Gobiernos truncos en Nuevo León por Abel Moreno Lopéz

Hace algunas semanas el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, anunció que en vía de buscar la candidatura a la Presidencia de la República, se separaría del cargo en el mes de mayo próximo.

Sin ser un anuncio oficial, la declaración del titular del Ejecutivo, ha generado las más diversas hipótesis sobre el procedimiento de sustitución y sobre los posibles agraciados en el proceso sucesorio.

En este espacio no abonaremos más hipótesis sobre el tema, sólo recomendaremos leer la casi centenaria Constitución para ver lo que señala al respecto.

Lo que si ocupa nuestra atención es que de darse esa separación estaríamos ante un fenómeno de gobierno trunco, pues el gobernador electo constitucionalmente dejará de cumplir la responsabilidad que le fue otorgada por los ciudadanos en las urnas.

Esta circunstancia se repite una vez más en Nuevo León. He aquí un recuento de los gobiernos truncos que se han presentado durante la vigencia del actual sistema político estatal, es decir, a partir de 1929.

El primer caso que se registra data de 1933, cuando el gobernador constitucional, ingeniero Francisco A. Cárdenas, renuncia a su cargo, lo que obliga a que el Congreso, en uso de sus facultades, designe a un gobernador sustituto, que fue el joven abogado Pablo H. Quiroga.

El ingeniero Cárdenas había sido electo en 1931 postulado por el Partido Nacional Revolucionario, cuya expresión estatal era el Partido Social Democrático de Nuevo León. Su postulación como candidato había sido toda una sorpresa, pues en la clase política local se esperaba que la candidatura recayera en el ingeniero Plutarco Elías Calles Chacón, hijo del expresidente y fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR), general Calles, y cuñado del gobernador en turno, Aarón Sáenz. Sin embargo, cuando todo estaba por resolverse, trasciende que en Sonora se anuncia la candidatura de Rodolfo Elías Calles, hermano del aspirante nuevoleonés, quien mediante un comunicado a la prensa local da a conocer que se retira de la contienda interna penerreísta, lo que permite que Francisco A. Cárdenas se haga de dicha candidatura.

Aunque la declaración pública no lo menciona, se estima que la declinación de Calles Jr. debe haber sido orientada –ordenada– por el Jefe Máximo, para evitar que dos de sus hijos fueran simultáneamente candidatos y virtuales gobernadores en dos entidades diversas.

Cárdenas, desde luego, hizo una campaña intensa para la elección constitucional en la que tuvo como contrincante al general Anacleto Guerrero. En su paso por el gobierno hubo acciones interesantes, entre las que destaca la creación de la Universidad de Nuevo León.

No obstante, la política interior no marchaba bien y el distanciamiento entre el gobernador y la dirigencia real y formal del partido era evidente, y fue a la postre la gota que derramó el vaso. Primero enfrentado con parte del Congreso y luego abiertamente con la dirigencia del partido, todo desembocó en la presentación de la renuncia el 27 de diciembre de 1933.

El escrito presentado decía que esa determinación se había tomado luego de estar a prueba algunos meses “mi resistencia física, debido a mis enfermedades que hacen ya imposible atender como se merecen los negocios de la administración”.

El gobernador Cárdenas se convertiría en el precursor de las renuncias por motivos de salud, que fue lo que argumentó en su escrito a los diputados y que desde luego le fue aceptada el mismo día, designándose como substituto al licenciado Pablo H. Quiroga.

Los años treinta eran una prolongación de la inestabilidad política que Nuevo León había vivido en los años de la década anterior.

En 1935 correspondía renovar la gubernatura y el Congreso. Las fuerzas políticas se habían polarizado. El Partido Nacional Revolucionario ahora sí estaba en condiciones de postular al ingeniero Plutarco Elías Calles Chacón. Su principal contrincante, el Partido Liberal de Nuevo León, que sumaba todas las voces contrarias al PNR, se decidió por postular al general Fortunato Zuazua. En estas elecciones también se registró la candidatura del joven Valentín Campa.

La confrontación electoral Calles-Zuazua resultó muy álgida; por momentos las pasiones parecían desbordarse: ataques y contraataques poblaban las páginas de los periódicos. Finalmente llegó la fecha de la elección y fueron las irregularidades el denominador común. Uno y otro se declararon ganadores y se acusaron mutuamente de los actos violentos y la distorsión de los comicios.

Para ese momento, en lo nacional el conflicto Calles-Cárdenas estaba en marcha, lo que generó que si bien el centro no abandonó abiertamente a Calles Jr. tampoco lo apoyó; esta omisión se volvió ingobernabilidad, pues no había quien tomara decisiones. El Colegio Electoral, en que debería convertirse el Congreso, no se reunió y no hubo quién calificara ni anulara las elecciones. Todo se dejó al tiempo.

Pasó el 16 de septiembre y el Congreso no se reunió. Se acercó el mes de octubre y con éste la necesidad de renovar el cargo de gobernador… Ante la ausencia legal del poder legislativo se optó por recurrir a la Constitución que para estos casos ordenaba que fuera el Tribunal Superior de Justicia –cuyo periodo terminaría el 3 de octubre– el encargado de designar un gobernador provisional, y en su momento convocar a elecciones extraordinarias.

El vacío jurídico fue superado. El 27 de septiembre, en sesión plenaria del Poder Judicial, por unanimidad se designó gobernador provisional al general y profesor Gregorio Morales Sánchez, quien había sido constituyente local y era cercano al cardenismo.

Morales Sánchez convocó a elecciones extraordinarias en las que se elegiría al gobernador constitucional interino al concluir su mandato, y que debería iniciar su periodo el 4 de octubre de 1935.

Las elecciones extraordinarias se dieron en un nuevo contexto de la lucha política en el estado, con el grupo callista envuelto en el conflicto nacional que culminó con la expulsión del país del otrora Jefe Máximo.

Y cuando parecía que las oposiciones esta- ban muy cerca de asumir el poder, repitiendo la candidatura del general Zuazua, el PNR res- pondió con una elección interna abierta –don- de por primera vez votaron las mujeres nuevo- leonesas– de la que resultó candidato el general Anacleto Guerrero, sí, el mismo que había sido opositor del PNR en 1931. Esa elección resultó tan competida como la anterior y finalmente fue declarado nuevo gobernador el general Guerrero quien concluyó el periodo en 1939.

Los periodos iniciados en 1939 y 1943, si bien iniciaron con procesos internos muy competi- dos, fueron completados por sus titulares en el gobierno. El de 1943 fue el primer periodo sexenal.

En 1949 hubo otra elección muy competida, propiamente la primera de gobernador con can- didato del Partido Acción Nacional (José Anto- nio Rodríguez). El Partido Revolucionario Ins- titucional, (PRI), que adoptó este nombre desde enero de 1946, postuló para la gubernatura, tras un discutido proceso interno, a un personaje distinguido pero desarraigado, como lo fue el doctor Ignacio Morones Prieto, quien fue declarado ganador en las elecciones constitucionales tam- bién en medio de protestas.

Morones inicia gobernando bien, con obras y acciones emblemáticas; pero a la mitad de su mandato, es llamado a la escena nacional dejan- do así truncas sus responsabilidades estatales.

Primero, en diciembre de 1952 solicitó licen- cia por un término no mayor de seis meses, con el fin de atender el nombramiento que le hizo el presidente Ruiz Cortines como Secretario de Salubridad y Asistencia… El Congreso, al conceder la licencia, designó como gobernador constitucional interino al señor José S. Vivanco. Meses después, en mayo de 1953, el doctor Mo- rones presenta su renuncia definitiva, la cual le es aceptada, ratificándose el nombramiento del señor Vivanco como gobernador sustituto.

En el texto de su renuncia, luego de aludir y agradecer la licencia que le fue concedida seis meses antes, señala que es “con el sincero deseo de que el Gobierno de Nuevo León pueda programar su labor en lo que resta del periodo”.

Vienen luego dos periodos que transcurren con estabilidad hasta llegar al régimen encabezado por el licenciado Eduardo A. Elizondo Lozano, extesorero del estado y exrector de la Universidad de Nuevo León, quien asumió el gobierno local el 4 de octubre de 1967.

El otorgamiento de la autonomía universitaria en 1969 y sus efectos en cuanto al control y gobierno de la máxima casa de estudios, pues se impedía que el gobernador interviniera en forma directa en el nombramiento del rector y los directores, fue lo que generó los hechos que desembocaron en su dimisión. Tal parecía que con aquel decreto de noviembre de 1969, los universitarios ya no dependerían de la tutela oficial y de la poderosa iniciativa privada regiomontana. Por ello la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad, decretada el 26 de marzo de 1971, tuvo una reacción enérgica de los universitarios generando un gran movimiento de rechazo a la aplicación y efectos de una ley que hacía nugatoria la autonomía universitaria, pues depositaba el gobierno de la institución en una llamada Asamblea Popular de Gobierno Universitario donde las decisiones se tomarían con la participación de sólo seis universitarios (tres maestros y tres alumnos) frente a 31 personajes externos.

Por si fuera poco, la errática decisión de nombrar rector a un militar no hizo sino recrudecer las protestas y las demandas de los universitarios, lo que requirió la intervención del gobierno federal para garantizar que las cosas volvieran a la normalidad, debiendo para ello dar marcha atrás a la ley; esto generó que el gobernador Elizondo presentara su renuncia por no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el Congreso del Estado.

La madrugada del 5 de junio de 1971, el Congreso expidió una nueva Ley Orgánica que abrogaba la que había generado el conflicto; se turnó al gobernador Elizondo para su promulgación y publicación, obteniendo como respuesta la presentación de su renuncia en esa misma fecha.

En su texto de renuncia, el licenciado Elizondo señaló que difería radicalmente de los criterios en que se fundaba el decreto, que estaba en desacuerdo con los preceptos que contenía, que en esas circunstancias aprobarlo sería ir en contra de sus convicciones y que vetarlo implicaba problemas políticos y sociales muy graves, por lo que ante esa situación, consideraba su deber “… retirarme del honroso cargo que ostento y que he procurado desempeñar aplicando a ello todas las fuerzas de mi cuerpo y todas las luces de mi entendimiento”.

Ese mismo día el Congreso aceptó la renuncia y designó como gobernador constitucional sustituto al licenciado Luis M. Farías, que hasta ese día era líder del Senado de la República representando a Nuevo León.

El siguiente caso de un periodo trunco de gobierno se da a mediados de la década de los años noventa.

En 1991 había sido electo e iniciado su mandato de gobernador el licenciado Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García, personaje políticamente cercano al presidente Salinas de Gortari, a cuyo amparo ocupó primero la presidencia municipal de Monterrey y luego la gubernatura.

Rizzo encabezaba una administración que venía realizando una importante obra material, no obstante el avance de las oposiciones, sobre todo por las circunstancias nacionales de 1994 y el rompimiento Salinas-wZedillo. Estas circunstancias generaron que en abril de 1996 tuviera que pedir licencia para seis meses después separarse definitivamente del cargo.

En su escrito solicitando licencia, no menciona con precisión cual fue la motivación de la licencia, mientras que seis meses después, cuando anuncia que no regresará al ejercicio de su cargo, sólo dice estimar “que aún están vigentes las consideraciones que en su momento expresé para separarme” del cargo de gobernador.

Para cubrir la licencia y posteriormente la separación definitiva, el Congreso designó al licenciado Benjamín Clariond Reyes, primero como gobernador interino y posteriormente como gobernador sustituto.

El propio Clariond Reyes sería designado gobernador de transición para cubrir el vacío generado por una reforma constitucional de 1990 respecto a modificar, a partir de 1997, el inicio del periodo gubernamental. Por tanto Benjamín Clariond se convertía en el único caso de haber sido gobernador tres veces consecutivas en menos de dos años.

El último caso de un gobierno trunco en Nuevo León se presentó cerca del final del gobierno del licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond.

Aunque este caso aparentó ser un tema de promoción política, como fue el de la salida del doctor Morones Prieto, hay que recordar que la renuncia de Canales se dio en medio de una crisis política interna en su partido con miras a la sucesión gubernamental.

La renuncia que se comenta fue presentada el 10 de enero de 2003, a 9 meses de la conclusión de su mandato, argumentándose como motivo la invitación presidencial para ir a ocupar la Secretaría de Economía.

Hacía poco más de un mes que había iniciado el periodo de actividad electoral en que se elegiría a su sucesor, y era evidente que había un cúmulo creciente de cuestionamientos a su ejercicio como gobernador, lo que hacía suponer que alejarlo era una estrategia de la campaña panista. El tiempo así lo justificó, el PAN perdió las elecciones y Canales dejó la Secretaría de Economía.

Un breve recuento nos indica que de los seis casos de gobiernos truncos en Nuevo León entre 1929 y lo que va de 2017, cinco han tenido que ver con problemas o situaciones políticas que debían atenderse sin demora, y sólo uno por una real promoción política.

Aunque oficialmente Cárdenas en el 33 argumentó problemas de salud, había chocado con su partido y con el Congreso local; un proceso plagado de irregularidades dejó trunco el periodo que debió iniciar en 1935; Elizondo sucumbió ante un movimiento universitario generado por una Ley orgánica inapropiada; Rizzo fue sacrificado por una crisis interpresidencial y la inevitable debacle que había iniciado su partido desde 1994; Canales por una estrategia partidista para tratar de salvar el proceso de 2003, lo cual no se consiguió.

Morones Prieto, cuyo desarraigo generó un discutido proceso interno y una muy cerrada elección constitucional, salió para integrarse al gabinete presidencial cuando iba a la mitad de su periodo, y apenas iniciaba la administración presidencial ruizcortinista.

En el escenario actual, si bien no hay –todavía– una crisis política, aunque sí un creciente descontento hacia el titular del ejecutivo, se advierte una autopromoción política que para muchos que observan el desempeño del gobierno estatal, puede interpretarse como un fenómeno de aventurerismo electoral.

Aquí queda este recuento de lo que fue, y ojalá sirva de experiencia; aunque como diría Bernard Shaw: “El hombre aprende de la historia, que el hombre No aprende de la historia”. §