JÜRGEN HABERMAS
LA SOLIDARIDAD
una salida a la crisis de Europa a Unión Europea (UE) nace a partir de los esfuerzos de elites políticas que contaron con el consentimiento de la población para avanzar en el proceso de unificación. Sin embargo, fue un consentimiento más bien pasivo, que se mantuvo indiferente en tanto el proyecto era percibido como favorable a sus intereses económicos. Así, la UE se legitimó ante los ojos de los ciudadanos más por sus resultados concretos que por el hecho de haber cumplido una voluntad política determinada, lo que se explica no sólo por la historia de sus comienzos sino también por la forma legal que fue adquiriendo. El Banco Central Europeo, la Comisión Europea (integrada por representantes de los 28 Estados miembros) y el Tribunal de Justicia han intervenido muy profundamente en la vida cotidiana de los ciudadanos de la región a lo largo de las décadas, pese a que se trata de instituciones supranacionales que se encuentran poco sujetas a los controles democráticos. Por otra parte, el Consejo Europeo, que asumió enérgicamente la iniciativa durante la crisis financiera, está compuesto por jefes de Gobierno o de Estado de los 28 países; su función, a los ojos de los ciudadanos, es representar sus respectivos intereses nacionales en la distante Bruselas. Se suponía que el Parlamento Europeo, elegido por voto directo de la población en los diferentes países, tenía que constituir un puente entre el ámbito nacional y las decisiones tomadas en Bruselas; ese puente, sin embargo, se encuentra casi desprovisto de tránsito. El resultado es una brecha entre la opinión y la voluntad de los ciudadanos, por una parte, y las políticas efectivamente adoptadas para resolver los problemas más acuciantes, por la otra. Esto también explica por qué las concepciones sobre la UE y las ideas sobre su futuro se han mantenido en general difusas para la población. En efecto, las opiniones informadas y las posturas articuladas son en su mayor parte monopolio de los políticos profesionales, las elites económicas y los académicos con intereses directos en el tema; ni siquiera los intelectuales públicos que generalmente participan en los debates de actualidad han hecho suya la cuestión.1
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Jürgen Habermas es sociólogo y filósofo, integrante de la Escuela de Fráncfort y exponente de la teoría crítica. Sus últimos libros publicados en español son El derecho internacional en la transición hacia un escenario posnacional (Katz, 2008), ¡Ay, Europa! (Trotta, 2009) y La constitución de Europa (Trotta, 2012).
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Angela Merkel (Reuters/Hannibal Hanschke).
En este marco, los ciudadanos coinciden en una actitud euroescéptica, que se ha vuelto más aguda durante la crisis, aunque por razones diferentes y muchas veces opuestas en cada país. Sin embargo, la creciente resistencia a la integración no resulta decisiva para el curso real de la gestión política de la UE, pues esta se encuentra en gran medida desacoplada de los debates a escala nacional. En realidad, la gestión de la crisis está en manos de un grupo de políticos pragmáticos que se mueven según una agenda de avance gradual, pero que carecen de una perspectiva más amplia y abarcadora. Su objetivo es lograr “más Europa” porque quieren evitar la alternativa, mucho más dramática y probablemente costosa, de abandonar el euro. A partir de la hoja de ruta diseñada por las instituciones europeas bajo la idea de desarrollar una “genuina unión económica y monetaria”, que se presentó públicamente en diciembre de 2012, intentaré explicar en las líneas siguientes el
dilema tecnocrático en que es probable que ese proyecto se enrede. Luego desarrollaré los pasos alternativos hacia una democracia supranacional en el núcleo de Europa y los obstáculos que será necesario superar en el camino. El principal es la falta de solidaridad: en la última parte ensayaré una explicación de carácter filosófico de este concepto, difícil pero genuinamente político. La Comisión, el presidente del Consejo y el Banco Central Europeo –conocidos en la jerga de Bruselas como “las instituciones”– no están sujetos a las presiones de legitimación popular debido a su distancia relativa de las esferas públicas nacionales. Fueron ellos quienes presentaron el primer documento que desarrolla una perspectiva de reformas de la UE pensando en el mediano y largo plazo y tratando de superar las reacciones en general dilatorias adoptadas hasta ahora.2 Bajo esta perspectiva de más largo alcance, la atención ya no
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se centra en las causas que han conectado la crisis bancaria global con el círculo vicioso de países europeos sobreendeudados y bancos descapitalizados que se refinancian entre sí: el fundamental y muy demorado “Plan de acción” (conocido como Blueprint) dirige la atención a los problemas estructurales inherentes a la unión monetaria. La unión económica y monetaria de la eurozona, formada durante la década de 1990 de acuerdo con las ideas ordoliberales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fue concebida como pilar de una constitución económica que busca estimular la libre competencia en el mercado a través de las fronteras nacionales, organizada a partir de normas generales obligatorias para todos los Estados miembros. Incluso sin la posibilidad de devaluar las monedas nacionales, que obviamente no está disponible en una unión monetaria, se suponía que las diferencias de competitividad entre los diferentes países se irían igualando. Pero el supuesto de que una competencia sin restricciones bajo reglas justas generaría costos laborales similares y niveles semejantes de prosperidad, lo que evitaría la necesidad de articular decisiones sobre políticas financieras, económicas y sociales conjuntas, se reveló falso. En la medida en que no se han alcanzado las condiciones óptimas para una moneda única, los desequilibrios estructurales entre las diferentes economías nacionales que existían desde el principio se han agudizado. Es más: esos desequilibrios serán aún más graves mientras no se rompa con el principio de que cada gobierno puede adoptar decisiones soberanas dentro de los ámbitos políticos pertinentes sin tomar en consideración a los demás Estados miembros, es decir, exclusivamente a partir de su propia perspectiva nacional. El gobierno alemán, más allá de algunas concesiones, se ha aferrado con tenacidad a este dogma. Por eso resulta positivo que tanto la Comisión como la Presidencia del Consejo se hayan ocupado de la causa real de la crisis apuntando al diseño defectuoso de una unión monetaria que sigue concebida en esencia como una alianza de Estados soberanos (considerados como Herren der Verträge, “amos de los Tratados”). Para solucionar este problema, la reforma propone cumplir, en un proceso de cinco años, tres objetivos esenciales, aunque definidos de manera vaga. En primer lugar, generar una toma conjunta de decisiones políticas sobre “directrices integradas” para coordinar las políticas fiscales, presupuestarias y económicas de los Estados, que vaya más allá del
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEFINITIVA SE PRESENTA COMO UNA PROMESA, COMO UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
simple control del déficit fiscal. Esto, por supuesto, supondría un acuerdo para evitar que la política económica de un Estado miembro genere efectos externos negativos sobre la economía de otro. En segundo lugar, se propone un presupuesto de la UE basado en el derecho a recaudar impuestos a cargo de una administración financiera europea, que estaría destinado a programas de estímulo específicos para cada país. Esto generaría espacio para inversiones públicas selectivas orientadas a combatir los desequilibrios estructurales. En tercer lugar, se apuesta a que los eurobonos y un fondo de amortización de la deuda hagan posible una colectivización parcial de las deudas estatales. Esto aliviaría al Banco Central Europeo de la tarea de evitar la especulación contra los Estados individuales, tarea que viene ejerciendo de manera informal. Estos objetivos sólo podrían alcanzarse si se aceptan los pagos de transferencias transfronterizas, con los correspondientes efectos redistributivos transnacionales. En consecuencia, desde el punto de vista de la legitimación constitucional, la unión monetaria tendría que ampliarse a una unión política real. El informe propone para este propósito al Parlamento Europeo, la única de las instituciones europeas elegida por voto directo de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo la Comisión tiene en cuenta las reservas de los jefes de Estado y el Tratado de Lisboa, que se encuentra vigente como marco jurídico de la UE, y por lo tanto concibe la transferencia de competencias del nivel nacional al nivel europeo de forma gradual y discreta. El objetivo es posponer hasta el final el delicado momento de revisar los tratados. En este sentido, la propuesta prioriza una ampliación de las capacidades de conducción en el corto y mediano plazo por encima de la correspondiente ampliación de la base de legitimación popular. La democratización definitiva se presenta como una promesa, como una luz al final del túnel. La democracia supranacional sigue siendo la meta declarada a largo plazo. Pero posponer la democracia es peligroso. El riesgo inmediato es que el proceso de unificación gradual –planeado para el pueblo, pero no por el pueblo– se paralice antes de que se alcance la meta de reequilibrar los poderes ejecutivo y legislativo. El peligro es que la gestión política, desacoplada de la ley votada democráticamente y sin retroalimentación de la esfera política pública movilizada y la sociedad civil, carezca de la fuerza necesaria para contener y redirigir los imperativos del capital hacia canales socialmente compatibles. Una tecnocracia sin raíces democráticas no tendría la motivación para otorgar peso suficiente a los reclamos del electorado por una distribución justa del ingreso y los servicios públicos, cuando estos entren en conflicto con las exigencias
sistémicas de la competitividad y el crecimiento económico.3 Como sucede hoy, las autoridades harán más y más concesiones al modelo neoliberal. En resumen: Europa está atrapada en el dilema entre, por un lado, las políticas económicas necesarias para preservar el euro y, por otro, los pasos políticos hacia una mayor integración, que son impopulares y despiertan una resistencia espontánea en los ciudadanos. La propuesta elaborada por las instituciones europeas intenta salvar de manera tecnocrática esta brecha entre lo que es económicamente necesario y lo que parece ser políticamente posible, sólo que al margen de las personas. Este enfoque encierra el peligro de ensanchar el abismo entre la consolidación de las competencias reguladoras y la necesidad de legitimar el aumento de estos poderes de manera democrática. Bajo la fuerza de esta dinámica tecnocrática, la UE se acercaría al dudoso ideal de una democracia que quedaría aún más impotentemente expuesta a los imperativos de los mercados. La capacidad de conducción, clave para cualquier unión monetaria, debería descansar en una comunidad política obviamente supranacional, pero también democrática. ¿Cuál es la alternativa a una mayor integración basada en el actual modelo de federalismo ejecutivo? Consideremos, en primer lugar, las decisiones innovadoras que habría que tomar al comienzo de la ruta que conduce a una verdadera democracia supranacional en Europa. Lo que se necesita primero es profundizar la unión monetaria en una unión política (que permanezca abierta, por supuesto, a la adhesión de otros Estados que son miembros de la UE pero no de la eurozona, en particular Polonia). Esta opción equivaldría a algo más que la transferencia de derechos soberanos particulares. Con el establecimiento de un gobierno económico común, se atravesaría el límite de la visión clásica de la soberanía. Tendría que abandonarse la idea de que los Estados nacionales son los “sujetos soberanos de los tratados”. Por otra parte, el paso a la democracia supranacional no tiene por qué ser concebido como una transición hacia unos “Estados Unidos de Europa”. “Confederación” versus “Estado federal” es una alternativa falsa y un legado específico de la discusión constitucional alemana del siglo XIX.4 Los Estados nacionales podrían preservar su integridad reteniendo sus funciones de administración y de custodia última de las libertades civiles.5 Desde el punto de vista de las instituciones, el destronamiento del Consejo Europeo (integrado por los 28 jefes de Gobierno) significaría pasar del intergubernamentalismo al método comunitario. Mientras el Consejo y el Parlamento no participen en pie de igualdad en la toma de decisiones legislativas, la UE
mantendrá un déficit de legitimación democrática similar al de otros procesos de unificación fundados en tratados entre los Estados. En la visión de los ciudadanos de un determinado país, su destino político hoy es definido por gobiernos extranjeros que representan los intereses de otras naciones, y no por un gobierno europeo que sólo se encuentra comprometido por su propio voto democrático. Este déficit en la rendición de cuentas se agudiza aún más por el hecho de que las negociaciones del Consejo Europeo se llevan a cabo fuera de la vista del público. El método comunitario es preferible no sólo por razones normativas; también es más eficiente, ya que contribuye a superar los particularismos nacionales. En el Consejo, representantes que están obligados a defender intereses nacionales deben negociar compromisos difíciles con sus pares. Por el contrario, los diputados del Parlamento Europeo se agrupan en bancadas integradas no según su pertenencia nacional sino de acuerdo con sus afiliaciones partidarias: el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialdemócrata Alemán, los
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Noviembre en la
Universidad Nacional de San Martín Uwe Timm
El escritor alemán dará una serie de conferencias a propósito de la traducción al castellano de su obra Del principio y el fin. Sobre la legibilidad del mundo (UNSAM Edita).
Dagmar Timm Ploetz
La traductora argentina participará de un taller sobre los problemas que presenta la traducción al alemán de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Actividades del 16 al 20 de noviembre Públicas y gratuitas
Para más información: www.unsam.edu.ar
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LA SOLIDARIDAD ES UN ACTO POLÍTICO Y NO UNA SIMPLE FORMA DE ALTRUISMO MORAL
laboristas ingleses, por ejemplo, forman parte de un mismo bloque. En la medida en que está tomando forma un sistema europeo de partidos, las decisiones políticas del Parlamento ya se definen en función de intereses que trascienden las fronteras nacionales. Esto es fundamental para transformar la unión monetaria en una unión política que no caiga en la trampa de la tecnocracia. Pero eso requeriría superar el gran obstáculo institucional de un cambio en la ley fundamental. El problema aquí es que el primer paso, es decir, la convocatoria a una convención que esté autorizada a revisar los tratados, debería venir del Consejo Europeo. Parece difícil que sus miembros, que son los 28 jefes de Gobierno, decidan avanzar en este sentido: la perspectiva de reelección en sus respectivos países los desincentiva a adoptar este tipo de decisiones impopulares (además de que, como es previsible, no tienen especial interés en ceder poder ellos mismos). Pero tampoco podrán ignorar indefinidamente las restricciones económicas que, tarde o temprano, requerirán una mayor integración o al menos una opción entre alternativas dolorosas. Por el momento, sin embargo, Alemania insiste en que primero es necesario que los gobiernos nacionales estabilicen sus presupuestos recortando sus sistemas de seguridad social y los servicios públicos. Junto con un puñado de pequeños “países donantes” (que aportan más de lo que obtienen), Alemania veta la demanda del resto de los miembros que reclaman programas de inversión específicos y la elaboración de alguna fórmula de responsabilidad financiera conjunta que permita bajar las tasas de interés de los bonos de los países afectados por la crisis. El gobierno alemán tiene en sus manos el destino de la UE. Es el único que cuenta con la capacidad de iniciativa para revisar los tratados. Por supuesto, los demás países podrán pedir asistencia económica fundada en motivos de solidaridad sólo si están dispuestos a transferir derechos de soberanía al nivel europeo. De lo contrario, cualquier asistencia basada en la solidaridad violaría el principio democrático por el cual la legislatura que recauda
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los impuestos tiene voz en la forma de asignar esos recursos (y en beneficio de quién se asignan). De este modo, la gran pregunta es no sólo si Alemania está en posición de tomar la iniciativa, sino también si quiere hacerlo. En otras palabras, si existe un interés específicamente alemán que vaya más allá del interés compartido por todos los Estados miembros: por ejemplo, interés en los beneficios económicos de estabilizar la unión monetaria o en preservar la influencia europea en la política internacional (una influencia que está disminuyendo). En este sentido, el hecho de que los grandes objetivos del proceso de unificación aún no se hayan definido abre la oportunidad de ampliar la discusión pública, que hasta ahora se ha limitado a las cuestiones económicas. La percepción de un cambio en el poder político mundial de Occidente a Oriente y la comprensión de que la relación con Estados Unidos se está modificando, por ejemplo, echaron una luz diferente sobre las ventajas sinérgicas de la UE: sólo uniendo sus fuerzas los pueblos de Europa podrán ejercer alguna influencia sobre la agenda internacional y la solución de los problemas globales en el siglo XXI. Tras la conmoción de la derrota de 1945 y la catástrofe moral del Holocausto, el prudente objetivo de recuperar la reputación internacional destruida por acciones propias volvió imperativo para la República Federal de Alemania la conformación de una alianza con Francia y la búsqueda de la unificación europea. Al mismo tiempo, la protección hegemónica de Estados Unidos proporcionó un contexto en el que por primera vez la población alemana pudo desarrollar una visión liberal de sí misma. Esta ardua transformación de la mentalidad política, que en el pasado se había mantenido cautiva de tradiciones funestas, no puede darse por garantizada. El éxito de esta política de unificación europea fue una precondición esencial para la solución de un problema histórico de más larga data. Desde la fundación del Imperio Alemán en 1871, Alemania asumió un fatal estatus semihegemónico en Europa; en palabras de Ludwig Dehio, era “demasiado débil para dominar el continente, pero demasiado fuerte para integrarse a él”.6 En el contexto actual, para Alemania resulta crucial evitar el resurgimiento de este dilema, que sólo pudo superarse gracias a la unificación europea. Por ello, la cuestión europea también implica un desafío político nacional para los alemanes. Por razones demográficas y económicas, el liderazgo corresponde hoy a Alemania. Esto no sólo despierta fantasmas históricos; también tienta a elegir un curso nacional unilateral o incluso a sucumbir a las fantasías de poder de una “Europa alemana” en lugar de una “Alemania en Europa”. Los alemanes
deberíamos haber aprendido de las catástrofes de la primera mitad del siglo XX la importancia de evitar el dilema de un estatus semihegemónico que a duras penas puede mantenerse sin caer en conflictos. El gran logro de Helmut Kohl no fue la reunificación alemana y el restablecimiento de la normalidad nacional, sino el hecho de que este feliz acontecimiento se produjo en el marco de una política de integración con Europa. Alemania no sólo tiene interés en desarrollar una política de solidaridad hacia Europa, tiene incluso una obligación normativa. Claus defiende esta tesis con argumentos controvertidos. Hasta ahora, Alemania ha resultado la principal beneficiaria de la moneda única gracias al aumento de sus exportaciones. Debido a estos excedentes de exportación, Alemania contribuye a agravar los desequilibrios económicos de la eurozona y es, por lo tanto, parte del problema. Por último, Alemania se beneficia también de la crisis, ya que el aumento de las tasas de interés de los bonos de los países más afectados se corresponde con una disminución de las tasas alemanas.7 Y sin embargo, incluso si aceptamos estos argumentos, no resulta fácil explicar que las asimetrías entre los diferentes países de Europa, en un contexto de interdependencia económica sin regulación política, deberían llevar a Alemania a actuar de acuerdo con un principio de solidaridad. A eso dedico el comentario final. La pregunta es filosófica: ¿qué significa mostrar solidaridad y cuándo tenemos derecho a apelar a la solidaridad? Con un esfuerzo conceptual, es posible absolver a los llamados a la solidaridad de las acusaciones de estrechez moral o de simple catálogo de buenas intenciones que los “realistas” acostumbran formular; así es posible demostrar, además, que la solidaridad es un acto político y no una simple forma de altruismo moral. La solidaridad pierde esa falsa apariencia apolítica una vez que se aprende a distinguir las obligaciones de mostrar solidaridad de las obligaciones morales y legales. “Solidaridad” no es sinónimo de “justicia”, ya sea en el sentido moral o en el sentido jurídico del término. Decimos que las normas morales y legales son “justas” cuando regulan prácticas que forman parte del interés de todos los afectados. Las normas justas aseguran las mismas libertades para todos. Por supuesto, también hay deberes especiales. Es razonable esperar más ayuda de un familiar, un vecino o un compañero de trabajo que de un extraño. Se trata de deberes especiales que implican ciertas relaciones sociales. Por ejemplo, padres y madres violan su deber de cuidado cuando desatienden la salud de sus hijos. El alcance de estos deberes positivos es a menudo indeterminado y por supuesto varía según el tipo, la frecuencia y la importancia de
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Muerte del euro, obra del artista francés de grafiti Goin en un muro de Atenas, mayo de 2015 (Reuters/Alkis Konstantinidis).
las relaciones sociales correspondientes. Cuando por ejemplo un pariente lejano contacta luego de décadas a su sorprendida prima y la enfrenta al pedido de una gran contribución financiera porque se encuentra en una situación de emergencia, difícilmente pueda apelar a una obligación moral, sino a lo sumo a un lazo de tipo “ético” fundado en las relaciones familiares (en la terminología de Hegel, enraizado en la Sittlichkeit o “vida ética”). Pertenecer a una familia extendida justificará en principio el deber de ayudar, pero sólo en los casos en que la relación efectiva dé lugar a la expectativa de que, por ejemplo, la prima podrá contar a su vez con el apoyo de su pariente en un contexto similar. Es la Sittlichkeit de las relaciones sociales informales la que, en condiciones de reciprocidad esperable, requiere que el individuo “responda” por los otros. Tales obligaciones “éticas”, enraizadas en lazos de una comunidad anteriormente existente –los vínculos familiares son un caso típico–, presentan ciertas características. Operan como el fundamento de demandas exigentes o supererogatorias que van más allá de las obligaciones morales o legales. La demanda de solidaridad es menos exigente que la fuerza categórica de un deber moral, y tampoco coincide con el carácter coercitivo de la ley. Los mandatos morales deben ser obedecidos por respeto a la norma subyacente, sin tener en cuenta su cumplimiento por parte de otras personas, en tanto que la obediencia de la ley está condicionada al poder de sanción del Estado, que asegura su cumplimiento general. En cambio, el cumplimiento de una obligación ética no puede
imponerse ni es categóricamente requerido: depende de las expectativas de favores recíprocos y de la confianza en que esa reciprocidad se mantendrá a lo largo del tiempo. Este comportamiento ético no exigible coincide con el propio interés de mediano y largo plazo. Este es precisamente el aspecto común entre la Sittlichkeit y la solidaridad. La diferencia es que esta última no puede depender de comunidades prepolíticas como la familia, sino sólo de asociaciones políticas o intereses políticos compartidos. La conducta basada en la solidaridad presupone contextos políticos de vida, y por lo tanto contextos que están legalmente organizados y que, en este sentido, son construidos. Esto explica por qué el crédito de confianza que presupone la solidaridad es menos fuerte: porque ese crédito no está asegurado a través de la existencia de una comunidad cuasinatural. Esto le confiere a la solidaridad un tono especial, un carácter ofensivo en el sentido de la presión o incluso de la lucha por el cumplimiento de la promesa de legitimidad inherente a cualquier orden político, que se hace particularmente evidente cuando se requiere solidaridad para avanzar en la modernización económica y social y para ajustar las capacidades desbordadas del esquema político vigente. Esta cualidad ofensiva de la solidaridad, que puede parecer abstracta, se entiende mejor si pasamos de una explicación conceptual ahistórica a su historia concreta. El concepto de solidaridad surgió durante la Revolución Francesa, en un contexto en que los revolucionarios demandaban una reconstrucción redentora de relaciones de apoyo mutuo que eran
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EN CONEXIÓN
Todas las crisis del capitalismo familiares, pero habían sido vaciadas por los procesos más amplios de la modernización.8 Ese es el sentido original del concepto de solidaridad. Mientras que conceptos como “justicia” e “injusticia” fueron foco de controversias ya en las primeras civilizaciones letradas, el de solidaridad es sorprendentemente reciente. Aunque el término puede rastrearse hasta el derecho romano sobre deudas, fue sólo a partir de la Revolución de 1789 cuando comenzó a adquirir poco a poco un significado político, aunque inicialmente bajo el lema de “fraternidad”. La fraternité como grito de batalla es producto de la generalización humanista de un patrón específico de pensamiento engendrado por todas las grandes religiones mundiales; concretamente, la intuición de que la comunidad local propia es parte de una comunidad universal de todos los fieles creyentes. Este es el trasfondo de la “fraternidad” como concepto clave de la religión secularizada de la humanidad, concepto que fue radicalizado y fusionado con el de solidaridad durante la primera mitad del siglo XIX por el socialismo temprano y las enseñanzas sociales católicas. Incluso Heinrich Heine utilizaba todavía los conceptos de “fraternidad” y “solidaridad” más o menos como sinónimos.9 El legado de la ética judeocristiana de la fraternidad se fusionó, en el concepto de solidaridad, con el republicanismo de origen romano. La orientación hacia la salvación o la emancipación quedó amalgamada con la orientación hacia la libertad jurídica y política.10 Hacia la mitad del siglo XIX, la profundización de la diferenciación funcional de la sociedad generó fuertes interdependencias a espaldas de un mundo cotidiano paternalista, en buena medida todavía corporativo y estratificado. Bajo la presión de estas dependencias recíprocas, las formas más antiguas de integración social colapsaron y llevaron a la aparición de nuevos antagonismos de clase, que sólo fue posible contener en el marco de las formas extendidas de integración política del Estado nación. Las apelaciones a la “solidaridad” tuvieron su origen histórico en la dinámica de las nuevas luchas de clases. Las organizaciones del movimiento obrero reaccionaron a la oportunidad que ofrecía el hecho de que las restricciones sistémicas, principalmente económicas, habían aventajado a las viejas relaciones de solidaridad. Se suponía que los obreros socialmente desarraigados, los trabajadores, los empleados y los jornaleros formarían una alianza más allá de las relaciones de competencia generadas por el mercado laboral. La oposición entre las clases sociales del capitalismo industrial se institucionalizó finalmente en el marco de Estados nacionales democráticos. Estos Estados europeos asumieron su forma actual de Estados de bienestar
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sólo después de las catástrofes de las dos guerras mundiales. Y hoy, en un contexto de globalización económica, se encuentran expuestos a la presión explosiva de las interdependencias económicas, que traspasan tácitamente las fronteras nacionales. Las tensiones sistémicas rompen de nuevo las relaciones de solidaridad vigentes y nos obligan a reconstruir las cuestionadas formas de integración política del Estado nación. Estas tensiones sistémicas de un capitalismo impulsado por mercados financieros sin restricciones se transforman en tensiones entre los Estados europeos. Para preservar la unión monetaria ya no es suficiente, teniendo en cuenta los desequilibrios estructurales entre las economías nacionales, ofrecer préstamos a los países sobreendeudados para que cada uno mejore su competitividad mediante sus propios esfuerzos. Lo que se requiere es solidaridad: un esfuerzo cooperativo desde una perspectiva política compartida para promover el crecimiento y la competitividad de Europa en su conjunto. Este esfuerzo exige que Alemania y otros países acepten efectos redistributivos negativos a corto y mediano plazo en su propio interés de largo plazo, un clásico ejemplo de lo que, según el análisis conceptual presentado, llamamos solidaridad. n 1. Justine Lacroix y Kalypso Nicolaïdes, European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts, Oxford University Press, 2010. 2. “A Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union: Launching a European Debate”, COM/2012/777/FINAL/2, citado en adelante como “Plan de acción”. 3. Véanse los trabajos pertinentes de Wolfgang Streeck, el más reciente: Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp, 2013, y mi reseña en Blätter für deutsche und international Politik N° 5, 2013. 4. Stefan Oeter, “Föderalismus und Demokratie”, en Armin von Bogdandy y Jürgen Bast (eds.), Europäisches Verfassungsrecht, Springer, 2009, pp. 73-120. 5. J. Habermas, The Crisis of the European Union, Polity, 2012. 6. Para un análisis interesante, aunque todavía coloreado por una perspectiva histórica nacional, véase Andreas Rödder, “Dilema und Strategie”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 de enero de 2013, p. 7. 7. Claus , “Europa in der Falle”, Blätter für deutsche und internationale Politik N° 1, 2013, pp. 67-80, citado en p. 76. 8. Karl H. Metz, “Solidarität und Geschichte”, en Kurt Bayertz (ed.), Solidarität, pp. 172-194; para un tratamiento crítico, véase Andreas Wildt, ibíd., p. 202 y ss. 9. Véanse las entradas en el índice temático de la edición de las obras de Heine por Klaus Briegleb, Carl Hanser, 1976, vol. 6, II, p. 818. 10. Hauke Brunkhorst, Solidarität: Von der Bürgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft, Suhrkamp, 2002.
Este artículo se origina en una conferencia pronunciada en la Universidad de Lovaina la Vieja, Bélgica, el 26 de abril de 2013, y se publicó en inglés en Social Europe, 7 de mayo de 2013, con el título “Democracy, Solidarity, and the European Crisis”.
Traducción: M. C. Patricia Morales
S
23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo de Ha-Joon Chang, trad. de Jofre Homedes Beutnagel, Debate, 2011, 320 págs.
¡Acabemos ya con esta crisis! de Paul Krugman, trad. de Cecilia Belza y Gonzalo García, Crítica, 2012, 264 págs.
El precio de la desigualdad de Joseph E. Stiglitz trad. de Alejandro Pradera, Taurus, 2012, 504 págs.
Nueva historia de las grandes crisis financieras de Carlos Marichal Salinas, Debate, 2010, 424 págs.
i los espíritus de John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Hyman Minsky, Nikolái Kondratieff o John Kenneth Galbraith, para mencionar algunos célebres economistas del siglo pasado que estudiaron las grandes crisis del capitalismo –en especial, la crisis de 1930– descendieran de nuevo a la tierra, se encontrarían hoy con una abundante bibliografía que, de una u otra forma, incorporó muchas de sus tesis –por cierto distintas, aunque con el signo de lo que hoy llamaríamos “heterodoxia”– para explicar la crisis mundial actual. En 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, siguiendo una línea de desmitificación de los conceptos y la historia, el economista coreano residente en Estados Unidos Ha-Joon Chang nos dice con un lenguaje sencillo y toques de humor, por ejemplo, que “enriquecer a los ricos no nos enriquece a los demás” y que “no somos bastante inteligentes como para dejar que todo dependa del mercado”. Su principal aporte es la destrucción del mito del libre comercio y la afirmación de que la globalización basada en el predominio de las finanzas es un factor determinante de la crisis actual. El Premio Nobel Paul Krugman advierte permanentemente, en sus columnas de The New York Times y en sus numerosos libros, los errores del camino emprendido por las políticas económicas dominantes para revertir esta situación, que según él se ha convertido en una nueva Gran Depresión. En uno de sus últimos trabajos, ¡Acabemos ya con esta crisis!, coincide con Keynes en que “el auge y no la depresión es la hora de la austeridad” y aboga por la adopción de políticas expansivas y de creación de empleos. En un libro de gran repercusión, El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica, 2014), el francés Thomas Piketty no retoma las ideas de Marx, pero demuestra que el capitalismo actual está basado esencialmente en profundas desigualdades sociales, provocadas no sólo por las inmensas diferencias en los ingresos que reciben capitalistas y trabajadores, sino también por un capital patrimonial que viene del pasado y las incrementa. Otro Premio Nobel, Joseph Stiglitz, llega a conclusiones parecidas, aunque con argumentos diferentes, en El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. En América Latina se publicaron también textos sobre la crisis mundial, que demuestran la aguda percepción que existe aquí como consecuencia, entre otras cosas, de las frecuentes crisis experimentadas en la región. De ellos, se pueden mencionar el del mexicano Carlos Marichal Salinas, Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008, y el que publiqué en coautoría con Noemí Brenta, Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo (Le Monde diplomatique-Capital Intelectual, 2010). En ambos se realiza un análisis histórico-comparativo, pero mientras que Marichal considera que las crisis son ante todo financieras, Las grandes crisis... habla además de crisis de sobreproducción: en suma, las sucesivas crisis de la economía mundial no fueron hechos aislados, y la última no es otra cosa que un nuevo momento dramático en la historia del capitalismo. Mario Rapoport
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