Editorial Mayo/Junio 2020

Autoridades del sector, dirigentes ganaderos y opinadores de distintos medios han comenzado a hablar —algunos muy prematuramente— sobre la “post-pandemia”, o sea, sobre cómo se va a desarrollar la actividad pecuaria cuando la emergencia por el coronavirus haya pasado. Parece temprano para diseñar planes al respecto, pues la llamada curva epidemiológica, lejos de “aplanarse”, sigue creciendo en muchas regiones del país y no se avizora una situación estable. Sin embargo, sí es necesario estar preparados para un largo periodo de bajos precios y bajo consumo, ya que la crisis económica que seguirá a la sanitaria puede prolongarse por largo tiempo.

El secratrio de Agricultura, Víctor Villalobos, viene diciendo desde mayo que para la ganadería se está preparando una “reestructuración operativa” (sea lo que eso signifique), un fortalecimiento de los programas de sanidad e inocuidad, otros de atención a los trabajadores y la apertura de mercados para sus productos. También, una mayor vinculación de los pequeños ganaderos a las cadenas productivas “en búsqueda de la equidad”. Pero antes de que esto llegue, y en plena epidemia, se legaliza la introducción de ganado desde Centroamérica mediante un convenio con Guatemala, previéndose que un primer embarque de 272 cabezas debería ingresar al país en junio a través de El Ceibo, Tabasco. Se promete mucho a los ganaderos de México, pero en los hechos se beneficia sólo a los de Centroamérica.

La verdad es que la epidemia de Covid sólo vino a acelerar y agudizar una crisis que comenzó con el arribo del gobierno federal actual, que entre sus primeras medidas decretó una gravísima reducción del presupuesto al

campo y la desaparición de los programas ganaderos que de alguna manera paliaban una situación de disparidad frente a otros sectores, afectando sobre todo a aquellos pequeños productores que dice defender. Los dirigentes ganaderos anuncian ahora que tratarán de influir en la elaboración del presupuesto de 2021 y mandan cartas a las autoridades para que sean tenidos en cuenta.

Se dice que los actuales líderes del sector no son escuchados porque pertenecen a partidos o grupos políticos distintos del actual equipo gobernante. En realidad, quien está al frente parece no escuchar a nadie, así que cualquier interlocutor obtendrá lo mismo del gobierno. Se afirma que a estas autoridades no les interesan las organizaciones de la sociedad civil, sean de productores o cualesquiera otras, y que preferirían que hubiera sólo dos entidades: un gobierno fuerte, como los del antiguo PRI (y si se puede más fuerte, mejor), y por otro lado una sociedad integrada por el “pueblo bueno” y una minoría de “fifís”, a los que hay que tolerar porque son los que pagan los impuestos que se necesitan para sostener al gobierno y sus programas sociales, los que a su vez se requieren para asegurar los votos que habrán de perpetuar la situación. Claro que un plan así no se sostiene, porque el desastre económico que conlleva pronto haría que los impuestos que se pudieran cobrar no alcanzarán para tales objetivos.

Con todo, parece que muy poco o nada se podrá obtener del gobierno actual en materia de presupuesto para el campo y de programas ganaderos aparte de lo que se tiene en este momento, y de eso habrá que partir a la hora de planear no sólo lo que se hará después de la crisis sanitaria, sino en lo que resta de la presente administración.