Número seis
BARRIOSADENTRO
GRUPO EDITORIAL Contenidos: Rodrigo Aguayo Camilo Barriga Sebastián Cantuarias Paulina Miranda Edición: Alejanda Paz Diseño: Camilo Barriga Stephanie Salas Carolina Sanchéz Proyecto Propio 2013 Se prohíbe expresamente la reproducción o copia de los contenidos de esta revista sin el expreso consentimiento de Proyecto Propio
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BARRIOSADENTRO Número seis
ÍNDICE
04. EDITORIAL 06. 15. 22. 39.
ENCUESTA VALLE DE LA LUNA (PARTE II) PROGRAMA POLÍTICAS NUEVO GOBIERNO REPORTAJE GRÁFICO
DESAFIANDO LAS LÓGICAS DE CONSTRUCCIÓN (PARTE II)
LEY DE PARTICIPACIÓN
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EDITORIAL
LOS BARRIOS Y SU APORTE ESENCIAL A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Se acaba este año y comienzan los recuentos. Para nosotros como publicación Barrios Adentro fue un año donde salimos a la luz, pero sobre todo la experiencia y trabajo, recogidas en nuestras ediciones, que suceden en los barrios del país nos “iluminó” y nos entregó muchos aprendizajes. Eso que puede parecer retórico, se puede validar y mostrar analizando todas las publicaciones anteriores: testimonios, formas de trabajo, experiencias, metodologías, perspectivas, desarrollo de proyectos, resultados, entre otras evidencias reflejan la vida de los barrios, territorios, y obviamente sus personas. Lo anterior, toma aun más connotación en el contexto de la segunda vuelta en la elección presidencial. Dos candidatas que se han desplegado, como es habitual en este tipo de elecciones, mostrando sus propuestas y visiones, con un gasto electoral, necesario, para mostrar sus planteamientos y programas. Esto último, toma relevancia, cuando parte importante de ese gasto es público, en el sentido que la ley electoral genera un retorno de lo invertido, en proporción a los resultados obtenidos. La pregunta que queda es si efectivamente las campañas que se plantean son “públicas” y se tiene en mente la divulgación de ideas o recoger las experiencias y las perspectivas que suceden en los territorios.
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Obviamente, esperamos que este esfuerzo no sea solo en el contexto electoral. La Política Pública, como veremos en esta edición, tiene la institucionalidad de mirar a los barrios y escuchar sus inquietudes, para elaborar las políticas que afectan a gran parte de esos mismos territorios. Deseamos, que la “Presidenta” pueda encontrar en la participación ciudadana, no solamente un eslogan que la hizo ganar, sino una manera de realizar una gestión pública de calidad, que considere las realidades tan diferentes de nuestros contextos territoriales. Rodrigo Aguayo B. Unidad de Relacionamiento
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EDITORIAL
Nos parece que en una primera evaluación, eso no sucede. Este tiempo, que puede ser una oportunidad para pensar en el país, desde nuestros contextos concretos, pasa a ser principalmente un esfuerzo por generar memorización del nombre de cada candidato o lograr los elementos que el marketing electoral establece. No se quiere criticar a los comandos específicos, al final, no les queda otra posibilidad. Sino más bien, evidenciar la oportunidad que se pierde, incluso con recursos públicos, de generar espacios de participación y diálogo, entre los ciudadanos/as, de discutir propuestas o hacerse escuchar en la conformación de una nación. Es la oportunidad, de mirar a los barrios “de adentro”, como hemos querido realizar todo este año.
AMPLIACIONES
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Villa Valle de la
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN
ENCUESTA VALLE LA LUNA
En la revista de noviembre fueron publicados los resultados del Diagnóstico Territorial de Quilicura, oportunidad en la cual se expuso la información relacionada con vivienda e infraestructura. En esta edición se entregará el análisis de los datos recogidos en los ítems de organización comunitaria y participación.
FICHA TÉCNICA Nombre del Estudio: Diagnóstico Territorial Villa Valle de la Luna, Quilicura. Ejecutada y analizada por: Proyecto Propio. Instrumento: Encuesta estructurada en 5 dimensiones con 50 preguntas. Marco Muestral: 95% de confianza - 5% error muestral. Metodología: Cuantitativa. Muestreo: Aleatorio Estratificado. Técnica: Trietápico (manzana, copropiedad, vivienda). Fecha de realización: Entre junio y agosto de 2013. Tamaño de la muestra: 300 encuestas válidamente aplicadas.
El estudio fue diseñado para recopilar información empírica sobre el territorio, con la finalidad de generar insumos para la implementación del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) y particularizarla de acuerdo al contexto identificado. En este sentido, uno de los principales objetivos que este programa tiene es fomentar la participación de las familias en el proceso de mejoramiento/remodelación y/o recuperación de sus viviendas, a través del Plan de Habilitación Social.
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ENCUESTA VALLE LA LUNA
Este plan es un conjunto de actividades que ayuda a las familias a participar en el proyecto, integrarse a su barrio y alcanzar una mejor calidad de vida en sus viviendas. En este sentido, la existencia de organizaciones comunitarias efectivas -dentro del territorio donde se pretenda trabajar- facilita el desarrollo de este plan. En el caso de Villa Valle de la Luna, lo primero que emerge es que, si bien existen organizaciones comunitarias vigentes (tales como Juntas de Vecinos, comités de seguridad, agrupaciones religiosas, etc.), la mayoría de los habitantes no las conocen:
¿Conoce las organizaciones del Barrio?
41% 59%
Sí
No
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ENCUESTA VALLE LA LUNA
Sin embargo, cabe destacar además que el conocerlas no implica participación necesariamente, ya que del 41% de los habitantes que sí las conoce, menos de la mitad participa en estas organizaciones, estando el mayor porcentaje ubicado en las Juntas de Vecinos:
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Junta de vecinos
4% 3% Agrupaciones religiosas
Club deportivo
3% Agrupación de jóvenes
Agrupación de adulto mayor
13%
20%
60%
¿En qué organizaciones participó usted o su familia?
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ENCUESTA VALLE LA LUNA
¿Cómo tiene información de lo que pasa en la villa?
2%
Otros 11% Asistiendo a reuniones
24% No obtengo información
11%
Me vienen a contar a la casa
15% 37%
Conversando con los vecinos
Leo los afiches que se pegan
Si bien la Junta de Vecinos tiene la mayor confluencia de participación (comparando con el resto de las organizaciones consultadas), la información sigue siendo compartida mayoritariamente a través del boca a boca entre los vecinos. Hasta ahora, los gráficos muestran que existe una escasa participación en las organizaciones comunitarias formales -lo que podría hacernos suponer que existe un débil tejido asociativo en la Villa-. Vemos por otra parte que existe capacidad de resolución de conflictos o deliberación en torno a temas cotidianos, esto evidenciado en las estrategias que adoptan para ello –privilegiando el diálogo por sobre la burocracia-:
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ENCUESTA VALLE LA LUNA
¿Cómo soluciona los problemas con sus vecinos?
14% No se resuelven
9% A través del delegado o dirigente
17% 53% Se habla personalmente
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Se convocan reuniones
7%
Se solicita ayuda externa
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ENCUESTA VALLE LA LUNA
¿Cómo se toman decisiones con sus vecinos?
64% 6% Existe un delegado o lider que las toma solo
Se hacen votaciones
22%
No se hacen votaciones
8% Se hacen votaciones, pero el delegado o líder toma la decisión final
Este gráfico señala que las decisiones cotidianas no están mediadas por las organizaciones formalizadas; quizás están intencionadas por un delegado de block, pero finalmente son votaciones democráticas, donde existe la posibilidad de debate, confluencia de opiniones, etc. En resumen, en una Villa donde las organizaciones comunitarias no son conocidas -y de conocerse no se participa en ellas-, pero donde existe un tejido asociativo latente, expresado en las estrategias que adoptan los vecinos para la resolución de conflictos o toma de decisiones en temas del diario vivir, podemos concluir que para realizar una implementación efectiva del Programa de Protección al Patrimonio Familiar –y específicamente del Plan de Habilitación Social- se requiere diseñar y realizar actividades innovadoras que no descansen en las organizaciones formalizadas – como la Junta de Vecinos-, y que apunte a utilizar los canales cotidianos, tales como ferias, iglesias, colegios, puerta a puerta, etc. Con esto se podría asegurar que la difusión tenga un alcance mayor y sea más efectiva, reconociendo el diálogo comunitario como un canal complementario a las organizaciones formalizadas. PP /13
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Programa de Gobierno 2014-2018
CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA POLÍTICAS
El nuevo gobierno elegido en la elección del pasado domingo 15 de diciembre, propone en su programa una serie de medidas de cambio y reformas para el periodo 2014-2018, estableciendo como ejes centrales la reforma educacional, reforma tributaria y nueva constitución. Sin embargo, hay otras líneas de trabajo igual de importantes como las orientadas a mejorar los espacios que habitan los chilenos. En el presente artículo se exponen las principales ideas del programa Michell Bachellet Jeria relacionadas con el capítulo de Vivienda, Ciudad y Territorio. Desde ese contexto, se establecen seis líneas de acción: calidad de espacios públicos, barrio y vivienda, institucionalidad, política de suelo, garantías territoriales y participación ciudadana (Fuente: http://michellebachelet.cl/programa/) Todas estas líneas emergen a partir del diagnóstico sobre las actuales ciudades de Chile como expresión construida por la desigualdad, ya que dependiendo de donde viven las personas se abren abanicos muy distintos de oportunidades. El programa de gobierno plantea que la ciudad es un derecho de todos, y por consecuencia el Estado debe ordenar el acceso a los bienes urbanos para todos los ciudadanos. Dicho lo anterior, se explicitan tres líneas argumentales respecto de la visión de la ciudad, la vivienda y el territorio:
A. Las ciudades deben ser equitativas y justas. B. Las ciudades deben estar integradas territorialmente. C. La construcción de la ciudad debe considerar la democracia y la participación.
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A. CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO: se espera que las
personas pertenecientes a grupos vulnerables y de clase media puedan disfrutar de un espacio público de calidad, para ello se tomaran las siguientes medidas:
I.
Plan “Chile Área Verde”, que incluye en Programa de Parques y Áreas Verdes, donde se priorizarán 30 comunas en los primeros 100 días de gobierno.
II.
Programa de mejoramiento de plazas, como parte del Plan “Chile Área Verde”, que permita generar un alto estándar de calidad respecto de: juegos infantiles, mobiliario, diseño paisajístico, iluminación, rejas de protección, entre otros aspectos.
III.
Plan “Chile Accesible”, que contempla intervenciones en centros cívicos para que las personas discapacitadas puedan desplazarse y acceder a estos espacios.
IV.
Consolidación de centros cívicos en comunas vulnerables, con espacios peatonales, un centro cultural y el mejoramiento del edificio consistorial, con diseño de primer nivel en consideración al contexto.
V.
Establecimiento de nuevas normas de impacto urbano, complementario a los planes de impacto vial que tienen los proyectos inmobiliarios y de infraestructura de escala mayor.
VI.Creación
de un programa especial de conservación de la vialidad urbana para zonas metropolitanas, fomentando el uso de modos de transportes no motorizados, por medio de políticas y programas que mejoren la accesibilidad en las ciudades para peatones.
VII.
Programa Escuela Abierta, para que se abran a la comunidad en actividades deportivas, recreativas, culturas, entre otras. /17
PROGRAMA POLÍTICAS
Sobre la base de estas declaraciones y de la visión del nuevo gobierno respecto a estos temas, describimos de forma sintética las principales propuestas y acciones a desarrollar en el periodo 2014 - 2018.
PROGRAMA POLÍTICAS
B. VIVIENDA Y BARRIO: se declara que es necesario restablecer
una política urbana habitacional que garantice equidad e integración social, poniendo énfasis en la calidad de la vivienda y los barrios donde estas se sitúan. Con esta visión se explicitan las siguientes acciones:
I.
Se llevarán adelante planes de regeneración urbana integral en territorios deteriorados, donde no sea posible recuperarlos urbana y/o socialmente con obras de mejoramiento.de plazas, como parte del Plan “Chile Área Verde”, que permita generar un alto estándar de calidad respecto de: juegos infantiles, mobiliario, diseño paisajístico, iluminación, rejas de protección, entre otros aspectos.
II.
En los primeros 100 se anunciarán los 200 barrios en donde se concentrará el programa de gobierno “Quiero Mi Barrio”, proponiendo un enfoque integral que articula a diversos órganos públicos y privados, con énfasis en el trabajo con las organizaciones locales, incorporando a la junta de vecinos.
III.
Ampliación del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, al menos a los 200 barrios identificados, para realizar una recuperación integral tanto de “la puerta para adentro” como de “la puerta para afuera”.
IV.
Revisión y cambios a los programas habitacionales destinados a la clase media a efectos de extender su uso, entendiendo el rol clave en la integración urbana. Además se creará un nuevo subsidio para mejorar espacios comunes y hacer reparaciones a las viviendas en sectores medios.
V.
Plan de vivienda para los campamentos que hoy aún existen en Chile.
VI.
Financiamiento de programa masivo de esterilización de mascotas, y un compromiso con la labor de educar a la ciudadanía en la tenencia responsable de mascotas, a través del reglamento correspondiente a la Ley 20.380 sobre protección de animales.
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permanente a la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, la que estará integrada por los Ministerios de Vivienda (quien la presidirá), de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales y al subsecretario de Desarrollo Regional. Junto con eso se avanzará en la implementación de la agenda institucional surgida de la Política de Desarrollo Urbano.
D. POLÍTICAS DE SUELOS: Se aprecian dos medidas:
I.
La Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio elaborará una política de suelo con medidas legales, reglamentarias y de gestión que permitan garantizar que el Estado acceda a suelos públicos y privados de calidad, integrados socialmente con la ciudad y que permitan desarrollar entre ellos distintas intervenciones urbanas y habitacionales.
Ii.
Nuevas competencias, recursos e instrumentos legales para el Ministerio de Bienes Nacionales, que le permitirán proveer de terrenos para proyectos de los distintos ministerios.
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PROGRAMA POLÍTICCAS
C. INSTITUCIONALIDAD: Se dotará de una institucionalidad
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PROGRAMA POLÍTICCAS
E.
GARANTÍAS
TERITORIALES: Se definirán
estándares de equidad urbana aplicables a la evaluación de políticas, planes y programas, que permitirá contar con mapas regionales de líneas de base, que ilustrarán la situación actual del déficit existente en las comunas vulnerables del país en materia de calidad de vida. Sobre la base del déficit de calidad de vida se elaborarán planes de inversión multisectorial.
E. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se impulsará un Plan
de Ordenamiento Territorial, que permita establecer un nuevo equilibrio entre los requerimientos del crecimiento económico, las necesidades de las comunidades y el respeto y cuidado por el medio ambiente. Este equilibrio debe nacer de la participación y voluntad de los ciudadanos, de manera descentralizada en el territorio, frente a la localización de infraestructuras energéticas, plantas agrícolas contaminantes, carreteras o extensión desmedida de bosques productivos sobre suelo agrícola y comunidades indígenas. Se ampliará la participación ciudadana en la planificación territorial y local. PP
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Reportaje gráfico
DESAFIANDO
LAS LÓGICAS DE CONSTRUCCIÓN Ampliaciones de departamento de vivienda social
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REPORTAJE GRテ:ICO
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REPORTAJE GRテ:ICO
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REPORTAJE GRテ:ICO
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BARRIOSADENTRO Nテコmero seis
REPORTAJE GRテ:ICO /31
REPORTAJE GRテ:ICO
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REPORTAJE GRテ:ICO
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REPORTAJE GRテ:ICO
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LEY DE PARTICIPACIÓN
UN CAMINO POR RECORRER
Fotografía: Jordi Ferrer http://www.flickr.com/photos/58862631@N03/5741831503/
LEY DE PARTICIPACIÓN
A tres años de su promulgación, la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública todavía carece de prácticas que desarrollen su espíritu de hacer la participación más efectiva y real. La llamada “Ley de Participación” es una normativa promulgada en Febrero de 2011 que tiene como objetivo definir y generar la institucionalidad, reglamentando el funcionamiento de las principales organizaciones civiles para el fomento de su participación en la “Gestión Pública”. Para lo anterior, dicho cuerpo legal está dividido en 4 partes, cuyos Títulos son los siguientes:
.Define lo que se entiende y regula a las organizaciones sin fines de lucro (Título I) .Norma la existencia y funcionamiento a las organizaciones de interés público (Título II) .Crea y estructura el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (Título III) . Modificación de otros cuerpos legales relacionados (Título IV). . CDL, sus conclusiones y las medidas y cambios introducidos por el CESFAM a las que dieron lugar:
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Lo relevante, frente a lo ya mencionado, no es solamente que se genera una normativa que establece medios y canales donde los ciudadanos pueden organizarse y obligar a los diferentes estamentos de la “Gestión Pública” a generar tales espacios, sino que:
“
“
Con la promulgación de la ley, la Participación Ciudadana en la Gestión Pública en Chile es un derecho, aunque no es un derecho de rango Constitucional” (Marin y Mlynarz, 2012).
Se le puede exigir a todo el aparato público espacios que den cuenta sobre cómo sus acciones tuvieron una retroalimentación de los ciudadanos más próximos a las iniciativas que se gestionan en los diferentes estamentos.
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LEY DE PARTICIPACIÓN
Además, cuenta con dos reglamentos y ordenanzas (Agosto 2011 y Febrero 2012), que permite operativizar sus disposiciones. Cabe destacar, que la Ley entiende que la principal conexión de la ciudadanía con las Políticas Públicas, son los municipios, y pone énfasis en que la participación tiene esta institucionalidad como principal canal de ejercicio. Lo anterior, no excluye la obligación de toda la administración pública de contar con la participación especialmente de las personas que se ven afectadas por sus acciones.
LEY DE PARTICIPACIÓN
La pregunta que surge desde la promulgación de esta Ley ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de
esta disposición legal? ¿Los ciudadanos saben la oportunidad que se les ofrecen? En la indagación
hecha, hay diferentes iniciativas que dicen que efectivamente hay un intento por divulgar y dar a conocer esta Ley, incluso lo que uno encuentra es principalmente iniciativas de la misma Sociedad Civil analizando y evaluando la implementación de esta normativa. En ese sentido queremos destacar dos análisis: El primero, es el informe de “Monitores a la Normativa de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal en Chile 2012”, elaborado por los investigadores Tomás Marín y Danae Mlynaz, de la organización Ciudad Viva, Fundación Avina y el Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, en el contexto del programa “Santiago cómo vamos”; Segundo, es la evaluación y reflexión que realizó La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), que en Abril del 2013 organizó una jornada de trabajo con diferentes organizaciones de la sociedad civil para revisar la implementación de la ley de participación ciudadana.
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En el estudio que tiene como objetivo “conocer el nivel de cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana” especialmente en los municipios, tratando de caracterizarlos según su tipo de respuestas ante solicitudes de transparencia, además de describirlos por dimensiones e indicadores entorno a su nivel de cumplimiento con lo que le exige la Ley de Participación. Estudio, que se llevó a cabo el 2012. Dentro de los resultados, arrojó que de los 345 municipios, sólo 147 cumplieron con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (43%), y sobre la Ley de Participación solo el 2% de los municipios cuentan con un “alto nivel de participación ciudadana en la gestión municipal” (Marín y Mlynarz, 2012), que de hecho están individualizados: La Pintana y Osorno. En este informe, aunque se destaca el Rol de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), se concluye que ha sido difícil para los municipios implementar lo estipulado por la ley, sobre la participación ciudadana. En ese sentido mirando a cada una de las comunas ha habido “un disímil desempeño”. En eso anterior, llama la atención que se diga lo siguiente: “se aprecia, además, que las autoridades municipales actuales no han desplegado una voluntad significativa de incluir nuevos mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública” (Informe, p. 55). Al parecer, y como refiere el estudio, todavía los resultados de la participación ciudadana dependen de la buena voluntad de las autoridades, en este caso del alcalde. Otro punto relevante, es la escasa información que se ha desplegado para dar a conocer la Ley de Participación y poca capacitación al respecto, “tanto a los funcionarios municipales como a la ciudadanía” (informe, p. 56). Sumado a lo anterior, hoy la ley no posee la institucionalidad específica que monitoree o fiscalice su implementación, por lo que queda a disposición a la voluntad de la autoridad pertinente, como observábamos más arriba. En ese sentido, para este estudio, la Contraloría Generar de la República podría jugar un rol más activo en este punto, como dicen los autores: “De lo contrario, esta ley que tanto costó promulgar y que puede ser un buen aporte a la revitalización de nuestra democracia, terminará por ser nada más que letra muerta” (Informe, p. 56).
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LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDAD VIVA
LEY DE PARTICIPACIÓN
“tanto a los funcionarios municipales como a la ciudadanía” (informe, p. 56). Sumado a lo anterior, hoy la ley no posee la institucionalidad específica que monitoree o fiscalice su implementación, por lo que queda a disposición a la voluntad de la autoridad pertinente, como observábamos más arriba. En ese sentido, para este estudio, la Contraloría Generar de la República podría jugar un rol más activo en este punto, como dicen los autores: “De lo contrario, esta ley que tanto costó promulgar y que puede ser un buen aporte a la revitalización de nuestra democracia, terminará por ser nada más que letra muerta” (Informe, p. 56).
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LEY DE PARTICIPACIÓN
CONADECUS La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, tiene por principio proporcionar información “seria y responsable” a través de sus publicaciones y campañas que realiza ante la opinión pública y medios de publicidad. En ese contexto, organizó una jornada de trabajo organizada por la “Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Implementación de la Ley 20.500”, realizada en Abril del 2013 en la Universidad Central en Santiago. Entre las organizaciones participantes estaban: ACCION A.G., Aquí la Gente, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Asociación Chilena de Voluntarios (ACHV), ASONG, Círculo de Políticas Participativas, Ciudad Viva, CONADECUS, Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos (FEMUC), Red de Territorios Ciudadanos, Red de Voluntarios de Chile, SEPADE y otras. Como conclusión de la jornada se resume en la siguiente cita:
“
“
La implementación de la ley de participación ciudadana ha adolecido de múltiples falencias e irregularidades, las cuales se hace necesario subsanar. (Conadecus, 2013).
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CONCLUSIÓN Así como el informe de Ciudad Viva, como para CONADECUS, la Ley de participación implica un paso importante en el vínculo entre la Política Pública y la participación de los ciudadanos, como se evidencia, no basta con tener un cuerpo legal de respaldo, sin acciones concretas que fomenten y motiven aún más la participación. Se reconoce un avance significativo, especialmente porque existe una normativa y se establecen los principios que permiten una gestión pública más participativa, pero la “cultura de la participación” no se logra con un enunciado, se estimula con experiencias, prácticas y con la implementación de programas que ayudan a concretar el espíritu de la ley. Lo anterior implica una “voluntad política” de las autoridades, así como recursos asignados para que eso sea verdad. Como se muestra, la Ley de Participación tiene todavía mucho que recorrer para que sea un instrumento a disposición de los ciudadanos. PP
BIBLIOGRAFÍA
1.CONADEUS (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios). Implementación de Ley de Participación. En: http://www.conadecus.cl/ conadecus/?p=5233 2. De la Fuente, Estévez, Mlynarz y Rammsy. Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana. Fundación ProAcceso. Santiago, 2011 3. Ley 20.500: Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. En: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143 4. Marín, T. y Mlynarz, D. Monitoreo a la Normativa de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal en Chile. Ciudad Viva. Santiago, 2012.
Fotografía: Sergio http://www.flickr.com/photos/7764258@N07/4183532438/
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LEY DE PARTICIPACIÓN
Aunque se establece que la Ley de Participación, permite un “piso jurídico” que ayuda a aumentar la participación en la gestión de la administración del Estado, los instrumentos para su implementación quedan a voluntad de las autoridades, por lo que la ciudadanía queda desprotegida en ese sentido.
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