Contexto Ed. 70 by Periódico Contexto

PERIODISMO UNIVERSITARIO

ISSN 1909-650X

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo

Medellín, abril de 2019

No. 70

Distribución gratuita

Foto: Martín Villaneda

EL RUMBO QUE BUSCA NARANJAL Lo que se ve cotidianamente es apenas una parte de la historia detrás de todos los proyectos, obras e intervenciones que se adelantan en nuestra ciudad. Un ejercicio periodístico reciente sobre la intervención en Naranjal y Arrabal, al occidente de Medellín, le enseñó al equipo de Contexto el gran reto que supone comprender lo público y el funcionamiento de la gestión de gobierno para llevar a nuestra audiencia las herramientas que le permitan entender, a su vez, lo que pasa. En esta

edición corregimos, ampliamos y detallamos el panorama sobre el Plan parcial de Naranjal y Arrabal. Le contamos en qué va la idea de una colonia agrícola que se propuso ante la crisis carcelaria, que no es solo un tema de hacinamiento en el país. Además, le explicamos y le detallamos: ¿Se resolvió el problema de olores en la nueva planta de tratamiento de aguas en Bello? ¿Qué fue lo que se aprobó en la Ley de Financiamiento? ¿En qué consiste la aprobación que se dio para el aprovechamiento del caimán aguja en la bahía de Cispatá?

Lea en Contexto Págs. 6 - 13

Este tiempo

Las mujeres buscan ser protagonistas en el año electoral Un panorama en Colombia

6-7

Rostros

Faros para la eternidad Javier Álvarez y Gildardo Lotero

9 Este tiempo

¿Alcanzan los acuerdos por la educación? Revisión, a meses del anuncio

OPINIÓN

Los atlas de Colombia Héctor Andrés Mendoza Lara / hector.mendoza@upb.edu.co

Uno de los problemas históricos que ha marcado a Colombia, en el ámbito internacional, es el desplazamiento forzado. Esto sucede como consecuencia del conflicto armado en el que hemos estado sumergidos durante mucho tiempo. Millones de personas tuvieron que emigrar de sus lugares de origen para poder

Millones sin sentido en el fútbol Samuel Vásquez Rivas / samuel.vasquez@upb.edu.co

En las últimas dos décadas el fútbol se ha convertido en un negocio muy rentable, tanto para los jugadores como para los empresarios e inversionistas. Es una manera de ganar mucho dinero, firmar contratos de valores inimaginables y romper con los paradigmas de las negociaciones en el ámbito internacional. Los

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTEXTO No. 70

Abril de 2019

sobrevivir y seguir con sus vidas en diferentes ciudades del territorio nacional. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Colombia, para el año 2017, registró un total de 7.9 millones de personas desplazadas por el conflicto, lo que la posicionó como el segundo país con más desplazados del mundo. Muchas de estas familias tuvieron que tomar lo poco que poseían, echarse la bendición y dirigirse a las ciudades más grandes del país, para poder trabajar y mantener a su núcleo familiar. Esto significa un gran movimiento de campesinos, cuyos saberes están en las labores diarias del campo, es decir, en las ciudades ellos tendrán que trabajar en lo que puedan y defenderse de la misma forma. En efecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reportó, en su libro Una nación desplazada, que: “De acuerdo con la información contenida en el Registro Único de Victimas (RUV), con corte al 31 de diciembre del 2014: Bogotá D.C había recibido 496 837 personas desplazadas; Medellín, 403 676 personas; Santa Marta, 186 135 desplazados; Cali,

140 751 personas; Sincelejo, 133 101 desplazados; y Valledupar 124 288 personas”. Sin embargo, un gran porcentaje de los individuos, al no tener un nivel de educación básico, entran a las pandillas, se pierden en el alcohol y las drogas o, por el contrario, trabajan informalmente en ventas ambulantes, según sostiene el CNMH en el documento, en relación con estas cifras. Además de estas cifras alarmantes, está la preocupación con relación con la salud y bienestar de las personas desplazadas, según el estudio que publicó el Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad CES, este arrojó como resultado que la depresión mayor, la ansiedad generalizada y la fobia a lugares abiertos son las consecuencias más comunes entre esta población. Muchas familias del Urabá, por ejemplo, tuvieron que buscar otros rumbos, muchos con unas sensación similar a la de dar un paso al vacío. Los desplazados son como Atlas: a pesar de cargar el mundo en sus hombros, siguen adelante con sus sueños, así sea caminando por sendas desconocidas.

grandes jeques, hombres multimillonarios y empresas poderosas han analizado, con el pasar de los años, el crecimiento de este deporte y se han aventurado hacia una nueva alternativa de negocio con la que se puede ganar un gran porcentaje de dinero. Adueñarse de equipos, e invertir gran cantidad de dinero en estos, es el camino para la prosperidad. Además, la venta de jugadores o de los derechos de televisión son algunos factores que le dan un gran valor monetario al deporte más rentable del planeta: el fútbol. Todo empezó con el auge de los medios de comunicación, especialmente la televisión e internet, que generaron que el fútbol sumara millones de seguidores en todo el mundo. Estadios llenos y número de camisetas vendidas por minuto muestran la gran actividad económica de cara a este negocio, en el que la materia prima nunca se acaba y crece rápidamente: aficionados, equipos y jugadores. Pese a esto, el negocio también tiene su cara menos amable, por ejemplo, cuando se cometen frau-

des en las negociaciones para transmitir y patrocinar los torneos más tradicionales con las figuras de cada país. Uno de los casos más famosos fue el de los directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), entre los cuales se encontraban algunos dirigentes sudamericanos, quienes cayeron en manos de la justicia de Estados Unidos por recibir millones de dólares en sobornos. Entre tanto, algunos clubes muestran un poderío económico contundente, con cientos de millones recibidos por los servicios de un jugador de fútbol. En variados casos la cuestión no es el talento dentro del club, sino mostrarse al mundo como una gran empresa de alta confiabilidad. Marcas deportivas, empresarios con gran capacidad financiera o entes rectores del deporte en el mundo, o economías tan fuertes como las de China, Estados Unidos y Arabia Saudita se vuelven actores principales de un deporte en el que la clave de su funcionamiento está, cada vez más, por fuera de las canchas.

PÁJAROS DE VERANO: UN VUELO SOBRE LA MEMORIA Y LA TRADICIÓN Santiago Gallego Callejas / santiago.gallegoc@upb.edu.co

Dirección: Ciro Guerra y Cristina Gallego. Reparto: Carmina Martínez, José Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narváez, Greider Meza, José Vicente Cote y Juan Bautista Martínez. Premios: Fénix a mejor película, música y actriz. Ciro Guerra es un director que ha explorado, con sus películas, las costumbres y tradiciones de algunas comunidades marginales del país, enlazando sus relatos con la historia nacional. En Pájaros de verano, su última película, el director se acerca a las tradiciones de los indígenas wayuu, proponiendo un drama familiar en el marco de la bonanza marimbera entre los años de 1975 y 1985. El cruce entre tradiciones ancestrales e historia colombiana ya tuvo rédito con El abrazo de la serpiente, su anterior filme, nominado a los Premios Óscar como mejor película extranjera, en la que las expedicio-

nes etnobotánicas de la primera mitad del siglo XX y el contexto de la fiebre del caucho son el marco de un viaje de descubrimiento personal, acompasado por las formas narrativas y las tradiciones de una comunidad indígena amazónica. Pájaros de verano es la historia de Rapayet, un hombre wayuu que quiere casarse con Zaida, pero que debe pagar una onerosa dote para ser aceptado por Úrsula, la matrona del clan Pushaina. Para lograrlo, Rapayet entra al negocio del narcotráfico y gana cierta fortuna, lo que le permite pagar la dote. Sin embargo, esto también le traerá a su vida, como generalmente le sucede a todo aquel que entra en ese negocio, conflictos, zozobra y muerte. Esta película aborda la entonces incipiente historia del narcotráfico, situándola al interior de esta comunidad indígena. Evidencia cómo la irrupción de este negocio ilegal y la presencia de los cuerpos de paz norteamericanos, como posibilidad de exportación, se infiltraron en esta comunidad ancestral, desatando una guerra entre ellos y conduciéndolos hacia la degeneración de sus tradiciones y costumbres. Los espectadores serán testigos del declive de las costumbres ancestrales a causa de la irrupción de fenómenos culturales externos, situación evidenciada en la secuencia que muestra cómo una joven wayuu pierde el conocimiento ancestral

ante la intervención del arijuna, forma wayuu para designar al hombre blanco, contagiándose de su codicia y su capacidad para fracturar el honor, la familia y la tradición, bases fundamentales de esta comunidad. Por otro lado, esta película permite demostrar, una vez más, la pericia y agudeza visual con la que Ciro Guerra registra los paisajes colombianos. Una habilidad que ya se le conocía con Los viajes del viento, al retratar algunos parajes del Caribe colombiano; y con El abrazo de la serpiente, en la que presenta la Amazonía con un arriesgado blanco y negro. Ciro Guerra y Cristina Gallego, en Pájaros de verano, captan el desierto guajiro de manera magistral, la alta montaña de la Sierra Nevada y los coloridos trajes wayús. Sin embargo, a esta calidad visual se le contrapone el tratamiento ético, pues la historia parece poner en entredicho la memoria y el honor de una comunidad haciéndola partícipe del desarrollo del narcotráfico. Es esa tensión entre la representación de los wayús, su incursión en el narcotráfico, la belleza de las imágenes y los parajes donde se desarrolla esta historia la que podrá brindarle herramientas al espectador para que afronte esta película e indague acerca de la congruencia con la que se exponen las dinámicas de la guerra del narcotráfico reflejadas en esta problemática familiar.

Abril de 2019

CONTEXTO No. 70

EDITORIAL

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

TODO EN TÉRMINOS JURÍDICOS periodico.contexto@upb.edu.co

Cobra un nuevo valor la expresión propia de espacios cotidianos que dice que el nuestro es un país de leyes que, en su mayoría, tienen los mismos efectos que un objeto decorativo. La paradoja es que justo cuando los magistrados, los jueces e inspectores están interviniendo, cunde esa percepción de inoperancia entre la ciudadanía. A la acción de la justicia se le asocia con trámites extensos y papeleos abrumadores. Por su complejidad, la terminología jurídica opera en muchos ciudadanos más como un factor de intimidación, o temor, que como una herramienta para defender sus derechos. Sin embargo, a los despachos judiciales llega de todo. Con los mecanismos alternativos de justicia, como la conciliación, han tratado de fortalecer la capacidad de la ciudadanía para construir acuerdos y autorregularse. En contraste, cifras analizadas por la Universidad Libre, en un estudio presentado en el 2018, señalan que, entre el 2012 y el 2017, el 44,6 % de los procesos jurídicos no fueron atendidos a tiempo. Esta es una de las situaciones a la que esta investigación atribuye que el 70 % de los ciudadanos encuestados considere que la justicia es lenta y que el 64 % justifique ejercer la justicia por cuenta propia. La solución violenta de los conflictos origina entonces la intervención de esa misma justicia, de la cual la ciudadanía se distancia porque carece de las herramientas para comprender o aten-

der el requerimiento jurídico cuando este se presenta. Los mismos periodistas pecamos por el desconocimiento, en nuestra labor informativa, sobre temas judiciales. Colombia es un país en el que muchos confunden una denuncia con una demanda y en el que hay 11 jueces por cada 100 000 habitantes (con 390 974 procesos), según cifras del 2017 del Consejo Superior de la Judicatura. Entretanto, los inspectores de la Policía, ya insuficientes, tienen que hacerse cargo de las incontables zonas grises de un código al que se le cuelan toda suerte de irregularidades; de las cuales, las más notorias son las gruesas equivocaciones de efectivos policiales, igualmente desbordados por una ciudadanía que ve a los agentes con temor, luego de acostumbrarse por años a su ausencia y, con ello, a un límite difuso entre lo legal y lo ilegal. Mientras esto ocurre, se espera una decisión final de la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión en redes sociales: con las responsabilidades en la publicación y el retiro de contenidos injuriantes o calumniosos. Sin embargo, en lo que se considera un anticipo de esa decisión, ese Alto Tribunal Constitucional ya falló una acción de tutela en la materia y señaló que solo se puede limitar la libertad de expresión para proteger el buen nombre, cuando se hacen afirmaciones que implican la comisión de delitos o, según el fallo: “Cuando se le atribuyen (a una

persona) comportamientos que, sin ser estrictamente punibles, suelen tener un grado significativo de reproche social; por ejemplo, el no pago oportuno de las deudas o la participación en actos impúdicos en ambientes escolares, o la inducción a jóvenes al exhibicionismo, a la pornografía y a la inmoralidad en internet”. El Alto Tribunal Constitucional indicó en el fallo que quienes se consideren agredidos por comentarios injuriosos, o calumnias, deben hacer su denuncia directamente ante la Fiscalía, en vez de acudir a la tutela; y que los jueces deben actuar para limitar los mensajes que se publican en redes sociales, cuando se está ante “un peligro apremiante,

inminente y grave que haga imperativa” su intervención. Los mensajes de la justicia parecen contradecirse y resulta difícil que la ciudadanía capte el llamado del Alto Tribunal a que haya criterios razonables para acudir ante la justicia para resolver conflictos cotidianos, cuando, al mismo tiempo, la ciudadanía ve cómo el peso de la ley cae, con más notoriedad por estos tiempos, en forma de comparendos, visitas a las inspecciones de la Policía, multas y hasta eventuales arrestos, documentados en archivos que llenan anaqueles y discos duros como prueba del fracaso de las capacidades de autoregulación y mutua reglamentación de la ciudadanía y sus autoridades.

Colombia es un país en el que muchos confunden una denuncia con una demanda y en el que hay 11 jueces por cada 100 000 habitantes (con 390 974 procesos), según cifras del 2017 del Consejo Superior de la Judicatura. USB. Por: Zuleta. Trabajo participante en el Salón del Cómic, Manga y Caricatura UPB, 2018.

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo

Miembro de la Red Colombiana de Periodismo Universitario • Rector: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda / Decano Escuela de Ciencias Sociales: Ramón Arturo Maya Gualdrón / Directora Facultad de Comunicación SocialPeriodismo: María Victoria Pabón Montealegre / Coordinador del Área de Periodismo: Juan Manuel Muñoz Muñoz / Dirección: Joaquín Alonso Gómez Meneses / Redactores en esta edición: Patricia Durán López • María Camila Marín Álvarez • Sebastián Carvajal Bolívar • Juan Pablo Patiño • Isabella Carvajal Gómez • Yuri Paulina Morelo Morelos • Juan Esteban Rodríguez Dávila • Daniela Morales Medina / Foto portada: Martín Villaneda Gómez / Diseño: Estefanía Mesa B. • Carlos Mario Pareja P. / Diagramación y corrección de textos: Editorial UPB / Impresión: La Patria // Universidad Pontificia Bolivariana • Facultad de Comunicación Social - Periodismo / Dirección: Circular 1ª Nº 70 - 01 Bloque 7 Oficina 401 / Teléfono: 354 4558 / Twiter: @pcontexto / Correo electrónico: periodico. contexto@upb.edu.co / ISSN 1909-650X.

RASTROS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTEXTO No. 70

Abril de 2019

¿Qué pasa con esta intervención? ¿Cómo funciona?

NARANJAL BUSCA UN NUEVO RITMO Patricia Durán López / yaileny.duran@upb.edu.co, periódico Contexto

Contexto averiguó con algunos propietarios, trabajadores, habitantes del territorio y representantes de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) sobre el presente y los problemas del Plan parcial de Naranjal y Arrabal. Sobre esa primera indagación, publicada en nuestra edición 69, hacemos precisiones y aclaraciones que presentamos junto a un panorama detallado del Plan parcial, explicado por quienes están a cargo de esta intervención. Las laderas de Medellín no tienen más suelos para urbanizar. Hoy los lineamientos de planeación buscan una mejor planificación en la ocupación de otras zonas de una ciudad cuya población crece, entre otros cambios. Con el Decreto 158 del 2002, la antigua Promotora Inmobiliaria de Medellín se convirtió en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que asumió “la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y nuevos proyectos de vivienda para que, con los demás elementos sectoriales, se tenga la ciudad deseada y próspera”, según reza el documento. Una ciudad que ahora debe crecer hacia adentro, lo que se conoce como redensificación del territorio. Esta visión del desarrollo urbano en Medellín apareció con el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que en 1999 fundamentó los planes parciales para Medellín, uno de los cuales es el Plan parcial de renovación urbana Naranjal y Arrabal, según explicó Gloria González, subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU.

El plan para Naranjal y Arrabal Lo que a principios del siglo XX fueran suelos humedecidos por el río Medellín, ocupados por potreros y cultivos de naranja de las viejas fincas en la “otra banda” de la ciudad naciente, fueron divididos por este Plan parcial en ocho Unidades de Actuación Urbanísticas (UAU), cinco en Naranjal y tres en Arrabal para su intervención. En el 2009 dicho Plan parcial fue sometido a revisión, debido a los pobres avances ocasionados por los conflictos de uso del suelo, el trabajo informal y las confusiones en la titularidad de los predios que dificultaban la llegada de los inversionistas privados para su intervención, ante la imposibilidad de emprender las ingentes inversiones requeridas solo con recursos públicos. Por lo que en el decreto de creación de la EDU se contempló el trabajo “con los demás elementos sectoriales”. El Decreto 1309 del 2009 permitió intervenir cada Unidad de Actuación Urbanística (UAU) sin un orden consecutivo o cronológico respecto de las demás. La nueva normativa “definió asuntos sobre la protección de moradores y de la comunidad, con la disposición de recursos, mediante convenios para hacer un censo de la población”, señaló la subgerente de Operación Urbana e

Inmobiliaria de la EDU, Gloria González. La información sobre: ¿cuánta gente había?, ¿en qué condiciones estaban?, ¿dónde y cómo vivían?, ¿en qué trabajaban? Y, ¿qué atención necesitaban quienes la precisaban?, se complementó con estudios de suelos e hidrología asociada a la quebrada La Hueso, cuyos desbordes no son novedad para los vecinos de Naranjal. La Alcaldía de Medellín buscó alianzas con el sector privado, en el año 2012, para la intervención urbanística de Naranjal y Arrabal según la idea inicial, y aportó recursos para la gestión de los suelos. La UAU número tres fue la primera en ser intervenida (ver mapa). Existía buena voluntad por parte de la familia Garcés, dueña de la mayoría de los predios de esta unidad, según Gloria González, subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU. Con este panorama “se empieza la gestión predial, invitando a participar a desarrolladores locales”, relató. Lo normal es que los constructores, antes de comprar el lote, abran un punto de venta y, una vez que el negocio marcha a buen ritmo, negocian el lote. “Pero en las renovaciones el negocio cambia porque se debe contar con recursos para el estudio de suelos, pagar las compensaciones, atender el programa de gestión social para saber si hay proyecto o no. Implica tener dinero para compensar todo y eso no funcionaba así en el mercado inmobiliario tradicional”, explicó González. Por todo ello, hubo poca respuesta de los inversionistas locales. Pese a esta situación, existía una decisión tomada y los aportes ya se habían hecho para la gestión de predios que hiciera viable el proyecto, en condiciones favorables a los antiguos residentes y propietarios, por lo que el Gobierno local abrió su búsqueda de inversionistas privados al ámbito nacional. El oferente seleccionado fue CASS Constructores, empresa liderada por el empresario Carlos Alberto Solarte Solarte, con la cual se firmó un contrato para el desarrollo de las UAU dos y tres (ver mapa).

Los imprevistos En la EDU se reconoce que varios factores ocasionaron que el proyecto no avanzara según lo esperado. En la edición 69 de Contexto se indicó que la profesional social de esa entidad, Gladys Toro, atribuyó esta situación a la falta de capital. Es necesario precisar que la intervención en las unidades dos

y tres donde está el proyecto urbanístico, y que hacen parte del contrato con CASS Constructores como inversionista, avanza en un 65 %: con una plataforma comercial terminada y dos, de cuatro torres de vivienda, construidas hasta la fecha, según la subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU. Según cifras de la EDU, el 60 % de los predios de la UAU tres era propiedad de la familia Garcés, en cuyo interior hubo un diferendo en torno a estos bienes, esto tuvo que resolverse ante

un juez que interpuso medidas cautelares, tiempo durante el que debió suspenderse la intervención. Resuelto este impase, estos propietarios recibieron una parte en dinero y 12 apartamentos, según indicó la entidad. Al tiempo, los procesos jurídicos en contra de CASS Constructores por problemas en otros proyectos como el Alto de la Línea y Tunjuelo – Canoas, asociados al escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht, afectaron el flujo de caja del inversionista privado que incursionaba en la construcción de vivienda. Lo que provocó la disminución del ritmo de construcción de las obras de Naranjal. Además, CASS Constructores esperaba cumplir con sus aportes al

El proyecto de vivienda en curso sigue su avance, pero no con la cantidad de trabajadores que se quisiera. Foto: Martín Villaneda Gómez.

proyecto a partir de las primeras ventas, sin embargo, el conjunto de hechos descritos generó incumplimientos, por lo que la EDU y CASS se interpusieron demandas mutuamente. El abogado Andrés Meneses señala que el contrato con CASS estipulaba un tribunal de arbitramento, en caso de conflicto. Ante el cual se están estableciendo los incumplimientos de parte y parte, luego de lo cual puede venir una decisión, o el acuerdo entre las partes de anular o ceder el contrato, para despejar el camino del proyecto al amparo de un nuevo inversionista. La directora técnica del Plan parcial, Tatiana Medina, precisó que “estamos en un proceso de cesión con un posible inversionista, a la espera de definir

si toman la unidad dos y tres. Estamos trabajando, tenemos personal, pero no la cantidad que se debería tener”.

Así funciona el Plan parcial hoy Una nueva revisión al Plan parcial de Naranjal y Arrabal, mediante el Decreto 1050 del 2018, incluyó como uno de los insumos más fuertes de esta intervención un programa de gestión social con dos componentes: “Uno socio-habitacional orientado a los residentes; y otro socioeconómico para las unidades comerciales de vehículo pesado, liviano y reciclaje”. Un tercer componente de

Abril de 2019

CONTEXTO No. 70

carácter sociocultural quedó a cargo del operador urbano (la EDU), según la revisión amparada por las normas municipales que, en el 2017, delegaron a los operadores urbanos el acompañamiento a la comunidad, la gestión social y la comunicación de los planes. Cambios normativos permitieron que, con la delimitación por UAU, se pueda tramitar licencias por cada unidad, algo que facilita el avance del proyecto y que cada fracción tenga la proporción requerida de andenes, como los que se proyectan para llegar a la plaza de toros La Macarena; áreas verdes, como las propuestas para la avenida del río y los parques lineales, como el construido cerca a la quebrada La Hueso, en las en las UAU cuatro y cinco (ver mapa). La intervención de cada UAU necesita la participación de la EDU, como gestora pública del proyecto, y del inversionista privado. La subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU, Gloria González, explica que este último componente es el que hace viables los desarrollos urbanísticos. Según González, una vez cada unidad tiene su inversionista, se contacta a cada propietario de los predios y se le pregunta: “¿A usted le gustaría participar? Yo no le estoy diciendo que se tiene que ir. La renovación lo que inicia es un proyecto de negociación; el dueño del suelo tiene la opción de participar en la negociación y el día de mañana recibe la unidad inmobiliaria que conviene con el inversionista los metros cuadrados de vivienda, del local o de la oficina, eso dependerá en la negociación de ellos dos (del propietario y del inversionista privado). También se les da la opción del dinero o del inmobiliario, o si necesita la plata ya, se le entrega”. González puntualiza que también pueden recibir un derecho de precedencia para que, una vez el proyecto esté listo, ese participante vuelva a negociar, pero con una base más baja. Este modelo de negociación ya se ha aplicado, a pesar de las complejidades de la gestión predial por algunas de las situaciones jurídicas de tenencia de estos suelos, entre las que se encuentran: los problemas con tradiciones en inmuebles, ocupantes sin titularidad o sin hacer procesos de pertenencia, escrituras sin registrar o propietarios de predios con ocupantes que no les reconocen el arriendo. Gloria González afirma que cada propiedad requiere un análisis minucioso, lo que toma tiempo y recursos. La intervención avanza a ritmos diferentes en cada unidad, lo que ha causado algunas confusiones. En la edición 69 de Contexto referimos el testimonio del señor Elkin Flórez, quien expresó que: “La EDU sacó a la gente

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

de mala forma; si negociaban, bien; si no, los expropiaban, primando el bien de ellos y no el particular”. Al respecto, la profesional social de la EDU, Gladys Toro, precisa que: “(Elkin) habla desde la percepción de los vecinos, pero no se ha intervenido donde él está”.

Lo que a principios del siglo XX fueran suelos humedecidos por el río Medellín, ocupados por potreros y cultivos de naranja de las viejas fincas en la “otra banda” de la ciudad naciente, fueron divididos por este Plan parcial en ocho Unidades de Actuación Urbanísticas (UAU), cinco en Naranjal y tres en Arrabal para su intervención.

Sobre las expropiaciones Andrés Meneses Bermúdez, abogado del equipo social del Plan parcial, explica que: “Toda la gente asocia expropiar con desalojar como una consecuencia final; y esta (la expropiación) permite a la administración tener una facultad que tendría cualquier particular. En nuestro caso no hemos llegado al desalojo, sino a entregas concertadas, por eso se ha compensado a las personas. No obstante, en la expropiación hay una compensación”. La publicación en la edición 69 de Contexto señalaba que los dueños de los talleres preferían la expropiación, como mecanismo para que los arrendatarios salieran de los locales. La subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU aclara que la expropiación

RASTROS

viene cuando es difícil sanear o aclarar la propiedad del inmueble, al punto que los propietarios terminan por solicitar la expropiación, ante la imposibilidad de hacer negocio con su respectivo arrendatario, con quien la EDU también acuerda compensaciones. Sobre la compensación, en el caso de los arrendatarios, el abogado Meneses explica: “Si es una unidad económica (un taller, por ejemplo), el impacto económico y el traslado se incluyen. Si la unidad implica un traslado especial, por la maquinaria que hay, también se contempla desde la indemnización. Cuando de manera concertada no se pudo, se recibe apoyo por un inspector de la Policía”.

¿Quién vive? Las condiciones de vida y de trabajo en Naranjal son un factor clave del Plan par-

RASTROS

En diez años, quien era la hija, ahora tenía su propio núcleo familiar, y como había vivido toda la vida aquí, se le dio la oportunidad de ingresar al censo y aquí ocurre que hay tres hogares compartiendo una vivienda; entonces se contó, uno a uno, con el comité de vivienda y la mesa de concertación. cial. La profesional social, Gladys Toro, admite que hay cansancio en algunos de los habitantes, sobre todo entre los líderes que “están escuchando del Plan parcial desde el 98, con (el alcalde) Juan Gómez Martínez”. La versión de Contexto en su edición 69 atribuyó a la profesional social de la EDU, Gladys Toro, la afirmación de que quienes trabajaban informalmente en el espacio público de Naranjal no pagaban nada. La misma Gladys Toro aclara que: Cuando se hizo el primer censo, con carácter económico en el 2006, efectivamente la población ya tenía una tradición de 20 a 30 años, pues el barrio inició como en el año de 1930 y el principal propietario era José Domingo Garcés. Empezaron a asentarse personas con vehículos pesados, en ese entonces tenían 40 y 50 años, ahora tienen más, son mayores. La mayoría son arrendatarios y subarrendatarios, y hoy permanecen aquí con la esperanza de que, mediante la compensación, puedan hacer lo de las cesantías y su trabajo. En dicha caracterización del año 2006 se identificaron cuatro grupos, denominados grupos metas, sobre los usos del territorio: vivienda, vehículo liviano, vehículo pesado y reciclaje. Además de otras unidades económicas complementarias como: restaurantes, cafeterías, ventas de insumos y servicios generales. Muchos de los integrantes de estos grupos identificados no trabajaban bajo contratos, ni hacían aportes al sistema de seguridad social, por lo cual hoy no pueden aspirar a una pensión. Ante esta situación, que Toro reconoce como difícil, “empezamos a aclarar que su proyecto de vida no se lo podía resolver el Plan parcial. Fue una decisión suya, pero sí se puede reconocer un impacto económico en la gestión predial”. Según explica Gladys Toro: Se identificaron 105 núcleos familiares, terminamos con 162. En diez años, quien era la hija, ahora tenía su propio núcleo familiar, y como había vivido toda la vida aquí, se le dio la oportunidad de ingresar al censo y aquí ocurre que hay tres hogares compartiendo una vivienda; en-

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA tonces se contó, uno a uno, con el comité de vivienda y la mesa de concertación. Además, ella añade que algo similar ocurrió con las unidades productivas de vehículos livianos: en el año 2013 se habían contado 100 y se pasó a 198; en vehículos pesados, de 75 unidades productivas se pasó a 100; y en reciclaje, de 11 en el Plan se pasó a contabilizar 15 unidades. De 25 comerciantes censados inicialmente, se pasó a 207 que, por ser venteros ambulantes, no pueden ser compensados. La concejala Luz María Múnera y el concejal Jesús Aníbal Echeverry, que respaldaron las objeciones de la comunidad, participaron en las mesas de concertación para revisar las demandas de esta, a la luz de las posibilidades del proyecto, según la ley. Los mecanismos legales que blindan los contratos con los inversionistas privados no permiten renegociar los aportes que ellos hacen, en función de cambios, como los registrados en el nuevo censo. Por ello, incluir a la población “flotante” en las compensaciones, como los vendedores ambulantes, significaría reducir en estas la proporción correspondiente a cada beneficiario, así lo explica Gladys Toro, al señalar que con esta población se buscaron otras alternativas, mediante su inclusión en la oferta institucional de la Alcaldía.

Las compensaciones Según Gladys Toro, a las familias que deciden participar en la oferta de vivienda del Plan parcial se les reconoce el 75 % de un salario mínimo para cubrir su traslado, alojamiento por 12 meses, en un porcentaje acorde con su nivel de vulnerabilidad económica, de acuerdo con lo cual, también se les otorga para su nueva vivienda un capital que va desde los 9 hasta los 17 salarios mínimos mensuales.

CONTEXTO No. 70

Los beneficiarios deben de tener un ahorro programado de vivienda que, para una de interés prioritario, corresponde al 10 % del valor de esta (cerca de cinco millones de pesos). De estas compensaciones se benefician quienes viven allí desde antes del año 2006, quienes hacen parte del territorio desde hace varios años. Para los trabajadores el componente socioeconómico del Plan ofrece compensaciones por impacto a cada unidad económica: si esta es formal, la compensación es acorde a los ingresos de los últimos seis meses, mientras su actividad se estabiliza. Además del reconocimiento de un traslado simple o especial, por ejemplo, en caso de que haya maquinaria pesada. En el caso de las unidades económicas informales, que son mayoría en Naranjal, los propietarios presentan certificaciones de ingresos para tasar una compensación hasta de 22 salarios mínimos mensuales. Según el Decreto 1091 del 2017, y el que define las normas del Plan parcial de Naranjal, los trabajadores informales en el espacio público no pueden incluirse en las compensaciones, pero sí en los programas oficiales, como los de desarrollo económico, entre otros. Este mismo mecanismo operó con los adultos mayores que solían trabajar en el espacio público. Uno de ellos ahora vive en un centro de atención al adulto mayor y sigue yendo a trabajar a Naranjal, mientras que otros han dejado por escrito su rechazo a la propuesta y abandonan el sector luego de recibir su compensación. De este mismo modo han actuado los trabajadores que no aceptan las propuestas de asociación y de formalización hechas desde el Plan parcial: vincularse a la oferta de servicios del centro automotriz contemplado en la intervención (ver mapa). Para lo cual ya 25 trabajadores han sido certificados por el SENA. Según explica la subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU: “La plata para compensar sale de

Abril de 2019

los desarrolladores privados, por tanto, no se tiene lista para gastar, sino que habrá que esperar. También le conviene a la gente que el plan siga para que esas compensaciones no queden en el papel. Si no se desarrollan las demás unidades, por más que el Plan diga que hay que compensarlos, no hay dinero. En la medida que le vaya bien al Plan parcial, le va bien a la gente”. La profesional Gladys Toro hace un balance de los efectos de la nueva política social, producto de la reforma al Plan parcial en el 2018: “Empezamos a perfilar de nuevo la continuidad del Plan Parcial, a revisar qué está pasando, resolver asuntos con las UAU dos y tres, y con las mesas ajustamos los censos porque la mayoría decía que en el año 2006 y el 2009 no se había caracterizado a toda la población, sino solo a los propietarios, o a las de las unidades económicas, y que había quedado mucha población por fuera. No lo hicimos solos, lo hicimos con el Departamento Administrativo de Planeación, porque ellos tuvieron a cargo esa caracterización económica”.

La prioridad para el Plan A pesar de que el avance de un Plan, como el de Naranjal, depende, en alguna medida, de la voluntad del gobernante de turno, la disminución del ritmo en el proyecto durante el último cambio de Gobierno en la ciudad, “coincidió con una situación jurídica entre predios, que nos puso en jaque en el primer año del gobierno (…). El Plan parcial trata de minimizar ese riesgo (los cambios políticos), en la medida que entren nuevos inversionistas. Ya ellos como privados tendrán su ruta, independientemente de la Administración”, explica la profesional de la EDU, Gladys Toro, y revela: “Uno de los retos es dejar este año un poco más limpia la relación con el inversionista y conseguir a otros para las demás unidades”.

LAS COSAS DE ESTRENAR Sobre los problemas con las redes de acueducto y los drenajes de aguas lluvias que denunciaron los propietarios de los apartamentos, según se lee en la edición 69 de Contexto, Tatiana Medina, directora técnica del Plan parcial Naranjal, explicó que las nuevas instalaciones hidráulicas exigieron refuerzos en la red del acueducto, para que la nueva demanda de agua no afectara los sectores de San Joaquín y Conquistadores. Una asesoría de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) indicó cuatro sitios a intervenir del circuito Tanque Nutibara: en la calle 33, desde la 65 hasta Bulerías; cerca a la clínica Conquistadores; el cruce de la quebrada La Picacha y la carrera 65; y en San Joaquín. Ya fueron intervenidos los que eran de competencia de la EDU y, según Medina, EPM ya avanzó en el primero, de los dos que le corresponden. La directora técnica del Plan parcial expuso que las redes de aguas lluvias y residuales se dividieron en etapas y “con lo que aportaron las UAU dos y tres se hizo un primer tramo”. Al mismo tiempo, con el apoyo de un comité ambiental, del que hace parte la comunidad, se hacen jornadas de limpieza para evitar inundaciones, especialmente cerca al punto más bajo de Naranjal, entre las calles 46 hasta la 47B, donde los vecinos pusieron pequeños muros en la parte baja de las puertas, ante las inundaciones ocasionadas por los desbordamientos de La Hueso y las obstrucciones originadas por el vertimiento de aceites, grasas y estopas en los desagües del sector. Según destaca Medina, el agua llega a veces, desde la calle 64, a los sótanos de los nuevos edificios que fueron construidos con una capa de supresión para hacer frente a los altos niveles freáticos del suelo en la zona. En cuanto a los servicios de energía, la directora técnica del Plan parcial, explica que, desde antes de la entrega de apartamentos a principios del año 2018, se adelanta la formalización de las instalaciones y las conexiones individuales de cada apartamento. Este trámite está listo en la torre tres y avanza en la torre cuatro, que se surte con la conexión temporal para toda la obra y le sirve a los nuevos vecinos que, según Tatiana Medina: “No pagan servicios públicos, eso lo asume el proyecto”, mientras se formalizan las conexiones separadas y adecuadas para la plena estabilidad del servicio eléctrico, gestión para la que EPM atiende, en orden de llegada, numerosas solicitudes, según el equipo de la EDU. Esa conexión temporal, que puede ser inestable, según explicó el equipo de la EDU, impulsa, por ahora, el sistema que surte de agua los pisos altos de los nuevos edificios. “Abajo tenemos motobombas, un sistema hidráulico, doce tanques de almacenamiento, pero los fallos son por el tema de la energía”, explicó la directora técnica del Plan parcial, quien atiende las quejas y los requerimientos de los residentes de Nuevo Naranjal, incluso durante los fines de semana, según relató.

Abril de 2019

CONTEXTO No. 70

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESTE TIEMPO

Un panorama en Colombia

LAS MUJERES BUSCAN SER PROTAGONISTAS EN EL AÑO ELECTORAL María Camila Marín Álvarez / mariac.marin@upb.edu.co

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el 2018, año de elecciones legislativas y presidenciales, un total de 18 819 136 mujeres, el 50.8 % del censo electoral, estuvieron habilitadas para ejercer su derecho al voto. A pesar de esta cifra, solo el 13 % de las gobernaciones, el 12 % de las alcaldías, el 16,7 % de las asambleas y el 16.6 % de los concejos del país están conformados por mujeres. Y en ninguna de estas corporaciones la representación femenina alcanza el 20 %, según datos de la Gobernación de Antioquia. Si bien ya fue elegida la primera vicepresidenta en el país, el panorama local de la participación política de las mujeres es preocupante. La representación femenina en instancias como el Senado ha aumentado: 25 mujeres, en relación con 102 curules en el periodo de 2018-2022, frente a 23 mujeres en los años 2014-2018. En las gobernaciones, en los 32 departamentos, se pasó de tener 2 gobernadoras en todo el país, a tener 5, en el periodo de 2016-2019. Sin embargo, en la Cámara de Representantes y en las asambleas departamentales disminuyó la representación política de mujeres. En el caso de la Cámara, respecto de 166 curules, las mujeres pasaron de ocupar 33 curules a 31, en el periodo de2018-2022; y en las asambleas departamentales se pasó de 76 mujeres a 69 mujeres, en el mismo periodo. Lo que demuestra que, a pesar de los esfuerzos emprendidos para aumentar la participación de las mujeres en la política, los resultados aún son variables. En Antioquia el panorama es más alentador, las cifras de participación femenina han crecido en las distintas instancias. Según cifras de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, en las 125 alcaldías del departamento fueron electas 16 mujeres, 6 más que en el periodo 2012-2015. Además, en los concejos municipales 274 mujeres fueron electas, 48 más que en el periodo anterior. Para Juan Fernando Arenas, comunicador de la Secretaría de Mujeres de Antioquia y magíster en Ciencia Política, la percepción de ese despacho es que se está avanzando en este tema, aunque no se haya adelantado lo suficiente. La principal necesidad es hacer que más mujeres logren una participación real y efectiva, es decir, que no engrosen las listas de candidatos para cumplir con la ley, sino que sean candidatas reales, con verdaderas opciones de llegar al poder. Helena Herrán de Montoya, liberal, ha sido la única mujer en ostentar el cargo de gobernadora de Antioquia, de 1989 a 1990, duró un año en el cargo y no fue elegida por votación popular, debido a que en ese tiempo alcaldes y gobernadores eran cargos de libre nombramiento y remoción. Mientras que, en Medellín, Sofía Medina de López, conservadora, pero designada durante un Gobierno liberal, ha sido la única mujer en alcanzar el cargo de alcaldesa. Durante 1974 cumplió sus funciones y al año fue retirada. En las elecciones

pasadas a la alcaldía y a la gobernación ninguna mujer presentó su candidatura. En el panorama regional las juntas de acción comunal son uno de los escenarios de participación ciudadana donde mayor representación femenina hay. En Antioquia, por ejemplo, un 48.6 % de los miembros son mujeres. Las regiones con mayor participación son: el Valle de Aburrá, donde la mayoría son mujeres, con un 51,4 % de los miembros; en el suroeste con un 51,8 %; y en el occidente con un 49,5 %. Mientras que la región con menos participación en estos escenarios es Urabá, con un 38,7 % de participación femenina. Según Arenas, hay municipios donde la brecha es notoria y la incidencia de las mujeres es mínima o inexistente, 12 municipios en el departamento no tienen representación política femenina, ni en la alcaldía, ni en el concejo y, sin embargo, la tendencia de la participación política de las mujeres en Antioquia va al alza. La preocupación de la Gobernación de Antioquia está en que, más que aumentar las cifras, la idea es que las mujeres se mantengan en estos cargos y que su ejercicio sea realmente representativo.

Las estrategias de cambio Para cumplir su objetivo, la Secretaría de las Mujeres creó la Escuela de Entrenamiento Político, donde acompañan a 450 participantes que han manifestado su deseo de hacer política para presentarse a las elecciones regionales de 2019, con un trabajo para que las mujeres puedan llegar a ser reconocidas, legitimadas y desempeñarse bien en el cargo al que lleguen. La capacitación va desde el conocimiento del Estado, de los instrumentos necesarios para gobernar, de los derechos y cuestiones sobre cómo hacer una campaña, hasta las consideraciones sociales, legales, éticas, de comunicación y la financiación de la misma. Otras estrategias para aumentar la participación política se centran en las leyes de acción positiva. Estas leyes de acción positiva se encuentran consignadas en la Ley 581 del 2000 y la Ley 1475 del 2011. En el caso de las cuotas legislativas se fija una cuota de mujeres del 30 % en todos los cargos públicos de libre nombramiento y remoción. Por su par-

te, en las cuotas de partidos se deben presentar en las listas, al menos, un 30 % de las candidatas. A pesar de que la ley de cuotas legislativas lleva 18 años en vigencia y la ley de cuotas de partidos lleva 7 años, en Colombia aún no se ven los efectos de estas regulaciones, como en otras partes del continente. Según el balance de la participación política de las mujeres en las elecciones del 2018, Colombia ocupó el puesto 22, de 35 países en América; y el puesto 104, de 193 países en el mundo, con un 18,20 % de representación femenina en la Cámara de Representantes y un 23,40 % en el Senado.

Política más allá del voto Para Camila Prado, estuá te rá te ur ab es en id ro Ur Ab c u c diante de Ciencia Política y S de O lle Va coordinadora del colectivo feminista Aquelarre, que Infografía: María Camila Marín adelanta un proyecto sobre política, arte y feminismo con las organizaciones Seamos Democracia Digital y Ojo a la Paz, uno de los Las candidatas serán escogidas principales problemas es que el rol de la de forma democrática en una elección mujer está ligado a la economía del ho- interna, llevada a cabo por medio de un gar y a la economía del cuidado, lo que mecanismo electrónico. Sin embargo, en hace más difícil para las mujeres asumir el movimiento son conscientes de que, una posición de poder. Para ella el pano- aunque en los últimos años se han lorama va más allá de una ley de cuotas. grado ocupar muchos cargos dentro de Varias iniciativas se han gestado estas instituciones, esto no se ve reflejaen torno a la participación política de las do en el liderazgo político de la ciudad, mujeres, una de estas es el movimiento mujeres como Marta Restrepo sienten político de mujeres Estamos Listas, que que en estas instancias no existe quién fue creado por iniciativa de 60 muje- las represente o haga veeduría de temas res, con la intención de presentarse a fundamentales como: la prevención y la las elecciones municipales del 2019. El atención a las violencias, a la precariedad movimiento nace bajo la propuesta de económica y a la educación sexual. lograr una agenda con una construcción Sin duda el camino que tienen colectiva y democrática que desde aba- que recorrer los colectivos, en materia jo impacte a las instituciones. de participación política, es largo. Y más Marta Restrepo López hace par- si, como lo expresa Camila Prado, se este del movimiento y considera que la pera que “en un futuro, no muy lejano, principal meta de este es afiliar a 1869 podamos abolir este tipo de leyes de mujeres, para el año 2019, mediante un discriminación positiva para todos los sistema de adhesión llamado círculos, sectores que se entienden minoritaripor medio de esto se busca alcanzar una os porque ya se haya creado una conbase de población que logre siete curu- ciencia positiva alrededor de la particiles en el Concejo Municipal de Medellín. pación de lo no hegemónico”.

ESTE TIEMPO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTEXTO No. 70

Abril de 2019

En Yarumal

COLONIA AGRÍCOLA TARDARÁ MÁS DE LO ESPERADO Sebastián Carvajal Bolívar / sebastian.carvajalb@upb.edu.co

El edificio del antiguo seminario en Yarumal no sirve para albergar a los reclusos para un modelo de presidio productivo, que se quiere retomar como experimento ante la crisis carcelaria que desdibuja el sentido de la sanción penal. Las obras tienen pocos avances y no se sabe en qué terminará el proyecto. La colonia agrícola de Yarumal aún está lejos de ser una realidad, tras dos años de promesas incumplidas y de plazos vencidos. Los 14 meses, que en un inicio se pensaron para el proyecto, se cumplieron el pasado 31 de diciembre y, a la fecha, solo se registraba un avance del 4 % del proyecto, según la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Por ahora, el inicio del funcionamiento de este nuevo centro de reclusión es incierto. La construcción de la colonia ha sido liderada por el alcalde Julio Aníbal Areiza, para quien el sentido del proyecto es que “se logre el verdadero objetivo de la detención intramural que es resocializar, reintegrar la persona a la sociedad y volverle a dar la oportunidad de que corrija el error que cometió”. El 10 de noviembre del 2017, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Yarumal y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), en calidad de ejecutora, suscribieron el convenio específico derivado N° 1 del 2017 para la ejecución del proyecto. El valor del proyecto fijado en el convenio fue de 65 201 190 394 pesos, que están distribuidos de la siguiente manera: 51 201 190 394 pesos son aportados por la Uspec y la Alcaldía de Medellín junto con la Gobernación de Antioquia, contribuyen, cada una, con 7 000 000 000 de pesos.

En julio del 2017 la Uspec determinó la necesidad de probar la resistencia de la construcción y los estudios quedaron a cargo de VIVA, con el convenio suscrito en noviembre de ese año. Las instituciones involucradas dieron su visto bueno para adquirir el predio, sin analizar otras opciones. Con la firma de las escrituras, el 3 de enero del 2018, la propiedad pasó a manos del Inpec, por un valor de 8500 millones de pesos, según la escritura pública n.° 6 de la notaría Primera de Yarumal. Al tiempo, los estudios realizados por la empresa Ingeniería Básica S.A.S. concluyeron que: “La estructura de la herradura en la Camis (Colonia Agrícola de Mínima Seguridad) de Yarumal no cumple ningún parámetro para hacer un planteamiento de reparación o de reforzamiento”. Con esto se determinó “no usar el edificio existente para las áreas de reclusión, dada la inconveniencia técnica y económica de realizar una intervención por el estado de la infraestructura”, según confirmó la Uspec a Contexto. El edificio existente solo serviría parcialmente. Desde el Ministerio de Justicia se planteó derribar la vieja edificación para hacer espacio a una nueva construcción. Aunque el gobernador Luis Pérez y el alcalde Julio Areiza intervinieron para que se usara la instalación para el proyecto Antioquia libre de coca.

El edificio no cumple con las condiciones

Los resultados de los estudios técnicos y el cambio de Gobierno originaron retrasos en el proyecto. Además, debido a las nuevas condiciones para la ejecución, el 31 de julio del 2018 se hicieron cambios significativos al convenio inicial: el nuevo plazo para la entrega de las obras será el 31 de diciembre de 2019 y se estableció una interventoría para seguir las obligaciones de VIVA. Según informaron algunos medios de comunicación en diciembre del 2018, el Ministerio de Justicia habría solicitado a la Contraloría General de la Nación investigar un posible detrimento patrimonial en el convenio firmado para la construcción de la colonia. Hecha la verificación ante la Contraloría, mediante comunicación por escrito, el organismo respondió que: “No se encontró registro sobre denuncias o actuación alguna adelantada por esta entidad, respecto al citado contrato”. Por ahora, VIVA adelanta la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños del nuevo edificio que se

Las entidades involucradas ya se habían reunido en varias oportunidades, desde antes de firmar el convenio. En abril del 2017 el exministro de Justicia, Enrique Gil Botero; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; y el alcalde Areiza visitaron el predio donde se construiría la colonia: el seminario Cristo Sacerdote, cuyo propietario era la Diócesis de Sonsón-Rionegro. El predio tiene una extensión de 40 hectáreas y un edificio de aproximadamente 17 000 metros cuadrados, que fue construido hace más de 50 años. Lo que, según Areiza, se ajustaba a las expectativas del proyecto pues, “lo que había que hacerle para que funcionara como colonia era muy poco”. Y agrega que “nos daría una solución rápida al hacinamiento carcelario del departamento. Además, era un predio que estaba a la venta”.

Modificaciones y costos

La configuración del edificio con múltiples alojamientos para el antiguo Seminario, hizo que se pensara compatible con el proyecto de reclusión de mínima seguridad. Los estudios técnicos señalaron dudas sobre las condiciones técnicas de la construcción. Foto: Gobernación de Antioquia.

tendrá que construir junto al actual. El contrato permanecerá suspendido hasta el próximo 28 de marzo, a la espera de evaluar una propuesta técnica y económica presentada por el contratista. En cuanto a los eventuales sobrecostos que tendría la obra por los retrasos y las nuevas condiciones técnicas, se ha aclarado que, hasta el momento, los recursos iniciales están garantizados y no sería necesaria una nueva adición. La Uspec aclaró que: “No se ha realizado ninguna inversión en el edificio existente y los recursos del proyecto serán invertidos en nuevas infraestructuras”. Por su parte, el alcalde Areiza respondió esto sobre si habría sobrecostos: “No, porque inicialmente se ha pensado como colonia agrícola y el sobrecosto se generaría en la demolición del edificio actual y vamos a hacer todo lo posible para que no se tumbe”.

A favor y en contra Para el alcalde de Yarumal, la construcción de la colonia agrícola significa la creación de un modelo penitenciario que logre una verdadera resocialización. Areiza afirmó que el 90 % de la población acepta la construcción del establecimiento. Sin embargo, esta cifra ha sido rebatida por la concejala de la Alianza Verde, Marleny Lopera Herrera, quien dice que: “No hay ningún estudio que lo compruebe”. La concejala expresó su preocupación por la construcción de la colonia en el municipio, pues ella señala que: “Los estudios demuestran que alrededor de las cárceles se gestan problemas de drogadicción, prostitución y vandalismo, entonces para Yarumal no iba a ser

un beneficio. Los efectos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales no son buenos, en mi concepto, para el municipio”. Aunque se muestra de acuerdo con el modelo penitenciario planteado, pues manifiesta que: “En Colombia hay un problema de hacinamiento y seguramente este proyecto finalizará en una forma de solucionarlo”. Algunos conductores de servicio intermunicipal, que solicitaron la reserva de su identidad, dijeron no estar de acuerdo con la construcción de la colonia en el antiguo seminario. Señalan que el proyecto no responde a las necesidades de Yarumal y que lo prioritario ahora es traer fuentes de empleo, como las fábricas, que les brinden oportunidades a los más jóvenes. Por su parte, Ángel Emilio Graciano, concejal por el Partido Liberal, afirma que: “La granja agrícola es bienvenida, si se conserva como tal” y señala que: “Lógicamente eso va a traer anexo otras cosas que van a incentivar el comercio, en lo relacionado con hotelería y el transporte”. Sin embargo, también le preocupa que el establecimiento pase a ser una cárcel y traiga consigo problemas delincuenciales. Hasta el momento, la construcción de la colonia agrícola, en el otrora seminario Cristo Sacerdote, solo deja más dudas que certezas. Por ahora, el proyecto se concibe como un espacio de mínima seguridad para que 1328 internos desarrollen proyectos productivos. Pero la adquisición de un edificio que no sirve para lo que fue comprado y las demoras en una nueva estructuración del proyecto tienen en vilo a un municipio que no sabe en qué va a terminar su antiguo seminario.

Abril de 2019

CONTEXTO No. 70

ROSTROS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

En la cárcel de Yarumal

RECLUSOS CONFECCIONAN Y REDIMEN SUS CONDENAS Sebastián Carvajal Bolívar / sebastian.carvajalb@upb.edu.co

El 33 % de la población carcelaria participa en el proyecto de dos empresas de Medellín que tienen taller en el penal. A las siete de la mañana se prenden las primeras máquinas de coser en el centro penitenciario de Yarumal. 100 internos se preparan para empezar su jornada laboral en los dos talleres de confecciones que se instalaron en el penal desde el año pasado. Hasta las cuatro de la tarde fabrican bluyines y pantalones cortos que les sirven para redimir sus condenas y aprender un oficio, mientras están tras las rejas. Según el artículo 79 de la Ley 65 de 1993, el trabajo “en los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización”. La ley establece que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debe crear fuentes de trabajo en los centros de reclusión, acordes a las circunstancias del contexto. En el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal, al norte de Antioquia, se realizan actividades productivas desde hace varios años. En una panadería y una fábrica de arepas los internos producen comestibles, que posteriormente serán vendidos al contratista encargado de la alimentación del penal. En los próximos meses se espera obtener el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para poder vender los productos a toda la comunidad yarumaleña. Sin embargo, la experiencia más significativa del centro de reclusión, ubicado a una cuadra del parque principal, es la vinculación del sector privado en los procesos laborales que se realizan desde el año pasado. Según lo destacó Pablo Yamid Ramírez Peña, director del Establecimiento Penitenciario de Yarumal, pues, “vimos la oportunidad de instalar un taller de confecciones con un empresario de Medellín. Él nos adecuó el lugar, nos dio los materiales para organizarlo, colocamos la mano de obra con los internos y comenzó a funcionar con 50 de ellos”. A partir de mayo del 2018, algunas prendas de AsíSea Jeans, marca de la empresa Sarai Clothing S.A., son confeccionadas desde este modesto taller. Posteriormente, el proceso llamó la atención de otros municipios y empresarios, y gracias a una visita de la Alcaldía de Medellín se logró vincular a Confermoda S.A.S. para que abriera un nuevo espacio con 50 internos más. Desde noviembre, el 33 % de la población carcelaria participa en proyectos productivos de la industria textil mientras pagan su condena. Precisamente, Sarai Clothing tiene otros tres talleres distribuidos en las cárceles de Santa Bárbara, Andes y Pedregal. Mónica Gaviria, vocera de la empresa, indicó que la intención es “romper los paradigmas y ayudar a modificarlos”. Agrega que quieren darle una oportunidad a estas personas para que cuando salgan “tengan un proyecto de vida organizado y se puedan dedicar a otras cosas”. Por la limitada cantidad de cupos no todos pueden hacer parte del programa. Para ingresar es necesario postularse y pasar la revisión de la junta de evaluación, trabajos y enseñanza, que estudia las situaciones jurídicas y de salud de los internos. Una vez adentro, los trabajadores deben mantener el nivel y alcanzar las metas de producción para conservar el puesto, como en cualquier empresa. La apertura de estos espacios se ha convertido en una oportunidad única para que los reclusos aprovechen su tiempo en prisión. En jornadas de ocho horas, quienes trabajan en los talleres redimen uno de cada tres días laborados. Asimismo, son certificados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en con-

El vínculo con empresas del sector textil garantiza la viabilidad del proyecto productivo de los reclusos de Yarumal. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.

fecciones y reciben una bonificación monetaria por la cantidad de prendas producidas por mes. Además, desde la dirección de la cárcel se estimuló un proceso de ahorro voluntario, que fue bien recibido por los internos. “Hicimos un buen trabajo de motivación con ellos porque yo quiero que el día que los internos salgan de acá se vayan con el conocimiento, con la certificación en temas de confecciones y con un capital semilla”, señaló Ramírez. De esta manera, el porcentaje de ahorro está entre el 20 % y el 100 % de las ganancias, y les servirá para el momento en que terminen su condena. “Ya guardan plata para cuando vayan a salir, mandan para la casa, ya no piden y el que sale se va con esa mentalidad de buscar trabajo en lo que aprendió”, explicó el alcalde de Yarumal, Julio Areiza, quien cree firmemente en estos procesos de resocialización con el trabajo. Sin embargo, los beneficios no son exclusivos para los internos. Según Ramírez, las condiciones de convivencia y relacionamiento han mejorado gracias a los talleres, lo que a su vez repercute en el clima laboral del personal del Inpec. Al recorrer el taller y ver el amplio salón lleno de máquinas de coser, recortes, telas, tijeras y bluyines listos para ser despachados, se puede comprobar la tranquilidad con la que pasan sus días los internos. “Me ha parecido muy bueno (el proyecto), no pienso mucho, no siento el encierro. Aquí se le va el tiempo a uno como si nada. En la calle no tenía la oportunidad ni de estudiar, ni de estar vinculado a una empresa”, manifestó Jónatan Rivera, quien trabaja en uno de los talleres desde el pasado mayo. Juan Guillermo Montoya, de 35 años, lleva cinco de estos en prisión. Antes de trabajar en el taller, no tenía ninguna aspiración para el momento en que terminara su condena, sin embargo, ahora espera ejercer en una empresa o crear un negocio relacionado con

la confección. “Todo lo que sea positivo, constructivo y edifique a la persona es bienvenido, no solamente para quienes estamos privados de la libertad, sino para todos los que no han tenido la posibilidad de aprender un arte”, comentó. Aún es pronto para hablar de la efectividad del programa. Si bien ya han salido algunos presos que pasaron por el taller, no ha transcurrido un tiempo prudente para hablar de índices de reincidencia confiables que muestren los resultados de este proyecto. El deseo de Ramírez y de los empresarios es que el proyecto se pueda mantener a largo plazo, e incluso replicarlo en otros lugares. “Si bien acá en la cárcel los espacios físicos son reducidos, con esos empresarios sí tenemos buena perspectiva con el posible tema de la colonia agrícola. La idea sería tener allá unos talleres mucho más grandes donde se pueda tener una ocupación para no menos de 500 internos”, señaló Ramírez. Hernán Darío Gil, antropólogo y profesor del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, destacó la importancia de este tipo de programas para los condenados. Gil precisó que el objetivo de la cárcel es “retribuirle a la sociedad el daño que le hicieron (los condenados), es decir, que salgan a la sociedad a volver a iniciar su vida como ciudadanos”. Por esta razón ve en el trabajo y el estudio una oportunidad para ellos lograr dicho propósito. Para alcanzar esto, Ramírez señala que no hay que hacer nada extraordinario, simplemente es “hacer lo que a nosotros nos toca hacer todos los días, lo que nos corresponde”. Esa es la clave del éxito que le ha servido a la cárcel de Yarumal para ganarse, en tres oportunidades, la mención como mejor establecimiento carcelario del país. Sin embargo, por ahora sus directivos piensan en crecer con las actividades productivas y que más internos puedan participar de este programa.

ESTE TIEMPO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTEXTO No. 70

Abril de 2019

Implicaciones y consecuencias de lo aprobado por el Congreso

FINANCIAMIENTO DEL ESTADO: ENTRE EL PROBLEMA VIEJO Y LA NUEVA LEY Juan Pablo Patiño / juan.patinoo@upb.edu.co

Aunque el presupuesto de la Nación para este 2019 es de 258.9 billones de pesos el Gobierno insiste en que hace falta dinero para desarrollar todos los proyectos del Ejecutivo este año. Por eso, a pocos días de asumir su cargo, Iván Duque insistió en la necesidad de una Ley de Financiamiento. A diferencia de una reforma tributaria, esta es de carácter temporal y requeriría menos debates en el Congreso para ser aprobada. El 19 de diciembre de 2018, el Congreso en pleno aprobó la Ley de Financiamiento que pretende recaudar 7,5 de los 14 billones que necesitan las cuentas del Gobierno. Es importante recordar qué se aprobó:

Impuestos •

•

• •

El IVA a la producción, distribución y consumo de las bebidas gaseosas y cervezas, medida que pretende recaudar 1 billón de pesos. Por las viviendas cuyo precio supere los mil millones de pesos se deberá pagar un impuesto sobre la venta, con lo cual se proyecta un recaudo de 1,2 billones de pesos. Se cobrará un dólar por cada tiquete de un vuelo internacional que salga desde el país, esto financiará los proyectos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Impuesto del 1 % a los patrimonios cuyo valor sea igual o superior a los cinco mil millones de pesos. Las actividades de las modelos webcam deberán pagar impuestos, con esto se espera recaudar cincuenta mil millones de pesos.

Beneficios a los grandes capitales Duque prometió en campaña que, para reactivar la economía, iba a reducir los impuestos a las empresas. Esta Ley de Financiamiento plantea que las organizaciones que tengan inversiones iguales o superiores a 1.02 billones de pesos, y que además generen 250 empleos directos, tendrán beneficios tributarios con respecto a las demás empresas. Mientras las pequeñas y medianas empresas pagarán un impuesto sobre la renta del 33 %, los grandes capitales pagarán un 27 %. Según Ómar Bedoya Martínez, especialista en Gestión Tributaria y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, este punto rompe con el principio de equidad, pues: “Una empresa pequeña no podría acceder a estos beneficios. Mientras las pequeñas y medianas empresas pagan una renta por el 33 %, las grandes empresas tienen una renta exenta por varios años. Esto crea inequidad tributaria. Es injusto que empresas en las

mismas condiciones de infraestructura, pero por tener más plata, no paguen los mismos impuestos”. Por su parte, Carlos Montoya Corrales, doctor en Filosofía y profesor de Economía en la Universidad Pontificia Bolivariana explica que: “La interpretación que habría que hacer es si esto realmente representa un beneficio para la actividad empresarial. Los efectos que trae para la gran empresa y los que trae para la pequeña empresa”. Y agrega que: “Efectivamente generan un sesgo a favor de las grandes empresas y poco resuelve el problema del efecto negativo de las pequeñas, que son el gran número de unidades empresariales en Colombia”.

Castigo a los evasores Aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aseguró que el recaudo durante el año 2018 aumentó en un 7.1 %, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la mitad de los ingresos potenciales por impuesto sobre la renta se pierden por cuenta de la evasión. Por esto la Ley de Financiamiento pretende castigar a los evasores con multas y penas que van desde los 48 hasta los 108 meses en prisión. Así mismo, se creó en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales que tendrá como función la investigación y judicialización de los delitos fiscales y tributarios. “De aplicarse la ley esto implicaría que, hacia adelante, cuando tengamos algunos condenados, la gente tenga un poco más de cuidado con la evasión”, expresa el profesor Montoya de la UPB, y agrega que: La capacidad de la DIAN para atender estos casos es limitada, eso no es un secreto. La magnitud del problema es tal que las buenas intenciones y el ejercicio que hacen en esta Dirección no le ha permitido acabar con ese flagelo, se necesita fortalecer ese sistema de supervisión y de vigilancia. Más personal para asistir este tipo de situaciones. Por su parte, el profesor Bedoya expresa que los impuestos son sagrados, pero que la carga tributaria en Colombia es tan alta que lleva a la gente

El cobro de IVA a las cervezas y bebidas gaseosas fue uno de los puntos que más discusiones generó entre la opinión pública. Ilustración. Martín Villaneda Gómez. a cometer la evasión, por eso propone que: “Las tarifas se deben bajar a un promedio del 20 %, con esto la gente pagaría contenta, se disminuiría la evasión y aumentaría el doble o el triple el recaudo de la Nación”. Aunque las medidas anunciadas anteriormente pretenden recaudar 7.5 billones de pesos, el presupuesto de la Nación quedaría cojo en casi 7 billones de pesos. Algunos hablan de una nueva Ley de Financiamiento en mitad de año, también se planteó la posibilidad de vender el 9 % de Ecopetrol. Sin embargo, el profesor Montoya de la UPB piensa que lo más probable es que: “La salida podría ser el endeudamiento, muy seguramente el Gobierno va a utilizar cierto malabarismo macroeconómico vinculando, de alguna u otra manera, a ciertos compromisos de gasto a los gobiernos descentralizados y liberándose de algunas obligaciones de gasto”. Parecida a estas posibilidades es la propues-

Aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aseguró que el recaudo durante el año 2018 aumentó en un 7.1 %, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la mitad de los ingresos potenciales por impuesto sobre la renta se pierden por cuenta de la evasión.

Abril de 2019

CONTEXTO No. 70

ta que expuso el presidente Duque, cuando presentó el Plan de desarrollo ante el Congreso y pidió eliminar al estrato tres del subsidio de energía. Esta y otras medidas son las que pretende implementar el Gobierno para reducir los gastos y así, hacerle frente al déficit fiscal de la Nación.

¿Desde cuándo y por qué se habla de desfinanciación en Colombia? Inicialmente, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, hablaba de un faltante de 25 billones de pesos. Según él, esto era herencia de la administración Santos. Luego, se dijo que después reestructurar la deuda pública, el déficit era de 14 billones, anuncio que, para Ómar Bedoya Martínez, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, es sospechoso, pues: “Normalmente una reforma tiene variaciones, pero aquí la pregunta debe ser por qué de 25 billones que se querían recaudar, quedó en 7.5 billones”. Para el profesor Bedoya Martínez, en esencia, las reformas tributarias están diseñadas para tapar los huecos que dejan los saqueadores del dinero público: “Colombia siempre ha tenido una bonanza con el petróleo y el café pero la corrupción ha sido de tal magnitud que no hay plata que alcance y, por lo tanto, se acuden a las reformas tributarias”. Carlos Montoya Corrales señala que, en los últimos 20 años, Colombia ha recurrido a 15 reformas tributarias, cada vez con más medidas que tocan directamente el bolsillo de los colombianos. En el año 2016 la reforma tributaria, impulsada por el entonces presidente Juan Manuel Santos, subió el IVA del 16 al 19 %. En la Ley de Financiamiento del Gobierno, Duque se planteó la posibilidad de subirle el IVA al 80 % de los productos de la canasta familiar, opción que fue rechazada por el Congreso. Medidas que, para el profesor Montoya Corrales, son cada vez más molestas y menos efectivas. Según él, desde principios de este siglo hace falta en el país una reforma tributaria de carácter estructural que contenga:

ESTE TIEMPO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Más recaudo El informe de Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en el año 2018, señala que Colombia sigue siendo tímida a la hora de recaudar. Mientras los países de América Latina tienen en promedio el 22.7 % de su Producto Interno Bruto (PIB) gracias a los impuestos; Colombia solo logra un recaudo del 19.8 % para su PIB. Para el profesor Carlos Montoya, por tradición, en las reformas el Gobierno pretende aumentar en 2.2 o 2.5 billones de pesos el recaudo por materia de impuestos: “Se debe pensar en una reforma tributaria que permita capturar 10 o 12 billones de pesos, en la medida que sean ingresos sostenibles en el tiempo. No que no se tengan hoy y mañana se pierdan”.

Sostenibilidad en el tiempo Además de capturar impuestos que se sostengan en el tiempo, se requiere de una reforma que perdure. Las 15 modificaciones al sistema tributario colombiano, en los últimos 20 años, producen un ritmo de una modificación cada dos años. “Como el Gobierno no ha asumido esa reforma tributaria de carácter estructural, ha tenido que acudir a un reformismo tributario que le ha permitido resolver problemas, fundamentalmente, de presupuesto anual. Entonces hacemos casi que una reforma para poder tener el presupuesto que necesitamos y estas son blandas”, explica el profesor Montoya.

Mayor número de gente que paga impuestos Según el profesor Montoya, en Colombia las rentas provienen de un número muy reducido de personas, lo que quiere decir que son pocos los que asumen las cargas tributarias. El especialista Ómar Bedoya explica este fenómeno:

En la Edad Media, el príncipe ordenaba a sus colaboradores que los impuestos a los ricos no se les podían cobrar porque estos eran sus amigos y familiares. A los pobres tampoco porque no tenían plata con qué pagar. Entonces los impuestos siempre han recaído y recaerán sobre la clase media. Lo anterior coincide con el estudio realizado por Martha Delgado y Hernán Rincón para el Banco de la República, que asegura que entre los años de 1994 y 2016 los trabajadores asumieron una carga tributaria mayor que las empresas.

Con este panorama, ¿habrá posibilidades de crecimiento económico este año? A pesar de la incertidumbre generada por la situación de Venezuela y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Hacienda auguran un crecimiento económico del 3.6 %, muy superior, si se compara con lo que se prevé para los demás países de la región, con el 1.7 %, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Los dos expertos consultados por Contexto coinciden en que la cifra

de un crecimiento de 3.6 % está alejada de la realidad, pues las situaciones externas e internas no son las más favorables para el país. El doctor Carlos Montoya agrega que: La creciente cifra de desempleo en el país del 10.3 % evidencia que no arrancamos bien. Los empresarios no están motivados para realizar la inversión que se requiere. Si los inversionistas no se mueven, no se obtiene tal crecimiento. Esa cifra no solo es muy optimista, sino que está muy lejos de la realidad. En consecuencia, creo que, como punto de partida, hay que esperar si el tema de la economía naranja y los beneficios para los empresarios se trasladarán en confianza, que es lo que el Gobierno espera. Para Montoya: “La gran pregunta es si la economía tiene el impulso para que creciendo fortalezca oportunidades de bienestar y empleo. Un 3,3 % de crecimiento en el país aparece como una cifra optimista porque hay una tendencia en el ámbito internacional, de la cual nosotros dependemos y que ha llevado recientemente al Fondo Monetario Internacional a bajar las expectativas de crecimiento de la economía mundial”.

La influencia extranjera y las alternativas que vendrían de adentro Carlos Montoya, de la Universidad Pontificia Bolivariana, explica la significativa dependencia colombiana de algunas economías que, “no podría decirse que pasen por una situación favorable, como es el caso de la economía norteamericana, o un espacio ya muy perdido y que no es muy claro en el corto plazo, que es la economía venezolana”. Él explica que: Si la economía china tiene una contracción, uno diría que el entorno global efectivamente no nos es favorable, pero tampoco nos es favorable en lo interno. La creciente cifra de desempleo en el país del 10,3 % está evidenciando que no arrancamos bien. El desempleo es una manifestación última. Los inversionistas y los empresarios no están motivados a realizar la inversión que se requiere. Eso indicaría, de una u otra manera, que si los inversionistas no se mueven, no se obtiene tal crecimiento. Esa cifra no solo es muy optimista, sino que está muy lejos de la realidad. En consecuencia, creo que, como punto de partida, hay que esperar si el tema de la economía naranja y los beneficios para los empresarios se trasladarán en confianza, que es lo que el Gobierno espera.

@pcontexto @contextoupb /periodicocontextoupb

http://periodicocontexto.wixsite.com/contexto

ESTE TIEMPO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTEXTO No. 70

Abril de 2019

Los vecinos de Bello sintieron el estreno de una nueva planta de tratamiento

QUÉ SE HUELE EN EL SANEAMIENTO DEL RÍO MEDELLÍN Isabella Carvajal Gómez / isabella.carvajal@upb.edu.co

Los vecinos de la Planta Aguas Claras en Bello se quejaron por los malos olores que de allí provienen y hablaron de la posibilidad de elementos tóxicos en el aire de la zona. Mediciones despejaron las dudas. Conozca cómo se investigó, cómo fue la construcción de la instalación y cómo va el saneamiento del río. En el municipio de Bello, desde noviembre del 2018, en el norte del Valle de Aburrá, funciona la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras, que tiene por objetivo continuar con el plan de saneamiento del río Medellín que se ha planteado Empresas Públicas de Medellín (EPM). En palabras de Juan Esteban Calle Restrepo, quien fuera gerente del grupo empresarial en el momento de anunciar el proyecto, se busca “tener un río que respire, que transfiera su buena energía a los ciudadanos”. Un comunicado de prensa emitido por EPM antes de que Aguas Claras entrara en funcionamiento, se lee que la comunidad no se vería afectada por los procedimientos realizados allí: “De cara a la comunidad, la operación de la Planta Bello pasará inadvertida, ya que contará con un estricto control, para evitar que se genere cualquier emisión de olores en el ambiente”. Sin embargo, cuando la instalación comenzó a funcionar, la comunidad del municipio de Bello, específicamente quienes residen en los barrios Navarra y Niquía, empezó a quejarse por los malos olores que se concentraron en el ambiente. Nubia Correa, vecina del sector y trabajadora de la panadería Delicias de Navarra, fue una de las personas perjudicadas por los olores, principalmente en su negocio. “Hubo semanas muy horribles, yo fui muy afectada por eso, porque los clientes llegaban y se iban, no aguantaban el olor”. Ella agregó que días después la intensidad de los olores bajó. Óscar Monsalve, también vecino del sector, aseguró que a mediados de enero los olores eran más fuertes, principalmente cuando se pasaba por la autopista al frente de Aguas Claras. Varios residentes de la zona relataron que cuando más sintieron los olores fue durante diciembre del 2018. Sus testimonios indicaron que esos efectos se sentían un mes después: “Todavía se siente, pero en la noche, más que todo en la madrugada. A las dos o tres de la mañana”, aseguró Alexis Duque, habitante del barrio Navarra. Las constantes quejas por los olores en la zona llevaron a iniciar investigaciones acerca de la calidad del aire de la zona. El Grupo de Investigaciones Ambientales (GIA), de la Universidad Pontificia Bolivariana, fue el encargado de llevar a cabo estas mediciones que arrojaron como resultado más importante la confirmación de que los malos olores emitidos por la instalación no eran nocivos para la salud de los habitantes de la zona.

El proceso de medición El GIA inició las mediciones a finales de enero y las terminó el 12 de febrero pasado. Para el proceso se basaron en la normatividad definida en Colombia con la Resolución 1541 del 2013, la cual habla de que se puede medir el ácido sulfhídrico y el amoníaco como compuestos generadores de olor. Los investigadores puntualizaron que los resultados exactos de la investigación no se pueden dar a conocer por temas de confidencialidad del contrato suscrito con EPM para los estudios. Sin embargo, explicaron que, en términos generales, los procedimientos

que se llevaron a cabo para concluir que los malos olores no son tóxicos para la salud de los habitantes se centraron en la medición de los niveles de amoníaco y ácido sulfhídrico en el aire de la zona. “Inicialmente en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras hubo una preocupación por estos dos compuestos. Si se pasan de ciertos niveles pueden ser tóxicos y perjudiciales para la salud”, explicó Frank Ospina, ingeniero químico adscrito al GIA. Ospina explicó que el procedimiento consistió en que se “eligieron cuatro puntos de calidad del aire cercanos a la PTAR Aguas Claras y se midieron esos dos compuestos, por medio de sustancias absorbentes; (las sustancias) se trajeron al laboratorio y se analizaron por técnicas de espectrofotometría”. Con las cuales pudieron concluir que en ninguno de los puntos el amoníaco y el ácido sulfhídrico sobrepasaban la normatividad establecida. Sin embargo, Ospina explicó que la Planta pasó por una etapa de estabilización, en la cual hubo una mayor concentración de esos gases, cuya cantidad no se puede saber con exactitud, pues en ese entonces no se realizaron mediciones. Precisó además que: “La etapa de estabilización aún permanece pero ya las concentraciones de las sustancias y el olor posiblemente bajaron en el ambiente”.

¿Cómo funciona Aguas Claras? El complejo ubicado junto a la Autopista Norte recibe aguas residuales residenciales, industriales y comerciales de Medellín y Bello, a través de los colectores paralelos a las quebradas y de los interceptores paralelos al río Medellín, estructuras para recolectar y transportar las aguas residuales de las viviendas e industrias que ya no van directamente al río, sino que, a través de unas tuberías, llegan directamente al proceso de tratamiento. Según explicó EPM, el más importante de estos dispositivos es el interceptor norte. La construcción de Aguas Claras se financió con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 450 millones de dólares. El objetivo es tratar el agua recibida y luego descargarla al río Medellín para reducir la carga orgánica en el río, y así, elevar el contenido de oxígeno disuelto hasta los niveles que, según los estándares mundiales, indiquen la descontaminación: cinco miligramos por litro (mg/L).

Un proyecto con retrasos Desde el año 2012 Aníbal Gaviria y Juan Esteban Calle, entonces alcalde de Medellín y gerente de EPM respectivamente, anunciaron la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello y afirmaron que se pondría en funcionamiento en el año 2015. Sin embargo, esta apenas empezó a operar a finales del 2018.

La planta de Aguas Claras ocupa un terreno que años atrás intentó urbanizarse y se convirtió en pista improvisada de conducción y carreras. Foto: EPM.

Durante los tres años de construcción hubo denuncias por irregularidades y sobrecostos en el proyecto. El 4 de julio del 2017 el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, expuso en el Concejo de Medellín los motivos de los retrasos y los sobrecostos: “Cuando en el 2008 se estimaron los costos de la planta de Tratamiento, para esa época el costo era de un billón cincuenta y cinco mil millones de pesos. El costo que tenemos estimado para este 2017 es de 1,5 billones de pesos. Mal contados, hay poco menos de quinientos mil millones de diferencia, entre lo que se estimaba en 2008 y lo que tenemos a 2017”. Según Londoño, los sobrecostos se deben a cambios en el diseño, alcances del proyecto que no se tenían en el 2008 y variaciones en la tasa de cambio. Londoño también explicó que la idea inicial era que “la planta daría su inicio de construcción el 17 de septiembre de 2012 y estaría entrando en operación el 15 de septiembre de 2015”. Mencionó que en enero de 2014 se dieron cuenta que la obra tenía retrasos, notificaron de ello al contratista (Consorcio HHA) y, posteriormente, se aprobó una reprogramación en abril del 2014. EPM no vio conveniente cambiar al contratista en mitad de la obra, por lo que, aún con retrasos, EPM declaró incumplimiento en septiembre del 2015. Desde mayo del 2000, cuando empezó a operar la PTAR de San Fernando, EPM se planteó el objetivo de realizar un saneamiento del río Medellín. En esta instalación, con una capacidad de 1.8 m3/s, se tratan las aguas residuales de los municipios de Sabaneta, Itagüí, Envigado, La Estrella y Caldas ubicados hacia el sur del Valle de Aburrá. Aguas Claras, según los datos de EPM, es tres veces más grande que San Fernando y tiene una capacidad cercana a los cinco metros cúbicos por segundo. Desde ya se proyectan nuevas instalaciones como estas para mantener el saneamiento del río Medellín, ante los efectos del crecimiento poblacional más al norte del Valle de Aburrá: en Copacabana, Girardota y Barbosa.

Abril de 2019

CONTEXTO No. 70

ESTE TIEMPO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Meses después del anuncio

¿ALCANZAN LOS ACUERDOS POR LA EDUCACIÓN? Yuri Paulina Morelos Morelo / yuri.morelos@upb.edu.co

Las causas y los puntos clave en el debate sobre la educación pública, una mirada a la viabilidad de lo acordado. Repaso. El 11 de septiembre del 2018, los estudiantes de las universidades públicas del país suspendieron sus clases y salieron a marchar para exigir mayores recursos al Estado. La razón era el déficit acumulado de más de 15 billones de pesos desde el establecimiento de la Ley 30 de 1992, en la que se estipulaban los recursos que debía trasladar la Nación a las 32 instituciones de educación superior pública del país. Los movimientos estudiantiles alzaron su voz y lograron un acuerdo histórico con el Gobierno. Por ello, el 14 de diciembre del año pasado, se destinaron 4.5 billones de pesos para educación superior.

El inicio “Este fue un proceso de movilización estudiantil que comenzó con el respaldo de los profesores, ellos nos dieron el impulso para salir a las calles”, afirmó Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees). Para él, este no fue un movimiento de los rectores universitarios, sino de los docentes y de los estudiantes, quienes, al ver la situación de sus instituciones, tomaron la palabra y salieron a exigir sus derechos. El movimiento de los estudiantes se componía por diferentes grupos como: la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) y la Acrees. Todos surgieron desde las mismas instituciones y, a lo largo de la historia, han sido liderados por jóvenes. Cada uno cuenta con enfoques diferentes, pero esta vez se unieron en una sola voz que, el 11 de octubre de 2018, se unió en la marcha que cambió la forma la financiar las universidades públicas durante los próximos cuatro años. “Definimos en las asambleas estudiantiles todas las opciones legales con las cuales exigirle al Gobierno la plata que le falta a nuestras universidades. Como vimos que no nos escuchaban nos fuimos a paro”, enfatizó Jennifer Pedraza, dirigente de la Acrees y representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional. Durante tres meses los estudiantes, de las 32 universidades públicas del país, no tuvieron clases. Sin embargo, en este periodo se propuso el debate sobre la situación en materia de recursos financieros e infraestructura de las mismas instituciones.

•

las plataformas profesorales y estudiantiles”. Además, el Gobierno Nacional se comprometió a discutir las reformas para que los estudiantes tengan garantías para el cumplimiento de los acuerdos.

Pese al adelanto con los puntos ya pactados, existe una conclusión común a la que llegan los rectores y dirigentes estudiantiles: “El dinero acordado no es suficiente”. Desde el punto de vista de los estudiantes, el acuerdo permite establecer bases para que el Gobierno se comprometa con los recursos de la educación pública. Las movilizaciones convocaron incluso a grupos estudiantiles de universidades privadas, que se suman hoy a la veeduría a los acuerdos. Foto: Juan Diego Zapata.

Problemas económicos en las instituciones

Un acuerdo definitivo

El déficit acumulado durante 26 años ha ocasionado un fuerte impacto en los recursos de las instituciones. Al respecto, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Nacional en Medellín, afirmó que: “Las condiciones de infraestructura son muy dramáticas en algunas sedes como la de Bogotá, en donde hay edificios que se han caído por las condiciones de inestabilidad de las estructuras”. Por otro lado, en la sede de Medellín los problemas no se relacionan con la infraestructura, sino con la deuda en la nómina. Por lo cual, la Universidad Nacional ha tenido que conseguir recursos adicionales para poder financiar el funcionamiento de esta. El presupuesto de la Universidad Nacional para el año 2018 fue de 1.8 billones de pesos, de los cuales el Gobierno trasladó 1 billón y el 0.8 restante lo tuvo que producir la Universidad por medio de: consultorías, proyectos de extensión, cursos adicionales, especializaciones y posgrados que llegan a generar ciertas utilidades que se incluyen dentro del presupuesto de la Universidad. “No estábamos recibiendo recursos para la inversión y lo que recibíamos para funcionamiento era muy poco”, indicó Jhon Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, sobre el caso de su institución; razón por la cual tuvieron que implementar otro tipo de programas para obtener recursos. Un ejemplo de ello son los cursos de extensión, a los que acceden terceros y pagan un valor para pertenecer a los mismos. Con estas estrategias se recauda el 55 % de los recursos de la Universidad de Antioquia.

Los representantes estudiantiles firmaron el acuerdo con el Gobierno el 14 de diciembre. En el papel quedó consignado un valor que será decisivo en el aumento de la calidad económica de las instituciones. De acuerdo con Alejandro Palacios de la Acrees, los puntos principales son: • •

•

Se estableció una línea financiera que dejó como resultado 5.85 billones de pesos para las 32 entidades. La base presupuestal se divide en 1.84 billones de pesos para las universidades públicas. Lo cual significa un aumento del 17.71 % en cuatro años. -Para Colciencias se logró aumentar el presupuesto de esta institución durante cuatro años por 1.05 billones de pesos, porque, según Palacios: “No solo se peleó por la educación pública, también por la ciencia y la tecnología”. Se destinaron quinientos mil millones de pesos para el pago de pasivos, es decir, las deudas acumuladas de las universidades públicas para poder funcionar. Se creará el Comité de los Derechos Humanos para proteger a los estudiantes. Esto se debe a que los dirigentes de los movimientos estudiantiles denunciaron amenazas de muerte en su contra, durante la época de las marchas. Al respecto, Pedraza explicó que: “El Comité va a tener una reunión periódica en la cual participará el alto comisionado para los Derechos Humanos y uno o dos delegados por parte de

Siempre hemos dicho que nunca íbamos a lograr el acuerdo perfecto. Sabíamos que en un paro no íbamos a revertir más de 20 años de nefastas políticas educativas. Lo que logramos fue un punto muy importante para el movimiento estudiantil, que, en parte, logrará asegurar la estabilidad financiera de nuestras universidades durante los próximos cuatro años, manifestó Palacios. Para los rectores es importante que el Gobierno decida cuál es su posición frente a la financiación, de lo contrario continuarán los problemas. Para Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, es necesario que el Gobierno convierta los acuerdos en una política de Estado, debido a que: “El déficit acumulado durante 26 años es muy difícil suplirlo, a partir de uno o cuatro años”. Según Restrepo Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Nacional en Medellín, los recursos no son suficientes y “el Gobierno nacional necesita establecer con claridad qué es lo que quiere de un sistema de educación superior para el país”.

¿Se cumplirá lo prometido? Por el momento los acuerdos van al pie de la letra. Los puntos se están llevando a cabo pero los estudiantes permanecerán atentos a su proceso. Si se llegan a incumplir saldrán, una vez más, a las calles a exigir sus derechos. “Vamos a tener un ojo en el cuaderno y otro en el acuerdo. Estamos en un proceso constante de veeduría, observando cómo el Gobierno ha venido cumpliendo”, enfatizó Palacios.

ROSTROS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTEXTO No. 70

Abril de 2019

FAROS PARA LA ETERNIDAD Lina Samara García Sánchez / Periódico Contexto

El fallecimiento de dos personas de gran valor para el conocimiento y el ejercicio de la comunicación y el periodismo, cuyas voces crecieron en el seno de la comunidad académica de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos reta a preservar el eco de su legado. Conozca de quiénes se trata y por qué se les recuerda. Homenaje.

Javier Álvarez Lozano, el Hombre del Protocolo A Javier Álvarez lo conocían porque sabía qué se debía hacer en un evento o en un certamen: ¿cómo debía ir cada cosa y cuál era la manera correcta de decir cada palabra? Sus enseñanzas, desde las aulas y otros escenarios donde se hizo voz líder en temas de protocolo, tendrán eco gracias a la cantidad de colegas y discípulos con quienes compartió el conocimiento, que para él era pasión. El fallecimiento del profesor Javier Álvarez Lozano, la mañana del 25 de diciembre del 2018, fue una noticia que conmovió a periodistas, comunicadores, dirigentes de la academia, la política y el Gobierno local, quienes colmaron la parroquia San Juan Apóstol y la que recibió las honras fúnebres en las que se tributaron las cualidades del profesor, el colega, el amigo o el vecino. Su interés apasionado por el ceremonial y el protocolo lo compartió como enseñanza en aulas de la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontifica Bolivariana, de la cual fue egresado insigne. Sus estudiantes, colegas y amigos evocan la imagen de un hombre que “siempre estaba transmitiendo orden y respeto, porque la definición que él tenía de protocolo era amabilidad y respeto. Eso se lo decía a todas las personas y en su vida diaria trataba de reflejarlo”, así lo recuerda José Luis Vahos Montoya, docente de la UPB, quien fue, en su momento, estudiante y después colega del maestro Álvarez. Destacado jefe de Comunicaciones de la Federación Nacional de Comerciantes de (Fenalco) Antioquia y

El profesor Javier Álvarez (QEPD), durante el más reciente encuentro de egresados de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo. Foto: Comunicaciones y RRPP.

jefe y asesor de la División de Comunicaciones del SENA. Álvarez Lozano fue un reconocido decano de la Sala de Ceremonial y Protocolo de Medellín, un grupo de estudio creado hace poco más de dos décadas, desde la cual gestó los libros: Protocolo: apuntes para su fácil comprensión (2015) y el muy recordado Lo que usted cree que sabe acerca del ceremonial y el protocolo, reeditado en el 2006. Luisa Fernanda Pulgarín, pupila, socia y colega de Javier Álvarez en la Sala de Ceremonial y Protocolo, entre otros espacios, destacó cómo él le enseñó a “amar y entender el protocolo como una herramienta”. De su profesor resaltó la puntualidad, que en su labor docente ilustraba con frases tocadas por el fino humor, con el que se le conoció: “La clase comienza con la mitad más uno y yo soy la mitad”. Varias generaciones de comunicadores y periodistas guardarán con afecto la figura del profesor de gestos serenos, bigote acicalado y un vestir tan cuidado que dignificaba hasta la ocasión más casual. “Javier era impecable y caballeroso a carta cabal. Era generoso con el conocimiento, siempre presto a servir y a empoderar a los demás”, apuntó Luisa Fernanda Pulgarín. En su infatigable deseo de promover el conocimiento sobre ceremonial y protocolo a quien pudiera interesarle, en su última etapa profesional, Javier Álvarez Lozano alternó la docencia con la realización, junto a su colega Victa María de Fex, del programa radial Anfitriones, emitido por la emisora Radio Bolivariana. Como símbolo y eco del legado del profesor Álvarez quedaron las emisiones que se estrenaron semanas después de la noticia sobre su partida.

El programa radial Anfitriones se emite por Radio Bolivariana los miércoles a las 7:30 p. m., por los 92.4 megahercios de la banda FM y los sábados a las 6:35 p. m., por los 1110 kilohercios de la banda AM.

Gildardo Lotero Orozco, un referente del pensamiento universitario Profesores y egresados de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín recordaron el trabajo de Gildardo Lotero Orozco, uno de sus profesores eméritos. Entre la comunidad universitaria es unánime el sentimiento de tristeza ante el fallecimiento del profesor, noticia que se conoció en la mañana del pasado 19 de marzo. A Gildardo lo recuerdo como maestro. Fue único en su estilo: irónico, de un fino humor negro, conocedor como ninguno de la lengua española, riguroso en su manejo. Y, ante todo, un gran ser humano que nos enseñó el valor de la palabra, expresó Juan Carlos Ceballos, docente e investigador de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo, de la cual Lotero Orozco fue decano encargado. Reconocido como una de las voces históricas de la UPB, el profesor Gildardo Lotero fue autor, entre otros libros, de los dos tomos de La Pontificia Bolivariana, texto histórico publicado en el cincuentenario de la Universidad. Lotero fue considerado como uno de los pioneros de las discusiones sobre ética y periodismo, que se dieron en el país durante la década de los noventa, junto al profesor Juan José García posada y el periodista Javier Darío Restrepo. Lotero Orozco, también fue director del Centro de Humanidades y decano de la Facultad de Filosofía de la UPB, es recordado por su rigor académico y su caballerosidad en el trato con los estudiantes y sus colegas, según anotó la profesora Érika Jaillier Castrillón. En notas de prensa y publicaciones en redes sociales, egresados y colegas de la docencia y del periodismo ponderaron los aportes de Gildardo Lotero Orozco al pensamiento universitario y a la formación de profesionales en cursos de Expresión Escrita, Literatura, Semiología, Fundamentación Social y Ética General y Profesional. La Agencia de Noticias UPB recuerda con cariño el rigor en sus clases: “Sus estudiantes lo llamaban jocosamente como Tildardo o Atila, el Rey de los “Unos”. “Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido profesor Gildardo Lotero. Gracias por tantos consejos y enseñanzas”, expresó la comunicadora Susana Mejía Matallana en uno de los grupos de la plataforma Facebook, en el

Gildardo Lotero (QEPD) fue pionero en las discusiones éticas sobre la formación de periodistas en Colombia. Foto: Comunicaciones y RRPP.

que se leen comentarios que lamentan el fallecimiento del docente. Es “una gran pérdida para nuestro gremio”, añadió la comunicadora Claudia Vélez. A su turno, la directora de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo, María Victoria Pabón Montealegre señaló que: “Es un día triste para nuestra Facultad de Comunicación Social- Periodismo, se fue un gran maestro”. Otra de las referencias son los debates en las clases de Ética Profesional, en las que bajo la metodología de seminario alemán, el profesor Lotero Orozco exigía y fomentaba deliberaciones respetuosas e informadas entre sus estudiantes, en los que se hizo conocido por señalar, con frecuencia, la importancia del componente ético y humano del perfil de todo profesional. “Lo recordaremos por la pasión con la que ejercía la docencia, por su generosidad para compartir el conocimiento entre los jóvenes de muchas generaciones en la UPB y por su permanente defensa del buen uso del español. Que en paz descanse, maestro”, expresó Claudia Sánchez Aguiar, coordinadora de la Especialización en Comunicación y Periodismo Digital de la UPB. El profesor Federico Medina Cano, otro de los referentes de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la UPB, expresó: “Cada conversación que teníamos con Gildardo era una fiesta. De todo hablábamos: de la vida cotidiana, de los hijos, de los proyectos familiares, del futuro y los tiempos que vendrán, de la jubilación. Cada opinión estaba acompañada de una nota oportuna. Era para nosotros una persona muy cercana. Realmente sentimos su desaparición”. Sobre esta amistad, Marta Ligia Sánchez, esposa de Medina, sostuvo que su esposo Federico y Gildardo Lotero “compartieron largas horas de buenas tertulias con ese humor que nunca lo abandonó”, refiriéndose a Lotero Orozco, quien ya disfrutaba de su jubilación, dedicado a su afición a la lectura, el café, la comida paisa y la música clásica.

Abril de 2019

CONTEXTO No. 70

ROSTROS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Mapa para perderse en la música de Claudia Gómez

UNA CASA, UN MUNDO Juan E. Rodríguez Dávila / juan.rodriguezd@upb.edu.co

Los relatos, las influencias y los giros de la historia detrás de una música que dialoga con aires lusos y anglos para ser auténticamente colombiana. Un muro rodea la propiedad. Al tocar el timbre se abre una puerta de garaje ante un paraíso campestre, un refugio en medio de la ciudad, donde habita ella, quien ama las puertas y su casa tiene muchas. Al abrir una de estas puertas aparece la cocina con paredes azules con fotos viejas de sus hermanos y de su madre en plena tertulia musical; al abrir otra se descubre un estudio perfecto para la inspiración, en el que te saludan Leticia y Milo sus dos compañeros fieles guardianes de su mundo. Afuera, salta a la vista un jardín con plantas de todos los tamaños y colores, al igual que un árbol cubierto de musgo, cuyas raíces parecen irrumpir en una de las habitaciones. Una hiedra adorna con frescura el exterior de las paredes blancas de la casa. Los cantos de un búho y de una cigarra amenizan el anochecer, se suman a la voz de ella y su guitarra. El ritmo revive sus raíces y, por un instante, las del gran árbol parecen aferrarse aún más a su suelo. Su voz hace flotar la melodía y las notas se encaminan a una tierra extraña sin fronteras. De repente, ella hace una pausa en un acorde disonante, salido de lo tradicional, y empieza a narrar una anécdota con grandes compositores y arreglistas de la música colombiana: “En el año 94 llevé esta canción al Mono Núñez y me dijeron que eso era Brasil. Los maestros León Cardona, Fernando “el Chino” León y Germán Darío Pérez se me acercaron y me dijeron: “Eso es lo que necesita nuestra música”.

Está en sus genes “Mi abuelo tocaba la flauta y yo, que siempre tuve una conexión íntima con la guitarra, lo acompañaba con esta”. Mientras recuerda, ella entona una melodía con una técnica del jazz conocida como scat: “Ta, ba, da, ba, dei, ba”. Su voz suena como una flauta traversa al rememorar la melodía que tocaba con su abuelo. “A pesar de que él se opuso, pues sabía que la música representaba la bohemia y una vida dura, mi mamá, ya casada, logró grabar ocho discos”, cuenta ella. Años después, su mamá les daría un empujón a ella y a su hermano Luciano al decirles: “Váyanse, váyanse a hacer música que en este país no pasa nada”. En el año 70 Luciano viajó a Londres a seguir los pasos de John Lennon, su ídolo; y ella lo siguió dos años después. Aunque no idolatraba a los Beatles y prefería la música brasilera de Astrud Gilberto y de João Gilberto, las calles de Londres fueron su primera escuela en la cual experimentó el rock en todo su furor y presenció en vivo a leyendas como Led Zeppelin, Joni Mitchell y Bob Dylan. “Allá conocí a Joaquín Sabina”, relata ella: “Mi primer amor, con quien

cantaba y soñaba, yo con recorrer el mundo haciendo música y él con investigar y enseñar literatura en una universidad”. Aunque 40 años más tarde se encontraría con Sabina para cantar con él en uno de sus conciertos, sus sueños se habían cruzado: siendo él el reconocido artista y ella la docente e investigadora.

¿Who é ella? Ya no queda rastro del sol. Milo y Leticia duermen pacíficos en sus camitas. La voz de ella, incluso sin cantar, “tiene el matiz de la tarde gris”, como dice la letra de una canción que su amiga Sonia Martínez le compuso. Mi mamá cantaba boleros pero yo no tenía ese espíritu; ¿pop?, pues, tampoco. Me gustaba la música brasilera pero no soy de Brasil. ¿Quién soy yo?, me preguntaba al regresar a Colombia. Sí, viví en Londres, el rock es muy bonito pero no soy Carole King, ni Joni Mitchell. Entonces, ¿quién soy yo? Durante cinco años ella se sumergió en la música brasilera y en la cubana. Sin embargo, regresó de Londres decidida a recorrer Colombia y a encontrar sus raíces indígenas. “Me preguntaba ¿por qué los brasileños, teniendo las mismas influencias nuestras: un país ibérico, los indígenas y los africanos, componen esas letras y armonías? Y, nosotros aquí no podemos. ¿Por qué el bambuco todavía habla de “bajando por la montaña”, “el caminito” y “las alpargatas”? ¿Dónde está el Vinicius de Moraes colombiano? ¿Dónde está el Tom Jobim colombiano?”. Cuando ella llegó a San Francisco, los músicos brasileños la contrataron para representarlos y se la llevaron a cantar en los carnavales; las bandas de batucada con 100 tambores y tamboriles fueron algo poderoso que la sobrecogió. Durante diez años bebió y disfrutó toda la gama de colores de la música de Brasil. “Comía de eso. La gente pensaba que era brasileña. No era como cuando empecé con mi hermano a cantar en inglés: It’s been a hard day’s night de los Beatles, la cantábamos “espina jar daisnai””, admite, rompiendo en una risa alegre y cálida, con sus ojos casi escondiéndose en un gesto complacido y de sinceridad. Hoy ella canta en inglés, como norteamericana, y en portugués como si fuera portuguesa. “Llegó un momento en que dije: ¡Ah!…, y, ¿qué pasó con Los Gaiteros de San Jacinto? ¿Con los bambucos y los pasillos? Fue ahí que, en los inicios de los 90, empecé a componer con Recuerdos de Medellín”. Como los músicos con los que ella trabajaba en San Francisco no conocían los ritmos colombianos, pronto los acordes del jazz y de la música brasilera colorearon sus composiciones y el folclor. El resultado fue, como lo

En una casa cuya principal característica es un jardín exuberante, Claudia Gómez encuentra la inspiración y el tono para su música. Foto: Juan Esteban Rodríguez.

explica su amiga, la compositora Sonia Martínez, un manejo de armonías no siempre fácil de entender para el público tradicional. Después de una estadía en Madrid y de que la vida la sorprendiera poniéndola en lugares inesperados, como aquella vez que cantó para Natalia Grosvenor, duquesa de Westminster e íntima amiga de Lady Diana, regresó a Colombia para dedicarse a la investigación musical y a enseñar. Primero trabajó en la Universidad EAFIT y ahora se encuentra como maestra de Canto Popular en la Universidad de Antioquia. Recientemente ha hecho presentaciones en la Feria de las Flores con la Filarmónica de Medellín y homenajes a Ella Fitzgerald, Violeta Parra y a los Beatles. A esto se suma su sueño cumplido de aprender a tocar el piano. “Mi camino ahora es explorar la voz aún más y grabar un disco de jazz en español”, revela, mientras enciende la luz de una sala, iluminando un viejo piano de madera color ocre. La música colombiana se ha plantado en su alma, como aquel árbol cuyas raíces se adentran en su hogar para compartir con los acordes de jazz, que como misteriosa hiedra trepan las paredes. Brasil, el rock y todos los géneros que la han marcado convergen en su guitarra y voz, como en el centro de su jardín cada arbusto y flor despide

su fragancia siendo parte de un mismo huerto. Ella ha compartido su música en conciertos en países como: Japón, Indonesia, España, Inglaterra, Alemania, Portugal, Estados Unidos, entre otros. En Viña del Mar ganó como mejor intérprete en el año 2006. Ella, Claudia Gómez, un mundo de habitaciones aparentemente inconexas, que, al abrir la puerta de su casa, da la bienvenida a todo aquel que quiera salir de lo común y corriente, alejarse de las masas y el ruido para sentir su bello aroma y degustar el fruto de su música.

Canciones recomendadas • • • • • •

Recuerdos de Medellín. Cumbianeo. A Juan allá en el valle. Sonríe. Te extraño. Tierra de café.

ESTE TIEMPO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTEXTO No. 70

Abril de 2019

El contexto de una decisión polémica

¿POR QUÉ SE PERMITE EL COMERCIO CON EL CAIMÁN AGUJA EN LA BAHÍA DE CISPATÁ? Daniela Morales Medina / daniela.moralesm@upb.edu.co

“Para nosotros los conservacionistas con formación científica y sensibilidad comunitaria es más importante proteger las especies que los individuos”, afirma Giovanni Ulloa, biólogo y líder del Plan de manejo del caimán aguja en la bahía de Cispatá. La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) levantó parcialmente la prohibición del comercio del caimán aguja o caretabla (Crocodylus acutus) en los manglares del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) conformado por la bahía de Cispatá, Tinajoes y La Balsa en el departamento de Córdoba. La Resolución 2298 de 2018 se hizo pública el 23 de enero. El Instituto Humboldt explicó con un boletín de prensa que la medida se tomó después de 15 años de investigaciones, por parte de biólogos y antiguos cazadores de caimanes de la zona, sobre la conservación del Crocodylus acutus.

De acuerdo con los biólogos Clara Sierra y Gionvanni Ulloa, hace 37 años las poblaciones del caimán aguja, a lo largo del país, disminuyeron drásticamente y, por tal razón, en 1968 el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) decidió crear la Resolución 573 que restringiría totalmente la caza de la especie en el Distrito de Manejo Integrado de Córdoba. Según un censo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), de 28 nidos de caimanes registrados en el 2005, solo se registraron 3, entre el 2006 y el 2007 en Biofiltro, uno de los sectores con más abundancia del animal.

El caimán y sus antecedentes

La conservación

Según se explica en el libro Biología y conservación de los Cocodrylia de Colombia, del Instituto Humboldt, el Crocodylus acutus, también conocido como caimán cara de tabla, o kayuüshi en la lengua wayuu, es un cocodrilo de hocico corto y puntiagudo, de un color verde-grisáceo y con un par de cuerdas que van desde el dorso del cuerpo hasta la cola. Es uno de los cocodrilos de mayor tamaño en los manglares, lagunas saladas o dulces de la costa, ciénagas y jagüeyes (pozos de agua) del neotrópico, con un tamaño que varía entre los dos a los siete metros de longitud en la adultez. El censo nacional de Crocodylia de Colombia, realizado en los años 90, mostró pocas poblaciones de caimán aguja. Estas requerían cuidado y manejo especial al estar fragmentadas y aisladas en pequeñas zonas, con pocas posibilidades de reproducción, a causa de la deforestación de sus hábitats, la contaminación de las aguas, los proyectos turísticos en las costas, los cambios del uso del suelo y la extracción de organismos acuáticos que son presa del animal. La caza, la recolección de los huevos y el interés por la piel del Cocodrylus acutus han sido amenazas latentes para la especie. En algunos casos, como en el de la comunidad indígena de la bahía Portete, en La Guajira, los caimanes son capturados de manera accidental, debido a que se enredan en las redes de pesca y, para no desaprovechar el sacrificio, los indígenas hacen uso de la carne para comer y de los huesos para cicatrizar heridas. En otros lugares, como en la bahía de Cispatá, la especie se cazaba intencionalmente, con el fin de consumir la carne y comercializar sus pieles y huevos. Esto representó la segunda forma de subsistencia de la comunidad, además de la pesca.

La protección del caimán aguja se empezó a aplicar a las bahías de Portete y Cispatá, y a la ciénaga La Caimanera. Entre el 2011 y el 2012 la población empezó a recuperarse: un individuo por kilómetro en bahía Portete y doscientos cincuenta individuos en toda la bahía de Cispatá en San Antero, Córdoba. El plan de manejo para la conservación propuesto por Clara Sierra y Giovanni Ulloa para las comunidades de Cispatá, antes dedicadas a la caza y ahora miembros activos de la Asociación de Conservacionistas del Caimán Aguja en la Bahía de Cispatá (Asocaimán), consistió en recolectar los huevos del animal, incubarlos en nidos artificiales y, después de que crecieran, liberarlos en su hábitat natural. Después de recuperar un 250 % de la población de la especie, se empezó a pensar en métodos de aprovechamiento sostenible. De 10 a 80 huevos por nido, solo el 3 % sobrevive en su entorno natural, debido a varias causas: al exceso de humedad en los suelos, lo que dificulta la circulación del oxígeno que necesitan los embriones; a las inundaciones que impiden el desarrollo de los huevos; a la tendencia a compartir nidos con la iguana verde; y a la depredación por parte de zorros, lobos polleros, aves como garzas y a las águilas. Según el plan, la recuperación de la especie determina la posibilidad de su aprovechamiento sostenible: “El uso de un organismo, ecosistema u otro recurso renovable a un ritmo coherente y que permita a la especie o ecosistema conservar su viabilidad, productividad, su capacidad de recuperarse y adaptarse al cambio”, según escribe la bióloga María Gudelia Salinas, en el artículo Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Según Salinas, las especies silvestres pueden reportar dos tipos de

beneficios económicos a una población: el primero, el uso directo como alimento, combustible y fibra; el segundo, con los ingresos por comercialización. Ambas combinan criterios de viabilidad ecológica, social y cultural, así como de factibilidad y rentabilidad econóEl aprovechamiento del caimán aguja se explica en el trabajo mica a largo plazo. que por décadas se ha hecho con las comunidades de la bahía El segundo es de Cispatá. Foto: AgroLatina. el caso con los caimanes aguja de la bahía de Cispatá. Según el director de la CVS, José Fernando Tirado, la nueva resolución aplica solamente para esta zona de Córdoba y permitirá capturar los huevos, El crecimiento de granjas de cocodrilos, llevarlos a incubadoras, monitorear su para el aprovechamiento sostenible de la crecimiento y destinar un porcentaje especie, es prueba de la favorable relapara el aprovechamiento de las comu- ción costo - ganancia de este modelo, lo nidades y otro al medio ambiente para que motivó la participación de la comugarantizar su especie. Desde este te- nidad en la conservación de los caimanes rritorio se podría exportar, dentro de de Cispatá. La Conferencia de Partes de la cuatro años, un máximo de 1000 pieles al año para su desarrollo básico, de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies (CITES), que en 1981 acuerdo con Ulloa. puso al caimán aguja en el Apéndice I de la lista roja de las especies en peligro de extinción, otorgó su aval para el caso de la bahía de Cispatá, en su congreso realiLos sustentos de la Resolución 2298 zado en Johannesburgo, Sudáfrica, según de 2018 se explicaron en el boletín de informó el Instituto Humboldt. prensa del Instituto Humboldt. No obsEl biólogo Giovanni Ulloa indicó tante, estos no fueron suficientes para que Colombia es considerado como uno muchas personas, incluidas algunas de los exportadores mundiales de pieles figuras públicas, que se expresaron en de crocodílidos (especies relacionadas redes sociales bajo la etiqueta: #Du- con los cocodrilos) entre quinientos mil y un millón de piezas al año, desde hace queRespeteALosCaimanes. El representante a la Cámara tres décadas. “Una comunidad de bajos del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, recursos de Cispatá podría exportar, dentrinó: “@MinAmbienteCo levantó la tro de cuatro años, un máximo de mil prohibición de comercialización de la pieles al año para su desarrollo básico. Es piel del caimán aguja que existía hace decir, solo el 0.1 % del total de pieles que 15 años! (SIC) Catastrófica e indignante se exporta anualmente en Colombia”. noticia que nos deja claro la nula voluntad de @ricardolozanop (ministro de Ambiente) para defender a los animales! (SIC)”. La bióloga Clara Sierra explicó que en el debate faltó información sobre la especie y el trabajo comunitario 1. La recolección de huevos en los nidos en la bahía de Cispatá. En la cobertura silvestres se hará solo entre enero y mediática hubo errores técnicos y conabril en las zonas específicas. textuales, señaló Giovanni Ulloa: “Desde las ciudades y sin conocer las realidades 2. Los porcentajes de huevos que quedan es muy fácil opinar erradamente”, y exen los nidos y los que van a incubación plicó que para ellos, conservacionistas se definen cada año con autorización con formación científica y sensibilidad de las entidades ambientales. comunitaria, es más importante prote3. La autorización aplica solo para las ger las especies que los individuos. En su comunidades vinculadas al programa concepto, en las comunidades con necesidades básicas insatisfechas es más que en la bahía de Cispatá. justificable la conservación mediante el uso sostenible.

La rentabilidad

El debate

Se levanta la veda para el caimán, pero...