Firma abril

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contenido

Marzo 2016 En portada: Gary Amador, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas.

Entrevista en la página 22.

Fotografía: Lucas Nazario

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APPS Las aplicaciones se concentran en los servicios compartidos y en comandos de voz para dictados.

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Resumen Lo último de la actualidad nacional e internacional.

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LAWxury Audio y teléfonos conquistan a los seguidores de la tecnología.

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Servicios digitales Los abogados deben actualizarse y administrar su trabajo de una manera más corporativa.

¿Es necesaria la Asamblea Constituyente?

Un proyecto de ley pone el tema a discusión.

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Protección de datos Los riesgos de bases de datos infiltradas.

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Procesos judiciales de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

Los tipos y los mecanismos de resarcimiento.

Nuria Marín Abogada y analista política que, desde su óptica analiza temas de la agenda nacional.

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Jaipur, India Mezcla entre lo exótico y lo histórico.

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Abogados por un vecindario.

La firma Batalla Salto Luna promueve el desarrollo de Barrio Escalante.

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Gastronomía Un probada de Milán al oeste de San José.

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editorial

STAFF

Necesitamos actualización Hace unas semanas, un padre de familia acudió a denunciar ante las autoridades una serie de mensajes que recibió su hijo menor de edad por parte de un pedófilo a través de la red social Facebook. Según comentó, no logró interponer la denuncia, ya que para las autoridades resulta casi imposible rastrear una dirección IP a través de esta página sin la autorización de los administradores de la misma, además de que nuestra legislación no está debidamente adaptada a este tipo de tecnologías. Mientras las nuevas legislaciones relacionadas con el ciberacoso infantil duermen el sueño de los justos, los menores están expuestos a las propuestas que pueden recibir de parte de inescrupulosos que pretenden robar su inocencia.

Pero la tecnología no solo está afectando a los menores, sino que también usted y yo estamos expuestos en la red con los datos privados que manejan instituciones y empresas privadas sobre nuestras cuentas e información personal que, bajo ninguna circunstancia, deberían ser compartidas a terceros. Se debe garantizar la privacidad de la información a toda costa a través de diferentes mecanismos de seguridad virtual con el fin de evitar suplantaciones

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de identidad, perfiles falsos de los usuarios y más.

Nuestra legislación ha venido avanzando en estos temas, pero a paso lento. Resulta importante que tanto las autoridades como los distintos grupos sociales se preocupen para acelerar el paso de estas reformas necesarias para llegar a tener una legislación acorde con los tiempos actuales.

Lic. Andrés Corrales

andrescorrales@revistafirma.net

Director

MSc. Margarita Guzmán Gerente General Eunice Baez Natalia Chavarría Francina Delgado Cindy Regidor Enrique Rivas Redactores Alessandra De Franco Correctora de estilo Leonardo Yip

comercial@revistafirma.net

Mauricio Navarro

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Andrés Corrales Periodista y Abogado Director

Comercial

Lucas Nazario Etzia Granera Fotógrafos

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Juliana Barquero Diseño Marc Ramírez Ilustrador

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FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: marzo 2016. Edición 01, año 01. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

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resumen

Cuidades para los humanos

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Texto: Redacción /Fotos: EFE

En su reciente visita a Costa Rica, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, insistió en que el mundo necesita construir “ciudades vivibles”, no para los vehículos, sino para la salud y el desarrollo económico de los humanos. En su presentación, Figueres criticó que en muchos

lugares del mundo, como en Costa Rica, las personas pierden demasiado tiempo en trasladarse de su hogar al trabajo, lo cual para ella “es un desperdicio de horas y le quita crecimiento económico al país”. Recientemente, Figueres destacó en la lista de los 50 mejores líderes del mundo, según la revista Fortune.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó algunos países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador. En este último, el colombiano reafirmó “el apoyo que brinda” su país a los empresarios salvadoreños a través de diferentes acuerdos de apoyo bilateral entre las dos naciones. Dentro de la agenda de actividades del mandatario, se estudió “el proceso de paz salvadoreño para dar pasos a conciencia en Colombia”, manifestó Santos. El líder afirmó que seguirán respaldando con 50 eventos de capacitaciones a la policía salvadoreña como parte de la colaboración mutua en el campo político, económico y social. Previo a su visita a El Salvador, el presidente sudamericano cerró acuerdos comerciales con el gobierno guatemalteco e insistió en la importancia de la lucha contra el narcotráfico.

Gira en la región

Continúa el drama

La historia de los cubanos varados en la región centroamericana no acaba. Más de 1.700 isleños se encuentran en un albergue en un recinto aduanero panameño en la frontera de ese país con Costa Rica. Como parte de la ayuda humanitaria, el gobierno de Panamá trasladó hasta la zona a miembros de 14 instituciones de seguridad y socorro. Los cubanos ingresaron al vecino del sur por medio de la zona del Caribe, cerca de la frontera con Colombia.

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resumen

Maratón por la libertad

Por cuarto año consecutivo, las calles de palestina se llenaron de corredores como parte de la maratón de esta ciudad llamada Derecho al Movimiento. Tanto la organización como los participantes se tiraron a las calles de la localidad cisjordana de Belén para defender su derecho humano a la libertad de movimiento por las calles.

La actividad contó con más de 4.300 asistentes, quienes recorrieron los puntos más emblemáticos de la zona, como el llamado muro de separación.

Unificación de aduanas

Un grupo de dirigentes de empresas privadas de Centroamérica participó en la XVIII Asamblea de la Federación de Organizaciones Empresariales de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) con el fin de aprovechar la estabilidad política que presenta la región para buscar modernizar sus pasos fronterizos, unificar aduanas y fomentar el comercio interregional. El encuentro, que se llevó a cabo a puerta cerrada, contó con la representación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y sus homólogos centroamericanos.

La FEDEPRICAP agrupa a más de 150 mil empresas de Centroamérica y República Dominicana.

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Conmemoraron muerte de califa

Miles de personas se reunieron en India para conmemorar la muerte del primer califa del Islam, Abu Bakr as-Siddiq, ante la mezquita de Hazratbal, en Srinagar. Al primer califa se le recuerda por ser muy cercano

al santo profeta Muhammad Sallallaahu. De hecho, fue de los primeros en creer en todo lo que se había revelado en cuanto a la profecía, en su viaje nocturno y en el ascenso a los cielos. Su cuerpo fue sepultado junto al

Iniciativa verde

establecer como tradición desde 2009, como parte de su iniciativa por una alimentación más saludable en los niños y jóvenes. La primera dama no se ha cansado de promover la lucha contra la obesidad infantil a través de canciones y mensajes clave para llegar a su población meta. La campaña denominada ‘Let’s Move’, ha sido promocionada fuera de las fronteras estadounidenses a través de las distintas embajadas en todo el mundo.

La primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama se hizo acompañar por la astronauta Cady Coleman para su tradicional siembra de vegetales en el jardín de la cocina de la Casa Blanca en Wahington, EE.UU. Esta es una actividad que Obama ha querido

profeta Muhammad y, hasta la fecha, los ciudadanos se reúnen en las calles para recordarle con fe al ser una de las figuras más importantes en los primeros tiempos del Islam.

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tecnología

PODER JUDICIAL Aunque ya tiene algún tiempo de estar disponible en Google Play y en el App Store, la aplicación del Poder Judicial funciona como una agilizadora de trámites para abogados. Tras instalarla, el usuario podrá localizar las sedes del Poder Judicial, solicitar hojas de delincuencia, medidas de protección por violencia doméstica, pensión alimentaria, presentar una denuncia por robo de vivienda, denunciar la desaparición de una persona y hasta consultar los expedientes digitales. Para lo último, los abogados deberán solicitar la autorización de consulta con el fin de garantizar que es parte interesada del proceso.

PDF EXPERT FIRMA 14

Permite leer y dar seguimiento a archivos PDF. Gracias a la aplicación podrá buscar textos, resaltarlos y tacharlos, sin dejar por fuera la posibilidad de hacer comentarios tipo post-it.

Podrá llenar formularios y firmar documentos.

PRO TRABAJO Esta aplicación desarrollada por una firma costarricense, le permitirá calcular la liquidación de un trabajador a través de tres pantallas en las que el usuario introducirá datos de ingreso y salida de la empresa, así como el motivo, el salario, las vacaciones y más para brindar un desglose detallado de los rubros a pagar como parte de la liquidación laboral.

DRAGON DICTATION Para aquellos que no son amantes de la escritura, esta aplicación recoge dictados de voz y los interpreta en texto a través de una caja negra que se despliega en la pantalla. Es necesario instalarla con detenimiento para lograr un reconocimiento de voz más efectivo, pero una vez hecho esto, funciona muy bien.

KEYNOTE Las presentaciones ya no tienen por qué ser aburridas o planas gracias a esta aplicación que permite crear con facilidad y rapidez presentaciones presonalizadas desde su tableta y la puede sincronizar con iCloud.

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AUDIO EN TODO LUGAR

Sonos es un sistema de audio que funciona a través de la red wifi de su casa u oficina y que le permite administrar la música en diferentes aposentos donde tenga instalado cada parlante. De igual modo, permite configurarlos de manera conjunta para un espacio más grande a través de una app de fácil uso y acceso que se puede instalar en dispositivos móviles y computadoras.

CONEXION MOVIL El Huawei CarFi es la alternativa perfecta para aquellos que no pueden estar sin conexión de Internet, inclusive, en el vehículo. Este dispositivo wifi para automóviles es el ideal.

Su diseño está hecho en fibra de carbono ligero con detalles de textura metálica y anillos decorativos. También, incluye un puerto USB para cargar smartphones, auriculares Bluetooth o cualquier otro aparato electrónico. El dispositivo brinda conexión hasta a 10 pares simultáneamente y utiliza un punto de acceso 4G LTE CAT4.

CARGADOR SOLAR Hoy día, la batería del celular dura menos y portar un cargador extra parece ser la consigna para llegar al final del día con batería en el teléfono. Ante este panorama, la energía solar también se puede aplicar a través del cargador X- Dragon, que funciona a base de paneles solares. Basta con exponerlo a los rayos del Sol durante unos minutos para que pueda cargar sus dispositivos móviles. Es resistente al agua y a la humedad.

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ESTILO PARA

ELLA El modelo femenino del reloj Oyster Perpetual Lady-Datejust combina el acero 904 L y el oro amarillo, o Everose, de 18 quilates.

Cuenta con una caja rediseñada con un tamaño ampliado, así como movimiento mecánico, sin perder el estilo que lo caracteriza desde 1933, cuando se registró por primera vez. Sin duda alguna, es el complemento perfecto para quienes deseen lucir su muñeca con clase única. Se consigue en Rose Joyeros.

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NUEVO IPHONE Apple lanzó su nuevo teléfono, el iPhone SE, con el que regresa a un tamaño más pequeño y a un precio más asequible. Este aparato cuenta con una cámara

de 12 megapíxeles y graba videos en calidad 4 K. La pantallaretina de 4 pulgadas hará que las imágenes tengan más brillo con mejor definición. Sin embargo,

algunas funciones, como el teclado 3D de su antecesor, el 6s, no están disponibles para este modelo.

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Desinformación en abogados refleja poco uso de firma digital Datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones indican que, a finales de 2015, más de 123 mil costarricenses contaban con su certificado de firma digital Por: Enrique Rivas Leyva Foto: Shutterstock

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¿qué tan importante es para un abogado o notario tener este dispositivo?

En abril de 2014, durante el mandato de la presidenta Laura Chinchilla, se firmó la directriz para que cualquier ciudadano costarricense pudiera realizar trámites en una institución del Estado por medio de la vía electrónica haciendo uso del dispositivo de la firma digital.

Dos años después, y, según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, más de 123 mil costarricenses cuentan con este certificado que los faculta para realizar trámites tanto en el sector público como en las organizaciones privadas que han implementado su uso. Sin embargo, este número se queda corto en relación con la cantidad de personas que deben solicitar algún certificado para los distintos trámites de su día a día, entre ellos, los de los abogados.

Pero, ¿qué tan importante es para un abogado o notario tener este dispositivo?

El abogado Daniel Vega explica que la firma digital es un medio seguro para realizar operaciones legales y financieras en todo el mundo. La seguridad y encriptación que ofrece este sistema les da a todos ciudadanos más protección que la firma convencional.

“Sea un trámite en una entidad gubernamental o privada, ellos pueden tener certeza de que la persona que solicita el servicio es la persona real.

Sin embargo, en nuestro país, desde el campo legal, lastimosamente, ha sido empleado más como un requisito obligatorio para realizar trámites judiciales, que en sí por la seguridad que el mismo servicio nos da” agrega.

Existe, además, según Vega, un desconocimiento entre algunos abogados sobre qué es una firma digital y una firma digitalizada.

La firma digital asocia la identidad de una persona o equipo con un mensaje o documento electrónico, para asegurar la autoría y la integridad del mismo.

Por su parte, una firma digitalizada es una simple imagen escaneada de su firma, que se usa como decoración en un correo electrónico.

Entre los trámites legales que se pueden realizar en este momento están la inscripción de sociedades y la legalización de libros de sociedades. Asimismo, si usted se encuentra en el extranjero, puede emitir un documento por medio de la firma digital de modo que se garantizará que quien lo realiza es la persona autorizada independientemente de su ubicación.

“Poco a poco, los abogados han empezado a utilizar la firma digital, más que todo los que se dedican a notariado, donde dependen mucho de los trámites registrales. En nuestro caso, que nos dedicamos en un 95% al derecho penal, no se necesita la firma digital, sin embargo, en la oficina, todos contamos con este documento que sirve para muchos otros servicios, como SICERE (Sistema Centralizado de Recaudación, la herramienta electrónica implementada por la Caja Costarricense del Seguro Social que facilita la recaudación de los pagos de las planillas laborales de los patronos de todo el país), licitaciones, portación de armas, entre otros”, comenta el abogado.

En la actualidad, según un comunicado de Casa Presidencial, hay más de 70 entidades que ya brindan servicios de todo tipo utilizando la firma digital, lo que permite a los ciudadanos y empresas obtener una mejor atención sin necesidad de trasladarse físicamente ni hacer filas.

En la actualidad, según un comunicado de Casa Presidencial, hay más de 70 entidades que ya brindan servicios de todo tipo utilizando Firma Digital, los cuales permiten a los ciudadanos y las empresas obtener una mejor atención sin necesidad de trasladarse físicamente ni hacer filas.

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literatura

Cinco esquinas

Mario Vargas Llosa

El esperado libro del peruano, nacionalizado español, Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel de Literatura, en el año 2010, llegó al mercado costarricense con la historia de varios personajes de diferentes ámbitos afectados por el grupo terrorista Sendero Luminoso. El amarillismo del periodismo y la corrupción asociada a las esferas de poder durante el gobierno de Alberto Fujimori atraparán al lector de principio a fin. El nombre de la obra de Vargas Llosa se inspiró en un emblemático barrio de Lima, Perú.

Principios y derechos constitucionales del niño en el derecho penal juvenil Dr. Gary Amador Badilla

El Dr. Gary Amador presenta su nuevo libro, en el que brinda un análisis extenso sobre los principios y derechos constitucionales del menor de edad sometido al proceso penal juvenil.

El texto incluye relaciones con las convenciones y documentos internacionales suscritos por Costa Rica en esta materia.

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Mobbing: El acoso psicológico en el ámbito laboral Tomás L. González Pondall

El acoso en el trabajo se pone en la palestra con este material de Tomás I. González, quien hace un estudio detallado de la configuración de este delito así como sus consecuencias. Asimismo, realiza una exposición doctrinal y jurisprudencial sobre el acoso psicológico laboral y la cuestión probatoria del delito. La obra de González, también, introduce valiosas observaciones sobre el perfil del acosador y plantea el impacto del estrés en estas conductas.

entrevista

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gary Amador “En Costa Rica, falta liderazgo

positivo”

Doctor en derecho penal y procesal penal, graduado de la Universidad de Sevilla, en España, y juez penal del Poder Judicial desde 1998, Gary Amador no puede dejar de lado el amor al gremio y su pasión por la política. De hecho, su liderazgo con el movimiento Innovación le ha permitido ser pieza fundamental del progreso y consolidación del Colegio de Abogados y Abogadas al que pertenece desde 1995.

Por: Natalia Chavarría Fotografías: Lucas Nazario

entrevista

La carta entregada a uno de sus compañeros de primer grado indicando que no le dirigiría la palabra durante un mes (por una travesura que le jugó) era su derecho y eso lo declaraba sentencia firme. Este fue el primer veredicto que dictó el hoy juez penalista Gary Amador Badilla.

No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que quería seguir los pasos de su abuelo, Édgar Amador Rueda, y su padre, Édgar Amador Madriz, quienes también destacaron en el campo legal. Ahora, espera que su hijo,

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Gary, continúe con lo que llama una herencia y lucha por la justicia.

El amor que desde muy joven le tiene a la profesión le ha permitido posicionarse como líder político dentro del gremio, desde la creación, en 2003, del partido Innovación, grupo que preside al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde 2010.

En una extensa conversación, conocimos al profesional detrás de aquel niño de la sentencia firme.

¿Qué encontró en el derecho que no halló en otra profesión?

“Yo sabía que quería ser abogado desde toda la vida, porque mi abuelo y mi papá también eran abogados. Yo le pedía a mi papá, de pequeño, que me llevara a los juicios. Aunque en ese momento no podía entrar, me quedaba en una salita afuera y escuchaba un poco de cómo se desarrollaba todo adentro. A los 12 años, sí podía entrar a los juicios. Para entonces, ya tenía claro qué era lo que quería ser, por lo que no experimenté mucho en otras áreas. Quizás sea algo de herencia, algo genético”. ¿Qué significa para usted ser abogado y qué situaciones han marcado su vida profesional?

“Para mí, ser abogado es la lucha por la justicia, pero no una lucha en abstracto, sino que nosotros debemos hacer lo que tengamos en nuestros medios para ayudar a las personas más necesitadas y a los grupos más vulnerables del país. Y gran parte de lo que me ha marcado es mi doctorado en Derecho en España, no solo por el hecho de ser abogado, sino porque pude cumplir esa meta, con el reto de experimentar situaciones a las que uno no está acostumbrado.

Eso me marcó mucho, ha sido un logro importante”. ¿Quién es esa persona o ejemplo de inspiración dentro del campo legal?

“La inspiración fue mi papá, que era un juez penal respetado por la gente y quien nunca dejó de

hacer su labor viendo siempre el lado humano. Mi inspiración viene de él”.

Entrando en el campo de la política, ¿cómo es Gary Amador como político gremial?

“Soy líder de un movimiento muy importante a nivel gremial, que es Innovación, un grupo que tiene su norte en tres temas fundamentales: transparencia en la rendición de cuentas, educación y responsabilidad social. Esa ha sido mi visión: poder transmitir al resto de profesionales que conforman dicho grupo que esos son los ejes que deben mover las acciones determinantes y estratégicas del partido, para llevar al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica a ser, para mí, el mejor colegio profesional que tiene hoy el país. En Costa Rica, hace falta liderazgo positivo para poder plantear temas trascendentales, pequeños o complejos, donde las personas aporten de manera importante, y con su calidad profesional, ideas, y que estas sean llevadas a cabo por convicción, porque creemos en que así debe de ser”. ¿Cómo fue esa experiencia como líder y presidente del colegio?

“En ese momento, me aboqué, como parte del programa de Gobierno, a crear ayuda social del colegio hacia grupos vulnerables. Se creó el programa Derecho en la Calle, el cual lleva a las comunidades de todo el país a nuestros defensores

“Uno de los mayores retos es amalgamar todos los abogados”.

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Juramentando como presidente a nuevos miembros de Junta Directiva. 2013

sociales, quienes se reúnen con grupos como niños, personas de la tercera edad y personas víctimas de violencia doméstica para mostrar ese lado social y humano que debe tener toda profesión”. ¿Cuál es el mayor logro de Innovación a lo interno?

“El colegio se consolidó académica y financieramente.

Tuvimos un colegio más fuerte, tomando en cuenta -y siempre he considerado- que la educación es el motor del desarrollo. Así que les dimos muchas más capacitaciones a los abogados y abogadas en varias áreas.

Pasamos de 30 cursos que se daban al año en 2009, a más de 350 cursos en un año, y pasamos de un programa de becas para abogados de ₵5 millones en 2009, a ₵150 millones durante mi gestión”. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores retos?

“Uno de los mayores retos del grupo fue amalgamar a todos los abogados. Fue un período muy conciliador porque tenemos

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abogados judiciales, legislativos, litigantes, corporativos, empleados públicos, entre otros, y logramos que todas esas áreas y personas que representan diferentes intereses pudieran acercarse al colegio. Demostramos que en el colegio pueden encontrar un interés común como lo es la transparencia en la gestión, la educación y que en todas las áreas podemos tener acercamiento con la comunidad.

Esos puntos nos han acercado mucho”. ¿A qué le atribuye el éxito de Innovación en sus ya 6 años de gestión?

“Antes, nadie estaba interesado en el colegio. Innovación le ha dado, no solo a los abogados, sino a los costarricenses, aspectos ejemplares que podrían replicarse en política nacional: actuar con transparencia, poniendo al colegio en buena posición financiera; educar para que los abogados vean que el colegio les da una herramienta para ejercer su profesión; y, además, comprometerse con

la responsabilidad social. Ese liderazgo lo he tratado de proyectar a todas las personas que conforman el grupo y ellos lo han replicado en cada una de sus áreas” ¿Cómo ve el rol del actual presidente, el señor Froilán Alvarado?

“A él le toca un reto importante y sé que lo va a cumplir, que es desarrollar el examen de incorporación al colegio. Es un desafío como grupo también, para elevar la calidad del abogado y que los costarricenses tengan profesionales de calidad.

Se enfrentará a presiones para que no esté ese examen y me imagino que conforme alguna gente no lo pase, va a haber más presión, pero creo que él tiene el liderazgo para posicionar ese examen como se debe. El grupo Innovación logró lo que no se pudo en 25 años. Establecer un examen de incorporación es un proceso que viene gestándose desde el año 2010 hasta la fecha y, en mi período, se planteó la reforma legal para poder hacerlo. El trabajo grupal y la fuerza de la continuidad del partido permitió esto”. ¿Cuáles son sus funciones actuales como líder políticogremial?

“Yo lidero el grupo política y gremialmente, desde su inicio hasta ahora. Mis funciones son reunirme con los líderes gremiales del país para transmitir lo que estamos haciendo dentro de los tres ejes de trabajo, velar

por la comunicación entre los líderes gremiales y la Junta Directiva, asesorar el Programa de Responsabilidad Social y estar pendiente de que los fines de Innovación se cumplan en las políticas de la junta”. ¿Qué cambios considera que aún necesita el colegio y que Innovación podría aportar?

“El reto de nosotros, a largo plazo, es poder comunicar y hacer sentir al resto de abogados que no participan del colegio la importancia que tiene este.

No saben, por ejemplo, los beneficios que puede traer la labor social a sus comunidades, con ellos como agentes de cambio que requiere todo el país, utilizando el derecho como un medio para ayudar a las clases más desposeídas y a los grupos más vulnerables. Eso es lo que queremos y es en lo que estamos trabajando”. ¿Algo que agregar?

“Hace falta liderazgo en Costa Rica. Así como nosotros hemos logrado reunir abogados con intereses diferentes y los hemos

puesto a trabajar, (a nivel nacional) hace falta alguien que reúna a los sectores más importantes del país para poder llegar a hacer eso a lo ‘macro’.

Eso es lo que rescato del grupo Innovación”.

Para finalizar, ¿cuál sería el mejor consejo profesional que haya recibido y que pueda compartir a las actuales y futuras generaciones de abogados?

“Son tres. Lo primero es que hay que estudiar mucho en la profesión para poder dar una respuesta de calidad todos los días. Dos, no podemos dejar de ser solidarios desde nuestra profesión con la gente más necesitada. Y tres, tenemos que ser honestos, nunca beneficiarnos de manera indebida de nuestras profesiones”.

Gary Amador Badilla nació el 29 de agosto de 1971, en la capital.

A sus 45 años, este padre enamorado de su pequeño Gary, y su esposa, Silvia, amante de las motocicletas y seguidor del Deportivo Saprissa, es, hoy, un destacado juez penal del Poder Judicial, pasos que siguió de su abuelo y de su padre.

Además, es líder políticogremial, actual coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica y miembro fundador y presidente de la Asociación de Estudios por la Niñez y Adolescencia.

En sus años de experiencia profesional, también, sobresale su gestión como fiscal del Ministerio Público, asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa y presidente de la Federación de Colegios Profesionales.

Promoviendo como presidente del Colegio junto a diputados el Proyecto de Depuración de Leyes, propuesta de la diputada Gloria Bejarano.

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El concepto de elusión

fiscal

Por Dr. Adrián Torrealba Navas Ilustración: Shutterstock

A propósito de los ‘Papeles de Panamá’ y el tema del uso de sociedades off shore con algún efecto fiscal, es fundamental precisar el sentido de la palabra ‘elusión’. Por sí misma, aunque resulta una palabra ambigua, en materia tributaria, se acepta como legítima la llamada ‘elusión legítima’ o ‘economía de opción’. El derecho del contribuyente a buscar formas legítimas de ahorro fiscal ha sido reconocido por la Sala Primera de la Corte en su sentencia 118109. Es decir, la elusión puede ser totalmente legal cuando se basa en economías de opción que el propio ordenamiento da, sea voluntariamente o por imperfecciones en la ley, las cuales solo pueden ser corregidas mediante reforma legal: no lo puede hacer la Administración, pues esta debe respetar la ley y no violarla ni siquiera en nombre de la ‘justicia’ porque, de lo contrario, no existiría la seguridad jurídica ni la garantía de la reserva de ley en esta materia.

El criterio para distinguir entre lo legal y lo que no lo es está en la existencia o no de sustancia en las transacciones. Por ejemplo, una empresa exportadora podría ubicar una sociedad comercializadora en el exterior que realmente funcione como tal (que no sea puro papel) y que promueva ventas en el exterior. A cambio de ese servicio, paga un fee que

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es deducible en Costa Rica por ser necesario para producir las ventas. El hecho de que la compañía sea del mismo grupo no es relevante en el tanto se cumplan con las normas de precios de transferencia: que la transacción sea real y sustancial y que el precio sea a valor de libre competencia. Es decir, el ordenamiento acepta este tipo de transacciones entre entidades vinculadas, siempre que se comporten como partes independientes. Luego, puede distribuir dividendos a su dueña (que puede ser costarricense) y los dividendos no son de fuente costarricense, por lo que no pagan en Costa Rica. Este esquema es legal mientras en Costa Rica sigamos con un criterio de territorialidad.

Si, en el mismo ejemplo, la compañía del exterior es puro papel y realmente no realiza funciones verdaderas y reales de promoción, entonces, ahí, sí hay evasión o elusión ilegítima. Estando de director general de Tributación, hicimos un operativo bien interesante en el que detectamos, enviando auditores a Panamá, que la sociedad que supuestamente daba servicios a una exportadora local era un buzón en un bufete de abogados. Se abrió una fiscalización y la empresa se regularizó, esto es, aceptó un ajuste tributario de alrededor de mil 500 millones de colones.

La tecnología como aliada del abogado

Por: Lic. Alexander Uhrig, MBA

Ilustración: Marc Ramírez Los constantes avances tecnológicos de los últimos 50 años han sido más significativos que todo el resto de la historia de la humanidad, transformando sustancialmente la forma de vivir y trabajar en el mundo entero. Esta tendencia necesaria e inevitable también aplica al Derecho, por lo que no podemos quedarnos rezagados llevando archivos de papel, comprando leyes en papel que se deterioran y desactualizan rápidamente (con el riesgo legal que esto conlleva), presentando documentos en físico para garantizarnos el sello del “Recibido”, acudiendo cada vez a alguna institución para hacer investigaciones o realizar tramitologías, o hasta haciendo escritos en máquina de escribir. ¡Sí, aunque no lo crean algunos abogados aún trabajan así! Todas estas situaciones nos demandan mucho tiempo de la vida y dinero mal gastado.

Con sistemas y soluciones informáticas que han surgido como consecuencia de las necesidades

actuales, tanto por parte de la empresa privada y también proveniente de esfuerzos institucionales, podemos hacer ahora en minutos, labores legales que antes demoraban hasta días.

El Derecho siempre estará uno o dos pasos atrás a la tecnología, ya que cambiar las normas requiere de varios factores externos ajenos y a veces contrapuestos a los avances tecnológicos, como son la voluntad política, contrastes de ideología y orden de prioridades.

Sin embargo, la realidad es que la tecnología por el simple hecho de existir, siempre rebasará en tiempo, la propia regulación sobre la misma. Algunos casos de esta situación son: la poca regulación en el comercio electrónico, como sucede en en el caso de Uber, beneficios por parte de proveedores de la telefonía celular en su momento (caso Millicom), las apps y páginas web muchas veces inconvenientes que están al alcance de todos sin discriminar edad, por mencionar algunos de los casos más relevantes.

Hoy día, nuestra labor como abogados se ha hecho más sencilla, pero al mismo tiempo más dinámica y competitiva. En muchas ocasiones debemos conocer varias áreas del Derecho con el fin de mantener clientes y captar nuevos, así como tener siempre rápido y al alcance, toda la información que requerimos para brindar una asesoría actual, completa, exacta y veraz. Con la digitalización de la información y al alcance de cualquier profesional (muchas opciones hasta gratuitas), podemos ser más productivos y concentrarnos en realizar un trabajo legal adecuado y un servicio al cliente responsable.

Recordemos que los clientes valoran tanto el servicio legal como el servicio al cliente, y en ambos debemos siempre enfocarnos. La tecnología con sus diversos softwares y aplicaciones, nos ofrece múltiples beneficios para lograr mejorar el servicio legal, administrativo y el servicio al cliente, ahorrándonos muchos costos y tiempo, el cual siempre es escaso y podríamos entonces, invertir en muchos otros aspectos. En resumen, la tecnología nos ayuda a ser más eficientes con nuestro tiempo, por lo que indiscutiblemente, la tecnología es requisito para subsistir y crecer.

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Costa Rica y la Sala Constitucional Por Lic. Ricardo José Nassar Güell

Profesor de la Uninversidad Escuela Libre de Derecho

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A tres años de alcanzar el 30 aniversario de la creación de la Sala Constitucional, es importante preguntarse cuál ha sido su papel en el desarrollo jurídico costarricense, esto con el fin de determinar su importancia, asegurar su permanencia o, por el contrario, iniciar un debate sobre la necesidad de su reforma, pues, a criterio de quien escribe, un Estado moderno no puede concebir su funcionamiento sin la existencia de un órgano constitucional.

La Costa Rica de hace 30 años tenía archivada, en sus bibliotecas jurídicas, un pequeño libro llamado Constitución Política de la República de Costa Rica, esto por cuanto la aplicación y defensa del principio básico de supremacía constitucional se encontraba en manos de la Corte Suprema de Justicia desde 1938, con la implementación de un sistema concentrado de control de constitucionalidad, pero su efectiva protección e importancia jurídica fue relevada a ser instrumento meramente referencial y no práctico, pues en 1989, la reforma al artículo 10 de la Constitución Política, cambió de forma radical la historia jurídica y constitucional de la república al crear una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia que se encargaría de manera exclusiva de velar y proteger la carta magna y desarrollar los derechos y principios en ella regulados, reafirmando a Costa Rica como un Estado social y democrático de derecho y reavivando el texto constitucional como letra viva en el actuar diario del ser costarricense.

Nadie debe poner en duda la importancia que la Sala Constitucional, como órgano rector de la justicia constitucional, ha tenido en el territorio

costarricense. Si se hace un análisis somero de los votos de mayor importancia de esta, se puede determinar con rapidez cómo ha establecido la forma adecuada y ajustada de la constitución misma en la aplicación de los institutos, principios y derechos que crean y mantienen al Estado costarricense, hecho que la ha convertido en punto principal de estudio en la vida jurídica nacional. Ello, sin embargo, también le ha generado saturación de procesos y algunos enemigos que fervientemente solicitan su final.

El retorno a las ideas del constituyente originario y la permanencia y tratamiento de principios básicos del derecho junto con un progresivo desarrollo de los derechos humanos han hecho de la Sala Constitucional un órgano reconocido nacional e internacionalmente. Eso sí, como todo, no está excepto de optimizarse, pues su impulso y mejora como protector de la supremacía constitucional solo conlleva a un mayor beneficio para el país.

Ideas para realizar una reforma hay muchas: la separación de la Sala Constitucional del Poder Judicial, la creación de un Tribunal Constitucional apartado de los Poderes de la República, la creación de Tribunales Constitucionales específicos para la tramitación de recursos de amparo y hábeas corpus -reservando las acciones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional-, incluso, está el debate sobre la conveniencia de migrar a un sistema difuso de control de constitucionalidad, que no ha sido ajeno a la historia costarricense. Estas son, pues, posibilidades que se deben debatir y pueden ser objeto de posteriores desarrollos intelectuales para, así, mantener vivo el texto constitucional sin el cual no podría concebirse el Estado mismo.

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Nuria Marín

“Si participara en política perdería mi voz” “Soy abogada de profesión, educadora por pasión, empresaria por ocupación y mi decisión de vida es ayudar al crecimiento y empoderamiento de las mujeres”. Bajo esa consigna, Nuria Marín se ha ganado no solo un espacio en el difícil mundo de las empresas para las mujeres, sino que, desde su trinchera, también ha sido una fuerte voz que analiza la situación del país y de la política internacional Por: Andrés Corrales Fotos: Etzia Granera Hija de una educadora y de un músico clásico, desde que estaba en el colegio, Nuria Marín se relacionó con diferentes grupos estudiantiles, como el Grupo Acción Cívica, donde se preocupó por promover la excelencia académica. Pero eso solo fue el inicio.

Mientras estudiaba Derecho y Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR), participó como miembro de la Asamblea de Representantes de la Escuela de Estudios Generales, fue fiscal del Grupo Gente Nueva (quienes ganaron el Gobierno Estudiantil), fue representante ante la Asamblea de la Facultad de Derecho, representante estudiantil en la Escuela de Periodismo y miembro de la FEUCR (Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica).

Tras graduarse de la universidad, publicó su obra, Régimen de inquilinato aplicable a la

administración pública, por la Editorial Juricentro.

Su hoja de vida es tan extensa, que la lleva hasta la universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde cursó una maestría en Artes Liberales con énfasis en Gobierno. “Me especialicé en poder exterior y poder legislativo y la toma de decisiones”, dice Marín.

Con una carrera empresarial consolidada y una voz muy influyente en la política, Marín encontró la forma de cumplir uno de los objetivos que siempre había tenido en la mira. No en vano se sincera con nosotros: “Yo he estado, allí, por 20 años, desde la Ley de Igualdad Real… Porque no me la contaron, yo estuve adentro, era de las que estaban haciendo las luchas y vi todo el proceso.

Pero se nos olvidó el sector privado y, cuando comenzamos, yo decía que en este país habíamos avanzado en lo político, pero en lo empresarial,

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en el sector privado, y hasta en las mismas ONG, estábamos en pañales”.

Desde el comienzo

¿En qué momento pasa del derecho al campo de los negocios?

“Los grandes emprendimientos los hice con mi esposo (el político, abogado y empresario Antonio Álvarez Desanti).

Comenzamos con pequeños proyectos al lado del ejercicio profesional. En otras palabras, éramos abogados que teníamos pequeños emprendimientos.

Yo me acuerdo cuando nació Brunca (un equipo que ofrece soluciones financieras a personas y pymes), que yo era ‘todóloga’, porque eso me ayudaba a hacer escrituras, pero también aprendí a hacer avalúos, traspasos, iba al registro, tenía juicios, estudiaba al mismo tiempo… Porque me casé a los 20 años, entonces, en ese hecho, no viví necesidades, pero trabajaba, estudiaba, era esposa, madrastra y, después, madre. O sea, son muchos roles desde muy joven con responsabilidades importantes”. ¿Ha sido difícil abrirse un espacio en los negocios como mujer?

“Una de las razones por las que surgió ALAS (Asociación para el Liderazgo y Ascenso Social) es por mi conciencia de que no es igual. Yo tengo anécdotas donde nosotros -Álvarez & Marínsomos dos dueños al 50%, o sea, tenemos patrimonialmente

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exactamente el 50%... Pero el mismo peso, no necesariamente, pues al principio, cuando era una mujer joven, había una inclinación a que en los negocios, para Antonio, era más fácil que para mí. Además, estamos en actividades donde las mujeres no siempre están, que es construcción y el agro (en el caso del banano), y hago la broma de que no creo que lleguemos a cinco mujeres en el sector bananero”.

su poder de presidencia, aparte de que no tiene claro para dónde vamos, cuáles son las prioridades, y eso se permea en los tres poderes de la república, porque es un país constitucionalmente presidencialista, entonces, el peso de la condición de los asuntos públicos nace con la visión y convicción que ejerce la jefatura del Poder Ejecutivo, ello aunque haya una división de poderes”.

la salud, de la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan asegurar a su pareja…

Esas son pequeñas conquistas.

El tema FIV es otro, así como los avances de la población indígena. Un indígena te puede decir que hay un atraso, pero sí ha habido un avance, sobre todo en la administración de Miguel Ángel Rodríguez hubo un avance significativo. No te diría que estamos felices, pero estamos en la ruta correcta”.

El hecho de ser empresaria ligada a la política debe generar más cuidados con lo que se hace, los movimientos, las acciones…

“Definitivamente.

Nosotros sabemos que somos como una familia expuesta al filtro público, lo cual nos da un nivel de exigencia superior”.

¿Estamos atrasados en materia de derechos humanos?

“Por la reticencia de este gobierno de no hacer caso a la resolución de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), respecto a la FIV (fecundación in vitro), te puedo decir que estuvimos atrasadísimos; sin embargo, yo sí creo que la Sala Constitucional y la CIDH han hecho una labor importante. Si pudiéramos analizar el avance en los últimos 15 años, sí creo que ha habido un avance importante. Estamos entrándole a discusiones… ¡es que este país ni siquiera le entraba a las discusiones!

Hablar de toda la agenda gaylésbica, hace cinco años, era un tabú, ya por lo menos está en la discusión pública. Hay personas que estamos dispuestas a hablar públicamente y defenderlo. Lo he hecho en varias columnas.

Bueno, eso hace 10 años no se hubiera podido hacer. Luego, tenemos el caso del acceso a

¿Por qué no un puesto de elección popular?

“Creo que le puedo servir al país desde la trinchera en la que estoy en este momento. Creo que he tenido diferentes trincheras.

Yo digo que soy abogada de profesión, educadora por pasión, empresaria por ocupación y que mi decisión de vida es ayudar al crecimiento y empoderamiento de las mujeres. Y, más bien, siento que si yo participara en política, perdería la fortaleza de mi voz de cara al país”.

¿Cómo lidiar con eso?

“Creo que hay una serie de habilidades y cualidades que tenemos Antonio, nuestras hijas y yo, en términos de que somos una familia muy prudente en lo que hacemos. Además, todo lo que emprendemos procuramos hacerlo con una gran excelencia”.

El país, desde sus ojos

Como experta en política, siempre analiza la situación de muchos países, pero en el caso de Costa Rica, ante las noticias que se ven todos los días, ¿cree que el país está sin rumbo?

“Creo que es un gobierno donde el presidente no ha ejercido

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OPINIÓN

CIBERACOSO EN MENORES:

PERSPECTIVA LEGAL

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Benjamín Gutiérrez

Socio Director BG&A Abogados Corporativos Ilustración: Marc Ramírez

En días pasados, surgió la noticia de un padre de familia que fue a denunciar a un hombre mayor que pretendía seducir a su hijo de tan solo 14 años por medio de Facebook. El señor se presentó en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Tres Ríos y en la fiscalía de La Unión, pero no le recibieron su denuncia. ¡Qué preocupante!

El acoso a menores de edad en Internet y en otras plataformas tecnológicas, mejor conocido como ciberacoso, evoluciona a una velocidad vertiginosa, dejando en evidencia lagunas legales donde los infractores encuentran protección por falta de normativa aplicable o simples razones de competencia y sustento probatorio.

El ciberacoso es una práctica de engaño que utilizan pedófilos o pederastas para atraer a sus víctimas por medio de Internet, redes sociales y herramientas digitales que están al alcance de todo el planeta. Una vez iniciado el contacto, el victimario crea lazos de empatía, comprensión y afecto, elementos con los que se gana la confianza del menor y que generan una especie de amistad

virtual que rápidamente avanza a temas sexuales, laborales, religiosos y hasta económicos.

Este tipo de delincuentes analizará, con preguntas básicas y una rápida revisión del perfil digital de la víctima, cuáles son sus preferencias e intereses, simulando identificarse con ella para obtener información confidencial, datos íntimos, claves de seguridad, fotografías y videos que le permitirán controlar las posteriores reacciones de su presa. Esto da pie a extorsiones y acoso sexual y psicológico, y, en casos de mayor gravedad, la víctima será invitada a encuentros personales que posiblemente llevarán a agresiones o secuestros, y estos, al tráfico de personas y abusos sexuales.

La fragilidad de las víctimas provoca que los hechos se desarrollen de manera inadvertida y solapada, lejos del conocimiento de sus padres, quienes no tienen forma de saber lo que está sucediendo debido a que el menor ha sido atrapado, sin percatarse, en una peligrosa red de la que es muy difícil salir.

Realidad normativa El mundo virtual es el escenario predilecto para agresores, estafadores y delincuentes de todo tipo, quienes encuentran en el anonimato y accesibilidad de redes sociales, videojuegos en línea, smartphones e Internet en general, un campo de acción con millones de víctimas potenciales.

La web ya tiene 22 años de

existencia. No son “nuevas tecnologías”, pero la aplicación normativa está lejos de ser la ideal por la ausencia de eso, de normas. También, hay ausencia de tratados internacionales que permitan una verdadera integración de jurisdicciones ante agresores foráneos e, incluso, hace falta la colaboración de las grandes empresas que dominan las redes sociales.

Empero, poco a poco, aunque con una lentitud exasperante y preocupante, nuestros legisladores han ido introduciendo reformas normativas y nuevas regulaciones para lo que sucede dentro del universo virtual. Esto no es exclusivo de Costa Rica: es algo que se repite a nivel global.

Los artículos contenidos dentro de los distintos cuerpos normativos permiten que los jueces sancionen aquellos hechos que tengan su origen en lo virtual, sin importar que no exista norma específica para ello, lo que se logra gracias a la interpretación, analogía e integración normativa.

En nuestro país, situaciones de acoso sexual de menores en línea, en donde no existe ningún tipo de contacto físico, pueden enfrentarse como casos de seducción, lo mismo con encuentros con menores por medios electrónicos en caso de que tengan menos de 15 años, o como casos de corrupción, en la posibilidad de que sean menores de 18 años, conforme a lo que establecen los artículos 167 y 167 bis del Código Penal.

Cualquier tipo de denuncia

recibida al respecto debe ser investigada por el Ministerio Público, por lo que es fundamental aportar pruebas como conversaciones, pantallazos, direcciones web, fotografías, videos y cualquier otro indicio que permita identificar al sujeto y su IP (serie numérica que identifica a cada dispositivo conectado a Internet).

De igual manera, tipos penales como estafa, coacción, amenazas, violación de comunicaciones electrónicas, captación indebida de manifestaciones verbales y fraude informático pueden ser perseguidos por nuestras autoridades judiciales con normas específicas para ello.

La mayoría de las legislaciones, en otros países, introdujeron reformas menores para tipificar delitos informáticos, como sucedió en Reino Unido, España, Estados Unidos y Argentina, por citar algunos ejemplos. No obstante, como ya mencionamos, se mantienen vacíos que son aprovechados por los malhechores amparados a la inexistencia de acuerdos internacionales que amplíen la competencia territorial y obligue a los administradores de sitios a coadyuvar con información de los infractores.

Sin duda, Internet debe ser libre y su regulación podría suprimir el derecho a la libertad de expresión, pero ante la comisión de delitos o sus tentativas, debe ser enfrentada de otra forma, existiendo colaboración de todos los actores.

Esa es la tarea pendiente.

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OPINIĂ“N

Responsabilidad en el manejo de

datos personales

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Juan Ignacio Zamora Montes de Oca

OPINIÓN

Abogado especialista en protección de datos Ilustración: Marc Ramírez El daño económico que genera el manejo no autorizado de datos personales y la ciberdelincuencia a nivel global alcanza los 450 mil millones de dólares al año, según un nuevo informe de Hamilton Place Strategies, “empresa de consultoría fundada con la filosofía de que una mejor comprensión de los negocios y la economía conduce a una comunicación más efectiva y, en última instancia, a mejores resultados para la economía global y sus participantes”, como detalla en su sitio web.

Aunque estas cifras son alarmantes, realmente las lesiones que producen este tipo de ataques son incalculables. El daño que estas actividades ilícitas generan causa no solo un detrimento económico en las empresas, sino desempleo y daños a las personas y organizaciones, así como daños en la reputación, los cuales, generalmente, son irreparables.

Cuando una base de datos es vulnerada y su seguridad se pone en riesgo, se abre la puerta a que los datos puedan ser utilizados para emitir documentos de identidad falsos, suplantar la identidad de un usuario en Internet, redes sociales o en el mundo físico, perfilar usuarios por sus padecimientos y enfermedades, obtener accesos a cuentas de correo electrónico para enviar spam o correos infectados de virus, cometer delitos de phishing (robar datos para suplantar identidades), pharming (redirigir sitios en Internet a otros falsos), o grooming (usar identidad falsa para aprovecharse de menores), y otros peligros que se derivan del mal uso de este tipo de información.

En el caso de la información del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), el cual el año anterior fue noticia al haber tenido algunos ingresos no autorizados por parte de personas con claves de ingreso permitidas, el riesgo que genera el ingreso no autorizado puede poner en riesgo la privacidad y la intimidad de cientos de miles de personas que han confiado en los sistemas de seguridad de la C.C.S.S. Al día de hoy, todavía no existe un fallo definitivo sobre el tema, pero el daño a la institución financiera de donde eran empleados quienes ingresaron al

sistema le generó enormes pérdidas económicas y un daño a su reputación. De igual forma, el perjuicio a los titulares de datos del SICERE podría verse reflejado en el futuro cuando su información esté siendo vendida o publicada en sitios web, o utilizada para realizar acciones no autorizadas en la web o en el mundo físico.

Podría existir una responsabilidad subjetiva por parte de quienes ingresaron a la base de datos del SICERE y, a la vez, podría existir una responsabilidad objetiva por parte de los personeros de la C.C.S.S. si estos no contaban con los mecanismos de protección de bases de datos mínimos o los requeridos por la normativa vigente para proteger los datos de las personas de quienes eran responsables.

En Estados Unidos, es conocido el caso de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) versus Wyndham Worldwide Corporation, en el cual delincuentes informáticos lograron hacerse con datos personales de más de 600 mil clientes de la cadena de Hoteles Wyndham entre 2008 y 2009, generando pérdidas de aproximadamente 10 millones de dólares a esta empresa. En este caso, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de ese país resolvió una apelación que declaró que la Comisión Federal de Comercio cuenta con autoridad para demandar a toda persona física o jurídica responsable de una base de datos que haya sido vulnerada por su propia responsabilidad, considerando que la falta de un adecuado sistema de seguridad por parte de Wyndham configuraba, de hecho, la participación de esta empresa en “actos o prácticas desleales o engañosas que afectan el comercio”.

Es, ahí, donde entendemos la responsabilidad de mantener una base de datos y la obligación bilateral que existe entre titular y responsable de que los datos estén actualizados, pero a la vez, seguros.

No podemos impedir el uso de las tecnologías para ingresar y crear bases de datos, pero sí debemos utilizar estas tecnologías para facilitar los procesos y asegurar un uso legítimo de la información personal.

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desde el colegio

La criminalización del

maltrato animal Gerardo Huertas Angulo

Máster en Derecho Penal / ghuertas@lexpenal.cr Comisión de Derecho Penal, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Ilustración: Shutterstock

Mucho se ha hablado sobre el proyecto de Ley Contra el Maltrato Animal que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa (expediente 18298). Dentro de su articulado, dicho proyecto busca introducir al Código Penal el delito de “crueldad animal” (artículo 279 bis), que sanciona con penas de prisión de uno a tres años a la persona que mate a un animal sin justificación, así como a quien lo envenene, torture, agreda, u organice o ejecute peleas o espectáculos públicos con animales.

Uno de los cuestionamientos que se ha hecho a la creación de este delito tiene que ver con la necesidad absoluta de que exista un bien jurídico fundamental afectado para que el derecho penal esté legitimado para intervenir. En efecto, debe recordarse que el derecho penal -al ser la respuesta de mayor represión con la que cuenta nuestro ordenamiento jurídicodebe ser siempre la última ratio. Con esto en mente, los opositores de este delito han indicado que los

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animales no pueden ser titulares de derechos propios ya que tampoco pueden ser sujetos de obligaciones y, como tal, no puede justificarse el uso del derecho penal para protegerlos.

Sin embargo, no debemos olvidar que todos los animales son, en sí mismos, elementos integrantes del medio ambiente, el cual sí es un bien jurídico fundamental y que cuenta con protección penal. Así lo indicó nuestra Sala Constitucional recientemente en el voto número 4620-2012, mediante el cual declaró con lugar un recurso de amparo a favor del ambiente y prohibió la realización del evento conocido como La Pamplonada. Los magistrados constitucionales prohibieron dicho espectáculo haciendo alusión no solo a la seguridad de los participantes, sino además, al daño que podían sufrir los animales el cual implicaba un riesgo al medio ambiente. Se consideró que, así como la fauna silvestre debe ser protegida para mantener la biodiversidad y el equilibrio natural de las

especies, la fauna domesticada (que incluye animales de trabajo o alimentación como ganado y mascotas como perros y gatos) “se debe también proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética determinada, corresponde a una concienciación de la especie humana respecto del modo justo y digno con el que debe interactuar con la naturaleza”. Es, de este modo, como la máxima autoridad constitucional, si bien no les asigna derechos individuales a los animales domésticos -por los evidentes problemas doctrinales que eso generaría-, sí los incluye en el concepto de “ambiente”. De esta forma, se legitima la intervención penal para sancionar la crueldad animal en la medida en que esta representa un daño al bien jurídico ambiente. Dicho lo anterior, si bien consideramos necesario el delito de crueldad animal, debe revisarse su redacción para evitar términos ambiguos o imprecisos que puedan contener vicios

de inconstitucionalidad al violentar los principios de tipicidad y legalidad penal.

Sin duda alguna, el derecho penal no es la respuesta a todos los problemas sociales, ni debe permitirse su excesiva expansión. No obstante, al comparar otros delitos ambientales que se encuentran vigentes (como la tala ilegal de árboles o el aleteo de tiburones), no podemos evitar notar el vacío legal que existe con respecto a las mascotas o animales domésticos en comparación con los animales silvestres que sí cuentan con protección penal. ¿Siendo las mascotas animales mucho más cercanos a los seres humanos y parte del mismo ambiente, no merecen el mismo rango de protección jurídica que el legislador asignó a los animales salvajes? En un mundo en el que todos los seres vivos debemos coexistir en armonía, la respuesta parece ser afirmativa.

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OPINIÓN

Por: Rubén Hernández Valle

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Con cierta frecuencia se presentan proyectos de convocatoria a una asamblea constituyente, con el supuesto fin de resolver los problemas institucionales y de gobernabilidad que padece el país.

Sin embargo, el frío no está en las cobijas. Los problemas de ingobernabilidad pasan más bien por cierta incapacidad de la clase dirigente, pero, sobre todo, por la proliferación de un mosaico de instituciones que deben refundirse o desaparecer por ineficientes. Para ello, no se requiere de ninguna reforma constitucional general.

Las constituyentes se convocan cuando surge un nuevo Estado a la vida jurídica, o bien, cuando se ha producido una ruptura del orden constitucional, sea por golpe de Estado o por una revolución. En la mayoría de estas dos últimas hipótesis, como lo demuestra nuestra propia historia constitucional (las constituciones de 1848, l859, l869 y l87l son básicamente las mismas), la de América Latina y otras latitudes, la convocatoria a asambleas constituyentes obedeció fundamentalmente al deseo de los gobernantes de turno de cambiar algunas normas constitucionales que les impedían ejercer el poder a su antojo. Verbigracia, la revolución cubana, en l958, la revolución bolchevique en Rusia, en l9l7, la revolución de los ayatolas en Irán, etc.

En realidad, las constituyentes solo se justifican, además del caso del surgimiento de un nuevo Estado, cuando exista un cambio radical de valores y principios en la sociedad civil subyacente, lo cual ocurre en raras ocasiones.

Entonces, volvemos al principio: para remediar los desvaríos institucionales se debe acudir al procedimiento de reformas parciales de la Constitución, cuando fuere necesario, pero, principalmente, a las reformas de las leyes que crearon el entramado institucional.

En el caso de Costa Rica, habría que hacer algunos cambios importantes en la Constitución para mejorar la eficiencia del aparato institucional. Por ejemplo, habría que reformar

el capítulo de la Hacienda Pública, entre otras cosas, para establecer límites precisos al gasto público y someter al control político de la Asamblea Legislativa la aprobación de todos los presupuestos de las instituciones estatales.

Asimismo, reformar el capítulo del Servicio Civil, a fin de establecer un régimen uniforme de empleo público para todas las instituciones estatales y terminar con los privilegios injustificables existentes en la actualidad. También, habría que reformar la forma de elección de los diputados, para elegir una parte de los diputados a escala nacional y otro grupo más numeroso a nivel de distritos electorales. Finalmente, habría que establecer reglas claras para sujetar las instituciones autónomas a las políticas y directrices vinculantes del Poder Ejecutivo para evitar las duplicidades y la falta de coordinación existente en la actualidad entre la administración centralizada y la descentralizada.

Todas estas reformas parciales de la Constitución deberían ser consensuadas preliminarmente entre los dirigentes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa antes de presentarse a la corriente legislativa. De esa forma, el procedimiento de reforma parcial de la Constitución sería meramente formal y no habría ninguna oposición importante ni demoras de tipo filibustero.

Lógicamente, las leyes que encuentran fundamento en las normas constitucionales modificadas tendrían que ser modificadas o derogadas. Entre otras, se deberían reformar las siguientes leyes: la Orgánica de la Contraloría General de la República, la de la Procuraduría General de la República, la de Control Interno, la de Presupuestos Públicos y Administración Financiera de la República, la del Estatuto de Servicio Civil y la de Presidencias Ejecutivas, por mencionar algunas.

Paralelamente, habría que negociar algunas reformas puntuales al Reglamento de la Asamblea, tales como los que cito a continuación: establecer plazos máximos para que los proyectos

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OPINIÓN

“Los problemas de ingobernabilidad pasan más bien por incapacidad de la clase dirigente” de ley sean dictaminados en comisión; reducir a l5 minutos la intervención de cada diputado en la discusión de los proyectos de ley, sin posibilidad de ceder el uso de la palabra a otro diputado; establecer un procedimiento ad hoc con plazos máximos de votación para 3 proyectos anuales que se declaren de interés público por el Poder Ejecutivo y 4 proyectos de iniciativa legislativa cuando así fueren declarados por una mayoría calificada de la Asamblea; entre otros ejemplos.

Con estas reformas, el accionar de la Asamblea se podría racionalizar y lograr que los proyectos de ley sean dictaminados y votados dentro de plazos razonables.

La gran reforma sería de tipo legal. Para ello, habría que contratar a una firma especializada en la materia para que determine, de manera técnica, cuáles instituciones, entre las más de 300 que integran nuestro archipiélago estatal, pueden ser eliminadas, cuáles refundidas con otras y cuáles reforzadas.

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Una vez que se haya realizado este estudio, habría que elaborar un proyecto de ley para derogar, reformar o refundir, en su caso, las diferentes instituciones estatales que, de acuerdo con criterios técnicos, son suficientes para hacerle frente, de manera eficiente y eficaz, a las funciones estatales.

Obviamente, todos estos cambios requerirían un gran consenso político, pues muchas de estas reformas tocarían poderosos intereses creados e irían en contra el clientelismo populista de los partidos políticos y de los sindicatos.

Me parece que esta sería la solución viable y factible para reorganizar nuestro aparato estatal.

La solución no es complicada, pues solo se requiere voluntad política para lograr consensos sobre los contenidos de la reforma institucional que el país pide a gritos. Para ello, no es necesario convocar a ninguna constituyente.

OPINIÓN

El ‘principio de doble conformidad marca acme’ en Costa Rica La consigna de una justicia pronta y cumplida parece que se ve afectada cada día más con la lentitud en los procesos penales, que se convierten en interminables por cuanto el principio de doble conformidad de Costa Rica se encuentra mal planteado dentro de nuestra legislación.

Douglas Beard

Doctorando en Derecho Penal Ilustración: Marc Ramírez

Hace unas pocas semanas, el conocido caso ICE- Alcatel, en el que figuró el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez (1998- 2002), tuvo un nuevo capítulo en su historia, cuando el Ministerio Público decidió apelar la absolutoria dictada a favor de Rodríguez.

En abril del año 2011, el exmandatario había sido condenado a cinco años de cárcel, junto a otros coimputados. Este fallo fue recurrido y el Tribunal de Apelación decidió absolver a Rodríguez, decisión que fue impugnada por el Ministerio Público ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso de casación. Esta sala anuló la sentencia absolutoria y ordenó el reenvío del caso al Tribunal de Apelación para nueva decisión, mismo que volvió por segunda vez a dictar fallo absolutorio, el cual acaba de volver a ser recurrido por los representantes de la fiscalía.

Colocando esto en un marco de tiempo, estamos hablando de un proceso penal que ha durado alrededor 12 años, y casos como este son los que lanzan la pregunta sobre dónde queda la justicia pronta y cumplida.

Varios diputados en nuestro congreso han criticado

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que con nuestro Código Procesal Penal actual nos encontramos ante procesos penales que ellos mismos definen como “interminables”, y todo por lo ya mencionado: el principio de doble conformidad de Costa Rica se encuentra mal planteado dentro de nuestra legislación.

El principio de doble conformidad es aquel que plantea la imposibilidad de que ante un segundo fallo absolutorio, dictado por un Tribunal de Juicio, pueda el órgano acusador volver a apelar la sentencia absolutoria. En resumen, si a usted lo absuelven dos veces, la sentencia no puede volver a ser apelada, esto con el fin de evitar la persecución indefinida.

En la teoría, así debería funcionar y, de hecho, funciona en otros países. Sin embargo, en Costa Rica, contamos con un caso peculiar.

Si ustedes recuerdan las caricaturas del ‘Coyote’ y el ‘Correcaminos’, se acordarán de que el ‘Coyote’, con la intención de atrapar al ‘Correcaminos’ utilizaba dispositivos e instrumentos marca ‘Acme’, que por fuera se observaban completamente funcionales y de excelente calidad, pero a la hora de utilizarlos, fallaban por completo y no cumplían el cometido para el cual fueron fabricados.

El artículo 466 bis del Código Procesal Penal, artículo que rige este principio, únicamente aplica para imposibilitar la presentación de un recurso de casación ante la Sala Tercera, y solo es aplicable cuando hay dos sentencias absolutorias de un tribunal de juicio y no uno de apelación. O sea, para efectos

de nuestra legislación, las absolutorias de un Tribunal de Apelación no cuentan.

Así las cosas, nos pasa lo mismo que al famoso ‘Coyote’: tenemos un principio ‘lindísimo’ en papel en pro de los derechos humanos, pero en la vida real, no funciona ni cumple su cometido. He, allí, el denominado ‘principio de doble conformidad marca Acme’.

Ante esta incerteza jurídica, todo aquel que conste como imputado dentro de una causa penal, en la actualidad, se encuentra sometido a una persecución penal casi interminable, y esto no es solo un problema que afecte al individuo: recordemos que los procesos judiciales involucran no solo a los familiares y allegados del imputado, sino también a la sociedad como un todo, pues los impuestos que todos cancelamos se utilizan, en parte, para sufragar estos procesos judiciales ‘eternos’, que solo tienen por fin atender un hambre insaciable de la fiscalía en razón del portillo legal que ellos tienen para seguir recurriendo.

Ante este panorama, las reformas se muestran urgentes, por lo que necesariamente debe reformarse el artículo 466 bis del Código Procesal Penal con el fin de que establezca claramente que las absolutorias pueden venir tanto de los Tribunales de Juicio como de los Tribunales de Apelación, para que sea entendido que las dos absolutorias son un conjunto independientemente del órgano jurisdiccional que las dicte. Solo el tiempo dirá si podremos enmendar este adefesio jurídico que tiñe gravemente la validez de los derechos humanos del acusado de una justicia pronta y cumplida, conforme a las estipulaciones de los convenios y documentos internacionales en dicha materia vigentes en Costa Rica.

OPINIÓN

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OPINIÓN

LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS EN PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL MSc Carlos Espinoza Salas

Juez del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo. /Profesor de la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica Ilustraciones: Shutterstock

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Los antiguos Romanos tenían como base de su sistema jurídico, el axioma denominado “alterum non laedare”, no dañar a nadie. De igual forma expresaban en la Lex Aquilia, “damnun iniuria datum”, o daños causados ilegalmente.

Es un principio plenamente aceptado, el cual lo recoge el ordinal 1045 del Código Civil, que todo aquel que cause un daño a otro debe repararlo, conocido como la culpa Aquiliana, originada en la “Lex Aquilia”.

En mérito de ello, cuando se cause un daño debe repararse en forma total, lo cual se conoce como el principio de reparación integral del daño. En razón de ello, se ha ido estableciendo doctrinariamente, por la práctica judicial y se ha plasmado en las sentencias, diversos tipos de daños indemnizables.

En materia de daños, tan importante es la prueba, nexo causal con el hecho dañoso y su cuantificación, como su planteamiento concreto, efectivo y preciso en el libelo de demanda, en ese sentido, debe indicarse los daños y perjuicios que se han venido reclamando en las instancias judiciales civiles y contenciosas.

En lo referente al daño material es el causado en el patrimonio (bienes o derechos) por un hecho o comportamiento lesivo, sin que haya acaecido ninguna causal eximente de responsabilidad, como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa

de la víctima y el hecho de un tercero.

Del daño material se desprende el daño emergente, el cual consiste en la afectación directa causada al patrimonio de la persona, constituyendo lesiones o afectaciones materiales, cuantificables, que implican destrucción o deterioro de los bienes o derechos.

En lo referente al daño físico, consiste en el daño causado en la salud de la persona, el cual se ha determinado en forma clara en situaciones de mala praxis médicas, atropellos y lesiones físicas.

Hechos que generan una incapacidad temporal para efecto de recuperación y una incapacidad permanente. Dejando la permanente secuelas graves y fijos en el organismo, con una pérdida de la capacidad orgánica del individuo.

En lo referente al lucro cesante (derivado del daño material), estriba en la ganancia dejada de percibir, o utilidad frustrada con ocasión del comportamiento lesivo. Sobre este rubro, se ha conferido judicialmente indemnización por lo dejado de percibir con base a la expectativa de vida laboral de la persona, ganancia que se hubiere obtenido por una empresa que fue cerrada en forma indebida y de acuerdo al margen de utilidad que resulte normal de acuerdo al giro comercial, lo dejado de ganar por la pérdida del vehículo como instrumento de trabajo, entre otros. En lo referente al interés cuando no se hubiere pactado o se trate de responsabilidad civil extracontractual, se reconocerá el interés legal, civil acorde al numeral 1163, según con el interés de los certificados de depósito a seis meses plazo que tiene el Banco Nacional de Costa Rica o mercantiles de conformidad con el numeral 497 del Código de Comercio, igual a la tasa básica pasiva que tiene el Banco Central de Costa Rica para moneda nacional o a la tasa prima rate para operaciones en dólares americanos. Debiendo correr el interés en obligaciones de valor, desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago y en obligaciones dinerarias desde que se causó el daño y hasta su efectivo pago.

La pérdida de clance o pérdida de la oportunidad,

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OPINIÓN

se circunscribe al daño que se sufre al verse comprometida una posibilidad real de obtener un beneficio o evitar un menoscabo. En ese sentido, el autor Luis Medina Alcoz, en su libro “La Teoría de la Pérdida de Oportunidad”, ha expresado que como hipótesis de pérdida de oportunidad tenemos de victoria en juegos de azar, en competiciones deportivas, en procesos jurisdiccionales, procedimientos administrativos y concursos privados, oportunidad comercial, oportunidad de ascensos, curación, sobrevivencia.

En lo atinente al daño moral es el causado en el ámbito extrapatrimonial, incorporal y anímico, el cual se subdivide en el daño moral subjetivo y el objetivo.

El daño moral subjetivo es la afectación anímica, tristeza, angustia, dolor, pena, desazón, inseguridad, zozobra, impotencia, frustración, que sufre el ser humano con ocasión del hecho dañoso, basta para demostrar el mismo una simple presunción de hombre, se otorga en sí mismo y el juez como perito de peritos está en capacidad de establecer su quántum, debido

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a que supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas y no requiere de prueba directa, quedando a la equitativa valoración del juez.

El daño moral objetivo es la afectación en la imagen, la reputación, la credibilidad profesional, el prestigio, buen nombre, honor, honestidad, perjuicios en el ámbito profesional, comercial y personal, que se le causa tanto a una persona física, como jurídica producto del hecho dañoso.

En él se lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio y en la parte social del individuo, el cual genera consecuencias económicas valuables. Al respecto es importante indicar que hay falencias probatorias de las promoventes al momento de requerirlo, lo cual implica que en pocas ocasiones se haya otorgado.

El daño psicológico, se ubica dentro de las afectaciones o secuelas permanentes lesivas en la personalidad del individuo, causándole depresiones, psicosis, traumas, patologías, paranoias, perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, esquizofrenia, que

afecta a la persona para el desenvolvimiento normal de su vida, descompensación que afecta su integración en el medio social, alteración clínica aguda. Debe probarse científicamente mediante un diagnóstico o dictamen expedido por un psicólogo o psiquiatra. Es mas objetivizado, en tanto que tiene incidencia en el razonamiento o proceso cognitivo de formación de ideas, conceptos, juicios para llegar a conclusiones.

La indexación consiste en la actualización del dinero al valor presente, siendo un mecanismo utilizado para equiparar el efecto inflacionario o deflacionario que sufre una moneda, reconociéndose juriprudencialmente tanto en obligaciones dinerarias, como de valor. Si se trata de obligaciones dinerarias, corre desde que se causó el daño y hasta su efectivo pago y si se trata de obligaciones de valor, corre desde al firmeza del fallo que la otorga y hasta su efectivo pago. Hay regulación expresa sobre este rubro en el ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual indica que consiste en la actualización de dicha suma, a fin de compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media entre la fecha de

exigibilidad de la obligación y la de su extinción por pago efectivo.

De igual forma, es importante indicar en materia de las pretensiones de la acción, que al liquidarse las costas, debe diferenciarse entre costas personales que se liquidan con base en el Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado, número 39078 del 25 de mayo del 2015 y las costas procesales. Siendo las procesales, las generadas en los términos del numeral 226 del Código Procesal Civil.

En mérito de lo expuesto y como consideración final, es relevante expresar que pretenden las reflexiones expresadas, servir de aporte para que las personas que acudan a estrados judiciales a reclamar acciones indemnizatorias sustenten debidamente su demanda en procura de una reparación integral del daño.

Recordando lo expresado en el Digesto por el célebre jurista Romano Dominicio Ulpiano: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi; “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.

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OPINIÓN

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

“La colectividad latinoamericana está mucho más amenazada en términos de su misma supervivencia que cualquiera otra del mundo por cuenta del narcotráfico.”

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Celso Gamboa

Magistrado de la Sala Tercera, Corte Suprema de Justicia Ilustración: Marc Ramírez

Quienes siempre se habían destacado por su radical posición en la lucha contra las drogas, ahora, se plantean dudas sobre la efectividad de las políticas represivas contra el tráfico y el consumo de narcóticos.

En Costa Rica, el debate se trasladó a los medios de prensa, radio y televisión, en donde, desde todas las orillas, se dispararon argumentos en pro y en contra de la posibilidad de legalizar la producción, el comercio y el consumo de droga.

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué la sociedad estadounidense, que pretendía llevar la avanzada en la lucha antidroga, da ahora un giro significativo en el enfoque del problema?

La explicación parece sencilla. Después de años de gastarse anualmente una cifra que hoy llega a los 18 mil millones de dólares en la lucha contra las drogas, los resultados son un incremento en su consumo y el nacimiento de una nueva era del crimen organizado.

Actualmente, aunque el número de consumidores parece haber dejado de crecer, estabilizándose en unos 22 millones, lo más grave es que la cantidad de droga consumida por este grupo humano ha ido en constante aumento. Aun peor: los menores de 18 años no solo son los que están consumiendo más y más, sino que en ciudades como Washington y Baltimore se han organizado en pandillas sanguinarias de distribuidores de cocaína. Tristemente, esas bandas están compuestas en su mayor parte por muchachos que rondan los 14 años. Este último fue el principal argumento invocado por los alcaldes de esas dos ciudades para sugerir la necesidad de replantear la estrategia. En el fondo, lo que los norteamericanos se están preguntando es, como en el caso de Vietnam hace 20 años, si la guerra es ganable o no.

La naturaleza del problema es totalmente diferente en Costa Rica, aunque es un país de traficantes y un grupo importante de consumidores. Así pues, las interrogantes podrían ser las mismas, pero tienen que ser atendidas tomando en cuenta que se trata de un país en desarrollo, mil veces más pobre que Estados Unidos y con un Estado más indefenso y

unas instituciones más débiles. Entonces, sería más urgente encontrar las respuestas a estas interrogantes desde la óptica costarricense, tomando como término de referencia la problemática nacional más que los vaivenes de la opinión pública norteamericana.

Para platicar sin rodeos, la colectividad latinoamericana está mucho más amenazada en términos de su misma supervivencia que cualquier otra del mundo por cuenta del narcotráfico.

En mayor o menor grado, el dinero del narcotráfico ha infiltrado, corrompido o desestabilizado casi todas las instituciones. La justicia, el Congreso, los partidos políticos e, inclusive, los mismos organismos de seguridad han sido víctimas del poder infinito de la droga. Esto sin mencionar la creación de una economía subterránea que le ha cambiado todas las reglas del juego a la economía tradicional. Todo ello en medio de un creciente ambiente de violencia y muerte que inverosímilmente ha convertido a un antiguo paraíso en lo que parece ser una residencia infernal.

Estados Unidos puede tener un problema de consumo, violencia y crimen organizado, pero nunca ha vivido el asesinato en serie de ministros, procuradores, magistrados, jueces, policías y periodistas que ha sacudido a Latinoamérica en los últimos 20 años. Que se sepa, solo un juez federal de ese país ha muerto en el último siglo por un caso vinculado al narcotráfico. Del resto, allá, los muertos por narcobala los ponen los mafiosos por peleas internas, no más.

Haciendo distracción de cualquier consideración moral, es necesario analizar con criterio estrictamente pragmático y cabeza fría si es posible que Costa Rica gane su guerra contra el narcotráfico.

Para empezar, es necesario recordar una vez más que la solución del problema no depende tanto de combatir la producción como de combatir el consumo.

Volvamos al ejemplo de Estados Unidos. Hagan lo que hagan las autoridades, mientras 22 millones de estadounidenses estén dispuestos a gastar 150 mil millones de dólares al año en droga, cualquier programa represivo en el país resultaría como arar en el desierto. Pero incluso si se aceptara que la raíz del problema está en la producción y el tráfico, las posibilidades de erradicar el flagelo por ese lado no son muy alentadoras.

Recapitulemos. Ante la ineficacia demostrada

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de la represión, cabe la pregunta sobre cuáles serían las implicaciones para el país de una legalización internacional del tráfico y el consumo de drogas, entendiéndose por esto la marihuana y la cocaína, que son las pertinentes para el caso colombiano.

En el momento en que el tráfico de coca se legalizara, lo rentable sería tener los laboratorios al lado de los mejores cultivos y el transporte se haría a través de rutas comerciales como La Paz-Miami, en jumbo. Algo semejante sucedería en Perú. Por lo tanto, la disyuntiva para Costa Rica de una legalización no es la de recibir dineros de la droga legal o ilegalmente, sino la de seguir recibiéndolos ilegalmente o dejar de recibirlos.

Además de las implicaciones económicas, estarían las implicaciones jurídicas. Estas irían desde la despenalización de la dosis personal, hasta la amnistía de personas vinculadas a procesos por narcotráfico.

Otro análisis necesario sería el de lo que ocurriría con el consumo interno, porque a pesar de que el problema no tiene las dimensiones del norteamericano, se ha ido agravando gradualmente.

Al respecto, cualquier debate sobre legalización tendría que estar antecedido por un estudio a fondo de las implicaciones de las distintas drogas en la salud de los consumidores. El alcohol y el tabaco, siendo reconocidamente nocivos, son socialmente aceptados.

El alcohol, en Estados Unidos, como se sabe, estuvo prohibido entre 1918 y 1933, fecha en la cual, ante el convencimiento de que los daños sociales creados por la prohibición eran mayores que los daños físicos creados por el consumo libre, se enmendó la Constitución para levantar la prohibición.

Y esto es interesante: aunque la creencia común es que los estupefacientes son más perniciosos para la salud que el alcohol y el tabaco, algunas cifras indicarían que no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos, se calcula que en 1986, el alcohol estuvo asociado al 10% de las lesiones de trabajo y al 40% de las cerca de 40 mil víctimas en accidentes de tránsito. Por otra parte, investigaciones realizadas identifican al alcohol como la causa directa de entre 80 y 100 mil muertes al año y como factor contribuyente de otras 200 mil. En cuanto al tabaco, más de 320 mil muertes anuales se atribuyen a su consumo. En comparación, solo 3.562 personas murieron en 1986 por el uso combinado de drogas ilegales. Aunque en Costa Rica las estadísticas no son tan precisas, no hay ninguna razón para pensar que esta tendencia cambia.

Y es que el tema tiene muchas ramificaciones.

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Para muestra, un botón. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró su oposición a las llamadas ‘leyes de derribo’.

En su documento anual sobre el escenario de drogas, los expertos internacionales evaluaron las reglas del control del espacio aéreo que se aplican en Bolivia, Brasil, Venezuela (con varias avionetas derribadas) y Chile.

La conclusión de la Oficina Antidroga de las Naciones Unidas señala que “esas normas jurídicas pueden contravenir el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y otras obligaciones internacionales en materia de aviación civil”.

La crítica incluyó al ‘programa de interceptación no letal del tráfico aéreo’, que fue implementado por Perú en un intento de contener el incremento de vuelos ilegales utilizados por las organizaciones de narcotraficantes.

Como vemos, todas las anteriores consideraciones son controvertibles. Tienen pros y contras. En todo caso, los elementos de la discusión están sobre la mesa.

Eso sí, en ningún caso sería factible una legalización unilateral por parte de Costa Rica. Habría que promover un acuerdo internacional con todas las partes involucradas para estudiar los términos, mecanismos e implicaciones de una eventual legalización. Para esto tendrían que estar igualmente convencidos los productores y los consumidores. Hoy día, ninguno de los dos lados lo está, pero ambos están comenzando a dudar de la efectividad de la estrategia actual. No es absolutamente seguro que esto sea fácil ni del todo conveniente. Pero lo que sí es seguro es que es conveniente y oportuno abrir el debate.

Veamos dos caras. Por un lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) difundió un estudio que recomienda a los países modificar las actuales políticas de persecución de los consumidores de drogas y moverse progresivamente hacia la aplicación de políticas de reducción de daño y despenalización del consumo.

Según el estudio, si los Estados modifican su legislación -que en su mayoría penaliza el consumo- romperán un círculo vicioso de violencia, corrupción, cárceles abarrotadas y pondrán a la salud pública en primer plano.

Pero, en contra, la argumentación es ampliamente diversa. Al efecto, podemos enumerar: a. La legalización sería el mejor estímulo para el consumo y sobrepasaría cualquier campaña en dirección contraria. Lo que es más, haría que la droga se volviera

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socialmente aceptable. b. La legalización acercaría la droga al usuario, que ya no tendría que ir a barrios apartados y peligrosos, sino a la farmacia de la esquina, lo que llevaría a que quienes jamás han pensado en probarla, al tenerla a la mano, la experimenten con riesgo de convertirse en adictos. c. Sería una rendición moral y traería consigo un mensaje de hedonismo irrestricto. d. Si solo se comienza a saber el grado de malignidad del alcohol y el tabaco, no tiene sentido aceptar nuevas drogas peligrosas. e. La legalización, con sus impuestos y controles, no eliminaría el mercado negro. Además, aun legal, la droga requiere dinero, por lo que los adictos continuarán delinquiendo para conseguirlo. f. Con el aumento del consumo, crecería la incidencia de delitos cometidos bajo el efecto de las drogas o inducidos por ellas.

Asimismo, la cantidad de drogas ilegales aumenta cada año. Los reportes enviados por los países a JIFE-ONU determinaron que, durante 2014, fueron comercializadas 388 sustancias psicoactivas. Las drogas sintéticas, en especial las fabricadas a partir del cannabis, empiezan a tener mercados propios. En contraposición, en 2009, se tenían datos sobre algo menos de 150 sustancias.

Por ello, cuando en Uruguay y en Estados Unidos (cuatro estados: Alaska, Colorado, Oregón y Washington) reglamentaron el comercio de cannabis, esa situación provocó una fuerte advertencia de la Oficina Antidroga de la ONU debido a los efectos negativos que provocarán esos casos en otras naciones.

Por otra parte, la JIFE-ONU analizó en su documento

anual el incremento de la violencia a causa de organizaciones vinculadas con la venta de drogas en algunas regiones. En América Central, fue señalada la presencia de 900 grupos criminales conocidos como maras, cuya actividad principal pasó a ser tanto la venta de drogas minorista como el transporte transnacional.

Casi como el efecto de una tormenta perfecta, el debate público sobre la despenalización del consumo de algunas drogas ha sido alimentado por varios hechos recientes y, aunque el tema de la política pública frente a las drogas siempre es complejo, es también ineludible.

Para quienes operamos en el sistema penal, es común ver que personas que consumen -muchos de ellos con problemas de adicción-son detenidas y acusadas de portar cannabis. En muchos casos, las cantidades son menores y plausiblemente destinadas al consumo personal.

Sería positivo reflexionar -aprovechando esta tormenta perfecta- en cómo podría nuestra política criminal distinguir correctamente entre quienes consumen en un ámbito privado y lo que debe permitirse para que este consumo se produzca, para solo perseguir aquellas conductas que impliquen tráfico y real riesgo para la salud y la paz públicas.

El criterio de quien suscribe es que la guerra contra las drogas se debe medir no en función de cuánta gente se mete a la cárcel, o cuántas incautaciones se logran, o cuánto dinero destina cada país para esto. En realidad, debería evaluarse en base a cuánta gente muere a causa de las drogas, cuántas personas son asesinadas en este camino, cuántos contraen VIH y cuántos crímenes se cometen para poder satisfacer la adicción a las drogas.

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viajes

Jaipur, joya de Rajasthan Una de las grandes ciudades del norte de India es un destino turĂ­stico imperdible para los amantes de lo exĂłtico y cultural.

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En la página izquierda: El Fuerte Ámber es un ejemplo de la arquitectura y tradición india. En esta página: El Observatorio de Jantar Mantar

Fundada en 1727 por el marajá Jai Singh, Yaipur es una de las ciudades más fascinantes de la India.

Es la capital del estado de Rayastán, al norte del subcontinente indio, y es conocida como la ‘ciudad rosa’, ya que fue pintada en ese color en el año 1905 para dar la bienvenida a un príncipe inglés.

A diferencia de otras ciudades indias, donde los gobernantes musulmanes hicieron de las suyas en la arquitectura y construcción, Rayastán logró mantener las influencias autóctonas. Por lo mismo, Yaipur es el mejor lugar para observar la esencia del poderío de los marajás.

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El primer indicio del esplendor de Yaipur sale a relucir en el casco antiguo. Allí, podemos encontrar un ordenamiento simétrico de cientos de edificios pintados de color rosa salmón. Fue el mismo fundador, Jai Singh, quien planeó la forma de acomodar la creciente población siguiendo lineamientos arquitectónicos antiguos y escuchando a sabios consejeros.

Es justo en el centro de Yaipur que se encuentra el Palacio de los Vientos, o Hawa Mahal. Esta hermosa estructura fue diseñada exclusivamente para que las mujeres del harén real pudieran ver, a través de las ventanas y sin ser vistas, los desfiles y actividades comunes de la ciudad.

No obstante, ninguna construcción en Yaipur es tan magnífica como el Fuerte Ámber. Construído en la cima de una montaña a 11 kilómetros del centro de la ciudad de Yaipur, este fue el hogar de muchas generaciones de gobernantes de la capital de Rayastán.

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Subir al fuerte es posible en automóvil o siguiendo la tradición ancestral: en elefante. Los elefantes en la India no solo son parte de la vida cotidiana, sino dóciles y amigables compañeros.

Después de la aventura sobre un paquidermo amigo, es posible llegar a la cima de Ámber y apreciar la belleza de esta edificación. La entrada es por la Puerta del Sol, el mismo lugar por donde desfilaban los ejércitos que visitaban al rey. Elaborados diseños y detalles inundan las paredes y las ventanas del fuerte. Además de los detalles pintados y labrados, en el interior se encuentra el Palacio de los Espejos, o Sheesh Mahal. Esta era la estancia predilecta para la familia real en época de invierno, ya que está construida con cientos de pequeños espejos incrustados en la pared que multiplican la luz. En esa zona, también se hallan hermosos jardines y bellas vistas del lago Maota, que se encuentra en la base del fuerte.

Sin embargo, un viaje a Yaipur no puede dejar de

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lado una visita al observatorio de Jantar Mantar.

Ubicado al lado del Palacio de la Ciudad, otra edificación tradicional y hogar de las nuevas descendencias de marajás, el observatorio es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés). Este fue construido a principios del siglo 18 por el fundador de la ciudad, Jai Singh, quien era aficionado a la astronomía y la astrología. Jantar Mantar es un observatorio astronómico con más de 20 instrumentos para determinar distintos cálculos, entre ellos, la hora y la fecha. Actualmente, estas extrañas edificaciones parecen enormes esculturas y, por lo mismo, atraen a grandes cantidades de turistas cada año.

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En la página izquierda: 1. El observatorio de Jantar Mantar se compone de más de 20 instrumentos astronómicos para determinar la hora, la fecha y otras mediciones significativas. En esta página: 2. Los jardines dentro del Fuerte Ámber son hermosos y frescos espacios de descanso y tranquilidad. 3. El Palacio de los Vientos, en el corazón de Yaipur, fue diseñado para permitir a las mujeres del harén del marajá ver los desfiles de la ciudad.

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Abogados por un mejor vecindario La firma Batalla Salto Luna, junto con los vecinos de la zona, se propusieron devolver la vida al emblemático Barrio Escalante, en San José. Hoy, este vecindario está atravesando por una de sus más importantes reformas gracias a la iniciativa de quienes viven y trabajan en el lugar Por: Andrés Corrales Fotos: Lucas Nazario

Muy probablemente usted ya ha disfrutado, de manera reciente, de la oferta gastronómica y de entretenimiento que ofrece Barrio Escalante, al este de San José. Y es que, en los últimos años, esta área capitalina ha venido sufriendo significativos cambios que han logrado atraer a miles de personas todos los días para deleitarse con sus nuevos espacios en un ambiente cómodo y más seguro. Eso solo ha sido una

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parte del rejuvenecimiento por el que ha atravesado este lugar, que pretende volver a posicionarse como un punto de referencia de la vida josefina.

En 2006, la firma Batalla Salto Luna, en conjunto con varios vecinos de la zona, decidieron poner manos a la obra para devolver un poco de lo que era este barrio en su época dorada, con la idea de reconocerlo como un barrio más sofisticado y con una ciudadanía más activa.

“Desde el año 2006, somos socios fundadores de la Asociación de Vecinos de Barrio Escalante. Por su naturaleza, es una organización privada de vecinos que hemos decidido organizarnos para, de algún modo, conocernos más y hacer vida de barrio como lo hacía el tico antes”, comenta Mariano Batalla, socio director de la firma de abogados. Bajo esta consigna, comenzaron a hacer estudios y censos sobre la comunidad y sus habitantes para descubrir los puntos débiles por mejorar y, así, brindar mayor sensación de seguridad entre quienes vivían o trabajaban en dicha comunidad o aquellos que simplemente eran visitantes frecuentes de este vecindario.

Batalla Salto Luna es miembro de la convención internacional que firmó el Colegio de Abogados y

Abogadas de Costa Rica con el Vance Center en Nueva York (Estados Unidos), organización que pretende perseguir una justicia global mediante la participación de abogados a través de las fronteras para apoyar a la sociedad civil, al tiempo que procura el ejercicio ético de quienes ejercen la abogacía.

Asimismo, Batalla Salto Luna ha sido galardonada con el reconocimiento de ‘Leading Light’ en los temas ‘probono’ por la revista Latin Lawyer, lo que les ha permitido brindar un apoyo desde la óptica legal en la asociación de vecinos. Eso sí, los aportes por mejorar el barrio no se han quedado ahí. “Hay socios de la oficina que tenemos otras pasiones o ideas de que somos como arquitectos frustrados, y ha sido rico trabajar con arquitectos de verdad, con constructores de verdad, y con antropólogos y sociólogos, y eso nos ha dado cierta formación multidisciplinaria con la que hemos aprendido y que nos ha servido para ‘sofisticar’ un poco más y mejorar el consejo que uno le da a los clientes día a día”, afirma Batalla.

Los cambios El proceso para llegar a tener Barrio Escalante como se conoce actualmente no ha sido rápido ni se ha tomado a la ligera. Se han cuidado los detalles para asegurar el acuerdo entre los vecinos del lugar. La asociación identificó los puntos por mejorar y se puso a trabajar en ellos. De este modo, se detectaron los sitios más vulnerables a asaltos y se coordinó con autoridades municipales y la Fuerza Pública la instalación de cámaras de seguridad, también, se han plantado árboles nativos más adecuados para la zona e, inclusive, se ha trabajado en una reestructuración vial más adecuada. Luego, vino la propuesta de las calles, que busca que los mismos habitantes de la zona se sientan más arraigados a la historia de su vecindad, por lo que promovieron los cambios en los nombres de las rutas de Escalante.

“Todas las calles en San José tienen un número, pero las calles, acá, tienen un nombre, y cada uno de ellos tiene un fundamento histórico, con nombres de gente famosa local”, indica el abogado. Así, la calle 35 pasó a llamarse Héctor Murillo. O el caso de la calle Beirute, en homenaje a la familia que ha vivido allí por años. Esto les ha devuelto un poco la memoria

histórica a los habitantes.

El futuro de Escalante Las decenas de bares y restaurantes, las oficinas y las galerías de arte de Escalante cuentan con nuevos protagonistas que quieren ser parte de este remozo citadino. Nos referimos a las torres de apartamentos que comienzan a asomarse por el horizonte de este vecindario. “Yo creo que el futuro es realmente promisorio, arraigado a esas raíces históricas. Creo que el barrio va a ir evolucionando a ser más dinámico, mucho más joven. Tenemos la oportunidad de crear un espacio de urbanidad que no teníamos antes”, declara Batalla.

Ahora, con la reciente fusión de este firma con AFC Tax & Legal, los retos son mayores, puesto que el bufete abandonará sus oficinas físicas de Escalante para trasladarse a La Sabana. Sin embargo, Mariano Batalla sostiene que esperan seguir dentro de esta asociación vecinal de cambio, al mismo tiempo que ya ha puesto el ojo en su nuevo vecindario, Mata Redonda, para comenzar una revolución urbanística similar a la que ha vivido Escalante y que, sin duda, devolverá vida a uno de los principales pulmones josefinos.

Mariano Batalla Socio director de Batalla Salto Luna

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gastronomía

Aunque en nuestro país la oferta de comida italiana es variada, hace unos meses el restaurante Il Faro abrió sus puertas para ofrecer un menú diferenciador acompañado de una gran variedad de etiquetas de vino.

Fotos: Cortesía

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La zona de La Sabana y Rohrmoser se ha convertido en un semillero de nuevas opciones culinarias para quienes buscan algo diferente y único. Bajo esta misma consigna, el restaurante Il Faro abrió sus puertas hace unos meses con una propuesta diferenciadora en cuanto a comida italiana se refiere.

El lugar resulta bastante acogedor, ideal para una reunión con clientes o una noche de amigos o pareja. Cuenta con un salón principal para sus visitantes y la cocina abierta llama la atención de los curiosos que quieren ver cómo se producen los deliciosos platillos que se ofrecen en su menú. La decoración es simple pero arraigada a elementos propios de Italia, como remos y redes, característicos de las zonas costeras haciendo alusión a los mariscos, una de las especialidades de la casa.

En sus paredes se aprecia la gran colección de vinos que están disponibles para los visitantes.

Más de 42 etiquetas forman parte de la oferta

que se complementa con digestivos, proseccos y más. No en vano es una de los puntos fuertes del lugar, para lo cual se basaron en los sabores autóctonos de Milán así como en la asesoría de enólogos profesionales.

El lugar cuenta con un salón en el piso superior especial para grupos de amigos o trabajo, que brinda privacidad absoluta para disfrutar del lugar en un ambiente ultracómodo.

La oferta gastronómica Bien es sabido que en Costa Rica existe una gran oferta de restaurantes italianos; sin embargo, una de las características importantes de este sitio es su cuchara totalmente tradicional donde se presume de la calidad del norte de la región con platillos únicos que destacan entre la oferta existente.

El menú abarca gran variedad de opciones para los más exigentes. La oferta va desde pastas frescas y secas pasando por pescados, pollos y carne; esto sin olvidar el característico rissotto que se propone como una opción ligera que conquistará a quienes lo degusten.

La estrella, sin duda alguna, es la pasta negra hecha en casa con tinta de calamar que se acompaña de zucchini y tomates cherry.

El pescado en salsa de limón también es espectacular y los platos más tradicionales de la comida italiana como las pizzas no pierden protagonismo.

En cuanto a los vinos, los prosecco Follador son de los más apetecidos por ser espumantes de gran sabor, pero los clásicos como Barolos, Chianti y el negro Amaro no se quedan atrás.

Una de las ventajas que ofrece Il Faro para quienes son amantes de los vinos, es que la bodega Bottega Privé le provee al cliente el de su preferencia si no está en la carta sin ningún costo adicional.

El ambiente Con el fin de mantener su cultura italiana al máximo, Il Faro organiza eventos especiales abiertos al público para vivir una verdadera experiencia italiana en San José. La idea de su chef y propietario es celebrar cada mes las mismas actividades que ocupan la agenda cultural italiana. Así, los visitantes podrán vivir una muestra del tradicional carnaval veneciano que se basa en máscaras y vestidos muy coloridos que se conocen a nivel mundial pero que en nuestro país no suelen verse.

Los clientes también podrán vivir noches de música en vivo tradicional italiana para crea la atmósfera perfecta.

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social

Congreso abierto La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, realizó un seminario internacional junto a la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la Alianza para la Asamblea Abierta sobre Parlamento abierto en Costa Rica. En el evento se conversó sobre la apertura y transparencia del Congreso.

La actividad sirivió para presentar un nuevo portal virtual para que la ciudadanía pueda consultar temas sobre recursos humanos, planilla de la Asamblea Legislativa, su patrimonio, ejecución del presupuesto, viajes y otros temas con el fin de tener mayor y más fácil acceso a información pública.

Fotos: Cortesía ULACIT Arriba: Randall Arias, director del Instituto de Políticas Públicas y Libertad de ULACIT, Jean Noé Landry, representante de Open North (Canadá); Karla Prendas, segunda secretaría del Directorio Legislativo; Juan Belbis, investigador de la ILDA (Argentina) y Sergio Pacheco, representante de la Alianza para una Asamblea Abierta. A la izquierda: El presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortíz, firmó el convenio.

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