorrido inicial, si se utiliza la violencia o se genera inseguridad pública, que se obstruyan vías públicas no autorizadas previamente o se interrumpa el transporte público masivo, si se deteriora la propiedad privada, se exceden las disposiciones iniciales o si alguno de los asistentes cubre su rostro. Frente a esta regulación de la manifestación social en la ciudad, la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín se manifestó a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, para pedir la derogación del decreto 2254 de 2013. Las razones expuestas en el documento exponen que la movilización y protesta social se ven limitadas al señalar de responsables de los perjuicios a las personas que convocan la actividad y que la estimación del número de asistentes es difícil de precisar, por la espontaneidad de los eventos. Otros puntos hacen referencia a que la revisión final, llevada a cabo por la Alcaldía, puede derivar en arrinconar la protesta a lugares aislados con poca afluencia de la ciudadanía y que conceptos como intranquilidad e inseguridad pública son apreciaciones que pueden ser muy subjetivas. Por último, el comunicado señala que las capuchas, máscaras o pasamontañas “son mecanismos defensivos de sectores sociales, para evitar ser filmados o fotografiados, por motivos de seguridad”.

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La limitación de la manifestación social a través del nuevo Código de Policía es otro de los factores que la Veeduría considera afecta este derecho fundamental. La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos del 47 al 75 del Código, que trataban sobre la reunión pacífica, debido a que estos tratan un derecho fundamental que debe ser reglamentado por el Congreso de la República. La Corte puso como fecha máxima el 20 de junio de 2019, para que se dé la discusión con el recinto. Estos artículos reglamentan temas como los tipos de manifestaciones, sus características y requisitos, la autonomía de las autoridades municipales para reglamentar la manifestación social, el aviso a las autoridades con la información de los responsables y las vías, la intervención de la Policía Nacional y los antimotines. Otros artículos relacionados como el daño y contaminación visual en el espacio público, también fueron declarados inexequibles. Daniel Suárez hace parte de los colectivos Aire Medellín, Concervezatorio y Las Guamas, durante los últimos años ha hecho parte de acciones como teñir las fuentes del centro de Medellín de rojo, poner tapabocas a las “gordas” de Botero o, incluso, tomarse de manera pacífica el parque de El Poblado. Suárez considera que lo que realiza es un activismo basado en la crítica-propuesta y el simbolismo de forma pacífica. Frente a las acciones realizadas, nunca ha pedido permiso a nadie, en el caso del evento en el parque del Poblado, el Esmad estuvo presente, pero no hubo disturbios ni actos violentos. En una de sus más recientes acciones, en las que pegaron afiches por la ciudad, con el lema “Pare la guerra”, fueron interpelados por la Policía y advertidos de una posible multa, si continuaban realizando la acción. Sin embargo, no todas las regulaciones sobre la manifestación social han sido tan duramente acogidas como el Código de Policía. El Protocolo sobre la regulación de la protesta, emitido por el gobierno de Juan Manuel Santos, fue calificado como muy positivo por parte del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El protocolo está basado en el artículo 2 del Acuerdo Final para la Paz, el cual estipula que: “En un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica”. El documento establece tres instancias de coordinación: una mesa de seguimiento, un puesto de mando unificado (PMU) y comisiones de verificación de la sociedad civil (CV). Además, el protocolo indica cómo actuar en casos de disturbios para proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Las acciones espontáneas o sin anuncio previo también están previstas, facilitando un canal de diálogo para garantizar el derecho de estas personas. El uso de la fuerza está estipulado como el último recurso de intervención por parte de la Policía y, en caso de utilizarlo, debe ser proporcional para todas las personas, los manifestantes y quienes no participen de la protesta. Murcia considera que este protocolo es un intento por generar unos instrumentos que permitan mejores diálogos entre la sociedad y el Estado, en momentos de conflictividad. Sin embargo, cree que su cumplimiento es difícil, dado que hay acciones colectivas que generan reacciones airadas entre los actores que protestan que, a veces, consideran que el conflicto en ese momento es más importante que respetar las normas de juego propuestas por el Gobierno. Todos los escenarios de regulación, antes expuestos, se ven intensificados ante la propuesta lanzada por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en el marco de la Cumbre Concordia Américas 2018 expresó: “En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. La propuesta estuvo basada en el aumento de las luchas sociales en el país en el 2010, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, según Fenalco, las luchas sociales son una amenaza para la empresa privada en Colombia, dado que “son vías de hecho que conducen a realizar inversión pública en sectores específicos de

ESTE TIEMPO

la sociedad y no en políticas públicas de impacto general”. Según cifras del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos hubo un promedio de 2,5 protestas por día, cifra solo superada en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, año donde hubo un promedio de 3,0 protestas por día. Las regulaciones que propone el ministro Botero, el debate que debe generar el congreso en cuanto a los artículos del Código de Policía y el posible resurgir de algunos movimientos sociales frente a un gobierno al que consideran en oposición, mantendrán, seguramente, a la manifestación social en Colombia, en la agenda pública de los próximos cuatro años.

La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos del 47 al 75 del Código de Policía, que trataban sobre la reunión pacífica, debido a que estos tratan un derecho fundamental que debe ser reglamentado por el Congreso de la República. La Corte puso como fecha máxima el 20 de junio de 2019, para que se dé la discusión con el recinto.

Son diversos los mecanismos con los que la ciudadanía organizada busca cambiar la apatía sobre problemas sociales constantes. Foto: María Camila Marín.

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Timba Games

VIDEOJUEGOS A LO PAISA María Camila Vergara / maria.vergaraa@upb.edu.co

Conformado por “individuos multiformes” que se encontraron inmersos en el mundo de los videojuegos desde muy pequeños, Timba Games es un estudio dedicado al desarrollo independiente de juegos de video en Medellín. Crear experiencias en el ámbito audiovisual y crear sus propios productos son las tareas de esta organización, cuya “guarida” está ubicada en el edificio Mi Morada, al lado de la Casa Museo Otraparte, en Envigado.

Timba Games comenzó a partir del primer Global Game Jam en Medellín –un concurso orientado a la creación de videojuegos en un plazo de 48 horas, simultáneamente con otros 103 países–, cuando Iván Álvarez, creador de esta empresa, decidió comenzar el evento para incentivar el desarrollo de la industria de los videojuegos. Al tiempo, buscaba talentos que compartieran su misma pasión, un equipo con quienes pudiera fundar Timba Games. Andrés Pineda fue el primer artista de este grupo. En el año 2016 ganó el premio a Mejor Arte en la primera versión del Jam, luego de esto, dirigió las directrices de arte de Puppet Kings, el videojuego propio de la organización: “Yo siempre había querido trabajar en videojuegos y se me presentó la oportunidad un mes antes de graduarme. Cuando participé en el Jam, Iván Álvarez, el organizador, me invitó a hacer parte de su empresa... Fui el primer artista aquí, hace dos años y medio”. Puppet Kings tardó dos años en desarrollarse. Debido a que solo contaban con un artista al momento de su creación. “Lo más complejo, al principio, fue mantener a flote los recursos para poder sacar un juego propio, pero ya tenemos todo organizado y es un referente que nos motiva a creer que podemos hacer lo que queremos como empresa indie y, a la vez, tener un mercado internacional”, asegura Karen Lopera, community manager de Timba.

Los desarrolladores de juegos en Medellín aprenden a hacerle el quite a problemas como la falta de financiación de proyectos en un sector todavía desconocido de la economía. Imagen: Timba Games.

Además, afirma que producir videojuegos en Medellín es muy difícil. En primera instancia, no hay recursos económicos que estimulen el progreso de la industria, está el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero este se enfoca en lo referente a la educación, fuera de lo que se ve como entretenimiento. “No hay clientes aquí, porque todo lo quieren gratis, no le dan el verdadero valor económico o de tiempo que realmente se merece”, afirma Lopera. Así mismo, asegura que esta es la razón por la cual la mayoría de

El creciente talento de animadores y programadores influye en el crecimiento de la industria de los videojuegos en la ciudad. Foto: Timba Games.

juegos están en inglés, pues se desarrolla más fácil un videojuego en la India, que aquí. Sin embargo, han tenido mucha acogida con Puppet Kings, debido a que el tipo de cliente es diferente. Aquí son los gamers (jugadores) de Colombia, China, Rusia, Estados Unidos y demás países, los que le dan el valor real al producto. El videojuego está traducido a 25 idiomas, lo que permitió ganar más clientes internacionales. Pese a esto, tuvieron que superar ciertas crisis, como, por ejemplo, la piratería del juego tres meses después de su lanzamiento, aunque, irónicamente, esto incrementó sus ventas. Hace casi tres años, la empresa comenzó con cuatro personas y ya son 25 las que, desde hace cinco meses, se instalaron en la casa, además, tienen alrededor de seis personas remotas en otros países, como en Perú y Vancouver. Dentro de la organización hay una jerarquía: es Iván Álvarez quien asigna las tareas y cada persona trabaja en diferentes proyectos. “En este momento hay muchos artistas, porque necesitamos el arte en cuatro proyectos, aunque estamos enfocados principalmente en dos, que son los más grandes y demandan más tiempo”, dice Lopera. Timba Games tiene el plus en sus artistas: “Buscamos que la calidad sea muy alta. Es abismal en comparación con otras empresas que trabajan en Colombia. Más que nuestros voceros, es

nuestro trabajo lo que habla de nosotros”, asegura la community manager. “Los videojuegos tienen gran influencia en el ámbito cultural de la ciudad, pues ayudan a desarrollar la personalidad y el intelecto, además de promover la armonía entre las personas. Entonces, aparte de ser una experiencia gráfica, es la inmersión a mundos ficticios llenos de nuevas experiencias, convirtiéndose, no solo en entretenimiento, sino en una forma de adquirir conocimientos y habilidades”, finaliza.

“No hay clientes aquí, porque todo lo quieren gratis, no le dan el verdadero valor económico o de tiempo que realmente se merece”, afirma Lopera. Así mismo, asegura que esta es la razón por la cual la mayoría de juegos están en inglés, pues se desarrolla más fácil un videojuego en la India, que aquí.

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DESDE LA RAYA

Una liga de fútbol profesional femenino en Colombia

“ERA UN SUEÑO, PERO SE CONVIRTIÓ EN UNA PESADILLA”, LILIANA ZAPATA, DIRIGENTE. Nathalia Galeano / nathalia.galeano@upb.ed

La Liga Águila Femenina lleva solo dos temporadas. Sin embargo, está en peligro de desaparecer, porque, según argumenta Liliana Zapata, fundadora del Club Deportivo Formas Íntimas, “no hay plata”. Las mujeres futbolistas han tenido una lucha constante con los directivos del fútbol, para que se les reconozca su trabajo y les brinden apoyo para desarrollar el fútbol femenino en el ámbito profesional, pero, solo un mandato de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) pudo obligar a los clubes masculinos profesionales a financiarlas. En el Sexto Simposio de la FIFA sobre Fútbol Femenino, realizado en Canadá en 2015, se establecieron los Diez Principios Claves para el Desarrollo del Fútbol Femenino, donde en el numeral nueve enuncia: “Como el fútbol masculino ya está bien establecido, el fútbol femenino debe ser ‘incubado’ dentro de los órganos de gobierno del fútbol, a través de estructuras organizativas apropiadas, que den el enfoque necesario para desarrollar su potencial”, y este fue uno de los principales argumentos para crear el balompié profesional femenino en Colombia. A partir de este documento, la entidad rectora del fútbol internacional puso medidas fuertes a los países miembros, para que se invirtiera en el deporte de las mujeres, dando apoyo económico y brindando capacitaciones a jugadoras, entrenadores y árbitros. La División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) fue la primera entidad en liderar un torneo nacional de clubes aficionados femeninos, que se realizó en el 2017, en el que participaron los principales equipos del país y fue un precedente para profesionalizar a las futbolistas. El campeonato tuvo éxito, aunque las deportistas tuvieron que costear

Las mujeres juegan solo un torneo al año. Se necesita más actividad para elevar el profesionalismo de la actividad, dicen ellas. Foto: C.D. Formas Íntimas.

los desplazamientos, hoteles, hidratación, con dinero que salía de sus bolsillos o que ganaban en rifas y bazares. En Colombia, solo hasta el 2017 se realizó la primera Liga Águila Femenina, la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor) determinó que los equipos profesionales de primera y segunda división debían abrigar o conformar un equipo femenino, para participar en el torneo. Así inició el primer campeonato profesional de mujeres en el país, con los clubes obligados y las jugadoras ilusionadas. El fútbol profesional femenino en Colombia ya lleva dos temporadas, pero a diferencia de los hombres, que juegan dos Ligas Águila al año, las mujeres solo tienen un certamen, que no alcanza a durar ni seis meses en competencia, por lo que las deportistas quedan desempleadas el resto del año. Elizabeth Palacio es una joven futbolista de 21 años, que jugaba en el Club Deportivo Molino Viejo de Medellín y a principios del año se fue a probar suerte en el Deportivo Pereira. El 5 de enero fue a la ciudad del Eje Cafetero a buscar la oportunidad de dar el salto al fútbol La reducida actividad deportiva genera inestabilidad profesional y despara las deportistas, que, en consecuencia, no pueden dedicarse enteramente a esa labor. Foto: C.D. Formas Íntimas. pués de una sema-

na de entrenamientos, le informaron que la iban a incluir en el equipo para la Liga Águila 2018. Sin embargo, solo obtuvo contrato desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, el cual le cumplieron a cabalidad, con la excepción de algunos retrasos en los pagos. Por un salario mínimo mensual, jugó cuatro meses fuera de su ciudad y vivió en una casa con otras cuatro compañeras. Al final de su participación en el torneo, regresó a Medellín, “empecé a trabajar en un restaurante y allá hago aseo, llevo domicilios, atiendo mesas, hago de todo un poquito”, cuenta Elizabeth. Las jugadoras del Envigado Formas Íntimas atraviesan la misma situación laboral. Los contratos se vencieron el 31 de mayo y después de esa fecha, a las deportistas solo les ofrecen un subsidio de transporte, de hasta trescientos mil pesos al mes, cifra que no es ni la mitad de lo que reciben el primer semestre, tal como lo afirmó Liliana Zapata. Asimismo, agregó que los equipos no cuentan con suficiente presupuesto para mantener los salarios de las futbolistas y que “la situación de las jugadoras profesionales es crítica”. Los cortos contratos y los insuficientes pagos no son el único problema que tienen las deportistas profesionales, pues, además de estar desempleadas por más de seis meses al año, también están limitadas para jugar las ligas aficionadas, en el caso de Antioquia, la Liga Antioqueña de Fútbol (LAF). Laura García jugaba en el Club Deportivo Molino Viejo y a sus 17 años pasó a competir en Liga Águila 2018, con el Deportivo Pereira, sin embargo, como no era mayor de edad, el equipo no le pudo hacer contrato de trabajo. En

este caso, la deportista participó como aficionada con el equipo pereirano y la transferencia de ella fue de la Liga Antioqueña a la de Pereira. El traspaso del Club Molino Viejo al Deportivo Pereira fue cubierto por el equipo del Eje Cafetero, pero cuando regresó a Medellín, Álvaro Restrepo, técnico del Club Molino Viejo, pagó una transferencia de trescientos sesenta mil pesos, para que pudiera volver de nuevo a la LAF. Para poder participar en la Liga Águila Femenina, las futbolistas deben cambiar su estatus de jugadoras aficionadas a profesionales, en el Comet, que es un sistema de información de uso obligado por la FIFA, en el que los clubes registran sus jugadores, miembros del cuerpo técnico, personal médico y delegados, para hacer parte de Difútbol. Cuando los clubes contratan una jugadora de un equipo aficionado, deben pagar un millón doscientos mil pesos, para poderlas bajar del Comet y recalificarlas como profesionales. Todos estos procedimientos les cuestan dinero a los clubes profesionales masculinos que, como señalaba Liliana Zapata, tienen que gastar al menos 400 millones de pesos en un solo torneo, para sostener a los equipos femeninos. Asimismo, agregó que “el fútbol profesional femenino no existe, es solo un gasto para los equipos, porque no es comercial”. Álvaro Restrepo, director técnico del Club Molino Viejo, de Elizabeth Palacio y Laura García, expresa que, “la situación laboral de estas niñas es inestable, porque les hacen contratos por lo que dura el torneo. Ningún equipo está haciendo contratos por más de tres o cuatro meses”. Como alternativa para el beneficio del fútbol femenino, propone que “se debería hacer un semiprofesional” y así los equipos no tienen que gastar tanto y se pueden gestar unas mejores bases para que, en unos años, las futbolistas estén realmente preparadas para la competencia. Del mismo lado, Liliana Zapata dice ver “gris” el panorama del fútbol profesional femenino. Afirma que a la gente no le interesa el balompié de las mujeres. En contraposición, plantea que se capacite a profesionales y aficionados, pues afirma que “no estamos preparados para esto, además, considera importante que haya una unión entre los dos mundos. Al final de todo, el deseo de todas las mujeres futbolistas es poder vivir de lo que más les gusta hacer. “Mi pasión es el fútbol y para ganar hay que arriesgar. He pensado en seguir estudiando para tener otra opción, pero, primero que el fútbol no habrá nada, es como un veneno, lo llevo en la sangre”, concluye Elizabeth Palacios.

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Claves de una declaratoria trascendente

MASACRES Y ASESINATOS POR PARAMILITARES, AHORA SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD María Camila Ramírez Cañón / maria.ramirezc@upb.edu.co

El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró de lesa humanidad las masacres ejecutadas por paramilitares en El Aro, San Roque y La Granja, además del homicidio del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle. Decisiones que, según el tribunal, son parte de la indagación previa 45110 contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, por presuntos nexos con grupos paramilitares. Hace 18 años, la Fiscalía denunció a Uribe por presuntas omisiones como gobernador de Antioquia, que tuvieron relación con las masacres de La Granja y El Aro. En 2014, la Fiscalía remitió la investigación a la Corte Suprema de Justicia, que en 2016 ordenó verificar los testimonios de alias Don Berna y Don Mario. Un año después, en 2017, se reafirmó la denuncia de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.

Delitos de lesa humanidad Los crímenes de lesa humanidad son los “más graves que el hombre puede cometer y un agravio para la humanidad en su conjunto”, según las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional (CPI) en el Estatuto de Roma los define como “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Se entiende por población civil a las personas que no se encuentran en combate. Sistemático se refiere a los actos realizados de forma ordenada y planeada, que buscan tener un impacto determinado en los ciudadanos. No se ejecutan al azar, no son fortuitos. Como otras características, el responsable conoce el contexto de lo que ocurre y su actuar es parte de una agresión generalizada. Esta es la lista de los que se consideran crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional: • •

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El asesinato. El exterminio y genocidio. El primero es el asesinato de un grupo de personas que no tienen particularidades comunes, mientras que en el segundo sí comparten características comunes. Esclavitud o tráfico de personas. Deportación, traslado o desplazamiento forzado de una población. Encarcelamiento o privación de la libertad a un individuo sin justificación. Tortura. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Persecución de un grupo o una colectividad con identidad, sea

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política, étnica, cultural, religiosa, nacional… Desaparición forzada. Otros actos inhumanos.

Dicho estatuto fue reglamentado en Colombia por la Ley 742 del 5 de junio de 2002: “Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día 17 de julio de 1998”. Las masacres de La Granja, San Roque y El Aro, por considerarse casos de exterminio y cumplir las demás características, fueron declarados crímenes de lesa humanidad, al igual que el asesinato del abogado Jesús María Valle. Esta declaración le da responsabilidad política y social al Estado colombiano por estos delitos, lo cual implica que él tiene que indemnizar a las víctimas y pedir perdón públicamente, además de brindar información de los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH), cuando lo solicite.

La Granja y San Roque en 1996 El 11 junio de 1996, en el corregimiento de La Granja, en el municipio de Ituango, alrededor de 30 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) asesinaron a cuatro personas, entre campesinos y líderes sindicales, por ser supuestos colaboradores de la guerrilla; acusaciones que fueron desmentidas por la Fiscalía. A raíz de este hecho, decenas de familias fueron desplazadas. “Esta matanza fue dirigida por Carlos Mauricio García alias Doble Cero, ex jefe paramilitar, asesinado en 2004; los hermanos Vicente y Carlos Castaño; y Salvatore Mancuso”, señala un documento de Rutas del conflicto, iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica y Verdad Abierta. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pagarles una indemnización a los familiares de las víctimas de dicho hecho. En el mismo año ocurrió la masacre de San Roque, municipio ubicado en el nordeste de Antioquia. Seis mineros, entre ellos un líder comunitario, fueron asesinados, luego de que varios desconocidos llegaran al sitio en camionetas, con armas de diferentes calibres y lista en mano. Para cubrir su huida, los victimarios hicieron explotar una granada que dejó tres heridos.

En Ituango ocurrieron varios de los hechos sobre los que recae la declaratoria de crímenes de lesa humanidad. Foto: Wikimedia Commons.

El Aro, 1997 El Aro es un corregimiento de Ituango, municipio antioqueño ubicado en el Nudo de Paramillo. El control de dicho territorio “garantizaba el tránsito libre entre cinco departamentos y un corredor entre el océano Pacífico y el Atlántico, clave para el narcotráfico”, cuenta Rutas del conflicto. Por eso, 150 hombres de las ACCU se tomaron el lugar, el 22 de octubre de 1997, durante siete días para sacar a las FARC de la zona. Durante ese tiempo, los “paras” torturaron y asesinaron públicamente a 17 personas. Luego de la matanza, quemaron 42 casas, se robaron 1 200 reses y desplazaron a cientos de habitantes. La CIDH condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas de la masacre, debido a que fue responsable del suceso, por dejar a la población civil desprotegida durante todo el ataque.

Homicidio del defensor inconforme Jesús María Valle, abogado y concejal de Ituango, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Los principales motivos fueron las denuncias que hizo sobre la participación de militares en conjunto con paramilitares, para la ejecución de las masacres de La Granja y El Aro en Ituango.

Alias Don Berna aseguró que Carlos Castaño fue quien dio la orden de cometer el homicidio y dijo que la justificación fue la molestia generada por el trabajo de Valle y sus acusaciones en contra del Estado por la participación en las masacres anteriormente mencionadas. La CIDH condenó al Estado colombiano por violar los derechos a la propiedad privada, a la protección de la honra y la dignidad de Jesús María Valle. En 2018, Guillermo Rivera, entonces consejero presidencial para los Derechos Humanos, pidió perdón en nombre del Estado por este asesinato. Por estos hechos, un tribunal de Medellín ratificó la condena de 30 años contra Jaime Alberto Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio. “Esta declaración de ser delito de lesa humanidad no beneficia legalmente a la Corporación Jesús María Valle. Pero nos da la satisfacción de saber que están investigando las conductas y que estamos representando a un hombre digno ante la sociedad, cosa que nos da fuerza para seguir con nuestra labor”, afirmó Mauricio Herrera Valle, presidente de dicha corporación y abogado. Declarar estos crímenes de lesa humanidad implica que dichos delitos son imprescriptibles, es decir, que no caducan ni se dejan de investigar hasta hallar a los culpables o el culpable. Además de que son imputables para quien los cometió, sin que el hecho de haber cumplido órdenes de un superior jerárquico, lo exima de la responsabilidad penal. Con esto se pretende encontrar la verdad de lo sucedido y sentenciar a los culpables.