RED INFORMACIÓN. Edición No. 41 Abril 2024

El Programa RED INNOVACIÓN es una iniciativa que permite el intercambio de experiencias políticas y sociales de América

Latina y el Caribe, donde se facilitan espacios de comunicación y diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas políticas, sociales y expertos de Latinoamérica.

EDITORIAL

Francisco Herrero

Asociado Global

Andrea Fernández

Gerente de Programas - Red Innovación

Diego Torres

Oficial de Programas - Red Innovación

María Paula Caycedo

Asistente de programas - Red Innovación

Karen Fonseca Saavedra Diseño y diagramación.

a un click de:

PAG.40

Protocolo del Frente Amplio para actuar frente a casos de violencia política: un gran paso para las mujeres en Uruguay

PAG.34

Avances y desafíos en marco de la inclusión de género en partidos políticos

Caso de estudio / PODCAST / cartilla /

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Cartilla sobre la violencia política de género Observatorio de violencia contra las mujeres en la política

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CONTENIDO

ENTREVISTA

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PAG.12

Legado y empoderamiento de lideresas afrodescendientes

Rayza De la Hoz, Colombia

PENSAMIENTOS DE LA REGIÓN

Protagonismo Subnacional en la Transición de Gobierno Abierto a Estado Abierto en Colombia

Armando Navarro, Colombia

PAG.21

PAG.29

Calidad de empleo desde la perspectiva de género en Paraguay

Noelia García, Paraguay

Para trenzar la democracia debemos practicar la paridad y la alternancia en la participación política de las mujeres.

Georgina Maribel Sierra Rodríguez, Honduras

PAG.36

El Cuidado: Un peso histórico sobre el hombro de las mujeres.

Sandra Pinto, Colombia

ENTREVISTA

Voces de la región

En el marco del mes de conmemoración del Día de la Mujer, nos encontramos con Rayza De la Hoz Perez, directora de la Fundación Afro Mata ‘e Pelo, una organización de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de carácter socio-cultural, conformada por mujeres auto reconocidas y pertenecientes a estas comunidades en el departamento de La Guajira.

Esta organización surge como un espacio de juntanza conformado por mujeres, para abordar problemáticas relacionadas con el racismo y la discriminación que atraviesan los cuerpos de las mujeres negras, para luego consolidarse con el propósito de realizar un trabajo colectivo.

Legado y empoderamiento de lideresas afrodescendientes

¿De qué manera una organización como Mata e Pelo contribuye a promover la participación de las mujeres afrodescendientes?

Resp: Cuando uno se involucra en estos procesos que tienen que ver con lo social, cuando te involucras en el tema étnico, con el tema de género, con el tema de territorio, indiscutiblemente te vas a encontrar con muchos luchas y causas, y vas a empezar a pensarte ¿cómo estamos ubicadas nosotras en esas luchas? ¿cómo estamos nosotras respondiendo frente a esas necesidades? En ese sentido, a nosotras nos llamó mucho la atención, en nuestros primeros años, que esos espacios eran muy centralizados. Eran unos espacios donde se desconocía la negritud guajira por ejemplo, o eran espacios que estaban mayormente dominados por hombres.

A partir de ahí identificamos que había otra problemática. Hay una problemática general que es el patriarcado, pero hay otra problemática que deriva de esto y es que

Rayza De La Hoz Mata E Pelo - Colombia

no hemos podido participar en esos escenarios, porque no nos hemos formado para hacer incidencia en los mismos. Entendimos que incluso por ejemplo en el sistema educativo, no se contemplan los contextos donde estamos las mujeres negras, ¿eso qué significa? Que por ejemplo una mujer negra que accede a la educación superior, no pueda aspirar a esos espacios, o que se enfrenta a unas estructuras muy formadas, relacionados a unos temas de partidos políticos, donde las mujeres obviamente no tenemos participación. Entonces si eres mujer, y además eres una mujer negra, es una problemática más grande. Si eres una mujer, y una mujer negra, y una mujer negra de pueblo, la problemática va creciendo. A eso llamamos interseccionalidad.

¿Qué hicimos nosotras en ese momento? Identificamos que nos tocaba crear esos propios espacios. Crear nuestros espacios para formarnos en temas de incidencia política, de liderazgo social, de cultura de paz, en temas que también históricamente creo que las mujeres negras hemos llevado en los hombros luchas colectivas. La mujer negra no participa en un espacio por ella. Participa por ella, participa por el territorio, por la niñez, por la infancia, por la adolescencia, participa por los campesinos, por las víctimas. Históricamente ha sido así, y generar estos espacios implicaba también brindar las condiciones adecuadas.

Pudimos diseñar así programas que se ajustaran a los contextos territoriales, y a partir de allí surgieron programas para la incidencia y participación política de las jóvenes y los jóvenes afrocolombianos. Surgieron programas para hablar acerca de liderazgo social, cultura de paz, acerca de cómo incidir también en los espacios que son políticos, no necesariamente político electorales, sino políticos como las direcciones de cultura, de género … todos esos espacios donde creería yo que también han sido predominantemente manejados por hombres, o en dado caso cuando hay esos espacios y hay mujeres, no siempre hay garantías que esa mujer esté pensando en la colectividad o en las mujeres, a veces corremos el riesgo de que sean mujeres que estén allí porque las han puesto otros hombres.

Entonces nosotras hemos aportado a lo que es la participación de las mujeres en esos espacios, creando precisamente nuestros propios espacios que contemplen los contextos territoriales, que contemplen la gente negra no solamente está en la Riohacha (Colombia) urbana, sino que también en la Riohacha rural. Hay movimientos de mujeres muchísimo antes de que existiera Mata, hay movimientos de mujeres jóvenes, mujeres campesinas … y pensarlo desde ahí creo que también nos permitió entender que habían otras formas de participar y comunicarnos. Con esto, también surgen escenarios como el podcast Voces de la Rochela, que fue un espacio que creamos para visibilizar la participación de las mujeres, darle un espacio para escuchar sus voces, porque en muchas oportunidades lo que sucedía es que estas mujeres son super conocidas fuera de nuestro territorio, pero en nuestro territorio no se ha dado el reconocimiento que ellas merecen.

Creo que en todo este tiempo identificamos que si nosotras mismas no creamos los espacios donde queremos incidir o no nos formamos para a futuro participar en los espacios que nos interesan, pues no va a haber tampoco la disposición de

los diferentes entes para decir “vamos a formar a estas muchachas para acompañarlas en este proceso”.

¿Qué cambios te gustaría ver implementados desde las instituciones para proteger y promover la labor de lideresas afrodescendientes?

Resp: Creo que empezaría esta respuesta hablando que nuestro territorio ha cargado con una mancha histórica que es el tema de la corrupción. Cuando hablamos de la corrupción entendemos que hay unas estructuras políticas muy marcadas y que hemos identificado que son super difíciles de acceder. Hay mujeres que han tenido la intención de participar en esos escenarios, pero ¿cómo le ganan a esas grandes estructuras? En ese sentido, a pesar de seguir formándonos y a pesar de seguir participando y creando escenarios como te decía anteriormente, poder tumbar o poder partir ese techo sigue siendo muy complejo, porque deberiamos tener como una estructura nosotros también para combatir.

Creo que eso invita precisamente a que las mujeres podamos participar en esos escenarios pero con algunas garantías. Ahí hablamos de lo que es la paridad, de que si van a haber mujeres tambien hayan mujeres de nuestros territorios, que se contemple la diversidad sexo-género, que se contemple el tema étnico, que se contemple tambien el tema de territorialidad. Yo creo que esas son cosas fundamentales y que al momento de delegar estos espacios, pensándolo desde los escenarios de participación más comunes, también estas personas tengan como demostrar que ya vienen haciendo un trabajo o vienen haciendo una labor.

Lo veo como un tablero de ajedrez. Todo es tan estratégico que a veces hay personas que ocupan los cargos que precisamente nos incuben a nosotros como pueblo negro, como mujeres negras, y uno va y no son mujeres negras que estan allí, son otras pesonas, o simplemente no son mujeres, porque ha pasado. Creo que eso debilita mucho el tema de poder participar efectivamente, no hay garantías tampoco de que se puedan generar cambios transformadores.

Yo creo que también es muy desesperanzador cuando uno está como en esta posición.

Desde el lado de la sociedad civil, ¿Cómo esta, ya sea la sociedad guajira o colombiana, puede apoyar las causas de mujeres afrodescendientes y lideradas por ellas?

Resp: Lo primero es darle libertad a las mujeres afrodescendientes. Eso va en conexión con lo que te decía anteriormente. Se generan muchos espacios de incidencia para mujeres negras y cuando vas allí no son mujeres negras. O si vas a hablar de mujeres afro del caribe y tú vas y no son mujeres caribeñas. Entonces yo siento que lo primero es que la voz o las luchas de las mujeres negras están representadas por mujeres negras. Eso no significa que una mujer

que no sea negra no pueda acompañar la lucha; sí la puede acompañar, pero yo creo que hay que identificar quienes han llevado esa lucha, quienes han puesto los cuerpos, quienes han puesto las voces y los territorios.

Segundo, históricamente desde la primaria a nosotros nos enseñaron y nos contaron la historia de nuestro territorio, a mi parecer, muy centralizada, muy blanca, muy mestiza, muy distante a lo que realmente nosotros, que somos los que habitamos el territorio, reconocemos. Entonces los pelados (jóvenes) se han educado con esa mentalidad de que esa es la única historia, que es una historia absoluta y verdadera. Es importante entonces que se pueda aplicar por ejemplo en el tema educativo, la cátedra de estudios afrocolombianos, que sea una garantía, que esté en todas las instituciones, no solamente en las instituciones que sean de carácter afro, sino en todas las instituciones. Que nosotros podamos como colombianos, como guajiros, como región caribe, entender que pasó con el pueblo negro.

Lo mismo sucede por ejemplo cuando hablamos acerca de todo lo que ha sucedido en estos años de conflicto. Hay una deuda en poder contar como vivieron los pueblos negros el conflicto. Yo creo que eso le daría una nueva mirada a los jóvenes, adultos, a la gente que no necesariamente tiene que ser afro o tiene que ser caribe, para entender las realidades de las personas. Ahí hay un punto muy importante, porque si tu reconoces que el otro o la otra ha estado sumergido en un ciclo de pobreza multidimensional, y sabes cuales son las causas que lo llevaron ahí, puedes comprender porque tiene una realidad totalmente diferente a la tuya. Pero en Colombia pasa que mucha gente no sabe. No sabe qué es lo que está sucediendo con las personas racializadas en sus territorios. Entonces yo creo que una manera de sumarse a estas luchas es reconocer cómo ha sido la historia para estas personas. Una manera de sumarse a la lucha femenina es reconocer lo que ha sucedido, y lo que sigue sucediendo con las mujeres en nuestro territorios. Si nosotros no tenemos esa responsabilidad de reconocer que es lo que está pasando, nunca vamos a poder sentir empatía o afinidad, porque creemos que todos viven bajo la misma realidad de uno.

Para concretarlo más bien, creo que hay un punto que a veces se pasa muy desapercibido y es que para mi como mujer negra, creo que Colombia es un país muy racista. Y es racista desde el lenguaje, desde la educación, desde el mismo sistema que está hecho para que nuestros pueblos no puedan salir de esos círculos de pobreza de los que hablamos antes, y creo que un aporte importante es por lo menos no ser tibio.

Hay una circunstancia muy particular: “no lo conozco, no me interesa, no opino”. Creo que hay una responsabilidad adherida a entender cómo viven los otros y las otras aunque sean diferentes a nosotros. Por otra parte está el lenguaje, ya que siento que hay una batalla enorme sobre cómo se deben llamar a las personas, cómo se debe enunciar, con todo el tema de identidad. A veces somos muy egoístas y no preguntamos cómo a esa persona le gustaría

ser pronunciada. Si es una persona afro, y no le gusta que la llamen negro, sino que le gusta que lo llamen por su nombre, porque para eso a nostros nos pusieron un nombre. En esas pequeñas cosas tú dirías que es muy pequeño, pero para nosotros no, porque ha sido una manera de minimizar y cosificar la existencia de las personas negras.

Hay muchas formas de unirse a estas luchas y yo creo que cada quien va a encontrando en su propio proceso las manera de conectarse, pero lo principal es identificar que no todas las personas estamos en las mismas condiciones y que hay persona que están sumergidas en estos círculos de pobreza desde hace muchísimas generaciones atrás y que salir de ahí no es una cosa de fortuna. Es como si de alguna manera, estructuralmente, a muchos les conviene que las personas continúen así.

Para ir finalizando, ¿Cómo crees que las niñas y jóvenes afrodescendientes pueden construir una identidad en torno a ser lideresas de sus propias causas?

Resp: Han habido muchos giros, que están relacionados también a poder ver hoy a mujeres negras en escenarios de toma de decisión. Eso indiscutiblemente es representación, que además importa porque de alguna manera te hace ver que tu puedes también lograr eso y llegar donde están las otras, esas mujeres que nos han representado y se parecen a nosotras.

Cuando nosotras estamos en los espacios con las niñas y adolescentes afro, nos damos cuenta que vivir como en esa constante agonía de la resiliencia (porque a mi no me parece que la resiliencia se deba romantizar), también ha generado unas capacidades muy particulares en ellas. Y muchas de ellas son muy directas, muy honestas, y tiene de una manera innata aptitudes de lideresas y cuando una conversa con ellas y puede tener la posibilidad de invitarlas a participar en los espacios, se dan cuenta que pueden participar allí porque hay espacio para nosotras como mujeres negras y esa intención de estar constantemente aprendiendo, de estar formándose, y de alguna manera de ser ese eslabón de esa cadena familiar donde los hemos visto en el mismo lugar, creo que es inspirado precisamente porque ellas ven en otras mujeres que sí es posible.

Te pongo un ejemplo, cuando nosotras llegamos a las instituciones educativas con cualquiera de los programas que hemos diseñado, las niñas siempre nos ven como “wow esta muchacha es un ejemplo”, “esta muchacha es abogada y tiene el pelo crespo como yo”, “esta mujer habla fuerte, muy alto y no la mandar a callar porque hace respetar su voz”, “esta persona sabe manejar estos equipos, las cámaras, los micrófonos”. Cada vez que nosotros llegamos a estos espacios podemos percibir en las niñas como le brillan los ojos y dicen “yo puedo ser esa mujer”, y eso es súper importante porque ahí retomo lo de la representatividad. Es como devolverle ese fuego y decirle “también lo

puedes hacer”. ¿Qué pasa?, no muchas de ellas tiene la posibilidad de acceder a esos espacios para formarse y reconocer cuales son las herramientas y cuales son los espacios donde ellas pueden llevar las problemáticas de sus comunidades, las problemáticas que están viviendo como mujeres.

Nosotras tenemos un programa que se llama Semillas Rojas, que es para tocar temas de justicia menstrual, derechos reproductivos y sexuales, y cuando nosotras hablamos con ellas y les decimos que la menstruación es un asunto político, porque es un asunto de derechos humanos, a ellas se les abren todos los sentidos porque quieren entender como esta conectado esto con el hecho de que como mujeres tenemos derecho a una menstruación digna, a la interrupción voluntaria del embarazo, a decidir qué hacer con nuestro cuerpo, cómo lo vamos a llevar, como nos queremos vestir, como queremos hablar y todo parte precisamente de allí, del cuerpo, y entender que eso es político y es entender que eso es transgresor, es muy importante porque en muchas oportunidad ellas no se reconocen así. No se reconocen como un individuo con derechos que puede hablar por su territorio.

Hemos logrado comprender que nos va a tocar crear nuestros escenarios para formarnos, pero que todo el esfuerzo es muy valioso y es importante cuando por ejemplo ves a las muchachas que están inspiradas por el podcast Voces de la Rochela.

Este podcast tiene diferentes tipos de liderazgos. Mujeres que han trabajado en temas de incidencia política, que han hecho carrera desde lo público como Yolima Carrillo, que trabajan desde lo humanitario, que han generado transformación en nuestro territorio, que ha hecho eco fuera de nuestro país y continente como Sonia Bermúdez, mujeres como Iliana Curiel que vienen construyendo un trabajo muy importante pensando que la medicina también tiene que tener un carácter diferencial y un enfoque que vaya directo hasta las comunidades étnicas. Para ellas, eso es inspirador y representa también de alguna manera devolverle ese fuego, esas ganas de creer en ellas mismas y en que lo pueden hacer.

Hemos identificado precisamente con las jóvenes que en muchas oportunidades no tienen las herramientas, o los espacios para formarse, y también, tienen unas realidades muy particulares que pueden incluir círculos de violencia que se repiten constantemente. Pero cuando uno ya se acerca a estas generaciones donde ya se reconocen, que tiene unos derechos que no podemos permitir el maltrato, la violencia, y verlas como entre ellas se juntan y para pedir ayuda, o entre ellas se juntan para formarse y saber cual es la ruta que deben seguir para evitar que esto se repita en otras generaciones, me parece que es muy transformador y poderoso. Y esto se debe efectivamente al trabajo no solo de Mata e Pelo, sino de los diferentes colectivos y organizaciones de mujeres, de mujeres indígenas, de mujeres afro, de mujeres de nuestro territorio. Creo que eso es un logro muy grande del trabajo de las mujeres que vienen haciendo en nuestro departamento.

Por último, ¿Algún consejo para mujeres jóvenes afrodescendientes que estén en su camino de ser lideresas o en un futuro quieran serlo?

Resp: Mi consejo es que siempre debemos confiar en nosotras mismas. O sea seguir nuestra intuición, confiar en nosotras mismas y ser responsables con nuestro sueños. Ser responsables con nuestros sueños implica que debemos ser disciplinadas, que debemos formarnos, que debemos ponerle fecha y hora a nuestros compromisos, a nuestras metas y propósitos. Eso es súper fundamental, porque como lo decía inicialmente, este sistema no está hecho para que las mujeres tengan las cosas fáciles, pero si eres una mujer negra las posibilidades son menos. Esto no significa que no pueda ser posible, significa que tendrás que esforzarte mucho más por estar ahí, pero cuando uno innatamente es líder, porque uno viene de una mujer lideresa o de una territorio con muchas necesidades o de una familia con muchos liderazgos, uno tiene que entender que se tiene que hacer responsable de ese sueño. Y para hacerse responsable hay que acarrear con todo lo que implica: formarse, participar, alzar la voz, conciliar, y pensar siempre en lo colectivo, porque estas a veces no son banderas que nosotras llevamos porque queremos, a veces le cogemos amor porque no hay otra alternativa, y aprendes a quererlo y amarlo, pero para defenderlo hay que saber muy bien como funciona todo este sistema para nosotras.

@mataepelo

Mata ‘e Pelo podcast

Armando Navarro Politólogo y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas; experto en la formulación de políticas públicas de Estado Abierto.

Cuenta con diez años de experiencia laboral y profesional en investigación y ejecución de proyectos que promueven la Transparencia, la Lucha contra la Corrupción, la Innovación Pública y el Gobierno Abierto. Ha trabajado en entidades del gobierno nacional como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Cívico Social Pro Cartagena (FUNCICAR), empresas y organismos internacionales como DAI Colombia y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Además, ha sido conferencista y docente invitado en universidades colombianas y latinoamericanas donde ha compartido su visión, experiencia y estudios en materia de gobierno abierto e innovación pública anticorrupción. Actualmente es el Especialista Programático de “Juntos por la Transparencia”, primer programa anticorrupción del Gobierno de los Estados Unidos en Colombia, a través de su agencia de cooperación y desarrollo internacional USAID.

Armando Navarro, Colombia

Protagonismo Subnacional

en la Transición de Gobierno Abierto a Estado Abierto en Colombia

Gobierno Abierto: Un Modelo que pone al Ciudadano en el Centro

En la búsqueda de mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía, recuperar la confianza en la institucionalidad pública y fortalecer la democracia han surgido diversos mecanismos o modelos de gobernanza, como es el caso del Gobierno Abierto.

De acuerdo con Ramírez (2013), “en los últimos años se ha reposicionado en la agenda el concepto de gobierno abierto como un modelo emergente sobre la práctica política, la gestión pública y el fortalecimiento democrático que poco a poco se ha ido transformando en una especie de filosofía sobre cómo gobernar en el siglo XXI”. En otras palabras, se refiere a una forma innovadora de hacer las cosas y tomar decisiones en la administración pública de la sociedad contemporánea.

Un complemento a la visión anterior la aportaron Naser et al. (2017), al considerar que el “gobierno abierto es un nuevo paradigma dirigido a generar transformaciones culturales por dos vías: el desarrollo de capacidades para que las y los funcionarios públicos dinamicen su relación con la ciudadanía, y la aplicación de herramientas y mecanismos para empoderar a las personas en el ejercicio efectivo de sus derechos ante las instituciones públicas”. Lo anterior significa que

se requiere de servidores públicos técnicos, conocedores y comprometidos, así como de una ciudadanía cualificada y activa para que exista un real Gobierno Abierto.

Por lo tanto, nos encontramos ante una manera de gestionar lo público donde la toma de decisiones se hace colaborativamente, un modelo que busca poner a la ciudadanía en el centro y un enfoque que promueve un diálogo horizontal entre los diferentes actores de la sociedad, para impulsar políticas públicas y estrategias que satisfagan las necesidades y expectativas ciudadanas. Este propósito resulta ambicioso, por lo que es imposible atribuir únicamente a la rama ejecutiva del nivel nacional dicha responsabilidad y se requiere transitar hacia un Estado Abierto.

Gestionar lo público donde la toma de decisiones se hace colaborativamente

Estado Abierto: Ampliación, Evolución y Madurez del Gobierno Abierto

Entre los primeros que hicieron un abordaje de este nuevo concepto, se encuentran el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el caso del CLAD (2016),

“los principios de este modelo deben ir más allá del ámbito del Poder Ejecutivo, favoreciendo y potenciando su incorporación en el Poder Legislativo (Parlamento Abierto), en el Poder Judicial (Justicia Abierta), y en los distintos niveles de gobierno, como son el plano subnacional y local (Municipio Abierto), en vías a configurar una aproximación integral y holística”.

Para la OCDE (2017), el “Estado Abierto es cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las instituciones públicas independientes y todos los niveles de gobierno colaboran, explotan sinergias y comparten buenas prácticas y lecciones aprendidas entre ellos y con otras partes interesadas para promover transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación, en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo”.

También, se destaca el esfuerzo de Colombia para adoptar una definición única de Estado Abierto. A través del CONPES 4070 de 2021, se define como la “forma de relacionamiento entre todos los actores de la institucionalidad pública y la sociedad que equilibra expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas, fortalece el modelo de democracia participativa y lucha contra la corrupción, mediante el principio del diálogo, integrando los elementos de transparencia y acceso a la información pública, integridad, legalidad, participación ciudadana e innovación”.

Por tal motivo, se puede aseverar que el Estado Abierto es la evolución de las lógicas del Gobierno Abierto como modelo

de gobernanza, es el estado de madurez de este y su ampliación a toda la institucionalidad pública. Se hace referencia a un modelo cuyos elementos y principios no son exclusivos a las entidades del ejecutivo, ni al nivel nacional; sino a uno que se extiende a todo el sector público e involucra a las entidades subnacionales. Es decir, se trata de la puesta en marcha de acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad, tecnología e innovación en las tres ramas del poder público, órganos independientes y jurisdicciones locales, siendo estas últimas las de mayor interés en el presente escrito.

El nivel subnacional: Protagonista en la Transición a un Estado Abierto

Colombia es uno de los países que ha experimentado el proceso de construcción de un Estado Abierto en la última década; toda vez que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, las altas Cortes, los Órganos de Control, así como las Alcaldías y Gobernaciones han formulado e implementado iniciativas específicas, planes de acción, estrategias y políticas públicas con este enfoque.

Por ello, resulta importante poner en perspectiva los principales esfuerzos que se han realizado en el país para construir un Estado Abierto, aludiendo a las principales medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para posicionar la agenda en los territorios, así como a los esfuerzos que sobresalen por parte de las entidades subnacionales para adoptar los estándares y buenas prácticas en la materia.

Con el ingreso de Colombia a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2011, el país dio un primer paso en este camino y encontró la mejor plataforma para involucrar al

nivel subnacional en la construcción de un Estado Abierto, incluyendo compromisos en los planes de acción nacionales que se cocrean e implementan de forma bienal.

Las Gobernaciones de Antioquia, Boyacá, Caldas, Nariño, Quindío y Valle del Cauca; así como las Alcaldías de Bogotá, Cali, Palmira y Yumbo han sido las protagonistas departamentales, distritales y municipales al incluir en sus respectivos planes de acción tendientes a la creación de institucionalidad, la realización de ferias de transparencia y diálogos ciudadanos, formulación de políticas públicas propias y estrategias para involucrar a la sociedad civil en el seguimiento a la ejecución de recursos públicos de manera colaborativa.

El siguiente paso está relacionado con el ingreso del país a la OCDE, proceso mediante el cual se le realizaron sendos estudios que dieron como resultado el informe “Mejorando la capacidad administrativa a nivel sub-nacional para fortalecer la planificación estratégica y el gobierno abierto”, así como la “Guía OCDE para diseñar e implementar estrategias territoriales de Gobierno Abierto en Colombia”. Los anteriores instrumentos se integraron con las demás políticas de desempeño institucional existentes y han sido utilizados por el Gobierno Nacional para promover la inclusión de acciones en los planes institucionales de las entidades subnacionales, relativos a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

El tercer medio utilizado fue la formulación del precitado CONPES 4070 de 2021, el cual contiene “Lineamientos para la implementación de un modelo de Estado Abierto en Colombia”. En el plan de acción de esta política se incluyó una actividad destinada a “diseñar e implementar una estrategia de asistencia técnica a ciudadanos y funcionarios del nivel nacional y territorial en materia de transparencia, riesgos de corrupción y Estado Abierto, para la consolidación de estrategias y planes de acción en las entidades públicas”.

Por último, es importante destacar como cuarto instrumento utilizado desde el nivel nacional, la Ley 2195 de 2022 que estableció la creación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, los cuales deberán contener seis componentes, entre los cuales hay uno que se denomina “Estrategias de transpa-

rencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad”. O sea, que actualmente, implementar e impulsar iniciativas en torno a este tema en Colombia, es un mandato y obligación para toda la institucionalidad nacional y subnacional.

Si bien podemos identificar diferentes iniciativas en materia de transparencia y rendición de cuentas focalizadas en varias entidades territoriales del país, así como iniciativas de participación ciudadana y colaboración abierta, existen algunos casos que se han convertido en referentes de cómo aportar en la transición hacia un Estado Abierto desde el nivel subnacional, a saber:

La Estrategia de Gobierno Abierto de Bogotá (GAB) donde se divulga y armoniza toda la oferta institucional y de servicio a la ciudadanía.

La Estrategia de Gobierno Abierto de Yumbo (YA), a través de la cual se puede participar en consultas públicas y monitorear la ejecución de recursos en el municipio.

La Política Pública de Gobierno Abierto de Nariño (GANA) que adoptó iniciativas para definir el presupuesto participativamente y acceder a datos públicos abiertos.

El Plan de Acción de Gobierno Abierto de Cartagena encaminado a fortalecer la rendición de cuentas y el control social en el Distrito.

La creación de la Secretaría TIC y de Gobierno Abierto en la Gobernación de Boyacá y la Oficina de Gobierno Abierto en la Gobernación de Caldas

para darle liderazgo desde el más alto nivel a las apuestas de relacionamiento con el ciudadano.

Conclusión

Con todo, se observa que la construcción de un Estado Abierto ha contado con el protagonismo del nivel subnacional. De hecho, algunas lecciones aprendidas y experiencias han venido desde los territorios, demostrando que este también ha sido un proceso donde Alcaldías y Gobernaciones han tomado decisiones propias para co-crear e implementar políticas y estrategias al respecto, impactando en el nivel nacional.

Colombia es la muestra de un país donde se ha posicionado lo que Ramírez (2013) denominó la filosofía de cómo gobernar en el siglo XXI. Por ello, hablar de Gobierno, es aludir a una de las respuestas que la institucionalidad pública encontró para acabar con problemas históricamente no resueltos y co-crear políticas públicas basadas en evidencia.

Es indudable el protagonismo de las entidades subnacionales en el país, las cuales han aportado en la consolidación de la noción de Estado Abierto, en el entendido que los esfuerzos para acercar las instituciones públicas a la ciudadanía no dependen del nivel nacional, toda vez que las dinámicas e idiosincrasias propias de los territorios colombianos requieren del compromiso de alcaldías y gobernaciones, al ser las primeras entidades con las que tienen contacto los ciudadanos en las regiones.

El camino es extender el modelo a otros municipios y departamentos donde aún no se habla de Estado Abierto, ya sea por capacidades institucionales o voluntad política; así como articular y armonizar los planes nacionales con los subnacionales para evitar un archipiélago de iniciativas que no se hablan o entrelazan. Finalmente, más allá de los logros, avances y oportunidades de mejora, el país se ha convertido en un referente internacional de cómo transitar de un Gobierno Abierto a un Estado Abierto con protagonismo del nivel subnacional.

Bibliografía

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD. (2016). Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. CLAD, p. 17. Disponible en: https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/ Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Abierto-07-2016.pdf

Departamento Nacional de Planeación - DNP. (2021). CONPES 4070 de 2021 “Lineamientos de Política para la Implementación de un Modelo de Estado Abierto en Colombia”. DNP, p. 32. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4070.pdf

Naser, A., Ramírez, A. y Rosales, D. (2017). Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Libros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no. 144 (LC.PUB.2017/9-P), p. 101. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/ bitstreams/ecd740e2-016e-4c68-896d-38b47e2c7c89/content

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE. (2017). Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto. OCDE, p. 2. Disponible en: https://www.oecd.org/gov/ oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-es.pdf

Ramírez, A. (2019). El estado del Estado abierto en América Latina: avances, alcances y perspectivas. Vol. 4, No. 1, pp. 13-38, ISSN 2525-1805 (impresa) / ISSN 2618-4362 (en línea). Disponible en: https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/EA/article/view/132/110

Ramírez, A. (2013). Gobierno Abierto. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, p. 201-216, ISSN 2253-6655. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2180/1116

Calidad de empleo

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PARAGUAY

La igualdad laboral es un tema crucial en la agenda de desarrollo de cualquier país, y Paraguay no es la excepción. A medida que la sociedad avanza hacia la equidad de género, es esencial comprender y abordar las disparidades que existen en el ámbito laboral entre hombres y mujeres.

Al integrar la dimensión de género en el mercado laboral, se reconoce que el crecimiento económico sólo puede traducirse en un mayor bienestar para la población si se promueven condiciones laborales justas y se garantizan los derechos de las mujeres como parte integral de la fuerza laboral, fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y próspera para todos sus miembros (CEPAL, 2017).

En América Latina y el Caribe, persisten problemas como la falta de empleo decente y significativas brechas de desigualdad de género en varios aspectos laborales. Estas brechas se reflejan en la participación laboral desigual entre

Noelia Mariel García Aranda, Paraguaya, del distrito de Cambyretá departamento de Itapúa. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Encarnación recibiendo el título de abogada en el año 2020, posteriormente continúo con sus estudios realizando la Habilitación Pedagógica para egresados de la Educación Superior en Formación Docente Inicial y en Servicio CREE Cohorte 2022, seguidamente la Especialización en Didáctica Universitaria en la Universidad Nacional de Itapuá año 2023, además de seguir varios cursos y diplomados en forma conjunta. Actualmente cursa la Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Itapúa.

hombres y mujeres, la segregación ocupacional, las disparidades salariales, la prevalencia de trabajos precarios, la escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, así como en la distribución desigual del tiempo dedicado al cuidado no remunerado de la familia; afectando de manera desproporcionada a las mujeres en la región (Bonder, 2021).

En Paraguay, aunque se han realizado avances significativos en términos de legislación y políticas orientadas a promover la igualdad de género, persisten desafíos importantes. Uno de los aspectos más destacados es la segregación ocupacional, donde las mujeres suelen concentrarse en sectores laborales como el cuidado, la educación y los servicios domésticos, con salarios inferiores en comparación con los hombres que ocupan posiciones en sectores más valorados económicamente.

En el caso particular de Paraguay, el empleo informal había estado vinculado a la debilidad institucional y la falta de un organismo público especializado en cuestiones de empleo y mano de obra, hasta la creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en 2014, que se convirtió en el principal organismo en estas áreas (Echauri & Serafini, 2011). Sin embargo, este cambio institucional plantea desafíos en términos de continuidad y estabilidad en las políticas públicas, lo que puede afectar la promoción de un mercado laboral funcional y el acceso al empleo, teniendo en cuenta que la informalidad laboral es un problema estructural en el país, que afecta el desarrollo personal y social, especialmente de las mujeres, y obstaculiza el trabajo decente y el desarrollo humano (OIT, 2016). En ese sentido, es fundamental establecer un clima administrativo estable para garantizar el progreso continuado y la sostenibilidad de las intervenciones dirigidas a mejorar el mercado laboral y reducir la informalidad.

En países en vías de desarrollo como Paraguay, el subempleo representa un desafío significativo, especialmente para las mujeres, quienes tienen una mayor incidencia de subocupación en comparación con los hombres. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestra en los resultados de la encuesta permanente de hogares (EPH) desde el 2006 a 2015, un porcentaje considerablemente mayor de mujeres asalariadas trabaja sin alcanzar el salario mínimo (subocupación invisible), especialmente en áreas urbanas (DGEEC, 2016).Para las mujeres campesinas, la situación es similar, lo que refleja la pérdida de potencial económico y dificulta la lucha contra la pobreza, ya que estas mujeres desean trabajar más pero no pueden hacerlo.

Sobre el tema, en el país se ha introducido una aproximación al trabajo decente a través del Índice de Calidad de Empleo (ICE), este se construye utilizando datos recopilados de las Encuestas de Hogares realizadas anualmente por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de la STP en Paraguay, ofreciendo como resultado una amplia cobertura geográfica a nivel nacional y son representativas de la mayoría de los departamentos del país (MTESS, 2016).

Este indicador se considera clave para medir el progreso hacia el trabajo decente. Es importante analizar el ICE por género, ya que, aunque las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas en general, existen brechas, especialmente cuando se analiza por área de residencia (Caceres & Achinelli, 2020). En el 2011, por ejemplo, el indicador de calidad de empleo para las mujeres fue notablemente inferior al de los hombres, lo que indica una necesidad de abordar las disparidades de género en el mercado laboral para garantizar un acceso equitativo a oportunidades de trabajo digno y bien remunerado para todos los ciudadanos paraguayos (DGEEC, 2017).

En el año 2015, se observó que las mujeres en Paraguay tenían una mayor participación en el empleo público, especialmente en roles como docentes y personal de blanco, lo cual puede atribuirse a una mayor tasa de ingreso al mercado laboral por parte de las mujeres. Sin embargo, a pesar de esta mayor participación, el ICE para los hombres sigue siendo superior al de las mujeres, lo que indica que las condiciones laborales para los hombres siguen siendo mejores en general (Caceres & Achinelli, 2020).

se hace necesario abordar la desigualdad de género en el mercado laboral paraguayo, implementando políticas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades y trato para hombres y mujeres, así como medidas que aborden las barreras estructurales y culturales que limitan la plena participación de las mujeres en el ámbito laboral. Solo así se podrá avanzar hacia un mercado laboral más equitativo y justo para todos.

la desigualdad de género persiste en el país latinoamericano

A pesar de las mejoras registradas en el ICE, la desigualdad de género persiste en el país latinoamericano , lo cual se refleja particularmente en la tasa de participación laboral, donde existe una brecha considerable de 30 puntos porcentuales entre hombres y mujeres (Caceres & Achinelli, 2020). Esta disparidad indica que, a pesar de los avances en la participación laboral de las mujeres, aún enfrentan barreras significativas para acceder a oportunidades laborales de calidad y para alcanzar niveles de empleo y remuneración equiparables a los de los hombres, por lo mismo,

El análisis anterior resalta la importancia de las políticas públicas y los servicios destinados a apoyar la conciliación entre la vida familiar y laboral. Dado que la ausencia o debilidad de estas políticas puede llevar a que las estrategias de conciliación sean principalmente privadas, familiares y femeninas. se hace evidente la necesidad de intervención por parte del Estado. Este a su vez, con su papel fundamental en la redistribución del trabajo tanto productivo como reproductivo entre hombres y mujeres, y a través de políticas públicas, instituciones y la producción de normas y símbolos, contribuye a reproducir o transformar la distribución del trabajo en la sociedad. Por lo tanto, es esencial que el Estado promueva políticas que fomenten la igualdad de oportunidades en el empleo y en otros aspectos relacionados con el trabajo decente (Banco Mundial , 2017).

En Paraguay, la existencia de la informalidad laboral es un obstáculo importante para la obtención de un trabajo decente en mayor proporción, ya que conlleva a la exclusión de beneficios como pensiones, acceso a seguro médico y, con frecuencia, a una remuneración digna. En consecuencia, abordar la informalidad laboral y promover la formalización del empleo son pasos clave para mejorar la calidad del empleo y garantizar un trabajo decente para todos los trabajadores y trabajadoras en el país (Banco Mundial , 2017).

La reducción significativa en la tasa de informalidad laboral en Paraguay entre 2005 y 2014 ha sido un fenómeno notable en el mercado laboral del país. En 2005, el 86% de la población ocupada estaba en empleo informal, mientras que en 2014 esta cifra disminuyó al 78%, lo que representa una reducción de alrededor de 8 puntos porcentuales en una década (Caceres & Achinelli, 2020). Es importante destacar que, a pesar de esta reducción, una gran proporción de asalariados privados y prácticamente todos los trabajadores por cuenta propia permanecen en empleo informal.

Esta disminución en el empleo informal ha sido acompañada por un incremento notable en el número de puestos de trabajo formales, lo que ha contribuido al aumento de la productividad laboral en el país. Entre 2008 y 2015, la tasa de informalidad laboral se redujo del 79% al 71%, añadiéndose 372,000 puestos de trabajo formales en comparación con 179,000 informales (en términos netos). Tanto el sector privado como el público han contribuido a este incremento, siendo las grandes empresas formales las principales generadoras de empleo en el sector privado (DGEEC, 2017).

Este cambio en la composición del empleo ha impactado positivamente en los salarios en Paraguay. Desde 2008, los salarios formales han experimentado un aumento anual del 3% en términos reales, mientras que los trabajadores por cuenta propia (excluyendo agricultores) han visto un crecimiento del 5% en sus salarios anuales y los trabajadores asalariados informales han experimentado un aumento del 3% en sus salarios anuales (DGEEC, 2016).

Este crecimiento salarial ha sido resultado de los patrones de creación de empleo que han mejorado la calidad del empleo en el país, tanto en términos de formalización de puestos de trabajo, como en el aumento de los ingresos en diversos sectores y tipos de relaciones laborales.

Por otra parte, la ampliación de la demanda de trabajo en Paraguay se ha visto impulsada por la expansión de los servicios públicos de salud y educación. Muchos de los nuevos puestos de trabajo, especialmente en roles docentes y personal de blanco, han sido ocupados por mujeres (CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD & OIT, 2013), aunque se siguen enfrentando a enfrentando a desafíos en cuanto a acce-

so a seguridad social y estabilidad laboral, en particular en actividades urbanas.

En el país, alrededor del 40.6% de las mujeres se emplean en trabajos como empleadas u obreras, con una mayor concentración en áreas urbanas. Por otra parte, en áreas rurales una proporción significativa de mujeres, se dedica a trabajos por cuenta propia. Con respecto al trabajo doméstico este sigue siendo una ocupación importante para las mujeres con el 92.7% (Caceres & Achinelli, 2020). Es importante destacar que el trabajo doméstico está sujeto a discriminación en el Código Laboral, lo que subraya la necesidad de analizar el mercado laboral desde una perspectiva de género.

La evolución del ICE a lo largo de los años muestra un aumento progresivo. En particular, se observa un crecimiento constante durante varios años, con un pico alcanzado en 2013, donde el ICE llegó al 19.8%, aunque hubo un ligero aumento en 2014 y un aumento más significativo en 2015, el indicador se mantuvo en una tendencia positiva en general (MTESS, 2016). Este aumento en el ICE indica una mejora en las condiciones laborales y una mayor calidad en el empleo a lo largo del tiempo en Paraguay, reflejando de manera positiva las políticas y medidas implementadas para promover un mercado laboral más justo y equitativo en el país.

Pese a lo anterior, las mujeres aún enfrentan una menor participación en comparación con los hombres. Esto se refleja en el acceso al Indicador de Calidad de Empleo, donde se observa que hay más hombres que tienen empleos de calidad en comparación con las mujeres. La mayor brecha entre hombres y mujeres se evidenció en 2014, con 116,613 hombres más que mujeres que tienen acceso a empleos de calidad, lo que representa un 32.9% más (Caceres & Achinelli, 2020).

La brecha entre el área urbana y rural en cuanto al acceso al Indicador de Calidad de Empleo (ICE) es notable. En todos los años analizados, la proporción de personas con ICE es mayor en el área urbana que en la rural. Esta disparidad se agudiza especialmente en los años 2008, 2009 y 2010, donde la diferencia entre las áreas es significativa. Además, se observa que las mujeres tienen consistentemente un ICE menor tanto en áreas urbanas como rurales, con una brecha más pronunciada en la zona rural (Caceres & Achinelli, 2020).

En el sector público, se han experimentado fluctuaciones en la calidad del empleo a lo largo de los años, mientras que en el sector privado se observa un crecimiento general. Sin embargo, en términos nominales, las mujeres en el sector público tienen mejor calidad de empleo que los hombres, aunque en términos porcentuales la calidad de empleo suele ser mayor para los hombres (Borda & Caballero, 2020). Como resultado, si bien las variaciones a lo largo de los años no son muy significativas, en general, el ICE en ambos sectores tiende a aumentar con el tiempo. En resumen, en el sector privado hay una cantidad significativamente mayor de hombres con calidad de empleo en comparación con las mujeres, mientras que, en el sector público, las mujeres tienden a tener una calidad de empleo ligeramente mejor en términos

nominales, a pesar de la brecha de género aún presente.

Para concluir se observa que persisten los estereotipos de género en la sociedad paraguaya, lo que resulta en exclusión y discriminación económica hacia las mujeres, especialmente por parte de empleadores y funcionarios públicos. Además, las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar limitan las oportunidades de las mujeres para participar plenamente en la vida social, política y económica del país.

En segundo lugar, la brecha de género en el empleo y la calidad del empleo conlleva a que las mujeres tengan un acceso limitado a la protección social relacionada con el empleo, así como menos seguridad laboral en términos de horas y años de trabajo asegura-

do. Esto tiene efectos negativos en las prestaciones y cobertura de pensiones, lo que contribuye a la vulnerabilidad económica de las mujeres, especialmente en la vejez.

Por último, el país enfrenta desafíos significativos en términos de calidad de empleo, con un bajo Índice de Calidad de Empleo (ICE) que afecta especialmente a las mujeres. Aunque ha habido un aumento gradual en el ICE desde 2006, la proporción de personas con empleos de calidad sigue siendo baja, lo que refleja la persistencia de empleos de baja calidad y subempleo que no logran sacar a las familias de la pobreza. En este contexto, las mujeres son las más afectadas, al ser las que se enfrentan a mayores barreras para acceder a empleos dignos y bien remunerados.

Bibliografía

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Bonder, G. (2021). Igualdad de género y educación media en América Latina y el Caribe. Buenos Aires.

Borda, D., & Caballero, M. (2020). Crecimiento y Desarrollo Economico en Paraguay. Asuncion .

Caceres, M. A., & Achinelli, M. (2020). Calidad de Empleo desde la Perspectiva de Género en Paraguay. revista científica omnes, 36–58.

CEPAL. (2017). Aporte de las mujeres a la igualdada en América Latina y el Caribe. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2855/1/S3282007_es.pdf

CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD & OIT. (2013). Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe.

DGEEC. (2016). Empleo Informal. Encuesta Permanente de Hogares. Obtenido de http://www.dgeec. gov.py

DGEEC. (2017). Tasa de empleo informal en Paraguay. Obtenido de https://www.ine.gov.py Echauri , C., & Serafini, V. (2011). Igualdad entre hombres y mujeres en Paraguay : la necesaria conciliación entre familia y trabajo. Asuncion: OIT.

MTESS. (2016). Situación de la mujer trabajadora en Paraguay. Obtenido de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social : http://www.mtess.gov.py/index

OIT. (2016). Las mujeres en el trabajo. Tendencias 2016. Ginebra.

Para trenzar la democracia

DEBEMOS PRACTICAR LA PARIDAD Y LA ALTERNANCIA EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Este artículo es el resultado de análisis investigativo, sobre la participación política de las mujeres en los Sistemas Electorales Latinoamericanos, la discriminación, la desigualdad, tanto sociales, políticas y económicas que enfrentan las mujeres en relación a la partición de los hombres tanto en elecciones internas en los partidos políticos, como en elecciones generales. Además, brindaremos información cualitativa y cuantitativa de las desigualdades en las Democracias incipientes, quebrantadas y deterioradas en el ámbito político social y económico en Latinoamérica.

Resumen

La realidad en Latinoamérica para la participación política de las mujeres, como lideresas, desde sus comunidades y el acceso al poder es un deporte extremo, si no morimos en el intento, somos relegadas a lo que se pueda. Veremos los conceptos de PARIDAD Y ALTERNANCIAS, además de otros que

Georgina Maribel Sierra Rodríguez, Abogada en Derecho Internacional, con 20 años de experiencia en procesos legales, con amplios conocimientos en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, NDI (Honduras), con habilidades en Gestión de Proyectos , Liderazgo, Comunitario y Comunicación en Crisis, con una destacada trayectoria en género y derechos políticos de las mujeres. Miembro Directivo de la Red Regional de las Américas SE4U UNDOC, coordinadora de los ejes temáticos, de trata de mujeres, delitos emergentes, UNDOC, Tráfico de personas. Miembro Experto de Iniciativa Global (IG), Miembro Directivo de la Red Por la Defensa de la Democracia en Honduras (RDD).

Georgina Maribel Sierra Rodríguez, Honduras

nos ayudarán a entender nuestras realidades, nuestras idiosincrasias. Comenzaré con las siguientes preguntas. ¿Cuál es realmente la participación política de las mujeres en Latinoamérica? ¿Cómo construir ciudadanía para la participación política de las mujeres en Latinoamérica?, ¿Realmente se utiliza la trenza con el principio de paridad y el mecanismo de Alternancia en las planillas presentadas para participar a cargos de elección popular? Estas preguntas serán tratadas por medio del método de descripción y análisis de estos fenómenos, centrándonos en la participación política de las mujeres en Latinoamérica. Construyendo una discursiva de ciudadanía participativa, le daremos una vista a los sistemas electorales en Latinoamérica, lo cual abrirá una nueva perspectiva acerca del análisis histórico de la participación política de las mujeres.

Más mujeres más democracia

Iniciaré este artículo, con las siguientes preguntas ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué implica la participación política de las mujeres en la Democracia? ¿En realidad se cumple la cuota de género en los cargos de elección popular en los países latinoamericanos? ¿Cuál es la percepción de las mujeres al participar en política partidaria o gremial? ¿Podemos hablar de una Democracia participativa?, estas interrogantes, así como las que aparecen en el resumen, han sido temas de discusión y debate en foros, en mesas técnicas tanto nacionales como internacionales, donde las mujeres organizadas hemos realizado, con resultados incipientes y con muchos objetivos planeados.

Con respecto al concepto de Ciudadano y su rol dentro de una comunidad, este ha sido continuamente modificado a través de las prácticas políticas, y acomodado de acuerdo a las cambiantes situaciones históricas, principalmente en Latinoamérica. Cuando nos remitimos al concepto de ciudadano que se

deriva del latin civis o civitas, es decir miembro de una ciudad- Estado, lo relacionamos a la persona humana que vive en una comunidad, sea urbana o rural, que participa en igualdad de condiciones en los procesos políticos, sociales y económicos, por lo tanto, alguien que podía gobernar y a su vez ser gobernado. Lo anterior me lleva a concluir que tanto hombre como mujer, son ciudadanos ante el Estado de Derecho, y por lo mismo tienen la facultad de elegir y ser electo, lo que en algunas constituciones son garantías del ser ciudadano. En ese mismo sentido, y siguiendo la concepción griega, el ciudadano es esencialmente, un ser político del cual se desprenden obligaciones tanto morales como legales.

En consecuencia la ciudadanía es un privilegio hereditario a hombres y mujeres sin excepción de raza, color, estatus económico, social, político, que además incluye el derecho al voto y la participación política en igualdad de condiciones, a participar en los debates políticos que concierne a la vida ciudadana de los países. En contraste a lo teórico, desde la práctica y desde sus orígenes, el término ciudadano conllevo la exclusión. De hecho, la mayoría de los ciudadanos, especialmente las mujeres, han sido excluidas de derechos.

Si nos remontamos unos años atrás, la participación política, el sufragio femenino o voto femenino, era entendido como la voluntad política del patriarcado para ceder a las mujeres esta participación, como el derecho a votar y a ser electas para desempeñar cargos públicos. Sin embargo, debemos de decir que la lucha de las mujeres por ser reconocidas como verdaderos ciudadanos con deberes y derechos iguales a los hombres ha tenido diferentes caminos, ya que si bien en muchas culturas las mujeres contaban con derechos políticos o habían luchado por su reconocimiento con anterioridad al siglo XIX, aún existen países que no reconocen el derecho al voto a las mujeres.

Desde una perspectiva internacional, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cabe señalar que de manera previa, en 1948, las Naciones Unidas aprobaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos y tipificado en su artículo 21, el derecho de toda persona para participar en el gobierno de su país, ya fuera directamente o a través de representantes. Así mismo, la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres aprobada la Resolución 640 (VII), del 20 de diciembre de 1952 detalla “Dando pasos a los movimientos sufragistas donde se realizaron actividades internacionales por la reivindicación del derecho al sufragio femenino, el movimiento reformista social, económico y político, promoviendo inicialmente el sufragio por igual”.

Ahora bien, sobre ese intercambio de ideas alrededor de la importancia de una sociedad en equidad, que impulse la recuperación de igualdad de género y sostenibilidad, es relevante detallar los retos a los que se enfrentan las mujeres en relación a las cuotas de género plasmadas en los sistemas electorales.

De esta manera, los sistemas electorales emiten reglamentos sobre las Leyes primarias que lesionan las posiciones que las mujeres, quienes deben ostentar en las planillas a los cargos de elección popular o cargos de dirección de partidos para tener elecciones limpias, sin triquiñuelas de filtros abusivos contra las participación políticas de las mujeres.

Dentro de estos filtros, podemos identificar como el primer filtro el líder, el dueño o el grupo que tienen secuestrado el partido político, y por consiguiente, su aprobación informal para cedernos un puesto para participar, de lo contrario somos rellenos en las planillas para aparentar que se respeta la cuota de género, violentando el principio de paridad y alternancia. Este primer filtro lo podemos encontrar en las elecciones internas, y aunque algunas leyes reformadas en Latinoamérica buscan mitigar los efectos negativos sobre la participación de las mujeres, aún siguen persistiendo retos. Para ejemplificar, citaré la Ley Electoral de Honduras, lo tomaré como ejemplo por ser el país donde he participado en una Democracia frágil, permeada por corrupción y crimen organizado y, donde he participado en las reformas electorales del 30% de participación al 50% con el Mecanismo de Alternancia y el Principio de Paridad.

es relevante detallar los retos a los que se enfrentan las mujeres en relación a las cuotas de género plasmadas en los sistemas electorales

Así, según el Capítulo II APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PARIDAD Y MECANISMO DE ALTERNANCIA en la Sección I Aspectos Generales Principio de paridad del Reglamento de aplicación del Principio de Paridad y el Mecanismo de Alternancia, nos dice que los partidos que tendrán elecciones internas especialmente en su artículo 5, deberá ser en forma igualitaria (50% de participación de mujeres y hombres), tanto en dirección de cargos de partidos como las nóminas a candidatas y candidatos a elección popular e incluyendo estructuras de segundo grado, según lo dispongan sus estatutos. No obstante, la inexistencia de órganos como la

Fiscalía de Delitos Electorales, encargados de restablecer los derechos vulnerados, se presenta como un reto.

Quedando prácticamente la participación política de las mujeres a conveniencia del dueño o candidato en que ese momento está en la palestra pública y convirtiendo nuestra participación en casi todos los casos de relleno, los hombres quedan posesionado en las mejores posiciones y con ventaja anticipada para quedar en los puestos de dirección y poder en los países, mientras que las mujeres quedan siempre relegadas a la toma de decisiones y los cargos de poder sin relevancia.

En el caso de Honduras, en las diputaciones y las alcaldías se da más la discriminación de las mujeres, ya que se dice, por ejemplo, si es una nómina de 20 diputados o regidores en las alcaldías, el Reglamento al igual que la Ley nos dice que con base al principio de paridad y mecanismo de alternancia debe de ser 10 mujeres y 10 hombres o viceversa.

La discriminación para las participación política de las mujeres empieza cuando y un hombre ocupa casi siempre los cinco primeros puesto, y los puestos de suplentes son ocupados por mujeres e incluso en varios casos las tres primeras posiciones son ocupadas por hombres tanto propietario como suplente. Esto surge como resultado de un vacío en la ley, la cual a pesar de establecer el principio de paridad, no específica en qué posición, entonces si la lista comienza con un hombre, inmediatamente de tener una suplencia mujer e iniciar la segunda posición con una mujer propietaria y un hombre suplente y así sucesivamente, lo cual no ocurre y quedamos simplemente cumpliendo con la cuota, pero violentando el principio de paridad y el mecanismo de alternancia.

Por lo que se evidencia, así cómo lo informa el foro Intergubernamental sobre los

Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género en la región, en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, así como los datos que la CEPAL, el tema de la participación política de las mujeres sigue siendo relevante ya que a nivel regional en tenemos 5 presidentas, hay un incremento de legisladoras o diputadas de un 26% (o sea que estamos a la mitad de la cuota), así mismo las regidoras (11.7%) y en magistradas, jueces y operadores de justicia (24.3%). Estos datos nos informan que, partiendo del principio de paridad, debemos continuar el la búsqueda de la participación de las mujeres, garantizando el 50% de participación activa de las mujeres en la toma de decisiones políticas, sociales en los países en Latinoamérica, mientras se utilizan las estadísticas de género, esenciales para comprender las desigualdades y diseñar políticas públicas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. En consecuencia, los sistemas de información de la CEPAL, como CEPLSTAT y REDDATAM, nos proporcionan la realidad de la participación política de las mujeres, así como la igualdad de género y sostenibilidad, junto con datos sobre los avances que la Alianza Regional para la Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe.

En síntesis, debemos trabajar en los sistemas electorales de la región, debido a que en la mayoría de los países han fracasado consecuencia del crimen organizado, donde la corrupción gobierna, y desde donde se trafican presidencias, diputaciones, alcaldes, regidores y demás actividad política para acceder al poder. Los sistemas electorales han sido cómplices necesarios para deteriorar el sistema democrático especialmente en Honduras, y del cual como mujeres ha sido violentada nuestra participación política.

Por último, debemos referirnos a la dimensión histórica de los actos discursivos y teóricos de la igualdad de género, igualdad de oportunidades para las mujeres, la paridad y a la alternancia en los procesos electorales, únicamente como teoría, reconociendo la realidad como otra. El enfoque que hemos y debemos trabajar, debe estar centrado en la restitución y fortalecimientos del Estado de Derechos, en todo el continente y especialmente en Latinoamérica. Si nuestros

Gobiernos de turno no trabajan ni tienen la voluntad política de restablecer, restituir la capacidad jurídica de garantizar las garantías constitucionales, restablecer la institucionalidad, así como erradicar la corrupción en los sistemas electorales, no se construirá una percepción de avance hacia el restablecimiento del Estado de Derecho.

Bibliografía

Participación política de las mujeres. (s. f.). CEPAL. https://www.cepal.org/es/subtemas/participacion-politica-mujeres#

Las voces de la igualdad - Las sufragistas. (s. f.). Universitat Pompeu Fabra. https://www.upf.edu/es/ web/veusdelaigualtat/les-sufragistes

Sandra Pinto, Colombia

El Cuidado

Un peso histórico sobre el hombro de las mujeres.

Creación de la Política Pública del Ministerio de la Equidad e Igualdad (MEI) relacionada con el Sistema Nacional de Cuidado (SNC) en Colombia para dar respuesta a la urgente necesidad de las mujeres de compartir las labores del cuidado no remunerado para poder satisfacer sus necesidades de afiliación, valoración y autorrealización.

En Colombia, históricamente, el cuidado ha recaído en los hombros de las mujeres. Según la última Encuesta del Uso del Tiempo realizada en 2020 y que se actualiza cada 4 años, a nivel nacional 9 de cada 10 mujeres de 10 años o más, son las encargadas de realizar las actividades del cuidado no remunerado del hogar, mientras que sólo 6 de cada 10 hombres dentro de este mismo rango, participan en estas tareas.

Las mujeres dedican, en promedio, una jornada de trabajo adicional de 7 horas 44 minutos diarias a estas actividades, mientras que los hombres tan sólo 3 horas.

Sandra Pinto, Profesional en Ingeniería Industrial, investigadora social, conferencista y escritora en medios regionales, nacionales e internacionales.

En la zona rural, la situación es aún más alarmante. La brecha de género en la participación del trabajo del cuidado es de 5 horas 33 minutos. Las mujeres del campo dedican 8 horas 33 minutos a estas actividades, casi 3 veces el tiempo que dedican los hombres.

La jornada adicional que representa el cuidado para las mujeres ha obligado a que ellas se vean obligadas a priorizar, como lo explicaba Maslow en su pirámide de las necesidades humanas, las relacionadas con satisfacer sus insuficiencias fisiológicas y de protección y seguridad, dejando de lado las que tienen que ver con la afiliación, valoración y autorrealización.

Es por esto que no sorprendió que una de las promesas de campaña del actual gobierno que mayor aceptación tuvo entre las electoras fuera la creación del décimo noveno

ministerio, el de la Igualdad y la Equidad (MIE), compromiso que honraron una vez llegaron al poder mediante la Ley 2281 del 4 de enero de 2023.

Como muchas de las propuestas del presidente colombiano, Gustavo Petro, ésta también generó polémica ya que, para algunos, representa una forma de aumentar la burocracia estatal con la creación de dos despachos, el de la ministra y la viceministra, seis oficinas y tantas direcciones como departamentos tiene el país.

Sin embargo, para quienes consideran necesarias las acciones afirmativas que permitan la eliminación de las desigualdades, la discriminación, la defensa de los sujetos de especial protección constitucional, de la población vulnerable y de los grupos históricamente discriminados o marginados, el anunció de la creación de este ministerio ha sido un aire refrescante que permite ver con optimismo el futuro.

Desde su inicio, la Ley que le dio vida al ministerio, incluyó dentro de sus artículos uno que permitió la creación del Sistema Nacional de Cuidado (SNC), con el objetivo de compartir la responsabilidad entre la nación, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades y mujeres y hombres en sus diferencias y diversidad, de dar respuesta a las demandas de cuidado de los hogares de manera corresponsable, compartiendo de manera equitativa las labores y garantizando los derechos de las personas cuidadoras.

Para que tanto el MIE como el SNC puedan llevar a cabo sus misiones, lo primero es que se encuentren dentro del presupuesto nacional mediante su inclusión por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para lo cual la Ministra de la Igualdad y la Equidad y actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez,

ha realizado 21 Encuentros Poblacionales en distintas regiones del país, con una participación diversa que incluye trabajadoras domésticas, parteras, población LGBTIQ+, comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, masculinidades cuidadoras, cuidadoras remuneradas, entre otras, de los cuales han salido más de 140 acciones concretas correspondientes, según indicó, al 80% de esta Política Pública.

Márquez anunció que, en marzo de 2024, el SNC sería “una realidad a nivel nacional” y que incluirá canastas de servicios para las personas cuidadoras; la distribución de los cuidados con los hombres y “las nuevas masculinidades cuidadoras”; y el fortalecimiento de las organizaciones de cuidado comunitario en las regiones creando una red territorial con las alcaldías y las gobernaciones.

Sin embargo, la cabeza del nuevo ministerio, ha querido ir más allá, y el 15 de

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septiembre, en los apartados municipios de San Juan Nepomuceno, San Onofre y María la Baja en los Montes de María, en donde, otrora se vivieron algunos de los episodios más violentos de la historia reciente del país, realizó el lanzamiento oficial de la Ruta del Cuidado como primer hito territorial del SNC.

La Ruta lleva diariamente servicios gratuitos de formación, con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); cuidado de niñas, niños y adolescentes, con orientación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); apropiación cultural para la promoción de los cuidados comunitarios, con orientación del Ministerio de Cultura y atención psicológica para las personas cuidadoras.

Los resultados de este plan piloto no se han hecho esperar. En diciembre, sólo dos meses después de su comienzo, 406 personas se graduaron de distintos cursos del SENA y 1.028 fueron atendidas en alguno de los cuatro servicios articulados en La Ruta del Cuidado.

Las actividades realizadas fueron apropiadas por las comunidades de estos municipios quienes adicionalmente a lo ofrecido por el MIE, solicitaron talleres de prácticas de cuidado para personas con discapacidad y de autocuidado, y participaron en sesiones para el fortalecimiento del cuidado comunitario a través de actividades de resguardo ancestral y expresiones artísticas enfocadas en la identidad étnica, uso e importancia del turbante, rescate de la cocina tradicional, importancia de las plantas medicinales y de la medicina ancestral.

cual se autoriza el pago de un subsidio de subsistencia correspondiente al 80% de un salario mínimo para las personas que hayan ejercido el rol de madres comunitarias y sustitutas por más de 10 años y, no hayan reunido los requisitos para acceder a una pensión, lo que beneficiará a más de 46.000 mujeres que tuvieron bajo su cuidado a más de 15 millones de niñas y niños y quienes, hasta antes de la creación del MIE, estaban condenadas a vivir una vejez desamparada.

80% de un salario mínimo para las personas que hayan ejercido el rol de madres comunitarias y sustitutas por más de 10 años.

A los visibles exitosos resultados obtenidos con el plan piloto de la Ruta del Cuidado, se sumó la noticia dada por la Ministra sobre la firma presidencial del decreto 2182 el 15 de diciembre de 2023, por el

Aunque la historia del SNC en Colombia apenas está comenzando, los importantes resultados obtenidos en el poco tiempo que lleva desde que fue incluido en el neófito MIE, sugieren que además de una necesidad sentida de las mujeres, es el deseo de varias que cumpla con honores la misión para el que fue concebido.

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