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Ni un solo peaje más José David Name
José David Name Senador de la República Partido de la U
NI UN SOLO PEAJE MÁS
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Cuando pensábamos que el tema del nuevo peaje entre Arroyo de Piedra, Luruaco y Molinero, Sabanalarga, ya se había zanjado, volvió a revivir la controversia sobre su instalación. La indignación que ha causado en los atlanticenses el anuncio de la nueva caseta se suma a los reclamos que por años se han realizado en el departamento por el excesivo número de peajes que hay en este territorio.
El rechazo generalizado por parte de la población, los camioneros, las autoridades locales y departamentales, tiene su justificación en la grave afectación que generaría en la dinámica económica del departamento esta instalación. Otro de los reclamos se centra en lo injusto que resulta colocar una nueva caseta a menos de 40 kilómetros del peaje Galapa - Baranoa, hecho que transgrede todo parámetro técnico, al incumplir la distancia mínima requerida.
El reciente anuncio de la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, quien aseguró que el peaje sí será instalado para la ejecución del proyecto, es totalmente opuesto al realizado por el presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, el mes pasado, cuando dijo que la caseta no se instalaría. El tema genera mayores confusiones e inquietudes cuando encontramos que el 7 de julio de 2021, el Ministerio de transporte emitió la Resolución 20213040028355 en la que autoriza el peaje en Arroyo de Piedra.
La falta de claridad por parte del Ministerio de Transporte y la ANI, respecto a esta polémica caseta se ha tornado irrespetuosa para los atlanticenses, quienes se sienten engañados con el tira y afloje que se está dando entre los funcionarios. Las contradicciones que han surgido alrededor de la instalación del nuevo peaje en la vía a la Cordialidad, están exacerbando la paciencia de las comunidades, quienes ya han anunciado protestas y bloqueos en las carreteras. Que las poblaciones directamente afectadas no hayan sido consultadas y no conozcan los detalles de la obra, es un grave error por parte del Gobierno. La escasa socialización del proyecto y la actitud impositiva de algunos funcionarios, está profundizado la negativa de los ciudadanos, quienes con toda razón, sienten que se les está agrediendo. Resulta contradictorio desde todo punto de vista que el desarrollo de la infraestructura vial se haga a costa del deterioro de las condiciones socioeconómicas de los barranquilleros y atlanticenses, en un año como el 2022, que será clave para la recuperación.
Desde la bancada del Atlántico nos unimos al rechazo rotundo de la instalación de esta caseta. En los próximos días estaremos citando a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco y al director de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, a un debate de control político en el Congreso para que aclaren la situación y se busquen alternativas diferentes a seguir afectando el bolsillo de los más pobres.
Los atlanticenses no soportan otra caseta de cobro en su jurisdicción, ya tienen suficiente con ser el departamento con la mayor cantidad de peajes de la Costa Caribe y el tercero en Colombia donde más colombianos entraron en pobreza monetaria, según cifras del DANE. La instalación de un nuevo peaje no solo añadiría una profunda afectación económica, también produciría un gran malestar social en la comunidad, que ya está cansada de tanto abuso.
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Aquel martes 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York quedó devastada a causa de los atentados terroristas contra el corazón financiero de Occidente.
20 AÑOS DEL 9-11
EL DÍA EN QUE EL MUNDO CAMBIÓ
Han pasado dos décadas de los atentados contra el World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, que dejaron un saldo de 3.000 muertos y millares de heridos y que marcaron un antes y un después en la lucha contra el terrorismo transnacional. Y es que a partir del 11 de septiembre de 2001, el planeta cambió sus dinámicas migratorias, aéreas y socioeconómicas y acrecentó el temor entre la población de una posible tercera guerra mundial entre el Medio Oriente y la nación norteamericana.
Los objetivos eran claros por parte de Al Qaeda, ya que no solo buscaba en ese momento atacar los epicentros financiero (World Trade Center) y de Defensa (Pentágono) de los Estados Unidos, sino atentar contra el corazón de la democracia, la Casa Blanca y el Capitolio, para debilitar a la primera potencia mundial.
Antecedentes y consecuencias inmediatas
Previamente, las Torres Gemelas habían sufrido un atentado en 1993. Tanto en ese momento como en septiembre de 2001, los ataques fueron motivados por razones militares, sociopolíticas, religiosas y económicas, derivadas de la explotación petrolera en los territorios de la Península Arábiga y de Irak. También por el apoyo de EE.UU. a Israel, nación que no tiene buenas relaciones con los países islámicos. Cabe destacar que la Guerra del Golfo Pérsico, a principios de la década de los 90, fue el puntapié inicial para detonar el conflicto que aún no finaliza.
Se resaltan también los 20 años de la invasión a Afganistán por parte de las tropas estadounidenses, la cual llegó a su fin en agosto de 2021 con su retiro y posterior regreso del régimen talibán en la
El expresidente de EE.UU., George W. Bush, en la búsqueda humanitaria días después del 9-11.
nación asiática, un conflicto que costó entre 22.000 y 387.000 muertes; 2 billones de dólares y una alteración en el orden mundial que hoy continúa latente y con la percepción de algunos, de que en 20 años los tiempos y las circunstancias poco cambiaron.
Después de los atentados, fue poco el tiempo que se necesitó para encontrar en el radicalismo islámico, en el grupo terrorista Al Qaeda y en su líder y fundador Osama bin Laden la responsabilidad de los sangrientos ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York, debido a que mucho antes estos declararon una guerra abierta contra los Estados Unidos que luego quisieron iniciar. Tras ese reconocimiento, la administración de George W. Bush pidió a Afganistán, bajo poder talibán, entregar a bin Laden (quien después de una intensa persecución, que tomó varios años, fue dado de baja en 2011 en el gobierno de Barack Obama). La operación fue un fracaso, por lo que Estados Unidos, evocando el artículo 53 de Naciones Unidas, la Comunidad Internacional y el Congreso apoyaron la “guerra contra el terror” en Afganistán, la cual significó derrocar el gobierno talibán que daba refugio a Al Qaeda; acabar con la organización terrorista y de alguna manera llegar a poner en práctica el concepto del “national building”, expresión utilizada en ciencias sociales y en política para referirse al proceso de construir o estructurar
una nación forjando una identidad nacional por medio del poder del Estado, los poderes locales y la sociedad civil. Como bien lo manifestó Sandra Borda, politóloga y docente, en el especial de Hora 20 de Caracol Radio, en la conmemoración de la segunda década del atentado del 11 de septiembre: “se perdió la naturaleza de la operación y surgió la necesidad de construir nación y de un estado democrático que es la fórmula en Occidente”.
8:46 am — El vuelo 11 de American Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.
9:03 am — El vuelo 175 de United Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre sur del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.
9:37 am — El vuelo 77 de American Airlines (que viaja desde Dulles, Virginia, a Los Ángeles) golpea el edificio del Pentágono en Washington.
9:59 am — La torre sur del WTC se derrumba en aproximadamente 10 segundos.
10:03 am — El vuelo 93 de United Airlines (que viajaba desde Newark, Nueva Jersey, a San Francisco) se estrella en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.
10:28 am — La torre norte del WTC se derrumba. El tiempo entre el primer ataque y el colapso de ambas torres del World Trade Center es de 102 minutos.
Consecuencias
Desde luego, los ataques generaron reacciones a lo largo y ancho del globo terráqueo, así como el cubrimiento mediático que fue total y extendido por varios días, mientras su impacto económico fue significativo, sobre todo para Estados Unidos. La Reserva Federal redujo temporalmente sus contactos con los bancos por la ausencia del equipo perdido en el distrito financiero de Nueva York. En horas, se recuperó el control sobre el suministro de dinero, con la consecuente liquidez para el sistema bancario. Los índices bursátiles New York Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange y NASDAQ no abrieron el 11 de septiembre y permanecieron cerrados hasta el día 17.
El temor generalizado de la población, no solo norteamericana sino mundial, se tradujo en un descenso abismal en la compra de viajes comerciales, lo que desencadenó una crisis financiera en las aerolíneas nacionales e internacionales.
Actualidad
En la lista de secuelas que tuvo que lidiar Estados Unidos en los años posteriores al 11-S se encuentran la “islamofobia”, la invasión a la privacidad por la vigilancia gubernamental, problemas de salud de los sobrevivientes y batallas legales que se emprendieron para la compensación a las víctimas. En Nueva York, en el lugar de los hechos, se construyó un monumento conocido como National September 11 Memorial & Museum que recuerda a las personas que perecieron ese día. Asimismo se edificó un nuevo complejo compuesto por siete torres, en las cuales se destaca el One World Trade Center que tiene 541 metros de altura, el mayor del Hemisferio Occidental y el séptimo en el mundo.
En la zona del desastre fue creado un monumento para recordar ese fatídico suceso y a sus víctimas.
En medio de la agitación social y de las circunstancias que han surgido como consecuencia de la llegada del covid-19 a las regiones, la Fuerza Pública se prepara para una gran transformación con el fin de armonizar su estructura organizacional, sus funciones y procesos con las necesidades actuales y futuras del país en materia de seguridad y defensa.
La Revista El Congreso Siglo XXI dialogó con el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, sobre las reformas que se impulsarán para acercar a la Policía Nacional con el ciudadano, actualizar el Estatuto Disciplinario Policial y garantizar un mejor servicio en el marco del respeto a los derechos humanos. El funcionario también se refirió a la lucha contra el narcotráfico y al control que ejercen las Fuerzas Militares en las zonas fronterizas. Rechazó que Colombia este regresando a épocas de la violencia que se creían superadas.
¿Qué planes específicos ha puesto en marcha en las regiones?
Hemos desplegado todas las capacidades de la Fuerza Pública contra los Grupos Armados Organizados, los reductos delictivos, las organizaciones narcotraficantes y las bandas delincuenciales grandes o pequeñas. Se ha hecho un trabajo permanente de identificación e individualización de los integrantes de esas organizaciones, lo que ha facilitado su judicialización, captura o neutralización mediante operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales. La lucha contra los Grupos Armados Organizados, el narcotráfico, la minería ilegal, el robo, el secuestro, la extorsión y los homicidios, ha sido una prioridad en el Gobierno del presidente (Iván) Duque. Pero además, con ocasión del Paro Nacional y para garantizar la cadena de abastecimiento, las Fuerzas Militares acompañaron por todo el país 840 caravanas, escoltando 91 mil camiones con 1.7 millones de toneladas de carga y 114 millones de galones de combustible.
¿Cómo operan las Fuerzas Militares en el control de las fronteras para evitar contagios del covid-19?
Hoy tenemos más de 30 mil integrantes de la Fuerza Pública blindando los pasos fronterizos, controlando los 6.386 kilómetros de frontera y evitando que se ponga en riesgo la seguridad y la salud de las comunidades que habitan en esas regiones. Desde la Armada, Colombia puso más de 30 unidades a flote, con el fin de garantizar la seguridad e integridad en las zonas marítimas y fluviales fronterizas, la Fuerza Aérea viene adelantando misiones de reconocimiento
Diego Molano en compañía de la Cúpula Militar y de Policía habló sobre la desarticulación del GAO Caparros.
y control, mientras que los comandantes regionales y la Policía, con jurisdicción en áreas de frontera, han articulado con los homólogos de los países vecinos con los que existen mecanismo de cooperación, estrategias de control binacionales.
¿Qué responde a quienes afirman que Colombia está regresando a épocas de violencia que ya se creían superadas?
Todo lo contrario. La Fuerza Pública ha fortalecido la presencia en los diferentes centros poblados y rurales con el fin de brindar seguridad a las comunidades. Se han desplegado las capacidades de inteligencia para anticipar posibles acciones criminales. Al mismo tiempo las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía, activaron un plan especial de intervención para combatir el narcotráfico, los homicidios y a los Grupos Armados Organizados. Nuestros soldados y policías vienen adelantando una operación estructural y focalizada para la judicialización y captura de los responsables de homicidios colectivos en diferentes regiones del país.
A principio de este año Colombia tenía cinco símbolos del mal: las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros y los Pelusos. Hoy ya se desarticuló a los Caparros, que tanto daño hacían en Antioquia y vamos tras los otros cuatro símbolos del mal. Pero además, el 2020 cerró con la menor tasa de homicidios por 100 mil habitantes de las últimas dos décadas representada en 24,1 casos por cada 100 mil habitantes. Nuestra decisión con la Fuerza Pública es enfrentar con toda contundencia y con toda la capacidad operacional cualquier forma de crimen que atente contra los derechos de los colombianos.
¿El país puede decirle al mundo que le está ganando la lucha al narcotráfico?
Le respondo con estas cifras: entre enero y junio se han incautado 278.545 kilos de clorhidrato de cocaína, un 33% más que los 209.100 kilos decomisados en el mismo lapso en 2020; la base de coca incautada llega a 38.943 kilos, superando un 22% los 31.816 kilos hallados entre enero y junio del año anterior; y de marihuana se han incautado 289.353 kilos, un 37% más que los 210.256 decomisados entre enero y junio de 2020. El narcotráfico es la mayor amenaza a nuestra seguridad nacional, es la mayor amenaza a la democracia y la libertad de los
colombianos. Es la mayor amenaza para los líderes sociales y para el medio ambiente. La lucha contra el narcotráfico es la premisa fundamental para nuestra Fuerza Pública porque esta amenaza destroza la vida de jóvenes en nuestras ciudades, incrementa la delincuencia, el narcotráfico busca desestabilizar, afecta al campesino, afecta al productor, afecta a los pequeños y medianos empresarios y sobre todo destruye el medio ambiente, por eso el Gobierno del presidente Duque tiene como prioridad fundamental luchar contra el narcotráfico y garantizar que este país para que se sostenga en el futuro luche contra este flagelo y lo erradique por siempre.
¿De qué se trata la modernización que se está haciendo al Ministerio de Defensa?
La modernización del Ministerio de Defensa es quizás uno de los procesos más importantes de los últimos años. Se reformará el Viceministerio de Políticas para tener un Viceministerio de Políticas de Defensa Nacional y Seguridad, el cual trabajará con todas las autoridades administrativas y con el Ministerio del Interior articulando los fines y mecanismos que permitan consolidar de manera efectiva la seguridad ciudadana.
También se habla de un nuevo Observatorio de Derechos Humanos para la Fuerza Pública, ¿De qué se trata?
Efectivamente desde el Ministerio de Defensa estamos impulsando la creación del Observatorio de Derechos Humanos para toda la Fuerza Pública, de modo que todos los procedimientos, formación y estándares, se desarrollen de acuerdo con los organismos internacionales de derechos humanos y se le presente al país cada año un informe sobre derechos humanos y Fuerza Pública. También ese nuevo Observatorio nos va a permitir hacerle seguimiento permanente a los procesos de formación y actuación de nuestra Fuerza Pública.
¿Y en qué va el proceso de modernización de las instituciones de seguridad nacional? Para enfrentar los desafíos y limitaciones de las próximas décadas, es necesaria una Fuerza Pública de excelencia, moderna, con estándares internacionales, capaz de
El Ministro estuvo presente durante la destrucción de una `olla´ de microtráfico en Itaguí, Antioquia. El operativo es parte del Plan 100 Contra el Microtráfico.
enfrentar situaciones tanto internas como externas, transparente, que tenga un absoluto respeto por los derechos humanos, que contribuya con el desarrollo del país, atienda desastres y garantice en todo momento la tranquilidad de los ciudadanos y los recursos naturales. Eso, precisamente, es lo que estamos haciendo. Pero no sólo de las Fuerzas Militares, sino también de la Policía. Radicaremos dos proyectos de Ley que buscan más profesionalización, mejor formación, mayor innovación y fortalecimiento de la disciplina que permitan continuar mejorando el servicio policial así como lograr una mayor proximidad con la ciudadanía. Vamos por una Fuerza pública de excelencia.
Desde el año 2010, el Ministerio de Defensa Nacional viene implementando iniciativas orientadas a la modernización y transformación de las instituciones de defensa y seguridad con el fin de armonizar la estructura organizacional, así como las funciones y los procesos de la entidad con las necesidades actuales y futuras del país en materia de seguridad y defensa.
Estos esfuerzos han sido constantes y permanentes, permitiendo al Gobierno Nacional revisar y proponer reformas institucionales como la señalada por el señor Presidente de la República en los últimos días, como la reforma del Ministerio de Defensa Nacional, consistente en la modernización a costo cero de la estructura orgánica de la Unidad de Gestión General, incluyendo la actualización de las funciones, los procesos y los procedimientos bajo principios de eficiencia, efectividad y transparencia, así como el fortalecimiento de políticas orientadoras de la gestión sectorial, tales como la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional, mediante la formalización del Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad.
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EL SALTO DE LA SUPERVIGILANCIA HACIA LO DIGITAL
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Orlando Clavijo, enfocó el trabajo de la entidad en cinco puntos fundamentales para ser más eficientes y modernos: la lucha frontal contra la corrupción, la implementación del plan de descongestión, la transformación digital de la Superintendencia, el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control y la mejora y optimización en los tiempos de respuesta para los trámites SUIT.
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Orlando Alfonso Clavijo.
En diálogo con la Revista El Congreso Siglo XXI, el funcionario se refirió a la digitalización de la entidad para adaptarse a la nueva realidad derivada de la pandemia, las sanciones a empresas de vigilancia y seguridad privada por irregularidades en la prestación del servicio, la Ley antitrámites y las estrategias que se han puesto en marcha para combatir la ilegalidad en el sector, entre otros temas.
¿Qué políticas están en marcha para alcanzar los objetivos de la visión estratégica 2022?
En la Superintendencia se crearon espacios de diálogo con todos sus grupos de valor para construir estrategias articuladas que les permitan alcanzar metas y objetivos. Es importante destacar que están ampliando el término de la vigencia de las licencias de funcionamiento, atendiendo el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”. Según la Superintendencia, con esta decisión el Gobierno Nacional demuestra confianza y apoyo a la industria de la vigilancia y seguridad privada, generando estabilidad comercial en el sector, que contribuirá al crecimiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Asimismo, el objetivo del Decreto Ley antitrámites es el de eliminar aquellos que fueran innecesarios y simplificar los que generaban desgaste administrativo para las entidades públicas y sus usuarios. Debido a esto, están llevando a cabo la Transformación Digital, logrando que el sitio web de la Supervigilancia quedara como uno de los mejores del Gobierno por su alto desempeño según ‘The Information Technology and Innovation Foundation’. A través de la Sede Electrónica, los trámites en línea para los servicios vigilados se han incrementado.
Superintendente Orlando A. Clavijo, gremios del sector y Secretaría de Seguridad en la firma del convenio que fortalecerá la seguridad ciudadana en Bogotá.
¿Cómo se adaptaron a la nueva realidad que generó la pandemia?
En términos de desarrollo tecnológico, contamos con tableros de control desarrollados en la herramienta Microsoft Power BI que transforma datos en información. Estos tableros permiten consultas internas y creación de bancos de datos, así como consultar sobre personal operativo y empresas. Por otra parte, se construyó un VPN (Virtual Personal Network) para el área financiera, es un canal seguro entre los usuarios y los datos financieros que reposan en la entidad.También se ajustó el aplicativo Renova, permitiendo ahora al vigilado consultar en línea los actos administrativos o licencias de funcionamiento de cada uno. Actualmente estamos trabajando en la implementación de un sistema SARLFAT en el cual ya adelantamos la creación de una bodega de datos centralizada y tableros de control para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. A nivel interno, los funcionarios y colaboradores utilizan herramientas o aplicativos para desarrollar sus actividades, son gestores de información interna como la Mesa de ayuda, el aplicativo Esigna, el portal empleado, y la suite visión empresarial.
¿Cuántas empresas han sido sancionadas por irregularidades en 2021?
Durante el año 2021, han sido sancionados por la Delegatura para el Control, cuarenta y cinco servicios vigilados, debido a que se encontraron irregularidades como no reportar la información requerida en los aplicativos dispuestos por la entidad para tal fin, prestar servicios en sucursales o agencias no autorizadas, o con personal no autorizado y no atender los requerimientos de los usuarios o de la entidad, entre otras. Estas sanciones incluyen multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De otra parte, en lo que respecta a la prestación de servicios no autorizados, en lo corrido del presente año se han impuesto cuatro sanciones, en primera instancia, por contratar empresas que no cuentan con licencia de funcionamiento de este ente de control que de acuerdo con el Estatuto de Vigilancia oscilan entre 20 y 40 S.M.LM.V.
¿Qué estrategias promueven para responder a las necesidades del sector?
La entidad ha buscado fortalecer la participación de los grupos de valor y de esta manera incluir dentro de sus metas y objetivos aquellos que respondan a lo manifestado por la ciudadanía en los diferentes canales. Es así como se han implementado mesas de trabajo y conversatorios para conocer de primera mano las necesidades de nuestros vigilados y del sector en general. El fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana tiene por objeto generar un canal de comunicación de doble vía para que pueda haber una respuesta oportuna y contundente ante las diferentes necesidades.
¿En qué consiste el PEIS y que rol ejercen las Academias de Seguridad Privada?
El Proyecto Educativo Institucional en Vigilancia y Seguridad Privada se define como la carta de presentación ante la sociedad, la cual establece los principios y valores tanto morales como académicos, las metas, objetivos, los recursos y acciones para ponerlos en práctica. Por tanto, necesariamente debe responder a situaciones y necesidades de la comunidad y por ende a la región del país en donde se encuentre ubicada la Escuela y/o Departamento de capacitación, atendiendo a las características del mismo. Para la construcción del Proyecto Pedagógico PEIS se deben tener en cuenta los siguientes componentes:
El horizonte institucional: hace relación a los fundamentos de la Institución en donde se especifican su proyección futura, objetivos y valores.
Gestión directiva: hace referencia al horizonte Institucional, la protección y definición de oportunidades, procesos comunicativos e integración de equipos de trabajo, mientras que la Gestión pedagógica corresponde a actividades para el mejoramiento de la Integración Curricular, los Acuerdos Pedagógicos, Áreas, intensidades horarias, sistema de evaluación interna, el uso de los resultados y los recursos pedagógicos existentes.
Gestión administrativa y financiera: en este componente se tienen en cuenta los servicios internos, la biblioteca, los laboratorios, el aula de sistemas etc.
Gestión de la comunidad: formación, acuerdos de convivencia, utilización del tiempo libre, en fin, descubrir los intereses de la población.
¿Cómo se está combatiendo la ilegalidad en el sector?
Como primera medida se debe entender la labor que cumplen los vigilantes en nuestro país, que en primera instancia es la de informar y tener el primer contacto con la Policía Nacional en situaciones anómalas para prevenir cualquier acto delictivo, por lo tanto las empresas de vigilancia y las academias deben velar por formar y tener un personal operativo cada vez mejor preparado y dispuesto para esta importante labor. Desde la SuperVigilancia velamos para que los servicios vigilados cumplan con la normativa exigida vigente para proveer el servicio, generando así confianza y seguridad. En este sentido, el sector de la vigilancia y seguridad privada trabaja articuladamente con la Policía Nacional bajo la supervisión e inspección permanente del Estado, brindando oportunidades para multiplicar la capacidad de prevención del delito y de protección de la población. También, a través de los promotores de red adscritos a las metropolitanas y departamentos de policía se están desarrollando charlas dirigidas a los diferentes servicios vigilados, con el fin de dar a conocer las modalidades delictivas más comunes que se presentan en los lugares de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. Cabe destacar que la oficina de Enlace de la Policía Nacional ante la SuperVigilancia, coordina con las diferentes especialidades de la institución para brindar información puntual y los medios más eficientes para la canalización de los informes aportados por las empresas de vigilancia y seguridad privada, a la red de apoyo en cada región.
Superintendente Orlando Clavijo prorroga más licencias en cumplimiento del Decreto 2108 de 2019.
