Editorial enero/febrero 2021

Mal empieza la relación de México con el nuevo gobierno de los Estados Unidos en el sector pecuario. El 12 de febrero, a sólo 22 días de que asumiera su cargo el señor Biden en la Casa Blanca, las autoridades zoosanitarias entrantes anunciaron en un comunicado a sus homólogas mexicanas que 11 regiones de nuestro país habían sido “reclasificadas” con el estatus de no acreditadas en tuberculosis bovina, por lo cual su ganado, a partir del 16 de abril, no podrá ser exportado a su territorio. Se trata de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Tabasco y Zacatecas “A”, y San Luis Potosí “A-3”. ¿Por qué? Simplemente porque, del más de un millón trescientas mil cabezas que fueron exportadas en el ciclo anterior, un ejemplar –sí, uno nada más– mostró secuelas de la enfermedad.

Es cierto que desde el 19 de octubre pasado el organismo del Departamento de Agricultura estadounidense encargado de vigilar la sanidad (el Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal, o APHIS, el equivalente de nuestro Senasica) había advertido que las regiones ahora proscritas –que tenían estatus de “acreditado preparatorio” y podían exportar a través de otras entidades– tendrían que ser reclasificadas de acuerdo con un nuevo procedimiento de regulación que hay en el país vecino. Pero en ningún momento se siguió el mecanismo aceptado y seguido hasta ahora de otorgar o retirar reconocimientos con base en visitas conjuntas de “evaluación in situ” (es decir, revisar entre técnicos estadounidenses y mexicanos cómo están las cosas directamente en el lugar de que se trata). Tampoco se hizo un aviso previo de la medida que pensaban tomar. Las protestas de la CNOG y de las autoridades pecuarias del país no se hicieron esperar, con la solicitud de que la prohibición de exportar sea detenida hasta que se realicen dichas visitas y evaluaciones conjuntas, y de que, si por razones sanitarias derivadas de la covid-19 no pudieran venir los técnicos estadounidenses, se permita que la revisión la hagan solamente los mexicanos. El presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Eduardo Ron, dijo que la medida parece tomada para favorecer deslealmente a los criadores estadounidenses en detrimento de los mexicanos; propuso, además, que el asuntos sea tratado directamente por el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado del país vecino (tal vez considerando que Ebrard es de los pocos funcionarios del gobierno que han mostrado capacidad y resultados).

Los estados que quedaron reclasificados no son exportadores importantes, salvo Zacatecas, que en el ciclo pasado envió 22,527 cabezas. Pero ése no es problema. Lo trascendente es –como diría el clásico– “el modito” de hacer las cosas. De los Estados Unidos podemos esperar eso y mucho más, como lo prueban la ley de etiquetado de la carne (“Ley Cool”) y otras medidas que se han decretado para beneficiar indebidamente a los ganaderos de ese país. Son de esos obstáculos llamados “barreras no arancelarias”, a las que se recurre para disfrazar intereses económicos con el ropaje de objetivos sanitarios, ambientales, de protección al consumidor y otros. Este caso de la reclasificación podría servir para inaugurar en el sector los mecanismos de resolución de controversias del nuevo tratado comercial norteamericano, el T-MEC, y también para comprobar cuál es la disposición del nuevo gobierno del señor Biden hacia México, cuyas autoridades no le han dado un trato precisamente caluroso.

Los estados que quedaron reclasificados no son exportadores importantes, salvo Zacatecas, que en el ciclo pasado envió 22,527 cabezas. Pero ése no es problema. Lo trascendente es –como diría el clásico– “el modito” de hacer las cosas. De los Estados Unidos podemos esperar eso y mucho más, como lo prueban la ley de etiquetado de la carne (“Ley Cool”) y otras medidas que se han decretado para beneficiar indebidamente a los ganaderos de ese país. Son de esos obstáculos llamados “barreras no arancelarias”, a las que se recurre para disfrazar intereses económicos con el ropaje de objetivos sanitarios, ambientales, de protección al consumidor y otros. Este caso de la reclasificación podría servir para inaugurar en el sector los mecanismos de resolución de controversias del nuevo tratado comercial norteamericano, el T-MEC, y también para comprobar cuál es la disposición del nuevo gobierno del señor Biden hacia México, cuyas autoridades no le han dado un trato precisamente caluroso.