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No a la eutanasia María del Rosario Guerra
María del Rosario Guerra Senadora de la República Centro Democrático
NO A LA EUTANASIA
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Nuevamente la Corte Constitucional, usurpando funciones legislativas, se extralimita en sus decisiones, esta vez impulsando una cultura de muerte con la práctica de la eutanasia. No contentos con tomar decisiones favoreciendo el aborto, hecho que transgrede el derecho a la vida del no nacido y la dignidad de la mujer, hoy amplían los casos donde se puede practicar, sin que se penalice, lo que ellos llaman “morir dignamente”. Legalizan matar al enfermo, al que padece una enfermedad terminal o aquel que sufre una enfermedad dolorosa, aunque no sea terminal, sin darle siquiera la oportunidad de paliar y vencer el dolor recibiendo atención médica avanzada y de alta calidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.
Estamos frente a una decisión gravísima. A la Corte no solo se le volvió costumbre legislar, apartándose de la separación de poderes, sino que parece olvidar que la vida es un derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución y que, por ende, es su deber protegerla y garantizarla, no vulnerarla como lo hace en este caso, escudados en lo que llaman “dignidad humana”. Esa complacencia de algunos de los magistrados a favor de la eutanasia se tenga o no una enfermedad ter-
minal, es gravísima porque a través de ella se puede estar legalizando la pena de muerte.
Esta decisión se suma a la reglamentación de la eutanasia anunciada hace apenas unas semanas por el Ministerio de Salud, en respuesta a un fallo de la Corte Constitucional, a través de la resolución 0971 de 2021, en la que se establecen las directrices para realizar libremente esta práctica inhumana, mal llamada “derecho a morir con dignidad”. El documento indica que podrá practicarse cuando exista una enfermedad incurable avanzada; enfermedad terminal o agonía o inexistencia de alternativas razonables de tratamiento; entre otras.
Hoy la Corte Constitucional da la estocada final al transgredir el artículo 106 del Código Penal (homicidio por piedad), dando luz verde a la práctica de la eutanasia cuando haya sufrimiento físico o psíquico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave o incurable, abriendo así la puerta para que quienes no padezcan enfermedades terminales puedan acceder a este procedimiento. Aquí es donde me pregunto: ¿por ser una enfermedad incurable puede pedírsele a un médico que se mate al enfermo?, ¿se agotaron todos los tratamientos médicos posibles?, ¿por qué se le da la espalda a los grandes avances científicos y tecnológicos en el campo de la salud?, ¿por qué se elimina de tajo la posibilidad de acudir a los cuidados paliativos para aliviar el dolor e incluso curar enfermedades? Me preocupa, además, desde el punto de vista ético y moral, que el trasfondo en esta decisión además sea un asunto económico, donde es mucho menor el costo para el sistema de salud promover la eutanasia en esos pacientes que asumir su cuidado y atención, como se debate hoy en los países que la han aprobado.
Aquellos que valoramos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no podemos entender cómo alguien siquiera contempla la posibilidad de provocar el deceso de un ser humano enfermo, bien sea por medio de la eutanasia (asistida por un médico), o lo que se conoce como suicidio asistido, en el que se le dan medicamentos al paciente para que cause su propia muerte, sin pensar además en las consecuencias que ello puede tener a nivel familiar. Una herida que estoy segura no cicatriza jamás.
Siempre lo he dicho, legalizar la eutanasia es la salida fácil para evitar costos y responsabilidades tanto familiares como sociales; dejando de lado valores necesarios como la solidaridad y el cuidado amoroso, así como poder acceder a los mejores servicios disponibles en salud. A este paso se irán destruyendo las barreras legales que protegen y garantizan el derecho a vivir.
Ningún paciente debe sentirse como una carga, por el contrario, debe tener el máximo apoyo y amor de sus seres queridos. No es abandonando al enfermo y sin hacer nada para paliar su dolor o sufrimiento, y mucho menos “ayudándolo” a morir como se respeta su dignidad, porque eso solo nos deshonra como civilización y transgrede el valor sagrado de la vida. Bien lo dijo su Santidad Juan Pablo II: “La eutanasia es un crimen contra la vida humana, incurable no significa in -cuidable”.
Desde el Congreso de la República seguiré diciéndole NO a la eutanasia, pero, además, continuaré impulsando iniciativas como la “Objeción de Conciencia” que busca garantizar que toda persona ejerza el inviolable derecho a oponerse, en determinado momento, a cumplir con un deber jurídico, si hacerlo entra en conflicto con sus más íntimas convicciones y creencias; como, por ejemplo, la práctica de la eutanasia, el aborto o unir a parejas del mismo sexo.
“Minería responsable
y sostenible con el medio ambiente”
UNA INDUSTRIA QUE CRECE EN LA DEFENSA DEL ESTADO
Importadora y Distribuidora de Colombia (Imdicol) lleva 38 años en el mercado comercial de Colombia. El presidente y fundador, Víctor Hugo Fajardo es un emprendedor nacido en Bogotá que en 1983 fundó en el parque de Los Mártires una de las compañías más importantes en la producción, comercialización, distribución y representación de elementos para el sector defensa. Bajo los valores de la honestidad, humildad, trabajo en equipo, calidad y espíritu de superación y emprendimiento, así como las ganas de innovar y aportar al sector defensa, se dedicó de lleno a trabajar con las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Nacional. Hoy por hoy también representa a casas fabricantes extranjeras a nivel mundial.
Imdicol se ha mantenido en el mercado colombiano por sus altos estándares de calidad convirtiéndose en pionera del abastecimiento del sector defensa. Uno de los principios de la empresa es la innovación y competencia leal, factores que le han permitido aportar a la sostenibilidad del sector.
Víctor Hugo Fajardo y su familia, que participan activamente en la administración de la empresa.
Con el legado de una familia de repuesteros, Víctor Hugo Fajardo ha tenido la intención de innovar y crear empresa en Colombia para fabricar y comercializar elementos únicos y de última generación en ese nicho de mercado. La compañía, desde la inquietud de su presidente, ha mantenido la idea de estar a la vanguardia de la defensa del país y del apoyo a la Policía Nacional y las Fuerzas Militares con una variedad de soluciones tecnológicas, entre otras actividades. En el sector transporte, se ha convertido en la empresa más antigua en el tema de los repuestos de vehículos Diesel en Bogotá. Y es que su familia ha sido precursora de la importación de los repuestos para vehículos militares blindados. Víctor Fajardo también se ha dedicado a solucionar las necesidades del sector. Es así como a través del desarrollo comercial de la empresa, se han vendido centenares de pistolas de la reconocida casa fabricante italiana Prieto Beretta, escopetas de Benelli y fusiles de francotirador, un tipo de arma de fuego de precisión que permite el disparo a objetivos a muy larga distancia.
Otro de sus productos estrella son las tanquetas blindadas, que fueron di-
señadas bajo ingeniería colombiana y producidas por la fábrica que representa a la casa fabricante canadiense Inkas Armored, las cuales están siendo usadas por los escuadrones móviles antidisturbios “Esmad” a nivel nacional. Así mismo, representa a la empresa Power Hit de origen mexicano, líder en la producción de chalecos y cascos de protección de muy alta calidad.
Municiones y armamento
Los productos están elaborados con estándares de última tecnología. Es así como Imdicol se ha encargado de producir y comercializar elementos que contribuyen a la innovación de las Fuerzas Armadas, además de mantener la premisa de “creer en la defensa de la democracia” en el momento de realizar su aporte a la seguridad del país con el material que produce para el estamento militar a nivel nacional. Y es que Imdicol se dedica a cumplir todas las normas técnicas estandarizadas por el Ministerio de Defensa para producir, comercializar y vender productos elaborados con insumos de calidad.
Una de las más importantes compañías que representa Imdicol es Combined Systems Inc, empresa líder a nivel mundial del desarrollo y fabricación de opciones de Fuerza menos letal ofreciendo una alta gama de productos para ser aplicados en situaciones críticas de orden público. Combined Systems ha sido reconocida por la excelente calidad en los productos que usan las Fuerzas militares y la Policía Nacional, por su gran desempeño en el campo y el respaldo a las Fuerzas con capacitaciones, servicios post venta y garantías si así fuere.
La compañía ofrece una amplia variedad de vehículos blindados.
Compañías Aliadas
Otra de las compañías es Premier Crown, encargada del suministro de equipo táctico y de alta seguridad, necesarios para el bienestar del personal de orden público y de las cárceles alrededor del mundo. Se tiene en cuenta la técnica de producción progresiva, además de la investigación, desarrollo y mejora de productos.
Bajo el lema “Protegiendo a quien protege”, la empresa Power Hit se ha consolidado por 10 años como una compañía dedicada a lograr un trabajo rentable que busca garantizar la viabilidad del futuro y encontrar recursos para mejorar los productos del sector Defensa. La empresa cuenta con una importante gama de equipos de seguridad para las fuerzas del orden.
Beretta Defense Technologies también ha sido una de las compañías que Imdicol ha representado dentro de su importante portafolio. Es la sociedad holding italiana que cuenta con participación directa e indirecta en las 26 empresas que en la actualidad componen el grupo, reconocido en el sector de armas de fuego. Entre ellas se destacan Benelli, Beretta, Sako y Steiner, marcas que se encuentran en el pleno uso oficial de nuestras Fuerzas Militares y Policía.
Experiencia
La empresa se ha consolidado como una de las compañías más competitivas en el mercado por el portafolio variado que ofrece. Con la participación en los procesos de contratación y la calidad de los productos, Imdicol ha salido airoso de las calificaciones a las que ha sido sometida para evaluar la experiencia, las garantías y el precio de lo que produce y comercializa, obteniendo los mejores resultados en la industria nacional. Esta empresa familiar con gran recorrido comercial siempre tiene como objetivo ofrecer soluciones integrales para la defensa y seguridad nacional. Imdicol en alianza con las empresas extranjeras
y junto con su recurso humano tiene el compromiso de mantener los estándares de calidad, cumplimiento y transparencia.
Proyección
La empresa ha buscado siempre que su proyección sea internacional. Se ha intentado entrar a mercados con México, Perú, Chile, Egipto y Ecuador, para lo cual se trabaja a diario en el tema de contratación estatal. Y es que las operaciones de la compañía se han tenido que adaptar a la nueva realidad derivada de la pandemia del Covid-19 en el país y el mundo. Es así como la dinámica laboral se ha modificado para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. La empresa inicia la producción una vez se accede a un negocio, para dar paso a la contratación y fabricación. “Ha hecho que la mano de obra legal sea reducida, además de cumplir con los requisitos para la contratación de personas con la mano de obra calificada que va desde la confección de chalecos antibalas y el ensamble de las armas y los carros”, explica el presidente de Imdicol.
La empresa es un referente de elementos de protección y defensa.
Director General de la USPEC, Andrés Ernesto Díaz Hernández. Andrés Ernesto Díaz Hernández se posesionó como Director General de la USPEC el 8 de octubre de 2020. Es economista de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y cursa una Maestría en Administración MBA. Cuenta con una experiencia cercana a los veinte años en el sector público, de los cuales 16 años han sido en el nivel directivo de diversas entidades, miembro y presidente de varias Juntas y Consejos Directivos de empresas y entidades públicas.
El director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC) hizo un balance positivo de la gestión realizada en las cárceles del país para brindar seguridad alimentaria, mejorar la infraestructura y construir nuevos centros de reclusión para disminuir el hacinamiento en las prisiones antes de que termine el Gobierno del Presidente Iván Duque el 7 de agosto de 2022.
La USPEC atiende una población de casi 200.000 personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional. “Nos encontramos con lo que le sucede a buena parte de las entidades públicas y son unas necesidades innumerables y unos recursos limitados disponibles para su atención”, reconoce su director, quien ha emprendido la misión de mejorar los servicios de alimentación, salud, mantenimiento y construcción de infraestructura carcelaria para dignificar y garantizar los derechos humanos a la población privada de su libertad.
Medidas para mejorar la situación en las cárceles
Díaz Hernández considera que la entidad va por buen camino ya que en materia de infraestructura está haciendo cronogramas permanentes de seguimiento de obra para llevarlas a buen puerto. “La infraestructura carcelaria nueva no se construye tan rápidamente por las condiciones de seguridad y de componentes técnicos, es por eso que hacemos mesas de seguimiento y lo importante es lograr que los plazos de ejecución que están previstos se cumplan
y de esta manera evitar el hacinamiento”, afirma el funcionario.
No le cabe duda de que el ejercicio de supervisión es importante y es por eso que en servicios como la alimentación, la entidad implementó la interventoría integral para la entrega de 200.000 raciones diarias (distribuidas en desayuno, almuerzo, cena y refrigerio) mejorando de esa manera el proceso de suministro en las cárceles del país. Para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia es importante que el presupuesto que este vigente se ejecute bien y que se incremente según las circunstancias de disponibilidad que tenga la nación. “Si ejecutamos bien los recursos, eso nos ayuda un poco a mejorar lo que nos corresponde”, asegura.
¿Qué pasa con el hacinamiento?
En el gobierno del Presidente Iván Duque el hacinamiento carcelario ha venido disminuyendo y ha llegado al mínimo establecido por la Corte Constitucional. “El reto es grande, hoy en los establecimientos carcelarios hay cerca de 120.000 privados de la libertad y la capacidad es de más o menos 90.000. Estamos haciendo proyectos para reducirlo y estamos construyendo cerca de 10.000 cupos carcelarios nuevos, algunos se entregarán antes de finalizar el gobierno y otros a más tardar un año después, lo que ayudará a la disfunción del hacinamiento”, afirma el director de la Unidad, quien añadió que “si logramos el compromiso de las entidades territoriales de encargarse de la población sindicada, por supuesto que ayudará a tener una solución un poco más definitiva” al problema.
Alimentación e infraestructura
Para el funcionario es importante definir ejecuciones de mediano plazo que garanticen tener contratos de alimentación, de prestación de salud y de vigilancia electrónica y sobre todo que aseguren mayores inversiones en cada uno de los centros penitenciarios. “Nosotros dejaremos recomendaciones al nuevo gobierno y por nuestra parte terminaremos nuestra ejecución hasta cuando nos corresponda. La idea es dejar también al futuro gobierno el planteamiento de contratos con una vigencia mayor que permita recibir mayores beneficios contractuales para la entidad y aprovechar los recursos disponibles de mejor manera”.
Díaz Hernández hace seguimiento permanente para llevar a buen puerto las obras.
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón.
Crisis sanitaria
El manejo que le ha dado la entidad a la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha sido el adecuado, pese a la amenaza de contagio que se experimentó en varias cárceles del país cuando la pandemia entró con fuerza a varias ciudades colombianas. “Tuvimos dificultades porque uno de los primeros brotes masivos que se presentaron en el país fue en un centro carcelario ubicado en la ciudad de Villavicencio, sin embargo en el trabajo articulado con el INPEC se logró contar con el personal de salud, los elementos de protección y adicional a ello hoy buena parte de la población privada de su libertad se encuentra vacunada a partir de la aplicación de los diferentes grupos poblacionales, lo que significa que la tasa de mortalidad y morbilidad con relación al Covid ha disminuido”, concluye el director de la Unidad.
