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Las mujeres trabajadoras del campo mexicano // María Magdalena Rovalo Merino

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Editorial

Editorial

Este ensayo contribuye a la inquietud de conocer si las mujeres que trabajan en el campo mexicano, en tareas agrícolas no domésticas, considerando agricultura cualquier producción vegetal, o actividad relacionada, ya sea en siembras, cosechas, plantaciones de árboles, producción forestal u hortícola en viveros, están viviendo una situación de equidad en cuanto a los ingresos económicos que perciben por sus jornadas, la cantidad de horas trabajadas, la igualdad con sus parejas en referencia a la provisión de bienes domésticos, la relación de su trabajo con sus tareas reproductivas y el cuidado de sus hijos y familiares. Se mencionan los esfuerzos gubernamentales en búsqueda de una mejor calidad de vida de las mujeres rurales y se esboza también la creciente feminización de las tareas del campo debido a la migración de los hombres adultos a los Estados Unidos de Norteamérica buscando otras oportunidades de ingresos.

Considero importante iniciar con el estado del empleo de las mujeres rurales en América Latina, para contar con un marco de referencia que nos permita abordar la situación de la mujer rural mexicana. En 2012, Valenzuela, Reinecke y Scaglione, de la Organización Internacional del Trabajo, ofrecen interesantes aportaciones al tema del empleo de las mujeres rurales en América Latina. En el área rural se concentra alrededor de la cuarta parte de la población trabajadora de América Latina. Sin embargo, este es un contexto poco reconocido. Muchos estudios y estadísticas sobre los mercados de trabajo se centran en las economías urbanas, siendo que estas funcionan en forma muy distinta. Es escasa la información sobre la forma como los patrones de género inciden en el empleo rural de las mujeres, el cual es diverso en cuanto al tipo y a las posiciones que ocupan en la organización del trabajo. Sin embargo, la mayoría de ellas trabaja bajo el común denominador de la desprotección.

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Si bien en forma tradicional las mujeres participan en la tarea de proveedoras de alimentos mediante huertos o cultivos familiares para autoconsumo, que no son remunerados, y a esto se añaden las tareas de reproducción, estas actividades, que son trabajo, no participan en las estadísticas cuando se trata de conocer la fuerza laboral de las mujeres en el campo.

Campesina ambientalista de Petatlán, Guerrero.

Sin embargo, en los últimos años, en el marco de la integración del agro a la economía mundial, se ha incorporado un número creciente de mujeres al trabajo agrícola asalariado. En este escenario de globalización, se han abierto puestos de trabajo que han permitido a mayor cantidad de mujeres tener por vez primera ingresos propios. Desgraciadamente, estos empleos o son temporales, o de baja calidad, y por ende de escasa remuneración, lo cual redunda en los altos niveles de pobreza que aún se observan en las y los trabajadores agrícolas en América Latina.

¿Quiénes son las trabajadoras rurales? La mayoría de las mujeres ocupadas en la agricultura son adultas, aunque se encuentran niñas menores de 15 años, así como mayores de 60 años. Los bajos niveles educacionales y el analfabetismo limitan la participación de las mujeres rurales en actividades de capacitación técnica, así como la adopción de nuevas tecnologías que les permitan mejorar las condiciones de trabajo.

De conformidad a estadísticas oficiales de México, mencionadas por Acosta (2008), se caracterizan como rurales aquellas localidades o centros de población cuyos habitantes no son más de 2,500 y que componen el 23 % en México.

Acosta (2008), señala que existen cambios estructurales que son comunes en la agricultura latinoamericana, y que operan en contra de la inclusión laboral equitativa de las mujeres en las zonas rurales. En México, difícilmente estas ocupaciones resultan en una retribución suficiente para que ellas y sus familias puedan satisfacer adecuadamente sus necesidades más apremiantes.

Un suceso que destaca en la sociedad rural mexicana es la crisis agropecuaria que inicia en la década de los setenta, por disminución de precios e importaciones (Gómez Oliver, 1978). Esta crisis persiste, con las siguientes agravantes. Hacia los ochentas se abandona el proteccionismo nacionalista para abrazar el neoliberalismo. Esta postura es favorable a la globalización, por lo que el Estado mexicano se reforma y adelgaza, recortando los apoyos a la inversión pública y el gasto social.

Simultáneamente, en el campo se imponen con entusiasmo los modelos de agronegocios y agroexportaciones, orientando al productor rural hacia el mercado mundial de bienes agroalimentarios, convirtiéndolo en asalariado, y en ocasiones, en objeto de explotación. (Acosta, 2008).

No obstante, el Gobierno Federal mexicano ha sido por tradición un gran impulsor de apoyos económicos para las actividades del campo. Sin embargo, la mirada hacia las mujeres es muy reciente. En noviembre de 2016, el Senado de la República aprobó establecer el derecho de las mujeres a contar con una mayor participación en la toma de decisiones en los comisariados de los ejidos y las comunidades. Con una modificación al capítulo 37 de la Ley Agraria, en el año 2016, se plantea que las candidaturas a puestos de elección que integran los comisariados ejidales y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de 60 por ciento de candidatos de un mismo género, para que las mujeres puedan aspirar a cualquiera de los puestos.

Aumento de presencia femenina en actividades agropecuarias.

Es relevante mencionar que el Gobierno Federal de México ha impulsado convocatorias para apoyos a proyectos productivos de las mujeres rurales. Estas acciones provienen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa 1 ), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ésta última a través de la Comisión Nacional Forestal, que anualmente publica en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, mencionando a continuación algunos extractos del Programa para 2018. (Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2017). Entre sus considerandos menciona:

Que en nuestro país el 60 % de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres 2 . A ello se añade que los derechos de jure, es decir legales, reconocen generalmente a los hombres derechos de tenencia y propiedad de los recursos naturales y productivos. Como resultado, solamente el 23 % de las personas que ocupan espacios de toma de decisiones en los núcleos agrarios, son mujeres 3 que han tenido acceso a la tierra a través de cesión de derechos o herencia familiar. Sin embargo, esto no siempre se traduce en una participación directa y efectiva de las mujeres en los órganos de toma de decisiones. Si bien es cierto que en los últimos años ha aumentado el número de mujeres ejidatarias o comuneras, éste dista mucho de ser equitativo y tampoco es garantía de una participación real.

Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dentro de sus disposiciones generales establece que la transversalidad es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe en las instituciones públicas y privadas; asimismo, dentro de las responsabilidades del gobierno federal se encuentra la de garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas; en este contexto, la política nacional debe asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres (...)

Artículo 10. Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otro factor que implique discriminación a las personas solicitantes que cumplan con los requisitos señalados en las presentes Reglas. La Conafor deberá procurar que todos los grupos sociales y géneros tengan acceso equitativo a los apoyos aquí incluidos, para lo cual se establecerán mecanismos de promoción, distribución, operación y administración de recursos, con base en criterios de equidad social. (...) Los criterios generales de prelación y la tabla de puntuación que se utilizará en este proceso de ordenamiento de solicitudes de apoyo son los siguientes:

Tipo de Criterio Criterios generales de prelación, puntaje:

• P-PREDIAL aprobado y vigente para núcleos agrarios. 5

• Ejidos y Comunidades que no han recibido apoyos de la Conafor en los últimos 5 años. 3

• Núcleo agrario de población o con población indígena. 4

• La persona física solicitante del apoyo es mujer, o bien, la persona moral o el grupo participativo de interés común que solicita apoyos integran en su órgano de representación a mujeres. 4

• La persona física solicitante es joven o la persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de representación. Se considera joven a la persona que se encuentra en un rango de edad entre 18 y 25 años. 4

• Solicitud ubicada en municipio de la Cruzada contra el Hambre. 7

Llama la atención que hasta 2017 se incluya la palabra mujeres en los considerandos, ya que en la revisión de los programas de operación de la Comisión Nacional Forestal anteriores a 2017, si bien la mujer está considerada en los criterios de prelación, su situación particular de pobreza, así como la mención de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres no están presentes en los considerandos, y sí, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en donde se señalan los objetivos transversales para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad), que consideran la necesidad de realizar acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres rurales en proyectos productivos de alimentos básicos; impulsar proyectos productivos, turísticos y de conservación del medio ambiente, especialmente para las mujeres indígenas y del sector rural; impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos diseñados por mujeres.

A pesar de estos grandes esfuerzos oficiales, la realidad en el campo mexicano es otra. De acuerdo al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (Ciudad de México), en el artículo escrito por Christian Mendoza (2016) menciona que muchas mujeres que trabajan en el campo laboran más de 9 a 10 horas todos los días, como jornaleras. Así, de corrido, sin salir a comer. No tienen sueldo fijo y trabajan a destajo.

Para la FAO (Food and Agriculture Organization, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), las mujeres rurales son desiguales e invisibles. En el campo, el alto costo de los productos básicos es un tema que empobrece. Las familias rurales recurren al uso de la leña para cocinar o calentarse, siendo las mujeres quienes hacen esta recolección, al igual que la del agua, contaminada las más de las veces. Este trabajo se suma al que realizan remunerado, cuando lo tienen, y si estas actividades adicionales fueran pagadas junto con su trabajo doméstico, estarían aportando más de cincuenta mil pesos anuales a sus hogares.

Mujeres con actividades en el campo sin dejar de lado la crianza.

Podemos concluir que en México, a pesar de los programas oficiales de apoyo, no se logra un empoderamiento de las mujeres en el campo. Lo que se observa es la feminización de la pobreza en el ámbito rural, donde aproximadamente un 20 % de los hogares tienen jefatura femenina, y que el 32 % de las mujeres rurales no tiene ingresos propios (Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C.).

Un viso de esperanza pudo verse en la 35 Conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe, desarrollada en Jamaica en marzo de 2018. México destacó la preservación de la biodiversidad, la relación entre migración y seguridad

alimentaria y la resiliencia al cambio climático. Aunque México se ha convertido en un gran exportador de alimentos, siguen existiendo serios retos de desarrollo rural en varios estados, en donde la pobreza extrema —de mujeres y hombres— sigue requiriendo de un gran apoyo. Y no debe olvidarse la lenta incorporación de las mujeres a las decisiones y presupuestos del campo.

Notas

1 En este año se cambió el nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

2 www.gob.mx/ inmujeres

3 www.gob.mx/ sedatuBibliografía

Bibliografía

Acosta, I. (2008) Mujeres trabajadoras en el medio rural. Una aproximación a la agricultura mexicana. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Febrero 2008 en http://www.eumed.net/ cccss/2008a/ilar.htm

Comisión Nacional Forestal. (2017). Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2017.

Gómez, L. (1978). Crisis agrícola, crisis de los campesinos. Comercio Exterior. Vol. 28. Núm. 6. Junio de 1978. pp. 714-727.

Mendoza, C. (2016). Mujeres rurales en la eterna crisis del campo mexicano. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (Ciudad de México). Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/blogueros-de-generando/2016/11/18/mujeres-rurales-la-eterna-crisis-del-campo-mexicano/

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. México. Valenzuela, M., Reinecke, G., y Scaglione, G. (2012). El empleo de las mujeres rurales en América Latina. Panorama Laboral 2012, Organización Internacional del Trabajo. pp. 52-58.

Índice de ilustración

Pág. 8 Martínez, Neri (Mayo 2016) Fotografía tomada de: https://www.mugsnoticias.com.mx/

Pág. 9 Pimentel Balderas, Guillermo (Junio 2017) Fotografía tomada de: https://sitquije.com/ medio- ambiente/campo/justicia-agraria-mexico

Pág. 10 Tierra Fértil Multimedia Agropecuaria (Agosto 2015) Fotografía tomada de: http:// tierrafertil.com.mx/cada-vez-hay-mas-mujeres-en-el-campo-de-mexico/

Pág. 11 FAO México (Marzo 2019) Fotografía tomada de: https://twitter.com/FAOMexico

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