RED INFORMACIÓN. Edición N° 31, Mayo 2022 by Red Innovación

TABLA DE

CONTENID 01

Enfrentando la violencia política contra la mujer: una tarea aún pendiente en la región Entrevista Red Información

Desafíos de la democracia para la ciudadanía del tercer milenio: Participación de las mujeres trans en procesos electorales Marvin Manuel Pol Alvarez @marvin_pol

07-10

13-16

Episodio 20 Reinnventando Podcast Diálogo Intercultural latinoamericano, una necesidad latente

19-24

Democracia para unos o democracia para todos Ayrton Nathan Macedonio Lucana @ayrtonNML

27-28

Crisis de partidos políticos en el Ecuador Telmo Fabricio Rios Montalván

31-32

DO El programa Red Innovación es una iniciativa que permite el intercambio de experiencias políticas y sociales de América Latina y el Caribe, donde se facilitan espacios de comunicación y diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas políticas, sociales y expertos de Latinoamérica.

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Podcast Reinnventando

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Manuales y casos de estudio

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NOTA

EDITORIAL Elecciones y democracia en la América Latina Post Pandemia Eduardo Núñez Vargas1 Las elecciones fueron la piedra angular sobre la cual se ediﬁcó el proceso de democratización latinoamericano; organizar elecciones creíbles, justas y libres fue la primera generación de preocupaciones de nuestras incipientes democracias y a ello se enfocaron las reformas políticas e institucionales, en el entendido de que requeríamos garantizar condiciones para la efectiva alternancia en el poder; luego vendría la generación de reformas orientadas a mejorar la transparencia, la equidad y la competitividad de los procesos electorales, introduciendo en la agenda política el debate sobre el ﬁnanciamiento político, el acceso a medios de comunicación, la creación de incentivos para la institucionalización de partidos políticos y el no menos relevante tema del control y regulación de los partidos y las campañas electorales. El nuevo siglo trajo una nueva generación de reformas, en torno al concepto de integridad electoral, en donde ya no solo analizamos los 1

elementos endógenos – aquellos que tienen que ver con el diseño y funcionamiento de los regímenes políticos democráticos – sino también los factores exógenos que pueden incidir o determinar la efectividad y calidad de las elecciones; hablamos de cómo generar condiciones para reducir la violencia criminal, la conﬂictividad social territorial, las condiciones que determinan la exclusión de ciertos actores y segmentos de población del acceso al poder, etc.

Si bien la democracia es mucho más que elecciones, la integridad de las elecciones es un asunto central para la vigencia de la democracia. En tal sentido, América Latina consiguió un desarrollo notable de los marcos normativos, de las instituciones y procedimientos electorales, e – incluso – avanzó en la mejora de sus sistemas electorales y de partidos políticos, concretando el más largo período de regularización de procesos electorales en su historia política. https:/

Las opiniones emitidas en este artículo reﬂejan la posición personal del autor y no la posición de la institución para la cual trabaja.

No obstante, la evolución reciente de nuestras democracias electorales enfrenta crecientes amenazas regresivas. Haber aprendido a hacer elecciones de manera regular y en condiciones de razonable solidez normativa y técnica – procedimental, no ha significado que los avances y aprendizajes sean irreversibles. De hecho, las ten dencias de regresión democrática, la irrupción de neo autoritarismos en varios países, amenazan las condiciones que generan confianza, validez, equidad y competitividad de las elecciones. Incluso somos testigos de procesos electorales en donde las condiciones normativas, políticas y técnicas están lejos de garantizar una competencia creíble y efectiva entre las diferentes fuerzas políticas. Los elementos que más frecuentemente explican esa regresión en materia de integridad electoral refieren tanto a problemas de diseño de los regímenes como a factores externos que los afectan. Durante 2021 y hasta abril de 2022 se realizaron 21 eventos electorales en 12 países de América Latina, según el detalle que se puede ver en la tabla No. 1.

TIPO DE ELECCIÓN

PAÍS

FECHA

Ecuador

Presidenciales y legislativas Segunda ronda presidencial

7 de febrero de 2021 11 de abril de 2021

El Salvador

Legislativas y municipales

28 de febrero de 2021

Bolivia

Departamental, regional y municipal 7 de marzo de 2021 políticos organizaciones y partidos Segunda ronda regional y municipal 11 de abril de 2021 de combatir actúen y busquen formas

Honduras

Primarias

¿Cuál es la importancia de que las

la violencia contra 14 política de marzo de 2021 la mujer?

Chile

Municipales y Asamblea Nacional Constituyente 15 y 16 de mayo de 2021

Perú

Presidenciales y legislativas 11 de abril 2021 es un limitante que cualquier tipo de de violencia Segunda vuelta presidencial 6 de junioese de es 2021 de la democracia, el primer consejo que damos. Luego, en particular, la violencia Federales (Senado y Cámara de Diputados) 6 de junio de 2021 y estatales basada en género que sufren las mujeres

México

En primer lugar, la importancia radica en

ya sea en su4 ejercicio de2021 los derechos políticos, de julio de es una violación de los derechos humanos que también 8 deafecta agostoladecalidad 2021 de la democracia y limita el avance hacia la igualdad de dees octubre de 2021 género, ya10 que importante que el 50% de la población, que somos las mujeres, pueda de octubre su de actividad 2021 desarrollar24 plenamente política.

Chile

Primarias presidenciales

Argentina

Primarias

Paraguay

Municipales

Argentina

Legislativas

Nicaragua

Presidenciales y legislativas

Chile

Presidenciales y legislativas Segunda ronda presidencial

Honduras

Generales

Costa Rica

Presidenciales y legislativas Segunda ronda presidencial Elecciones legislativas, municipales y primarias presidenciales

Colombia

7 de noviembre de 2021

Los partidos políticos son las primeras 21 delas noviembre depero 2021 liberando barreras para mujeres, 19 de de 2021 el sistema esas barreras es diciembre que fortalecemos democrático. Denoviembre ahí, nace la de 28 de deimportancia 2021 estas iniciativas en búsqueda de un espacio 6 depara febrero 2022 en la política. más amigable las de mujeres

3 de abril de 2022 13 de marzo de 2022

//foreignpolicy.com/2014/04/22/the-problem-with-confidence-men/ Fuente: elaboración propia

La cantidad de eventos electorales indica que sigue presente en la región el patrón de realizar elecciones razonablemente regulares – dentro de los plazos legales establecidos –, creíbles y cuyos resultados son aceptados por los y las contendientes por el poder. Este rasgo lo tienen todos los procesos antes identificados, con la excepción de las elecciones nicaragüenses, que, si bien se realizaron en la fecha constitucionalmente establecida, estuvieron marcadamente distorsionadas por el encarcelamiento de candidatos y candidatas opositoras, y por un entorno severo de represión política. Este repaso de los procesos electorales acaecidos durante el período de estudio remarca que, si bien cada país de la región tiene dinámicas propias y diferenciadas, se pueden encontrar ciertas tendencias o patrones comunes. A continuación, se detallan algunos de esos patrones compartidos, cuyo listado nos configura una agenda de trabajo bastante clara en términos de prevenir deteriores electorales mayores en los ciclos venideros. Los principales elementos comunes que se pueden identificar son los siguientes2: Pérdida creciente de autonomía de los órganos electorales. Se refleja en factores tales como i) limitaciones a su financiamiento y el de los procesos electorales; ii) reducción o limitación creciente de sus capacidades políticas e institucionales, por la intervención directa de los poderes ejecutivos en sus decisiones; iii) creciente judicialización de los procesos electorales. Erosión de capacidades técnicas y administrativas. Refiere al resurgimiento de imprevisiones, fallas técnicas y organizacionales, que abren dudas sobre la seguridad y certeza de distintos procesos electorales. Temas que parecían resueltos en procedimientos básicos como el empadronamiento, la entrega de documentación personal, la transmisión de resultados y otros, vuelven a aparecer en el radio de preocupaciones sobre la integridad de las elecciones. Tensiones interinstitucionales. Al tenor del fenómeno de poderes ejecutivos fuertes que concentran poder, que pueden ser identificados en varios países3, se constatan

crecientes tensiones entre ejecutivos – y sus partidos oﬁciales o aliados – y organismos electorales, en donde éstos son señalados como actores interesados en inﬂuir en los resultados de un proceso eleccionario. Constituyen intentos de convertir a las autoridades electorales en la o en parte de la “oposición”, generando tensiones interinstitucionales severas y pretendiendo asociar el éxito o fracaso de sus aventuras electorales a la intervención del órgano responsable.

Instalación de narrativas de fraude. Reaparecen, en varios países, discursos tempranos o anticipados de denuncias de fraude, que tienen como efecto la introducción de dudas innecesarias y normalmente no fundamentadas sobre la independencia y no alineamiento con el que actúan las autoridades electorales, así como sobre la certeza de los resultados. Se conﬁgura como una estrategia política que busca presionar determinadas decisiones o asociar el éxito o fracaso de su opción electoral a la alteración intencionada de las condiciones de la competencia y resultados de las elecciones.

Polarización política inducida. Al tenor del clima generalizado en la política mundial, los procesos electorales recientes en América Latina se desarrollan en el marco de una acentuada polarización política. No obstante, sigue existiendo pluralidad ideológica en la mayoría de las elecciones desarrolladas, la polarización que se señala no está asociada con la diferencias y contraste de visiones y propuestas desde diferentes marcos ideológicos, sino al uso de la polarización como estrategia política. Esto pasa por la construcción de narrativas de amigo – enemigo, buenos y malos (lógicas de guerra y no de contienda democrática), que buscan la exclusión del pensamiento diferente, la negación del otro como sujeto de diálogo y, por ende, la construcción de lógicas de exclusión.

Los factores identiﬁcados no están presentes en todas las elecciones, pero si en varias de las observadas, constituyendo patrones que deben ser observados en los comicios venideros.

3 Se habla de golpes desde el Estado o golpes desde los poderes ejecutivos, que reducen o limitan la independencia de los poderes del Estado, reducen los sistemas de frenos y contrapesos, y buscan asegurar la reproducción de su posición hegemónica más allá de las elecciones.

Desinformación como contexto y como estrategia. La transición de las formas de política tradicional basadas en las lógicas del territorio, la organización y la palabra (discurso) hacia nuevas formas que se manifiestan en el espacio difuso de la opinión pública, la comunicación y el uso de la imagen (símbolos) por encima de las palabras, propicia un marco que favorece la multiplicación de canales y relatos sobre la política, el poder, la sociedad, generando identidades políticas más difusas e inestables. Esto se ve acentuado por la desinformación, tanto en referencia a la inoculación en el debate político de relatos falsos como al cuestionamiento de las verdades aceptadas y el conocimiento basado en evidencia. Confluyen en este fenómeno los mismos actores políticos en contienda, que usan la desinformación como estrategia y otros actores interesados en influir en el curso de las elecciones y que buscan posicionar relatos ganadores, aunque se basen en información falsa o variaciones de verdades aceptadas, pero modificadas en función de intereses particulares. Incidencia de redes criminales. Otro factor de creciente alcance es la irrupción de redes criminales – delincuencia organizada y corrupción – en las elecciones, cuya influencia está asociada con financiamiento ilícito de partidos y campañas; capacidad de uso de la violencia electoral como factor de condicionamiento político hacia las y los contendientes, y hacia la autoridad electoral; regulación informal de las campañas electorales al influir en selección de candidaturas y condiciones de ejercicio de la contienda electoral, para citar algunos elementos de relevancia. La presencia del crimen adquiere rasgos significativos en la medida de que actúa como un entorno obligado – cuando controlan territorios –, como un actor involucrado – cuando intervienen partidos, candidaturas e intervienen las campañas – y cuando inducen la normalización de conductas políticas asociadas con la violencia. Este conjunto de factores o elementos comunes confluyen de manera diferenciada en los distintos eventos electorales desarrollados en los últimos 16 meses. Por ende, nos indican claramente donde debemos poner los esfuerzos en materia de fortalecimiento de las reglas del juego – marcos normativos –, instituciones – órganos electorales y otros involucrados –, actores políticos en contienda – partidos, organizaciones y candidaturas –, actores involucrados en la veeduría y acompañamiento electoral – medios, organizaciones civiles, aca-

demia, comunidad internacional – y, sin duda, la ciudadanía misma. De la misma manera que la pandemia, particularmente durante 2020, nos planteó desafíos extraordinarios derivados de la expansión del COVID-19, pero también de las medidas de política pública con que se le hizo frente, el entorno político, social y económico post pandemia nos presenta otros desafíos. Nuestros regímenes político – electorales demostraron resiliencia y capacidad de adaptación para hacer elecciones en contextos extraordinarios y nuestras sociedades la voluntad indeclinable de participar; de la misma manera que asumimos en reto de adaptarnos al COVID-19 y sus impactos, hoy tenemos la responsabilidad de asumir los retos derivados de los fenómenos arriba listados.

La responsabilidad que tenemos pasa por comprender que tenemos desafíos exógenos como los que están asociados con el impacto crimen, el uso de la desinformación, la polarización y otros que de una u otra manera demandan el desarrollo de nuevas capacidades normativas, institucionales y políticas. Pero, también, demanda entender, con sentido de urgencia, que enfrentamos una enfermedad interna, una entropía a veces silenciosa y otras evidente, en nuestros regímenes políticos y electorales; que el virus que debemos combatir es el de la recomposición autoritaria, que se expresa tanto en la vocación de concentración de poder de algunas élites latinoamericanas, como en la prevalencia de actitudes y comportamientos autoritarios en nuestras sociedades, y la indolencia e indiferencia con la que asumimos las amenazas de deterioro democrático. El factor último que podrá contener las tentaciones regresivas en materia de democracia y elecciones será el compromiso consciente y activo de nuestras ciudadanías por hacer de la democracia un proyecto propio en constante proceso de construcción y mejora.

ENTREVISTA RED INFORMACIÓN Enfrentando la violencia política contra la mujer: una tarea aún pendiente en la región La violencia política contra las mujeres en la región de América Latina y el Caribe continúa siendo un fenómeno que impide el ejercicio pleno de las mujeres en los espacios democráticos y limita sus derechos civiles y políticos. Sin embargo y pese al sombrío panorama, algunas organizaciones políticas han realizado esfuerzos y se han sumado en la lucha contra este tipo de violencia por medio de acciones aﬁrmativas que generen cambios, prevengan, atiendan y sancionen estas manifestaciones de violencia en sus estructuras y con su militancia. Dichos avances suelen darse enmarcados en exhortaciones de orden nacional como es el caso de Bolivia en donde la Ley N°243 del 2012 dicta que las organizaciones políticas deben tener disposiciones referidas a la atención, sanción y prevención de actos de acoso y violencia política, acción que se con-

cretó con la Ley 1096 de 2018 que hace necesario la creación de protocolos de atención en los estatutos de las organizacione políticas para que estas mantengan su status como tales, ejercicio que en este momento se está desarrollando al interior de los partidos. El caso del Perú en donde se establece por medio de la Ley, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, que las organizaciones políticas deben implementar medidas internas a ﬁn de contribuir con la prevención, erradicación y sanción del acoso político, por medio de por ejemplo, el establecimiento y sanción de actos de acoso político y la regulación del procedimiento aplicable. O el caso de Paraguay surge la Ley 5777/16 y su D ecreto Reglamentario Nº 6973/17 que dicta, entre otros aspectos, las autoridades de aplicación e insta a la adopción de protocolos de atención y mecanismos de denuncia de hechos de violencia de género y

¿Existe en Uruguay un marco legal que tipiﬁque la violencia política contra la mujer y que contenga las medidas o acciones que deben hacer las organizaciones políticas para frenar este fenómeno?

medidas inmediatas para proteger a las víctimas sin necesidad de orden judicial tanto en las organizaciones públicas como privadas. En el caso de México por ejemplo, se han realizado acciones y protocolos en el Partido Acción Nacional1, el Partido de la Revolución Democrática2, Morena3, Nueva Alianza4, Partido Revolucionario Institucional5 y el Partido Verde Ecologista6; en Argentina acciones promovidas por el Partido Propuesta Republicana7; para el caso de Colombia lo realizado por el Partido Conservador8, Partido de la U9 y Partido Colombia Humana10; y en Chile lo trabajado por el Partido Comunista11, Partido Socialista12, Partido Renovación Nacional13 y el Partido Demócrata Cristiano14.

- Si bien no existe una Ley que exhorte directamente a los partidos políticos a tomar cartas en el asunto, nuestro parlamento aprobó en el año 2017, en el gobierno del Frente Amplio, varias leyes que tienden a consagrar derechos. Una de ellas es la ley 19580 que habla sobre la violencia hacia las mujeres basa da en género, la cual tiene como objetivo garantizar el pleno goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En dicha ley también fue fundamental la tipiﬁcación del fenómeno ya que se habla de violencia política como acto de presión, persecución u hostigamiento, hacia una mujer o hacia su familia en su condición de tal.

¿Cuál es la importancia de que las organizaciones y partidos políticos actúen y busquen formas de combatir la violencia política contra la mujer? - En primer lugar, la importancia radica en que cualquier tipo de violencia es un limitante de la democracia, ese es el primer consejo que damos. Luego, en particular, la violencia basada en género que sufren las mujeres ya sea en su ejercicio de los derechos políticos, es una violación de los derechos humanos que también afecta la calidad de la democracia y limita el avance hacia la igualdad de género, ya que es importante que el 50% de la población, que somos las mujeres, pueda desarrollar plenamente su actividad política.

Ahora bien, conociendo que aún es una tarea pendiente para muchos partidos y organizaciones políticas en la región, quisimos explorar uno de estos ejemplos para entregarle algunas herramientas a las personas que nos leen, razón por la cual tuvimos una conversación con Blanca Elgart del Partido Frente Amplio de Uruguay en la que nos contó un poco acerca de la situación en su país y también sobre el Protocolo de actuación del Frente Amplio que trata acerca de la responsabilidad política ante situaciones de violencia política hacia las mujeres basadas en género que fue aprobado hace ya casi dos años en su partido. 1 Protocolo de Atención a la Violencia Política contra las mujeres militantes 2

Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en Razón de Género 3 Protocolo para la Paz Política 4 https://foreignpolicy.com/2014/04/22/the-problem-with-confidence-men/ Protocolo de Nueva Alianza para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 5 Protocolo Interno de Actuación para Atender La Violencia Política Contra Las Mujeres 6 Protocolo para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género 7 Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional de Género y Violencia contra las Mujeres

Los partidos políticos son las primeras barreras para las mujeres, pero liberando esas barreras es que fortalecemos el sistema democrático. De ahí, nace la importancia de estas iniciativas en búsqueda de un espacio más amigable para las mujeres en la política.

Protocolo de Acción para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer en la Vida Política 9 Protocolo de Violencia Política contra la Mujer 10 Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y personas de los sectores LGBTI+ en la Colombia Humana y Coaliciones 11 Protocolo de actuación frente a denuncias de violencia contra las mujeres y violencia de género 12 Protocolos contra la violencia de género, acoso y abuso sexual 13 Protocolo para prevenir y enfrentar la violencia contra la mujer en la política 14 Protocolo de denuncias por violencia de género e intragénero

¿Qué motivó al Frente Amplio a trabajar en acciones que pudieran frenar y combatir la violencia política contra las mujeres en la organización? - Para responder esto es pertinente hacer una contextualización de Uruguay. Uruguay ahora está en el lugar 13 de los países con mejor calidad democrática a nivel mundial, y a nivel regional ocupa el primer puesto según el Índice de la democracia realizado por The Economist. Nosotros tenemos una democracia plena y estable, y en ese marco Uruguay fue pionero a inicios del Siglo XX en otorgar derechos, entre ellos el derecho al voto de las mujeres. Siendo así, nuestro país es un país que avanza (si bien la representación política que tenemos las mujeres no concuerda con ese avance) y en ese marco en el partido nació en la vida política reivindicando la lucha co ntra todo tipo de injusticia, discriminación, privilegios, autoritarismo, y logrando de alguna forma buscar que se reivindicaran los derechos humanos para todas y para todas.

htps:/w w.ndi.org/sites/default/files/2019%20VAW-P %20Compendium%20Report.pdf

En 2016 incorporamos la definición de antipatriarcal y eso implicó que la lucha por la igualdad que tenemos, debe estar reflejada en las acciones, ya que lo que proponemos debe prefigurar en la sociedad que queremos. Tuvimos tres periodos de gobierno donde promovimos la aplicación de muchas leyes que otorgan derechos: al apoyo laboral, violencia doméstica, trata de personas y la tipificación del asesinato de una mujer como feminicidio. De igual manera, tuvimos una ley del Sistema Nacional de Cuidado que hizo que las mujeres liberaran tiempo de su vida familiar para desarrollarse en sus actividades políticas, industriales, sindicales, prefigurando así la sociedad que queremos, siendo esta la principal motivación para la creación de este protocolo.

¿De qué se trata el protocolo de actuación sobre responsabilidad política ante situaciones de violencia política hacia las mujeres que desarrolló el Frente Amplio, cuáles son sus sanciones, mecanismos y estrategias? - El protocolo tiene como cometido prevenir, sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres basada en su género, reconociendo el derecho de las mujeres al pleno goce de sus derechos políticos en el partido, este protocolo aplica para los afiliados o no afiliados, empleados, independiente del cargo jerárquico. Otros casos de violencia basada en género tienen otros procedimientos, nosotros promovemos las denuncias ante la justicia. Con respecto al procedimiento, la parte involucrada o testigos pueden hacer la denuncia ante los organismos inmediatos superiores, allí los organismos reciben la denuncia que puede ser verbal o escrita y lo deben enviar al tribunal de conducta política, que lo primero que hacen es no revictimizar, toman medidas para salvaguardar la intimidad y confidencialidad de los involucrados y de sus declaraciones. Después de esto hay medidas cautelares donde se inicia un proceso de investigación en donde se llaman testigos, luego el tribunal de conducta política hace un informe en el cual se manifiesta sus considerandos y lo pone a consideración de la dirección del partido político. Y por último, en cuanto a las sanciones, se tiene una amplia gama en la aplicación que van desde el apercibimiento hasta la solicitud de expulsión de los cargos.

¿Qué tanta aplicabilidad ha tenido el protocolo desde su puesta en marcha? - Este protocolo fue aprobado hace un año y medio y uno de los primeros efectos fue que todos abrimos los ojos y estamos más alertas. Sin embargo, como las actuaciones del tribunal de conducta política son reservadas no sabemos detalles, pero sí sabemos que han llegado muchas denuncias, esto basado en la primera evaluación del año que hicimos, la cual fue muy positiva. Como valoración personal puedo decir que la existencia de este protocolo ha facilitado el acceso de mujeres y la participación de mujeres en las elecciones, pues hoy de 19 departamentos

casi el 50% de las presidencias del Frente Amplio a nivel departamental está a cargo de mujeres. Yo valoro que este protocolo abrió una puerta para facilitar el incremento de la participación.

¿Qué retos aparecieron en el momento de creación y sanción del protocolo y cómo lograron superarlos? - Las deﬁniciones que nuestra fuerza política acuñó sobre lo antipatriarcal y antirracismo son fruto de muchas discusiones, ya que desde nuestro partido todo se discute y todas las personas están en igualdad de condiciones. En concreto, a partir de esta deﬁnición de antipatriarcal, se llegó a la discusión de cómo llevar esto a la práctica. El Frente Amplio tiene distintas áreas de trabajo, una de ellas es la unidad de trabajo de género, las mujeres de esta iniciativa en consulta con académicas de nuestro país y tomando nota sobre académicas internacionales, tuvieron la iniciativa y llevaron eso a la dirección del Frente Amplio, empezando así la discusión en la base y se aprobó por unanimidad. Los hombres y mujeres vivimos en una sociedad patriarcal, y en ese marco muchos tenemos naturalizada formas de actuar que ensimisma la violencia tanto de género como política, entonces no es sencillo conceptualizar cuando tienes naturalizada una forma de actuar, ese fue nuestro mayor reto, pero lo superamos.

¿De qué otra forma se puede actuar desde los partidos y organizaciones políticas para promover espacios seguros de participación política para las mujeres? A mi juicio, inicia por la deﬁnición del patriarcado, si un partido político u organización sindical analiza lo que es el patriarcado, lo entiende y lo incorpora en su actuar, eso permitirá que naturalmente se creen espacios donde las mujeres puedan desarrollar sus actividades políticas. Nosotros como sociedad, como partidos y como sindicatos necesitamos una transformación de la cultura social y política que deconstruya estereotipos y que brinden otras perspectivas, sobretodo a las nuevas generaciones, ya que el futuro está en sus manos. El desafío de los mayores es brindar perspectivas en otros ámbitos de la vida y así generar una entorno libre de discriminación política hacia la mujer. De igual manera, es fundamental trabajar en los retos que nombre anteriormente, ya que las mujeres y los hombres tienen la misma capacidad y aportan distintos conocimientos y habilidades que contribuyen a una mejor gestión, y esto se evidencia. La evidencia muestra que en los países donde las mujeres participan activamente en la toma de decisiones, las brechas entre hombres y mujeres disminuyen. Finalmente me gustaría decir que también se debe promover un equilibrio que permita que los hombres ocupen espacios que tengan que ver con los asuntos domésticos, para permitir que las mujeres no sigan con doble responsabilidad: la de su casa y la del afuera. Es clave establecer una división más equitativa en las tareas familiares, porque eso te facilita la participación. Tal como lo comenté anteriormente, en el Frente Amplio aprobamos la Ley del Sistema Nacional de Cuidado, para que tanto hombres como mujeres puedan desarrollar en igualdad de condiciones sus otras actividades. Toda esta lucha es un cúmulo de medidas porque esta batalla en contra la desigualdad es transversal, y no considero que hayan recetas para llevar a cabo un proceso efectivamente, lo que hay son procesos.

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ARTÍCULO Desafíos de la democracia para la ciudadanía del tercer milenio: Participación de las mujeres trans en procesos electorales Marvin Manuel Pol Alvarez, maya K’iche’, Internacionalista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador social en temas de participación ciudadana, acceso a la información y género. Del 2011 al 2019 fue coordinador de proyectos electorales para Acción Ciudadana. Experto Nacional para el Informe de Observación Electoral del Voto de las Personas Trans 2019 para ONU Mujeres, Coordinador del Estudio Socioeconómico de la Mujeres Trans durante la pandémica COVID-19 para el Fondo de Población de las Naciones Unidas y REDMMUTRANS. @marvin_pol

La democracia representativa latente en pleno tercer milenio, presenta cada vez más desafíos para la participación de toda la población en la toma de decisiones, sobre todo en lo que reﬁere al sufragio universal y secreto. Conforme la sociedad y los Estados han ido cerrando las brechas de desigualdad entre los distintos grupos poblacionales tales como jóvenes, mujeres e indígenas, otros grupos han venido reclamando la igualdad en el ejercicio de derechos tanto humanos como cualquier otro que tenga la mayoría o minoría dominante. La población de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, conocida como LGBT15, cada vez ha ido reclamando el ejercicio de sus derechos tanto públicos como privados, transformando

15 El anotar LGBT como término político en este documento, no se pretende niega la existencia de otras identidades tanto de género como cualquier otra que en la actualidad también luchan por su reconocimiento, tales como intersexuales, asexuales, pansexuales, por mencionar algunos.

las ideas tradicionales de la composición de la ciudadanía a costa de discriminación y todo tipo de violencia; y es que, esto es algo que no es ajeno para las personas LGBT que han normalizado la violencia en el ámbito familiar, privado, social, político y económico, al imponérseles reglas sociales so pena de ser sujetos al castigo social por su orientación, expresión o identidad de género. Es por ello que, en muchos de los casos, la resistencia y resiliencia forma parte de la identidad LGBT para hacer comunidad. Una población dentro de estas poblaciones, -y me atrevo a decir que es a lo mejor la más visible- es la de mujeres trans que, dentro de los grupos LGBT encabezan los movimientos de lucha para que los Estados reconozcan la identidad de género para ser actoras y sujetas de derechos como cualquier otra persona. Muchas mujeres trans han sido las víctimas de violencia física -y muy probablemente más en la impunidad de violencia económica y psicológica-, sumándose a esto, la falta de acceso a la educación por el rechazo social y familiar, esto provoca en ellas el desconocimiento de sus derechos elementales como ciudadanas.

No obstante, a las condiciones de vida de las mujeres trans, a continuación se presenta una breve narrativa sobre algunos de los desafíos a las que se enfrenta la democracia ante una ciudadanía más informada y más consciente de las garantías que el Estado le debe a su población, y serán los aspectos políticos los que se aborden desde la organización social del Estado, donde me enfocaré para resaltar las desigualdades latentes en este grupo poblacional. Uno de los primeros desafíos es la falta de registro estadístico poblacional de mujeres trans. De acuerdo al informe ﬁnal “Caracterización y estimación del tamaño poblacional en mujeres trans en Guatemala” de Hivos, se estimó para el 2015 en Guatemala existía una talla poblacional de 7,818 de mujeres trans en todo el país, y 575 en la ciudad de Guatemala 575, lastimosamente estos son los últimos datos estadísticos sobre este grupo. Contar con información que pueda servir para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones es necesario, sobre todo cuando se tratan de grupos minoritarios en condición de vulnerabilidad.

A esto se suma otro desafío, reducir las barreras de documentación personal de las mujeres trans que van desde lo económico hasta el empoderamiento ciudadano. En Guatemala, como en el resto de países, para votar se necesita de un documento de identidad que reconozca la ciudadanía y por ende el derecho al sufragio, no existen normativa que reconozca legalmente la identidad de género por lo que las mujeres trans deben hacerlo con un documento de identidad con un nombre que no las identifica como personas transexuales o transgénero, por lo que existe conflicto entre el nombre que aparece en el documento con su expresión e identidad de género. El Registro Nacional de las Personas -RENAP- es organizar, dirigir, reglamentar y racionalizar las inscripciones de los hechos y actos registrales y emitir el documento personal de identificación -DPI- a los guatemaltecos y extranjeros domiciliados. El trámite implica sufragar gastos tales como el pago de la certificación de nacimiento y el trámite del documento que va entre los US$10 y US$15. Este hecho hace que las mujeres trans deban contar con estos recursos para tener acceso a su DPI.

Para muchas personas pareciera ser un gasto accesible, sobre todo si se cuenta con un ingreso estable, digno y un empleo formal, pero para las mujeres trans que generalmente se encuentran en la economía informal y en el sector de servicios, el contar con esta cantidad es muy difícil. Según el Estudio Socioeconómico de las Mujeres Trans durante la pandemia COVID-19 de la Red Multicultural de Mujeres Trans -REDMMUNTRANS- (2019), generalmente ingresa para subsistir hasta US$10 al día, producto de la prestación de sus servicios sean estos en salones de belleza, ventas de comida y comercio informal, o bien del comercio sexual. Este hecho hace que se priorice la subsistencia a la documentación personal que, desde su perspectiva, no le proporciona los mismos derechos que el resto de las personas. Aunque en Guatemala no se reconoce el tercer sexo como sucede en otros países, se ha implementado una buena práctica haciendo uso del derecho de cambio de nombre para registrarse con un nombre femenino aunque, cabe mencionar que, esto es una práctica que se reduce a una élite de la población, sobre todo para las mujeres trans que trabajan o conforman asociaciones civiles. Con esto se busca reducir las probabilidades de discriminación en la institucionalidad pública que para cualquier trámite se les exige el DPI; no obstante esto tiene un costo de al menos US$535 entre el pago de los servicios del notario y los procedimientos legales para realizarlo, y como ya se ha dicho anteriormente, no es de fácil acceso para ellas. La falta de empoderamiento ciudadano en las mujeres trans, es otro desafío para la democracia del tercer milenio. Para ejercer el derecho al voto, en Guatemala se debe activar la ciudadanía en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral -TSE. Este trámite generalmente se hace cuando se tramita por primera vez el DPI y se actualiza cada vez que se modiﬁca la residencia o cualquier dato del ciudadano, y para poder votar sin problemas debe hacerse al menos un año antes de las elecciones generales. Aunque el TSE ha hecho esfuerzos para acercar el Registro de Ciudadanos a la ciudadanía a través de programas de empadronamientos y por medio de convenios con el RENAP, no es suﬁciente para informar a la población de personas trans sobre estos derechos, procesos y temporalidades. Hasta el momento, se han visto algunos desafíos estructurales para el ejercicio del sufragio, especialmente en las barreras de documentación. No obstante, es importante analizar la participación de las mujeres trans en los procesos electorales como un pulso del ejercicio pleno de su ciudadanía. Desde 2015, se han realizado esfuerzos desde la sociedad civil organizada por observar el derecho al voto en poblaciones históricamente excluidas y vulneradas como mujeres, indígenas y personas LGBT. Un ejemplo e inicio de ello fue la implementación del proyecto Red Municipal de Observación de la Violencia Electoral y

Financiamiento de Partidos Políticos por medio de Acción Ciudadana en el marco de Mirador Electoral. Esta iniciativa fue la precursora de focalizar los esfuerzos para el análisis del proceso electoral en igualdad de condiciones para todos los sectores de la sociedad. A raíz de esto, organizaciones de mujeres trans como REDMMUTRANS buscaron en el proyecto una manera de fortalecerse para que desde el campo de acción de su organización se desarrollaran ejercicios de observación electoral a través del “Observatorio del Voto de las Mujeres Trans” que en el 2019 replicaron la observación nuevamente, ahora ampliándose a hombres trans. Es importante resaltar que, mientras en las misiones de observación electoral se monitorea la pureza y transparencia de las elecciones, en la misión de mujeres trans se observó el derecho del voto, la no discriminación y el proceso del voto de acuerdo a los protocolos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral. La preocupación de las mujeres trans era que pudieran votar, más allá de la integridad del proceso electoral. Y es que el hecho de que cuenten con un documento de identiﬁcación que las hace sujetas de derecho, no implica en realidad que puedan ejercer ese derecho, por las arbitrariedades de las autoridades de las mesas de votaciones. El informe de observación presentado al tribunal da cuenta que hace falta información focalizada a la ciudadanía trans para actualizar sus datos al cambiar de nombre. La falta de capacitación de las miembros de la Junta Receptora de Votos para el trato diferenciado para personas trans, acudiendo a prácticas que promovían la discriminación por motivos de identidad de género. La lucha por el equitativo ejercicio de derechos de las mujeres trans comienza con el empoderamiento ciudadano. Sin conocimiento y concientización de la importancia de su participación en la toma de decisiones, no se lograría la consolidación de la democracia representativa, más aún ante una sociedad cambiante, joven y cada vez más informada. Los movimientos sociales motivados por la aprobación del Decreto 18-2022 Ley de Protección a la Vida y la Familia, fue protagonizado en su mayoría por jóvenes que buscan expresar su orientación o identidad de género libremente, sin prejuicios y violencia. Por tanto, los desafíos que enfrenta la democracia del tercer milenio se sustentan ante la deuda que tiene el Estado en el reconocimiento de las personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de aquellas disidentes de sus cuerpos que buscan la protección del Estado como garantía del bien común. Aquellas que sin importar su identidad, por el hecho de ser humano es sujeto a derechos y que por ser ciudadanos y ciudadanas de la república, tienen derecho de participar en el ejercicio del poder público.

Para algunos conocedores de la materia, el objetivo principal del diálogo intercultural es desarrollar una comprensión más profunda de diversas perspectivas y prácticas para, así, aumentar la participación, libertad y capacidad de tomar decisiones, fomentar la igualdad y mejorar los procesos creativos. ¿Cómo se da este diálogo en nuestra región?, ¿Es la interculturalidad un proceso necesario para que los partidos y organizaciones políticas puedan aﬁanzar sus relaciones con la sociedad?, ¿Cuál es la importancia de crear lazos fuertes y diversos entre la ciudadanía y los partidos u organizaciones políticas? Para responder estas y otras preguntas tendremos dos invitadas desde Colombia y Bolivia que nos compartirán sus perspectivas y darán las primeras palabras para esta discusión que debemos hacer entre todas las personas de nuestra región. NUESTRAS INVITADAS:

Esther Balboa: Antropóloga, política, activista quechua y docente universitaria con experiencia en la planiﬁcación, evaluación de proyectos y realización de encuestas. Es psicóloga de formación, también ha estudiado ciencia política y desarrollo rural, ha hecho especializaciones en temáticas de la terapia en el campo de la psicología y ha sido viceministra de educación en Bolivia y asesora de la alcaldía municipal en Derechos Humanos.

Alejandra Ceron: Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, Máster en gestión de organizaciones de la OCAD de Canadá y Doctora en relaciones internacionales y estudios políticos del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Docente catedrática y Directora de Investigaciones en temas de ﬁlosofía política, seguridad y defensa y relaciones internacionales.

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V. Conclusiones

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ARTÍCULO

Episodio 20 Reinnventando Podcast

Diálogo Intercultural latinoamericano, una necesidad latente Para algunos conocedores de la materia, el objetivo principal del diálogo intercultural es desarrollar una comprensión más profunda de diversas perspectivas y prácticas, para así aumentar la participación, la libertad y la capacidad de tomar decisiones, fomentar la igualdad y mejorar los procesos creativos. Con este ﬁn, en Reinnventando Podcast Capítulo 20, tendremos una corta discusión con Alejandra Cerón16 de Colombia y con Esther Balboa17 de Bolivia.

¿Qué se entiende por interculturalidad?

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Alejandra: Precisamente desde la ﬁlosofía política se ha estudiado mucho la tradición liberal que fundamenta las democracias, debido a que nos habla de la participación, de la ciudadanía, de los derechos y deberes del ciudadano. Pero, con la globalización, las nuevas formas de relacionamiento de las comunidades y de los individuos a través de la tecnología de las comunicaciones, con la manera en cómo la opinión pública se va conﬁgurando a través de redes sociales, entra mucho en debate si esa ciudadanía y esos individuos que son el fundamento de la democracia deben ser considerados de manera homogénea o como una gran masa que toma decisiones. Siendo así, nos damos cuenta de que en el escenario de la globalización muchas personas

Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, Máster en gestión de organizaciones de la OCAD de Canadá y Doctora en relaciones internacionales y estudios políticos del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Docente catedrática y Directora de Investigaciones en temas de ﬁlosofía política, seguridad y defensa y relaciones internacionales.

17 Antropóloga, política, activista quechua y docente universitaria con experiencia en la planiﬁcación, evaluación de proyectos y realización de encuestas. Es psicóloga de formación, también ha estudiado ciencia política y desarrollo rural, ha hecho especializaciones en temáticas de la terapia en el campo de la psicología y ha sido viceministra de educación en Bolivia y asesora de la alcaldía municipal en Derechos Humanos.

pensaban que todo se iba a igualar en cuanto a los procesos tanto de mercado como ideológicos, no obstante, fue todo lo opuesto. Esa base de comunicación que creía que podía ser homogénea, lo que ha hecho es demostrarnos la diferencia y es la diferencia entendida como la construcción de identidad, que puede ir por la dimensión de lo cultural, racial y étnico. Pero también existen otras maneras de identiﬁcación de la persona o de los colectivos, entonces la interculturalidad permite abrir el escenario a que se plantee dentro del ejercicio de la democracia formas de

reconocer a los diferentes, a las identidades y que estas formas terminen por condensarse en política pública. Si se ve desde el escenario de la ﬁlosofía política, el debate está en cómo el Estado se aleja de la vertiente de homogeneidad y empieza a reconocer la diferencia, y si se va a la práctica esa diferencia ha de fundamentar la forma en que se construye política pública y por supuesto tiene que redondear como la gestión pública reconoce y proyecta el ejercicio de lo público hacia el reconocimiento de la identidad.

¿Cuál es la importancia de crear un proceso de diálogo intercultural en países tan diversos como son los de América Latina y El Caribe? ESCUCHA AQUÍ

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Alejandra: Es demasiado importante ya que si nos vamos a una dimensión histórica tenemos que recordar que nuestro surgimiento y nuestra base como sociedad moderna se da con el proceso de colonización que va de la mano con la evangelización que suponía que todas las poblaciones iban a ser homogéneos. Pero, si se ve la entrelínea de la historia, es un proceso que genera mucha resistencia, tanto desde los indígenas como también desde las comunidades afrodescendientes y migrantes.

y de esa producción del Estado Nación que se ha estado construyendo desde la colonia. Sin embargo, en realidad hay demasiados grupos que han sentido la exclusión, en el caso de los grupos indígenas, al momento en que las entidades estatales llevan su mensaje en un idioma que no entienden, quedando así por fuera de la construcción de lo público. La región ha dado pasos importantes con respecto a esto como en Perú, Bolivia y México, sobre todo desde la base del reconocimiento de la comunidad indígena.

En el caso de América Latina, durante el proceso de construcción de modernidad hubo grandes hordas migrantes que buscaban tanto la integración económica como las nuevas oportunidades y esto responde a la expansión del capitalismo. Esto demostró que no somos sociedades homogéneas y también desafortunadamente somos sociedades fragmentadas. Los Estados en América Latina han legislado desafortunadamente dentro de esta lógica de la modernidad democrática, suponiendo que hay una masa homogénea que se moviliza y que toma decisiones, entendido desde el punto de las ciudades, Otro elemento a analizar es la confusión entre multiculturalidad e interculturalidad, y cómo en algunos casos se hace la revisión desde lo multi y no lo inter, ¿en qué diﬁeren estos abordajes y por qué es importante verlo por separado? ESCUCHA AQUÍ

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Alejandra: Todo viene desde el fundamento de las democracias liberales donde se muestra que el fundamento y la legitimación del poder son las bases, la ciu-

dadanía, entonces esta línea dio lugar a entender la construcción de una sociedad de individuos, no se quedó en una sociedad estática porque la globalización dinamizó mucho el tema migratorio.

Entonces, este tema migratorio generó que en todos los lugares del mundo se diera la presencia de la comunidad migrante de distintas identidades, al momento en que esto sucede, se genera este gran interrogante sobre si realmente existe la homogeneidad y si la forma de dirigirse a esta masa votante que hacen veedurías, control y participación ciudadana a través del voto son iguales. Así, se empieza a hablar sobre la multiculturalidad, que es mantener la idea conﬁgurada por los Estados Nación que han creado un proyecto nacional homogéneo que tiene un idioma, una historia común, una religión en común. La multiculturalidad dice que se mantiene el status quo del Estado Nación, pero se admite la participación de las minorías (en el caso de los indígenas o las negritudes) sin embargo, ¿en realidad son minorías? En el caso del proyecto intercultural, puede ser un poco peligroso, en el sentido de que no se espera que el Estado Nación quede con su status quo, sino se pretende que ese proyecto se cambie, dependiendo de las necesidades que las identidades van a reclamar en un diálogo público.

Seguimos nuestra conversación y llegamos a Bolivia, justamente un país es donde las dinámicas de interculturalidad se han dado de una forma particular y un tanto diferente al resto de la región. En ese sentido avanzamos en la conversación con Esther Balboa y esto fue lo que nos contó: ¿Es la interculturalidad un proceso necesario para que los partidos y organizaciones políticas puedan aﬁanzar sus relaciones con la sociedad?

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Esther: Justamente la experiencia en Bolivia a través de la lengua y del idioma, han deﬁnido lo qué es cultura y lo que no es. En el caso de Bolivia, la aculturación de la cultura occidental que se creó después de la independencia, no logró terminar con la vivencia y la relación íntima de los pueblos indígenas de Bolivia con su propia identidad y cultura. En Bolivia nacimos a la vida independiente en 1885, actualmente estamos bajo el poder mundial donde nos llegan distintas versiones de lo que es hacer política, y desde esta perspectiva en política nosotros tenemos una visión distinta. Entre otras cosas, a raíz de mi candidatura a la vicepresidencia de Bolivia con Felipe Quispe, fundamos el movimiento indígena pachacuti en el año 2002 y obtuvimos 12 diputados en el parlamento y comenzamos con la entrada de los pueblos y de las personas con alma y cuerpo en la política.

Esto signiﬁcó para nosotros una ruptura entre lo que se considera política en una comunidad indígena y lo que se considera como política en el contexto de un Estado plurinacional, lo que llevó al cambio de la constitución de Bolivia, estableciendo que es un Estado plurinacional que reconoce 36 pueblos indígenas, situación que no ha pasado con otro país de América Latina. Entonces desde la visión de Bolivia vemos que el partidismo está relacionado con partidos que se crean en áreas rurales y que nacen en las ciudades, de esta relación de los partidos de izquierda y derecha en las ciudades siempre quisieron coartar el pensamiento de los grupos indígenas, y así es como conocemos la interculturalidad en la política. ¿Cuál es la importancia de crear lazos fuertes y diversos entre la ciudadanía y los partidos u organizaciones políticas? ESCUCHA AQUÍ

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Esther: En Bolivia no ha ocurrido el mismo fenómeno post independentista que ha ocurrido en Colombia, Venezuela, Chile o en Argentina, que son países donde los pueblos indígenas fueron casi diezmados, donde casi no existían, y si existían eran en altos lugares como en la selva, y sin accesibilidad a la civilización. En Bolivia, no sucedió esto, nació la independencia con mayoría indígena, y solamente había una minoría aristocrática, proveniente de Europa que tenía en sus manos el poder de la economía, economía que estaba centrada en la minería. En resumen podemos decir, que los partidos necesitaron de los indígenas para hacer política y para fundar sus partidos, y tuvieron que hacer un acercamiento en su propia lengua a tal punto de que hasta el día de hoy utilizan su idioma. ¿Cómo o cuál sería la recomendación que le daría a las personas que nos leen para que puedan utilizar este diálogo intercultural y esto genere o pueda ayudar a partidos políticos a reconocerse con la ciudadanía y a representar a sus ciudadanos independientemente de las maneras diversas en las que se pueda vivir en ellas?

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Esther: Nosotros en Bolivia siempre hablamos de discusión, asumiendo esta palabra de “di” entre dos, es una puesta en la mesa de lo que ambas partes quieren, para nosotros eso es discusión, no es un enfrentamiento. En Bolivia tenemos mucho que discutir y desde esa perspectiva, en el mundo existen lugares donde los seres humanos se han desarrollado con su propia cosmovisión, y a raíz de eso hablamos de cómo vemos la naturaleza. Desde la cosmovisión indígena la vemos como un todo, no existe la diferencia entre un ser humano y un cerro, tanto los cerros como los seres humanos necesitan de ambiente para crecer, cada quien vive y se desarrolla dentro de sus posibilidades y de su naturaleza. Por eso se han instaurado cuestiones políticas muy fuertes, sobre quién está sobre quién, y en ese sentido en Bolivia hay fuertes

discusiones porque ha ocurrido la constitucionalización de este concepto de interculturalidad. Ya que es un elemento clave de la estructura del Estado, y esta es la justicia, en Bolivia la justicia es pluricultural, esto se da por medio del diálogo intercultural, pero en la práctica lleva muchas diﬁcultades. Por ejemplo, a la hora de votar, el voto generalmente es de la mayoría, y bajo la idea indígena, esa mayoría puede estar equivocada y haber elegido un mal camino. La interculturalidad requiere de mucha humanidad y mucha paciencia, requiere de contemplar el tiempo y es realmente nuestro aliado porque a través de él vamos a seguir viviendo como personas sin desvirtuar nuestro ser. Retomando la conversación con Alejandra quisimos explorar algunas estrategias que se pueden incorporar en los espacios en donde el diálogo intercultural debe tomar un rol protagónico.

¿Qué elementos son indispensables para tener procesos efectivos de diálogo intercultural?

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Alejandra:. La visión liberal clásica nos presenta una forma en la cual la ciudadanía puede manifestarse a través de los partidos políticos, a través del escenario del debate público y también en lo que son las movilizaciones de las organizaciones y las ONGs, eso entra en la construcción de espacio de opinión pública. Pero también, apoyándome en la ﬁlosofía posmoderna, es necesario reconocer que el debate de lo público ya no necesariamente debe entenderse como el consenso entre la mayoría; hay cosas que son públicas que deben interesar a la población, no obstante, no por eso tienen el interés de las mayorías. Por ejemplo, lo que sucedió en la pandemia, el resultado de la pandemia es que todos deben vacunarse y resulta que detrás de eso hay un proceso de trabajo cientíﬁco, entonces, ¿hasta qué punto la ciudadanía está preparada e informada para entrar a un debate para decir si es bueno o es malo vacunarse? Esto nos afecta a todos, es una situación pública, pero desafortunadamente no todas las personas van a entrar a la capacidad de debatir.

Las decisiones políticas van a generar un impacto que no será tan evidente, entonces se necesitan nuevos canales de construcción, de gestión y de veeduría de lo público, derrotando así, ese esquema donde únicamente en las urnas es donde se ejerce participación política. Actualmente, existen otros espacios de participación política: como la rendición de cuentas de las instituciones, donde la veeduría empieza a trabajar en conjunto con redes de intereses, y esas redes de intereses construyen grandes preguntas y cuestionamientos sobre cómo dirigir la política pública, donde el mensaje es que se han dado muchas formas de relacionamiento social, y esta forma puede ser llevada a la gestión de lo público para el control y para la construcción de nuevas formas de gestión pública. ¿Cuáles son los riesgos o diﬁcultades que se pueden presentar en esta construcción de diálogo y cómo se pueden resolver?

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Alejandra: Hay varios tipos de riesgos: el primero se centra en que quienes están informados

tomen el control de lo público, y eso se llama tecnocracia; es decir, en este caso quienes tengan el conocimiento cientíﬁco, se atribuyan la total decisión de los intereses públicos, dejando así las necesidades de la mayoría en un segundo plano por falta de información y preparación sobre los efectos que una decisión política puede tener en las sociedades. El segundo riesgo es que el poder central y la cultura del Estado Nación se pueda diluir y esto genere solo islas de interés, donde no haya una fusión en las necesidades de la ciudadanía, sino que cada grupo de personas se interesen por una sola variante. El tercer riesgo, es que aquellos que han generado poderes transnacionales desde lo económico y político puedan hacer una inﬂuencia clara sobre qué temas van a estar en la gestión de lo

público, pero también, existen bondades y esas bondades se centran en que se transforma la manera de hacer política y siempre se está esperando un empoderamiento mucho mayor de las personas, de tal forma que no solo se de la idea de democracia participativa sino también se empieza a construir con más dinamismo una participación ciudadana, que no es una participación homogénea sino que es una participación acorde a los intereses y a las identidades que deben estar en el debate de lo público, y esa participación ciudadana es aquella que se encarga de gestionar del proceso de política pública. Si bien hay riesgos, la manera de combatirlos es por medio de la inclusión de aquellos que no han tenido la participación y la posibilidad de estar en el caso de la gestión pública.

¿Cómo implementar de forma efectiva estas estrategias y consolidaciones de diálogo intercultural? ESCUCHA AQUÍ

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Alejandra: Mi mensaje se centra en cambiar la idea sobre lo qué es la gestión y la construcción de política pública, ya que cuando empezamos a entender los contenidos de la agenda política en todos los niveles: nacional, regional y local, cuando los contenidos de la agenda deben ser coherentes con las necesidades de las persona, ese es el momento exacto en donde las agendas políticas empiezan a verse pluridiversas, cuando se cambia esa idea de los que hacen política tradicional y los que estudiamos la política. De igual manera, hay cambios y prácticas innovadoras; si cambiamos la manera en cómo planteamos las cuestiones por la innovación, ese cambio surgirá, porque son las necesidades sociales las que darán lugar a que se entre o no a determinados diálogos. Para conocer más sobre el episodio 20 de Reinnventando Podcast, te invitamos a que reproduzcas nuestro podcast en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y nuestra página web.

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Manuales y Casos de Estudio

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ARTÍCULO Democracia para unos o democracia para todos Ayrton Nathan Macedonio Lucana, nació en La Paz, Bolivia en el año 1994, fue activista por defensa de los derechos animales, derechos humanos, participó en tertulias y exposiciones públicas sobre temas diversos como la reivindicación de la humanidad con la tierra, hasta el proceso democrático que un país conlleva dependiente de la educación. @ayrtonNML La sociedad ha mermado su ímpetu en la participación activa de la política, hoy solo se ven arrebatos de defensa por la presión y atropello violento del poder estatal hacia la estructura social en el marco de su integridad como jurídica, económica, cultural, ambiental y otros. También vemos como fuente del desmán, el obstáculo de la juventud contestataria, la economía y exclusión del mercado laboral, tantos detalles que en la minuciosidad acaban en la interacción social con consecuencias fatídicas. Una descripción de estas, quedaría pobre para el lector porque la diversidad de necesidades y afectaciones es expansiva, la sensación de impotencia abarcaría el escrito, por ello nos ﬁjamos en las actitudes competentes de esta sociedad sobre el ejercicio democrático de su entorno, más allá del tecnicismo jurídico como formas representativas, participativas por medio del sufragio, en el sentido motu proprio

como organización o agrupaciones ciudadanas. Son los mismos días pero diferentes paradigmas los que se están haciendo interculturalmente estas últimas décadas, unos más prontos que otros pero en el mismo paraguas de necesidades e innovaciones requeridas socialmente, conocidas como la Justicia Social. Es una fenomenología, de la cual preponderan los valores lógicos y fundamentales, la igualdad, el medio ambiente sano, la inclusividad entre otros, de la cual se genera una brecha más fuerte e inquebrantable generacional, por estas interacciones culturales de nuevos paradigmas.

La tecnología coadyuvó de manera inminente esta organización social colaborativa, la difusión de información es crucial para generar debate y educación, es entonces cuando se propone las directrices políticas y participativas que como sociedad urge y que respondemos. En muchas ocasiones de esta se han desencadenado las exigencias de efectivización de garantizar forman cadenas de apoyo alimentario o producción, como los huertos ecológicos. La incidencia inﬂuye sobre las demás personas, claro es que de toda ventaja hay una contra, pero de los patrones lógicos y morales depende el curso de lo que es permisivo o no en esta interacción parasocial. Esto deja a la vez conocer de manera directa los intereses y preocupaciones que existen y tomar las medidas correspondientes a las diferentes instancias de poder gubernamental. Hace no más de una década, se va implementando lo que viene siendo los Gobiernos Abiertos, donde su interacción conecta con estas agrupaciones u organizaciones vecinales o activistas, es efectivo pero solo para el tema urbano, las maneras de convivencia y acceso a las tecnologías en áreas rurales es aún un reto. Pero la ciudad, no está de lado, ya que de esta depende interdependientemente las secuelas a una serie de derechos y libertades afectadas, como la contaminación o consumismo, que afecta la salud y sostenibilidad de un bioma comprendido en sensu lato.

El comportamiento político, se ve en las calles, incluso los desmanes por efecto de la revolución que surge, la igualdad y reconocimiento diverso de género es una naturalidad que antes quedaba en la censura, una participación activa inclusiva e integral es la que se vive hoy. La democracia no es solo un fenómeno de sufragio jurídico donde el constituyente deja el plebiscito representativo, también es el ejercicio sociopolítico, cultural, económico y ambiental del que podemos ser interpretadores de la directrices que requerimos para resguardar nuestra libertad, bienestar y justicia.

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Bancadas del futuro: desafíos a largo plazo

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VOCES DE LA DEMOCRACIA. A 35 años de la publicación de Transiciones desde un Gobierno Autoritario

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Nuevos retos de la Agenda Parlamentaria: Sostenibilidad y Calidad Ambiental

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Nuevos retos de la Agenda Parlamentaria: Sostenibilidad y Calidad Ambiental

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Panorama brasileiro sobre violência política contra as mulheres na política

ARTÍCULO Telmo Fabricio Rios Montalván, abogado ecuatoriano, Magíster en Ciencias Políticas, y quien en la actualidad está desempeñando el cargo de Analista Provincial de Participación Política en la Delegación Provincial Electoral de Loja Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Introducción En la Constitución de la República del Ecuador y en la ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia se garantizan los derechos de participación entre los que se encuentra el derecho de ser elegido, el cual es objeto de estudio en el presente trabajo, es decir en un estado constitucional de derechos y justicia como lo es el Ecuador en donde el Estado tiene como deber fundamental garantizar el ejercicio pleno de los derechos de participación; el contenido esencial del derecho a ser elegido se reﬁere a que toda persona que se encuentre en goce de sus derechos políticos puede presentar su candidatura unipersonal o pluripersonal para autoridad de elección popular en todos los niveles de gobierno, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en la Constitución y en la normativa electoral vigente.

¿Las Organizaciones Políticas garantizan la participación política de la ciudadanía en el Ecuador? ¿Las limitaciones en cuanto a la alternancia en el poder para las dignidades de elección popular han generado una crisis de representación política en el Ecuador? El presente artículo al tratarse de un tema que tiene trascendencia en el ámbito político se pretende realizar un aporte al área de las ciencias políticas, así como también este estudio constituirá una guía actualizada respecto a la participación política a todas las dignidades de elección popular en el Ecuador. Por lo que podríamos indicar que la construcción de la democracia es secuencial y que en deter-

Crisis de los partidos políticos en el Ecuador Como parte de esta discusión se podría decir que los resultados no fueron los esperados en virtud de que los partidos políticos son parte de las instituciones que reciben los mayores índices de rechazo por parte de la ciudadanía ecuatoriana, esto en virtud a los diferentes escándalos de corrupción, promesas de campaña de pseudo políticos que con tal de llegar al poder engañan al electorado. Además se podría indicar que las constantes crisis democráticas que ha vivido el Ecuador a través de su historia, los múltiples casos de corrupción denunciados en el país y las malas decisiones por parte de nuestras autoridades han generado desconfianza en el elector y por ende un rechazo al sistema democrático. Dando como resultado la elección de actores políticos que carecen de conocimientos básicos de las normas que rigen en nuestro país lo cual ha generado una baja representación política en todos los niveles de gobierno y por ende una grave crisis de partidos. El derecho constitucional de los y las ecuatorianos a ser elegidos (participación como candidatos/as a cargos de elección popular) El derecho de los ecuatorianos a ser elegido es un derecho de participación consagrado en la Constitución de la República artículo 61 numeral 1 en donde se establece el contenido fundamental del derecho a ser elegido y se refiere justamente a que toda persona que se encuentre en goce de sus derechos políticos puede presentar su candidatura unipersonal o pluripersonal para autoridad de elección popular en todos los niveles de gobierno, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos en la Constitución y en la normativa electoral vigente. Sin embargo, para que un ciudadano pueda ser candidato necesita el auspicio de una Organización Política lo cual lo motivaría a ser parte de un partido o movimiento político. Desde otro punto de vista los problemas fundamentales de las Organizaciones políticas en el país es que solo se activan en periodo electoral lo cual debilita la máquina política y además es aún más grave que los que ostentan su representación legal desconocen que así como tienen derechos tienen y obligaciones que cumplir. Las organizaciones políticas no tienen una adecuada formación política, incluso me atrevería a decir que la ideología sólo la utilizan para el discurso, lo cual demuestra que las escuelas de formación política de los partidos y movimientos no están cumpliendo con su deber de capacitar, formar ideológicamente a sus afiliados, adherentes y simpatizantes, no capacitan a sus militantes con la finalidad de formar nuevos perfiles para que participen en los procesos electorales que permita una participación equitativa e inclusiva y no que solo se vea la participación de una sola persona o que se deje entrever que la Organización Política fue creada de forma personalizada es decir como si fuera propiedad de un actor político. Ahora bien, la democracia en nuestro país es de carácter representativa, es decir, se caracteriza por una representación menor de la ciudadanía. Esta representación la encontramos en las organizaciones políticas cuestionadas por su forma de elegir a sus candidatos debido a sus estructuras ortodoxas que buscan el beneficio no colectivo. Estos representantes en el normal quehacer político toman decisiones, en la mayoría de casos sin consultar con sus bases ni con la ciudadanía, formando una estructura piramidal y no incluyente, esto ha sido utilizado por las organizaciones políticas tanto de derecha como de izquierda.

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Francisco Herrero Director residente NDI Colombia

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Edición No. 31 Mayo 2022

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