es una iniciativa que permite el intercambio de experiencias políticas y sociales de América Latina y el Caribe, donde se facilitan espacios de comunicación y diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas políticas, sociales y expertos de Latinoamérica.
Francisco Herrero Asociado Global
Andrea Fernández Gerente de Programas Red Innovación.
Diego Torres Oficial de Programas Red Innovación.
María Paula Caycedo Asistente de programas Red Innovación.
DeerLab Studios Diseño y diagramación
El análisis forense: qué es y cómo puede sumar valor a la administración electoral
María Page y Pedro
Antenucci Benesch
Innovaciones sociales y gubernamentales contra la desinformación: un estado del arte Harold Joseft González y Camilo Cruz
Página 4 Página 16 Página Pensamientos de la Región
La boleta en Colombia
Renato Rafael ex Magistrado
electoral
Colombia
Rafael Contreras
Magistrado
Herrera Rojas DA, et al. 04
La Semana de Representación: un Mecanismo Representativo del Desempeño
Parlamentario
La participación ciudadana de las juventudes como contrapeso al poder frente al deterioro democrático Roberto Ogg Fábrega
La Ciudadanía Escribe
El análisis forense:
qué es y cómo puede sumar valor a la administración electoral
María Page
LLicenciada en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires). Actualmente es consultora especializada en estrategia de datos y elecciones. Anteriormente se desempeñó como especialista senior en el Ministerio del Interior de la República Argentina, Investigadora Asociada Sr. y Coordinadora del Programa de Instituciones Políticas (CIPPEC), Coordinadora del Observatorio Electoral y fue asesora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. También ejerció como docente de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires.
Pedro A. Antenucci Benesch
M M
áster en Investigación Cuantitativa Aplicada (Universidad de Nueva York), Master en Estudios Electorales (Universidad Nacional de San Martín) y Licenciado en Ciencia Política (Universidad de San Andrés). Actualmente se desempeña como Director de Investigación en The Power of Data y ha trabajado como Data Analyst en NYU, como Senior Research Associate en Vote Rev y como Data Fellow en el Comité Demócrata del Estado de Nueva York. En Argentina, se desempeñó como Director de Información y Estadística Electoral en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y como consultor en diversos organismos públicos.
La administración electoral y la rendición de cuentas
LLLas agencias encargadas de organizar y juzgar las elecciones enfrentan un escenario muy desafiante: las nuevas tecnologías fortalecen la eficiencia de la administración electoral en la misma medida en que aumentan su exposición a riesgos de ciberseguridad; los procesos electorales ocurren en ambientes informativos saturados de ruido y contaminados por información errónea y campañas de desinformación; y cada vez con más frecuencia tanto los candidatos derrotados como los que resultan electos ponen en duda la integridad de los resultados electorales antes y después de su publicación, incluso en democracias consolidadas.
Estas tendencias se conjugan para erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales. En este contexto, la capacidad de monitorear y evaluar de manera sistemática y replicable la calidad e integridad de las elecciones cobra vital importancia. Un diagnóstico contrastable puede ser un valioso recurso para mejorar la rendición de cuentas, combatir la desinformación y fortalecer la confianza en las elecciones, además de introducir mejoras en la administración de elecciones futuras.
Sin embargo, las elecciones implican operaciones logísticas de tal volumen y despliegue territorial que un monitoreo exhaustivo in situ resulta imposible. Por eso los mecanismos de monitoreo interno (conducidos por los propios organismos) o externo (misiones de observación nacionales o internacionales) suelen concentrarse en una muestra de votantes o lugares de votación o en una porción del total de trámites y procedimientos involucrados en los comicios. En relación con el carácter no exhaustivo de estos mecanismos, algunos trabajos empíricos sugieren que la presencia de
observadores genera un desplazamiento de las irregularidades a etapas o lugares no observados (Hyde, 2007; Mebane, 2007; Ichino y Schündeln, 2012).
Frente a estas limitaciones, desde el campo de la ciencia de datos se han desarrollado algunas herramientas de auditoría que pueden complementar los enfoques más tradicionales del monitoreo y la observación electoral, porque permiten estudiar los resultados electorales exhaustivamente y determinar si existen anomalías que requieran mayor escrutinio (Mebane, 2007).
Qué es el análisis forense de las elecciones
El término “análisis forense de las elecciones” se refiere a un conjunto de técnicas utilizadas para estudiar la integridad de los resultados electorales. Son herramientas estadísticas desarrolladas para la auditoría contable y la detección de fraude, que se adaptaron al estudio sistemático de los resultados de las elecciones y la integridad electoral. Estas técnicas permiten estudiar la calidad de los procesos electorales utilizando datos oficiales, con medidas definidas y replicables, y un alto nivel de desagregación y precisión (Hicken y Mebane, 2017; Lacasa y Fernández-Gracia, 2019).
El supuesto básico del análisis forense es que, cuando los votantes concurren a las urnas libremente y los votos son registrados y contados de manera co-
rrecta, los resultados siguen una distribución determinada, como ocurre con los procesos de acumulación natural. En contraste, la presencia de interferencias, presiones sobre los electores, manipulaciones o defectos administrativos, ocasiona patrones de votos que difícilmente ocurrirían de forma natural. La desviación de los patrones esperados indica que se produjo alguna anomalía y señala dónde se jus-
Para
qué se usa
Estas técnicas tienen un considerable desarrollo en el campo académico. Hasta el momento, su aplicación más frecuente se ha orientado a resolver dudas y controversias en procesos electorales recientes.
En América Latina, algunos estudios han constatado irregularidades en elecciones cuya integridad había sido cuestionada. Por ejemplo, Mebane (2006) analiza la controvertida elección presidencial de 2006 en México, que se definió por una diferencia del 0.5%, y
tifica una revisión detallada (Hicken y Mebane 2017). De esta forma, el análisis forense permite hacer un diagnóstico exhaustivo a partir de los datos oficiales de la elección y detectar situaciones o lugares donde es recomendable indagar en mayor profundidad para descartar posibles interferencias, defectos administrativos o errores en el desarrollo de las elecciones.
detecta irregularidades recurrentes en la Ciudad de México y en un puñado de estados. Cantú (2014) estudió las elecciones de gobernador en México en 2010 y detectó anomalías en la participación electoral que, en al menos 3 estados, beneficiaron sistemáticamente a uno de los candidatos. Jiménez e Hidalgo (2014) analizaron los procesos electorales de Venezuela desde 1995 hasta 2012 y encontraron que, a partir de 2004, existen patrones anómalos tanto en la distribución de los votos como en las variaciones del registro de electores.
el análisis forense permite hacer un diagnóstico exhaustivo a partir de los datos oficiales de la elección.
Su trabajo sugiere que esas variaciones fueron decisivas para los resultados de eventos importantes, como el referéndum de 2004 y la elección presidencial de 2012.
También en la región, otros estudios de caso, en cambio, han permitido descartar la existencia de problemas sistemáticos. Page et al. (2017) estudian la independencia entre los votos positivos, la participación y el voto en blanco en la elección primaria de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Los resultados refutan las sospechas que surgieron tras la reversión de los cómputos preliminares en el conteo definitivo. Del mismo modo, Antenucci et al. (2017) demostraron que las diferencias entre la tendencia observada en el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo de dicha elección no se debió a sesgos intencionales sino más bien a factores logísticos y a las características del electorado. En el caso de Bolivia, Idrobo et al. (2022) examinaron la elección presidencial de 2019, donde un cambio de tendencia durante el es crutinio provisional favoreció al en tonces presidente Morales y provocó
denuncias de fraude. El análisis forense revela que la fluctuación se explica por la llegada tardía de los resultados de áreas rurales y de mesas con mayor predominio de votantes indígenas, lo que rebate la hipótesis del fraude. Antenangeli y Cantú (2019) analizan el conteo provisional de la elección presidencial de 2006 en México, que se definió por una mínima diferencia en el conteo definitivo y generó suspicacias respecto de los resultados preliminares. Su trabajo revela que los recintos reportados de forma tardía no tienen un efecto sistemático en el resultado de la elección. En Brasil, frente a las denuncias públicas de fraude realizadas desde el Partido Liberal, Figueiredo Filho et al. (2022) realizan un análisis forense de la elección presidencial de 2018. El estudio, que combina pruebas de dígitos y de la distribución esperada de la participación y el porcentaje de votos de los contendientes, descarta categóricamente la ocurrencia de irregularidades sistemáticas en esos comicios.
No obstante, las aplicaciones del análisis forense no se limitan a la detección de maniobras fraudulentas.
La metodología también ha permitido esclarecer cómo defectos administrativos o problemas en el diseño de boletas pueden influir en los resultados, una capacidad que resulta crucial para corregir errores y mejorar futuras elecciones. Por ejemplo Wand et al. (2001) y Mebane y Shekon (2004) estudian la elección presidencial de 2000 en Estados Unidos, donde la boleta “mariposa” generó un número anómalamente alto de votos para Pat Buchanan en el condado de Palm Beach. Los trabajos muestran cómo, producto del confuso diseño del instrumento de votación, miles de
personas que intentaban votar a Al Gore terminaron votando a Buchanan por error. Antenucci y Page (2023) analizan las elecciones legislativas de 2021 en Argentina y, si bien no detectan ninguna irregularidad o sesgo partidario intencional, sí observan errores recurrentes que son producto del diseño de los telegramas en los que se registran los resultados de cada mesa, del nivel de complejidad de la oferta electoral y de la forma en la que se cargan los resultados definitivos en el sistema de cómputos de la justicia electoral.
El análisis forense y la administración electoral
En síntesis, el análisis forense electoral se presenta como una herramienta poderosa para la administración electoral, con potencial de reforzar tanto la transparencia como la confianza en los sistemas electorales. Al ser capaz de procesar de manera exhaustiva y
replicable los datos oficiales, permite identificar patrones que pueden señalar irregularidades o defectos administrativos en distintas etapas del proceso. Esta capacidad es especialmente relevante en el contexto de desafíos crecientes para las democracias,
donde el escrutinio público de los resultados electorales y la propagación de desinformación pueden afectar la legitimidad de las elecciones. Por estas características, más que un sistema definitivo de auditoría, resulta un valioso complemento para los controles internos y externos que tradicionalmente funcionan durante los procesos electorales.
No obstante, su implementación exitosa requiere que los modelos sean adaptados considerando tanto los aspectos normativos y administrativos de cada lugar, como las particularidades sociopolíticas que puedan influir en el comportamiento de los votantes y de los actores involucrados en la competencia política. Una adecuada contextualización es la forma de evitar falsos positivos, considerar las posibles explicaciones benignas de los hallazgos, e interpretar los resultados de una manera constructiva, de modo que puedan contribuir a mantener una comunicación más efectiva con la ciudadanía, contrarrestar la desinformación y fortalecer la confianza pública en las instituciones electorales.
En suma, el análisis forense no sólo puede enriquecer la rendición de cuentas en los procesos electorales actuales, sino que también constituye un recurso valioso para la mejora continua de las futuras elecciones y la
Bibliografía:
Antenangeli, L., & Cantú, F. (2019). Right on time: An electoral audit for the publication of vote results. Statistics, Politics and Policy, 10(2), 137-186.
Antenucci P. & Page, M. (2023). Elecciones Nacionales 2021 en Argentina: una auditoría del escrutinio provisorio. Revista Elecciones, 22(26), 149-204.
Antenucci, P., Mascioto, J.M. y Page, M. (2017). “PASO 2017 en la provincia de Buenos Aires: el recuento provisorio explicado”. Revista SAAP: Sociedad Argentina de Análisis Político 11 (2): 341-64. https://bit.ly/416VHHf
Cantú, Francisco. 2014. “Identifying Irregularities in Mexican Local Elections”. American Journal of Political Science 58 (4): 936-51.
Figueiredo Filho, D., Silva, L., & Carvalho, E. (2022). The forensics of fraud: Evidence from the 2018 Brazilian presidential election. Forensic Science International: Synergy, 5, 100286.
Hicken, Allen, y Walter R. Mebane. 2017. “A Guide to Election Forensics”. United States Agency for International Development; Center for Political Studies, University of Michigan. https://bit.ly/3QZUZag
Hyde, Susan D.. 2007. ‘The Observer E ect in International Politics: Evidence from a Natural Experiment’, World Politics, 60/1 (2007), 37-63
Ichino, N., & Schündeln, M. 2012. Deterring or displacing electoral irregularities? Spillover e ects of observers in a randomized field experiment in Ghana. The Journal of Politics, 74(1), 292-307.
Idrobo, N., Kronick, D., & Rodríguez, F. (2022). Do shifts in late-counted votes signal fraud? Evidence from Bolivia. The Journal of Politics, 84(4), 2202-2215.
Jiménez, R., & Hidalgo, M. (2014). Forensic analysis of Venezuelan elections during the Chávez presidency. PloS one, 9(6), e100884.
Lacasa, L., & Fernández-Gracia, J. (2019). Election forensics: Quantitative methods for electoral fraud detection. Forensic science international, 294, e19-e22.
Mebane, W. R., & Sekhon, J. S. (2004). Robust Estimation and Outlier Detection for Overdispersed Multinomial Models of Count Data. American Journal of Political Science, 48(2), 392–411. doi:10.1111/j.0092-5853.2004.00077.x
Mebane Jr, W. R. (2006, July). Election forensics: Vote counts and Benford’s law. In Summer Meeting of the Political Methodology Society, UC-Davis, July (Vol. 17).
Mebane Jr, W. R. (2007). Election forensics: Statistics, recounts and fraud. In Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April (pp. 12-16).
Page, María, Pedro Antenucci, y Marcelo Leiras. 2017. “La PASO 2017 y la integridad: una elección en Buenos Aires bajo la lupa. Documento de Políticas Públicas”. Documento de Políticas Públicas, n. ° 192 2017. https://bit.ly/480Uvrd
Wand, J. N., Shotts, K. W., Sekhon, J. S., Mebane, W. R., Herron, M. C., & Brady, H. E. (2001). The butterfly did it: The aberrant vote for Buchanan in Palm Beach County, Florida. American political science review, 95(4), 793-810.
Innovaciones
sociales y gubernamentales
contra la desinformación: un estado del arte1
I IHarold J. González
ngeniero Industrial-UIS, Magíster en Políticas Públicas y Desarrollo-UNAB con distinción de tesis meritoria. Activista social y político, impulsor de un modelo comunicacional más adecuado y de los proyectos de ley de alfabetización mediática, igualdad en la comunicación, buenas prácticas y ética periodística. En la vida profesional se ha desempeñado como gerente de varias empresas de consultoría y construcción. Especialista (NFPA) en planeación, respuesta a emergencias y desastres, protección contra incendios y seguridad humana.
Camilo Cruz Merchán
DDoctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Quito, y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Integrante del Observatorio de Reformas Políticas IIJ-UNAM-OEA.
introducción
U Uno de los principales retos contemporáneos para las de mocracias en el mundo es el control efectivo de la desin formación, que se manifiesta en la circulación de informa ción falsa sobre decisiones políticas y sociales colectivas. Las liber tades de prensa, expresión y opinión son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, en un contexto marcado por la opacidad de las fuentes de información, la pérdida de relevancia de los medios de comunicación tradi cionales y la falta de pluralidad en los espacios de interconexión, la desinfor mación se convierte en una amenaza para la estabilidad política y para la toma de decisiones libres e informadas, especial mente en procesos electorales.
Este trabajo presenta los resultados de un análisis de la producción contemporánea sobre el control de la desinformación y, a partir de este marco, establece las princi pales rutas que deben seguir tanto la sociedad civil como las instituciones públicas para garantizar la libertad de expresión, la prensa y el acceso efectivo a la información. Esta información es crucial para proponer estrategias de regu lación y mecanismos sociales de innovación.
1. Este artículo es resultado del proyecto de tesis: “Análisis de los instrumentos gubernamentales y sociales contra la desinformación de los medios de comunicación en las principales democracias occidentales: La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y América Latina en el siglo XXI” elaborado por Harold Joseft González para optar por el título de Maestro en Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.
Polarización y confianza en los medios de comunicación
La confrontación de ideas es un elemento intrínseco de los procesos democráticos. Sin embargo, la polarización política—es decir, la agrupación de las opiniones políticas en bloques ideológicos opuestos y la lectura acríti-
ca de las acciones del propio bloque, junto con la oposición sistemática a las expresiones del bloque contrario—ha ido en aumento en las democracias occidentales en las últimas décadas (ver Gráfica 1).
Gráfica 1: Aumento de la polarización mundial en los últimos 20 años
Europe and North America
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023)
Los datos indican un incremento global de la polarización en las democracias, con especial énfasis en los sistemas democráticos de la tercera ola de democratización: Europa del Este, América Latina y Asia-Pacífico. Este hecho es relevante, ya que tales sistemas, aún en proceso de consolidación, son más susceptibles a retrocesos democráticos.
Asimismo, la confianza en los medios de comunicación y en los gobiernos en sistemas democráticos es inferior a la de regímenes no democráticos (ver Gráfica 2). Este dato refleja, por un lado, la pluralidad de opiniones presente en los sistemas democráticos y, por otro, los riesgos de deslegitimación de las instituciones democráticas y el desinterés ciudadano.
Fuente: González (2024, pp. 93-94)
Al revisar la producción académica sobre la desinformación, se observa una alta concentración en el idioma inglés, con un 89% de los estudios, frente a un 11% en español (ver Gráfica 3).
Gráfica 2: Confianza ciudadana en los medios y en el gobierno Gráfica 3: Producción
Fuente: González (2024, pp.70-71
La mayoría de las investigaciones se centran en el análisis de la desinformación en redes sociales (68%), mientras que solo el 32% se ocupa de los medios de comunicación tradicionales. Además, la producción en español se enfoca mayormente en los medios tradicionales, mientras que la producción en inglés
se orienta hacia las redes sociales. El análisis de los contenidos sobre desinformación revela una concentración en dos áreas: la intervención de Rusia en democracias occidentales y la propagación de bulos informativos relacionados con la COVID-19, casos que han cobrado gran relevancia en la actualidad (ver Gráfica 4).
Gráfica 4: Frecuencia de palabras claves temáticas de la producción documental
Otras áreas de investigación incluyen la autorregulación de los medios tradicionales, la alfabetización mediática y la concentración de la propiedad de los medios, así como las propuestas o leyes existentes para su regulación. También se destacan los estudios sobre autorregulación en redes sociales y plataformas digitales, así como el "fact-checking", herramientas para verificar la veracidad de los contenidos.
Fuente: González (2024, p.73 )
Covid
Rusia
Al revisar las iniciativas promovidas por la sociedad civil para controlar la desinformación (ver Gráfica 5), se observa que las principales soluciones propuestas se centran en la alfabetización mediática, la promoción de la plurali-
Instrumentos sociales e institucionales contra la desinformación
dad en la propiedad de los medios, la creación de herramientas de "fact-checking", promoción de la ética periodística, y el establecimiento de mecanismos regulatorios para abordar contenidos ilegales.
Gráfica 5: Frecuencia de iniciativas de la sociedad civil
Alfabetización mediática
Pluralidad de medios
fact cheking -
Regular contenido ilegal
Buen periodismo
Anti Oligopolio, Monopolio
Tecnologia contra desinformación
Participación ciudadana
Organismo regulador independiente
Etica Periodistica
Cooperación inter sectorial
Eliminar contenido
Fuerza de tarea
Transparencia publicidad
Regular bots trolls
Cooperación OTAN, UE, G7
Verificación de Identidad
Protección de datos
Código de conducta
Restricciones de propiedad
Defensoria ciudadanos
Fortalecer medios tradicionales
Responsabilizar plataformas
Cuotas de tiempo
Criminalizar la desinformación
Transparencia intereses medios
Algoritmo prioriza medios tradicionales
Consejos profesionales
Restricción audiencias
Restricciones propiedad cruzada
Suspender plataformas
Auditar el algoritmo
No permitir interferencia extranjera
Derecho de réplica
Mostrar el algoritmo
Restricciones propiedad extranjera
Restricción propiedad vertical
Regular espectro electromagnético
Limitar la microsegmentación
Protección laboral periodista
Impuestos a plataformas
Fortalecer instituciones estado
Interoperatibilidad en plataformas
Personalizar el algoritmo
Gobierno abierto
Reglas publicidad gubernamental
Multar plataformas
Bloqueo fuentes desinformación
Requisitos de localización
Restricciones a poderes estatales
Juntas de democracia
Organismo de regulación estatal
Separar periodismo de entretenimiento
Video juegos
Profesionalizar influencers
Responsabilizas los medios
Defender pequeños medios
Diferenciar contenido publicitario
Control contenido de medios
Fuente: Elaboración propia a partir de González (2024, p.77 )
Las estrategias menos populares son aquellas que abordan la denuncia de la injerencia extranjera, la promoción del derecho a la réplica, las sanciones a las plataformas de redes sociales y la auditoría de algoritmos. Estas propuestas suelen requerir amplios conocimientos técnicos, transparencia en el diseño de las redes y la necesidad de cuerpos sancionadores.
En relación con la regulación de los medios tradicionales en democracias, se identifica la presencia de normativas en 35 países objeto de estudio. Los tipos de regulación más comunes se refieren a restricciones contra comportamientos monopólicos, la creación de organismos reguladores y sanciones por la divulgación de contenidos ilegales. Las menos utilizadas incluyen la formación de consejos profesionales, la participación ciudadana, la protección laboral de los periodistas y la creación de mecanismos de defensa del consumidor (González, 2024).
Respecto a la regulación de redes sociales, solo diecisiete países presentan algún tipo de normativa. Las temáticas más frecuentes incluyen el establecimiento de cuerpos para el monitoreo de contenidos, sanciones a cuentas "falsas" y la cooperación intergubernamental. Las menos aplicadas son aquellas relacionadas con gravámenes para financiar medios de comunicación, el fortalecimiento del periodismo local y la vigilancia de la no intervención extranjera (González, 2024).
El rastreo de las iniciativas permite identificar escenarios de regulación pública y/o de vigilancia ciudadana que pueden resultar prometedores y conducir al a identificación de buenas prácticas futuras: la creación de redes de gobernanza para la discusión ética y protección de la ciudadanía, la financiación solidaria de las redes sociales a la pluralidad mediática, las iniciativas ciudadanas de pedagogía informativa y de auditoría social a los contenidos y la intensificación del control a los contenidos contrarios a la dignidad humana son rutas para construir un entorno
El rastreo de las iniciativas permite identificar escenarios de regulación pública y/o vigilancia que pueden resultar prometedores
Conclusiones
El control de la desinformación, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, es una tarea urgente que debe ser abordada por la ciudadanía y las instituciones públicas. Es esencial promover un diálogo entre las propuestas de la sociedad y las regulaciones gubernamentales en este ámbito.
La academia y la sociedad civil han desarrollado alternativas para enfrentar esta problemática, enfocándose en la alfabetización mediática, la creación de mecanismos de verificación social, la regulación de contenidos ilegales y la garantía de pluralidad en los medios. Por su parte, las iniciativas gubernamentales de regulación se centran en prevenir la formación de oligopolios en los medios tradicionales y en la sanción de la difusión de contenidos ilegales, una temática que también se extiende al ámbito de las redes sociales.
El diálogo entre estas iniciativas puede incentivar la creación de mecanismos institucionales para promover la alfabetización, asegurar la pluralidad de fuentes de información y fortalecer los procesos de verificación y monitoreo de contenidos ilegales. Buenas prácticas que pueden ser implementadas en distintas democracias, adaptándose a los contextos sociales propios pero generando un banco de recomendaciones para salvaguardar el diálogo y los consensos políticos.
La colaboración entre sociedad civil, academia e instituciones públicas es fundamental para innovar en el control de la desinformación y promover redes de gobernanza sobre la información pública, una articulación necesaria que debe ser impulsada por aquellos que observan con preocupación el aumento de la polarización y los riesgos de retrocesos democráticos.
Referencias Bibliográficas
González, H. J. (2024). Análisis de los instrumentos gubernamentales y sociales contra la desinformación de los medios de comunicación en las principales democracias occidentales: La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y América Latina en el siglo XXI. Trabajo de grado para obtener el título de magister en Políticas Públicas y Desarrollo. Bucaramanga: UNAB Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/25947
UNDP. (2023). “With me, or against me”: The intensification of political polarization in Latin America and the Caribbean”. Nota de prensa. Publicación virtual. Enlace de consulta: https://www.undp.org/latin-america/blog/me-or-against-me-intensification -political-polarization-latin-america-and-caribbean, Fecha de consulta: 1 de marzo de 2023
La boleta electoral en Colombia
Renato R. Contreras Ortega
Renato Rafael Contreras Ortega
bogado. Especialista en Gerencia Pública. Magister en Derecho Administrativo. Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Candidato a Máster en Estudios Electorales. Doctorando en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. Jefe Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Docente universitario. Autor de artículos publicados en revistas especializadas en temas electorales.
Introducción1
P Puede entenderse por boleta electoral al medio mediante el cual los electores manifiestan su vo luntad en unas elecciones y ejercen su derecho al voto o sufragio (Pozo Bahamonde, 2017), es decir, a través del cual expresan sus “ gen el partido o candidato de su preferencia y además constituye la prueba de los votos depositados (Clemente & Franco-Cuervo, 2019).
En relación con la cual, se tiene que pueden utilizarse distintos tipos de boleta electoral, las que pueden ser: , cuando la boleta contiene a todos los candidatos y es diseñada y en tregada por las autoridades electorales en el puesto de votación; , aquí la tarjeta electoral contie ne la información solo de algunos candi datos, es suministrada por los partidos o candidatos, el elector no cuenta con toda la gama de candidatos en un mismo do cumento; , en la que los electores tienen la posibilidad de elegir a candidatos de diferentes partidos por cada cargo o corporación;
1. Ponencia presentada en los eventos: “Boleta única en Colombia: Experiencia comparada”, “Más allá de las urnas: fortalecimiento del sistema electoral argentino” y Revisión técnica de la implementación y uso de la Boleta Única, llevados a cabo el 24 y 25 de septiembre de 2024 en la Buenos Aires, Argentina, organizados por el Instituto Nacional Demócrata, NDI y Red Innovación. En este proceso se contó con la colaboración de la Biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del director de Gestión Electoral de ella, el Dr. Rafael Vargas González
en la que los electores votan en bloque sin posibilidad de hacerlo por candidatos de diferentes partidos por
PEN SAMIENTOS DE AL NÓIGER
Al respecto encontramos los siguientes antecedentes legisla-
Papeleta Electoral Partido Conservador año 1962 para Senado de la República, Cámara de Representantes y Asamblea departamental. Cortesía: Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil.
2. En la elección para Presidente de la República, los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato”.
“El Consejo Nacional Electoral de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil preparará e imprimirá con anticipación suficiente las tarjetas electorales para la elección de Presidente de la República y las hará llegar oportunamente a las Registradurías Municipales del Estado Civil para que el día de las votaciones los ciudadanos puedan utilizarlas en todas y cada una de las mesas de votación que funcionen en el territorio nacional. En el mismo sitio donde funcione el jurado de votación la Registraduría y la Alcaldía Municipal instalarán un cubículo dentro del cual cada elector escogerá libremente y en secreto la tarjeta electoral…”.
“En las elecciones para Presidente de la República, identificado el votante se le entregará la tarjeta o tarjetas electorales con el sello del jurado de votación en el dorso de la tarjeta. Acto seguido, el elector se dirigirá al cubículo y registrará su voto en el espacio que identifique al partido o agrupación política de su preferencia, o en el lugar previsto para votar en blanco; luego doblará la tarjeta correspondiente, regresará ante el jurado de votación y la introducirá en la urna”.
3. “Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos…”.
4.“Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos…”.
Por lo que hoy la boleta electoral en Co lombia tiene las siguientes características:
por lo que el sistema debería constar con un módulo correspondiente a una “ ”, en lo que insistió la Ley 1475 de 2011, la que, sin embargo, no se utilizado nunca.
Con lo que en Colombia se han utilizado los siguientes mecanismos de voto: de viva voz, papeleta variable impresa y suministrada por partidos y candidatos, tarjeta electoral única impresa y suministrada por las autoridades electorales, tarjeta electrónica.
La primera vez que se utilizó la tarjeta electoral descrita fue en las elecciones presidenciales de 1990, en la que se utilizó el siguiente modelo:
5. “Artículo 261. La elección del Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y municipales”.
6.Código Electoral. Artículo 207. Las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizarán el segundo domingo de marzo del respectivo año y las de Presidente de la República el último domingo del mes de mayo siguiente
7. Ley 163 de 1994. Artículo 1º. Fecha de elecciones. Las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre.
Primera tarjeta Electoral a la Presidencia de la República. 1990.
Cortesía: Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil.
En el que figuraban alineados horizontalmente, la fotografía y nombre del candidato junto al
Segunda Tarjeta Electoral para Presidencia de la República. 1998.
Segunda Tarjeta Electoral para Presidencia de la República. 1994.
Cortesía Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil.
Cortesía Biblioteca Registraduría Nacional del Estado Civil.
Tarjeta Electoral Elecciones Presidenciales Año 2002.
Para las elecciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 la alineación de cada casilla de votación se organizó de manera vertical y se suprimió el número.
Tarjeta Electoral Elecciones Presidenciales Año 2006. Tarjeta Electoral Elecciones Presidenciales Año 2010.
Tarjeta Electoral Elecciones Presidenciales Año 2014.
Tarjeta Electoral Elecciones Presidenciales Año 2018.
Tarjeta Electoral Elecciones Presidenciales Año 2018.
Tarjeta Electoral. Elecciones Senado de la República Año 1991
Más tarde, con la implantación de la circunscripción
única nacional, en la se eligen cien senadores, a lo que se sumó el modelo de listas únicas que deben presentar las distintas organizaciones políticas, con o sin voto preferente y con un número de candidatos que puede ser hasta el número de curules a proveer, conlleva a que se presente un número significativamente alto de candidatos, lo que imposibilita incluir en la tarjeta a la totalidad de aspirantes con su fotografía y nombres y apellidos, en tanto que hacerlo representaría una tarjeta de grandes dimensiones que no sólo dificultaría su manejo sino que además implicaría altos costos.
Ante tal situación, se optó por una tarjeta electoral simplificada, en la que no se incluían los nombre y fotografías de los candidatos, sino que solamente se incluyen los nombres y logos de las distintas organizaciones políticas y luego un número que identifica a los distintos candidatos integrantes de la lista, con lo que los ciudadanos más que un nombre o imagen deben memorizar el número que identifica a su candidato de preferencia.
Una situación adicional, está dada por las circunscripciones especial de minorías étnicas (comunidades indígenas), con lo que la tarjeta debe contar con dos cuerpos, uno para cada circunscripción, lo que genera confusiones y alto número de votos nulos por doble marcación.
Tarjeta Electoral. Elecciones Senado de la República Año 2006.
Tarjeta Electoral. Elecciones Senado de la República Año 2010.
Tarjeta Electoral. Elecciones Senado de la República Año 2002.
En este modelo puede apreciarse en la parte superior el nombre y logo de los partidos que inscribieron listas y luego
Año 2014.
Tarjeta Electoral. Elecciones Senado de la República Año 2018.
Tarjeta Electoral. Elecciones Senado de la República Año 2022.
Tarjeta Electoral. Elecciones Senado de la República
Para las elecciones de Cámara de Representantes se presentó una circunstancia similar a la evidenciada en relación con el Senado de la República, solo que en circunscripciones departamentales en las que se eligen un menor número de curules, con un agravante y es que para la Cámara existen tres circunscripciones, la territorial ordinaria y dos de minorías étnicas (comunidades indígenas y afrodescendientes), además de la internacional por la que solo se vota en el exterior.
Tarjeta Electoral. Cámara de Representantes. Año 2018
Tarjeta Electoral. Cámara de Representantes. Año 2022.
Tarjeta Electoral. Cámara de Representantes. Año 1998.
Tarjeta Electoral. Cámara de Representantes. Año 2006.
Tarjeta Electoral. Cámara de Representantes. Año 2014
El sistema electoral colombiano antes de la tarjeta electoral se caracterizaba por ser de mayoría simple para presidente de la República y de cociente electo ral (Hare) para las corporaciones elegidas en circunscripciones departamentales
(Redacción El Tiempo, 1994)
Las principales razones que llevaron a la adopción de la tarjeta electoral en reemplazo de la papeleta se encuentran en las limitaciones de acceso a los distintos candidatos por parte de los electores, sólo aquellos que tuvieran los medios económicos y logísticos suficientes para llegar a todos los puestos de votación tenían posibilidad de obtener votos en todos los puestos de votación, lo que limitaba las posibilidades de éxitos a los aspirantes con menos recursos económicos, lo que encarecía las campañas.
Por otra parte, las prácticas clientelistas llevaban a que pesar de la oferta de papeletas en las cercanías de los puestos de votación, en la realidad la intimidación a los electores llevaba a que se vulnerara su libertad de elección, en la medida que para garantizar que se votara en determinado sentido, los candidatos invertían grandes sumas de dinero en mantener cautivos a los votantes.
A diferencia del sistema argentino, aquí no existía el cuarto oscuro o secreto en donde el elector podía elegir libremente y sin presiones entre las distintas opciones, por lo que el tránsito a la tarjeta electoral garantiza de mejor manera el libre ejercicio del sufragio.
Los beneficios de la Boleta Única se encuentran asociados a los motivos que dieron lugar al cambio, por una parte, se garantizó el acceso de todos los electores a las distintas opciones políticas, lo que redunda en una mayor apertura democrática; una significativa reducción de los costos de las campañas electorales, todo ello en beneficio de propuestas alternativas y con menos recursos económicos, lo que, en teoría, llevó a una ampliación de los espacios políticos; mayor libertad para los electores, ya que se encuentra solo en el cubículo frente a una tarjeta con todas las alternativas políticas.
La tarjeta electoral genera mayor confianza en el electorado colombiano al ser una herramienta que garantiza el pluralismo político, la transparencia en el proceso y mayor libertad del electorado al sufragar, lo que dota de legitimidad democrática.
Los problemas logísticos o técnicos en su implementación se derivaron de las complejidades del sistema electoral por lo que el diseño de las tarjetas electorales es un desafío, el que dificulta a los ciudadanos su utilización.
Por otra parte, las nuevas tecnologías, en especial los teléfonos móviles celulares con cámara fotográfica, a pesar de estar prohibido su uso dentro de los recintos de votación, permiten tomar fotos de la forma como se marco la tarjeta electoral a fin de demostrar el sentido de voto, afectado con ello el secreto de este, así como la libertad con la que debe ser depositado.
8. “Artículo 16. Horario electoral. Las votaciones para elegir Presidente de la República, que se llevarán a cabo el 27 de mayo de 1990, principiarán a las ocho (8) de la mañana y se cerrarán a las cinco (5) de la tarde”.
un mecanismo representativo del desempeño parlamentario
Diego A Herrera
Edyson W. Soto
dePor A . Ponce
E EAUTORES TAEP
. Mal pa s o
Enrique A . aohcO
l Taller de Estudios Parlamentarios es un centro de investigación relacionado netamente al análisis de la organización parlamentaria, sus funciones y la importancia de la misma, siempre asumiendo un rol académico y crítico si la coyuntura lo amerita. Nuestra misión es promover la investigación en la áreas temáticas que complementan el estudio de la materia parlamentaria con la visión de poder construir una organización que vele por las buenas prácticas y poder contribuir en base a nuestras investigaciones al sistema parlamentario peruano, así como también cumplir con nuestro rol social de poder simplificar todo el movimiento parlamentario para que la sociedad en general puede entender y comprender todo lo relacionado al Parlamento.
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I. Introducción
II. Antecedentes de la Semana de Representación
tiempo, la semana de representación se institucionalizó y se ampliaron las funciones a desarrollar durante su permanencia en la circunscripción de procedencia. De esta manera, con la modificación del Reglamento del Congreso en la que se estableció que los congresistas deben mantenerse en comunicación con su región una vez al mes, particularmente en su circunscripción electoral, este mecanismo se convirtió en una obligación normativa para mantener un canal de comunicación, dándole un carácter formal y legal a una relación directa con las autoridades regionales, locales, organizaciones de base y ciudadanos y ciudadanas en general.
•Procesamiento de demandas ciudadanas.
•Seguimiento del proceso de las demandas.
•Intermediación ante proveedores de servicios públicos y entidades estatales.
•Procesamiento de denuncias ciudadanas.
•Evaluación de la incidencia de la gestión en la intermediación.
•Inspección de las actividades ejecutivas con incidencia en el ciudadano.
•Interacción y escucha de los diversos sectores que componen la sociedad.
•Mediación y búsqueda de soluciones equitativas en los conflictos sociales.
•Respuesta a las inquietudes ciudadanas.
Los ciudadanos y/u organizaciones sociales, dan a conocer al congresista, por medio de una carta, algún tipo de problema de carácter público y en perjuicio de la colectividad, realizando peticiones al congresista a modo de poder apoyarlos en resolver una determinada problemática. Por ejemplo: la solicitud de construcción de una carretera, la cual el congresista a su vez remite oficio al responsable de la entidad pública (Ministerio, Gobierno Regional, Municipio) para que tenga en consideración dicha solicitud por parte de los ciudadanos. El despacho del congresista está al tanto de las respuestas de los oficios dirigidos a las diferentes entidades del Estado. En algunos casos, el congresista receptor de la demanda puede remitir oficio a otro congresista en cuanto está relacionado con el tema, como los presidentes de comisión.
Los ciudadanos y/u organizaciones sociales ven afectados, en alguna forma, sus derechos por parte de las entidades del Estado, y ante ello dan a conocer la problemática al congresista. El legislador evalúa la situación y, si el caso lo amerita, remite oficio a la entidad respectiva para que elabore un informe en base a la denuncia de la población, en aplicación del articulo 96 de la Constitución Politica del Perú.
Consiste en la labor de fiscalización que cumple el congresista en obras por realizarse, en ejecución o ya realizadas por parte del Poder Ejecutivo, Gobierno Regional o Gobierno Local, que tengan o hayan tenido impacto en la población en general.
Son aquellas labores realizadas por el congresista en encuentros directos con la ciudadania en su despacho o durante la semana de representación. Estos encuentros pueden darse también en las denominadas audiencias públicas descentralizadas que realizan las comisiones. La labor que se cumple es aquella de entrar en comunicación con la ciudadania, conocer sus demandas y encontrar soluciones dentro del marco de la ley.
Fuente: Guía de Gestión de Representación Parlamentaria
Extraído de: Boletín Informativo N° 8 del Congreso de la República
En resumen, los aspectos que implica la semana de representación se basan en su facultad conferida por su “función de representación”, puesto a que representan a toda la nación, las y los congresistas son la personalización de la pluralidad de demandas y de la población, en la que actuar con inclusividad es su tarea primordial para expresar la voluntad de sus representados sin constricciones.
semana de cada mes, puesto que está destinada netamente al trabajo distrital. Asimismo, este mecanismo se reitera en el mismo documento y afirma que las y los diputados tienen el deber de interactuar con los ciudadanos mediante la generación de espacios temáticos que interese a la comunidad (Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, 2023, Artículo 22).
Tal como se indicó, la semana de representación surgió como una iniciativa para que los representantes electos pudieran regresar a sus circunscripciones y conectarse con sus electores. Inicialmente, esta semana se concebía como un tiempo para que los legisladores informaran a sus electores sobre su trabajo en el Congreso y para que estos últimos expresaran sus preocupaciones y expectativas. Desde su implementación en el 2009 esta ha evolucionado, debido a que ya no se trata simplemente de un acto protocolar, sino que se ha convertido en una oportunidad para que los políticos estén en contacto directo con la realidad de sus distritos y regiones. Esta evolución ha sido crucial para fortalecer los lazos entre los representantes y la ciudadanía, así como para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder.
La semana de representación ha sido un espacio para la construcción de la democracia peruana, en un país marcado por una constante crisis política, lo cuál ha representado un oasis de participación y diálogo entre gobernantes y gobernados. En momentos de tensiones políticas, la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas se encuentren cara a cara con sus representantes ha contribuido a mitigar conflictos y a fortalecer la legitimidad de las instituciones democráticas. Así, en la actualidad el principal desafío radica en revitalizar este espacio y adaptarlo a las nuevas realidades políticas y sociales del país, ya que entendiendo el contexto marcado por la desafección política y el desencanto ciudadano, es fundamental que la semana de representación recupere su relevancia como un canal efectivo de comunicación y participación ciudadana.
Una de las principales oportunidades que ofrece la semana de representación es la posibilidad de promover una mayor cercanía entre los representantes y la ciudadanía. En un momento en el que la confianza en las instituciones políticas está en declive, es crucial que los políticos demuestran su compromiso con los intereses de la población y que estén dispuestos a escuchar y dar respuesta a sus demandas. Pero la semana de representación no es solo responsabilidad de los políticos, si no que la ciudadanía también juega un papel fundamental en este proceso, debido a que es importante su compromiso por informarse sobre el trabajo de sus representantes, expresar sus inquietudes y exigir que se atiendan sus necesidades.
Por otra parte, la falta de criterios claros para evaluar la calidad de la semana de representación en Perú es un tema preocupante que resalta la necesidad de un marco de evaluación sólido y transparente en el ámbito legislativo, de lo contrario se dificulta medir de manera objetiva el impacto y la efectividad de este importante período en el desempeño de los representantes políticos y en el fortalecimiento de la democracia. Esta falta de criterios puede llevar a una evaluación subjetiva y sesgada, lo que limita la capacidad de identificar áreas de mejora y de implementar medidas que permitan optimizar su funcionamiento, mientras que se agrava la desconfianza en la ciudadanía respecto a la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder legislativo.
La discusión sobre su continuidad resulta importante para el contraste de resultados entre lo que se hace y lo que se obtiene. Son pocos los proyectos de ley que nacen por las visitas a la circunscripción electoral mediante la semana de representación, y por consiguiente, han sido reiteradas veces en las que se pusieron en tela de juicio la continuidad de dicho mecanismo en el país, considerando el gasto público que significa y por el poco provecho que se le da, llegando incluso a presentarse iniciativas legislativas que promovieron desde su reforma hasta su eliminación.
Así mismo, teniendo en cuenta que las próximas elecciones se darán a cabo bajo el sistema Bicameral, el mecanismo y el sistema en general tendrá un cambio radical, por lo cuál aún hay mucha incertidumbre sobre quién será el responsable de llevar a cabo la semana de presentación, sin embargo, se puede señalar que en el caso tal que se continúe con el mismo sistema de representación actual, posiblemente obtendremos un incremento en el gasto público al verse duplicado la cantidad de representantes a nivel nacional.
Bibliografía
Cámara de Diputados y Diputadas. (2023). Reglamento de la cámara de diputadas y diputados de Chile. https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/reglamento.pdf
Cámara de Diputados. (2023). Reglamento General de la Cámara de Diputados. https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2023/04/Reglamento-Camara-de-Diputados-2.pdf
Congreso de la República del Perú (2017). La semana de representación parlamentaria. Boletín Parlamentario 08 . Dirección General Parlamentaria. https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/boletin-parlamentario-08.pdf
Congreso de la República del Perú. (2011). Guía de gestión de la representación política.
Congreso de la República del Perú. (s.f). Reglamento del Congreso de la República. https://www.congreso.gob.pe/Docs/files/reglamentodelcongreso.pdf
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [Const]. Art. 197. 30 de diciembre de 1999 (Venezuela). https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
Departamento de investigación y documentación parlamentaria. (2017). La semana de representación parlamentaria. Boletin parlamentario, (2), 8. https://www.researchgate.net/publication/318199797_La_semana_de_representacion_parlamentaria_en_el_Peru
Flores, K. (2020). El impacto de la semana de representación parlamentaria en la labor de los congresistas de la región San Martín del periodo legislativo 2011-2016 [Tesis de maestría, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset]. Archivo digital.
La participación ciudadana de las juventudes como contrapeso al poder frente al deterioro democrático
Roberto Ogg Fábrega
LLlicenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua (Panamá) y magister en Asuntos Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas (España).
Su ejercicio como profesional se ha enfocado en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional y la promoción de la democracia en instituciones como Amnistía Internacional, IDEA Internacional y la Asamblea Nacional de Panamá.
Participó en la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre reelección indefinida y la celebración de los 60 años de la CIDH con su investigación sobre asilo y refugio.
LL Introducción
a democracia está bajo ataque. A pesar de que la tercera ola democrática, comenzada en la década de 1970, ha incluido en su seno a muchos países, expandiendo los valores democráticos en el mundo (Cavarozzi, 2024), situaciones como el descrédito de los resultados de las elecciones, la ineficacia de los congresos al representar la voluntad de la población, la parcialización de la justicia, la violación a la libertad de expresión, la inseguridad, la utilización del aparato Estatal para restringir derechos y la represión autoritaria han debilitado las democracias (IDEA Internacional, 2023), marcando una tendencia global de la que América Latina no ha escapado.
Ante el debilitamiento de los mecanismos formales de contrapeso contemplados en las constituciones de la región, que en teoría deberían frenar la concentración y abuso del poder y garantizar la fiscalización del cumplimiento de los deberes de nuestras autoridades (Ziblatt & Levitsky, 2018), la participación ciudadana se presenta como un baluarte de las democracias latinoamericanas (IDEA Internacional, 2023). Las juventudes se han mostra do como un grupo beligerante en la defensa de los principios democráticos en los que se han cons truido nuestros Estados, a través de luchas por causas muy concretas en países como Colom bia, Chile y Panamá.
Estado de la democracia en el mundo
Según el informe de IDEA Internacional de 2023, El estado de la democracia en el mundo, las democracias han continuado en declive. Por sexto año consecutivo, el número de países que han experimentado una caída en su rendimiento democrático ha sido mayor que aquellos que han mostrado mejoras. Este deterioro generalizado se ha visto en todas las regiones y ha afectado especialmente las áreas de representación, como la celebración de elecciones confiables y la eficacia de los parlamentos, así como el Estado de derecho, que incluye la independencia judicial y la seguridad e integridad personal. Además, en todas las regiones se ha registrado un debilitamiento del respeto a los derechos fundamentales, particularmente en las libertades de expresión, asociación y reunión (IDEA Internacional, 2023).
Por su lado, en la versión 2023 del Índice Democrático de The Economist, el
número de países considerados democracias aumentó en dos, alcanzando un total de 74. A pesar de esto, la puntuación promedio global cayó a un nuevo mínimo de 5,23 en una escala de 0 a 10. Este deterioro en el estado de la democracia mundial se debió principalmente a situaciones adversas en países no democráticos, como el aumento de la violencia en los conflictos y la intensificación de la represión autoritaria (The Economist, 2023).
Ambos casos destacan una preocupante tendencia en el estado de la democracia a nivel global. A pesar de que el número de países clasificados como democracias ha aumentado ligeramente en 2023, esta expansión no se traduce en un fortalecimiento de las instituciones democráticas para garantizar que las poblaciones gocen de sus derechos y libertades.
LA CIUDADANÍ A
Estado de la democracia en América Latina
En América Latina, según el informe de IDEA Internacional, ha habido un aumento en el número de países con bajo rendimiento democrático y más naciones han experimentado retrocesos importantes en áreas como representación, derechos, Estado de derecho y participación, comparado con aquellas que han logrado avances (IDEA Internacional, 2023).
Según este documento, en los últimos años, líderes electos en la región han debilitado las democracias, utilizando las instituciones del Estado para justificar restricciones a los derechos, limitar el espacio cívico y reducir la competencia electoral. Esto resulta especialmente preocupante en una región donde la participación pública ha sido clave para impulsar el cambio, ya que estas limitaciones afectan directamente la capacidad de la sociedad civil para actuar.
Paralelamente, de acuerdo con el Índice Democrático de The Economist, la región enfrentó su octavo año consecutivo de retroceso en términos democráticos, con una puntuación promedio que disminuyó de 5,79 en 2022 a 5,68 en 2023. De los 24 países analizados, dos tercios (16) experimentaron una reducción en sus puntuaciones, cinco se mantuvieron estables y solo tres mejoraron (The Economist, 2023).
Los estudios que hemos referido revelan que varios países de la región han experimentado un deterioro en sus indicadores democráticos, reflejando una creciente preocupación por la erosión de las institu ciones, el debilitamiento de la participa ción ciudadana y el aumento de prácticas autoritarias. Esta tendencia plantea serios desafíos para la gobernanza y la estabilidad en la región, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos y promover un compromiso renovado con los valores democráticos.
Descontento democrático en América Latina
En paralelo al deterioro de nuestras democracias, es importante considerar la opinión de las poblaciones latinoamericanas en torno a la democracia para poner en contexto la situación política. En el 2023, el Latinobarómetro, identificó que el 50% de los ciudadanos de América Latina preferiría un régimen no democrático si eso asegurara un crecimiento económico más rápido, lo cuál revela un alto grado de insatisfacción con el funcionamiento actual de la democracia en la región. Además, que solo el 40% de los encuestados consideraron que sus gobiernos están operando de manera efectiva, lo que pone de manifiesto la falta de confianza en la capacidad de las democracias de América Latina para enfrentar los desafíos sociales y económicos (Latinobarómetro, 2023).
Por otro lado, el Barómetro de las Américas señaló que el 60% de los ciudadanos latinoamericanos se sienten decepcionados por la escasa participación efectiva en el proceso democrático, que indica una desconexión entre la ciudadanía y sus gobiernos. Asimismo, se destacó un aumento en la polarización política, con un 55% de los encuestados afirmando que la división política en sus
países ha empeorado en los últimos años (Barómetro de las Américas, 2023).
Estos datos destacan una tendencia hacia el descontento democrático en América Latina, revelando dos dimensiones cruciales del problema. Primero, que existe una notable desconexión entre los ciudadanos y sus gobiernos, evidenciada por la creciente insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y la disminución de la confianza en las instituciones clave. Esta brecha sugiere que muchos ciudadanos sienten que sus voces no están siendo escuchadas ni representadas adecuadamente en el proceso político. Segundo, el escepticismo hacia la capacidad de las democracias para enfrentar los desafíos actuales se intensifica, con una percepción generalizada de que las democracias no están cumpliendo con sus promesas de mejorar la calidad de vida y abordar problemas como la corrupción. La preferencia por formas de gobierno no democráticas en busca de soluciones más rápidas al desarrollo económico refuerza esta percepción, indicando una crisis de legitimidad y eficacia en los sistemas democráticos de la región.
“...existe una notable desconexión entre los ciudadanos y sus gobiernos, evidenciada por la creciente insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y la disminución de la confianza en las instituciones clave.”
Resiliencia democrática: los
El poder público emana de la ciudadanía y así ha quedado demostrado en América Latina. A pesar del declive general de la democracia en el mundo y en la región, así como la percepción negativa que esta enfrenta, han surgido casos notables de resiliencia democrática. Juventudes de diversos países han alzado la voz y movilizado a la población para luchar por causas fundamentales, exigiendo el cumplimiento de su voluntad y como medio de contrapeso al poder, ante el deterioro de los mecanismos constitucionales de control. Estos movimientos no solo reflejan su deseo de un cambio, sino que también acentúan su compromiso con la defensa de los valores democráticos.
Ejemplos de este activismo juvenil son evidentes en países como Chile, Colombia y Panamá, donde las juventudes han liderado luchas significativas por una nueva constitución, la desigualdad y el alto costo de la vida y a una vida libre de contaminación. A través de protestas, campañas en redes sociales y organización social, han demostrado que, a pesar del deterioro de los sistemas formales de control al poder, es posible generar contrapesos desde la ciudadanía. A pesar de que estas movilizaciones han iniciado como respuesta a problemáticas inmediatas, todas han encontrado su raíz en desafíos más complejos. Estos esfuerzos destacan la importancia de la participación pública de las juventudes en la esfera pública y su capacidad para inspirar un renovado sentido de los principios democráticos.
casos de Chile, Colombia y Panamá
Por ejemplo, durante octubre de 2019 en Chile, la subida del precio del metro dio como resultado el comienzo de las manifestaciones más grandes en la historia contemporánea del país (Rehbein, 2019). Ante la medida que tuvo vigencia a partir del 6 de octubre de aquel año, miles de estudiantes principalmente de colegios secundarios, entraron en coordinación para evadir el pago de la tarifa en los puntos de control. A pesar de que las protestas empezaron como una demanda ante una medida concreta, que desnudó la situación del alto costo de la vida, la atención médica y las medicinas, así como las bajas pensiones, hallaron un asidero mucho más profundo. Las concentraciones populares, en donde destacaba principalmente el rol de las juventudes, expusieron un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo la Constitución del país (Labarca, Quezada, & Faúndez, 2019). Posteriormente, en 2020, como consecuencia de las masivas movilizaciones, que dejaron un saldo aproximado de 31 fallecidos y
3.400 heridos (Agencia Global de Información, 2020), se dio inicio a la puesta en marcha de un grupo de medidas denominada “Nueva Agenda Social” dirigidas a reformar el sistema de pensiones, de salud, la escala salarial y la administración pública, así como la convocatoria de un plebiscito para conocer el deseo de la población de reformar su constitución y el mecanismo que se utilizaría (Prensa de la Presidencia, 2019).
Por su lado, en Colombia en el transcurso del 2021, miles de jóvenes se movilizaron en las calles de Bogotá y otras ciudades como Cali y Medellín, luego del anuncio del gobierno de turno de la implementación de unas reformas tributarias que buscaba aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el Impuesto de Valor Agregado (IVA) afectando a los productos de primera necesidad y a los servicios públicos básicos (agua, energía eléctrica, gas natural, telefonía pública…) servicios funerarios y otros servicios (BBC News
nes en todo el país. A pesar de la dura represión, que resultó en aproximadamente 80 fallecidos y cientos de desaparecidos, mantuvieron su lucha en pie, demandando un gobierno que reconociera las necesidades de toda la población (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 2021). Como resultado de su presión, se retiró la reforma tributaria, lo que se consideró una victoria importante para el movimiento ciudadano. Además, el paro nacional generó un debate más amplio sobre los derechos sociales y la participación política (Lorduy, 2021).
En el caso de Panamá durante 2023, el activismo de las juventudes, centrado en la lucha contra la minería, movilizó a miles de ciudadanos (as) que, durante aproximadamente un mes, manifestaron su rechazo al polémico contrato minero en Donoso, Colón, que permitía la continuación de la operación de la mina de cobre más grande de Centroamérica que databa de finales de la década de 1990 (BBC News Mundo, 2023). Este movimiento, liderado principalmente por juventudes, no solo expuso el descontento con la explotación minera, sino también con la clase política del país, a la que se le acusó de ignorar la voluntad popular al aprobar, de manera exprés e inconsulta, el contrato con la empresa minera (Subinas & Martí, 2023). A pesar de que las protestas fueron una expresión cívica de la ciudadanía y que no se registraron mayores daños a la propiedad privada ni violencia generalizada, estas fueron desproporcionalmente reprimidas por la fuerza pública. Cuatro muertos, decenas de heridos y aproximadamente 1.000 detenidos fue el resultado de
estas manifestaciones (Subinas & Martí, 2023). Finalmente, como resultado de esta presión ciudadana, el Gobierno Nacional decretó una moratoria minera y, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato, reconociendo el derecho de todas las personas de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, así como la autodeterminación de la población de decidir sobre su país como un principio democrático (Mahtani, 2023).
Esta ola de activismo juvenil en Chile, Colombia y Panamá se suman a un lis tado de movilizaciones en otros países como Guatemala, Argentina y México donde las juventudes han redefinido la participación ciudadana y demostran do la capacidad de este grupo de la población para influir en la agenda pú blica y defender los derechos para construir sociedades más igualitarias y justas.
El futuro de nuestras instituciones democráticas
El futuro de las democracias se basará en nuestra capacidad de repensar no solo las políticas que debemos implementar para hacer frente a las necesidades de nuestras poblaciones, sino también el significado de la democracia en si misma (IDEA Internacional, 2023). Debemos fortalecer nuestras instituciones de contrapeso y robustecer los mecanismos de participación ciudadana existentes, así como integrar los medios tecnológicos para facilitar la inclusión de mayores grupos de la población en el proceso de toma de decisión.
La importancia de los pesos y contrapesos en las democracias modernas es esencial para prevenir el abuso de poder y salvaguardar las libertades. Las democracias no siempre caen por golpes militares o revoluciones abruptas, sino que pueden debilitarse desde dentro cuando los líderes erosionan las instituciones que limitan su poder. En este sentido, los pesos y contrapesos—como el equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial—son fundamentales
para garantizar que ningún actor acumule demasiado poder. El deterioro de estos contrapesos genera un terreno fértil para el autoritarismo, lo que subraya la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas (Ziblatt & Levitsky, 2018).
La ciudadanía también juega un rol crucial como contrapeso al poder. La movilización ciudadana ha sido un mecanismo clave para preservar la democracia frente a los ataques autoritarios (IDEA Internacional, 2023). Las protestas masivas en defensa de derechos fundamentales han demostrado que cuando los ciudadanos se organizan y participan activamente, pueden exigir responsabilidad y transparencia de sus gobiernos. Este contrapeso no solo refuerza la rendición de cuentas, sino que también promueve la renovación democrática, obligando a las élites políticas a responder a las demandas populares y evitar la consolidación del poder.
En un mundo donde las tecnologías
digitales forman parte de la vida cotidiana, es imperativo que las instituciones democráticas en América Latina se vuelvan más inclusivas y participativas, y se implementen estos medios para facilitar la participación ciudadana, a través de mecanismos donde la ciudadanía pueda proponer y votar iniciativas. Por ejemplo, en el 2018, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, recomendó que los Estados adopten iniciativas innovadoras, como consultas populares mediante plataformas web, que no solo recojan las opiniones de la ciudadanía, sino que también sistematicen y den seguimiento a sus propuestas, asegurando que sean vinculantes en la toma de decisiones. Además, se sugirió la creación de espacios de participación deliberativa, como cabildos abiertos transmitidos por vía web, para garantizar la transparencia y ampliar la inclusión de sectores históricamente marginados (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2018). Estas recomendaciones apuntan a que las instituciones sean más accesibles y reflejen mejor las aspiraciones y necesidades de toda la población.
La democracia es un sistema que busca garantizar la igualdad de oportunidades,
empoderar a los ciudadanos, promover la resolución pacífica de conflictos y respetar la pluralidad de ideas (Dahl, 2009). A lo largo del tiempo, ha demostrado una notable resiliencia frente a los desafíos del siglo XXI, adaptándose y recuperándose incluso en momentos de crisis. Su capacidad para renovarse, mantenerse flexible e innovar ha permitido que continúe siendo un espacio donde los cambios políticos y sociales se gestionen sin generar desestabilización económica ni fracturas profundas en la sociedad.
La resiliencia de las juventudes es fundamental en un contexto de retrocesos democráticos globales y existen casos palpables donde su participación pública ha logrado cambios significativos en sus países, asegurando que las autoridades representen la voluntad popular. Juventudes organizadas han sido clave en movimientos sociales que han forzado a los gobiernos a retirar leyes que no representan la voluntad de las poblaciones, impulsar reformas y reconocer los derechos de la ciudadanía. Al cuestionar el status quo y defender los derechos, las juventudes no solo protegen las instituciones democráticas, sino que también impulsan su renovación constante, adaptándolas a las realidades del siglo XXI. Porque, al final, cada generación tiene el poder de redefinir su futuro y mantener vivo el sistema democrático.
La democracia está bajo ataque, pero no morirá mientras haya manos dispuestas a defenderla y voces que se levanten para reclamar su espacio. En América Latina, en cada caso de resiliencia democrática, las juventudes demuestran que el futuro aún puede ser un lugar de igualdad y justicia.
Bibliografía
Agencia Global de Información. (17 de octubre de 2020). Las cifras que dejó un año de estallido social en Chile. Santiago, Santiago, Chile.
Barómetro de las Américas. (2023). El pulso de la democracia 2023. Nashville: LAPOP.
BBC News Mundo. (21 de abril de 2021). 3 factores para entender las protestas en Colombia y la indignación contra la reforma tributaria. Londres, Londres, Inglaterra.
BBC News Mundo. (1 de noviembre de 2023). 5 claves para entender las masivas protestas en Panamá que tienen paralizado al país. Londres, Londres, Inglaterra.
Cavarozzi, M. (20 de Junio de 2024). La tercera ola democrática, ¿está a la deriva? Buenos Aires, Argentina.
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (2018). Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Washington: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dahl, R. (2009). La democracia y sus críticos. Barcelona: Ariel. IDEA Internacional. (2023). El estado de la democracia en el mundo. Estocolmo: IDEA Internacional.
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. (23 de julio de 2021). Víctimas de violencia homicida. Bogotá, Bogotá, Colombia.
Labarca, D., Quezada, J., & Faúndez, G. (20 de octubre de 2019). Las claves de una crisis que no parece acabar. Santiago, Santiago, Chile. Latinobarómetro. (2023). Informe 2023: La recesión democrática en América Latina. Santiago: Latinobarómetro.
Lorduy, J. (2 de mayo de 2021). El presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria en el Congreso. Bogotá, Bogotá, Colombia. Mahtani, N. (28 de noviembre de 2023). La Corte Suprema declara “inconstitucional” el contrato minero que provocó masivas protestas en Panamá. Bogotá, Bogotá, Colombia.
Prensa de la Presidencia. (23 de octubre de 2019). Presidente Piñera anuncia Agenda Social con mayores pensiones, aumento del ingreso mínimo, freno al costo de la electricidad, beneficios en salud, nuevos impuestos para altas rentas y defensoría para víctimas de delitos. Santiago, Santiago, Chile.
Rehbein, C. (23 de octubre de 2019). El petitorio de la primavera de Chile: La voz de distintos representantes sociales. Santiago, Santiago, Chile. Subinas, J., & Martí, S. (noviembre de 2023). Panamá se levanta contra la minería. Panamá, Panamá, Panamá.
The Economist. (2023). Índice democrático. Londres: The Economist. Ziblatt, D., & Levitsky, S. (2018). Cómo mueren las democracias. Buenos Aires: Ariel.
Bogotá, D.C. Colombia. Edición No. 45, noviembre 2024
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