ESPECIAL
LA SEGURIDAD JURÍDICA
COMO MOTOR DE LA INVERSIÓN EN EL PAÍS Es un compromiso, por lo demás, que comprende a todas las autoridades, y no solo a las del poder ejecutivo.
U
na decisión o proceso de inversión parte de un análisis previo de variables de muy diversa índole, principalmente económicas, sociales y jurídicas. Por ello, es apenas natural que los cambios en esas variables tengan repercusiones en las decisiones o procesos de inversión. En la medida en que el ordenamiento jurídico de un país o región es estable y, consecuentemente, predecible, fomentará las decisiones de inversión. Hoy, la mayoría de los países compiten para atraer inversionistas, y los mejores resultados los obtienen quienes cuentan con políticas macroeconómicas y ordenamientos jurídicos serios y perdurables. Según el último informe del Doing Business de 2015, Colombia se ubica en el puesto 84, entre 189 economías a la hora de medir la facilidad para iniciar un negocio. Aunque está por debajo de Méjico, que se ubicó en el puesto 67, está mejor que el Perú en el puesto 89 y que el promedio de América Latina de 107. En este contexto, si Colombia desea mejorar de forma sostenible los indicadores sociales y económicos y seguir su posicionamiento entre las grandes economías del mundo, debe asumir la seguridad o estabilidad jurídica como un compromiso ineludible, que comprende a todas las autoridades, y no solo a las del poder ejecutivo. Casos recientes y desafortunados muestran que el país todavía tiene mucho camino por recorrer en seguridad jurídica. Las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con las restricciones a la propiedad de los terrenos baldíos adjudicados por el Estado, tienen en jaque importantísimos proyectos
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REVISTA A
Febrero 2015