FIRMA Mayo

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mayo 2016

nancy Hernández

La extinción del dominio y el orden

constitucional Por Gerardo Huertas REFORMA PROCESAL LABORAL Los principales cambios en la ley

Cambio climático y género

nancy

hernández

“La Sala constitucional ha sido uno de los aportes más significativos al estado de derecho”

Año 00 Edición 03 Número 03

ejemplar gratuito

contenido

Mayo 2016 En portada: Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional.

Entrevista en la página 24.

Fotografía: Etzia Granera Producción: Francina Delgado Maquillaje: Roxy Solís

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APPS Lleve un mejor orden con las tarjetas de presentación y aproveche los asistentes virtuales.

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Resumen Lo más actual a nivel local e internacional.

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LAWxury La ecología y el diseño como grandes protagonistas del estilo de vida de hoy.

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Tecnología Lleve un mejor control en la administración de su despacho.

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Reforma procesal laboral Los cambios más importantes al Código de Trabajo.

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“Gobernar sin excusas” El diputado Otto Guevara, expone un proyecto de ley que pretende un Estado más eficiente.

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Juicio político Un análisis de la situación en Brasil tras el voto del Senado en contra de la presidente Dilma Rousseff.

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“Nombrar los dolores” Los derechos humanos de los privados de libertad.

Viajes Una experiencia humanitaria entre Turquía y Siria.

Estado laico ¿Qué implica eliminar la religión oficial de la Constitución Política?

Gastronomía Un tesoro del mar en medio Barrio Escalante.

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editorial

STAFF

Importante reforma El tiempo pasa y con él la lenta pero muy necesaria actualización de nuestro marco jurídico en aras de brindarle más agilidad para garantizar a los usuarios la justicia pronta y cumplida.

Poco a poco el humo blanco va saliendo y somos testigos de importantes cambios en nuestra legislación como la reforma al Código Procesal Civil –del que hablaremos en próximas edicionesy del Código de Trabajo.

Aunque el camino estuvo lleno de obstáculos durante el gobierno anterior, la propuesta laboral siguió su camino hasta alcanzar la aprobación el pasado 25 de enero de este año con la aprobación de la reforma por parte del presidente Luis Guillermo Solís.

En esta edición, podrá leer los aspectos más relevantes que se deben tomar en cuenta con esta reforma que respalda más a los trabajadores y sus derechos, protegiéndoles ante la discriminación de cualquier tipo, al mismo tiempo que supondrá mayor rapidez en la resolución de los juicios al darle más participación

a la oralidad , y mayor acceso a la justicia al garantizar la asesoría legal gratuita en juicios laborales a menores de edad, cuyo ingreso no supere los C902.000 colones mensuales.

Andrés Corrales Periodista y Abogado Director

Fe de erratas: En la edición pasada (abril, 2016) consignamos por error en esta página que Gary Amador es el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, cuando lo correcto es expresidente.

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Lic. Andrés Corrales

andrescorrales@revistafirma.net

Director

MSc. Margarita Guzmán Gerente General Eunice Baez Natalia Chavarría Francina Delgado Cindy Regidor Enrique Rivas Redactores Alessandra De Franco Correctora de estilo Leonardo Yip

comercial@revistafirma.net

Mauricio Navarro

mauricionavarro@revistafirma.net.

Comercial

Lucas Nazario Etzia Granera Fotógrafos Juliana Barquero Diseño Marc Ramírez Ilustrador

www.revistafirma.net /firmacr @firmarevista

FIRMA es una marca registrada de Pitch Media S.A. Fecha de publicación: marzo 2016. Edición 01, año 01. Pitch Media investiga sobre la seriedad de los anunciantes, pero no es responsable de las promociones de los mismos. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

resumen

Texto: Redacción /Fotos: EFE

Abuso de prisión preventiva • Un reporte realizado por el investigador mexicano Guillermo Zepeda y avalado por la Open Society Justice Iniciative, da a conocer que el porcentaje de detenidos sin condena en las cárceles

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mexicanas es del 42,8%, un número que tiende al alza según la Secretaría de Seguridad Pública de ese país. Las violaciones sistemáticas al principio de inocencia y la prisión preventiva indiscriminada son solo algunos

de los factores que explican los números que pretenden disminuir en el país azteca con la implementación de un nuevo sistema judicial.

Toman acciones • El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, presentó a los integrantes del Comité Independiente de Expertos para el Centro de Servicios Financieros de Panamá, compuesto por el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Alberto

Alemán Zubieta; el experto en criminalística, el suizo Mark Pieth; el Premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz; la canciller panameña, Isabel De Saint Malo; el expresidente panameño Nicolás Ardito Barletta; la exministra panameña

de Comercio e Industrias, Gisela Álvarez de Porras, y el experto financiero Domingo Latorraca.

La idea de este comité es evaluar el sistema financiero de ese país con el fin de ayudar a fortalecerlo tras el escándalo de Panama Papers

Celebración resguardada • Un peregrino iraquí chiíta ora cerca del santuario de Iman Musa al-Kadhim, el nieto del profeta Mahoma. Miles de chiítas llegaron a reunirse para conmemorar la muerte en medio de fuertes medidas de seguridad del gobierno iraquí para garantizar la tranquilidad durante las celebraciones.

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resumen Aumentan las protestas • Las manifestaciones en contra de las políticas migratorias en Europa se mantienen en aumento. Un grupo de activistas se reunió frente a la embajada de Turquía en Italia en contra del acuerdo firmado entre ese país y la Unión Europea (UE), que establece la eliminación de los visados a los ciudadanos turcos, dotará de apoyo económico a los refugiados y compromete a Turquía a negociar con Europa temas fiscales. Las frases como ‘Nuestra Europa no tiene fronteras’ se han vuelto frecuentes en las manifestaciones.

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Mayor Control • El gobierno de El Salvador refuerza sus medidas especiales de seguridad para combatir la escalada de violencia criminal.

Un total de 800 militares y policías se incorporaron a esta lucha para tener mayor control sobre las zonas identificadas con alta presencia de pandilleros, principalmente en la provincia de Soyapango en las afueras de San Salvador y otros nueve municipios vulnerables.

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resumen Activista detenida • En el marco de las tradicionales marchas por el Día del Trabajo, una mujer fue detenida en San Petersburgo, la segunda ciudad más poblada de Rusia, por manifestarse a favor de la comunidad LGTB (Lesbiana, Gay, Transgénero y Bisexual). Desde 2013, el gobierno de ese país aprobó una ley que prohíbe cualquier manifestación o propaganda a favor de la homosexualidad, una medida que ha disparado la violencia contra estos grupos.

Piden justicia

• La indígena guatemalteca Juana García De Paz participó en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para reclamar

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justicia por las masacres y torturas recibidas entre 1981 y 1986, dentro del conflicto armado interno. Durante la época del también llamado

genocidio guatemalteco, se desaparecieron o se asesinaron a más de doscientas mil personas producto de prolongada guerra civil en el país centroamericano.

tecnología

LOGME IN PRO

Por un bajo costo anual, esta aplicación le permitirá tener acceso a los archivos de su computadora de escritorio desde cualquier lugar donde tenga conexión a Internet. Se puede sincronizar con Dropbox, Google Documents, Microsoft SkyDrive y más.

EVERNOTE Esta aplicación permite tomar apuntes a mano, grabar audios, programar recordatorios, tomar fotos o mezclar herramientas para

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realizar una sola nota. Guarda artículos de Internet, capturas de pantalla y más. Todo, con el fin de organizar toda la información

importante. Es más, hasta se puede configurar una contraseña para asegurar la protección del material que maneja esta app.

CAMCARD Las tarjetas de presentación en interminables tarjeteros son cosa del pasado con esta app que organiza sus contactos de una forma rápida y con solo tomarle una foto al documento.

El sistema escanea el nombre de la persona, el cargo, la compañía, el correo electrónico y más, y los almacena en una base de datos en el móvil, que también se puede sincronizar con Google, o exportarlos a Excel.

MOVES El sedentarismo de hoy les pasa la factura a muchas personas. Con el fin de incentivar la actividad física, Moves ofrece un reporte diario de cuántos pasos dio el usuario durante el día, la distancia recorrida y el número de calorías quemadas.

POCKET Si encuentra un texto que llama su atención, pero no puede leerlo en el momento, Pocket le ofrece una forma para almacenarlo y poder disfrutarlo en otra ocasión, así sea hasta la llegada del fin de semana.

Los artículos seleccionados se guardan en el dispositivo para que estén disponibles aun sin conexión a Internet.

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GUSTO EXOTICO Con la llegada del Año Nuevo Chino, Johnnie Walker presentó su botella conmemorativa a la celebración. Por ello, la marca hace tributo al Año del Mono,

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con imágenes elaboradas con un trazo de estilo chino en color dorado y azul, o dorado y blanco, representando al rey Sun Wukong en su viaje hacia el oeste. La

colección consta de cuatro botellas y ya están disponibles en nuestro país. La colección ya se puede conseguir en los diferentes puntos de venta en el país.

CON REALIDAD VIRTUAL Ya está disponible en el mercado el teléfono móvil Yezz Andy 5.5EI, que ofrece una verdadera experiencia de usuario gracias a su capacidad de realidad virtual a través de un visor que permite vivir algo diferente. El teléfono cuenta con un procesador de cuatro núcleos a 1.3 GHz, pantalla HD de 5.5 pulgadas y cámara frontal de 5 megapixeles y trasera de 13.1.

Todo un sueño digital.

UTILIDAD POR DOS LADOS

Escanear documentos de última hora ya no tiene por qué ser sinónimo de atraso en los trámites de su firma y similares. Xerox introdujo su más reciente escáner portátil capaz de escanear documentos a doble cara en una sola pasada, ideal para quienes se movilizan constantemente.

Funciona con un puerto USB que se conecta a la computadora (Mac o Windows), para crear documentos de manera simple y rápida.

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MUY COMPACTA Lo más lujoso para los amantes de la tecnología está reservado para unos pocos. Se trata de la nueva computadora HP de edición limitada combina el lujo y textura con diamantes y oro de 18 quilates.

Este modelo fue elaborado

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en conjunto con reconocidos diseñadores a nivel mundial y cuenta con un monitor de 13 pulgadas. Aunque estos modelos de colección no están a la venta, sí serán subastados para recaudar fondos para la Fundación Nelson

Mandela, centrada en el diálogo y el trabajo, legados del activista africano. Esta computadora, la más delgada del mundo, también está disponible al público en su versión clásica.

PARA ELLAS El bolso es, definitivamente, un distintivo para cualquier mujer. Para las que adoran las piezas únicas, la marca de diseño costarricense Toribio lanzó su nueva colección con piezas hechas a mano con variedad de texturas y acabados en cuero natural y otros. Puede obtener más información en el sitio www.toribiocr.com y darse gusto.

ECOLOGIA MOVIL

Toyota trajo la cuarta generación de su vehículo híbrido Prius 2017. Este automóvil eléctrico tiene un motor de 1.800 cc y es capaz de adaptarse a tres modalidades diferentes de conducción: normal, ‘eco’ y ‘power’. El modelo está disponible en siete colores diferentes y está equipado con lo novísimo en tecnología para brindar una mayor eficacia y fuerza.

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Softwares jurídicos se afianzan entre abogados El despacho de un abogado debe contar con un control expedito de sus ingresos y egresos, así como de los suministros, personal y más. Para facilitar su labor, existen en el mercado diferentes opciones tecnológicas que se pueden convertir en grandes aliadas.

Por: Enrique Rivas Leiva /Ilustración: Shutterstock

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Las variadas opciones tecnológicas que a diario se crean buscan cada vez más simplificar la vida a diversos profesionales, y los abogados no se quedan atrás.

Actualmente, se han desarrollado softwares jurídicos que integran documentos y reducen procesos a la hora de asesorar a los clientes.

Entre las alternativas tecnológicas de administración, se encuentran algunas como GlobaLex, un software enfocado en brindar materiales, documentos e información a cualquier abogado independiente o bufete. Estas herramientas tienen como objetivo principal reducir el trabajo administrativo a todos los profesionales legales.

“Brindamos todas las opciones para que los abogados se puedan enfocar más en su trabajo legal y dejen de lado el trabajo administrativo. Y con esto me refiero a unificar la información, para que todo esté integrado” afirmó Alexander Uhrig, gerente de GlobaLex. Este instrumento de trabajo da un sinfín de ayuda a los abogados, como calcular honorarios y aranceles, verificar normativas con textos actualizados y buscar resoluciones de la Sala I, II, III y Constitucional, así como de tribunales superiores y órganos administrativos.

Además de esto, se pueden consultar diversos modelos para litigar, caratular y realizar contratos en formato de autollenado.

Asimismo, colabora en los diversos procesos de notariado,

como impresión de protocolo y testimonios, control de índice, archivo digital de referencia, control de certificaciones, entre otras múltiples opciones.

Según Uhrig, el principal beneficio de estos softwares es el ahorro de tiempo y dinero, ya que cada abogado o bufete podrá asesorar a sus clientes de manera efectiva en los diversos rangos del Derecho. “Al ser la profesión tan amplia, ayuda a realizar consultas en varias áreas, como derecho penal, familiar, multas de tránsito, notariado, y cualquier tema que exista” aseguró.

“La parte de tramitología y ejecución de modelos o machotes podrá ser encontrado también en esta herramienta. Logramos esto ya que se actualiza en línea a diario. El abogado se tendrá que despreocupar de las conexiones porque la plataforma cuenta con una versión de escritorio que no requiere acceso a Internet”, añadió Uhrig.

Hoy en día, estas elecciones tecnológicas se consolidan en beneficio de la labor jurídica, pues, además de lo ya dicho, asisten de una manera más ordenada los movimientos y trámites propios de un despacho, sea grande o pequeño.

No se puede olvidar la importancia de llevar un control y orden sobre cada uno de los trámites que competen la firma.

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literatura Manual de Derecho Penal Juvenil Costarricense Dr. Álvaro Burgos

El Dr. Álvaro Burgos ofrece un estudio que recopila los cambios que se han presentado en los últimos años en materia penal juvenil así como distintos análisis que contribuyen con el fortalecimiento de la legislación en esa materia. La tercera edición del libro incluye jurisprudencia temática y fue publicado por Editorial Jurídica Continental.

La chica del tren Paula Hawkins

La autora británica Paula Hawkins logró convertir esta novela en un Best Seller con ventas superiores a los cinco millones de copias en Gran Bretaña y Estados Unidos. La novela de intriga y misterio narra la historia de una mujer divorciada con problemas de alcohol que viaja todas las mañanas en tren hacia Londres, y siempre observa a una pareja a quienes les ha puesto nombres e imagina sus vidas.

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El Derecho Colectivo de Trabajo en la Reforma Procesal Laboral Fernando Bolaños Céspedes

La reciente reforma aprobada al Código de Trabajo obliga al estudio de los profesionales del Derecho. En este libro escrito por Fernado Bolaños Céspedes, ofrece un análisis de los principales cambios, no solo a nivel procesal, sino que también sobre los cambios en la materia de negociación colectiva y de huelga.

nancy

hernández “La Sala constitucional ha sido uno de los aportes más significativos al estado de derecho desde la fundación de la República”.

Es la única magistrada de la Sala Constitucional.

Nos recibió en el octavo piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia en medio de su apretada agenda.

Por: Francina Delgado Fotos: Etzia Granera /Maquillaje: Roxy Solís

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entrevista

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Nancy Hernández es la única magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica y, en medio de su apretada agenda, nos recibió en el octavo piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia en San José.

La abogada se describe a sí misma como una mujer apasionada por lo que hace y por su familia, y eso se deja entrever en los reconocimientos y fotografías que guarda con aprecio en su despacho.

Tras seguir el consejo de su padre para que estudiara Derecho al notar sus habilidades en la escritura y el razonamiento, comenzó una carrera ascendente que la ha llevado a ganarse uno de los espacios de mayor

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reconocimiento en el país.

Su dedicación es evidente con solo dar una mirada a su escritorio, lleno de expedientes y papeles. Y es que ese es su día a día, que interrumpió durante un rato para atender nuestra entrevista. ¿Cómo fueron sus años universitarios?

“Muy duros. Tuve un maestro, mi mentor, Luis Paulino Mora (q.e.p.d.), quien, en ese entonces, era ministro de Justicia. Él me pidió que lo asesorara y era un personaje de un perfil muy alto para un profesional que está empezando. Demandaba que el nivel que yo tenía que dar desde el inicio de mi carrera fuera muy alto”.

¿Cómo llegó al Poder Judicial?

“Me topé con mi exprofesor, que me dio la oportunidad. Le dije: ‘Yo no quiero trabajar en eso del Ministerio de Justicia; yo no quiero tener que ver con cárceles ni nada de eso que usted ve’. Él respondió: ‘La reto a que usted acepte por 6 meses y, si no le gusta, se devuelve a su plaza’. En esos meses, tuve varios incidentes que me cambiaron la vida para bien y me di cuenta de que había descubierto mi vocación. Quería cambiar el mundo a través de los derechos humanos para borrar toda injusticia posible”. ¿Cuál es una de sus luchas que más destacaría?

“Colaborar con la creación de

la Jurisdicción Constitucional.

Desde la fase de elaboración, me tocó ser testigo, porque don Luis Paulino estaba metido en el proyecto de ley y, aunque mis aportes eran temas que él me encargaba investigar, venir y crear un cambio de paradigma en la sociedad y, luego, en la presidencia de la corte, con una visión de justicia completamente diferente en función del ser humano y no del juez, y abrir la Corte hacia una mayor transparencia, después de dos siglos de endogamia y oscurantismo, fue un trabajo muy apasionante”.

A 27 años de la Sala Constitucional, ¿cuál es su valoración?

“Creo que el país no ha podido asimilar ese cambio de paradigma ni ha podido darse cuenta del cambio tan positivo que ha sido que la sala haya rescatado el valor de la normativa de la Constitución Política en la sociedad. La Constitución volvió a ser la norma más importante, como debe ser, y de mayor vinculancia para toda la nación. La gran constante de estos 27 años ha sido el derecho de acceso a información y el derecho a peticiones, que es el derecho más violado en Costa Rica, y eso nos dice el cambio cultural que tenemos que hacer como sociedad. Especialmente, el funcionariado público tiene que estar sujeto a rendición de cuentas permanentemente y a un ejercicio transparente del poder”.

¿Qué otros cambios se han dado?

“En cuanto al debido proceso, ya hay toda una cultura a nivel administrativo y a nivel jurisdiccional. Ya se ha permeado, en mucho, la cultura del respeto a ese debido proceso y al derecho en defensa. En materia penal, se han abandonado un montón de prácticas antiguas que eran contrarias a los derechos humanos. Ya no vemos habeas corpus por abuso de incomunicación, los maltratos policiales pasaron a ser excepcionales y el tribunal ha hecho un gran aporte para permear el sistema penal y pasarlo a un sistema penal democrático”. ¿Cuáles son los retos?

“El gran reto es que tiene que haber un cambio, pero debe venir estructuralmente, desde la Asamblea Legislativa, pues la apertura tan grande que ha tenido la jurisdicción constitucional hizo que se inundara de casos, y se agotó su modelo. Eso hace que el tribunal tenga que abordar una gran cantidad de temas a los cuales les puede dedicar poco tiempo porque somos solo siete.

Veo muy ‘arrecostada’, sobre la jurisdicción constitucional, la acción de las otras oficinas del Estado y de los otros poderes.

Hay mucha inercia”. ¿Cuál diría que es su mayor aporte?

“El aporte que yo quisiera hacer es devolverle a la sala su énfasis en la defensa de las libertades

“El funcionariado público tiene que estar sujeto a rendición de cuentas permanente y a un ejercicio transparente del poder” FIRMA 27

Nancy Hernandez López nació en San José el 28 de octubre de 1963, hija de Rodolfo Hernández y Grace López Martínez.

La humanista es abogada, Máster en derecho tributario y derecho público. Presidente de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, miembro de la Asociación Internacional de Juezas, Vice Presidente de la Asociación Costarricense de Derecho Constitucional y colaboradora académica del Instituto James Baker de la Universidad de Rice, USA. Se ha desempeñado en diferentes puestos a los largo de estos años; entre ellos, fue la directora del despacho de la presidencia del 2009 hasta 2013, Letrada de la Sala Constitucional de 1990 al 2009, asesora legal del Ministerio de Justicia y Paz con recargo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Sistema Penitenciario Nacional y Encargada de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los detenidos de 1987 a 1988. También fue miembro de la subcomisión de Asuntos Indígenas del Poder Judicial y fundó el boletín de Jurisprudencia de la Sala Constitucional para la difusión y promoción de los derechos Humanos de 1993 a 1998.

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públicas en general y que las otras instancias del Estado hagan su rol y su parte en cada una de sus materias”.

Desde su óptica

¿Cuál ha sido su posición sobre la fertilización in vitro en Costa Rica?

“Inicia con el artículo cuatro de Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice: ‘Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’. Cuando se dio el primer reclamo en el año 2000, la sala aplicó el texto de este artículo tal cual está.

Tuvimos una vista técnica, no solo jurídica, de expertos en la materia de cuándo iniciaba la vida humana y, en ese momento, el consenso era que la vida humana inicia desde la fecundación y no desde la implantación. Las otras teorías vinieron posteriormente, ya cuando la Organización Mundial de la Salud y otros hablaron de la protección de la vida humana a partir de ese momento. En el primer fallo, la sala aplicó lo que entiende ha sido el derecho vigente y declaró que, siendo esa la norma, tenía que aplicarla en forma vinculante por ser directamente aplicable al país que es miembro del sistema interamericano. La protección a esa vida humana no podía

tener una regulación de ese tema por decreto, porque el embrión tenía que ser protegido como derecho fundamental a través de una ley de la República y no por decreto. Las parejas que se sintieron afectadas con ese fallo recurrieron al sistema interamericano. Años después, la corte de La Haya (la Corte Internacional de Justicia) resolvió en contra del país y dijo que esa interpretación que hizo la Sala Constitucional de Costa Rica del artículo cuatro no es correcta, porque aunque el texto lo dice, van a hacer una interpretación evolutiva, que nunca se había hecho, de que la vida humana empieza desde la implantación. Cuando se habla de concepción en la norma, ya sería desde la implantación y no desde la fecundación. Actualmente, ellos reconocen el derecho de las parejas a esa técnica como un derecho fundamental, parte de sus derechos reproductivos y su derecho a formar una familia”. ¿Y qué pasó en nuestro país?

“El país, por ser miembro del sistema interamericano y haberse tratado de un caso contencioso, desde mi perspectiva, que salvé el voto, y el magistrado Ernesto Jinesta, estamos obligados a aplicar ese fallo sin discusión y hacerlo operativo, porque al haberse declarado un derecho fundamental, inmediatamente, el país no podía utilizar la ley como una barrera para el cumplimiento de la sentencia.

Los compañeros del tribunal entienden lo mismo, pero ellos interpretan que para poder aplicar la sentencia había que hacer una ley que regule. Llegó la audiencia donde las parejas dicen que el país no ha cumplido y, en ese momento, entra una acción de inconstitucionalidad contra el decreto en plena audiencia de cumplimiento, siendo el decreto

el mismo objeto del proceso de la audiencia de cumplimiento.

El magistrado Armijo, el magistrado Jinesta y yo consideramos que si la audiencia no había concluido, este tribunal no podía tener una competencia concurrente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque son sistemas que están diseñados para ser complementarios y

no antagónicos, y nosotros no queríamos emitir pronunciamiento hasta que ellos no lo hicieran”. ¿Y qué sucedió luego?

“La inadmisibilidad de la acción. Nosotros quedamos en minoría y se tramitó la acción. El magistrado Armijo se retiró del tribunal y se jubiló. Vinieron los informes de la acción y compareció la Procuraduría y todas las partes y nos correspondió emitir un pronunciamiento del fondo. Aún la audiencia de la CIDH no había terminado. El magistrado Jinesta y yo emitimos el mismo voto diciendo: ‘Siguen existiendo las mismas razones de entonces, nos parece que eso no se puede hacer porque en el fondo nos parece que si la CIDH declaró un derecho humano, no hace falta una ley para desarrollar derechos fundamentales’. La mayoría de tribunales estimó que sí hacía falta esa ley. La CIDH resolvió. No hay ninguna renuencia del tribunal para cumplir con la sentencia porque ahora el panorama de que era lo que el tribunal realmente quería, está absolutamente claro. Yo siempre lo tuve claro.

Entonces, no se trató nunca de un tema de si la sala iba a cumplir o no la sentencia de la CIDH, simplemente una parte del tribunal estimó que la forma de cumplir era a través de una regulación legal y otra parte del tribunal estimó que esa ley no era necesaria”.

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La muerte del veto y resurrección de la Reforma Procesal Laboral Por: Natalia Chavarría Periodista

Con 44 votos a favor y uno en contra en primer debate, y 41 votos a favor y dos en contra en el segundo -ambos realizados en diciembre anterior-, la Reforma Procesal Laboral toma vida después de ser vetada por la expresidenta Laura Chinchilla Miranda en 2012.

Levantado este impedimento y tras la serie de modificaciones más

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importantes realizadas al Código de Trabajo desde su promulgación en 1943, el proyecto fue firmado ley por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el pasado el 25 de enero.

Antes de entrar de lleno con las novedades que trae la Reforma Procesal Laboral, debemos entender cómo nació. Lo explica el señor

Luis Sánchez Montero, abogado y socio del bufete Facio & Cañas, quien señala: “La reforma fue diseñada y promovida por el Poder Judicial. Esto debe entenderse como información muy relevante, porque el grueso de la reforma parte de una hipótesis que no necesariamente era cierta, pero finalmente motivó todo el cambio. La hipótesis era que

la estructura y reglas del proceso laboral provocaban que los procesos judiciales duraran más tiempo en terminarse. Entonces, la reforma básicamente contiene o gira en torno a un cambio en las reglas de cómo se tramitan los procesos judiciales, cosa que nosotros llamamos normas procesales laborales”.

De esta forma, tras varias consultas impulsadas por la Corte Suprema de Justicia, en las que participaron jueces de trabajo, profesionales especialistas en derecho de trabajo, funcionarios del Ministerio de Trabajo, representantes de cámaras patronales y el mismo sector judicial, vio la luz la propuesta de la reforma, con la necesidad de ajustar la legislación laboral y mejorar el acceso a la justicia.

El veto de Chinchilla Aunque la Reforma Procesal Laboral fue aprobada en setiembre de 2012 por la Asamblea Legislativa, un mes después, el texto fue vetado por la entonces presidenta Laura Chinchilla Miranda, quien indicó, en ese momento, que el proyecto iba en contra de los señalamientos de la Sala Constitucional sobre los servicios indispensables como salud, seguridad y economía pública, así como del artículo 61 de la Constitución Política, el cual establece que “se reconoce el derecho de los patronos a paro y de los trabajadores a la huelga, salvo servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de estos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán ser desautorizar todo acto de coacción o de violencia”.

Otra razón para frenar el proyecto fue la prohibición de contratar personal temporal por parte del Gobierno como medida de

contingencia ante eventuales interrupciones de los servicios.

La firma de Solís En un acto solemne, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora, y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, firmaron la Ley Nº 9343, luego de ser aprobada en la Asamblea Legislativa.

El evento, llamado “histórico” por parte de Solís, también contó con la presencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz Fábrega, la directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Carmen Moreno, así como legisladores, autoridades nacionales y representantes de los sectores sindicales, empresariales y productivos del país.

Durante la firma de esta ley, el mandatario indicó que “Costa Rica tiene una potente historia de conquistas y acuerdos. La firma de la Reforma Procesal Laboral que sellamos hoy (25 de enero de 2016) como un gran acuerdo nacional, es la herencia que con responsabilidad proyectamos para las generaciones de hoy y de mañana para que tengan mejor garantizados sus derechos laborales. Estamos en el momento en que debemos a la patria seguir fortaleciendo los acuerdos necesarios como el que hemos postergado en materia fiscal. Es imperativo este acuerdo para garantizar una sociedad que tenga la fuerza necesaria para seguir impulsando bienestar, desarrollo, educación, salud, seguridad, vivienda, y que tenga las

condiciones para generar empleo de calidad y reducción de la pobreza.

Es el momento de una Costa Rica grande, que debate, que escucha y que aporta soluciones”.

Por su parte el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, resaltó la importancia de un verdadero diálogo social, de una comunión tripartita en la búsqueda de un clima de paz y acuerdos en las relaciones obreropatronales.

“Hemos esperado mucho tiempo para ver hecha realidad una ley que desde hace varias décadas era imprescindible para un país de derecho como el nuestro. Felicito y agradezco a los diputados y diputadas de la República por el esfuerzo hecho, así como a los representantes del sector sindical y patronal en su apertura al diálogo y en el compromiso por brindar a nuestra fuerza laboral una ley acorde con las características actuales del mercado laboral”, expresó.

La ley y sus modificaciones al Código de Trabajo Los cambios son muchos, pero se centran en tres grandes dimensiones: procesal, derechos individuales frente a patronos y derechos laborales colectivos.

Respecto al ámbito procesal, dentro de los cambios establecidos en la Reforma Procesal Laboral, destaca la oralidad y plazos cortos para cumplir las etapas, con lo que se espera bajar los tiempos de duración de los juicios laborales a dos años o menos, y no hasta una década, como ocurre actualmente en este tipo de procesos.

Con la reforma, el trabajador se presenta ante el juzgado para que tomen su declaración e, incluso, puede realizar su demanda a través de medios electrónicos. Una vez

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cumplida esta primera etapa, el juez cuenta con un mes de tiempo para cumplir con la parte oral del proceso y fallar a favor de alguna de las partes en un juicio.

“El proceso laboral varía a un proceso por audiencias, fundamentalmente oral.

Se disminuyen las posibilidades de recursos y de intervención de las partes. Básicamente, se aleja al usuario del juez, pues se le limita su posibilidad de cuestionar o recurrir y de participar” explica el abogado Sánchez.

En cuanto a los derechos individuales, en este apartado, la reforma amplía y aclara el conjunto de derechos que tienen los trabajadores, como por ejemplo, el de la protección de los trabajadores con licencias de maternidad y lactancia y el de quien denuncia casos de hostigamiento sexual o de cualquier otro tipo, así sea a los menores de edad.

La ley contempla la asignación gratuita de un defensor público a los trabajadores menores de edad y a aquellos que reciben un salario menor al asignado para el puesto de auxiliar judicial uno, el cual ronda en los ₵902 mil colones. Este recurso será aportado por el Poder Judicial.

Otra de las modificaciones al Código de Trabajo se da en los casos de despido, donde el empleador solo podrá defender como hechos justificantes de la destitución aquellos indicados en la carta de despido entregada al trabajador.

En ningún caso, el patrono podrá alegar situaciones diferentes a las expresadas en el documento de suspensión de la relación laboral.

Adicionalmente, se establece un capítulo especial en casos de discriminación, el cual indica que

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se implementará un proceso judicial expedito para despidos por esta causa. La Reforma Procesal Laboral establece la prohibición expresa de todo tipo de discriminación, ya sea por razones de edad, etnia, género, religión, ascendencia nacional, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, filiación, afiliación sindical, origen social, situación económica y discapacidad (el actual Código de Trabajo contempla únicamente los cuatro primeros aspectos).

El texto aprobado, a diferencia del anterior, exige al trabajador explicar y justificar con claridad los motivos de su demanda y, en caso de que se compruebe que la persona fue discriminada, el juez tendrá la potestad de ordenar la reinstalación en su trabajo, además de las indemnizaciones que se establezcan.

La reforma también contempla procedimientos cautelares a trabajadores con situaciones especiales, como es el caso de las embarazadas o trabajadores que por intentos de sindicalización sean cesados sin justificación. En cualquiera de ambos casos, los trabajadores pueden solicitar al juez que sean reinstalados en sus puestos, mientras se resuelva la legalidad del despido.

En cuanto a los derechos colectivos, el principal punto a tratar son las huelgas. Hay dos aspectos muy importantes en esta nueva ley, los que se resumen en la exclusión de la posibilidad de realizar huelgas en servicios públicos esenciales (propuesta que será tramitada en otro proyecto) y la aprobación de la contratación de trabajadores temporales para sustituir a los huelguistas.

Además, el texto modifica el

“El desafío es que en verdad funcione y que valide la hipótesis de que partió.”

Trabajadores del sector salud y educación estuvieron en huelga el 26 y 27 de abril para oponerse a reformas fiscales, y en defensa de los derechos laborales y las instituciones públicas. Foto: EFE porcentaje de trabajadores que deben apoyar un llamado a huelga para que esta sea realizada de forma legal. Una vez entrada en vigencia, el porcentaje pasa de 60% de apoyo, a una mayoría simple de presentes en una asamblea, es decir 50% + 1.

Sin embargo, en aquellas empresas donde no exista un sindicato que reúna al menos el 50% de afiliación, la decisión de ir a huelga o no se realizará mediante una votación en la que se requiere como mínimo la participación del 35% del total de trabajadores y estar a favor la mitad + 1.En caso de declararse ilegal una huelga, los trabajadores tienen 24 horas para reintegrarse a sus puestos y labores, y no 48 horas como lo establece el actual Código de Trabajo, de lo contrario pueden ser despedidos sin responsabilidad patronal.

El desafío “El desafío es que en verdad funcione y que valide la hipótesis de que partió. Yo tengo pocas expectativas de que en verdad esto suceda, pero no estoy en posición de ver los resultados hasta que en verdad se den. Creo que hay todavía más formas de llegar al mismo objetivo, por lo que si la reforma falla en esto, quedan otras formas para corregir el atraso en la tramitación de asuntos laborales.

El problema sería si el resultado es deficiente y, además, afecta a los usuarios, porque difícilmente habrá la iniciativa y voluntad política de enmendar un eventual error de cálculo en esta área”, expresa Luis Sánchez Montero en cuanto al reto que traerá la ejecución de todos estos y muchos más cambios que contempla la Reforma Procesal

Laboral.

“Un desafío importante es que se mantenga algún equilibrio entre la necesidad de tramitar más rápido los procesos y en que siempre sigan siendo justos y participativos. La calidad de la justicia no es solo sinónimo de rapidez. Estoy seguro de que si le preguntan a cada usuario sobre este tema, dirá que su objetivo es obtener una sentencia rápida, sí, pero sobre todo, justa o de acuerdo con las normas jurídicas y esto, de alguna forma, puede comprometer la futura estructura del proceso laboral. Esperemos que los jueces y juezas, con mucha mística, ponderen todas estas realidades” añade.

Según lo estimado, la Reforma Procesal Laboral comenzará a regir en julio de 2017. Es decir, 18 meses después de su firma.

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Gobernar Sin Excusas El proyecto Ley de la Reforma Estructural del Poder Ejecutivo para Fortalecer su Gestiรณn Gubernamental fue presentado en la Asamblea Legislativa como una opciรณn para procurar un Gobierno mรกs eficiente Por: Otto Guevara, diputado.

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Las tres quejas recurrentes de los ciudadanos y los gobernantes es que el Gobierno no funciona con la agilidad, la eficiencia y el impacto que se esperan, que no se toman ni se ejecutan decisiones y que la respuesta para resolver los problemas y fomentar el desarrollo es lento. Desde la administración Figueres Olsen, de 1994 a 1998, la queja general es la misma: no se puede gobernar. Así, la excusa de que el país es ingobernable se convirtió en el pretexto para justificar la inoperancia del Poder Ejecutivo.

La idea errónea de pretender solucionar un problema concreto o ejecutar un proyecto específico mediante la creación de un órgano o de un ente ha creado una maraña de instituciones que no solo no ofrecen la mejor coordinación ni el mejor resultado, sino que ha aminorado la calidad y la oportunidad de las decisiones, la gestión y la dirección política del Poder Ejecutivo. Esta grave inflación institucional ha debilitado el sistema presidencial de Gobierno previsto por nuestra Constitución Política de 1949. Por eso, el sistema no funciona.

El órgano ejecutivo del Estado tiene actualmente 24 ministerios, seis de los cuales son sin cartera.

Países con una cantidad mucho mayor de habitantes tienen poderes ejecutivos más pequeños, como por ejemplo, Estados Unidos y Alemania, con 15 ministerios cada uno, la región administrativa especial de Hong Kong, 13 y Suiza, 7.

La reorganización del Poder Ejecutivo es una acción política impostergable para crear un Gobierno esbelto, pero fuerte y capaz en sus áreas y funciones prioritarias.

Los ciudadanos demandan un Estado más ágil, más gobernable y fiscalmente más responsable. El Poder Ejecutivo debe recuperar la responsabilidad y la capacidad de la toma de decisiones y directrices políticas para activar vigorosamente la gestión de los recursos públicos con alta calidad en los resultados.

De allí, la importancia del proyecto Ley de la Reforma Estructural del Poder Ejecutivo para Fortalecer su Gestión Gubernamental.

Este proyecto pretende eliminar una buena parte de la maraña institucional, fortalecer el sistema presidencial, empoderar más a los ministros como tomadores de decisión y rectores de sus respectivos sectores y reestablecer la movilidad de personal en mandos medios e intermedios de confianza.

Así, pues, algunas de las propuestas orientadas a una reforma de Estado incluyen la reducción de los ministerios: de 24 a 12, además del reforzamiento del carácter vinculante de las directrices del Poder Ejecutivo hacia órganos desconcentrados, empresas públicas y entes descentralizados. Asimismo, prevé la transformación de 56 órganos de desconcentración máxima a órganos de desconcentración mínima, ello para acercarlos al ministro rector y convertirlos en sus

brazos ejecutores, ya que la idea es empoderar a los ministros en la toma y ejecución de las decisiones en el ámbito político y en la gestión gubernamental.

Otro aspecto es la eliminación de 50 juntas directivas de los órganos con desconcentración máxima o consejos, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas y Trasportes (MOPT), serían el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

En los nuevos órganos con desconcentración mínima mencionados en esta ley, los directores ejecutivos serán nombrados por el Poder Ejecutivo y los jefes de departamento y los jerarcas de las direcciones serán puestos de confianza, por lo que su nombramiento y remoción será potestad del Poder Ejecutivo. Esto facilitaría la movilidad laboral en base a las evaluaciones de desempeño y cumplimiento de directrices.

Por otra parte, se contempla eliminar a los intendentes de las cuatro superintendencias: la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

Otro punto es que se establece un salario único para el

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Funcionarios del INA se han manifestado en contra de reducir la planilla de la institución. Foto: EFE

presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, los directores, los jefes departamentales y los oficiales mayores. Con ello, pretendemos resolver el problema de la desigualdad salarial entre los jerarcas de los órganos superiores del Estado, mejorando el incentivo para nombrar personas de alto perfil profesional y experiencia en esos cargos.

También, no se puede dejar por fuera que con la aprobación de la presente ley queda prohibida la creación de personerías jurídicas instrumentales o ministerios sin cartera, e igualmente, elimina duplicidades y adelgaza parcialmente la planilla gubernamental (aunque este no

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es el fin estratégico de la reforma, porque su importancia recae en el reordenamiento de la estructura orgánica del Ejecutivo).

Para finalizar, esta propuesta persigue fortalecer la gestión gubernamental del Poder Ejecutivo mediante una reestructuración de su organización estructural (valga la redundancia), administrativa, política y jurídica para reducir el grado de ingobernabilidad causado por una extensa y confusa red institucional y por una regulación que afecta el proceso de toma decisiones y directrices políticas estratégicas orientadas al logro de metas predeterminadas en el Plan de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo. Este proyecto pretende eliminar la

excusa conformista de los últimos gobiernos de querer endosar la responsabilidad de la inacción del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. La idea es despejar el espacio para la toma de decisiones y directrices políticas de manera oportuna y eficaz y mejorar la implementación de las políticas públicas. Es una propuesta positiva, proactiva e innovadora.

Responde a la necesidad de llevar adelante la reingeniería de la estructura del Gobierno para ajustarla a la obligación de mejorar e incrementar la competitividad del país, utilizar los fondos públicos con eficiencia y eficacia y mejorar el bienestar de todos los costarricenses.

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Claves para entender el enigma brasileño:

las penurias de una potencia emergente La presidenta brasilera Dilma Rousseff, se encuentra en el ojo del huracán tras la votación del Senado, que permitió la apertura de un juicio político en su contra

Por: Carlos Cascante Observatorio de Política Internacional, Universidad Nacional

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El pasado 17 de abril, la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil aprobó por abrumadora mayoría la remisión del proceso de juicio político (impeachment) que se sigue contra la presidente Dilma Rousseff respecto al Senado. Esta última Cámara, integrada por 81 miembros, tendrá que tomar la decisión de continuar o no con los procedimientos por una mayoría simple, es decir, 41 senadores.

La mandataria es acusada de desviar fondos de bancos públicos brasileños y utilizar estos para programas sociales, con lo cual logró artificialmente reducir el déficit fiscal de Estado, lo que constituye una causal de separación de su cargo.

De seguir con este alambicado proceso, Rousseff sería separada de su cargo por 180 días y el Senado, convertido en tribunal, juzgaría con fundamento en las pruebas que tenga a su disposición la permanencia de Rousseff en su cargo. La destitución debe ser votada positivamente por al menos dos terceras partes de la Cámara (54 senadores). Tanto durante el período de suspensión como en la eventual revocatoria del mandato presidencial, el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, asumiría el poder.

El caso en cuestión no es más que un capítulo de una compleja trama, donde se entrelazan condiciones políticas, económicas y sociales de índole estructural que explotan cada cierto tiempo en la realidad brasileña. Es, así, como un país de más de 200

millones de habitantes, de los cuales al menos un 19% vive con un ingreso de menos de cinco dólares al día y que lidia con un agudo problema de desigualdad social, experimenta una dura crítica a sus instituciones cada vez que se producen cambios del ciclo económico. Desde esta perspectiva, al iniciarse el nuevo milenio, el aumento de los precios de productos como la soya y el petróleo permitió a los gobiernos del Partido Social Democracia Brasileña (1995-2002) y el Partido de los Trabajadores (2002-actualidad), liderado por el carismático Luiz Ignacio ‘Lula’ da Silva, aumentar el gasto social, reducir la pobreza y aumentar el ingreso de muchas familias brasileñas.

Este crecimiento no estuvo exento de graves denuncias por corrupción que salpicaron a la mayoría de los partidos del amplio espectro político del gigante sudamericano. Pero en la medida que el ciclo económico ha entrado en recesión (ante la reducción de los precios del petróleo y el estancamiento chino), el aparato político ha visto reducida su capacidad para controlar la demandas sociales, especialmente la de jóvenes profesionales, desempleados por la ralentización de la economía brasileña, quienes ven en la corrupción de la figuras de la política, la causa fundamental de su precaria situación.

Inmerso en esta vorágine, el gobierno de Rousseff ha visto

tambalearse a las principales figuras de su gabinete vinculadas con el escándalo de Petrobras.

Este contexto de debilidad ha sido aprovechado por otros partidos para atacar y debilitar el predominio del Partido de los Trabajadores. Estas embestidas se han concentrado en la figura de Rousseff, quien aún no ha sido ligada jurídicamente al caso Petrobras, y ‘Lula’ da Silva. En esta línea, Rousseff ha tratado de salvaguardar la figura de da Silva, quien fracasó en su intento de detener el proceso contra su heredera política, pero sí tuvo éxito en evitar la prisión preventiva en su contra y catapultar su figura para las elecciones de 2018, en las cuales pretende ser reelecto.

No obstante, estas circunstancias que parecen condenar inexorablemente a Rousseff, podrían cambiar en los próximos meses, pues, al final del día, la decisión de los senadores podría cambiar ante la presión que puedan producir en las calles los aún numerosos seguidores del Partido de los Trabajadores. En cualquiera de los dos escenarios, las condiciones estructurales que han provocado esta crisis saldrán fortalecidas.

El Observatorio de Política Internacional es un proyecto conjunto de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Búsquelos en https://www. facebook.com/ObsPI o www.http:// opi.ucr.ac.cr/

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Nombrar los dolores

Marco Feoli

Viceministro de Justicia y Paz FotografĂ­as: CortesĂ­a Ministerio de Justicia y Paz

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Recientemente, leí un libro en el que me topé con una frase que me ha resultado demoledora: “los dolores no desaparecen por no nombrarlos, nombrarlos es la mejor forma de ayudar a incorporarlos a la agenda pública”. Enumerábamos, hace unos días atrás, con ocasión del informe de labores que debía rendir el Presidente ante la Asamblea Legislativa, algunos de los logros que, de acuerdo a nuestro equipo, habíamos alcanzado en esta, hasta ahora, corta estancia de poco más de un semestre, en el Ministerio de Justicia y Paz. Mientras hacíamos la lista, encabezada, desde luego, por la disminución –insuficiente, pero disminución al fin- del hacinamiento carcelario, un amigo escribió que en Justicia estaban haciendo algo “revolucionario”: “tratar con dignidad a las personas privadas de libertad”.

Y eso fue conmovedor, sí, pero, además, en medio de las dificultades que supone pilotar una institución pública; de la frustración, a veces, de que las cosas no fluyan con la prontitud que desearíamos, sobre todo, para quienes no estamos demasiado acostumbrados al trajín del Poder Ejecutivo, hubo una enorme satisfacción porque caímos en cuenta de que, sin ninguna duda, el principal logro de estos meses de gestión fue visibilizar a un grupo históricamente vulnerable. Costa Rica, como

puede comprobarse, tiene hoy el dudoso honor de ser uno de los países con las mayores tasas de encierro del mundo. Hay 351 privados de libertad por cada 100 mil habitantes lo cual nos coloca por encima de China, Irán y Brasil. En 20 años, al hilo de una serie de reformas penales que aumentaron las penas y criminalizaron nuevas conductas, nuestra tasa de prisionalización se triplicó.

La defensa de los derechos humanos de las poblaciones minoritarias nunca ha sido una tarea sencilla. Tal vez por eso, hoy con mayor certeza, habría que recordar a quienes desde diferentes trincheras han atacado sin piedad, aunque con demasiada laxitud, las medidas del Ministerio de Justicia y Paz que los prejuicios solo sirven para discriminar y para generar más desigualdad.

Uno de los mayores prejuicios es la idea tan reduccionista de que todos los que han entrado a una prisión son malos. Seguimos padeciendo la herencia griega de un pensamiento binario que nos hace creer que la vida es dicotómica, que solo hay blancos y negros sin matices en medio. Hemos insistido que detrás del encarcelamiento, en la inmensa mayoría de los casos, ha habido, previamente, una exclusión social. El sistema penal está abarrotado de pobres, no son depravadores sexuales ni homicidas quienes hacinan

“Costa Rica tiene hoy el dudoso honor de ser uno de los países con las mayores tasas de encierro del mundo.”

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nuestras vetustas cárceles, son pobres que, como las mujeres que ingresan droga a los centros penitenciarios, antes de ser prisionalizados ya habían tenido poco o ningún acceso a los bienes a los que sí tuvimos el resto.

El sistema penal es irracional pues está diseñado para que en él toda la represión y la exclusión puedan ser realizadas sin dificultad. El sistema, hay que decirlo, es perverso.

Pensemos, por ejemplo, cómo se fueron construyendo, históricamente, los planes de atención de la mayoría de los centros penitenciarios y que se siguen replicando hasta el día de hoy: planes para que las personas

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estudien, planes para que las personas aprendan algún oficio, planes para que las personas sean tratadas por el consumo de estupefacientes: ¿Qué nos dice esto? Que el sistema penitenciario desde siempre fue visto como el espacio al que llegan quienes previamente han sido marginados y excluidos.

El sistema penal no previó otras formas de abordaje para quienes quebrantaron los bienes jurídicos estimados valiosos y merecedores de protección. Y no lo hizo porque aunque con demagogia, y con frecuencia se quiera negar, detrás del aparato penal hay un sistema perverso de selectividad.

Cuando se habla de la

selectividad penal, lo que se quiere decir es que el sistema penal primero define quiénes serán institucionalizados, define el perfil de quiénes deben ser prisionalizados y luego los excluye, formalmente, y los aparta del resto de la sociedad a través de la prisionalización.

Probablemente, como escribió el profesor Zaffaroni, cuando Cesare Lombroso visitaba las cárceles italianas, lo que concluyó en aquel estudio que hoy podría parecer una excentricidad, poblado de estigmas y estereotipos, sí se correspondía con la realidad, no porque la delincuencia estuviera asociada a ciertos fenotipos sino más bien al origen social y a la

síntesis que hace el sistema penal de los grupos más vulnerables, con peores condiciones y de los estereotipos que los rodean.

Los destinatarios de las cárceles son personas pobres o vulnerables –como las mujeres víctimas de violencia de género o los jóvenes que crecieron en hogares desestructuradosa quienes las oportunidades nunca les llegaron. No quiero decir con esto que pobreza sea sinónimo de delincuencia; pero sí, como dijo Elías Neuman, que la desesperación y la exclusión social pueden conducir a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia que atiborra nuestras cárceles.

En el caso de América Latina es palmario, aunque ha habido periodos de bonanza económica, que no hemos sido capaces de resolver la punzante desigualdad y esto define el tipo de delincuencia que se padece, seguimos siendo la región más

desigual del planeta y eso no es poca cosa. En promedio, para 2013, en la escala de 0 a 1 que utiliza el coeficiente de Gini, los países latinoamericanos se situaron en 0,503, en cambio, los países de Europa occidental mejor calificados con dificultad llegaban al 0.3.

No es de extrañar entonces ni el promedio de edad de las personas que entran en conflicto con la ley penal, ni su nivel de escolaridad ni el tipo de delito por el que son sancionadas. Hay una relación de causalidad entre esas variables y la rampante inequidad de la región. Los datos de la Dirección General de Adaptación Social dicen que del total de personas sentenciadas (poco más de 11.000), más del 50% tiene apenas primaria o es analfabeta. La cuestión de la edad también habla de un tipo de delincuencia de muy temprana edad, casi 70% de los sentenciados ingresaron con

edades que oscilan entre los 18 y los 39 años. Del mismo modo, más del 60% de las condenas están vinculadas a delitos contra la propiedad.

Los abogados estamos demasiado acostumbrados a refugiarnos, como escribió un teórico del Derecho, en el cielo de los conceptos. Los derechos humanos, muy a pesar nuestro, decía el profesor Pedro Haba, no se realizan por estar contenidos en normas jurídicas.

Se requiere, entre muchos factores, de voluntad política.

No hemos tenido duda de que nuestro deber es garantizarlos a toda costa, denunciar lo que como sociedad democrática tendría que dolernos. Así se ha hecho y por agotador que sea, frente a tan virulencia y tanta incomprensión, así se seguirá haciendo. Es el único camino para ser consecuentes con lo que predican nuestros textos normativos. El único.

“El sistema penal es irracional pues está diseñado para que en él toda la represión y la exclusión puedan ser realizadas sin dificultad.”

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OPINIร N

La Extinciรณn de Dominio y el Orden Constitucional FIRMA 44

“...se ha caído en un frenesí punitivo que pretende ignorar por completo los principios más elementales que conforman nuestro sistema democrático.”

MSc. Gerardo Huertas Angulo Abogado Penalista Ilustración: Marc Ramírez

En los últimos años, se ha dado un notable incremento de crímenes violentos en el país, muchos de los cuales han sido atribuidos a ajustes de cuentas entre bandas de narcotráfico. El clima generado por estos hechos, sumado a los recientes escándalos de los Panama Papers, ha sido aprovechado por distintos sectores políticos para urgir la aprobación del proyecto denominado Ley de Extinción de Dominio (expediente legislativo 19571), mediante el cual aseguran que se debilitará a la industria de las drogas al atacar sus finanzas y despojar a los grupos criminales de sus ganancias ilícitas.

Sin embargo, en medio del estado de alarma generado por estos hechos, se ha caído en un frenesí punitivo que pretende ignorar por completo los principios más elementales que conforman nuestro sistema democrático.

El mencionado proyecto de ley parte de una grosera presunción de culpabilidad e inversión a la carga de la prueba, en donde todo incremento patrimonial no justificado pasa a ser del Estado, aun cuando no exista sentencia judicial que decrete la responsabilidad penal del dueño del bien ni el comiso de

este. Así, según el artículo 21 del proyecto, no sería necesaria la plena demostración de culpabilidad para despojar a un individuo de su propiedad, sino que ahora, bastaría con la mera probabilidad, obligando al ciudadano a demostrar el origen lícito del patrimonio y dispensando al Estado de su obligación constitucional de probar lo que afirma como consecuencia inmediata de la presunción de inocencia. Esto produciría una enorme inseguridad jurídica en casos en los que se dicten sentencias absolutorias en la vía penal (descartando la existencia de un hecho delictivo), pues, al mismo tiempo, conforme a esta nueva ley, se ordena la extinción de dominio de los bienes del imputado absuelto por considerarse que proceden de un hecho delictivo, cayéndose en una evidente contradicción entre ambos fallos.

No es posible sostener, como lo pretenden muchos, que al ser la extinción de dominio un proceso de naturaleza administrativa no rigen las mismas garantías, ya que debemos recordar que en materia represiva, sea esta penal o administrativo-sancionadora, debe siempre prevalecer la duda a

favor del ciudadano como barrera infranqueable a los abusos del poder estatal.

Actualmente, se ha adoptado una práctica perversa, mediante la cual el Ministerio Público abre causa penal contra un sospechoso de legitimación de capitales y, al no poder demostrar la procedencia ilícita de los bienes más allá de toda duda, sencillamente envía los autos a la sede contencioso administrativa solicitando la apertura de un proceso paralelo de capitales emergentes en el cual se releva al Estado de su carga probatoria y se despoja al ciudadano de sus bienes sin investigación ni prueba alguna de su ilicitud.

Es absolutamente previsible que esta práctica, propia de regímenes totalitarios, incrementaría notablemente con esta nueva ley, habilitando un nuevo portillo legal para violentar el derecho a la propiedad sin demostración alguna de actividad ilegal. La lucha contra la criminalidad no puede nunca dejar de lado el uso de la razón. Es, ahí, en donde cedemos garantías constitucionales, que perdemos poco a poco en nuestro Estado de derecho.

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OPINIÓN

REUBICACIóN DE PRIVADOS DE LIBERTAD, NO ES SINóNIMO DE LIBERTAD Lic. Rafael Rodríguez

Abogado Penalista Ilustración: Marc Ramírez

La decisión de la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, de reubicar privados de libertad a fin de atenuar la sobrepoblación penitenciaria, ha sido objeto de una serie de comentarios en contra de la medida por la forma en que se ha expresado a nivel nacional la información. Se ha dejado entrever que se dejarán reos en libertad, y queda la sensación con dicha información que se les deja en libertad sin control o supervision alguna.

Ante los cuestionamientos que se hacen en la redes sociales los ciudadanos al respecto, y cuestionamientos que hacen destacados juristas nacionales, el viceministro de Justicia, Marco Feoli, explica que: “ El sistema penitenciario en las democracias contemporáneas es progresivo. La progresividad supone, justamente, que cuando el sentenciado entra en prisión se inicia un proceso de

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reinserción y acompañamiento técnico para que, de manera gradual, pueda ir avanzando de un régimen de mayor reclusión a otros de menor contención hasta alcanzar la libertad definitiva.”

No se puede negar que las incidencias delictivas graves siguen en aumento, casi al punto de estar sumergidos dentro de una pandemia nacional por los índices expuestos de la Organización Mundial de la Salud, al mismo tiempo que es claro que nuestro sistema penitenciario se encuentra en un estado de sobrepoblación que violenta los más elementales derechos humanos de la población privada de libertad.

Se ha demostrado que la reclusión no ha sido el remedio para prevenir la delincuencia, lejos de ello las condiciones en que se da son los formadores de una delincuencia más sofisticada y violenta.

La medida de la reubicación de

la población penitenciaria de centros cerrados a centros semi institucionales, no es sinónimo de libertad. Es la ubicación de privados de libertad que reúnen requerimientos institucionales en un centro de menor contención, con el fin de permitir la resocialización mediante las políticas de desinstitucionalización.

Estas medidas y la posibilidad de que los privados de libertad de manera paulatina se inserten a la vida en sociedad, no es sinónimo de una futura incidencia de estos en hechos delictivos. La experiencia y las estadísticas han demostrado por sí mismas que los niveles de reincidencia en los privados de libertad que son objeto de medidas de reubicación o de libertad condicional son bajas.

El problema es que cuando un beneficiado, reincide y se publica el hecho, se ve como si fuera la mayoría de los beneficiados

quienes están reincidiendo. Pero se deja por fuera a todos aquellos que han hecho un buen uso del beneficio y que han logrado seguir siendo ciudadanos ajustados a la vida en sociedad.

Se ha demostrado que la prevención y atención adecuada de las conductas delictivas, desde sus orígenes y causas han generado mejores resultados que la represión misma.

Cuando a privados de libertad, se les ha permitido acceder a programas de atención, con trabajo, educación y mejores oportunidades de resocialización, estos se han reinsertado a la sociedad de manera adecuada y han dado un cambio a sus vidas que no solo favorecen a sus familias, sino al entorno en el cual se desenvuelven como ejemplo de que si se quiere, se puede.

Somos claros en indicar, que no es que seamos defensores a diestra de que no tiene que haber sanción, lo que indico es que si hay sanción, la obligación del Estado es establecer políticas de rehabilitación adecuadas en sus centros carcelarios para que las cárceles no sigan siendo escuelas de delincuencia tal cual hoy día son en su mayoría.

La mal llamada adaptación social, es la responsable de que políticas de desinstitucionalización y de cumplimiento de penas en centros semi institucionales sean más eficientes y con ello se permita una menor sobrepoblación penitenciaria. Conozco que a nivel penitenciario existe infinidad de

recomendaciones de los Consejos Interdisciplinarios Institucionales que, mediante el análisis de los Planes de Atención Institucional, recomiendan al Instituto Nacional de Criminología, a privados de libertad para trasladarlos a centros de atención semi institucional; sin embargo, una gran mayoría de dichas recomendaciones son rechazadas en sesiones de escritorio, sin sostener los criterios técnicos que se supone, establece el propio centro institucional que ha venido conociendo la atención del privado de libertad. Esto sin entrar a hacer un análisis de los atrasos en los cuales se encuentra el propio sistema penitenciario, cuando no se aplican de manera adecuada y eficiente las valoraciones técnicas de los privados de libertad que determinan el cumplimiento o no de los planes de atención institucional y que prevén la posibilidad de avances institucionales a sistemas de contención semi institucionales.

Para muchos ciudadanos el encarcelamiento de infractores en las prisiones es la pena ideal, pero, ¿qué hay de las víctimas perjudicadas directamente por los hechos delictivos que han concluido el juzgamiento del infractor?, ¿le repara el daño material, la pérdida de tiempo, las lesiones corporales, mentales, muerte de un familiar, entre otras?, peor aún entonces; qué pasaría con las víctimas que tendrían este mismo problema pero con la diferencia de que su agresor no ha sido capturado o si ha sido capturado, ha quedado en

libertad ya sea por irregularidades en el proceso o la penalidad del delito cometido.

La cuestión es de interés para todos, no solo para quienes se han visto afectados directamente por el crimen, pues nuestra calma mental, por no decir nuestra seguridad, depende en gran medida de que los individuos que cometen hechos ilícitos sean detenidos por los organismos de seguridad del Estado y cumplan con el proceso correspondiente según el delito, y una vez cumplidas su condena, salgan a la calle reformados, y no simplemente endurecidos por la vida llevada en la prisión.

Pero para esto es necesario la existencia y la ejecución de un sistema penitenciario que facilite programas de atención a la víctima constantemente tanto como en lo legal como lo médico- psicológico y en cuanto los infractores le garantice un juzgamiento imparcial ajustado al derecho y garantías constitucionales, y que sus vivencias en la prisión no promuevan a un profesional en el delito, porque muchos de estos delincuentes comienzan con delitos menores, luego pasan a delitos contra la propiedad y por último se licencian en delitos contra las personas.

Por ello considero que la prevención es una materia que en cuestión de gasto es menos costosa y sus resultados son más baratos que la misma represión.

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OPINIÓN

Cuando el cambio climático se encuentra con el

género

María Fernanda Vargas

Abogada /Fundadora y Directora de Ecosight Costa Rica Ilustración: Marc Ramírez

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Dicen que para que se produzca el cambio social son necesarios tres elementos: querer, poder y saber.

Así, pues, para un buen desempeño profesional orientado a la ética, se requiere del conocimiento de todo aquello que identifica y rige al ser humano y a la vida misma. Es por esto que una formación integral resulta fundamental, debido a que permite una visión amplia de los diferentes acontecimientos y facilita una mejor aplicación de las estructuras jurídicas.

Actualmente, se produce una gran cantidad de cambios en el orden mundial, los cuales, de una u otra forma, van a quebrantar las bases de la sociedad, calando profundamente en el sistema social, político y económico. Se hace necesaria, entonces, una nueva visión de la realidad que permita a las fuerzas generadoras y transformadoras del mundo fluir unidas como un movimiento positivo hacia ese cambio. Y, aquí, hablamos de lo femenino y lo masculino como protagonistas.

Un terreno donde confluye lo anterior es el gran desafío que afronta nuestro planeta respecto al cambio climático entrelazado con el tema de género.

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), Centroamérica es una de las zonas con mayor vulnerabilidad ante los efectos adversos de este fenómeno y, también, recalca que los eventos climáticos extremos afectan más a los países y personas en mayor situación de pobreza, entre quienes las mujeres representan un 70%, siendo ellas quienes soportan la mayor carga en todo el sentido de la palabra.

Y esto es interesante, ya que diversas investigaciones han demostrado que el cambio climático afecta de modo particular a hombres y mujeres. Según el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y las vulnerabilidades asociadas al cambio climático. Las desventajas históricas de las mujeres, su limitado acceso a recursos, las restricciones a sus derechos y el silenciamiento de sus voces a la hora de influir en decisiones son factores determinantes para hacerlas altamente vulnerables. Eso sí, el origen de esa vulnerabilidad varía mucho, por lo que no deben de hacerse generalizaciones.

Con el fin de entender los impactos del cambio climático respecto al género, es preciso observar la dimensión humana del uso y de la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente como un conjunto.

Particularmente, las mujeres y los hombres de áreas rurales tienen diferentes roles, tareas, responsabilidades, comportamientos y derechos designados en relación con los recursos naturales.

Las diferentes actividades que llevan a cabo los hombres y las mujeres en sus roles y tareas para proveer su sustento y el de sus familias dependen de la disponibilidad de los recursos naturales. Particularmente, las mujeres de áreas rurales dedican mucho tiempo a la obtención de alimentos, agua y combustibles o energía para ese sustento. En otras palabras, la salud y el bienestar de sus familias requieren de los recursos naturales, su buena gestión y un medio ambiente sano. Y,

ciertamente, el cambio climático impacta seriamente en estos factores.

Asimismo, las mujeres y los hombres se posicionan de manera diferente ante el cambio climático y en el desarrollo sostenible debido a diferencias en el comportamiento.

Por ejemplo, las mujeres cuyo rol es proveer a sus familias e hijos trabajan en lugares más cercanos a sus hogares y, así, usan menos transporte y energía para trasladarse al trabajo. Por su parte, los hombres hacen un mayor uso de los automóviles y, por tanto, sus emisiones de carbono son mucho más altas. También, se ha demostrado que las mujeres, a pesar de estar históricamente a cargo del cuidado de los suyos, tienen menos acceso y control a los recursos, consecuentemente, ellas no los usan de forma excesiva.

En esta misma línea, las mujeres tienen gran influencia en las decisiones referentes al consumo familiar, evidenciando una tendencia a ser consumidoras más sostenibles. Por otra parte, tienen una mayor dependencia de los recursos naturales y, por lo tanto, poseen una mayor consciencia de su responsabilidad con ellos.

El medio ambiente como tal y la protección de la biodiversidad es un comportamiento característico del género femenino.

El reconocimiento de las particularidades del impacto del cambio climático entre hombres y mujeres es esencial, especialmente al ser un tema que alberga una gran envergadura y compromiso, tanto para nuestro país, como para el mundo, especialmente en una coyuntura dentro de la cual se comienzan a generar políticas necesarias para mitigar, adaptar

y prevenir los efectos del cambio climático dentro de un marco de desarrollo sostenible y género sensible.

El enfoque de equidad de género debe ser entendido como una herramienta de trabajo que analiza las relaciones sociales entre hombres y mujeres, tornando visibles aquellos aspectos en donde la equidad se ve disminuida, con el fin de tomar acciones concretas para construir un panorama completo y coherente que brinde puntos de entrada claros. En ese sentido, no está de más recordar que el desarrollo sostenible contiene tres elementos: el ambiental, el económico y el social, de manera que mientras gran parte de la población se encuentre viviendo en condiciones de inequidad y desventaja es imposible lograr la sostenibilidad. Por esta razón, es prioritario asumir que el enfoque de equidad de género debe permear todos los programas y proyectos en el tema, como lo son los mecanismos de financiamiento, los programas de compensación por servicios ambientales, los programas de reducción de emisiones, etc., siendo necesario que la legislación interna sea coherente con lo establecido en instrumentos internacionales, siempre adaptándose a la realidad local.

Cierto es que, durante las últimas tres décadas, se han elaborado numerosos instrumentos internacionales para asegurar la equidad de género en la adopción de medidas para el desarrollo sostenible, exhortando a que se incorpore el enfoque de equidad de género en lo referente al cambio climático. Todos estos instrumentos proyectan la evolución de las ideas y tendencias que orientan

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el pensamiento y la acción de los Estados, las organizaciones intergubernamentales, la academia y la sociedad civil alineados con el establecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y reflejan el creciente reconocimiento de su aporte a la sociedad.

Sin embargo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992 y en el Protocolo de Kioto de 1998, que son quienes estructuran las políticas globales de cambio climático, no contienen ninguna dimensión social respecto a las mujeres o a la igualdad de género, aunque ambos plasman acuerdos vinculantes y reglas para mitigar el cambio climático y la adaptación de su impacto.

Pero bueno, la CMNUCC solo es una de las tres principales convenciones de las Naciones Unidas que se derivan de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de Río de Janeiro, llevada a cabo en 1992. El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CNUDB) de 1992 y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD) de 1994 son las otras dos y estas sí incluyen el tema de género en el texto y reconocen los diversos roles de las mujeres y de los hombres para tratar problemas relacionados con la pérdida de la biodiversidad y la desertificación.

Por su parte, el Principio 20 de la Declaración de Río, producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es claro al manifestar la influencia que tiene la equidad de género en los procesos de desarrollo sostenible, reconociendo la participación de las mujeres como un elemento fundamental

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para lograrlo.

El Programa 21, surgido durante esta conferencia como guía para un desarrollo sostenible, hace especial mención al hecho de organizar esfuerzos que se desarrollen sistemáticamente, utilizando los recursos naturales de modo que puedan conservarse para las generaciones futuras. Y aclaro que ello será exitoso solo cuando involucre la participación total de las mujeres y refleje los intereses, necesidades y perspectivas de las mismas. El Capítulo 24, titulado ‘Acción mundial para la mujer con miras a un desarrollo sostenible e igualitario’, promueve la incorporación de políticas gubernamentales y lineamientos locales claros y estrategias y planes para el logro de la igualdad en todos los aspectos de la sociedad.

Esto incluye la promoción de la alfabetización, la educación, la capacitación, la nutrición y la salud para la mujer y su participación en posiciones claves de toma de decisión en la administración del medio ambiente.

En el año 2000, los líderes de los gobiernos, mediante las Naciones Unidas, establecieron la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los cuales se busca erradicar la pobreza y garantizar la igualdad y estándares básicos de vida para todas las personas, contribuyendo al desarrollo de manera global. En su Objetivo 3, se pretende promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

En 2001, durante la Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC, por primera vez se incentivó a promover la participación de las mujeres en la representación de las partes en

“...las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y las vulnerabilidades asociadas al cambio climático.”

organismos establecidos bajo la CMNUCC o el Protocolo de Kioto.

Desde entonces, la participación de las mujeres ha incrementado.

El año 2009 es clave debido al reconocimiento oficial que hace la Secretaría de la CMNUCC a las organizaciones no gubernamentales de mujeres y de género, como circunscripciones oficiales para los procesos de negociaciones y toma de decisiones, lo cual permite que las mujeres y los grupos de género realicen intervenciones oficiales en las negociaciones.

Posteriormente, en 2015, durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de las Naciones Unidas establecieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, evaluando los progresos realizados sobre los ODM, extendiendo la lista de estos objetivos, ahora llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), poniendo al mundo en la senda del desarrollo incluyente, sostenible y resiliente, planteando dentro de su Objetivo 5 una serie de acciones para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, involucrando al medio ambiente.

El año 2015 fue un año de gran impacto en la evaluación y toma de acuerdos influyentes en los procesos de desarrollo sostenible. Por un lado, lo recientemente mencionado y, por otro, se plantean diversas acciones en pro de la biodiversidad, como el Protocolo de Nagoya, así como que se le hace un tratamiento separado al derecho humano al agua y al derecho humano al saneamiento, para, finalmente cerrar con la consecución de la COP de París firmado por 195 Estados.

Dentro de la COP21, el género tuvo un gran impacto al hacerse

el reconocimiento del crecimiento extraordinario del liderazgo femenino en los asuntos de cambio climático durante los últimos seis años, tomándose como un factor que ha favorecido el éxito de las estrategias planteadas debido a los patrones seguidos por las mujeres.

También se hace el reconocimiento de la visión comunitaria y colaborativa que tienen las mujeres, la tendencia a trabajar al servicio de los demás y el optimismo con el que trabajan, señalando que no se pueden obtener grandes resultados sin optimismo, exponiendo todos esos comportamientos como propios del género femenino. Sin embargo, persiste una necesidad de destacar con más fuerza el vínculo entre el género y el cambio climático, así como señalar los beneficios de establecer un nexo para abordar los impactos del cambio climático a nivel global y establecer los mecanismos de forma expresa para implementar una perspectiva de género como un eje transversal en las estrategias de cambio climático.

El cambio climático nos obliga a ser justos y solidarios, a integrar a hombres y mujeres en las acciones para adaptar a nuestro país a las nuevas condiciones que genera este fenómeno. Por esto, es importante recordar y evaluar los compromisos de género asumidos a nivel internacional, teniendo en cuenta que las bases para alcanzar la igualdad de género dentro del marco de cambio climático son la participación igualitaria y la incorporación del enfoque de equidad de género y el enfoque de derechos humanos, que incluye los derechos humanos de las mujeres.

Cada vez, somos más quienes queremos construir un nuevo modelo de desarrollo más

sostenible, más equitativo y más inclusivo, con una economía más verde, bajo en carbono, capaz de responder al desafío que supone el cambio climático. Cada día, sabemos más, pues las evidencias científicas sobre los efectos del cambio climático se multiplican, al mismo tiempo que se dispara el conocimiento sobre nuevas formas de innovación social que ayudan a crear una alternativa. Solo falta que podamos. La gran interrogante es: ¿cuenta Costa Rica con instrumentos y herramientas útiles que ayuden a cada organización, a cada empresa, a cada municipalidad, a cada escuela, o a cada uno de nosotros a poner en marcha ese nuevo modelo más verde, más responsable y más inclusivo que necesitamos?

Pero pensándolo bien, más allá de plantearse como un desafío, podría visualizarse como una oportunidad para hallar modalidades que planteen un desarrollo más inclusivo y equitativo, con una economía sostenible y una producción que considere opciones que preserven el equilibrio y la armonía con la naturaleza.

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El funcionario público no es un sujeto inimputable

Lic. Carlos Porras Sequeira Abogado

El principio de ‘interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos’ dice que es prohibido para la administración actuar conforme a la simple voluntad de sus titulares sin cumplimiento del ordenamiento jurídico. Es decir, prohíbe toda actuación que se produzca de forma antojadiza sin fundamento técnico y jurídico.

En esa línea, el inciso 1) del

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artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública señala que en ningún caso se podrá dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia, de la técnica o a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.

En otras palabras, los funcionarios públicos son los responsables directos de la legalidad de los actos que dictan y ejecutan. Por lo tanto, cuando existe un acto administrativo ilegal, es porque un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, de forma voluntaria lo dictó.

Durante años, en nuestro país, cuando nos referimos a la Administración pública, lo hacemos de forma impersonal, siendo esto una terrible costumbre que atenta contra el deber de probidad y responsabilidad de los servidores. El Estado no es más que una ficción jurídica, y quienes le dan contenido a sus acciones son sus funcionarios, por ello, ante cualquier acto ilegal o ilícito, se les debe responsabilizar.

Dicha responsabilidad no se agota con los servidores de la Administración pública, central o descentralizada, sino que también alcanza, incluso, a los funcionarios judiciales, los cuales, por negligencia en su labor, pueden generar daños y perjuicios a los usuarios de la Administración de justicia.

Si bien es cierto, respecto a los miembros del Poder Judicial, la normativa y la jurisprudencia es más conservadora y, hasta cierto punto, proteccionista, lo cierto del caso es que estos también son responsables de sus acciones llevadas a cabo en el ejercicio de

sus funciones.

Como ciudadanos, no podemos pasar por alto los actos administrativos dirigidos con fines perversos y tiranos que son dictados en desobediencia al ordenamiento jurídico y en clara desviación de poder. Tampoco podemos permitir la impunidad de aquellos funcionarios judiciales que realizan una mala gestión y empañan el buen nombre de aquellos que son probos y leales a su puesto.

No se puede observar con normalidad la prescripción de una causa por inacción de un servidor judicial, tampoco podemos acostumbrarnos al extravío de un expediente judicial por descuido de quien lo tramita, de igual manera, no se puede pasar desapercibida una condena a la Administración por la arbitraria labor de un jerarca en la ejecución de un contrato o en un procedimiento administrativo.

Cada condena al Estado por mala gestión de sus funcionarios es pagada con dinero del erario público, es decir, es cancelada directamente del bolsillo de los ciudadanos. Por esta razón, se debe exigir probidad en el accionar de los servidores.

La responsabilidad de los funcionarios no puede ser concebida como un instituto jurídico extraño y de poco uso. Todo lo contrario, por el bien de la función pública, debe ser entendido como una protección del ciudadano ante el actuar arbitrario de los titulares del Estado y, también, debe ser visto como una garantía para aquellos funcionarios públicos que son probos, honestos, responsables y justos, los cuales no podemos permitir, lleguen a extinguirse.

¿Debería un Estado tener una religión oficial?

Roxana Alfaro

Abogada Constitucionalista Ilustración: Marc Ramírez La separación de la religión del Estado surge a partir de las revoluciones liberales, donde se entendió que el ámbito de lo religioso y la libertad para participar de cualquier confesión religiosa forma parte de la vida privada de la persona, sin que el Estado deba asumir ningún credo como oficial.

El artículo 75 de nuestra Constitución Política reza: “La Religión Católica, Apostólica y Romana, es la del Estado (…) y 194 ibídem, con lo que se configura un Estado confesional, lo que ha generado un debate público.

A la luz de los derechos fundamentales, los alcances y el contenido de la libertad de religión, en relación con el derecho comparado y por supuesto, a los derechos humanos, es válido cuestionar si el Estado debería tener una religión oficial o si se justifica una reforma constitucional con el fin de introducir el principio de laicidad estatal.

Si bien es cierto, el numeral 75 de nuestra Carta Magna no impide el libre ejercicio en la República de otros cultos, siempre que no se opongan “a la moral universal ni a las buenas costumbres”, se ha privilegiado a la religión católica

sobre los demás cultos, lo que deriva en una vulneración a los derechos fundamentales de los no católicos, particularmente, al principio de igualdad.

Esto es así porque en Costa Rica cada vez son más representativos algunos grupos religiosos cuyos intereses podrían colisionar con los de la religión oficial, dada la influencia política que se da a los líderes católicos, cuando el Estado debería facilitar a los individuos la posibilidad de ejercer su libertad de culto en forma plena, sin más limitaciones que las provenientes del orden público previsto por ley.

La confesión católica, introduce ciertos privilegios que, jurídicamente, están totalmente infundados, los que no permiten que las religiones “no oficiales” se movilicen en un plano de igualdad. Y si bien, en ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha sido conteste en la protección de vulneraciones al Derecho de la Constitución, lo cierto es que se expone a los administrados a una gran, sensible e injustificada pérdida de recursos públicos, en una árida discusión que sólo beneficia a un grupo.

El evidente apoyo estatal a la

iglesia católica otorga beneficios patrimoniales que no ostentan las demás religiones. Además se le da privilegios exclusivos como son la posibilidad de otorgar efectos civiles únicamente a los matrimonios celebrados por los sacerdotes católicos, de acuerdo con el artículo 23 del Código de Familia; el establecimiento de la enseñanza de la religión católica como asignatura obligatoria en los programas oficiales de nivel primario o secundario; el no pago del impuesto de salida del territorio costarricense, ya que el arzobispo y el obispo disfrutan de pasaporte diplomático; la exoneración del pago de impuesto sobre bebidas alcohólicas para las adquisiciones de vino para consagrar, etc.

Es claro que los intereses y las convicciones de los grupos minoritarios en un escenario de pluralismo religioso reclaman por parte del Estado un comportamiento neutro o de indiferencia, lo que constituye la mejor manera de asegurar a cada individuo o agrupación el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales.

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OPINIÓN

DESJUDICIALIZACION DE LOS

CONFLICTOS PUBLICITARIOS ENTRE

COMPETIDORES Lic. Kendall David Ruiz Jiménez Socio Director de Corporación Jurídica ASELECOM Tel: (506) 2225-71-84/ 2225-7197 www.aselecom.com

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Era 2005, cuando ya los tribunales costarricenses de justicia veían la necesidad de pronunciarse sobre la desjudicialización de los conflictos en materia publicitaria entre competidores. Sin embargo, fue hasta el año 2007 que la finalización de un caso que incluía a dos empresas de reconocimiento nacional e internacional atrajo el foco de los medios de comunicación. En él, las partes que disputaban decían tener la razón en cuanto a un proceso referido a la competencia desleal instaurado por una publicidad de las toallas sanitarias S a b a v e rs u s Ko t e x , en un litigio que fue iniciado en 2004 y que fue resuelto hasta ese año.

Las causas por las que se pueden iniciar estos procesos son varias.

En este caso específico, Saba había generado una operación enérgica por unas toallas sanitarias que tenían sistema de ‘odor killer’ (aniquilador de olores), y la habían presentado en México, por lo que cuando hicieron esa campaña en dicho país, Kimberly-Clark (Kotex) no tuvo margen de maniobra y les golpeó en ventas.

Cuando iniciaron con la misma operación enérgica en Costa Rica, Kimberly-Clark sabía que

lo que venía era una campaña conocida como ‘OK’, que decía que Saba era “OK” con su ‘odor killer’, por lo que un día antes de que Saba tirara su campaña, Kimberly-Clark pagó una plana donde señalaba que las toallas de ellos eran ‘O.K.otex’ y que aniquilaban olores. Por ende, arrancó la disputa que, al final, ganó Kimberly-Clark.

Ante escenarios como estos, en nuestro país se ha tratado de buscar soluciones para resolver los procesos de publicidad mediante distintas vías. Por un lado, está el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como ente que resuelve las denuncias por publicidad (procesos que demoran al menos un año o un año y medio en ser resueltos).

Otro tipo de publicidad, como la de consumo de alcohol y tabaco (de salud o aspectos ‘morales’), tiene otros institutos encargados de regularla y, aunque lo hacen de manera expedita, en algunas ocasiones, demoran 15 días en resolver. Pero en materia de competencia, existe una situación particular, pues esto solo puede ser resuelto en los Tribunales de Justicia por medio de procesos que toman desde 3 hasta 8 años, por la mora judicial que presenta el sistema costarricense.

En Costa Rica, se procuró usar el sistema de autorregulación publicitaria (un medio utilizado en otros países, como El Salvador, Italia, España y Alemania, donde medios y agencias publicitarias se acogen a un código de ética el cual respetan y se someten a un

proceso expedito y económico), pero fue un fracaso, pues no se llegó a un consenso para lograr que todas las agencias y medios se suscribieran al código creado por el ya ‘desaparecido’ Instituto Nacional de la Publicidad.

En la resolución número 188P-2007, emitida por el Tribunal Primero Civil de San José, se estableció la necesidad de tener un medio o ente “más ágil para evitar procesos donde se invierte mucho tiempo y con costos elevados”.

Adicionalmente, mencionaba la importancia de tener un “sistema capaz de resolver los alcances de la publicidad casi de inmediato, sin necesidad de acudir a los estrados judiciales”. De eso, hace ya casi 10 años… y nada ha pasado.

Ni la Ley 7472 ni su reglamento brindan esa herramienta ágil que requiere la publicidad para resolver conflictos.

Ante lo anterior, el suscrito comparte el criterio del tribunal y considera que debe crearse un entidad administrativa con su respectivo reglamento y aspecto procedimental que pueda resolver este tipo de procesos de manera especializada, de forma ágil, y que tenga facultades de instaurar medidas cautelares y, a su vez, que sus fallos tengan carácter de sentencia, para lograr regular, como es debido, una materia como lo es la publicidad entre competidores y que no se vean afectados ni estos ni los usuarios directa o indirectamente por el atraso del sistema judicial costarricense.

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OPINIÓN

Eric Sharf

Socio, Sfera Legal est@sferalegal.com Ilustración: Juliana Barquero

No obstante algunas distinciones obvias, la preparación académica que recibimos los abogados es, en términos generales, muy similar.

Sin embargo, al momento de ejercer la profesión, una vez incorporados al Colegio de Abogados y Abogadas, se marcan diferencias muy importantes entre los colegas.

Afortunadamente, muchas de las experiencias al negociar, discutir, contraargumentar o trabajar con los abogados de la contraparte son muy placenteras y eficientes. Pero en otras ocasiones, algunos colegas parecen pasarse, como se dice popularmente, al ‘dark side’, es decir, al lado oscuro.

Entre estos, tenemos a los ‘abogados agresivos’, que creen que, entre más duro peguen en la mesa, mejor hacen su trabajo. Si bien es cierto en algunas ocasiones en la práctica del derecho es importante asumir y defender fuertemente una posición, esta debería ser una herramienta solo por excepción y no la regla general. Además, la agresividad nunca debería convertirse en insultos y faltas de respeto que, desafortunadamente, es en lo que caen algunos profesionales.

También se incluyen los abogados que brindan

‘servicios por kilo’. Ellos consideran que, entre más largo un contrato o un escrito de demanda, más efectivos son en la asesoría al cliente.

Empero, en muchas ocasiones, esos documentos largos más bien terminan siendo confusos y contraproducentes. Estos abogados dan la impresión de que lo que pretenden es cobrar honorarios según el ‘peso’ de sus servicios.

Por otro lado, tenemos a los infaltables ‘perros de traba’.

Son aquellos abogados que pelean y discuten absolutamente todos los puntos, hasta el más secundario e irrelevante.

Típicamente, atrasan y dificultan considerablemente las transacciones, o hasta impiden que estas se lleven a cabo. Por lo general, este tipo de abogados piensa más en su ego de ganarle una discusión al colega que representa a la contraparte, que en concentrarse en lo que más le conviene a su cliente.

No podrían faltar los abogados ‘de micrófono’ que, más que transmitir a otros una idea o una argumentación, les encanta ‘dar cátedra’. Cuando logran apoderarse de un micrófono, nadie los puede parar. Suelen causar que las asambleas de socios, sesiones de Junta

Directiva o reuniones de negociación sean interminables.

Entre los más volcados al ‘dark side’ están aquellos que creen que el fin justifica los medios.

Incluye aquellos abogados que no les importa ‘llevarse en banda’ todo lo que se les ponga en frente con tal de sacar la tarea adelante. A pesar de que los conflictos son entre las partes y no entre los profesionales que las defienden, estos abogados atacan directamente o denuncian al colega que representa a la contraparte, violando múltiples normas éticas profesionales.

Así que cuando usted, como consumidor de servicios legales, necesite contratar a un abogado, le recomiendo buscar uno balanceado, inclinado a buscar la conciliación, que presente posiciones fuertes solo cuando realmente sea necesario, que sea directo y conciso en sus argumentaciones, que dé prioridad a los intereses del cliente y no a su ego, que sepa elegir bien las batallas que vale la pena pelear y que siempre se mantenga dentro del ámbito de la ética.

Al resto de abogados no citados en la clasificación del ‘dark side’, que la fuerza esté con ustedes…

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viajes

Los contrastes de

Turquía Una abogada costarricense aterrizó en Turquía y Siria para ser testigo de la ayuda humanitaria que se da en ese lugar a las víctimas del conflicto armado. Entre la cara de los niños y la tensión que se respira en el lugar, los sitios históricos sobresalen como un oasis visual para los visitantes.

Ella nos cuenta su relato.

Por: Laura Castro /Fotos: Shutterstock & Cortesía

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En la página izquierda: La icónica Mezquita Azul se impone en el paisaje turco. En esta página, el Museo de Santa Sofía, una antigua basílica cristiana que data del año 360 dc, convertida en mezquita en 1453 y actualmente en museo.

Las enigmáticas historias de las mil y una noches, y Aladino y la lámpara maravillosa me hicieron soñar desde niña con lugares mágicos donde las alfombras volaban y Sésamo se abría; el

medio oriente y sus civilizaciones parecían tan distantes en tiempo y espacio.

Tardaría algunos años en llegar ahí, y encontrarme que la mayoría de mis soñados castillos de infancia en realidad son preciosas Mezquitas donde los musulmanes realizan sus oraciones, y siguen siendo mágicos porque en ellos se respira la fe de una cultura tan distinta y distante a la mía, pero milenaria y pluricultural me atrevería a decir, como ninguna otra en el mundo.

Turquía se encuentra en una posición estratégica, exactamente entre Europa y Asia y entre tres mares, lo que la ha hecho atractiva al comercio mundial desde tiempos inmemoriales, es el mismo corazón de la famosa ruta de las especias. Ya desde la edad de Hierro, en sus tierras se fundó la famosa Ciudad de Troya

y ha sido la cuna de los Imperios Griego, Persa, Romano, Bizantino y Otomano, sólo por nombrar algunos.

La foto de Mustafa Kemal Atatürk, nos trae de vuelta a la Turquía actual, una República democrática, secular, unitaria y constitucional. Él fue quien en 1923, luego de la caída del Imperio otomano como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, fundó la moderna Turquía, la que sigue siendo potencia mundial y de la cual todo viajero se va a encantar por su cultura, su comida, sus contrastes y su historia.

Razón del viaje Mis maletas estaban listas y cargadas de energía y esperanza, había sido invitada como asesora para temas legales relacionados a la ayuda humanitaria que mi esposo llevaba a los sirios en la zonas de conflicto. Él ha trabajado

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durante muchísimos años en el Medio Oriente, y durante la Guerra Civil Siria se ha dedicado en colaborar con ONGs de los EEUU, para tratar de suplir algunas de las innumerables necesidades de los desplazados, tanto en la zona del conflicto como en el territorio Turco.

Habiendo sido testigo de sus frustraciones, decidí poner mi granito de arena y colaborar en las reuniornes tanto con Gobierno como con otras entidades, a ese momento mas de 2 millones de Sirios habían migrado al territorio Turco, en la actualidad sobrepasan los 3 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, sería como que casi la totalidad de la

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población de Panamá se viera obligada a cruzar la frontera con Costa Rica pero con el agravante que los Sirios hablan una lengua distinta y su cultura es diferente.

Aterrizando en Estambul el panorama se abrió, el Grand Bazar, el Mercado de las Especies, la Mezquita Azul y el Museo de Santa Sofía maravillan los ojos de cualquier visitante, los contrates, los colores, los aromas y la comida son únicos, así como el atiborrado metro que circunda la ciudad.

Durante las primeras reuniones fue siendo más evidente los problemas burocráticos que íbamos a enfrentar, en uno de los tantos restaurantes que posee la ciudad con maravillosas vistas al Bósforo, la realidad política, económica, racial y de comunicación nos fue emergiendo en las turbulentas aguas de la tramitología turca.

De ahí viajamos a la capital Ankara, una ciudad fría, e industrial, pausada y estructurada para albergar al Gobierno. Sus edificios y su vegetación no pueden estar más celosos de la bella Estambul, sin embargo, su ubicación en el centro del país le dio la posición estratégica para convertirla en la segunda ciudad más poblada de Turquía y actualmente epicentro de tristes noticias sobre atentados terroristas.

En Ankara, muchos vestigios de la Era Romana se encuentran mezclados con viviendas y comercio en zonas no muy seguras.

Algunas de las atracciones son casi imposibles de encontrar en

la maraña de calles de piedra y mercados ambulantes, sin embargo, me había propuesto ver el Castillo de Ankara del cual no se sabe su fecha de construcción pero que ya existía en el año 1000 DC. Un callejón de piedra, y bellas tienditas me alentaron a subir, aunque parecía un poco desolado. Al final de éste, donde se cruza la muralla, el maullido de un gato me daría los buenos días. Tenía una falsa sensación de seguridad, o mejor dicho “inocencia tica” cuando vi un hotelito frente a una Iglesia con vestigios de la Era Romana, en ese momento la cortina de la recepción del hotel se corrió, y una señora con una mirada de susto trató de comunicarse conmigo a través de la ventana, tras advertir que no era un huésped se apresuró a cerrar la cortina, ponerle seguro a la puerta y desaparecer. A mi alrededor no había mas que la neblina y las ruinas de una civilización lejana, una vez mas el gato maulló, la neblina se apoderó del lugar y mis pies corrieron hasta que bajé de la colina.

De regreso en la seguridad del hotel, las reuniones y la burocracia volvieron a la mesa, té tras té se fueron dilucidando los retos que teníamos, había que dormir, en unas horas volaríamos a Hatay, en la frontera con Siria y vería con mis ojos la zona del conflicto.

Esa mañana nos recibió un enorme valle rodeado de montañas, muy verde, muy fértil, exactamente donde nació la

agricultura, a escasos kilómetros de donde Alejandro Magno fundó la legendaria Alejandría. Mi primera impresión fue compararlo con mi hermosa Costa Rica, sentí el viento volar como lo haría entre Cachí y Ujarrás, mas sin embargo una realidad muy diferente se vivía en sus colinas, una donde los atentados y la violencia son el desayuno diario.

Unos pastores cuidando sus ovejas caminaban por sus granjas, mientras una fila interminable de camiones se aparcaba en la orilla del camino esperando el permiso para cruzar a Siria, nos dirigimos directamente al edificio de gobierno, y en ese preciso lugar una bomba había explotado hacía un año matando a más de 20 personas.

Las interminables reuniones hicieron una breve pausa para llevarnos a la zona cero, una franja de terreno donde se miran colinas y cuevas a la derecha y a la izquierda, donde hombres armados hasta los dientes miraban con curiosidad dentro del vehículo: NO FOTOS!!!

Me tradujo de inmediato el chofer, mientras mi esposo me urgía a cubrirme la cabeza.

He de confesar que la inocencia tica jugaba contra mí, yo crecí y viví en una sociedad donde al menos en las palabras y en la ley las mujeres somos iguales a los varones y la libertad de culto es un principio constitucional. En este primer viaje al Oriente conocí el miedo y perdí mi inocencia tica, entendí la realidad de los migrantes, el frío, el hambre, el

sufrimiento y el reflejo de las miras desde las cuevas.

He vuelto a visitar la bella Turquía desde este enigmático primer viaje, siendo testigo de la transformación de su sociedad, de cómo en las vitrinas la moda femenina ahora predomina el hiyab, y en las calles se respira la incertidumbre de un nuevo atentado.

La ayuda humanitaria sigue llegando pero no es suficiente; los camiones que la llevan se aparcan en los campamentos de refugiados y en segundos se forman filas interminables en medio de la nieve, donde hombres, mujeres, niños y ancianos esperan ansiosamente su ración de carbón, lentejas y medicinas para apaciguar sus necesidades mínimas. Un joven trata de escurrirse en la fila siendo expulsado a puños y gritos, corro por instinto hasta el vehículo para ponerme a salvo, y en instantes la riña está sobre mí, volteo a mi izquierda y veo a un niño quebrando una rama y corriendo hacia su padre para que éste se defienda. Cierro los ojos y rezo porque nadie salga herido.

Esta es la cruda realidad de la guerra, escenas desgarradoras de hambre y frío, desolación y soledad, madres que perdieron sus hijos, niños huérfanos, heridos, mutilados, todo en medio de un conflicto multifactorial que no tiene solución visible.

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En la página izquierda: 1.Callejón del castillo de Ankara. Es la parte inicial del trayecto, la parte que inspira confianza para subir. En esta página: 2. Durante la noche, el paisaje de Ankara se adorna con el contorno de los edificios y el brillo de las luces. 3. Los fértiles campos de Hatay ofreen paisajes imperdibles.

4. En medio del conflicto, los niños sirios se divierten en los campos de refugiados.

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La iniciativa comenzó por medio de un correo entre los funcionarios de Pacheco Coto para saber cuántos de los colaboradores estarían interesados en participar de alguna iniciativa de responsabilidad social empresarial. Según el socio director de la firma, Hernán Pacheco, en poco tiempo tuvieron contundentes sí de parte de los integrantes de este despacho.

La educación como motor del trabajo social Más de 180 niños se han visto beneficiados en educación gracias a una firma de abogados que vio en ellos una forma de ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento para combatir su situación de vulnerabilidad. Ellos son solo un pequeño grupo de los beneficiados de la fundación Humberto Pacheco Coto.

Por: Andrés Corrales /Fotos: Cortesía

Una vez identificado y organizado el grupo de colaboradores, se tomaron manos a la obra para elegir diferentes proyectos en los que pretendían dejar huella.

Así, algunas comunidades indígenas fueron las primeras beneficiadas del trabajo realizado a través de la fundación, con asesoría legal para resolver temas pendientes con sus tierras, las comunidades y más.

Con las iniciativas sobre la mesa, quisieron tomar un siguiente paso y establecieron en un plan de operación que cubría cuatro áreas principales: prestación de servicios legales gratuitos a través de la figura probono, el apoyo a entidades con impacto social como Paniamor,

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medio ambiente y el apoyo con becas para educación; precisamente, ya se graduaron los primeros beneficiados con este programa que les abrió la puerta para estudiar Derecho en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. Con los niños La labor con las futuras generaciones y primordial y através de un acercamiento con el padre Ignacio Herrera y su programa ‘Tierra fértil’, participan activamente en talleres de pintura y lectura para niños de escasos recursos de Guararí, Heredia. De hecho, la iniciativa tomó un rumbo más allá de lo proyectado por los abogados participantes.

“Quisimos dar un paso más y logramos publicar un libro de cuentos escritos e ilustrados por los mismos niños. Nosotros les apoyamos además, con todo el tema y asesoría legal con el respectivo registro de propiedad intelectual de este trabajo”, comentó Pacheco.

“Después de esto nos metimos en la organización de un evento de cierre de año que hace el Padre para el grupo de 180 niños. Creamos comités para organizar esta fiesta, hicimos camisetas,

regalos de Navidad y más”, comentó el director de la firma.

Esto sin duda alguna causó un impacto en los pequeños, quienes compartieron de un rato entretenido con sus familias para celebrar las festividades de fin de año. Este trabajo involucró activamente a 30 personas para asegurarse de cuidar los detalles.

Las otras aristas El medio ambiente también forma parte de las distintas iniciativas que acercan a esta firma con el trabajo social. Así, la firma comenzó el proceso para acreditarse como carbono neutro, lo que implicó no solo cambios estructurales dentro de las instalaciones, sino que también una concienciación entre los trabajadores. “Como parte de este proceso, realizamos giras a parques nacionales, arreglamos caminos o senderos, recogimos basura y se creó un ambiente de trabajo entre todos. Fue un trabajo en equipo”, afirma el abogado.

Pacheco Coto es parte de la asociación de la Barra de Nueva York (NYSBA, por sus siglas en inglés), que pretende el desarrollo de las leyes, la educación y la información para el público y responder a

las necesidades de la sociedad actual; lo cual les ha permitido una mayor sensibilización y apoyo. Con esta organización, la firma ha contribuido al tema de mejora de la práctica de los abogados como una herramienta al combate contra la corrupción.

Las iniciativas pretender generar un impacto en la región centroamericana a través de las sedes de Pacheco Coto en países como Nicaragua y Honduras, ofreciendo además, incentivos para sus colaboradores a quienes les reconocen sus horas de servicio como parte de su horario laboral.

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gastronomía

Gambas,

Ubicado en el centro de la actividad del remozado Barrio Escalante, este punto culinario abrió sus puertas en noviembre de 2014 para ofrecer una alternativa diferente con sabores mediterráneos propios de España en un amplio menú que incluye tapas, mariscos y carnes Por: Andrés Corrales Fotos: Etzia Granera

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Su terraza frontal es una invitación para conocer su carta, que incluye especialidades del mar, carnes y tapas. Pero más allá de eso, el restaurante Gambas ofrece una atmósfera ideal para pasar un rato entre amigos o tener una reunión de negocios. Como lo describe su propietario, Yorgo Lucovich: “Es un ambiente idóneo para los ejecutivos, no solo por lo casual del lugar, sino también por su gran oferta de etiquetas de vino con la que podrán impresionar a sus clientes, e igualmente, pueden pasar un rato ameno solo con el grupo de amigos”.

Sobre la comida El menú es bastante variado desde que se comienza por las entradas.

En esa sección, se puede encontrar diversidad de tapas, tacos y otras opciones que incluyen tartar de atún, pulpo en dos olivas, sopa de mariscos, leche de tigre y más.

El trío es, por mucho, una de las mejores elecciones para degustar.

Se compone de tres canastas de patacón rellenas de ceviche de camarón, pulpo y pescado.

Después de ese comienzo, los platos fuertes se convierten en los grandes protagonistas.

La hamburguesa con torta de camarón y tocineta es de los favoritos, tanto por su sabor, como por lo novedoso de este platillo.

La hamburguesa se acompaña de una salsa alioli que resalta cada uno de los sabores que la componen.

La corvina ‘morroneada’ es otro que llama la atención por tratarse

de un filet sobre una cama de puré de papa, aros de calamar y una salsa hecha en casa de chile morrón, acompañada de vegetales salteados.

El pulpo a la parrilla marinado con vinagreta es un espectáculo que se sirve sobre una base de vegetales salteados y pa pa noisette, y se combina con una reducción balsámica que ofrece un balance entre sabores y, lo mejor, es ligero para el estómago.

En vinos, los Montebaco, el Colle del Duca y el FF Caballero de la Cepa complementarán los platillos favoritos. Sin embargo, la gran especialidad de la casa es la sangría fresca que se sirve bien fría.

El lugar La decoración

urbana

muy

característica de la zona se combina con elementos del mar para brindar una atmósfera distinta. Otro detalle especial es la barra para sentarse a tomar un trago si se desea algo más casual. Eso sí, sin duda alguna, el mejor espacio es la terraza del frente, pues contagia viveza y movimiento, y la iluminación sobria es perfecta para disfrutar la cena o el almuerzo.

La atención es excelente y los meseros están capacitados para ofrecer recomendaciones a los clientes. Además, los platos se preparan de manera rápida, sin descuidar cada detalle del montaje para satisfacer a los clientes más exigentes.

Gambas es, sin ninguna vacilación, un lugar que se terminará visitando más de una vez.

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social

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Por tercer año consecutivo el Sheraton San José Hotel y Grand Casino Escazú celebraron su tercer aniversario en Costa Rica el estilo Hollywood con invitados especiales y socios comerciales. El evento también sirvió de excusa para anunciar la rifa de un Ford V8 año 1941, completamente restaurado, para donar un localizador vascular y un equipo de calorimetría indirecta a la Unidad de Quemados del Hospital Nacional de Niños.

Fotos:

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1. Grupo musical Expresso. 2. Amanda Moncada y la modelo Kimberly Richardson. 3. Montserrat Del Castillo y César Recalde, Gerente General del Sheraton San José Hotel. 4.

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