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El Programa RED INNOVACIÓN es una iniciativa que permite el intercambio de experiencias políticas y sociales de América Latina y el Caribe, donde se facilitan espacios de comunicación y diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas políticas, sociales y expertos de Latinoamérica.
EDITORIAL Francisco Herrero Asociado Global Andrea Fernández Gerente de Programas - Red Innovación Diego Torres Oficial de Programas - Red Innovación Alejandra Florian Asistente de programas - Red Innovación Karen Fonseca Saavedra Diseño y diagramación.
a un click de: Caso de estudio - PAG.29
Plan de acción para mejorar la gobernanza ambiental en Alemania
manual - PAG.38
Principios y prácticas de participación de la juventud en los partidos políticos
webinar / 28 de Febrero 2023 - PAG.15
Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe
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CONTENIDO PENSAMIENTOS DE LA REGIÓN #1
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El No-Poder. Javiera Rodríguez
PENSAMIENTOS DE LA REGIÓN #2
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Rol del Estado en el proceso constitucional chileno. Jorge Jaraquemada
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La gobernanza ambiental: Un tesoro que rescatar en América Latina y el Caribe Valery Sofía Beltrán Guzmán.
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La evolución de la representación de la sociedad mexicana en la conformación de su Cámara de Diputados
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Mtro. José Francisco Treviño Posada
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Javiera Rodríguez
DIRECTORA DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO FEMENINO Fundación Pacto Social
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El No-Poder Javiera Rodríguez
Tras el estallido social chileno y los consecutivos procesos constituyentes que le sucedieron, el debate público ha sido capturado por discusiones conceptuales e ideológicas sobre cuáles principios deben ser incluídos en las propuestas de nueva Carta Fundamental. Los movimientos sociales se hicieron notar, impulsando sus agendas por diferentes medios, buscando que sus ideas se plasmarán en el texto constitucional. Tal ha sido el caso del movimiento feminista, el cual se ha hecho presente en ambos procesos a través de normativas para alcanzar la paridad entre consejeros electos y luego con distintas propuestas para instalar lo que denominaron como democracia paritaria. Será ese el contexto para abrir aquí una reflexión sobre diferentes niveles de liderazgo femenino en este país, su vinculación con lo público y lo privado, y cómo se relacionan con el poder.
Poder y pérdida de poder En concordancia a la etimología de la palabra, una de las definiciones más citadas sobre el poder es la del sociólogo y politólogo, Max Weber. El alemán lo fijó como «la posibilidad de imponer la propia voluntad al comportamiento de otras personas», lo que es coincidente con otros autores que lo han demarcado como un fenómeno relacional, de carácter asimétrico, unidireccional e impuesto a través de medios específicos (Montbrun, 2010).
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El filósofo, matemático y Nobel de Literatura, Bertrand Russell, señaló al poder y a la gloria como los principales deseos del ser humano, siendo esta última el camino más fácil para obtener el primero (1939). “Así lo consideran especialmente los hombres que despliegan actividad en relación con los acontecimientos públicos”, continuó Russell. Nada más aclaratorio que lo expuesto en “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir once años después, donde la filósofa critica lo que ella considera como una relegación de la mujer hacia lo privado, esto es, la perpetuación de la familia o el cuidado del patrimonio como causas de su opresión.
“El segundo sexo” Simone de Beauvoir
Lo privado no es deseable ¿Por qué esta alienación podría ser objeto de deseo, como propone Russell? ¿Es la feminidad y sus elementos atribuibles la génesis del dolor, cómo podría preguntársele a Kaufman? A través de la historia y sus diferentes tradiciones se pueden contar los ires y venires de estas dicotómicas conceptualizaciones sobre lo masculino y femenino. Para Amorós (1994), el ya mencionado cruce de lo público y privado en tal ecuación constituye una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los espacios. Sobre este punto, indica la autora, “las actividades socialmente más valoradas, las que tienen un mayor prestigio, las realizan prácticamente en todas las sociedades conocidas los varones. Es decir, cuando una tarea tiende a hacerse valorar tiende a hacerse pública, tiende a masculinizarse y a hacerse reconocer”. Por el contrario, continúa Amorós, las actividades que se desarrollan en el espacio privado, denominadas como actividades femeninas, son las menos valoradas so-
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En concordancia con de Beauvoir, Kaufman (1994) señala que un mundo dominado por los hombres, por lo masculino, era por definición un mundo de poder, siendo este una parte nuclear de la organización sociopolítica de la humanidad. La relación entre el poder, como fuente de privilegios, y la carencia de poder, como generadora de dolor es, según Kaufman, una experiencia contradictoria cuyo entendimiento permite acercarse mejor al proceso de adquisición del género, al trabajo genérico de una sociedad.
El poder, asociado a la masculinidad dominante, es sindicado por el autor como “viciado” porque sus símbolos constituyen “ilusiones infantiles de omnipotencia imposibles de lograr”. A sus ojos, perder poder puede significar ver desmoronarse elementos básicos de la personalidad, dejar de ser macho. La masculinidad, por lo tanto, es descrita como una especie de alienación: “ignorancia de nuestras emociones, sentimientos, necesidades y del potencial para relacionarse con el ser humano y cuidarlo”.
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cialmente. En sintonía, Delgado (2008) precisa que el ámbito privado aparece como el naturalmente propio de la mujer, siendo “espacio del cuidado, de la atención a los otros, de los afectos, de la reproducción de la vida, del trabajo no remunerado e invisible”. Tales diligencias no son objeto de apreciación, no son visibles, y como diría Russell, tampoco serían deseables. Jacques Ranciere desarrolla esta idea en su libro “El reparto de lo sensible” (2009): “Llamo reparto de lo sensible a un sistema de evidencias sensibles que permiten ver al mismo tiempo la existencia de un común y los recortes que definen sus lugares y partes respectivas (…) Esta repartición de las partes y de los lugares se basa en un reparto de espacios, de tiempos y de formas de actividad que determinan la forma misma en la que un común se presta a la participación y donde unos y otros son parte de ese reparto (…) Reparto de lo sensible revela quién puede tomar parte en lo común en función de lo que él hace, del tiempo y del espacio en los cuales esta actividad se ejerce (…) Esto define el hecho de ser o no visible en un espacio común, dotado de una palabra común, etc”. Resulta atingente recordar la frase “Lo personal es político”, acuñada como lema popular en la segunda ola feminista. De forma aclaratoria, el ensayo homónimo de Hanisch (1970), hace énfasis en tratar de refutar la idea de que lo privado eran temas meramente persona-
les, sin reconocimiento público. En consecuencia, y tras el surgimiento de diferentes movimientos sociales de liberación femenina a lo largo de la historia reciente, se han impulsado políticas públicas que han buscado destensar los puntos en el plano. Algunos ejemplos de las exigencias de los grupos feministas son aquellas relativas a promover la corresponsabilidad parental, mayor acceso a cargos de representación política, flexibilidad laboral, derechos reproductivos, entre otros. La idea de democracia paritaria, planteada en Chile durante las discusiones constituyentes, se enmarca dentro de esas exigencias. Su primera aproximación, basada principalmente en un ajuste de escaños, contó con fuertes críticas al ser considerada como rígida (Vergara, 2022) y como un atentado contra la libertad ciudadana (Libertad y Desarrollo, 2023), entre otras.
No-poder Entonces, bajo ciertas concepciones, el poder como “lo público” y como el único espacio de reconocimiento posible, ha continuado siendo objeto de deseo. Pareciera que lo privado no es un terreno en disputa, a pesar de su innegable contribución al bienestar social. Lo femenino como cuidado, atención a los otros, los afectos, reproducción de la vida, según caracterizaba Delgado (2008), se afirma como elemento determinante en la existencia de las sociedades y sus sistemas productivos, como luego asegura la española Comas-d’Argemir (2017). Carol Gilligan problematiza este asunto décadas antes a través de la ética del cuidado (1977), donde indica que sus fines morales son la evitación del daño y el mantenimiento de las relaciones.
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sis of Gender” (2022) lo que denomina como “feminidad ornamental”, defendiendo el esencialismo de género frente al nominalismo de género.
Lo femenino como cuidado, atención a los otros, los afectos, reproducción de la vida, según caracterizaba Delgado (2008) Sin embargo, también está presente una tensión entre las lógicas productivas y reproductivas que pueden explicar la economía política de las relaciones de género. Tal es el caso que desarrolla Comas-d’Argemir (2017), donde el cuidado desborda la familia como institución asistencial transformándose en un problema social y político: “¿Qué obliga a las mujeres a cuidar más que a los hombres? ¿Quiénes reciben los cuidados? ¿Cuál es el retorno?”, se pregunta la española.
1. “Si la sociedad, al negar la propiedad privada, rechaza la familia, la suerte de la mujer mejora considerablemente”, decía de Beauvoir (1949).
Aquel no-poder no viene a saldar la deuda social originado de la tensión entre lo productivo y reproductivo y su desequilibrado reparto entre hombres y mujeres, sino que expande la dominancia del espacio doméstico hacia lo público, pero sin transformarse necesariamente en lo público.
La madre que sigue cuidando En lo que respecta a Latinoamérica, las culturas originarias, la colonización e influencia europea, y los desafíos del desarrollo traslapados sobre el recorrido de cada país, son pertinentes descriptores que pueden explicar cómo se estructuran estas dicotomías. Montecino (1996) afirmaba que la construcción de lo femenino en la región se
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Se vuelve necesario contrastar la propuesta de Simone de Beauvoir y su urticario juicio respecto a la vinculación de lo privado con lo femenino1. Por ejemplo, la académica cristiana de la Universidad de Notre Dame, Abigail Favale, combate en “The Gene-
En esas contradicciones es que los límites entre lo público y lo privado se desdibujan. Como afirma Delgado (2008), “el sujeto, desde la perspectiva de género, no es una categoría estática por cuanto los escenarios público y privado en donde transcurre la vida también son móviles y variables”. Se erige, por lo tanto, el plano de lo considerado invisible como un campo valioso, indicado en estas líneas como primordial para la conservación de la especie a través de sus fines morales. Sin retornos, “carente de poder” como afirmaría Kaufman.
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Hilda “Chiche” Duhalde, CREADORA E IMPULSORA DE “LAS MANZANERAS” EN SEPTIEMBRE DE 1994
estructura desde el modelo de La Madre y, lo masculino, desde el modelo del hijo o del padre ausente, debido al surgimiento del “mestizo” que había que ocultar en la naciente sociedad colonial. Un nuevo mundo familiar en donde la figura materna es razón de identidades; una “constitución de géneros en donde no se pone en relación a una mujer y a un hombre (a pares en condición de sujetos), sino a madres y a hijos (masculinos ausentes) en una relación filial”. Correspondiente a esta discusión es el rol de las “manzaneras” para la implementación de un programa alimentario en Buenos Aires a finales de los noventa. Estas mujeres se encargaban de cuidar al resto, donde “los valores morales construidos en base a la imagen de mujer solidaria se consideran excluyentes del mundo de la política”. Explicado por Masson (2004): “(La manzanera) es una mujer ‘pobre’ o ‘humilde’ que tiene vocación de servicio, es aceptada por sus vecinos, no trabaja fuera del hogar y en su casa no hay un comercio o funciona como lugar de reunión de partidos políticos.
Las manzaneras son el eje de una red de distribución de alimentos pero también controlan los embarazos y participan activamente en la lucha contra la violencia doméstica”. ¿Podría asegurarse que las manzaneras jugaban un rol desde lo femenino, pero en el terreno de lo público? ¿O lo público se transformó en una extensión del dominio doméstico tradicional de esas mujeres bonaerenses? Así, el caso de las manzaneras, como evalúa Archetti (Masson, 2004), “muestra el modo en que la política (alimentaria) se convierte en un paradigma de la consagración de lo doméstico en la esfera de lo público. El Estado convierte a las ‘madres y esposas’ en ejes de la política social”. Estas mujeres lideraban sus barrios y gestionaban las necesidades de sus vecinos, cuan economía del hogar. Como espacio no deseado, no ganaban dinero ni reconocimiento público, porque parecía que aún estaban tratando con miembros de su núcleo, uno más amplio, uno que sobrepasaba las puertas de sus casas. Seguían siendo madres en un nuevo mundo familiar.
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El no-poder y la representación: las “manzaneras chilenas” Aunque la experiencia argentina de las manzaneras es ilustrativa, lo cierto es que la lógica de este poder feminizado también puede trasladarse a categorías más formales de representación, como liderazgos organizacionales hasta dinámicas electorales. Conviene revisar el caso chileno, donde la extensión de lo doméstico se plantea en la territorialidad del liderazgo. Para ello se observaron los últimos datos disponibles sobre la composición de diferentes instancias representativas (participación en unidades vecinales, concejalías2, alcaldías, diputaciones, senatoriales y de gobernación regional), según el género de sus representantes. A la luz de las cifras, los cargos que implican un mayor vínculo territorial, como unidades vecinales y concejalías, las mujeres tienen una mayor presencia. En las primeras, ellas participan un 15,7% más que los hombres (Observatorio de Género, Mujeres y Territorios, 2020), mientras que en las segundas, hay un 33,2% de mujeres concejalas (Servicio Electoral, 2021). El panorama sigue siendo desalentador para las últimas elecciones de consejeros regionales, diputados, senadores y gobernadores regionales, con 39,4%, 35,5%, 24% y 12,5% de mujeres respectivamente, siendo las últimas dos las de mayor amplitud territorial.
Al hacer un zoom a los datos, la participación en juntas de vecinos en Chile es el único indicador sobre representación política que presenta una brecha favorable a las mujeres, el cual se amplifica hasta un
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2. En el caso de las municipalidades, sólo un 17% está encabezada por una mujer. Esta diferencia puede deberse al nivel de exigencia del cargo, considerado de alta responsabilidad. Según Cepal (2021), esta cifra es concordante con el promedio latinoamericano (15,4%).
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27% en localidades pequeñas. En cambio, en Colombia y México, los otros países analizados por el informe del Observatorio de Género, se observan brechas de género desfavorables a las mujeres. A la muestra anterior se le agrega que, en comparación con Latinoamérica, Chile se encuentra en uno de los últimos puestos en cuanto a participación de mujeres en la fuerza laboral (Banco Mundial, 2021), así como también lidera en cuanto a la proporción de tiempo que las mujeres le dedican a los quehaceres domésticos y cuidados no remunerados (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021). Participan de lo público, claro, en la medida que siga siendo un espacio compatible con lo doméstico o, tales formas de representación funcionan como extensiones de lo familiar: las mujeres cuidan, apoyan y protegen, tal como las manzaneras.
El no-poder, por ende, se adapta cómodamente a estas circunstancias, porque es circunstancia. Aquí Gilligan señala que en la resolución de los problemas morales, las mujeres utilizan un modo de pensar contextual y narrativo, en términos de relaciones. Los hombres, como contrapone la autora, tendrían un razonamiento moral que consiste en el pensamiento abstracto, formal y objetivo, con capacidad reflexiva en términos de jerarquía de derechos. Lejos de las que no-pueden, la propuesta de democracia paritaria en Chile se dibuja en un solo plano, como si esta discusión fuera ajena. De pronto aparece Guilligan haciendo una sentencia sobre una de sus entrevistadas: “Mientras que los sujetos de Kohlberg se preocupan por las personas que invaden los derechos de los demás, esta mujer se preocupa por la posibilidad de omisión, de no ayudar a otros cuando podríamos ayudarlos”. Casi como espejo de una manzanera chilena, la mujer recuerda a las madres, a las invisibles, a las sin-poder.
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Jorge Jaraquemada DIRECTOR EJECUTIVO Fundación Jaime Guzmán
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile.
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Rol del Estado en el proceso constitucional chileno Jorge Jaraquemada
Desde noviembre de 2019, cuando el sistema político chileno con representación parlamentaria formalizó el inicio de un proceso de sustitución de la actual Constitución, la pregunta por el rol del Estado se ha instalado en el centro de los debates políticos y académicos. Poco antes del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, las fuerzas políticas de centroderecha se comprometieron, en caso de que se rechazara la propuesta constitucional (como finalmente ocurrió), a continuar la búsqueda de una nueva carta magna. Las bases que se establecieron en dicho compromiso incluían avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, considerando que esta opción operaría como un dispositivo de salida a nuestra conflictividad constitucional. Sin embargo, esta propuesta también germinó un nudo a desatar: una eventual confrontación con el Principio de Subsidiariedad que ha representado transversalmente a la centroderecha chilena en las últimas décadas. Al menos en nuestro país, la discusión política ha dejado ver diversas interpretaciones que enfrentan ambas premisas y, en algunos casos, las consideran irreconciliables (Baradit, 2022). Nosotros consideramos que la armonía entre un modelo y otro está más cercana, precisamente por su flexibilidad política. Por Estado Social se puede entender la participación preeminente del Estado en materias fundamentales para el bienestar de la vida de sus ciudadanos (Villar Borda, 2007) con el objeto de reducir las desigualdades a partir de una protección oportuna para cada uno de ellos, poniendo
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el énfasis en quienes necesitan más ayuda, aunque este horizonte no esté previamente determinado en alguna fórmula de concretización (Esteve Pardo, 2013). Su rol sería determinante en garantizar el bien común y calidad de vida del cuerpo social. El Estado sería, por así decirlo, el órgano garante de promover el bienestar general o el bien común de la sociedad. No obstante, para algunos sectores del espectro político chileno un Estado Social se identificaría con una entrega exclusiva de ciertas prestaciones (Viera, 2014) cuyo fundamento político sería el reconocimiento de derechos universales. Así, más allá de las distintas aproximaciones a lo que representa un Estado Social que podamos observar, la idea de salvaguardar ciertas prestaciones a la ciudadanía en condición de derechos universales que garantizan un estándar de vida digno, pareciera ser un mínimo común.
La conciliación, no obstante, importa un margen de criterio que depende de la autoridad respectiva y que debe dialogar en respeto con el orden jurídico y político. Esta consideración previa y teórica es relevante porque los diferentes derroteros que ha tomado la discusión del término subsidiariedad en Chile nos han llevado, como hemos recalcado al principio, a buscar en un Estado Social una presencia estatal que este principio, al menos en la aplicación que se le habría dado en nuestro país, no cumpliría (Atria, 2013), dado que el énfasis que se habría plasmado en nuestra institucionalidad reduciría su acción a casos excepcionales, es decir, “en el caso de que estas organizaciones se vean imposibilitados de realizar sus fines por su cuenta” (Ruiz Schneider, 2010, 105). Sin embargo, es aquella prudencia práctica la que precisamente le ha dado plasticidad política a la subsidiariedad en deter-
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Por su parte, el Principio de Subsidiariedad que emana de la Doctrina Social de la Iglesia (Pío XI, 1933, 80) hasta el presente (Francisco, 2013; 2020), se sostiene en una noción de persona que le otorga una posición preeminente respecto al Estado y justifica la servicialidad de éste último y la premisa fundamental que señala que las instituciones superiores no deben desarrollar aquellas labores que pueden y les corresponda realizar a diferentes sociedades del cuerpo social. La ayuda o subsidiariedad se aplica ahí cuando, por alguna razón, ellas no puedan ejecutarlas. Así, el Estado permite la libertad de las personas, respetando la naturaleza social de cada cuerpo intermedio, sin agobiarlos ni intervenirlos y actuando en su auxilio cuando sea necesario.
el Estado permite la libertad de las personas, respetando la naturaleza social de cada cuerpo intermedio, sin agobiarlos ni intervenirlos y actuando en su auxilio cuando sea necesario.
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minados contextos en nuestro país. Así se justifica, por ejemplo, que durante el período que gobernó el presidente Salvador Allende, Jaime Guzmán, principal impulsor de su aplicación jurídica y política en Chile, sostuviera que: “(..) el Estado ha ido invadiendo y controlando progresivamente los más variados campos de la actividad nacional (..) su función de coordinación y subsidio (..) ha cedido paso a una función rectora cada vez más extendida; dotado para ella de un poder sin contrapeso, se ha convertido potencialmente en una especie de árbitro supremo del destino de cada ciudadano y de cada agrupación humana” (Guzmán, 1969). La magnitud de la acción del Estado es una cuestión de prudencia sujeta a circunstancias concretas y a criterios diversos, pero sobre todo al fin al que se orienta: el bien común. Era lógico, en consecuencia, en el contexto situacional del gobierno de la Unidad Popular, que Jaime Guzmán buscara contener el omnipresente poder del Estado que asfixiaba las libertades de personas y grupos. Pero no se limitó a enfatizar sus restricciones sino también enfatizó sus tareas positivas. Esto quedaría plasmado después en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (sesión 141), donde reconoció la dimensión activa de la subsidiariedad: “Se dijo por varios invitados a esta Comisión, prosigue el señor Guzmán, que el papel subsidiario del Es-
tado en materia educacional estaría hoy en una suerte de tela de juicio desde el momento en que aquél mantiene la gran mayoría de los establecimientos educacionales. Le parece que esa afirmación es errónea, porque no se puede confundir la cualidad de un derecho con la cantidad o forma en que él se expresa. No le cabe la menor duda de que, aunque el Estado llegue a tener una mayoría abierta de establecimientos educacionales, desde un punto de vista doctrinario o cualitativo esa función sigue siendo subsidiaria, porque llena aquello que no pueden llenar las instancias prioritarias. Ahora, si eso resulta ser cuantitativamente la mayoría o la minoría, una minoría o mayoría más amplia o más restringida, es un problema de hecho y de cantidad. Porque si por las circunstancias ocurre que quienes tienen el derecho prioritario pueden ir extendiéndolo, en esa misma medida se disminuye la legitimidad con que el Estado puede entrar a actuar en esta órbita. Pero lo que sí hay que señalar es que, respecto de la órbita que las instancias prioritarias no alcanzan a cubrir, el Estado tiene no sólo el derecho, sino también el deber de entrar a actuar” (San Francisco, 1992, 548). Como se aprecia, no está alejado de la interpretación de la subsidiariedad que formula la Doctrina Social de la Iglesia. Para
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Jaime Guzmán su centro de gravedad no es cuantitativo. Estuvo lejos de predicar la mera abstención del Estado, pues para él es un principio integral y moral, no meramente económico, que se funda en la primacía de las personas respecto del Estado y del deber de éste de servir a aquellas. Lo importante es el horizonte que persigue, a saber, el auxilio oportuno y necesario. Desde esta perspectiva, un Estado Social que apunte a la justicia social, sin absorber ni anular la contribución de la sociedad en la provisión de bienes públicos y que no absorba sus libertades, podría coexistir con la subsidiariedad que hemos esbozado. Porque, como afirmaba Benedicto XVI, no necesitamos un Estado que lo absorba todo (Benedicto XVI, 2005).
Este camino de conciliación entre subsidiariedad y Estado Social lo hemos observado en el trabajo realizado por la Comisión de Expertos que elaboró, en este segundo proceso, el anteproyecto constitucional que ahora se está discutiendo por los miembros electos del Consejo Constitucional. Y, en virtud del carácter local con el que hemos recorrido políticamente ambos términos y las dificultades que hemos afrontado en nuestro intento por darnos un nuevo pacto social, pareciese ser la vía más sensata. Sin embargo, esta armonía importa un desafío, a saber, que el acoplamiento de los espacios de acción del Estado quede lo más estable posible. Es decir, subsidiariedad y Estado Social pueden globalmente coexistir, pero no sería sano para el interés nacional que se vuelva confuso el criterio de acción de uno u otro modelo, porque aquel escenario podría reproducir la conflictividad que el sistema político está buscando superar en el compromiso que ha adquirido con la ciudadanía.
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Si consideramos que el nudo crítico se concentra en qué bienes y qué derechos corresponde aplicar bajo una lógica subsidiaria o de Estado Social, la convergencia permitiría una acción auxiliar del Estado, a la vez que ponerle necesarios límites. Es decir, es lo mismo asumir que el tamaño del aparato estatal no es el problema, sino la justificación de su presencia. Si lo que define al Estado Social es la provisión efectiva de derechos sociales, entonces no hay razón para que esto no pueda ser llevado a cabo por la sociedad civil, haciendo más probable una acción eficiente del Estado y la participación de los privados en las prestaciones necesarias para dar efectividad a los derechos sociales. La subsidiariedad, que es permitir a las personas accionar a través de grupos intermedios o agrupaciones, cualesquiera sean los fines que persiguen, mientras sean legítimos, para alcanzar el bien común, justamente se orienta a la provisión de elementos que permitan el desarrollo, entre otros, de derechos sociales. Esta, a juicio nuestro, sería
la exégesis idónea que permitiría dar aplicación armónica a la base constitucional -que necesariamente debe estar presente en nuestra futura Constitución- que señala que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho y cuya finalidad es promover el bien común a través de instituciones estatales y privadas.
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Bibliografía Atria, F., et al. (2013). El otro modelo. Delo orden neoliberal al régimen de lo público. Santiago: Debate. Baradit, J. (2022). La Constituyente. Historia secreta de Chile. Santiago de Chile: Sudamericana. Benedicto XVI. (25 de diciembre de 2005). Deus Caritas Est. N°28b, Iglesia Católica. Esteve Pardo, J. (2013). La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis. Madrid: Marcial pons. Francisco. (3 de octubre de 2020). Fratelli Tutti. N°175, Iglesia Católica. Guzmán, J. (1969). El miedo: síntoma de la realidad político-social chilena. Portada(2). Pío XI. (15 de mayo de 1931). Cuadragésimo Año. N°79, Iglesia Católica. Ruiz Schneider, C. (2010). De la República al mercado. Ideas educacionales y política en Chile. Santiago: LOM Ediciones. San Francisco, A. (1992). Jaime Guzmán y el principio de subsidiariedad educacional en la Constitución de 1980. Revista Chilena de Derecho, 19(3). Viera, C. (2014). Estado Social como fórmula en la Constitución chilena. Revista de Derecho, 21(2). Villar Borda, L. (2007). Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista Derecho del Estado, 20.
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La gobernanza ambiental:
Un tesoro que rescatar en América Latina y el Caribe Valery Sofía Beltrán Guzmán
Introducción: La gobernanza ambiental se da a conocer como la construcción de múltiples políticas y regulaciones que permitan establecer la preservación y el provecho de los recursos naturales de diversos ecosistemas. Por su parte, la promoción y consideración correspondiente a la temática anterior ha tenido un impacto global. En ese sentido, América Latina y el Caribe representa un espacio idóneo para fomentar la búsqueda de desarrollo de medidas sostenibles capaces de conservar su riqueza ambiental. No obstante, la existencia de amenazas socioeconómicas marca un espectro que imposibilita la ejecución de un cuidado idóneo. Por tal motivo, resulta esencial buscar alternativas que permitan ejercer una soberanía democrática y consciente en medio de la promoción de un bienestar para el continente, planeta tierra y sus habitantes.
Contexto histórico: En primer lugar, la gobernanza es entendida como “el fomento de la participación, la toma de decisiones públicas con transparencia, la construcción de consensos sobre temáticas de interés general, el uso eficiente de los recursos públicos y la rendición de cuentas” (Cruz, 2006). Por tanto, la gobernanza ambiental se toma como un mecanismo que permite el cuidado idóneo de los recursos naturales junto con las características respectivas de las condiciones biológicas y ecológicas. Por su parte, la promoción de dichos hábitos posee un impacto reciente, debido a que la preocupación marcada por el cuida-
PAG. 25 do ambiental surge en medio del periodo de postguerra, en la segunda mitad del siglo XX. Posteriormente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972 daría origen a los primeros bosquejos relacionados con la gobernanza ambiental y los principios de mejoramiento. Por su parte, “El encuentro de Río”, dado en Brasil en 1992 determinó un paso esencial en todo el proceso. Estenssoro (2007) señaló sobre el evento anterior que “el tema de la protección del medio ambiente estaba plenamente instalado en la agenda política internacional, ya que fue capaz de movilizar a gran parte de los jefes de Estado del planeta tras acuerdos plasmados en documentos como la «Declaración de medio ambiente y desarrollo», la «Agenda 21» y la «Declaración de principios sobre los bosques»” (p. 36). Bajo esta instancia, la promoción de las políticas ambientales fue creciendo exponencialmente alrededor del globo. Así mismo, la necesidad de combatir otros aspectos tales como: El impacto de la huella del carbono, el consumismo, el impacto de residuos plásticos, permitió expandir las políticas respectivas.
La sede de una de las mayores celebraciones respecto a la gobernanza ambiental se dio en Brasil. No obstante, Rodríguez y Espinosa (2002) afirman que “la inclusión de esta concepción en la formulación y puesta en marcha de las políticas macroeconómicas es prácticamente inexistente y en el caso de las políticas sectoriales fundamentales es muy incipiente en los países de América Latina y el Caribe” (pp. 3-4). Este fenómeno ha afectado de manera directa al continente y su desarrollo en medio de gobernanzas ambientales. En ese sentido, es pertinente mencionar que el atraso presentado en medio de los territorios correspondientes se deriva de la ausencia de atención que se les brinda a las políticas ambientales en medio de escenarios democráticos conformados por la burocracia y la sociedad civil. En primer lugar, el rubro de inversión para la promoción de políticas ambientales no se ha manifestado como una prioridad en el marco de inversión correspondiente a la región tratada. Tras la catástrofe del COVID – 19, en Latinoamérica y el Caribe, se estableció una cifra de US $1,500 millones, aproximadamente (PNUMA, 2021). Bajo esa instancia, se ha configurado la destinación que se le brinda a los ingresos en el continente. Estos se destacan por mantener una preocupación respecto a patrones que permitan fortalecer las economías locales. De acuerdo con la PNUMA (2021) “En promedio, la región ha asignado US$ 490 al gasto per cápita para la recuperación de la pandemia, mientras que, en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, la cifra es de US$ 650 y, en las economías avanzadas, de US$ 12.700”. Este fenómeno resulta problemático, debido a
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El concepto “desarrollo sostenible” se originó en 1987. Derivado de la publicación de Brundtland, su significado evocaba una alerta sobre las consecuencias ambientales provocadas por la globalización y el desarrollo económico, de modo que, fuera posible establecer ciertos patrones para evitar una catástrofe para la raza humana y su hábitat. En ese sentido, las Naciones Unidas aprobaron una hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible para 2030. En esta se expresan diversos objetivos relacionados con el cuidado del agua, la mitigación de hambre y desigualdad junto con aspectos relacionados con el cambio climático. Ahora bien, las metas requieren de la participación activa de gobiernos de diverso origen, la comunidad científica y la sociedad mundial.
América Latina y el Caribe: Un tesoro por rescatar
PAG. 26 que promociona, mayoritariamente, iniciativas que afectan la protección idónea del medio ambiente. Estas se manifiestan en la búsqueda y uso desproporcionado de energías fósiles, aumentos relacionados con infraestructura portuaria y aeroportuaria insostenible, principalmente. De ese modo, se resta importancia a la búsqueda de un desarrollo sostenible que responda a las necesidades socio-ambientales actuales. En consecuencia, la gobernanza ambiental y sus principios corren el riesgo de ser involucrados en un plano inferior.
Este fenómeno resulta problemático, debido a que promociona, mayoritariamente, iniciativas que afectan la protección idónea del medio ambiente. Ahora bien, el liderazgo social se manifiesta como una fuente esencial para la promoción y adecuación de medidas relacionadas con la gobernanza ambiental en medio de escenarios civiles. Sin embargo, la región en cuestión resulta ser una de las más peligrosas para aquellos que se atreven a alzar la voz en nombre de la protección de la naturaleza y los recursos que ésta brinda.
De acuerdo con un informe de Global Witness (2021) desde el 2012, un total de 1.733 activistas fueron asesinados en todo el mundo. El 70% de los cuales ocurrieron en América Latina. Por su parte, la Amazonía brasileña ha sido el escenario predominante en medio de todo el genocidio relacionado con la protección ambiental. Así mismo, se estima que el 85% de los asesinatos se han dirigido a población indígena y afrodescendiente.
Estos sucesos se derivan de ciertas problemáticas que tornan el sustento económico como una prioridad, puesto que la mayoría de líderes motivan sus ejercicios con el objetivo de evitar la adjudicación de títulos ambientales a empresas transnacionales, el sometimiento de comunidades nativas en medio de plantaciones ilegales, entre otras acciones. Igualmente, el papel del espacio democrático se ve fuertemente amenazado gracias a la eliminación de gestores, debido a que se inhibe el inter-
PAG. 27 cambio de ideas y la participación del pueblo en medio de la defensa legítima de sus territorios. Finalmente, aspectos como el racismo y los actos coloniales resultan siendo predominantes en un espacio que se ha construido en un caos violento, marcado por intereses provenientes de aquellos que desconocen su majestuosidad.
CONCLUSIONES En definitiva, América Latina y el Caribe han enfrentado desafíos significativos en cuanto a la gobernanza ambiental. Aunque se han realizado avances en algunos países, en general, la inclusión de esta concepción en las políticas macroeconómicas y sectoriales es escasa en la región. Esto ha afectado el desarrollo de políticas ambientales y la implementación de medidas sostenibles que respondan a la agenda propuesta por las Naciones Unidas. Sin embargo, la adaptación de medidas eficaces puede contrarrestar el impacto generado a partir de la ausencia de apropiación de la gobernanza ambiental. Por su parte, la educación resulta esencial para generar una mayor concientización respecto a la necesidad de tomar acciones para proteger los ecosistemas que rodean a los diferentes habitantes de la región. Así mismo, el reconocimiento de los diversos mecanismos de participación ciudadana y demás herramientas legales aprueba la apertura de un espacio democrático digno, en el cual se permita establecer diferentes rutas para la protección ideal del ambiente y la promoción del bienestar de todos los latinoamericanos.
Referencias bibliográficas Cruz, K., 2006. Enfoque teórico de la noción: Buena gobernanza y Banco Mundial. En: Cruz, K., Buena Gobernanza y el Banco Mundial. Un análisis sobre el impacto de la agenda de Buena Gobernanza en el proyecto petrolero Chad-Camerún. Tesis profesional. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad de las Américas, Puebla, México. pp. 7-29. Estenssoro, F. (2007). Antecedentes sobre la protección al medio ambiente en el pensamiento de libre mercado en Chile (década de los noventa del siglo XX) (p. 36). Recuperado de https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Chile/ideausach/20100713105007/estenssoro.pdf Global Witness. (2021). A Decade of Defiance: Global Analysis 2021. Recuperado de https://www. globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance/#a-global-analysis-2021 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2021). América Latina y el Caribe: ¿desaprovechando la oportunidad de invertir en una recuperación sostenible? Recuperado de https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/america-latina-y-el-caribe-desaprovechando-la Rodríguez, M., & Espinoza, G. (2002). La descentralización de la gestión ambiental. En D. Wilk (Ed.), Gestión ambiental en América Latina y el Caribe: evolución, tendencias y principales prácticas (pp. 3-4). Banco Interamericano de Desarrollo.
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Ahora bien, los gobiernos respectivos deben mantener una obligación particular en medio de la reproducción de la gobernanza ambiental en cada territorio en cuestión. Por tal motivo, su deber debe estar atento en la generación de políticas públicas que
fortalezcan la matriz principal del cuidado y preservación respectiva. Igualmente, tendrán que predisponer de alternativas capaces de engrandecer la economía mientras se cumple una responsabilidad ambiental. En ese caso, los distintos modelos de desarrollo verde y sostenible deberán liderar en medio del avance íntegro del país. De ese mismo modo, las alianzas estratégicas y la hermandad latinoamericana y caribeña resultaran fundamentales para rescatar paulatinamente un territorio vibrante, considerado una parte esencial del planeta tierra.
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PAG. 30 Mtro. José Francisco Treviño Posada
La evolución de la representación de la sociedad mexicana en la conformación de su Cámara de Diputados Resumen El presente artículo tiene por objetivo hacer un breve pero puntual recorrido por la trayectoria de los avances de la representación de la sociedad mexicana en su poder legislativo, en específico en su Cámara de Diputados, y de esta forma exponer el escenario actual para así plantear retos importantes que tiene el país en miras de seguir avanzando en la representación de su sociedad en el poder legislativo. Para lograr el objetivo antes señalados este texto explica brevemente la división de poderes en México, para abordar en específico el poder legislativo, el cual se divide en dos Cámaras de representantes, para este trabajo se abordará nada más la Cámara de Diputados por su gran dimensión y al ser donde más fielmente se pueden percibir los avances en la representación de la población mexicana. La Cámara de Diputados ha vivido ciertos momentos que marcaron la evolución en la forma que se puede y debe integrar, por lo que serán retomados brevemente hasta llegar a las medidas y acciones que se implementan actualmente y así poder entender cómo y por qué está conformada la Cámara de Diputados de la manera actual. Este texto cierra con una breve reflexión y planteamiento de los retos que tiene México para seguir avanzando en el importante y necesario tema de representar a su sociedad, en específico desde y en el poder legislativo al ser donde se hacen y modifican las leyes con las que se rige el país.
PAG. 31 Introducción Los Estados Unidos Mexicanos, su nombre oficial, o mejor conocido como México, es un país con gran población según el censo del 2020 organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país cuenta con 126,014,024 personas, de las cuales 51.2% son mujeres y 41.8% son hombres; la mediana de la edad en el país es de 29 años, un país relativamente joven, aunque el índice de envejecimiento señala 47.7 personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes.
toridades encargadas de vigilar y castigar respecto al cumplimiento de la ley; y el poder Legislativo, encargado en todo lo referente a las leyes.
México y su poder legislativo El poder legislativo en México se deposita en el Congreso General de la Unión, este se divide en dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados, la principal facultad que tienen como poder legislativo de la nación, es la elaboración de leyes, esto incluye también las reformas y la derogación o abolición, anulación o revocación parcial de una norma jurídica, ley o reglamentación vigente (Sistema de Información Legislativa [SIA], 2023). La Cámara de Diputados es definida como el:
El poder político en México se encuentra dividido en tres: el ejecutivo, en la figura del Presidente del país, el judicial, las au-
Conformación de la Cámara de Diputados La Cámara de Diputados, el poder legislativo federal de México, se conforma por 500 personas diputadas de las cuales 300 son electas por principio de mayoría relativa mediante votaciones en 300 distritos electorales federales en los que se divide el país, y las otras 200 diputaciones corresponden al principio de representación proporcional, también conocidas como di-
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El gobierno de México está organizado en una República Representativa, Federal y Democrática, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de nuestra Ley fundamental (Servicio de Investigación y Análisis, 2005, p.2). En el caso mexicano la Ley fundamental es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Órgano del Poder Legislativo, integrado por 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa en igual número de distritos uninominales, y 200 electos por el principio de representación proporcional, a través de listas integradas por fórmulas ordenadas jerárquicamente en cada una de las cinco circunscripciones que se encuentra dividido el país. Por cada diputado titular o propietario se elige un suplente (Rangel & Ceballos, 2011, p. 5).
PAG. 32 putaciones plurinominales las cuales son votadas por listas de los partidos políticos en las cinco circunscripciones plurinominales electorales que conforman el país.
Cámara de Diputados
Los procesos electorales federales para la conformación de la Cámara de Diputados se realizan cada tres años, estas elecciones en ocasiones se conjuntan con otras elecciones tanto a nivel federal como local. La ciudadanía con derecho a votar, mayores de 18 años e inscritas en el padrón electoral, emiten su voto libre y secreto. Las elecciones son organizadas por la autoridad electoral nacional del país, el Instituto Nacional Electoral (INE). Los partidos políticos vigentes que cumplan con los requisitos que señale la ley y la convocatoria que emita el INE, son quienes pueden participar en los procesos electorales tanto para las elecciones de diputaciones federales de mayoría relativa como para las de representación proporcional. Sin embargo, estos actores no son los únicos que pueden llegar a obtener diputaciones, también las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos que señale la ley pueden participar en Candidaturas Independientes.
Después de los procesos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2023), resuelve cualquier situación ocurrida en las elecciones, las califica y válida, de esta forma queda conformada la lista de las 500 personas que serán diputadas por los siguientes tres años. Internamente la Cámara de Diputados trabaja mediante diversos órganos legislativos, principalmente: el pleno, donde sesionan las 500 personas diputadas; la mesa directiva la cual es electa por el pleno y se integra por presidencia, tres vicepresidencias y tres secretarias, esta es rotativa por año, y es quien conduce los trabajos de las sesiones de la Cámara; los Grupos Parlamentarios que es el conjunto de las personas diputadas de un mismo partido político y tiene una persona coordinadora del mismo; la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) donde se juntan las personas coordinadoras de los diversos Grupos Parlamentarios y es presidida por el partido político que tenga la mayoría absoluta de diputaciones o rotativa anual en orden decreciente; la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada por la presidencia de la Cámara y las personas que integren la JUCOPO, se encargan de supervisar que se cumplan los acuerdos; las Comisiones que son órganos integrados por las personas diputadas para que en temas específicos realicen diversas tareas de dictamen legislativo, información, control evaluatorio, entre otras (SIA, 2005, 9-11). Una vez que las autoridades competentes validaron las elecciones y ratifican a las 500
PAG. 33 personas que serán diputadas, estas toman protesta en la sesión constitutiva de la legislatura que integrarán la cual es el periodo de tiempo durante el cual desempeñan se desempeñan en el Congreso de la Unión, duran tres años y son calificadas con un número romano consecutivo (Rangel & Ceballos, 2011, 11).
Evolución de la integración de la Cámara de Diputados La integración de la Cámara de Diputados es un reflejo de la situación social y política que vive el país, por lo mismo en cada legislatura se han vivido modificaciones que responden y/o han causado un impacto en la vida política de México. Un vínculo de gran relevancia que existe en el cómo se integra la Cámara de Diputados es con los derechos humanos, el marco legal de México antes reconocía garantías individuales, y es a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), realizada en el 2011, que se reconocen los derechos humanos de todas las personas, lo cual implicó un nuevo modo en que deben organizarse toda la vida política en el país, incluyendo los órganos legislativos (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2021).
Un aspecto que ha evolucionado considerablemente en la integración de la Cámara de Diputados es respecto a la participación real de las mujeres, esto se ha logrado con cuotas en el marco legal mexicano, mismas que han sido reformadas en múltiples ocasiones. En un inicio las cuotas eran indicativas para los partidos políticos, esto cambió muy poco al establecer una cuota de no más del 70% para un solo género, al no obtener resultados favorables para la representación de las mujeres en el poder legislativo, se pasó a cuotas obligatorias de un 30%, logrando un ligero incremento, pero no la meta deseada. Las cuotas fueron modificadas para ampliar su alcance a las listas de representación proporcional, imponer sanciones por su incumplimiento, y ampliar el porcentaje a un 40%. En los siguientes cambios se buscó alcanzar la conformación de las candidaturas completas, personas propietarias y suplentes de un mismo género (Gilas, 2014). México ha requerido no solo de cuotas, sino también de acciones afirmativas para poder mejorar la representación de la sociedad mexicana en el poder legislativo. En el marco legal del país, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala en su artículo 5º que las acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2023). Por su parte, el INE señala que las acciones afirmativas tienen como objetivo compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos de la sociedad en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales (INE, 2021, p.3). Algunas de las
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Los derechos humanos, cuyos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (CNDH, 2018) son factor clave en la aplicación de estos, como el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley, libertad de expresión, libertad de asociación, reunión y manifestación, el acceso a la justicia, a la audiencia y debido proceso legal, de acceso a la información, a la ciudadanía, a la reparación y a la máxima protección, a la educación, y en especial los derechos políticos-electorales, al ser reconocidos, protegidos y garantizados por la reforma del 2011 a la CPEUM, permitieron una integración más diversa en
la Cámara de Diputados, y fortalecieron bases para que exista una mayor representatividad de la sociedad mexicana.
PAG. 34 principales acciones afirmativas que ha implementado el INE son de reciente introducción al escenario político mexicano. Para el proceso electoral de elección de diputaciones federales los partidos políticos debían cumplir con acciones afirmativas dirigidas a personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero (INE, 2021, p.3).
Integración actual de la Cámara de Diputados La Legislatura en curso de la Cámara de Diputados, LXV, se encuentra conformada por el partido Morena quien ostenta la mayoría de las diputaciones con 200, 40%, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) con 114, 22.8%, en tercer lugar se encuentra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 69, 13.8%, le sigue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 41, 8.2%, después el Partido del Trabajo (PT) con 33, 6.6%, enseguida se encuentra Movimiento Ciudadano (MC) con 27, 5.4%, por último el Partido de la Revolución Democrática, con 15 diputaciones, el 3%. A los 7 partidos se les suma una persona diputada más que tiene estatus de sin partido. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados es parte de un momento histórico en México que representa la lucha por la representación de la igualdad de género al ser la primera ocasión en la que se logra una integración del 50% de diputaciones para mujeres y 50% para hombres. Morena tiene 103 diputadas, seguido del PAN con 57, en tercer lugar, se encuentra el PRI con 35, después el PVEM con 18, el PT 16, MC 13, y por último el PRD con 8 diputadas.
El logro de la integración de la Cámara de Diputados con el 50% de mujeres no se debe ver nada más en su conformación total, sino también en el origen de esta. De los 300 distritos electorales federales mediante los cuales se vota de forma directa por una persona diputada, 148 distritos fueron ganados por mujeres y 152 por hombres, nos encontramos ante un escenario donde en México las mujeres cada día tienen oportunidades más reales de acceder a puestos de representación popular que ostentan el poder legislativo. Respecto a las acciones afirmativas implementadas por el INE, se esperaba que míni-
PAG. 35 mo 50 personas resultaron electas gracias a estas medidas, esta meta se superó ya que fueron en total 65 personas, de las cuales 37 son personas indígenas (22 mujeres y 15 hombres), 8 son personas con discapacidad (5 mujeres y 3 hombres), 6 son personas afromexicanas (4 mujeres y 2 hombres), 4 son personas de la diversidad sexual (todas mujeres), y 10 son personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero (5 mujeres y 5 hombres) (INE, 2021, p.12).
Retos para la integración de las futuras legislaturas de la Cámara de Diputados
¿Podría existir una legislatura que represente realmente a todos los grupos mayoritarios y minoritarios del país? Para plantear esta pre-
Desafortunadamente la respuesta a las interrogantes antes planteadas es la misma, NO, pero el hecho de que esa sea la realidad no implica que debamos quedarnos de brazos cruzados, fácil sería seguir viendo el mundo por lo que es en lugar de trabajar por lo que debería de ser. La representación de la sociedad mexicana, y en cualquier parte del mundo es un trabajo integral en todos los niveles y espacios de gobierno y de la misma sociedad. ¿Qué sí podemos y debemos de hacer? El poder legislativo de México, en su Cámara de Diputados, ahora cuenta con representantes de cinco grupos sociales que han sido invisibilizados por mucho tiempo, sumado a que por fin tienen misma cantidad de voz y voto las mujeres que los hombres, también es importante considerar que existen siete partidos políticos y una persona diputada sin partido, el gran reto que tienen las 500 personas que representan a la sociedad es abrir su agenda, abrir sus puertas, escuchar y sumar, si bien no hay representación de todos los grupos sociales, y de los que hay puede no ser la suficiente, sí hay personas diputadas que pueden tener agendas legislativas realmente inclusivas, con perspectiva de género y derechos humanos, reales a las problemáticas sociales. Se puede y debe afirmar que las cuotas y acciones afirmativas son medidas con las que se ha logrado la presencia de personas representantes de diversos sectores de la sociedad mexicana, pero estas medidas son solo unos pasos más del largo camino que aún falta en México para lograr cada día una mayor y mejor representación de las personas mexicanas.
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Muchos son los retos que enfrenta el país para lograr que las personas que ostentan el poder legislativo sean una fiel y funcional representación de la sociedad mexicana, la cual tiene una amplia diversidad de grupos, los cuales cada día son más visibles socialmente.
gunta primero deberíamos poder responder afirmativamente a la cuestión principal que se compone de varias interrogantes: ¿todos los grupos sociales en el país son visibles social y políticamente? ¿Se respetan sus derechos humanos? ¿tienen posibilidades reales de participación y acceso a puestos políticos?
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