FIRMA Agosto

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contenido

Agosto 2016 En portada: Ana Virginia Calzada.

Entrevista en la página 24.

Fotografía: Juliana Barquero julianabarquero.com

Maquillaje: Miguel Cascante Elizondo

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Resumen Las noticias más destacadas del país y el mundo.

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APP Le recomendamos aplicaciones para organizar mejor su trabajo y capacitarse de forma gratuita.

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LAWxury Sáquele más y mejor provecho a sus dispositivos.

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Tecnología ¿Sabe qué son los ‘Data Centers’?

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Energías renovables Los principales retos para que Costa Rica sea referente en la materia.

Derecho indígena Las poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad.

Tendencias de servicios Conozca lo que buscan los clientes de las firmas legales.

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Pago electrónico Una de las grandes tareas pendientes.

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Uso de armas de fuego El extravío de armas motivó a cambios en la regulación.

Paneles solares Todo sobre el reglamento aprobado.

Brexit ¿Qué significa salir de la Unión Europea?

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Viajes Marruecos: desde los ojos de una turista.

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Gastronomía Segundo Muelle abre para encantar paladares.

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editorial

En tendencia

Hace unos meses, cuando conceptualizamos Firma, decidimos que la revista fuera no solo una fuente de consulta para los profesionales en derecho, sino que también, brindara herramientas y consejos para el mejor desempeño de la profesión en pleno siglo XXI. Hoy, reforzamos una de esas consignas que nos motiva a hacer esta revista mes a mes, y les presentamos un estudio global realizado por la firma consultora Deloitte sobre las tendencias en los servicios legales a nivel mundial.

Este estudio fue cuidadosamente revisado por ellos e interpretado por nosotros con el fin de ofrecer de una manera clara y ordenada la información que sabemos es de mucha importancia para los abogados de nuestros días.

Dicho estudio nos ubica en un mapa y nos brinda consejos muy valiosos para enfocar de la mejor manera el desempeño de nuestros despachos y delimitar de una forma más precisa el rumbo que deberíamos tomar como profesionales de las ciencias jurídicas.

Contrario a lo que muchos piensan, la labor del abogado no debe quedarse en un escritorio o en los juzgados: las exigencias del

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mercado nos obligan a tener mayor conocimiento y a ofrecer servicios diferenciados para nuestros clientes.

A través de nuestras páginas, esperamos satisfacer esa necesidad de educación e información constante que tenemos los abogados. Asimismo, procuramos motivar al gremio a evolucionar con las tendencias y la tecnología de las que disponemos para llegar a las necesidades de nuestros clientes.

STAFF Lic. Andrés Corrales

andrescorrales@revistafirma.net

Director

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MSc. Margarita Guzmán Gerente General Natalia Chavarría Carlos Chinchilla Francina Delgado Jaszmín Rivera Redactores Alessandra De Franco Correctora de estilo Giovanna Chavarría

giovannachavarria@revistafirma.net

Directora Comercial

Mauricio Navarro

mauricionavarro@revistafirma.net.

Andrés Corrales Periodista y Abogado Director

Comercial

Juliana Barquero Fotógrafos Juliana Barquero Diseño Marc Ramírez Ilustrador

www.revistafirma.net /firmacr @firmarevista

FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: agosto 2016. Edición 06, año 01. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

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resumen

Problema migratorio

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Texto: Redacción /Fotos: EFE

• La frontera de Serbia y Hungría se convierte en el escenario de una nueva crisis migratoria, ya que en ese lugar se encuentran más de mil 400 migrantes varados a la espera de una oportunidad para continuar su viaje a la Unión Europea.

Aunque las autoridades afirman que la situación está bajo control, lo cierto es que cada día aumenta considerablemente el número de personas que esperan pasar, aunque la nueva ley establece que solo se permite el ingreso de 30 personas por día.

Por los niños • La directora de Plan Internacional en Honduras, Belinda Portillo, la directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, María Cristina Perceval, y la secretaria parlamentaria del Ministerio de Desarrollo de Canadá, Karina Gould participaron de la presentación del proyecto Sistema de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia Hondureña (PRONIÑEZ), para el cual Canadá aportará 14,8 millones de dólares.

El proyecto, liderado por UNICEF pretende beneficiar a más de 700 mil niños hondureños en riesgo social de 35 municipios del país.

Carrera inusual • Aunque a este lado del planeta no suele ser una escena tradicional, en Australia, se llevó a cabo el tradicional Festival

de Carreras de Camellos en Bankstown Paceway, Sídney. Los camellos pueden correr hasta a 65 Km/h y el evento anual que reúne

a miles de personas cuenta con gran popularidad especialmente porque son eventos para apostar y atraer a los turistas.

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resumen Nueva constitución

• La actividad política de Grecia sigue moviéndose y, hace unas pocas semanas, el primer ministro, Alexis Tsipras, presentó su propuesta de reforma constitucional ante el parlamento griego en Atenas. Según el líder, esta reforma traería una Grecia más democrática y abierta a la opinión del pueblo, pues amplía los referendos, refuerza el control parlamentario y limita el mandato de los diputados y jefes de Gobierno.

Avances en el caso

• Los subsecretarios de Derechos Humanos de Gobernación de México, Roberto Campa (centroizquierda), y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería de

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ese país, Miguel Ruiz (centroderecha), se reunieron con los padres de los 43 estudiantes fallecidos en Ayotzinapa, en suelo azteca. Las partes se manifestaron conformes con los avances presentados en las

investigaciones del caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en los próximos días, presentarán un documento al organismo internacional con sede en Washington, Estados Unidos.

resumen

Por la paz • El general Carlos Cáceres (derecha) y el vicepresidente de la Asociación Causa Justa, Jaime García (izquierda), aseguraron que los representantes de seis organizaciones de militares

retirados temen que la paz social de El Salvador llegue al final si sus compañeros de armas son juzgados y condenados por crímenes de guerra a causa de la reciente nulidad de la Ley de la

A control médico • Manuel Antonio Noriega, exdictador de Panamá, fue escoltado por policías penitenciarios al Instituto de Medicina Legal para ser sometido a exámenes físicos y psiquiátricos bajo orden del tribunal que lleva el proceso

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en su contra por la muerte del sindicalista Heliodoro Portugal en la década de 1970. El objetivo de este chequeo es demostrar la capacidad del exdictador para enfrentar el proceso penal que se le sigue.

Amnistía. El tema vuelve a estar en el ojo público después de que distintas organizaciones pidieran el levantamiento de esta ley con el fin de que los responsables de las muertes pidieran perdón.

tecnología

PANDA DOC Si es de los que constantemente necesita imprimir documentos para firmarlos, esta aplicación será su socio absoluto, ya que da pie a poder firmar documentos desde el celular con el uso de su dedo.

Resulta ideal para contratos, hojas de negocios, proformas y más, y tiene altos niveles de seguridad con identificación por código de barras y certificados de firmas.

Asimismo, accede comentar documentos y dar seguimiento a cada uno de los clientes.

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TRELLO El trabajo en grupo de una oficina o un equipo freelance se organizará de una manera más fácil con esta app, que pretende que usted vaya un paso adelante. La aplicación le ayudará a acomodar sus tareas en orden de prioridad y puede invitar personas a cada uno de los proyectos con el fin de hacer un seguimiento detallado, comentar cada acción y compartir archivos entre los participantes.

COURSERA

TINY CARDS

Para los que adoran la constante actualización y educación, Coursera procura miles de cursos en línea a los que se puede tener acceso a través del teléfono o una tableta. Simplemente, debe buscar el curso que más le llama la atención e inscribirse. Los cursos son certificados por universidades de todo el mundo y por un monto de dinero puede solicitar el título directamente a su casa. Los cursos que se ofrecen incluyen idiomas, administración, ciencias de datos, humanidades y más.

De los mismos creadores de Duolingo, la aplicación Tinycards pretende lograr que la persona ejercite la memoria a través de tarjetas con imágenes que se despliegan bajo algoritmos relacionados con técnicas de aprendizaje inteligente y repeticiones espaciadas. Esta aplicación resulta muy funcional para practicar otro idioma y puede ser el complemento perfecto para su hermano mayor, Duolingo.

MEDITATION STUDIO

El estrés consume a muchos profesionales de hoy, y la tecnología se convierte en una amiga para liberar un poco la carga. La aplicación Meditation Studio reúne diferentes métodos de

meditación y le acompaña paso a paso en el proceso de ejercitarse a meditar por sí solo. Podrá hacer un seguimiento detallado de su avance y personalizar la información según sus intereses.

MAS MEMORIA Si es de los que suele alcanzar el máximo de memoria de uso en el teléfono móvil, este dispositivo le puede dar un espacio adicional, ya que funciona como un disco externo para celulares. El SanDisk iXpand SDIX-032G-A57 brinda 32GB de almacenamiento y viene con entrada USB. Puede reproducir en el celular los archivos guardados en el aparato y funciona para el iPhone y el iPad.

PARA VIDEOCONFERENCIAS Si es de los profesionales que pasa mucho tiempo entre videoconferencias, la solución de Logitech puede resultar muy favorecedora. Este dispositivo portátil posee una cámara full HD de 1080p y sonido 360.

Está diseñada para encuadres donde aparecen muchas personas, por lo que tiene enfoque automático y facilidades de movimiento de cámara. Es compatible con computadoras y televisores, por lo que podrá realizar videoconferencias desde cualquier lugar.

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HERENCIA BRITANICA Morris Garages (MG) da a sus clientes cualidades inconfundiblemente británicas y una combinación única de vehículos modernos, versátiles y deportivos con una gama de opciones diversa.

Entre los compactos, está el MG 3; en los hatchback, se encuentra el MG 5; no puede faltar el sedán, representado por el MG GT; y la incorporación de su último modelo de SUV, el MG GS. La influencia

de MG está tan marcada en la historia, que su modelo el Mini Morris es el segundo vehículo de mayor importancia en la industria automotriz, después del legendario modelo MG T.

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LUJO Y COMODIDAD

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En el corazón de Jacó, Puntarenas, el hotel Croc’s promete a sus huéspedes una experiencia de primer nivel. Ostenta variedad de restaurantes, casino, spa, salón de belleza, discoteca, centro de convenciones y un sinfín de elecciones en habitaciones, todas con altos estándares de calidad y comodidad. Usted puede escoger desde las que tienen vista a la montaña hasta las que sorprenden con la espectacular vista del mar. Los amplios balcones de las ‘Junior Suites’ son ideales para grupos de amigos o parejas, ya que se pueden conectar entre sí y, si su grupo es más grande, puede rentar alguno de los condominios, pues estos tienen de una a cinco habitaciones.

OJOS DE LECHUZA Aunque a simple vista puede parecer un juguete, la cámara Ulo se ha convertido en un gadget único para hogares y oficinas.

Este artefacto cuenta con dos cámaras y micrófono que permiten detectar movimientos y crear una interacción a través de expresiones ‘faciales’ del dispositivo con los diferentes modos de vista que tiene. Se puede conectar a aparatos móviles para transmitir en tiempo real y grabar lo que suceda en cualquier aposento.

Estará disponible hasta enero, pero ya se puede preordenar.

TRANSFERENCIA DE ENERGIA A veces, uno desearía poder tener la energía restante de la batería de un dispositivo para usarla en otro. El Samsung Power Sharing Cable ofrece esa facilidad, ya que puede transferir la electricidad de un aparato, como una

computadora o una tableta, a un teléfono inteligente. Simplemente, basta con conectar el cable a los dos artefactos y la transferencia comenzará. Su utilidad, también, se extiende a la posibilidad de transferir archivos entre dispositivos.

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literatura ‘Mr. Mercedes’, Stephen King

El año pasado, el autor de suspenso y terror lanzó esta novela que narra la historia de una guerra entre el bien y el mal. En una decadente ciudad de Estados Unidos, un policía jubilado sigue obsesionado con un caso sin resolver y una carta anónima reactiva su interés por investigar una masacre.

Además, su acercamiento a la mente de un asesino obsesionado y demente le ha valido mantenerse como un best seller.

‘Ciberdelitos’, Marcelo A. Riquert

El ciberespacio evoluciona a una rapidez increíble y la legislación se está quedando atrás en su modernización para ajustarse a esta tendencia. La ley penal en el marco del ciberespacio, así como los derechos de autor en Internet y los nuevos atentados a la intimidad, el honor y la integridad legal suponen los nuevos retos, y este libro hace una compilación de estos temas y propone un análisis.

Ciertamente, el ‘sexting’ y otros delitos como el ‘stalking’ configuran nuevos delitos que merecen ser analizados a profundidad. Se consigue en Expolibros.

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‘La prueba en el acoso laboral’, Marinés D. Babugia

Esta obra pone sobre la mesa un asunto que está relacionado con el ‘mobbing’ y las relaciones de poder que se dan en todos los círculos, especialmente, en el laboral. Este material exhibe las herramientas necesarias para determinar la existencia de actos de hostigamiento que afectan no solo a quienes lo sufren, sino también, al funcionamiento y rendimiento de las empresas, sus trabajadores y la sociedad. Está disponible en Expolibros.

Tecnologías al servicio del Abogado, no al revés.

Alexander Uhrig

Máster en Gerencia Ambiental y licenciado en Derecho Ilustración: Shutterstock

¿Cuántas veces hemos dicho: “¡Esto no sirve!”? En el área tecnológica, la pregunta se dará más de una vez y, por lo general, la razón de que “no sirva” está en el usuario, en el mal uso que haga del aparato y, en el peor de los casos, la respuesta al “no sirve” es porque la tecnología adquirida no era lo que la persona necesitaba.

También, nos ha sucedido que andamos buscando algo que imaginamos nos será útil y, luego, nos damos cuenta de que ya lo teníamos, estaba de fácil acceso, o ya cuando lo tenemos, no lo utilizamos. Cuando esto sucede, se debe más a un impulso que a una necesidad. Esta situación es muy

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común en tecnología y debemos estar seguros de que la opción elegida es la que requerimos y que la utilizaremos al potencial y a las funcionalidades para las que fue creada la herramienta.

Tecnologías digitales existen muchas y mejores cada año, muy variadas y, además, especializadas para optimizar nuestra profesión. Desde las tradicionales, como Office, con un potencial muy útil si se aprovechan al máximo sus funcionalidades, como calendarios unificados y mecanismos de seguridad informática, hasta sistemas especializados en la administración y control de su

bufete (algunos ajustados al abogado costarricense y otros importados). Todas, herramientas de bases jurídicas de Costa Rica y de la región, herramientas para el manejo y flujo de documentos legales y procesos e, incluso, plataformas para posicionar su despacho ante el público meta que usted determine (Google AdWords y otras estrategias de mercadeo digital).

Son tantas y tan variadas las opciones informáticas -algunas, gratuitas y otras, pagadas-, que no se pueden ni mencionar todas en este artículo… Bueno, ni utilizarlas todas, pues si algo nos falta a los abogados, es tiempo para

involucrarnos en materias ajenas a nuestra profesión. Entonces, ¿qué y cómo elegir?

Primero, informémonos, conversemos con alguien que sepa, que conozca nuestra oficina y que nos guíe en lo que requerimos para optimizar el uso del recurso humano, de tiempo y económico de la oficina. Si no queremos involucrar a alguien más, consultemos a nuestros colegas ‘tecnológicos’ sobre qué han implementado y qué les ha servido. Ellos nos podrán orientar.

Segundo, una vez que conocemos qué existe en el mercado, debemos seleccionar adecuadamente cuáles aparatos nos serán útiles para mejorar nuestro trabajo y cuánto queremos invertir, para, así, seleccionar los

equipos que se adecúen a lograr nuestros objetivos.

Tercero, debe existir el compromiso y la cultura organizacional e individual de utilizar y alimentar la solución, pues, de lo contrario, se convertirá en una inversión subutilizada y en una doble carga de trabajo para los que la utilicen.

He visto muchos casos de colegas que obtienen sistemas onerosos, muy especializados, pero no se logró integrar la cultura de utilización, y otros casos en los que la solución que necesitaban la podían obtener a un costo mucho menor del que gastaron. Es como comprar una bicicleta de titanio o de fibra de carbono que se utilice solamente para ir a comprar el pan los domingos a la esquina. Esto se traduce en subutilización de

recursos, que siempre son escasos y, en ocasiones, desperdicio de los mismos.

Cuarto, debe haber una iniciación y un seguimiento en su implementación y uso. Con esto, lograremos sacar máximo provecho de lo adquirido. He visto, por ejemplo, abogados que utilizan sistemas de administración de bufetes y nunca han revisado los reportes que los sistemas generan. Entonces, lo comparo con alguien que se prepare por meses para una maratón, pero nunca ha medido su tiempo. Podrá estar preparado para participar, pero no sabrá si está preparado para competir.

La tecnología está ahí, disponible, es solo saber qué necesitamos y saber elegir.

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portada

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“Lo que uno extraña un poco es esa discusión… Esa participación se perdió en estas generaciones” Atrás, quedarons sus años en la función pública, donde se desarrolló, entre otros cargos, como presidenta de la Sala Constitucional. Actualmente, después de haberse jubilado, no descansa y, desde la comodidad de su casa, nos habló sobre el derecho, su experiencia como jurista y los retos de reinventarse tras 26 años de carrera Francina Delgado, Periodista.

Fotografías: Juliana Barquero Maquillaje: Miguel Cascante

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Tras algunos años como magistrada, Ana Virginia Calzada asumió la presidencia de la Sala Constitucional en 2008, lo que supuso estar en el ojo público y la controversia.

La abogada, de 63 años, participó de unas consultas que levantaron roncha en su momento, apoyó el tema de la fecundación in vitro desde el inicio, procuró una mayor participación de la mujer en insituciones y se mostró a favor de la reelección presidencial.

Hoy, desde su hogar, analiza el panorama político y jurídico luego de haber ocupado algunos de los puestos de mayor trascendencia en la vida jurídica del país. ¿Cómo pasó de querer ser ingeniera agrónoma a ser abogada? “(Risas) A pesar de que desde muy chiquita había oído el tema ‘de la corte’, porque mi papá era magistrado de lo que antes era la antigua Sala de Casación, realmente, lo que yo quería estudiar era Ingeniería Agrónoma. Pero bueno, terminé estudiando Derecho porque, en aquellos tiempos, todavía, los padres se metían un poquito más en la orientación y los gustos de uno y, verdaderamente, desde que empecé a estudiar, sentí que esa era mi vocación también”.

Cuéntenos de sus inicios. ¿Cómo llegó al Poder Judicial?

“La carrera judicial inició cuando le hice una suplencia a una amiga y, en los dos o tres juicios que llevé, sentí que esa era mi vocación en aquellos años de la carrera de Derecho.

Estamos hablando de los años 80 y es curioso: antes de eso, yo no había querido acercarme al Poder Judicial porque siempre creí que, si yo llegaba, estaría a la sombra de mi papá, y lo que menos quería era que me dijeran que me habían dado un puesto ahí porque mi papá estaba dentro de la estructura judicial… Entonces, yo nunca quise.

También, pensaba que la carrera judicial tenía muchas limitaciones para la familia. Siempre decía: “No puedo hacer muchas cosas porque mi papá trabaja en el Poder Judicial” y yo no quería que mis hijos tuvieran esas limitaciones… y les hice lo mismo (ríe). Fue la repetición de la historia sin querer. Es gracioso, porque mi papá tampoco quería estudiar Derecho”. ¿Cómo era la relación con su papá?

“Yo tenía una relación muy buena con mi papá. Yo era de esas chiquitas que siempre están guindando del papá. Lo escuchaba. Él me dijo: ‘¿Pero una mujer estudiando Ingeniería Agrónoma?’. ¡Claro! Tenía la concepción de un hombre de

principios de siglo y una idea muy diferente a lo que tenía que ser la mujer”. ¿Qué valores aprendió de su padre?

“La honestidad, la transparencia.

También, de mi mamá, la fortaleza. Con tal de estar a la par de mi papá, que tiene una figura muy fuerte, ella es muy fuerte. Aprendí a resistir”. ¿Qué recuerda de los tiempos de universidad?

“Inicialmente, empecé con dos carreras y, después, dejé Ciencias Políticas y me quedé en Derecho. Tiempos muy lindos. Tuve la dicha de tener muchos compañeros que han ocupado puestos importantes.

Un grupo muy bueno, muy crítico. Eran los tiempos donde había discusión, tiempos en los que se discutía con ideas, con planteamientos, y creo que eso era muy importante en mi vida y, luego, en el desarrollo de mi carrera”. ¿Algún mentor que ayudó al desarrollo de su carrera?

“En mi carrera, fue muy clara la influencia de doña Elizabeth Odio y doña Sonia Picado. Tuve profesores muy buenos, como Rubén Hernández, don Rodrigo Oreamuno, don Fernando Volio, y la dicha de tener grandes compañeros. Uno de mis grandes mentores, en la Sala Constitucional, fue Rodolfo Piza Escalante, por el pensamiento, y Luis Paulino Mora, en la

organización. En mi oficio, como magistrada, ellos dos marcaron mi desarrollo profesional”. ¿Un antes y un después en su carrera?

“Estábamos en un juicio y el malcriado del abogado me ‘reventó’ las cédulas y yo no sé por qué ahí me salió todo ese bagaje que mi papá había metido inconscientemente en mi cabeza y yo dije: ‘Esto no puede ser permitido’”. ¿Cómo percibe 26 años de carrera?

“En esos años uno se tiene que reafirmar; es tener la sensibilidad de ver los casos y ver los asuntos y expedientes no como un número más. Yo creo que pierde uno, porque se olvida de ver en cada papel a un ser humano”.

De los pendientes que quedaron cuando terminó su gestión, ¿considera que se han hecho al día de hoy?

“Cuando ingresé a la sala, Luis Paulino Mora había sido mi mentor en la parte de la organización. De modo que, cuando llegué, me involucré mucho en el proceso de mordernización e implantamos todo el proyecto informático y le dimos un vuelco a la sala. Cuando me fui, ya el sistema estaba funcionando bastante bien, pero faltaba el tema de comunicación, y eso lo tenía que asumir la persona que me sucediera. Me parece que, actualmente, don Ernesto Jiniesta está retomando el

¿Qué le gusta hacer?

“Lo que realmente a mí me gusta es el análisis, el estudiar los temas con profundidad. El hacer informes. La estrategia.

No me gusta tanto el litigio”.

tema y ya ha implantado algunos sistemas que me parece que están muy bien. Creo que hizo un call center para las consultas, según tengo entendido”. ¿Lo extraña?

“Yo creo que no se deja de ser juez. A veces, cuando hablo de la sala, digo ‘nosotros’. Uno, en su interior, conserva el ligamen con el que trabajó por tantos años, algo que apasionó muchísimo.

Realmente, la defensa del derecho de las personas es el que a mí más me gusta; no se deja nunca”.

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¿Qué opina del Derecho en la actualidad?

“Yo no sé si afecta a los muchachos, actualmente, el desencanto que hay a muchos niveles, porque uno trata de generar la conversación con ellos, pero están como muy distantes de lo que está pasando en la sociedad, desinformados.

Eso sí es una característica que difiere mucho de las generaciones anteriores a las actuales. Ellos no discuten, es una tendencia de esta época.

Creo que siguen existiendo buenas personas, buenos profesores… En ocasiones, lo que se extraña es un poco esa discusión, esa participación. Yo no sé si es que los muchachos están muy enfocados en que tienen que sacar la carrera, en que tienen que trabajar, en que hay una demanda importante que los está llamando, y en que, además, la sociedad demanda muchos bienes. Es algo mundial. A mí me tocó ir a España a dar unas clases y yo le decía al profesor: ‘¿Qué pasa que los muchachos no hablan, no discuten?’. Él me contestó: ‘Son así. Vienen, toman apuntes y se van. Después de clase, al trabajo’. Uno también trabajaba... ¿Será la sociedad,

que era menos demandante?

Antes, trabajábamos para seguir aprendiendo, pero creo que el tema ha cambiado. Repito, trato de generar la convesación con ellos, pero están como muy distantes del tema y de lo que está pasando en la sociedad.

Como decía, no sé si tiene que ver con el desencanto en las instituciones, en la clase política, en… ¿por qué no decirlo?... en el mismo Poder Juicial. Puede que haya un desencanto en todo y en que la juventud tiene muchas cosas que les llama la atención que nosotros no teníamos. Puede ser un conjunto de esas cosas, que también hay que sentarse a ordenar y repensar”. ¿Qué le recomendaría a un estudiante en este momento?

“Le diría que se enfoque en el estudio del Derecho, que analice la sociedad y todos los movimientos que se están dando y que no pierda contacto con la realidad, porque el perder contacto te hace perder contacto con la base misma del derecho, que es la justicia”. ¿En qué proyectos está actualmente?

“Me costó mucho llegar a donde estoy ahora. Cuando se está acostumbrado a una vida de tanta presión y estrés, donde las horas del día se hacen cortas y las noches se hacen todavía más cortas y cuando se quería que el día tuviera 72 horas para poder tenerminar de hacer

todo lo que se tenía en mente…

Bueno, después de salir, verse…

Cuando salí de la corte, no era que yo iba a salir e iba a ir a trabajar a un bufete… Entonces, cuando me fui a leer y estar tranquila, me di cuenta de que no podía estar tranquila (risas). ¡Necesitaba hacer más! Sigo dando clases en la Universidad Escuela Libre de Derecho, y eso me gusta mucho, y encontré algo que verdaderamente me gusta: actualmente, estoy con una consultoría en Guatemala, trasladando la experiencia de lo que fue montar toda la modernización y digitalización de la Sala Constitucional.

Estoy contenta viajando allá con regularidad, y haciendo informes y asesorías”. ¿Cómo fue esa experiencia en Costa Rica?

“Yo lo hice con un sobrante de 180 mil dólares y lo sacamos.

Ahora, puedo hacer una serie de cosas y tengo un presupuesto más acorde con las necesidades del proyecto”. ¿Cómo está Guatemala respecto a Costa Rica?

“Guatemala es un lugar donde se ven los avances de la democracia. En Costa Rica, nosotros no estamos mal.

Dentro de la vena del análisis que me queda, la situación de Guatemala, en estas semanas, ha estado fuerte: cada vez, se topa uno con más detenciones”.

Ana Virginia Calzada Miranda nació en San José, el 30 de marzo de 1953, en medio de una Costa Rica que recuperaba su democracia.

Hija de Emilia Miranda Monge y Juan Rafael Calzada Carboni, siempre pensó que estudiaría Ingeniería Agrónoma, pero pesó más el ADN y la influencia de su padre, un abogado destacado quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Tiene un doctorado en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, España, donde vivió de 1995 a 1997, y una amplia carrera como jurista. Ana Virginia Calzada Miranda llegó al Poder

Judicial para hacer una suplencia y se quedó por 26 años. Terminó su carrera como presidenta de la Sala Constitucional el 12 abril de 2013. Decidió dedicar tiempo a descansar y disfrutar a sus cuatro hijos y sus 11 nietos.

Es expositora y oradora internacional en temas de derecho ambiental, derecho migratorio, derecho constitucional, derecho de familia, derecho de menores y explotación sexual. Es profesora de la Escuela Libre de Derecho.

A sus 63 años de edad, se encuentra activa profesionalmente en proyectos de su total satisfacción.

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entrevista

Sistema energético costarricense,

retos y realidad.

Costa Rica se convirtió en noticia mundial por lograr algo que ninguna otra nación había alcanzado: generar un 96,36% de su electricidad con energías renovables.

Carlos Chinchilla Periodista Ilustración: Mark Ramírez

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Recientemente, Portugal celebró por todo lo alto el logro de producir energía limpia e iluminar su país durante cuatro días con energías renovables, mientras que Costa Rica, en 2015, lo realizó durante 285 días.

Desde el inicio de la energía eléctrica en Costa Rica, en 1884, el país apostó por sacarle provecho a la fuerza del agua, ampliando, así, las opciones junto a la energía solar, eólica y de biomasa, concibiendo un futuro prometedor de mantener la visión de escoger energía limpia.

Aunque en el sector político y empresarial las opiniones sean variadas, todas coinciden en que Costa Rica debe seguir con esa mentalidad de energía renovable e ir abandonando paulatinamente el uso de los combustibles fósiles, ello por obligaciones derivadas de los recientes acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por conocimiento de que el petróleo es finito.

El sistema energético costarricense se puede considerar como eficiente, ya que, en el país, los apagones de horas o días, como en otras naciones, no suceden.

Además, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha hecho una gran labor al mantener al 99% del territorio nacional electrificado, pero también, algunos puntos grises se levantan en este paisaje, como los proyectos de Balsa Inferior o El Diquís, que han tenido que enfrentar un camino complicado, no solo en el desarrollo, sino también, en la

legislación.

De hecho, las normas y regulaciones podrían ser una barrera que formarían posiciones muy rígidas y lo cierto es que la legislación en la materia supone un reto para seguir alcanzando estadísticas históricas a nivel internacional.

Sobre los principales retos en materia energética en nuestro país, habló el abogado Juan Carlos Pizarro, de la firma AG Legal, quien se ha desempeñado como asesor de distintas compañías que han liderado proyectos de energías limpias en nuestro terruño. ¿Qué futuro energético estamos construyendo como país?

“Promisorio, en principio. Tenemos la visión de que es mejor optar por energía eléctrica limpia, pero la normativa sectorial y la regulación son una camisa de fuerza que crea posiciones casi académicas que creí superadas, como la de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que indicó que la producción de energía para autoconsumo era servicio público que requería concesión, atrasando, innecesariamente, el desarrollo de la generación distribuida.

Gracias a la perseverancia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la cooperación de la Procuraduría General de la República tenemos una incipiente regulación que permite la generación distribuida. Hay que seguir con esa mentalidad de energía limpia e ir abandonando,

paulatinamente, el uso de combustible fósil, no solo porque tenemos obligaciones derivadas de los recientes acuerdos de la ONU en París (‘COP 21’), sino que sabemos, desde hace mucho, que el petróleo no es infinito. Sin embargo, tenemos un sector al que le es difícil ser dinámico y cambiar fácilmente”. ¿Hacia dónde debería el país dirigir el sector energía?

“Hacia la utilización de fuentes renovables y limpias, pero, también, se requieren cambios profundos en la normativa para incentivar más la inversión privada y las alianzas público-privadas, tan satanizadas por ciertos sectores. ¿Qué razón, salvo ideológica, hay para impedir que una empresa privada o una en alianza con el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) o las cooperativas rurales de generación electica puedan generar energía para exportarla? ¿Qué razones de peso hay para impedir que un generador privado y un gran consumidor se pongan de acuerdo en un contrato de compra-venta de energía? Hay gente que cree que la generación privada desangra al ICE cuando, en realidad, hace proyectos más eficientes, dan empleo y pagan impuestos. La misma Contraloría, en un informe del año pasado, señaló que el proyecto eólico de la CNFL en Santa Ana tuvo pérdidas millonarias y no es competitivo porque el costo de inversión por kilowatt instalado es

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el más elevado de los parques eólicos en Costa Rica. Estamos frenando un gran potencial que puede generar recursos frescos sin necesidad de aprobar nuevos impuestos”. ¿Es nuestro sistema realmente eficiente?

“En términos generales, me parece que sí. A la vista está que los proyectos del ICE, viejos y nuevos, están funcionando. Por ejemplo, no tenemos apagones como en República Dominicana. Sería muy mezquino de mi parte no reconocer que el ICE ha hecho una gran labor al tener el país electrificado en casi un 99%. Pero, en los últimos años, se dieron proyectos públicos muy costosos que no han salido del todo bien, como Balsa Inferior o El Diquís. El año pasado, el ICE importó energía más barata, por lo que me pregunto, ¿es preferible importar o bajar la producción?

Claro que no. El siguiente paso es convertirse en exportador, de forma planificada e inteligente.

Pensemos en grande. Si Panamá es un hub de servicios y transporte aéreo, ¿qué impide que Costa Rica sea un hub para suministro de energía? Solo el miedo típico del costarricense a tomar decisiones y hacer las cosas en grande…”. ¿Dónde está el futuro energético de Costa Rica?

“Precisamente, en las energías limpias. La zona de Guanacaste tiene un potencial eólico grande.

No es casualidad que la mayoría de los proyectos eólicos estén

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ubicados ahí. También, hay que aprovechar la cantidad de luz solar que existe en la zona e impulsar proyectos de generación eléctrica utilizando la energía del Sol. Mientras que Honduras, para agosto del año pasado, tenía alrededor de 300 MW para dar en concesión, Costa Rica se contenta con un proyecto de apenas 5 MW. ¿Geotermia?

Es una verdadera lástima que no se pueda aprovechar mejor por la oposición de los ecologistas sin que nuestras autoridades, con más valentía, tomen la decisión de permitir exploración y aprovechamiento en parques nacionales. Hay que diversificar el ‘menú’ de fuentes y no depender tanto del agua. ¿Puede el país ser líder regional en materia de energía?

“Ya lo es desde el punto de vista de matriz energética. Miremos el ejemplo de Portugal, que anunció por todo lo alto que logró cuatro días iluminando a su población con energías de fuentes renovables y limpias mientras que Costa Rica lo logró durante casi un 80% del 2015. Pero ese liderazgo debe traducirse en tarifas más competitivas y en una mayor seguridad para los inversionistas nacionales y extranjeros que quieren invertir en energía en este país. Nuestras autoridades y grupos de presión, con sus propios intereses, deben tenerlo claro: los inversionistas no se pelean por venir a Costa Rica. Ellos ya tienen otras opciones: Panamá,

Nicaragua, El Salvador, en donde es más fácil instalar una empresa”. ¿Cuál es la principal barrera que enfrenta el sector energético en Costa Rica?

“Definitivamente, su normativa y la burocracia. Veamos la Ley 7200, que establece que el sector privado solo puede generar 15% de la capacidad instalada en el país y, adicionalmente, solo puede venderla al ICE. ¿Por qué si las cooperativas que generan energía tienen su propia ley, así como JASEC (la compañía de servicios públicos de electricidad en Cartago) y la ESPH (Empresa de Servicios Públicos de Heredia) pueden generar y distribuir, por qué no le pueden comprar directamente a un privado? Luego, tenemos que la generación distribuida, que tan buenos resultados ha dado en Alemania, tuvo que esperar a que la ARESEP estuviera convencida de que el autoconsumo no requiere de concesión para que el MINAE pudiera emitir un reglamento. Tenemos normativa que se promulgó en un momento histórico a la cual no se le pueden estar haciendo parches. Luego, la terrible burocracia, y puedo citar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para decir un caso: proyecto que llega ahí, tarda meses, sino años.

Tengo la experiencia de haber participado en la gestación de proyectos eólicos y, en uno de ellos, tardaron casi un año en dar la viabilidad. Parecía como si

estuvieran analizando una central nuclear. Los mandos medios y los jerarcas deben tener conciencia de que el mundo no se detiene en sus escritorios y no es posible que porque un funcionario se incapacita o se va de vacaciones el proyecto deba de esperar”. ¿Cuál es el marco legal que debería establecerse con el fin de que se promuevan las energías limpias en el país?

“Una ley general de energía que venga a ordenar y modernizar el sector junto con una reingeniería de la actividad reguladora de la ARESEP en la materia, que impulse el desarrollo del conjunto de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad de forma separada y no concentrada, que le dé más espacio a la generación privada y a la generación distribuida.

Debe crear un ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera, regulando temas clave como peaje, tarifas, tarifas en los contratos de venta de energía en ejecución. Que introduzca un mercado mayorista o un mercado spot. Lógicamente, no dejaría de lado el tema de la regulación tarifaria para consumo de la población y los derechos del usuario. Urge una norma que haga innecesario tener tanta normativa inconexa que actualmente está vigente. Hoy, en el sector, rigen al menos seis o siete leyes, junto con sus reglamentos, sin mencionar los reglamentos técnicos emitidos

por la ARESEP y el MINAE. Si la normativa fuera un traje, estaría lleno de parches”. ¿Cuál diría que es el marco legal de la región que cumple con las características más idóneas para promover la instalación y creación de estos proyectos?

“Guatemala es un buen ejemplo.

Hay libertad de la instalación de centrales generadoras. Se creó el Administrador del Mercado Mayorista, cuyas funciones son la coordinación y despacho del Sistema Eléctrico Interconectado, el establecimiento de precios de mercado de corto plazo, que se encarga de transacciones de compra y venta en el mercado mayorista y garantiza la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica. La energía, la potencia

y los servicios se compran y se venden en el Mercado Mayorista.

Estableció también dos tipos de marcado: el Mercado de Contratos a Término o de Futuros y el Mercado de Oportunidad o Spot. Los agentes que participan en el mercado pueden adquirir la potencia y energía (o la colocación de su producción) con todos los otros agentes libremente.

Las distribuidoras deben de garantizar en el Mercado a Término el suministro a sus usuarios regulados y las tarifas a la población están reguladas. Sin ser perfecto, trata de establecer un balance entre las necesidades de la población en cuanto a tarifas y calidad, y las de los inversionistas nacionales y extranjeros en cuanto a seguridad jurídica y oportunidad de negocio”.

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Estudio

‘Tendencias futuras de los servicios legales’:

profesión legal experimenta cambios y expansión de su oferta •55% de los participantes del estudio considera hacer una revisión de sus proveedores legales Natalia Chavarría Periodista

Gráficos: Juliana Barquero FIRMA 34

•52% de los encuestados estaría de acuerdo en adquirir servicios de un despacho de abogados no tradicional

El papel actual de una firma de abogados va más allá de ser únicamente un ente asesor y técnico. Por el contrario, las empresas están en la necesidad de contratar profesionales legales dinámicos, versátiles y proactivos, que conozcan tanto las necesidades propias del negocio como el entorno de cada uno de los países en que llevan a cabo sus operaciones, que estén en la capacidad de ofrecer servicios multidisciplinarios transfronterizos y que hagan un mejor uso de la tecnología. Así lo puso de manifiesto el estudio global ‘Tendencias futuras de los servicios legales’, contratado por Deloitte Legal.

La globalización es considerada por muchos el elemento más influyente en la evolución de la prestación de servicios legales, sin embargo, según el estudio, este mercado está experimentando un cambio mayor debido a otros factores, como ambientes regulatorios cada vez más complejos, el aumento del riesgo en diversas áreas, el crecimiento de la economía digital y presiones crecientes para reducir costos.

Por esta razón, la mayoría de los entrevistados -entre ellos, asesores legales, consultores generales, directores ejecutivos y directores financierosconsideraron necesario hacer una revisión significativa de sus proveedores legales en busca de especialistas a la medida de sus desafíos u oportunidades de

negocios a nivel local, regional y/o mundial.

Para Dan Lange, líder de Deloitte Global para Impuestos y Legal, “los clientes están buscando soluciones más amplias que abarquen mucho más que lo legal. Sus problemas son multidimensionales y requieren de consultores que comprendan profundamente las dinámicas de los negocios y el impacto que las decisiones legales tienen sobre otras áreas de negocios, particularmente si tienen operaciones globales”.

Crecimiento de los servicios legales A pesar de que los despachos de abogados convencionales ya no están satisfaciendo las necesidades de los negocios en áreas cruciales como el uso de tecnología, la transparencia en la fijación de precios y el nivel de integración de servicios profesionales de consultoría, la investigación señaló que tanto la demanda como el gasto de los servicios legales continúan en crecimiento.

Entre las áreas que están apreciando dicho aumento destacan los litigios (39%), fusiones y adquisiciones (42%) y el cumplimiento regulatorio (49%), siendo esta última uno de los retos más grandes de los departamentos legales ‘inhouse’, asociado a la necesidad de ‘hacer más con menos’.

Por otra parte, aspectos como la pluralidad en el entorno cultural, político y jurisdiccional en que las empresas se desarrollan, crean en las compañías la necesidad de contar con proveedores de servicios legales que ofrezcan consejo y pericia más allá de los argumentos legales (33%) y compartan conocimientos de manera más proactiva (18%), arrojó el estudio.

“Vivimos en un mundo cada día más regulado, con cuestiones como cruce de información en materia tributaria, el estándar único de reporte del foro global de transparencia, la normativa ‘OCDE’ en lo que se refiere a capitales, entre otros. Es un mundo donde las regulaciones locales están compartiendo espacio con regulaciones de carácter global y, en esto, cobra sentido el poder ofrecer a las diferentes compañías una plataforma de servicios de carácter unitario que funcione en la totalidad de los países donde actúa la firma de servicios profesionales”, explicó el abogado Alan Saborío, sociodirector de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana.

Los deseos de los clientes Está claro que tanto los mercados, la figura de los departamentos legales ‘in house’, así como el perfil de las firmas y sus abogados han

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cambiado, por ende, es cada vez más evidente la necesidad de encontrar un nuevo tipo de asesor que ofrezca un abanico más amplio de servicios que vayan más allá del estricto asesoramiento legal.

“Las empresas transnacionales buscan con muchísimo interés entidades que puedan ofrecerles servicios legales y asesoría en otras materias -según su industria- con una sola marca, con la misma calidad y responsabilidad, entrando por una única puerta para la totalidad de los países en los que están ubicadas sus actividades, respetando el entorno, la regulación de los diferentes gremios profesionales y la realidad en cada uno de los países”, señaló Saborío.

En este sentido, el análisis del estudio determinó al menos cinco tendencias a futuro en la contratación de servicios legales globales. Estas son: • Asesoría transfronteriza integrada más allá de lo legal.

Los clientes de servicios legales requieren una asesoría integrada a nivel transnacional e interdisciplinaria, es decir, buscan en sus proveedores pericia industrial, comercial y en áreas no solo legales, que sean conocedores y posean experiencia en la gestión de datos globales y de protección de seguridad en Internet, así como profesionales más proactivos al compartir conocimiento a través

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de diferentes jurisdicciones.

El informe hizo referencia a la percepción de que los despachos de abogados tradicionales están atrasados en comparación con otros servicios profesionales en esta área.

• Mejor y mayor uso de la tecnología. El 52% de los participantes consideró que la tecnología reemplazará, dentro de los próximos cinco años, muchas de las tareas realizadas por los abogados de los departamentos ‘in house’. A raíz de esto, nace la necesidad de que los clientes quieren tecnologías más relevantes, que puedan ser usadas y compartidas en plataformas integradas por parte de sus proveedores legales.

• Asesoría regulatoria y de cumplimiento legal. Un 49% de todos los participantes dijo que el gasto legal de su departamento estaba creciendo en el área de cumplimiento regulatorio.

En particular, el cumplimiento global lo percibieron como un asunto de mucha importancia, en el que más de una cuarta parte (26%) cree que es el reto más grande que enfrenta su departamento ‘in house’.

• Tarifas fijas, precio basado en el valor y mayor transparencia. Una gran mayoría de los participantes comentó que desea una mayor certeza y claridad a la hora de cobrar y

se mencionó frecuentemente las tarifas fijas o con límites máximos establecidos o precios basados en el valor para el cliente.

• Demanda de proveedores de servicios legales alternativos o no tradicionales.

Una mayoría (55%) de las personas que participó en el estudio admitió haber realizado o evaluó efectuar una revisión de sus proveedores legales. Por su parte, más de la mitad (52%) detalló que está dispuesto a adquirir servicios legales de un despacho de abogados no tradicional que ofrezca una amplia gama de servicios.

La región centroamericana Para el abogado Alan Saborío, la necesidad de servicios globales abre un gran reto y si esto se puede complementar con una oferta de servicios locales, es una excelente oportunidad que se abre para todo el mundo.

Durante un período de aproximadamente seis meses, se llevó a cabo el estudio en 33 países de cinco continentes, que no incluye encuestas en la región Centroamericana.

Sin embargo, “a pesar de que las necesidades legales u oportunidades de las compañías se trabajan de acuerdo con las regulaciones de los países o regiones en los que opera, el estudio es una guía con elementos sumamente

importantes a rescatar que se pueden aplicar en cualquier parte del mundo respetando el entorno, las regulaciones, los gremios profesionales y la realidad de cada uno de los países y regiones. Deloitte reafirma su firme intención de fortalecimiento de los servicios legales en el mercado centroamericano”, expresó Saborío.

Estudio global

‘Tendencias futuras de los servicios legales’

Revela necesidades del mercado y cambios en la contratación empresarial de servicios jurídicos

Encuesta Asesores, consultores, directores ejecutivos y financieros.

países

continentes participantes FIRMA 37

Más detalles del estudio El estudio fue realizado por RSG Consulting y contratado por Deloitte Legal. Abarcó una encuesta cuantitativa hecha por medio de Internet a 243 clientes de servicios legales ‘in-house’, que principalmente ocupan posiciones tales como ‘CEO’, ‘CFO’, o consultor general o legal. Las respuestas a la encuesta estuvieron respaldadas por 30 entrevistas cualitativas hechas a profundidad a clientes sénior de servicios legales en corporaciones globales de diferentes industrias.

El grupo de encuestados pertenece a grandes multinacionales y medianas empresas relacionadas al negocio del consumo, energía y recursos, servicios financieros, ciencias de la vida y la salud, manufactura, bienes raíces, tecnología y medios de comunicación e industrias de telecomunicaciones.

Dichas compañías se ubicaron en países desarrollados y mercados con una actividad de negocios en rápido crecimiento e industrialización como AsiaPacífico, Reino Unido, América del Norte, Europa (excluido el Reino Unido) y África-Oriente Medio.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre setiembre de 2015 y febrero de 2016.

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PRINCIPALES RESULTADOS Factores de cambio

• Ambientes regulatorios complejos • Aumento de riesgo en diferentes áreas • Crecimiento de la economía digital • Reducción de costos

Retos ‘in house’ • Hacer más con menos • Cumplimiento regulatorio

Áreas de crecimiento • Litigios (39%) • Fusiones y adquisiciones (42%) • Cumplimiento regulatorio (49%)

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OPINIÓN Retos del transporte público ante la llegada de las nuevas tecnologías

Marco Ureña

Abogado Asociado Batalla Salto Luna Ilustración: Marc Ramírez

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La industria del transporte público es una de las industrias que está siendo más seriamente afectada por los avances de la tecnología. La llegada a nuestro medio de empresas disruptivas como Uber representa un serio cuestionamiento al concepto tradicional de servicio público e introduce una especie de competencia a un mercado, hasta entonces, regulado y cerrado.

‘Uberización’ del transporte: Uber, Cabify y Lyft Uber es una plataforma de origen estadounidense que une conductores disponibles con clientes que desean trasladarse de un lugar a otro en determinada ciudad. El pago se realiza por medio de una o más tarjetas de crédito previamente incluidas en la aplicación por parte del cliente con lo que se evita el uso de efectivo y se controlan los montos facturados.

Por su parte, Lyft es también de origen estadounidense y Cabify lo es de origen español, y ambas funcionan en forma bastante semejante a Uber. Ya se rumora que Cabify podría ingresar a San José en las próximas semanas o meses. Estas y otras empresas, como Airbnb y BlaBlaCar, forman parte de lo que se denomina economía colaborativa o consumo colaborativo.

Uber ha enfrentado las protestas de los gremios de taxistas en casi todas las ciudades en que ha ingresado, pues la consideran una suerte de competencia desleal al

no estar regulados ni contar con una concesión o autorización del Estado para ofrecer el servicio de transporte público. ¿La requieren acaso? Mucho se podría argumentar a favor o en contra de ello, pero lo cierto del caso es que el Estado no puede desconocer la realidad impuesta por el avance tecnológico y los nuevos agentes económicos. El derecho avanza y siempre avanzará más lento que la realidad comercial y económica. ¿Tendría sentido intentar regular a estas nuevas empresas y esta nueva realidad en este momento?

Quizás, no, porque su avance es tan rápido que es difícil predecir y, más aún, regular su próximo movimiento. En caso de considerarse necesaria su regulación, esta debería ser en la forma más abierta posible para que la regulación no se convierta en un obstáculo al desarrollo económico y tecnológico.

Tal vez, lo más atractivo de esta ‘uberización’ del transporte público es que, a través de ella, se ha introducido competencia a un mercado que no estaba en competencia y que funcionaba a través de concesiones de servicio público. ¿Podrán los taxistas y los denominados ‘seetaxis’ competir contra una plataforma como Uber? Es posible que sí, siempre que realicen cambios que mejoren la experiencia de los usuarios y motiven su preferencia.

La creación y perfeccionamiento de aplicaciones como Easy Taxi y Taxible demuestra que el funcionamiento de la competencia

en este mercado es posible. Al final del día, serán los usuarios, fines últimos de la regulación, quienes determinarán el éxito de una u otra plataforma por medio de su preferencia.

Experimentos con vehículos autónomos Mientras en Costa Rica seguimos discutiendo sobre la legalidad o ilegalidad de aplicaciones como Uber y Cabify, en países como Japón y Singapur ya se realizan experimentos con autobuses y taxis autónomos, es decir, que no requieren conductor. En el caso de los taxis autónomos, el pasajero, por medio de una aplicación, ordena al vehículo, define su destino y paga el precio. Podríamos decir que es algo semejante a Uber, pero sin el conductor. En Estados Unidos, ya son bien conocidos los grandes esfuerzos de empresas tecnológicas como Google y Apple, en asociación con empresas automovilísticas, por desarrollar y perfeccionar vehículos que no requieren chofer.

Valdría la pena preguntarse, por ejemplo, ¿qué dirán los gremios de taxistas cuando una tecnología semejante llegue a Costa Rica?

El derecho debe ser reflejo de la realidad comercial y tecnológica y nunca un obstáculo. Las autoridades deben analizar los avances tecnológicos con una mente abierta que les permita tomar las decisiones acertadas. ¡Los bueyes delante de la carreta, siempre!

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Consideraciones sobre el Pago Electrónico en

Transporte

Público Lic. Adrián Mora Sánchez

Abogado experto en tecnología División de Tecnología y Telecomunicaciones de Facio & Cañas Ilustración: Marc Ramírez

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La reciente separación (renuncia o despido) del señor Sebastián Urbina, quien ejerciera como viceministro de Transportes y Seguridad Vial, de las negociaciones para la implementación de un proceso de pago electrónico en el transporte público confirma la premisa de que el factor tecnológico es, quizás, aún, con toda su complejidad, el elemento menos determinante para vislumbrar una ejecución exitosa en este tipo de proyectos.

La correcta y justa ponderación de los intereses económicos y políticos involucrados condiciona, indudablemente, todo el proceso.

Los objetivos y beneficios que devienen de la implementación efectiva de un sistema electrónico de pago pueden ser tan diversos y numerosos como los actores involucrados. Sin vacilación, la producción inmediata de una ingente cantidad de información precisa sobre la demanda real de pasajeros, patrones de movilización y tiempos supondrá una herramienta inmejorable para el Estado en el ejercicio de sus competencias de control, regulación y fiscalización, igualmente como para la planificación de mejoras permanentes del sistema. Para el empresario, supone un paso en la dirección correcta para

la optimización de un servicio cada vez más amenazado por el aumento de ofertas alternativas de transporte, hasta, tal vez, más seguras y ágiles. Y, finalmente, para el usuario, el eslabón más débil de la cadena, puede suponer un servicio mucho más eficiente, rápido y seguro.

En términos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “una implantación exitosa no se debe solamente a la tecnología que esta utiliza, sino a la creación de un sistema integral que logre satisfacer las necesidades de los usuarios y operadores del transporte público, considerando las características de los agentes

involucrados y las del entorno en que se desenvuelven”. En Latinoamérica, se ha dado un importante número de iniciativas tendientes a modernizar el transporte público mediante sistemas de pago electrónico de pasajes, lo que ha arrojado resultados muy diversos.

La consumación exitosa de un proyecto de esta naturaleza depende de múltiples factores, pero atendiendo al estatus actual en nuestro país y al aprendizaje resultante de las experiencias fallidas y acertadas de procesos de pago electrónico en transporte público cercanas a nuestra realidad (Curitiba, en Brasil; Santiago, en Chile; Bogotá, en

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Colombia; y México), es posible enumerar algunos elementos que podrían determinar que definitivamente Costa Rica concrete un paso firme hacia la consecución del hasta ahora utópico Sistema Inteligente de Transporte (SIT).

En primera instancia, resulta fundamental tener absoluta claridad y certeza sobre las consecuencias surgidas a partir de la selección del diseño o modelo conceptual y operativo de todo el sistema. Por un

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lado, concurre la alternativa de adoptar un modelo centralizado y único, donde el Estado se incline por un solo operador responsable de brindar toda la solución operativa y tecnológica.

Y, por otro lado, nace la posibilidad de implementar un sistema abierto y polarizado que permita la integración de diversos operadores, con sus propias tecnologías y plataformas. La propuesta del ahora exviceministro Urbina consideraba la implementación

de un sistema centralizado y exclusivo, fundamentado, posiblemente, en que la participación de múltiples operadores podría generar complicaciones operativas, de integración tecnológica, de compatibilidad y de interoperabilidad entre las informaciones de los distintos sistemas, así como la pérdida de los beneficios inherentes a las economías de escala. Sin embargo, un modelo centralizado podría crear escenarios donde

la Administración quede atada y dependiente de un solo proveedor y de su propia tecnología (‘vendor lock-in’), aumentando considerablemente los riesgos del cambio o escalamiento del sistema.

Otro factor relevante está relacionado con la operatividad, en el sentido de que la Administración debe garantizar y velar por la absoluta confiabilidad, seguridad y robustez de la plataforma. Debe entenderse que un sistema de esta índole, para su correcto funcionamiento, depende de la operación coordinada y efectiva de muchos subsistemas, operaciones y factores.

Bastan pocas cosas para hacer colapsar todo el sistema a partir de la desconfianza y la inseguridad, como por ejemplo que los usuarios no puedan acceder a un autobús porque el sistema por error no acreditó las recargas previas, o que se origine una incorrecta

distribución y depósito de los dineros recaudados (proceso de ‘clearing’) a los empresarios, o, peor aún, que por consecuencia de algún tipo de fraude se interrumpa el proceso.

Por ello, un componente no menos significativo responde al aspecto de la seguridad global, tanto operativa, como jurídica.

Una plataforma robusta y segura que disminuya los riesgos contra posibles fraudes, manejos incorrectos y evasión de pasajes es determinante. Asimismo, la seguridad jurídica se aplica desde el proceso de contratación del proveedor, teniendo en cuenta que la utilización de la excepción del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa para contratar a una entidad del Estado que, a su vez, participe con un aliado estratégico privado, requiere de un blindaje jurídico en todos los niveles, hasta la responsabilidad sobre el uso jurídicamente legítimo de los datos e información que

generará todo el sistema (‘big data’), tema nada trivial, por cierto.

La elección de una alternativa tecnológica conveniente para un sistema de pago electrónico es un proceso complejo, en virtud de la coexistencia de al menos cuatro fuerzas contrastadas que registran direcciones distintas. ¿Cuáles son? El costo del equipamiento, la velocidad de procesamiento, la seguridad ofrecida y la cantidad de proveedores disponibles.

También, hay que considerar una disrupción en los sistemas de pago electrónicos y digitales a todo nivel sustentada por la masificación de los teléfonos móviles inteligentes y sus aplicaciones.

De modo, pues, que el panorama es amplio y la discusión, al respecto, ya está planteada. Solo nos queda tomar cartas en el asunto y decidir lo que es mejor para nosotros.

Los paneles solares y el Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo y sus

implicaciones Andrés Oviedo Guzmán Abogado Ilustración: Marc Ramírez

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En octubre del año anterior, fue emitido, por parte del Poder Ejecutivo, el Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables, Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla, en su Decreto Ejecutivo No. 39220 – MINAET. La generación distribuida para autoconsumo es una alternativa con la que cuentan los abonados del servicio eléctrico para, a partir de fuentes renovables, tales como la energía solar, procurar satisfacer su propia necesidad de energía eléctrica.

Esta opción le permite a cualquier abonado de una empresa distribuidora de energía eléctrica instalar en su casa o lugar de trabajo nuevas tecnologías de producción eléctrica, como los paneles solares, y satisfacer parte o la totalidad de su demanda energética con equipos amigables con el ambiente. Adicionalmente, y de conformidad con la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía No. 7447, ese tipo de equipos son exonerados de los impuestos selectivo de consumo, ad valorem y ventas.

Asimismo, la norma presenta otros aspectos positivos, como por ejemplo, que quien desee generar la energía para su consumo, no requiere de una concesión por parte del Poder Ejecutivo. También, que los abonados que deseen llevar adelante proyectos como el

establecimiento de paneles solares tendrán la posibilidad de poder almacenar la energía que se produzca en exceso para ser utilizada en época de escasez o reducción en la generación.

No obstante las bondades que tiene la nueva regulación, existen, aún, aspectos que deben mejorarse de forma tal que se logre maximizar la generación distribuida para autoconsumo.

La primera mejora debe de ir orientada a permitir que los productores/consumidores que generan energía puedan estar interconectados a la red de distribución de manera que puedan depositar la energía adicional. Esto por cuanto, al día de hoy, de acuerdo con el artículo 17 de la norma, dichos productores tienen prohibido interconectarse a la red de distribución, imposibilitando realizar el depósito de la energía generada en exceso en la red de la empresa distribuidora y obligando a estos productores a depositar dicha energía en baterías químicas como alternativa para salvaguarda la producción en exceso.

En segundo lugar, la norma establece que la posibilidad de generar bajo este modelo está limitada a la capacidad máxima que tenga el circuito de la empresa distribuidora en la zona en donde se encuentren los productores/consumidores.

La capacidad máxima de todos los sistemas de generación de

los productores/consumidores conectados en un mismo circuito llegará a un tope del 15% de la demanda máxima anual del circuito.

Finalmente, la posibilidad de generar energía mediante este modelo está sometida a una tramitología ante las empresas distribuidoras que puede terminar por desincentivar a los productores/consumidores. A manera de ejemplo, quien esté interesado en generar energía bajo este modelo, deberá de presentar una solicitud de estudio de disponibilidad de potencia en el circuito. En caso de existir la disponibilidad, solicitar autorización ante la empresa distribuidora.

Posteriormente, esperar a que se realice la revisión del sistema de generación por la empresa. Para finalmente, firmar el contrato de interconexión y que se le autorice a realizar la producción.

La mayor preocupación al respecto es que a ninguno de esos trámites se les estableció un plazo máximo para que las empresas distribuidoras resuelvan las solicitudes, dejando a discrecionalidad de estas la resolución de dichos trámites.

Sin duda, la normativa reciente es un paso en la dirección correcta, empero, es necesario hacer aún más fácil y atractivo para los abonados el generar la energía para su autoconsumo.

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El derecho indígena: normativa nacional e internacional y realidad en Costa Rica Dr. Carlos Bolaños Céspedes

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad De La Salle +506 2290-1010 www.ulasalle.ac.cr Ilustración: Marc Ramírez

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El proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional y nacional ha sido largo y azaroso.

Debemos reconocer como sociedad, que a través de la historia, ha existido una situación de opresión, de despojo de los territorios, de los recursos naturales y de la identidad y cultura indígena.

Las condiciones de vida y de desarrollo de nuestros territorios indígenas es una muestra de ello.

Nuestros pueblos indígenas viven una condición de marginalidad y rezago, que cuesta creer. En el caso costarricense, aunque tardíamente, se ha producido una reforma constitucional al artículo 1 de nuestra Carta Magna, que reconoce que somos una Nación pluriétnica y pluricultural. En efecto, el año anterior nuestro Presidente firmó dicha reforma constitucional, justo reconocimiento a todas las poblaciones y a la diversidad cultural que existe en el país.

En Costa Rica existen 8 grupos socio-culturales indígenas distintos: cabécares, bibrís, ngobes, térrabas, bruncas, huetares, malekus y chorotegas. Habitan en 24 territorios y hablan 6 idiomas.

Se distribuyen en 301.390 hectáreas, aunque como veremos más adelante, muchos de sus territorios están parcialmente ocupados por no indígenas. Según un censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la cantidad de personas indígenas debidamente reportados, representan el 1.7% de la población nacional. Más de

la mitad tiene menos de 18 años, solamente un 4% tiene más de 65 años. La mayoría vive en zonas rurales y cerca del 60% vive en el cantón de Talamanca.

El Derecho Indígena Siguiendo el orden clásico de las fuentes del Derecho, en la parte superior de nuestro sistema tenemos la Constitución Política. En relación con el tema indígena, tendríamos como normas importantes el artículo 1 ya mencionado, que reconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de la Nación, también el artículo 76 que establece que, el español, si bien es el idioma oficial, es obligación del Estado velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales (artículo reformado en mayo de 1999). Más importante aún es el artículo 48, que permite la interposición del recurso de amparo para el goce o restablecimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política a excepción del libre tránsito ( que tiene un recurso exclusivo, el Hábeas Corpus ) así como los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República, lo que le ha dado un valor similar a estos instrumentos, en relación con las propias normas constitucionales.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado por Costa Rica en el

año 1993, tiene el carácter de instrumento de derechos humanos fundamentales y en ese sentido tiene un valor superior a la ley y de rango constitucional.

El Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su identidad y el respeto a su auto determinación, como pueblos con una cultura omni comprensiva .

El otro aspecto en el que el Convenio innova es el relacionado con el Autogobierno de los pueblos indígenas. Hay avances en el respeto a valores, prácticas e instituciones de esos pueblos (artículo 5 inciso b) y todos los mecanismos de consulta previa sobre políticas, legislación o medidas administrativas que los afecten o que incidan en sus territorios y cultura ( artículo 6 ).

Muy relacionado con lo anterior es el reconocimiento a la propiedad de todas las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.

Finalmente los artículos 8 y 9 del Convenio reconocen el derecho de conservar sus instituciones y costumbres, siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Declaración de ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.

Costa Rica al igual que los países integrantes del sistema de Naciones Unidas es signatario de esta Declaración adoptada en la 107 Sesión Plenaria de la Asamblea General de la ONU del 13 de setiembre de 2007 sobre

derechos de los pueblos indígenas.

La declaración es global en el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. En materia de consulta previa se ratifica este mecanismo como el medio para obtener el consentimiento libre e informado, antes de aprobarse cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios u otros recursos.

Se vincula la garantía de consulta con el derecho de fondo: el consentimiento libre e informado.

Declaración americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el marco del 46 período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 15 de junio de 2016, se aprobó esta declaración, que reconoce el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación, a sus territorios ancestrales, a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Reclama para estos pueblos el derecho a vivir libres de genocidio y condena cualquier forma de asimilación, discriminación racial, racismo, intolerancia y violencia.

La Ley Indígena.

Promulgada mediante Ley 6172, de 1977. Esta ley Define al indígena como las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. (art. 1). Establece las “ reservas indígenas “ del país y les confiere

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características de inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de los pueblos indígenas. Las reservas indígenas deben ser administradas por los indígenas con sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan.

Las personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de reservas indígenas deben ser reubicadas por el INDER o ser indemnizadas.

Los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo de estas reservas son patrimonio del Estado y de las comunidades indígenas.

Los terrenos de vocación forestal dentro de reservas indígenas deben guardar ese carácter.

En el Reglamento a la Ley se indica que las Asociaciones de Desarrollo representan judicial y extrajudicialmente a los indígenas. ( Reglamento No. 8487, de 1978.)

Principales puntos de conflicto y reinvindicación de los pueblos indígenas en Costa Rica En relación con el cumplimiento de las normas del Derecho Indígena, en nuestro país hay dos temas centrales que son fuente de conflicto y que han generado un gran debate nacional y ha puesto en tensión del funcionamiento de nuestra Administración de Justicia. a.La reivindicación de los territorios indígenas. De acuerdo con la Ley Indígena comentada, los pueblos indígenas tienen derecho en forma exclusiva, inalienable e imprescriptible, a todos los

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territorios que conforman las “ reservas indígenas “, definidas en la Ley. Se considera que son absolutamente nulas las ventas de tierras a no indígenas, pues estos territorios son reservados a los propios indígenas, y son administrados, como propiedad colectiva por las autoridades del territorio, que por disposición del Reglamento a la Ley, es la Asociación de Desarrollo Integral.

De acuerdo con estas normas no puede haber propiedad o posesión de no indígenas dentro de esos territorios. Como existían posesiones anteriores a la Ley de 1977, dicha ley establece que los poseedores de buena fe, no indígenas, ubicados dentro de las “ reservas”, antes de la Ley, deben ser reubicados, o indemnizados por el Estado y se le da la tarea al Instituto de Desarrollo Agrario, hoy INDER, de promover la recuperación de estas tierras. La realidad en los territorios indígenas, es que existen muchos no indígenas que poseen ilegalmente terrenos y no ha existido capacidad del Estado para ordenar esta situación, lo que ha originado fuertes tensiones y conflictos, como los de las comunidades de Salitre y Cabagra, pues los indígenas, ante la falta de acción estatal han iniciado procesos autónomos que llaman, de recuperación de las tierras, lo que ha provocado la reacción violenta de finqueros no indígenas. El pueblo de Salitre tiene en estos momentos medidas cautelares adoptadas a nivel

internacional para la protección de su derecho a la integridad física.

El derecho a la consulta previa, libre e informada. Dentro del Convenio 169 de la OIT se contempla que es obligación consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ( artículo 6). La consulta previa es muy relevante en casos como el de la represa Diquís, proyecto que impulsa el Instituto Costarricense de Electricidad, y que se encuentra en suspenso. También lo ha sido para casos como el de la petrolera Harken en el Caribe. Recientemente el Estado costarricense promulgó una directriz para la construcción del mecanismo de consulta a pueblos indígenas (Gaceta No 51 de 14 de marzo de 2016) Iniciativa de buena fé, que pueden contribuir a hacer respetar el derecho indígena, pero en definitiva se requiere una ley que regule la consulta previa, como derecho humano.

La situación en Costa Rica, es de un importante incumplimiento de esta normativa, con violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre todo en cuanto al acceso a sus territorios y a la consulta previa sobre acciones que afecten su desarrollo. Esperamos, ver cambios a futuro.

La magia de la mediación Ph.D. Rosa María Abdelnour Granados

Mediadora del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica direccioncam@abogados.or.cr

Ilustración: Shutterstock

La Mediación /Conciliación es uno de los medios previstos en la doctrina y en la ley costarricense para la gestión de conflictos (artículo 2 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, #7727, en adelante Ley RAC). RAC, de Resolución Alterna de Conflictos.

Alterna: en lugar de, para referirse a los medios de gestión (mejor que “resolución”) de conflictos, diferentes, no contrarios, sólo distintos, a la forma tradicional de gestionarlos desde la formación del Estado: el Proceso Judicial. Hoy se habla de medios de RC, como medios de Resolución de Conflictos, para incluirlos a todos y por tanto, también al proceso judicial. Y en inglés ADR, pero ya no ya no como Alternative Dispute Resolution, sino como “Appropiate Dispute Resolution” o “Assisted Dispute

Resolution”: medios apropiados o asistidos (por un tercero, el juez o el mediador/conciliador). Y así no se excluye el proceso judicial, que es uno de los medios de resolución de los conflictos. Ya que decir “medios alternativos”, puede sugerir que el sistema judicial no tiene alternativas al proceso judicial, cuando no es así (John Lande, 2015). Esta asunción podía ser válida en los años setenta e incluso los ochenta, cuando los abogados y el llamado Sistema Adversarial no estaban abiertos a alternativas, pero no hoy cuando, como en Costa Rica, dentro del Poder Judicial, existe la conciliación en todas las materias. E incluso, más recientemente, se han institucionalizado otros medios como las Reuniones Restaurativas, dentro del programa de Justicia Restaurativa.

Que pueden entenderse incluidas en la ley

nacional cuando el mismo artículo 2 citado, después de citar los medios “alternos” al sistema judicial que pueden utilizar las personas, dice “…y otras técnicas similares.” Si bien, todos ellos son más que técnicas. Se hace referencia a la Mediación/Conciliación, porque a efectos de la ley RAC, son lo mismo (artículo 4 del Capítulo II “De la conciliación y mediación”, que dice que las reglas de la conciliación se aplicarán a la mediación. La distinción funcional que hace la doctrina no debe aplicarse en la práctica de estos medios.

Y si bien desde hace más tiempo también existe el Arbitraje como medio también de resolución de conflictos, diferente al proceso judicial y hasta con su propio asidero constitucional (artículo 43), la “magia” de la mediación reside en que son las partes quienes deciden “su” conflicto.

FIRMA 51

Regulación del uso de armas de fuego en los servicios de seguridad privada

Rafael Rodríguez

Presidente de la Asociación Costarricense de Guardas y Vigilantes de Seguridad Privada.

Ilustración: Marc Ramírez

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Hace unas pocas semanas, mediante el Acuerdo 2016-132MSP, el ministro de Seguridad Pública, el licenciado Gustavo Mata Vega, determinó la regulación del uso de armas de fuego permitidas en los servicios de seguridad privada estableciendo su permisión únicamente a las modalidades de seguridad privada que presten un trabajo en casos muy particulares: custodia y transporte de valores, custodia y transporte de mercancías, protección de personas (guardaespaldas) o, bien, oficios que justifiquen de forma técnica y razonada con base en un estudio para cada puesto específico y autorizado la necesidad de brindar protección con su uso.

Su fundamento, según el decreto, radica en la obligación y potestad que tiene el Estado de regular la permisión del uso de armas de fuego, apoyado, además, en una serie de datos estadísticos que han demostrado extravíos o irregularidades (siete mil 70 en este último ítem) de armas de fuego inscritas por las empresas de seguridad privada.

No dice el ministro de Seguridad Pública que el inadecuado control estatal sobre las empresas de seguridad privada existentes es lo que a través del tiempo ha permitido que estas, a pesar de las regulaciones, trabajen a la libre, incumpliendo con lo que al efecto establece la normativa bajo control del ministerio. Este es un secreto conocido a toda voz por

cuanto hay quejas múltiples de ello en los tribunales de trabajo, la Inspección de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Departamento de Servicios de Seguridad Privada, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y los grupos en redes sociales de oficiales de seguridad privada que, día a día, muestran su inconformidad con los servicios prestados a nivel de control de armas y de servicios de seguridad privada.

Con ello, no trato de atacar al sector de la seguridad privada.

Todo lo contrario, ella es un brazo importante y activo de la comunidad, así como lo es la comunidad misma en el tema de la seguridad ciudadana.

Si bien los Estados desempeñan un papel primordial en la protección contra el delito y la erradicación del temor y la victimización a nivel estatal, local y personal, ya que son condiciones importantes para el desarrollo económico y social de un país, como se indica en las directrices del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, lo cierto es que la seguridad de la población y la prevención del delito no son responsabilidad exclusiva del Gobierno o de los órganos públicos encargados de hacer cumplir la ley. Muy por el contrario, los particulares, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, es decir, la sociedad civil y el sector

privado, desempeñan, también, una función en el fortalecimiento de la seguridad y la protección comunitarias.

Dicho esto, los servicios de seguridad privada son entidades jurídicas o personas que prestan sus servicios a cambio de una remuneración (significativa o no).

En otras palabras, son entidades privadas, no entidades públicas.

Puede tratarse de una firma comercial o de organizaciones sin fines de lucro o, incluso, de particulares y, por normativa (e, idealmente), están oficialmente acreditados, regulados y supervisados por el Estado en el Ministerio de Seguridad Pública.

Quienes prestan los servicios de seguridad privada pueden tener carácter preventivo o apoyar a los órganos públicos encargados de hacer cumplir la ley y, donde esté permitido, pueden complementar los servicios de dichos órganos.

Los servicios de seguridad privada deben estar sujetos, por tanto, a la regulación, supervisión y programación estatales encaminadas a elevar las normas y a acrecentar la contribución de dichos servicios.

Por ello, vuelvo a recalcar que, en la esfera de la seguridad personal y general, de la prevención del delito y de la protección y bienestar de sus ciudadanos, es el Estado quien tiene la autoridad, la función y la responsabilidad primordiales últimas.

Cabe mencionar, entre otras, las medidas socioeconómicas encaminadas a contrarrestar

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los factores de riesgo de la delincuencia, tales como la desigualdad y marginación, así como la modificación de las condiciones de los barrios que favorecen la comisión de delitos, la victimización y la inseguridad, al tiempo que se adoptan medidas para aumentar la probabilidad de que los infractores sean aprehendidos.

La seguridad privada puede desempeñar un papel en este último conjunto de medidas, designadas generalmente con la expresión “prevención situacional del delito”.

Un objetivo importante de la regulación es que haya una autoridad competente que

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seleccione y controle a los trabajadores y los proveedores de seguridad privada en interés del público, a fin de evitar que elementos delictivos y otras personas indeseables lleguen a adquirir una posición de confianza como empleados del sector.

El crecimiento de los servicios de seguridad privada y el ámbito cada vez más amplio de sus actividades en muchos países, incluyendo el nuestro, exigen el establecimiento de mecanismos apropiados de regulación y supervisión para asegurarse de que observen las normas y los reglamentos nacionales e internacionales.

El artículo 3 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos dispone que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, en tanto que el artículo 17 establece que nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad.

La seguridad física de una persona y la seguridad de sus bienes se consideran, en general, derechos humanos básicos y esenciales para la calidad de vida general de la comunidad.

Si bien actualmente no existen instrumentos, reglas o normas de la Organización de las Naciones Unidas que traten específicamente sobre los servicios de seguridad privada, hay una amplia variedad de normas relativas al sector

de la seguridad, por ejemplo, las normas relacionadas con la responsabilidad del Estado de prevenir el delito, proteger los derechos humanos y regular el uso de la fuerza y la privación de la libertad, así como las referentes a la relación existente entre el sector privado y los derechos humanos y la protección de los derechos del trabajador. Estas normas deberán tenerse en cuenta y observarse cuando se formulen sistemas de regulación de los servicios de seguridad privada.

La experiencia demuestra que los servicios de seguridad privada ofrecen a los Estados un recurso que, debidamente regulado, puede contribuir de manera apreciable a la reducción de la delincuencia y al refuerzo de la seguridad de la comunidad, especialmente mediante la colaboración y el intercambio de información con la policía pública. Los códigos de conducta profesionales y las leyes deberán dirigir y regular el intercambio de información entre los responsables de la seguridad pública y la privada.

El sector de los servicios de seguridad privada comprende actividades de muy diversa índole, y la regulación deberá abarcar el mayor número posible de ellas para evitar lagunas, asegurar la rendición de cuentas y maximizar la contribución de la seguridad privada a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad.

Las facultades y restricciones del sector de la seguridad privada

deberán establecerse en las leyes pertinentes, aspectos como si los trabajadores del sector tienen facultades especiales o si se limita al simple derecho a portar armas, según corresponda.

Lo que me lleva al punto inicial: la limitación del uso de armas permitidas a los trabajadores de la seguridad privada (que reúnen los requisitos dispuestos por ley) bajo el contexto de que no es necesario su uso y de que este debe ser justificado de forma técnica y razonado es una medida que consideramos contraproducente, pues son los altos índices de delincuencia y la existencia de una delincuencia armada en nuestro país los que indican que la seguridad privada, al igual que la seguridad pública, requieren de armas permitidas para el cumplimiento adecuado de sus labores y la protección personal en función de los servicios prestados.

Aquellos lugares y servicios que estén limitados en cuanto al uso de armas y donde se cause un daño a la propiedad o a las personas podría ser objeto de responsabilidad civil para el Estado, pues dentro de su obligación de brindar seguridad a sus ciudadanos, falló. Más es su responsabilidad en cuanto que el daño es causa y consecuencia de dicha medida.

No es indicando que la proliferación de armas de fuego entre la ciudadanía y el uso indebido de estas se da por brindar servicios de seguridad en casos

donde no corresponde su uso que se va a evitar su proliferación y su mal manejo. Los hechos delictivos y el mal uso de armas de fuego, en la mayoría de los casos, han sido cometidos con armas de fuego no registradas y por personas que no tenían los permisos de portación respectivos. Nuestra seguridad privada en el país está regulada y quienes utilicen un arma lo hacen con el permiso respectivo y con el cumplimiento de las disposiciones que al efecto determinan los reglamentos de servicios de seguridad privada.

Señor Ministro, no es desarmando a nuestra seguridad que se previene el delito, es ejerciendo una mejor labor de control y supervision y, sobre todo, tendiendo puentes de comunicación que permitan que estos servicios cumplan con su cometido.

La responsabilidad por las consecuencias que pueda traer esta disposición en aquellos casos donde no sea permitido el personal de seguridad con armas admitidas para el cumplimiento de funciones la deberán asumir quienes dispongan, mediante una evaluación subjetiva, que técnica y razonablemente no es necesario brindar el servicio con personal armado. Y digo subjetivamente porque será difícil para un profesional de la criminología o un experto en seguridad poder determinar qué servicio o puesto autorizado requiere de seguridad sin el uso de armas de fuego legalizadas.

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‘Brexit’: democracia de doble filo Silvia Marcela Araya Valverde

Abogada y profesora de Derecho Internacional Público Ilustración: Marc Ramírez

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En un mundo globalizado, donde la conformación de bloques regionales ha sido la tendencia, la reciente votación de la ciudadanía inglesa a favor del ‘Brexit’ (‘British exit’) deja un sinsabor.

Los sujetos del derecho internacional -entiéndase, Estadoshan optado por unirse en bloques para facilidad de las relaciones bilaterales y el comercio en general. Bajo ese contexto, la votación del pueblo de Inglaterra que inclina la balanza hacia la separación de la máxima expresión de unión regional moderna que se ha conocido toma por sorpresa al mundo. Se hace necesario preguntar por qué un pueblo con un posicionamiento político, estratégico y económico tan fuerte decide lanzarse a una experiencia en solitario, a contrariu sensu de la costumbre actual de las naciones.

Si bien las razones pueden extrapolarse de una serie de indicios sociales, con dos grupos en confrontación argumentativa, vale la pena hacer un análisis de las mismas, ya que con tan solo horas de finalizar el referéndum decisivo, se da a conocer un dato interesante: la pregunta más ‘googleada’ por parte de la ciudadanía, una vez que se anunció el bando ganador, fue “¿cuáles son las consecuencias de abandonar la Unión Europea?”.

Es en estos momentos cuando se confronta a las democracias con su razón de ser: por un lado, la elección de gobernantes que se supone que saben y deciden lo que es mejor para su pueblo, versus la decisión directa de la ciudadanía en determinados temas. Pero, ¿qué sucede cuando la ciudadanía toma decisiones de manera desinformada, al amparo de sentimientos exacerbados de nacionalismo, pero sin mayor análisis de sus consecuencias? De ello, la experiencia a mediano y largo plazo del ‘Brexit’ dará una respuesta más certera.

Pero sigamos. El análisis del voto bajo parámetros etarios es fuente de un interesante estudio, puesto que se logró determinar que la población de mayor edad votó a favor del ‘Brexit’, mientras que los más jóvenes optaron por mantenerse. Un posible choque entre brechas generacionales desencadena en semejante dato: los ‘baby boomers’ (personas que nacieron en la postguerra, entre 1940 y 1960) y la ‘generación X’

(personas nacidas en la siguiente generación: entre 1960 y 1980), versus los jóvenes ‘millenials’ (nacidos entre 1980 y 1999), que viven conectados por las redes virtuales y quienes serán, finalmente, los que con mayor expectativa de vida verán el largo plazo de las consecuencias de la decisión a la cual se opusieron.

Asimismo, hay que recordar que Inglaterra no escapa de una coyuntura complicada con las crisis de Medio Oriente lanzando miles de emigrantes a toda la Unión Europea y una moneda fuerte que se mantuvo bien posicionada en los mercados a nivel global y que ha tenido que socorrer a países menos estables dentro del mismo bloque. Así, queda la interrogante de cuál será el futuro tanto para Inglaterra como para la Unión Europea.

Puede ser que este punto inflexivo e histórico desencadene una ruptura del Reino Unido, es decir, que Escocia, Gales y el norte de Irlanda podrían decidir continuar siendo parte de la Unión Europea.

O bien, que bajo el ejemplo de Inglaterra, se desencadene el inicio de una desbandada de los demás países que componen el bloque regional, lo cual pareciera menos probable.

Como consecuencia inmediata, la caída de la libra esterlina posterior al ‘Brexit’ ha sido uno de los piques más marcados en los últimos años, dando paso a las consecuencias lógicas de la inestabilidad que acarrea un quebranto en la organización

política internacional. Se han levantado cuestionamientos sobre los permisos de trabajo de ciudadanos de la Unión Europea en suelo inglés, así como la situación jurídica de las grandes corporaciones que tienen filiales allí bajo las reglas comunitarias, muchas de las cuales ya han anunciado el retiro de sus operaciones para trasladarse a otros países aún miembros.

Resta decir que, todavía, es un momento prematuro determinar la trascendencia de muchas de las consecuencias que podrían darse en la Unión Europea. Lo que sí es posible determinar es lo peligroso de dejar en manos de una ciudadanía desinformada las decisiones que puedan llevar a un colapso económico y político a toda una región. De aquí, la gran lección es que, si bien el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, existen decisiones que no se pueden dejar en manos de las emociones sociales de una determinada coyuntura, ya que si bien hay una libre autodeterminación de los pueblos, este derecho debe ejercerse con un conocimiento y criticidad responsable por parte de sus ciudadanos.

Finalmente, se han venido escuchando rumores de otro referéndum para decidir el tema de nuevo con mayor información y conciencia ciudadana: ante ese eventual actuar, recordemos el viejo adagio popular que dice que “solo los ríos no se devuelven”.

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desde el colegio

Título

Lic. Alberto Pinto Monturiol

Abogado litigante Coordinador de la Comisión de Gestores de Opinión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica pintolaw@ilsattorneys.com Ilustración: Shutterstock

FIRMA 58

Pit pro ma venis res sinisto odita nobit, que asitatq uidelis raepro te vel iuntem. Nam ius, sum rehenda suntis et latem as et eatum imus aliscie nihiliq uamusam sequi cust, officip icatur, ommo totatio rerepratati nam volupid enimoluptae cus, adiam, commodia doluptat prorem quatemodit, sa nos et am simus velectus vent rempor se necte volupienem esequamenim fugia cum quisti vel il inctio id quis eum veris delentem quae prem exceruntota nectatu scideni magnihi licatis int a pro millores si aut que lam, consecum ne autecatia de officab iuscienda poreri odiorumquia cus eatio et elenimusape nonem que solupicius doluptae.

Electemolore plabores qui represtis estio cum ea volore, si volorepe nestiunt maximus volupta peria etur aut volupta nonem. Omnis ex et eum eossimpe volesendem quates apis cone liqui si sapisquis quam, odi doloribus.

Dic tempore comnissum que delique nonesti nci Pit pro ma venis res sinisto odita nobit, que asitatq uidelis raepro te vel iuntem. Nam ius, sum rehenda suntis et latem as et eatum imus aliscie nihiliq uamusam sequi cust, officip icatur, ommo totatio rerepratati nam volupid enimoluptae cus, adiam, commodia doluptat prorem quatemodit, sa nos et am simus velectus vent rempor se necte volupienem esequamenim fugia

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Dic tempore comnissum que delique nonesti nci

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viajes

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Marruecos: la gran puerta a

Africa JazmĂ­n Rivera

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De ahora en adelante, cuando escuche la palabra exótico, pensaré en este viaje, en Marruecos, en las calles estrechas de Marrakech, pero sobre todo, en la Plaza de Jemaa el Fna, nombrada ‘Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad’, y es que, aquí, está el centro y movimiento de la ciudad.

Salir de Europa y entrar en un país de África me causó un poco de miedo, pero es que yo siempre pienso en lo peor. Todo es diferente, empezando por la lengua, en donde no se entiende ni una sola palabra. Solo aprendí dos expresiones: ‘salaam aleikum’, un saludo que significa ‘la paz sea contigo’, y ‘shukran’: ‘gracias’. Así que no solo tocó poner a prueba mi mente para conocer el país más exótico en el que he estado, sino también, para expresarme, porque un marroquí o habla en árabe o habla en francés, y unos cuantos que entienden inglés.

Es tan impresionante ver a los encantadores de serpientes, a las lectoras de la mano y de las cartas, a los hombres con los monos a cuestas, a los danzantes del vientre, a los acróbatas y las presentaciones musicales con instrumentos nunca antes vistos…

Hay que detenerse para descubrir un mundo que parece sacado del cuento clásico Alí Babá y los cuarenta ladrones.

Una muy buena idea es ir a las terrazas de las cafeterías que rodean la plaza. Las sillas y las mesas las colocan viendo hacia afuera de manera que nadie se

pierda ni un instante de lo que se vive en el ‘pulmón’ de Marrakech.

Al adentrarse un poco más en la plaza, está el Zoco Al-Medina, ese lugar lleno de decenas de puestos en donde se vende desde una gallina (se escoge viva y, ahí, mismo la matan) hasta un valioso y fino velo que llevan las mujeres.

Se debe regatear, porque la costumbre de los vendedores es ofrecer todo a un precio muy alto y, a partir de ese momento, empieza la negociación: algo que valga 100 dírhams, 10 euros o cinco mil 500 colones (aproximadamente), usted se lo puede llevar en 50 o 40 dírhams. La ley del regateo domina esos callejones llenos turistas y locales, abarrotados de lámparas, adornos, telas, alfombras, bolsos de cuero, llaveros, bisutería, ropa tradicional, zapatos como los de ‘Aladino’, condimentos de colores y dulces típicos.

Marrakech está lleno de contrastes.

Lo mismo va usted caminando y se puede encontrar un callejón lleno de basura como, en la próxima esquina, una tienda Louis Vuitton (la de verdad, la superlujosa).

Algunas mujeres van tan tapadas que solo se les ven los ojos y no faltan paseantes con un minishort y una blusa de tirantes… Eso sí, 35-40 grados de temperatura lo hacen posible.

La ciudad tiene olores y estos pueden variar de 50 metros a 50 metros… Olor a comida, olor a basura, olor a agrio, olor a dulce, olor a camello, olor a sudor, olor a perfume caro… Contrastes y más contrastes.

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4 En la página izquierda, 1. Uarzazat, la ‘Puerta del desierto del Sahara’. En esta página, 2. Uarzazat también es llamado el ‘Hollywood de África’. 3. Plaza de Jemaa el Fna, al atardecer. 4. Son muchas las familias marroquíes que dependen de lo que pagan los trotamundos por un viaje corto en un camello.

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En la carretera se escriben otras historias. Los conductores son muy alocados y lo mismo hay a la vez un carro, una moto, una bici, una mula y una carreta con dos caballos… Ahí… ¡sálvese quien pueda! Los semáforos son tan escasos como el agua en el desierto y los pasos peatonales no son respetados. En las calles de Marrakech, pasa primero el más arriesgado, el chofer sin cinturón de seguridad, el de la bici, el de la moto sin casco, el de la mula llena de carga o el que va caminando.

La ley del más fuerte predomina.

Comer es otra cosa. Por la noche, en la Plaza de Jemaa el Fna, ponen puestos de comida, en donde primero acosan los vendedores con menú en mano para que usted se siente en el puesto de ellos, y en donde un plato puede costar 30 dírhams, tres euros o mil 700 colones (aproximadamente). Hay cuscús de pollo, el plato estrella de Marruecos, que es como un arroz de maíz, con verduras, un muslo de pollo y pan como acompañamiento. A mí me gustó.

También venden pizza, salchichas, pinchos de carne y verduras, y no falta el té de menta, bebida tradicional. Lo tomé en el hotel donde nos hospedamos y es bastante rico y refrescante.

Al salir de Marrakech, visitamos dos lugares: Esauira, destino de playa, en donde había muchísimo viento y tuvimos que sacar los abrigos; y Uarzazat, lo que llaman la ‘Puerta del desierto del Sahara’ y el ‘Hollywood de África’, porque se han grabado muchas películas,

como Los diez mandamientos, Sansón y Dalila, Cleopatra, Gladiador y El príncipe de Persia y, en 2012, la serie Game of Thrones.

Esauira, la ‘Perla del Atlántico’, es la zona pesquera por excelencia de Marruecos, así que como es lógico, el pescado abunda y los pescadores trabajan a la vista y paciencia de los viajeros. Ver mujeres y hombres con sus trajes largos en la playa, también, deja casi mudo a cualquiera.

Uarzazat, que significa ‘sin ruido’, sí que lo es. Lo comparo con un pueblo alejado en una montaña y, según contó el guía, solo habitan 65 personas, quienes dependen del turismo. Es un lugar asombroso, pero hay que protegerse del Sol: 40 grados son normales y, como es un pueblo que está en lo alto, hay que caminar y… agotarse.

Usar el velo tiene sentido, porque se quita la sensación de que se está cocinando la cabeza, aunque, en realidad, es un código de vestimenta islámica. Las mujeres lo ven como protección. Hace poco, leí que lo usan para ser tratadas como seres humanos y no como objetos sexuales. Con ello, están respetando los mandatos de Alá (Dios). Lo que me llamó la atención es que toman por ejemplo de mujer a María, la madre del profeta (léase ‘profeta’) Jesús. El cabello de la mujer y su cuerpo son exclusivos para la familia, para su esposo e hijos que la quieren y no para la sociedad que no la valora. Y si se ponen burka (el velo y la vestimenta que

6 les cubre la cara y el cuerpo) significa que se desprenden de la vida material y solo quieren estar dedicadas a Dios.

Caminando por Marrakech y mirando las mezquitas, me preguntaba acerca de las otras religiones en un país regido por el islam. Más tarde, leí que de los más de 27 millones de habitantes en Marruecos, 98,7% son musulmanes, 1,1% son católicos (la mayoría, extranjeros) y 0,2% profesan otra fe. Y como el islam es la religión del Estado, está prohibida la conversión al catolicismo. ¡Interesante podría ser otra palabra que describe a Marruecos! Un país que deseaba conocer desde hacía muchísimos años y, ahora, me abrió sus puertas para sellar mi pasaporte con su visa y tener el recuerdo de los días que estuve en el continente africano. ¡Shukran!

7 En la página izquierda, 5. Mezquita en Marrakech. En esta página, 6 y 7.

Esauira, destino de playa.

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gastronomía

Los ingredientes frescos son el factor característico de la gastronomía peruana que llegó a Costa Rica, con la Franquicia Internacional Segundo Muelle.

Milagro Arias Periodista Fotos: Cortesía

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Tras 20 años de consolidar restaurantes en países tales como Panamá, Ecuador, España y Estados Unidos, esta franquicia llegó a San José hace un año, bajo un plan de expansión que visualiza consolidarse en ciudades que tienen potencial para ser destinos gastronómicos.

De un estilo moderno y contemporáneo, ubicados en la zona de mayor crecimiento y plusvalía de San José que se está convirtiendo, poco a poco, en el centro financiero, de negocios y de entretenimiento de la ciudad, ubicado en Torre Sabana Business Center, diagonal al Estadio Nacional, garantiza a todo comensal trasladarle a Perú desde el primer bocado.

La propuesta gastronómica es de un restaurante casual, con platos de primer nivel, y eso se nota en la frescura que deja cada plato al paladar.

Se puede decir que es un destino para conocer el verdadero sabor peruano, desde los tradicionales ceviches, de los que ofrecen 8 recetas sorprendentes, hasta nuevas tendencias de esta gastronomía con influencias del

norte del Perú, como pollo, pato, cerdo.

Pero la experiencia va más allá de los platos, donde cócteles exclusivos, tales como un pisco sour original, preparado con una mezcla especial de limones, hacen la labor de llegarle al sabor típico peruano, y eso es solo un ejemplo de ingredientes que resaltan esos sabores propios.

Y es que el éxito de la cocina peruana continua conquistando paladares, por medio de la fusión de culturas gastronómicas a través de la historia, con la combinación de ingredientes, texturas, colores y presentaciones que en un solo bocado son todo un paseo gastronómico.

Con la fusión china-peruana apareció la chifa, con la fusión japonesa-peruana la nikkei.

Además hubo una interesante influencia italiana, de acuerdo con Juan Pablo Montalvo, Gerente de Segundo Muelle, precisamente todo eso se puede experimentar en el restaurante.

Diferenciación de frescura Todas las salsas son elaboradas en el restaurante de manera

artesanal, son 4 bases y de ahí salen múltiples; los ceviches se preparan en el momento, de 8 recetas que combinan lo tradicional con lo propio, donde resalta el de tres ajíes, así como el frito, que combina esa textura poco común de un ceviche.

La franquicia reúne cerca de 300 platos, pero en Segundo Muelle Costa Rica la carta es de 78 opciones entre platos de “mar y tierra”. Además resaltan los vinos, sobre todo los frescos, como los Chardonnay, Sauvignon o Pinot Noir, de acuerdo con Montalvo, esto porque proponen vinos mas ligeros, por el tipo de menú que ofrecen, eso sí, a precios muy accesibles.

“Si algún comensal viene por primera vez a este restaurante debe pedir el ceviche a los tres ajíes, el risotto segundo muelle, y de los makis el acebichado”, señaló Montalvo.

Constantemente este restaurante hace y tiene visitas periódicas de chefs peruanos para capacitarse.

Además se caracterizan por hacer variaciones al menú, por lo que acaban de introducir 8 nuevos platos.

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social La casa española de diseño Purificación García abrió sus puertas en la quinta etapa de Multiplaza Escazú.

El evento contó con la presencia de la diseñadora quien compartió con los asistentes.

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1. El comunicador social Tony Daza, la diseñadora Purificación García, la modelo Marisol Soto y la señora Costa Rica Maureen Boza. 2. Arlene Raventós y Alexandra Alpízar. 3. La Oficial de Comercio Silvia Miranda y el Oficial de Prensa Carlos Quesada, de la Unión Europea. 4. Verónica González.

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