Amor por Colombia Margarita Restrepo

AMOR POR LA PATRIA

Margarita Restrepo Representante a la Cámara por Antioquia Centro Democrático

“A quienes no les guste su Patria, sus símbolos, su historia y tradiciones, tienen las puertas abiertas. Hay más de 190 países a los cuales pueden emigrar, si no están dispuestos a observar el merecido respeto que merece Colombia”

No puedo dejar de expresar mi dolor por los recientes episodios que se han registrado en el Congreso de la República, donde los símbolos patrios han sido pisoteados y maltratados, todo en el marco de una cadena inaceptable de ataques contra monumentos que hacen parte de la historia nacional.

Empezaron tumbado estatuas, cometiendo actos de vandalismo contra monumentos, destrozando plazoletas alegóricas a momentos trascendentales de nuestra vida republicana, y ahora van contra los símbolos de los que todos estamos orgullosos.

El pabellón nacional, con su tricolor, ha hecho parte de nuestra nación desde los tiempos previos a la independencia. A lo largo de los años fue consolidándose, hasta los años 20 del siglo pasado cuando por fin se emitió un decreto donde ratificaba lo adoptado en distintos congresos del siglo XIX.

En el decreto a que hago mención -861 de 1924- se establecieron los requisitos y dimensiones de las distintas banderas -el estandarte de la República, la bandera mercante y la bandera de guerra-. En todos los casos, sus colores son -y en ese orden- amaRevista Congreso BMC copia.pdf 1 11/2/21 15:06 rillo, azul y rojo. Las especificaciones del escudo nacional, cuyo nombre oficial es “escudo de armas de la República”, son las que estudiamos en el colegio y que no viene al caso repetir en esta columna.

Los neocomunistas, que se están jugando sus restos por cambiar nuestra cultura como paso previo a la revolución -siguiendo las indicaciones del filósofo comunista italiano Antonio Gramsci- están dedicados a subvertir nuestros símbolos, como si eso fuera una gran hazaña.

Mientras dan la vuelta al pabellón, proponen cambiar la letra del himno nacional que hace parte de nuestros valores patrios desde 1887, cuando el presidente Rafael Núñez y el compositor Oreste Síndice le dieron vida a esas 11 estrofas que recogen buena parte de nuestra historia.

Con toda claridad hay que decirlo: a quienes no les guste su Patria, sus símbolos, su historia y tradiciones, tienen las puertas abiertas. Hay más de 190 países a los cuales pueden emigrar, si no están dispuestos a observar el merecido respeto que merece Colombia.

La ley no puede obligar a nadie a amar a su país, pero es lo mínimo que podemos esperar y exigir, sobre todo de parte de quienes ejercen funciones públicas.

Es inaudito que haya congresistas empleándose a fondo con el propósito de pisotear los símbolos de la nación, maltratando y descalificando con los peores adjetivos posibles a quienes nos sentimos orgullosos de nuestros valores y tradiciones nacionales. Mientras los neocomunistas se la juegan por el peligroso internacionalismo, los defensores de la libertad y de la democracia planteamos los riesgos que aquello implica, propendiendo siempre por el respeto de los valores y de las diferencias nacionales como presupuesto para la sana convivencia e interacción global.

Que esta sea una oportunidad para tocar el corazón de los colombianos: no se dejen llevar por el discurso mentiroso y populista de la extrema izquierda. Que en los colegios, las universidades, centros de formación académica, pero sobre todo en los hogares, se retome la bella costumbre de inculcar el estudio de nuestra historia, comprender los hechos de acuerdo a las circunstancias en que estos ocurrieron y emitir los juicios a que haya lugar sin perder la perspectiva. Eso significa sembrar amor por Colombia.

Derrumbando monumentos, las situaciones no se borran. Los Estados, como la especie humana, experimentan procesos evolutivos lo que no justifica ni significa que aquello sirva de autorización para romper en mil pedazos los símbolos que han acompañado nuestra consolidación nacional.

EN ATLÁNTICO, EL CONTROL FISCAL SE HACE CON LA GENTE

Contralor Departamental del Atlántico, Jairo Alberto Fandiño Vásquez. Jairo Alberto Fandiño Vásquez es abogado egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, Tiene especialización en Derecho Procesal, en Derecho Laboral y en Seguridad Social; también es candidato a magister en Derecho Procesal. Además, tiene estudios que ha complementado con seminarios de capacitación y actualización en la rama del Derecho.

Ha hecho carrera en el poder judicial ocupando diferentes posiciones hasta llegar a desempeñarse como Juez Séptimo Civil Municipal de Barranquilla, Sexto Laboral del Circuito de esa misma ciudad colombiana; Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Soledad; Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogotá; Octavo Civil Municipal de la capital del Atlántico y Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla y docente universitario.

Para el funcionario es fundamental que haya coherencia en la vigilancia que se ejerce desde la Contraloría Departamental al dinero que se asigna a las regiones para garantizar su buen uso, trabajo en el que la participación de la sociedad es esencial. Para ello, ha promovido alianzas estratégicas con los veedores y líderes de acción comunal con el fin de que acompañen a la entidad en el control fiscal que se viene realizando en todo el departamento. “Nuestro trabajo es en tiempo real, pero a veces el recurso técnico de la entidad no es suficiente para atender las quejas que se presentan diariamente por inconformidades en cuanto a la inversión del recurso público”, admite Fandiño.

Control fiscal

En el seguimiento de la Contraloría a las obras inconclusas que aún persisten en esa región, el servidor público tiene en cuenta los direccionamientos para que los funcionarios del Estado cumplan con el deber y la obligación de prevenir los llamados “elefantes blancos”. “Hemos logrado activar algunas vías internas del departamento que en su momento estuvieron paralizadas. Pero lo más significativo que podemos hoy resaltar es el asunto de la Casa de la Mujer, en Puerto Colombia, que presenta Durante más de año y medio, el contralor departamental del Atlántico, Jairo Alberto Fandiño Vásquez, ha desarrollado un trabajo importante para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, con la certeza de que con ello ayudará a mejorar las condiciones de vida de la población atlanticense.

un proceso de responsabilidad fiscal gracias a la alianza que existe con la comunidad que denunció que los programas en este lugar no se ejecutaban ni tampoco se cumplía con los objetivos para los cuales fue creada”.

Participación en el Plan Nacional de Vacunación

Fandiño Vásquez explica que la vigilancia y control al Plan Nacional de Vacunación se ciñe a las disposiciones del Gobierno Nacional en cuanto a que cada departamento o municipio se debe responsabilizar de su aplicación en cada una de sus fases. Sin embargo, la Contraloría asiste semanalmente a las reuniones organizadas por la Secretaría de Salud del Atlántico donde intervienen entes como la Procuraduría Regional para que los directivos de las EPS y actores relacionados con el sector salud, hagan una ejecución correcta del programa de vacunación. “La Contraloría hace presencia en algunos municipios y ya iniciamos un plan de acción con la Procuraduría Regional para agilizar el proceso en cada una de las etapas”, asegura el funcionario.

Gestión educativa

Debido a que no ha sido una época fácil para la educación como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del covid-19, la Contraloría ha estado muy activa para darle continuidad al proceso de aprendizaje en el departamento de la mano con los rectores de las escuelas y colegios. De hecho, el año pasado se creó un programa denominado “Super Civic” implementado de forma virtual con el fin de incentivar a todos los estudiantes a que hicieran control social con la vigilancia permanente a los recursos públicos que se invierten en este rubro. “Asimismo, revisamos todo el tema de los restaurantes escolares y la conectividad. Este año, pretendemos capacitar a los jóvenes para que se siga llevando a cabo el desarrollo de los gobiernos escolares con la elección de personeros, representantes ante los consejos directivos y de contralores escolares a quienes capacitamos en situaciones como la elaboración de informes o auditorías para que entre todos cuidemos los recursos que se invierten en educación”, concluye.

Actividades en favor de la juventud atlanticense.

LA CONTRALORÍA DEL CESAR SE ACERCA A LA GENTE

Contralor del Cesar, Delwin Jiménez Bohórquez. Delwin Jiménez Bohórquez es abogado especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Docencia Universitaria. También tiene una maestría en Derecho Internacional y un Doctorado en Ciencias Políticas. En el sector público trabajó en la Secretaría de Gobierno del Cesar y fue parte del Programa de Restitución de Tierras de ese departamento y de La Guajira por más de un año, demostrando el énfasis social que ha aplicado a lo largo de su trayectoria profesional. Actualmente es el contralor del Cesar.

El trabajo de la Contraloría del Cesar gira sobre tres ejes de desarrollo con resultados positivos en su misión de ejercer control fiscal: promover la participación ciudadana, acercarse a la gente con el uso de medios electrónicos y cuidar el medio ambiente para garantizar sostenibilidad.

Con el primer eje se busca promover la participación ciudadana para que no solamente hagan llegar sus quejas sobre las irregularidades que se puedan presentar, sino también hacer presencia en los escenarios de auditoría y revisión para que los cesarenses acompañen la labor que realiza la Contraloría en la región. El segundo eje, que se potencializó durante la pandemia del covid-19, fue una estrategia de acercamiento a la gente a través de los medios electrónicos, debido a las dificultades de las personas para desplazarse a la sede de la entidad en la ciudad de Valledupar. Para ello, se acudió a una plataforma para que los ciudadanos intervinieran, aportaran a los procesos y presentaran sus denuncias.

En el pilar ambiental, la Contraloría del Cesar ha hecho control social para que la explotación del suelo no comprometa los recursos naturales del departamento. “Hemos

La gestión gira sobre tres ejes: participación ciudadana, trabajar con la ciudadanía y cuidar el ambiente.

venido haciendo seguimiento a los compromisos que las multinacionales adquirieron cuando se les dieron las licencias de explotación minera en cada una de las zonas” para garantizar la preservación del ecosistema, sostiene el contralor.

Rol de la Contraloría frente a obras inconclusas

A instancias de la Contraloría se han desarrollado auditorias especiales con el objetivo de determinar el detrimento de los recursos públicos y encontrar a los verdaderos responsables de las obras inconclusas en el departamento. Y es que la Ley 2220 del 2020 es una herramienta fundamental para su control, ya que obliga a que los entes territoriales registren los proyectos que están sin terminar. “Eso nos da un camino a seguir para identificar o hacer una evaluación de la inversión técnica, financiera y física que necesita cada una de las mismas con el propósito de determinar si se debe finalizar, demoler o que acciones requiere para sacarla adelante”, agrega Jiménez Bohórquez

Plan de vacunación

El Plan de Vacunación fue un reto nacional que se trasladó a las regiones, incluido el departamento del Cesar, donde desde que comenzó el proceso de inmunización de la población, la Contraloría ejerció de manera responsable la labor de vigilar desde la conservación o refrigeración del fármaco hasta su aplicación para que se cumpliera con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno Nacional. “Fue un trabajo arduo asistiendo a los puntos de vacunación y mirando si se estaban aplicando las dosis en orden. Salvo casos excepcionales que ameritan hoy abrir investigaciones y que se remitieron a los entes de control que les corresponde, en el departamento del Cesar se ha llevado a cabo una vacunación ordenada”, subrayó el contralor.

Control social en la gestión educativa

La entidad tiene a cargo el control de 162 instituciones educativas, por lo que durante la pandemia se elaboró una matriz de riesgo de corrupción tratando de llegar a los principales establecimientos académicos en los cuales se podría generar algún tipo de irregularidad. Hacia allá se desplazaron auditores el año anterior y el resultado fue la apertura de 18 procesos de responsabilidad fiscal. Además de eso, se construyó un escenario de participación ciudadana con los llamados “contralores escolares”, quienes actúan como veedores para el buen uso de los recursos que se asignan a dichas instituciones.

Impacto de la gestión en el departamento

Jiménez Bohórquez considera que quienes tienen que hablar de un impacto en su trabajo son los terceros ya que ellos son los que pueden evaluar las labores realizadas hasta ahora por la entidad en el departamento. Sin embargo, deja en claro que desde el primer día en el que asumió como contralor, juró cumplir con su deber. Espera que su paso por la Contraloría genere confianza en la ciudadanía. Hace igualmente un llamado al Gobierno Nacional para que les entregue a los órganos de control los recursos necesarios con el fin de ejercer su labor de manera eficiente. “Hoy, las contralorías territoriales trabajan con las uñas y no tienen la posibilidad de retener al personal idóneo para poder atender auditorias especiales. El Contralor General radicó en la Comisión I del Congreso un Proyecto de Ley de fortalecimiento económico de las contralorías, el cual espero que reciba de nuestros congresistas un espaldarazo para el mejoramiento de su función”, finaliza.