Introducción

La apertura legislativa es un tema que cada vez cobra más fuerza y protagonismo en los diferentes congresos del mundo. Desde 2013, el Grupo de Trabajo sobre Parlamento Abierto (LOWG, por sus siglas en inglés) fue oficialmente aprobado e inició su trabajo durante la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto, y hasta la fecha, los aprendizajes, avances y buenas prácticas se registran en todo el mundo. No obstante, los desafíos aún son grandes, pues cada vez la demanda ciudadana es mayor, la sociedad civil es más organizada y los datos sirven como insumos para tomar decisiones relacionadas con la economía, democracia la salud, la educación y por supuesto, la democracia.

Es así como los parlamentos tienen la misión de seguir avanzando en garantizar el acceso a la información y rendición de cuentas. Y esto no es simplemente disponer información en un sitio web sino promover mecanismos que permitan que esta sea fácil de encontrar, esté completa, actualizada, sea de calidad, procesable y tenga licencias de uso que permitan su explotación.

En efecto, hoy ya no es suficiente publicar información sobre el trámite legislativo de las diferentes normas, sino que cada vez las democracias demandan más de sus legisladores: agendas, conflictos de intereses, financiación de sus campañas, rendición de cuentas, cumplimiento de promesas, etc. Y todo con las características anteriormente señaladas, es decir, en datos abiertos.

Este documento es un compendio de buenas prácticas y recomendaciones para el uso e incorporación de datos abiertos en los Congresos, dentro del marco de la agenda de apertura legislativa. Está dirigido a congresistas, funcionarios legislativos y otras personas interesadas en temas de parlamento abierto y transparencia legislativa y brinda herramientas sencillas y fáciles de implementar, así como experiencias de éxito, con el fin de facilitar la labor de los diferentes cuerpos colegiados de América Latina y el Caribe. Qué son los datos abiertos y qué no son, cómo realizar procesos de apertura efectivos y de calidad, cómo garantizar el involucramiento de las comunidades, así como casos de éxito y desafíos hacen parte del abordaje que se realizará en esta publicación.

Como es sabido, el Instituto Nacional Demócrata (NDI) estableció en su estra-

tegia el trabajo de asistencia técnica a los Congresos de la región, enfocado hacia el fortalecimiento y el acompañamiento de las iniciativas y compromisos de apertura, para que en dichas instituciones se promuevan los pilares de Parlamento Abierto: Transparencia, Acceso a la Información, Ética y Probidad y Participación ciudadana.

Transparencia, para brindar plena garantía del derecho humano fundamental de acceso a la información pública, que permite que la ciudadanía, informada y empoderada, participe plenamente de los ejercicios democráticos; Rendición de Cuentas, para que los y las parlamentarias informen a la ciudadanía sobre su labor; Ética y Probidad, como valores esenciales que guían o deben guiar el ejercicio legislativo y Participación Ciudadana, pilar fundamental de la democracia y que debe ir más allá de la elección del legislador e implementar nuevos mecanismos donde la voz de los electores sea escuchada en los procesos que se adelantan en los congresos de la región.

Sin duda alguna, la apertura y uso de datos abiertos impacta positivamente estos cuatro pilares y ayuda en la implementación de los Planes de Acción de Gobierno Abierto que los distintos países realizan ante la Open Government Partnership (OGP). También porque las mediciones y programas transnacionales que se hacen sobre datos abiertos en el mundo siempre contemplan entre los datos estratégicos que debe tener un país en formatos abiertos los relacionados con la actividad legislativa. El Open Data Index, el Open Data Barometer, el Open, Useful and Re-usable Data (OUR Data) de la OCDE y el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción (PIDA), por mencionar algunos, hacen referencia a los datos de los parlamentos.

La revolución de los datos no tiene reversa y los Parlamentos deben estar a la vanguardia, entrenados y principalmente convencidos de todos los beneficios que entrega para la ciudadanía, para la institución y para la democracia tener procesos efectivos de apertura y uso de información pública.