Revista Zero 38 by revistazero

38 Una publicación de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

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DOSIER

Venezuela:

entre el colapso interno y la desprotección internacional

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Liber abaci

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La estrategia de cooperación Sur-Sur china: Ideas para América Latina

Entre globalismo y proteccionismo: un marco de referencia

El mundo y sus contrastes en dos nuevos libros de FIGRI

Una publicación de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

ULTIM�TUM Edición - 38

38 Una publicación de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

Segundo semestre 2019

ero.uexternado.edu.co/

Ultim�tum:

DOSIER

Venezuela:

entre el colapso interno y la desprotección internacional

Imagomundi

Liber abaci

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La estrategia de cooperación Sur-Sur china: Ideas para América Latina

Entre globalismo y proteccionismo: un marco de referencia

El mundo y sus contrastes en dos nuevos libros de FIGRI

Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional 04 Germán Romero Pérez: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional 10 Irene Cabrera, Alex Valencia: Grupos armados entre Colombia y Venezuela: desbordes y retos 18 Javier Lindarte, María Lucía Jaimes: Auge, consolidación y declive de la revolución bolivariana 26 José Antonio Rivas : Venezuela: el destino incierto de la revolución bolivariana 36 Alex Durán, Jenny Rivera, Jerónimo Castillo: Flujos migratorios de venezolanos y comportamiento delictivo: la necesidad de política pública para prevenir la estigmatización, marginalización y criminalización 46 Felipe Arrieta, Lucía Fillippo, Rosario Torres: La salud de los migrantes venezolanos en Colombia: un reto inminente 50 Aldo Olano, Martha Ardila: Dos expertos opinan acerca del futuro i ncierto de Venezuela

Director Roberto Hinestrosa Editora general Diana H. Cure Hazzi Redacción general Joan Rojas Rivera Consejo editorial Roberto Hinestrosa, Mauricio Pérez, Clara Inés Rey, Gonzalo Ordoñez, Lucas Gómez Diseño y diagramación GOOD;) Corrección de estilo y asesoría editorial Ana María Cobos

IMAGOMUNDI 58 Paula Ximena Ruiz: La estrategia de cooperación Sur-Sur china. Ideas para América Latina 68 Eliana Paola Pineda : Intereses comerciales, en el ADN de la cooperación 74 Juan Jaramillo : Más proyectos de cooperación para conservación con menos políticas ambientales eficientes 82 Sebastián Moreno : Cooperación Sur-Sur: una ventana de oportunidad hacia una integración regional en América Latina y el Caribe

LIBER ABACI 90 Germán Forero, Luis Armando Blanco: Entre globalismo y proteccionismo: un marco de referencia 96 Natalia Moncayo, María Alejandra Mendoza: Guerra comercial: ¿ha llegado el fin de la globalización? 102 Cristian Ubaté, Johan Morales: Guerra comercial: ¿ad portas de una recesión? 108 Santiago Becerra: La guerra comercial entre Estados Unidos y China: efectos en países de renta media como Colombia 114 Juan Gutiérrez, Alejandra Trejos : Guerra comercial Estados Unidos - China, ¿una oportunidad para emerger en el mercado global? 120 Eleonora Arisci, María Sotelo: Una protección peligrosa: ¿el proteccionismo, una jaula o un trampolín para la economía? 126 Cinthya Torres, Natalia Trujillo: Las caras del proteccionismo y el desarrollo económico

CONTRASEÑA 132 Luis Fernando García Núñez: El mundo y sus contrastes en dos nuevos libros de FIGRI

Ilustraciones Andrés García, Joan Rojas Colaboradores Germán Romero Pérez, Irene Cabrera, Alex Valencia, Javier Lindarte, María Lucia Jaimes, José Antonio Rivas, Alex Durán, Jenny Rivera, Jerónimo Castillo, Felipe Arrieta, Lucía Fillippo, Rosario Torres, Aldo Olano, Martha Ardila, Paula Ximena Ruiz, Eliana Paola Pineda, Juan Jaramillo, Sebastián Moreno, Germán Forero, Luis Armando Blanco,Natalia Moncayo, María Alejandra Mendoza, Cristian Ubaté, Johan Morales, Santiago Becerra, Juan Gutiérrez, Alejandra, Eleonora Arisci, María Sotelo, Cinthya Torres, Natalia Trujillo, Luis Fernando García Núñez Publicación de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. PBX: (1) 341 9900, ext. 2001. Calle 12 # 0-44 este (CIPE) Bogotá, Colombia. Correo electrónico: revistazero@uexternado.edu.co edición online: http://zero.uexternado.edu.co/ ISSN electrónico: 2344-8431 ISSN impreso: 0123-8779

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46 Felipe Arrieta, Lucía Fillippo, Rosario Torres: La salud de los migrantes venezolanos en Colombia: un reto inminente

50 Aldo Olano, Martha Ardila: Entrevista

Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

En los últimos días he estado pensando en cómo iniciar este dosier sobre nuestra hermana Venezuela. Ayer llegué a mi oficina y compartí con mi equipo algunas ideas de lo que pretendo argumentar aquí. En la conversación salieron explicaciones a favor y en contra de la emergencia humanitaria venezolana, así como algunos términos significativos para entender la problemática: estigmatización, inseguridad, vulneración, dictadura, solidaridad, resiliencia. Yo, por mi parte, terminé mencionando dos: desprotección y reciprocidad.

Germán Romero Pérez Editor invitado Líder del seguimiento a los puntos 3 y 4 del Acuerdo de Paz Grupo de Seguimiento Paz y Estabilización Departamento Nacional de Planeación (DNP) geromero@dnp.gov.co

(…) [En Venezuela] la escasez de medicamentos para este año se ha ubicado en un 85 %, y la de medicamentos esenciales, en un 90 %.

Sí, desprotección y reciprocidad. ¿Por qué?, me preguntaron, y les respondí con cierto nudo en la garganta: la crisis estructural, política, económica y social en Venezuela ha provocado constantes flujos de movilidad humana de tipo forzado, tanto de carácter interno como internacional. Movilizaciones que han repercutido en situaciones de desprotección, individual y colectiva, que requieren de una mirada regional y respuestas de protección integrales y adecuadas. El último reporte de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) (2019) pone en evidencia que, a noviembre de este año, 4.626.968

personas venezolanas, refugiadas, solicitantes de asilo o en condición de movilidad humana se encuentran en todo el mundo, particularmente en América del Sur, debido a la situación en su país de origen. Les decía: ¡Es el éxodo más grande de los últimos siglos en la región! Este fenómeno no es cualquier cosa, el éxodo venezolano da cuenta de millones de seres humanos que se han visto obligados a salir de su país como única opción para su supervivencia como consecuencia de la situación humanitaria, particularmente caracterizada no solo por la violencia generalizada, la inseguridad o las amenazas, sino, a su vez, por la escasez laboral, de alimentos básicos, medicamentos y tratamientos médicos adecuados y oportunos. Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (2019), desde noviembre del 2015 hasta octubre del 2016 hubo una inflación del 552 % de los productos alimentarios, y a septiembre del 2019, el valor de la canasta alimentaria llegó a ser de 3.724.390,25 bolívares soberanos, considerando que el salario mínimo desde octubre se determinó en 150.000,00 bolívares soberanos (US$1,90);

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(…) en el territorio nacional habitan 1.447.171 personas venezolanas, de las cuales el 48 % son mujeres y el 52 % son hombres (…).

Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

el poder adquisitivo del salario mínimo tiene un déficit de 98,9 %, y de acuerdo con el Reporte Global sobre Seguridad Alimentaria de la FAO (2019), Venezuela vive un colapso de los salarios reales y niveles severos de inseguridad alimentaria: el hambre en el 2014 se concentró en el 6,2 %, mientras que en el 2018 ya estaba en el 21,2 %; en la actualidad, 6,8 millones de venezolanos padecen de malnutrición y 2 millones de mujeres venezolanas son anémicas. Justamente, en cuanto a la salud, según datos de la Federación Farmacéutica Venezolana (2019), la escasez de medicamentos para este año se ha ubicado en un 85 %, y la de medicamentos esenciales, en un 90 %, mientras que el Ministerio de Salud de Venezuela (2017) reportó que, en el 2016, la tasa de mortalidad materna ascendía a un 65,79 % y la tasa de mortalidad infantil aumentó en 30 % respecto a las cifras del 2015. Ante esta situación, en espacios multilaterales a nivel interamericano y dentro del Sistema de Naciones Unidas, mientras que la mayoría de

los países de la región se ha mostrado «comprometida» ante la crisis política interna que ocurre en Venezuela, no ha sucedido lo mismo con las respuestas de protección de estos Estados a las personas venezolanas que han llegado a sus territorios. Al respecto, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017), ha señalado que El continente americano también está viviendo sus crisis de refugiados; crisis que en gran medida están siendo invisibilizadas o abordadas desde enfoques de contención de la migración y disminución de la protección internacional. Esto debería obligarnos a repensar las medidas que se han venido implementando en la región a favor de las personas refugiadas, si bien la región tiene larga tradición de asilo, la magnitud de las cifras actuales nos exige que no nos quedemos viendo cómo las personas arriesgan todo por sobrevivir para que al final se les niegue la protección a la que tienen derecho. (citado por UNHCR-ACNUR, 2017, párr. 16)

(…) la irregularidad migratoria y la falta de reconocimiento del derecho al trabajo para solicitantes de asilo en el país han generado una grave situación de precarización laboral.

De la información que se tiene al respecto, se hace evidente el incremento de personas que han salido de Venezuela en los últimos años. Según Asylum Acces (2017), mientras que hasta 1992 no excedían las 30.000 personas residiendo en cerca de 20 países, en la actualidad 4.626.968 han salido de Venezuela con destinos en los 5 continentes, particularmente en 14 Estados americanos (R4V, 2019). Entre las personas que salen del país, es significativo el aumento de aquellas con necesidad de protección internacional, y se ha pronosticado el considerable aumento de solicitudes de refugio de personas de nacionalidad venezolana en la región. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) (2019), del 2013 al 2017 se incrementó en un 8.228 % la cifra de venezolanos solicitantes de asilo a nivel mundial. Esto, contrastado notablemente con la disminución de un 8 % de personas reconocidas como refugiadas en el mismo periodo, demuestra la contradictoria respuesta de los Estados a la realidad de necesidad de protección internacional de esta población. Por su parte, en el comunicado de prensa del 25 de enero del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recalcó que, de acuerdo con cifras del Acnur, para finales del 2012, la cifra de

solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasó a 1.153 en el 2013, 4.820 en el 2014, 15.094 para finales del 2015 y, según la R4V (2019), 657,405 en el 2019. De esta manera, frente al aumento desproporcionado y sostenido de solicitantes de asilo, especialmente concentrados en la región (597.434 en el 2019), dentro de la responsabilidad compartida, los Estados americanos deberían propender por adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela por medio de la protección de los refugiados; a considerar formas de protección complementaria de conformidad con el artículo 22.8 de la Convención Americana, a aplicar regímenes de visas humanitarias y regímenes de protección temporal por razones humanitarias, así como emplear otras alternativas de regularización con base en el entendimiento del fenómeno de la movilidad humana como tal y no desde la visión tradicional Estado-céntrica frente al migrante. En Colombia, de acuerdo con los últimos datos reportados por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (2019), existen 4,1 millones de venezolanos pendulares en el país, los cuales cuentan con tarjetas de movilidad fronteriza (TMF) aprobadas; además, en el

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(…) es esencial que el Estado colombiano responda de forma urgente a esta situación desde un enfoque de derechos humanos y de respeto a sus obligaciones internacionales (…).

Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

territorio nacional habitan 1.447.171 personas venezolanas, de las cuales el 48 % son mujeres y el 52 % son hombres, 677.313 cuentan con estatus regular, y 699.677, con estatus irregular. De estos últimos, el 67 % se encuentra irregular porque ha ingresado al Estado sin la documentación requerida para ello. Pese a lo alarmante de las cifras internacionales y nacionales, para el caso colombiano, la respuesta del Estado se ha caracterizado por la invisibilización de la problemática y por la acción escasa, desarticulada e inadecuada; incluso, en ocasiones, de manera restrictiva al atender a enfoques típicos de contención migratoria. La documentación expedida, como las TMF y los salvoconductos especiales de permanencia, entre otros, les han permitido la movilidad temporal a los venezolanos en zonas de frontera, pero estas figuras no suponen una alternativa real de regularización migratoria y humanitaria ni de protección internacional al contener jurídicamente limitaciones geográficas, de temporalidad y en acceso al efectivo ejercicio de los derechos que les son propios como

seres humanos de conformidad con los marcos legales internacionales, universales y regionales. De acuerdo con el Servicio Jesuita de la Solidaridad, en el país se ha venido presentando un incremento significativo de las solicitudes de asilo de venezolanos, habiendo recibido 191 solicitudes solo para el primer trimestre del 2017, y a mayo del 2019, 5.303 (R4V, 2019). Ello, acompañado de un tiempo muy extenso para las respuestas a la determinación de la condición de refugio (entre seis meses y un año), tiempo en el cual los venezolanos solicitantes se han encontrado con la imposibilidad de ejercer su derecho al trabajo formalmente, de acceder a la educación en sus diferentes niveles, y han tenido que padecer múltiples trabas en la garantía del goce efectivo de su derecho a la salud, pese a que, frente a este particular, la normativa vigente ya reconozca el ejercicio de tal derecho para los solicitantes de asilo en el territorio nacional. Por otro lado, frente a la vulneración de derechos respecto a las deportaciones, los estándares de protección regional han establecido el

régimen de excepcionalidad de los procesos de detenciones migratorias, así como el apego estricto a las garantías del debido proceso, protección judicial y dignidad humana en los procesos de expulsión o deportación. Sin embargo, en el país las sanciones administrativas migratorias a ciudadanos venezolanos, que incluyen deportaciones, expulsiones y sanciones económicas, tan solo para el 2017 se multiplicaron elevándose a 2.787 en sus primeros cinco meses. Pero, además, la irregularidad migratoria y la falta de reconocimiento del derecho al trabajo para solicitantes de asilo en el país han generado una grave situación de precarización laboral que, en muchos de los casos, ha significado explotación en contextos de economía informal y no reconocimiento de beneficios sociales. En consecuencia, es esencial que el Estado colombiano responda de forma urgente a esta situación desde un enfoque de derechos humanos y de respeto a sus obligaciones internacionales, tal como lo establecen la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena y sus declaraciones subsiguientes junto a sus Planes de Acción. La totalidad de esas cifras son seres humanos, de carne y hueso, como nosotros, y que ante su situación requieren de una debida y oportuna atención del aparato estatal, particularmente, aquellos sujetos de protección

internacional, quienes deben ser acogidos y reconocidos como refugiados al haber sido forzados a huir de su país ante la violación masiva de sus derechos humanos en su Estado de origen; incluso, a quienes se les niega la solicitud, no pueden ser en ningún caso obligados a retornar a Venezuela, dado que significaría someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes ante la imposibilidad real y demostrada de acceder, en su país de nacionalidad, a necesidades básicas, como los alimentos y las medicinas, con lo que se vulneraría el principio de no devolución. Justamente todo lo anterior pretenderá profundizarse a lo largo de los cinco artículos y la entrevista conjunta que contiene este dosier, para llegar a entender que la línea de restricción, desde un enfoque de seguridad tradicional con incremento de deportaciones, mayores controles en frontera y contención migratoria que ha tenido el Estado colombiano en la materia –sin que existan los mecanismos necesarios de identificación, asistencia, atención y protección–, tiene que reformularse hacia marcos de responsabilidad compartida y adaptarse al andamiaje jurídico-político y los estándares internacionales en refugio, en movilidad humana y derechos humanos, del que el mismo aparato estatal ha sido signatario.

Referencias Acnur (2019). Situación en Venezuela. Recuperado de https://www.acnur.org/ situacion-en-venezuela.html. Asylum Acces (2017). Asylum Access Annual Report 2017. Recuperado de https:// asylumaccess.org/reports/. Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) (2019). CENDA. Recuperado de http://cenda.org.ve/. FAO (2019). Reporte Global sobre Seguridad Alimentaria . Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (2019). Colombia: situational report – August 2019. Recuperado de https://r4v.info/ es/documents/download/72042. Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela [R4V] (2019). Refugiados y migrantes de Venezuela. Recuperado de https://r4v.info/es/situations/ platform. Pérez, M. (15 de enero del 2019). Fefarven: la carestía de antibióticos está en el orden de 85 %. El Universal. Recuperado de http:// www.eluniversal.com/economia/33118/ fefarven-la-carestia-de-antibioticos-esta-enel-orden-de-85#. UNHCR - ACNUR (20 de junio del 2017). Declaración conjunta de la CIDH y el Acnur en ocasión del Día Mundial del Refugiado: 10 medidas para que los Estados de las Américas respondan a las crisis de refugiados. Recuperado de https://www. acnur.org/noticias/press/2017/6/5b0c1d74b/ declaracion-conjunta-de-la-cidh-y-el-acnuren-ocasion-del-dia-mundial-del-refugiado10-medidas-para-que-los-estados-de-lasamericas-respondan-a-las-c.html.

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Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

Grupos armados entre Colombia y Venezuela:

desbordes y retos Uno de los asuntos más sensibles de las relaciones colombo-venezolanas en materia de seguridad ha sido la presencia transfronteriza de grupos armados colombianos. Mientras que Chávez y Maduro denunciaron, en momentos distintos, que organizaciones paramilitares estaban buscando derrocarlos con la complicidad de autoridades colombianas, los Gobiernos de Uribe, Santos y Duque coinciden, bajo sus propias razones, en que el territorio de Venezuela se ha convertido en el espacio de retaguardia y refugio de las guerrillas. En medio de estas acusaciones mutuas entre Caracas y Bogotá sobre nexos, inoperancia o aquiescencia con organizaciones ilegales, lo cierto es que estas tensiones no solo han tenido como efecto la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el 2008 y el 2010 o distintos cierres fronterizos con efectos directos en lo socioeconómico. En realidad, una de las consecuencias más negativas está asociada al deterioro de las condiciones de seguridad que se registran en las zonas de frontera. Sin duda, la ausencia de una definición y acción

Irene Cabrera Nossa Docente investigadora Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales irene.cabrera@uexternado.edu.co Alex Valencia Magíster en Asuntos Internacionales Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales alex.valencia@est.uexternado.edu.co

(…) la frontera colombo-venezolana ha sido un espacio clave e histórico en la organización y el desarrollo de actividades militares y financieras de los distintos grupos armados colombianos. conjunta frente a las amenazas y actividades que se derivan de los grupos ilegales se ha traducido en la continuidad de múltiples economías criminales y en un aumento de eventos violentos de alto impacto humanitario en varios escenarios. El valor creciente de las fronteras en medio del conflicto armado y la paz Para empezar, es preciso tener en cuenta que la frontera colombo-venezolana ha sido un espacio clave e histórico en

la organización y el desarrollo de actividades militares y financieras de los distintos grupos armados colombianos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los setenta, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en los ochenta, localizaron parte de sus primeros frentes en zonas limítrofes con Venezuela con el propósito de asegurar el acceso a corredores clave de movilidad hacia adentro y fuera del país, pero también, por la posibilidad de desdoblar sus frentes, demostrar capacidad armada y construir espacios de influencia político-social (Echandía & Cabrera, 2017). A su turno, la configuración de varias zonas en la frontera colombo-venezolana como espacios óptimos para el narcotráfico y el acceso a medios de financiación implicó el desarrollo de enfrentamientos no solo entre las guerrillas en escenarios como Arauca, sino, además, disputas con grupos paramilitares, cuya incursión, hacia finales de los noventa en zonas como el Catatumbo y Arauca, se tradujo en un escalamiento del conflicto armado. Con todo, luego del auge y la desmovilización de los paramilitares, así como del incremento de las operaciones de las fuerzas armadas del Estado en contra de las guerrillas, a partir del 2003 el ELN y las FARC empezaron a experimentar un retroceso territorial y estratégico que los llevó a una mayor concentración de sus actividades armadas y de financiación en

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escenarios periféricos. Como resultado, las fronteras cobraron mayor valor táctico en la medida en que para el ELN y las FARC estas zonas permitían eludir las operaciones militares en su contra y compensar la pérdida de recursos obtenidos en el interior del país con actividades ilícitas transfronterizas (Cabrera, 2018). En este contexto, más que desarrollar operaciones militares de gran envergadura, entre el 2003 y el 2015 ambas guerrillas se encargaron de reproducir acciones armadas que les implicaban poco esfuerzo militar y contados hombres con el fin de demostrar algún poder de desestabilización en medio de su progresivo debilitamiento. En razón a este último factor y a la aparición de bandas criminales, varias zonas de la Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada se convirtieron no solo en espacios de competencia armada, sino también de alianzas esporádicas, en torno al control de rentas ilícitas y el acceso a espacios funcionales para su supervivencia. Bajo estas condiciones, la inclinación de las guerrillas a negociar con el Gobierno de Santos obedecía al creciente desgaste militar del ELN y las FARC, como también al temor de una creciente atomización y pérdida de control interno en medio de

Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

(…) el ELN se ha encargado de aprovechar los excedentes y el potencial minero para participar directamente en la explotación de oro, coltán y diamantes en los estados de Bolívar y Amazonas (…).

la mayor autonomía de sus frentes para adelantar actividades armadas y de financiación. A lo anterior se sumó un nuevo elemento de presión: entre el 2013 y el 2014 Santos y Maduro alcanzaron acuerdos en materia de seguridad con el fin de adelantar operaciones conjuntas contra los actores armados y el contrabando en la zona de frontera venezolana, incluyendo procesos de captura, deportaciones e intercambio de información (Linares, 2019). Esta cooperación transformó temporalmente los cálculos de las guerrillas en términos de seguir utilizando la frontera como espacio de refugio por cuenta del incremento en las operaciones de control de ambos Gobiernos sobre la frontera. En su momento Maduro tenía como propósito demostrar un compromiso mayor en la lucha contra diferentes formas de crimen organizado trasnacional en medio del inminente deterioro de la situación política y económica de Venezuela. El cierre fronterizo del 2015 y del acuerdo en La Habana como elementos de transformación En medio del debilitamiento progresivo de las guerrillas, tanto la declaratoria del estado de excepción en el 2015 por parte de Maduro como la firma del acuerdo de La Habana en el 2016 impusieron nuevos propósitos y lógicas en torno a las economías criminales en la frontera. En primer lugar, el cierre fronterizo constituyó una oportunidad para que frentes del ELN (ubicados entre Arauca y Apure, al igual que entre Catatumbo

En suma, lo que se puede notar desde las operaciones de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia es una transformación en los patrones de contrabando. y Táchira), así como miembros de los Rastrojos y el Clan Úsuga (entre la Guajira y el Zulia) empezaran a buscar un mayor control del contrabando de bienes de consumo e hidrocarburos, así como del tráfico y la trata de personas en medio de la necesidad de la población venezolana de acceder a bienes de primera necesidad y cruzar la frontera hacia Colombia. A lo anterior se suma que varios frentes del ELN, en medio del estancamiento de las negociaciones con el Gobierno colombiano, no dudaron en buscar oportunidades para reorganizarse dentro y fuera del territorio colombiano1. Su ubicación más allá de la frontera era un medio idóneo para garantizar su continuidad, dado que la desestabilización política y social venezolana creaba una ventana de oportunidad para el acceso a recursos y el reclutamiento de nuevos hombres. Además, en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos en el 2018 a las exportaciones de minerales desde Venezuela (Sanciones, 2018), el ELN se ha encargado de aprovechar los excedentes y el potencial minero para participar directamente en la explotación de oro, coltán y diamantes en los estados de Bolívar y Amazonas, y

coordinar su posterior contrabando a través de Colombia, Brasil y Guayana (Crisisgroup, 2019)2. En suma, lo que se puede notar desde las operaciones de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia es una transformación en los patrones de contrabando. Mientras que, por un lado, la tabla 1 permite notar una reducción ostensible de la aprehensión o detección de mercancía de contrabando que ingresa a Colombia (véase tabla 1), lo cual se asocia al desabastecimiento en Venezuela; por otro lado, informes de inteligencia revelan que los grupos armados colombianos están monopolizando el contrabando entre Colombia y el vecino país, buscando el sometimiento de estructuras pequeñas y multiplicando las actividades de extorsión a aquellos que quieran usar las trochas para el ingreso de bienes básicos (Unidad de Investigación de Venezuela, 2018). De acuerdo con estas condiciones, la suspensión del Centro Binacional contra el Crimen Organizado configura uno de los retrocesos más significativos luego del cierre fronterizo, en la medida en que varias organizaciones aprovecharon la ausencia de operaciones conjuntas para ajustar y continuar actividades de tráfico ilícito.

1. De acuerdo con el comandante de las fuerzas militares de Colombia, el 30 % del ELN se encuentra en Venezuela (El 30 % del ELN, 2019).

2. Estos países sirvieron como plataforma para certificar productos mineros de contrabando que luego son exportados con vicio de legalidad a terceros destinos.

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Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

Tabla 1. Evolución de las aprehensiones de contrabando por zonas en la frontera con Venezuela Dirección seccional

2015

2016

Valor Apreh. ($)

Arauca

$ 2.180.713.987

$ 2.208.110.873

Cúcuta

$ 19.320.280.099

$ 13.909.448.582

Variación entre años %

2017

Valor Apreh. ($)

Variación entre años %

2018

Variación entre años

2019

Variación entre años

Valor Apreh. ($)

1 %

$ 2.779.041.657

21 %

$ 1.840.742.902

-51 %

$ 780.695.974

-136 %

-39 %

$ 18.871.333.360

26 %

$ 9.678.340.658

-95 %

$ 4.963.053.899

-95 % -144 %

Inírida

$ 135.257.191

$ 318.992.636

58 %

$ 210.855.862

-51 %

$ 261.000.263

19 %

$ 106.901.110

Maicao

$ 7.848.417.532

$ 5.559.274.276

-41 %

$ 7.906.021.366

30 %

$ 8.975.245.765

12 %

$ 8.103.316.709

-11 %

Puerto Carreño

$ 944.041.628

$ 1.982.149.062

52 %

$ 479.428.997

$ 789.637.428

39 %

$ 469.673.154

-68 %

$ 7.080.460.730

$ 7.096.683.153

0 %

$ 12.011.675.488

41 %

$ 10.708.958.599

-12 %

$ 8.228.942.713

-30 %

-65 %

$ 9.853.743.686

4 %

$ 7.964.853.415

-24 %

$ 4.425.430.474

-80 %

Riohacha Valledupar

$ 15.581.293.308

$ 9.446.822.406

Total

$ 53.090.464.475

$ 40.521.480.988

$ 52.112.100.415

-313 %

$ 28.699.695.469

$ 27.078.014.033

Fuente: Elaboración propia con base en POLFA (2019).

(…) el narcotráfico fue uno de los principales incentivos para la conformación de disidencias de las FARC o de grupos armados organizados residuales (…).

En segundo lugar, es importante mencionar que la reincorporación de las FARC también tuvo un efecto transformador en la dinámica de los grupos armados en torno a las economías criminales en la frontera. Justamente se destacan el reacomodo y la competencia del ELN y el Ejército Popular de Liberación, en el departamento de Norte de Santander y más específicamente en el Catatumbo, por

el control de zonas clave para el narcotráfico. Al respecto, cabe indicar que este departamento no solo concentra el mayor número de hectáreas de coca entre los departamentos fronterizos con Venezuela, tal y como se aprecia en la tabla 2, sino que, además, para el 2018 ocupó el segundo puesto a nivel nacional como el territorio más afectado por cultivos de coca luego de Nariño.

Tabla 2. Número de hectáreas de coca en los departamentos fronterizos con Venezuela Departamento

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norte de Santander

1.889

3.490

4.515

6.345

6.944

11.527

24.831

28.244

33.598

Vichada

2.743

2.264

1.242

713

511

683

699

653

550

Vaupés

721

277

254

184

109

105

Guainía

446

318

301

Arauca

247

133

121

Fuente: Elaboración propia con base en UNODC (2019).

A su turno, grupos como los Puntilleros en Vichada, así como los Rastrojos y Clan Úsuga en algunas zonas limítrofes de la Guajira y el sur de Norte de Santander, han tenido como propósito afianzar su papel de intermediación para el envío internacional de cargamentos de coca mediante rutas que empiezan en las fronteras de Colombia con Venezuela y que se dirigen hacia Estados Unidos vía el Caribe o hacia Europa vía África. Lo cierto es que, a pesar de varias capturas y operaciones en su contra, estos grupos han logrado mantener cierto margen de maniobra, principalmente, en la producción y comercialización de la base de cocaína. Asimismo, no hay duda de que el narcotráfico fue uno de los principales incentivos para la conformación de disidencias de las FARC o de grupos armados organizados residuales de acuerdo con la nueva categoría establecida por el Gobierno Duque. En el caso de la frontera con Venezuela,

se organizaron el frente 33 en Norte de Santander, el frente 10 en Arauca, y tres frentes bajo el mando de alias Gentil Duarte con influencia respectiva en Vichada, Guainía, Vaupés, cuya influencia se extiende a las zonas venezolanas de Amazonas, Táchira y Apure, donde participaron en la producción y salida de coca bajo el apoyo del Cartel de Sinaloa (Méndez, 2019).

(…) la presencia transfronteriza de estas organizaciones añade factores de complejidad en términos de las situaciones de victimización.

Algunas reflexiones en torno a la violencia Como en el pasado, la pretensión de los actores armados de lograr y mantener un control hegemónico sobre economías criminales como el narcotráfico y la minería de oro se sigue traduciendo en diversas formas de violencia. Con todo, la presencia transfronteriza de estas organizaciones añade factores de complejidad en términos de las situaciones de victimización. Un primer asunto es el reclutamiento forzado que vienen

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(…) hasta el momento no es clara la ruta de reconocimiento y protección de los migrantes venezolanos que están siendo víctimas del conflicto en territorio colombiano.

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adelantando grupos como el ELN y las disidencias en Colombia y Venezuela particularmente de menores, migrantes, así como de miembros de comunidades indígenas que son utilizados para el desarrollo de actividades armadas, de narcotráfico, contrabando e incluso minería (Acosta & Murphy, 2019; Defensoría del Pueblo, 2018). En este sentido, existe el riesgo de que las operaciones militares y policiales contra estos grupos terminen apuntándoles, de manera contraproducente, a los eslabones débiles que han llegado a estos grupos bajo condiciones de engaño, coerción y explotación. Y el segundo asunto tiene que ver con el repunte de los homicidios, las amenazas, los desplazamientos forzados y los secuestros que tienen lugar a lado y lado de la frontera3. Mientras que la Defensoría del Pueblo de Colombia se ha encargado de señalar en sus alertas

3. En Norte de Santander desde el año 2018 se registra un aumento de los homicidios, desplazamientos forzados y amenazas con especial incidencia en Tibú, el Tarra, Convención y El Carmen. Este departamento, al igual que Arauca, presenta un aumento en el número

la existencia de ajustes y competencias entre actores armados que están provocando estos eventos de violencia y que hacen inminente la adopción de medidas de protección y respuesta por parte de múltiples autoridades, dentro del panorama se están subestimando al menos dos cuestiones clave: de un lado, que la operación de grupos armados transfronterizos ya constituye un catalizador adicional de refugiados desde Venezuela y, de otro lado, que hasta el momento no es clara la ruta de reconocimiento y protección de los migrantes venezolanos que están siendo víctimas del conflicto en territorio colombiano. A partir de estos elementos no cabe duda de que la continuidad de la crisis venezolana también pone en jaque la posibilidad de desarticular a los grupos armados transfronterizos y a las lógicas violentas que se mantienen en el límite.

secuestros extorsivos y asesinato de líderes (Defensoría, 2018). Del lado venezolano, Bolívar, Apure y Amazonas presentan un incremento en el reclutamiento forzado y los homicidios –en forma de asesinatos selectivos y masacres– (International Crisis Group, 2019).

Referencias Acosta, L. & Murphy, H. (20 de junio del 2019). Exclusiva-Grupos armados colombianos seducen a venezolanos desesperados. Reuters. Recuperado de https://lta. reuters.com/articulo/venezuela-colombiagruposarmados-idLTAKCN1TL120-OUSLT. Cabrera Nossa, I. (2018). Presentación del Dossier «Políticas públicas de seguridad en las fronteras». OPERA, (23), 3-4. DOI: https:// doi.org/10.18601/16578651.n23.02. Defensoría del Pueblo (2018). Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. Recuperado de http:// www.defensoria.gov.co/public/pdf/ economiasilegales.pdf. Echandía, C. & Cabrera, I. (2017). Madurez para la paz. Evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto armado colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

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Auge, consolidación y declive de la revolución bolivariana De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados:

Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con más de 4 millones de venezolanos y venezolanas que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América del Sur, este es el éxodo más grande en la historia reciente de la región (Acnur, 2019).

Javier Alejandro Lindarte Montero Investigador Facultad de Political Science and International Studies Universidad de Queensland (Australia) j.lindartemontero@uqconnect.edu.au María Lucía Jaimes Bohórquez Asesora legislativa Senado de la República maria.jaimes@senado.gov.co

Caracas ha sido catalogada la ciudad más insegura del mundo por la cantidad de muertes asociadas a la criminalidad por cada cien mil habitantes. ¿En qué momento el país denominado Venezuela saudita en la bonanza petrolera pasa a ser catalogado como un posible Estado fallido? Acá les presentamos los momentos más importantes sobre la implosión de la revolución bolivariana. El proceso histórico que se presenta a continuación deja en evidencia que no todas las dictaduras nacen producto de un golpe de Estado, como sucedía en la primera mitad del siglo XX con las dictaduras del general Juan Vicente Gómez y después la del general Marcos Pérez Jiménez luego del golpe de Estado de 1948 al expresidente Isaías Medina Angarita. Así, los militares tenían un distintivo adicional en la primera mitad del siglo XX de interferir en política y, después de intentos golpistas, hacerse con el poder político. Después

de la dictadura de Pérez Jiménez, se instauró un nuevo surgimiento democrático llamado el Pacto de Punto Fijo, en el que los partidos tradicionales Acción Democrática y Comité de Organización Política Electoral Independiente se alternaban el poder político y mantenían la predominancia del sistema bipartidista, para darle relativa estabilidad institucional al Estado, proceso parecido al que vivió Colombia con el Frente Nacional, en el que conservadores y liberales se alternaban el poder político. Este periodo de estabilidad democrática se fragmentó a finales de los ochenta y la última década del siglo XX, cuando las elites tradicionales venezolanas se desligaron de la realidad de la sociedad, la cual se encontraba en una grave crisis económica en la que los bienes de consumo incrementaron sus precios, el desempleo aumentaba cada vez más y el acceso a medicinas era restringido dada la limitada oferta. Sin ir más allá, el descontento y las dificultades de la sociedad venezolana durante la década de los ochenta y noventa es un panorama que no se aleja de la realidad de Venezuela bajo la cuestionada y cada vez más parecida a una dictadura como la de Nicolás Maduro, en la que la inflación más alta del mundo ha sido el mejor indicador macroeconómico de su gestión, lo que dejó al bolívar venezolano completamente destruido e imposibilita adquirir bienes de la canasta familiar dado su

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El caracazo dejó como lecciones que la clase política tradicional venezolana no supo canalizar sus errores políticos (…).

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exponencial costo. Caracas ha sido catalogada la ciudad más insegura del mundo por la cantidad de muertes asociadas a la criminalidad por cada cien mil habitantes (Estas son las 50, 2018). Este y muchos otros resultados en las actuales crisis de salud, desempleo, corrupción, provisión de servicios públicos, migración, seguridad ciudadana, justicia, instituciones, censura a la libertad de expresión y oposición han ejercido un accionar criminal y sistemático por parte del difunto presidente Chávez y ahora dictador Maduro, arropados por la legitimidad que brinda estar al frente de la primera magistratura nacional. Febrero de 1989. Carlos Andrés Pérez asumió su segundo mandato como presidente de la república. Para contrarrestar el impacto de lo sucedido en la crisis del petróleo, se implementó un paquete de medidas económicas liberalizadoras

formuladas por el Fondo Monetario Internacional. La inflación, el control de precios y la corrupción en la administración dieron paso al episodio conocido como el «caracazo», una de las manifestaciones sociales más reconocidas en el país ocurrida en octubre de 1989 entre los sectores más populares de la capital. Así, después de cuatro décadas de existencia democrática se incrementó la pobreza y se acumuló una deuda externa gigantesca. A pesar de que el gasto público era elevado, este parecía desviarse del objetivo de subsanar las necesidades del pueblo venezolano. La deficiencia en la provisión de los servicios públicos y, aparte de eso, la creciente corrupción administrativa y gubernamental para atender los asuntos de la sociedad venezolana eran problemas que existían aun cuando Venezuela era favorecida por el boom de la bonanza petrolera de la década de los setenta; no obstante, la corrupción resultó ser el factor transversal a todos estos ámbitos y problemas, a tal punto que por corrupción se enjuició, por primera y única vez, al presidente de la República de Venezuela, lo que ocasionó la salida de Carlos Andrés Pérez del poder. El caracazo dejó como lección, entre otras, que la clase política tradicional venezolana no supo canalizar sus errores políticos y, por tanto, al no invertir correctamente los recursos millonarios provenientes de los altos precios del petróleo, se generó, también, la deslegitimación de las instituciones democráticas, de los partidos políticos y del Estado en general, los cuales se consideraron

antipatrióticos y absorbidos por la corrupción. Febrero, 1999. Después de un fallido golpe de Estado por el cual estuvo prisionero el militar Hugo Chávez Frías, este fue elegido presidente de Venezuela. Tras llegar al poder, su primera decisión fue reformar la Constitución Política y llamar a elecciones bajo las nuevas reglas de juego; cabe preguntarnos si acaso ¿es en este momento cuando se empiezan a poner en riesgo las instituciones venezolanas? Chávez se presentó como un intruso que terminó de fisurar el sistema de alianza bipartidista, promulgando una nueva Constitución que refundó el Estado y le dio mayor importancia al poder ejecutivo, ya que redujo el legislativo a una sola cámara parlamentaria. Más adelante Nicolás Maduro, por medio del Tribunal Supremo de Justicia, le quitó las competencias a la Asamblea Nacional y convocó de manera inconstitucional una Asamblea Nacional Constituyente, o parlamento paralelo, en el que todos sus miembros pertenecían al partido del Gobierno. Esto lleva a concluir que al régimen cada vez más le gusta la democracia y con estas medidas les ha dado varios golpes de Estado a las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Febrero, 2002. Durante el mandato de Hugo Chávez, se concedieron facultades extraordinarias, principalmente realizando reformas legislativas de los sectores agro e hidrocarburos. La renuncia de alguno de sus ministros, la crítica ante las actuaciones de Estados Unidos en Afganistán y los dudosos manejos

en una de las compañías más importantes del país como Petróleos de Venezuela S. A., entre otras decisiones del presidente, trajeron consigo un nuevo golpe de Estado en el 2002. Uno de los factores que llevaron al paro petrolero del 2002 fue la intención netamente intervencionista del Gobierno Chávez de apropiarse de los recursos por concepto de renta petrolera, para la financiación de los programas sociales que mantuvieron su capital político estable y en crecimiento. La ideologización de Petróleos de Venezuela y su posterior nacionalización fueron, finalmente, la plataforma financiera de la agenda doméstica e internacional de la revolución bolivariana. Abril, 2002. Luego de las presiones por parte de los militares, Hugo Chávez aceptó su renuncia y Pedro Carmona se autoproclamó presidente. Ahora bien, sus primeras decisiones iban en contravía de una estabilización democrática: disolvió entidades como el Parlamento, la Fiscalía y el Tribunal de Justicia, lo que generó un descontento en la población venezolana y un rechazo por parte de la comunidad internacional. Con el apoyo de sus electores, Chávez retornó al poder.

Chávez (…) terminó de fisurar el sistema de alianza bipartidista, promulgando una nueva Constitución que refundó el Estado y le dio mayor importancia al poder ejecutivo.

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Entre las medidas más polémicas encontramos la expropiación de terrenos privados, bajo la figura de la seguridad alimentaria; el Sistema Nacional de Misiones, entre las cuales se destacan programas educativos, de salud y de vivienda; las jornadas de nacionalización de extranjeros y sus dudosas estrategias para las reelecciones. En las últimas dos décadas hemos escuchado sobre esa figura política y económica denominada el socialismo del siglo XXI y su intento por marcar un hito en el desarrollo socioeconómico de América Latina, por medio de políticas que buscaban la igualdad y la justicia social. No obstante, en la práctica, el discurso político y las decisiones que se tomaron desviaron el rumbo institucional de Venezuela. Después del intento golpista en contra de Hugo Chávez en el 2002, fue restituido en la presidencia, y así empezó a consolidar y acelerar el proyecto del socialismo del siglo XXI, en el que el ejecutivo tomaba decisiones sin ningún tipo de objeción por parte de los poderes legislativo y judicial, además de acreditarse victorias electorales. La burocracia en el poder ejecutivo se incrementó, al igual que lo hizo la corrupción administrativa, inflando la cantidad de ministerios del gabinete ejecutivo. De un promedio de

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Entre las medidas más polémicas encontramos la expropiación de terrenos privados, bajo la figura de la seguridad alimentaria (…).

10 a 14 ministros que tiene una administración, Chávez y Maduro han nombrado entre 30 y 40 ministros en su gabinete. En el plano político, el objetivo del Gobierno fue y sigue siendo disminuir a su mínima expresión a la oposición, emprendiendo una persecución y el encarcelamiento de políticos opositores a los regímenes de Chávez y Maduro. La oposición, desde los inicios del Gobierno de Chávez, nunca tuvo garantías ni un estatuto de oposición que la protegiera del ventajismo del Gobierno. 2009 y 2010, crisis energética. El PIB Venezolano cayó, entre otros factores, por la crisis energética que empezó a vivirse en el país; llegaron los racionamientos de electricidad por el descuido en la infraestructura eléctrica del país. En octubre del 2012, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 55 % de los votos frente a su contrincante: Henrique Capriles; durante las elecciones regionales presentó un delicado estado de salud que evitó su presencia en las elecciones regionales. Enero, 2013. Chávez asumió su mandato como presidente, pero por problemas de salud le delegó a su vicepresidente, Nicolás Maduro, la mayoría de sus funciones. Desapareció en medio de su enfermedad y los rumores de su muerte sin confirmar

empezaron a generar un ambiente de caos e incertidumbre en las calles del país; para muchos sin el gran líder el país perdería el rumbo, mientras que para otros era una esperanza de un cambio, de nuevas prácticas gubernamentales, de una nueva página en la historia. Oficialmente falleció el 5 de marzo. Marzo, 2013. Inició la era de Nicolás Maduro, quien juró continuar la revolución bolivariana y el legado del presidente Chávez. Sin embargo, ha tenido altibajos desde su inicio, especialmente frente a la legalidad de su mandato; las medidas que ha tomado el Gobierno, en particular en la política económica, han generado una mayor desconfianza del sistema financiero internacional, ha ahuyentado a la inversión extranjera, se han acrecentado los niveles de desempleo, la devaluación de la moneda junto con los altos niveles de inflación ha colapsado el sistema económico venezolano. Ahora bien, ¿si el respirador artificial de la economía venezolana es la venta y exportación de petróleo, entonces cuáles son las variables que mantienen a flote al régimen de Maduro? ¿El apoyo de los militares, la presencia de Cuba y otros aliados militares, los grupos armados ilegales paralelos (colectivos)? Al igual que en el caso de Cuba, muchos consideran que en Venezuela aún existe democracia, pero lo que el proceso histórico del Gobierno bolivariano indica es que, mientras se consolidaba su legitimidad con el exceso de realización de elecciones, se desmontaron el Estado

de derecho y los valores fundamentales de la democracia mediante la cooptación de los poderes públicos y parcializando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los colectivos civiles que sirven de escuderos del régimen. Se habla de que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela impuestas recientemente han agudizado más la crisis del país. Sin embargo, «el gobierno venezolano está utilizando de forma discursiva las sanciones para justificar la situación en la que se encuentra Venezuela», dijo Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. No obstante, es cierto que la causa de la crisis económica, de acceso a alimentos y medicinas ya había empezado años antes de la imposición de las sanciones de Estados Unidos. Lo anterior permite concluir que habría incapacidad de gobernar por parte de Maduro de no ser por la alianza con los militares y colectivos que aún le permiten respirar al régimen. Los foros y espacios de concertación internacional han sido un respiro para el régimen madurista, ya que mientras el Foro de Sao Paulo apoya irrestrictamente el proceso revolucionario venezolano, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reporta violación sistemática de los derechos fundamentales por parte de Maduro y su Gobierno. Hay mucho de Estado fallido y del colapso del Estado venezolano con el progresivo desmonte y deterioro de la institucionalidad en Venezuela.

Habría incapacidad de gobernar por parte de Maduro de no ser por la alianza con los militares y colectivos que aún le permiten respirar al régimen.

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2019. El 5 de enero Juan Guaidó, de 36 años, asumió sus funciones como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y como alternativa de solución se evocó el cumplimiento del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para restituir el orden constitucional, por lo que el 23 de enero asumió como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por más de cincuenta países. Faltando un mes para finalizar el 2019, no vemos que la situación haya mejorado. Las instituciones no funcionan realmente, existe una incertidumbre frente al futuro y contamos con un doble gobierno que no tiene completamente las riendas del país ni de un lado ni del otro. Existen delegados del Gobierno de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó que están haciendo diplomacia política por su lado, sin tener realmente herramientas que brinden una solución a los

más de cuatro millones y medio de ciudadanos venezolanos que han emigrado de su país en los últimos cuatro años (Acnur, 2019) y que, en su gran mayoría, esperan retornar a su hogar. El limbo institucional de Venezuela ha permeado a los demás países de la región hasta el punto de convertirse en una amenaza para la estabilidad de la región. La situación en el vecino país entra a la historia como la tercera ocasión en la región en la cual se invoca el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca y en la que, por primera vez, se acepta su activación, con la esperanza de que las medidas de presión económica y diplomática impuestas en bloque regional logren un cambio en el Gobierno de turno. Si nos vamos a la teoría, de acuerdo con Zapata (2014) un Estado fallido es aquel que se considera incapaz de mantenerse como miembro de la comunidad internacional y que también, como lo plantea Noam

El limbo institucional de Venezuela ha permeado a los demás países de la región hasta el punto de convertirse en una amenaza para la estabilidad de la región.

Referencias

Chomsky, deja de proteger a sus ciudadanos, por lo que se convierte en una amenaza para su propia región: Entre las prioridades más características de los Estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia –y tal vez inclusión de la destrucción– o que quienes toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los Estados fallidos es que son Estados forajidos, cuyas cúpulas se desentienden con desdén del derecho y los tratados internacionales. (2007, p. 49)

Venezuela, en medio de la inestabilidad democrática, ha permitido que las políticas de Estado se conviertan en las políticas del Gobierno de turno, que se acomodan al antojo de los egos que están en juego en la arena política. Por eso, hoy quedan más preguntas que respuestas: ¿Acaso llegamos al punto en el que Venezuela podría denominarse oficialmente un Estado fallido? ¿Hasta qué punto la falta de injerencia en los asuntos de otro Estado ha llevado a acrecentar más la crisis venezolana? ¿Acaso la Organización de Naciones Unidas ha omitido sus funciones de mantenimiento de paz? ¿El sistema internacional podrá seguir soportando la crisis venezolana? ¿Hasta qué punto las instituciones pueden soportar la personalización del poder?

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Venezuela: el destino incierto de la revolución bolivariana

Venezuela se ha convertido en un laboratorio que hoy es objeto de debate en el ámbito mundial. Hablar de crisis en Venezuela es un lugar común en sus diversos niveles o dimensiones (crisis política, económica, social, humanitaria, entre otros), esta es la expresión del rotundo fracaso e inviabilidad del socialismo del siglo XXI y de la llamada revolución bolivariana, que hizo retroceder al país andino en muchos ámbitos. Venezuela desaprovechó el segundo boom petrolero y la posibilidad real de ser el país con más desarrollo y estándar de vida, y haberse convertido en la primera economía de la región.

José Antonio Rivas Leone1 Docente investigador Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad de Los Andes. Mérida (Venezuela) rivasleone@gmail.com

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Venezuela desaprovechó el segundo boom petrolero y la posibilidad real de ser el país con más desarrollo y estándar de vida, y haberse convertido en la primera economía de la región.

1. Politólogo, magíster y doctor en Ciencia Política. Autor de Los desencuentros de la política venezolana 1958-2007 (2008). Caracas: Fundación para la Cultura Urbana. En los bordes de la democracia. La militarización de la política venezolana (2010). Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada. Temas de ciencia política (2011). Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada – Secretaría de la Universidad de Los Andes. 2. «[…] si la mayoría de los venezolanos apoyó a Chávez en su apogeo, fue porque pensó que estaba ampliando la democracia, no extinguiéndola, como lo hizo Maduro […] El país más moderno de América Latina se vio reducido a un Zimbabue» (Reid, 2018, pp. 233-238). 3. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2019) aprobó la creación de una misión internacional independiente de determinación de los hechos cuyo propósito es realizar una indagación a fondo sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014 por el Gobierno de Nicolás Maduro. 4. Véanse ampliamente Rivas Leone (2010 y 2019); Ramos Jiménez (2009); Sucre Heredia (2017).

Las distorsiones de toda índole estuvieron presentes a lo largo del Gobierno del presidente Chávez, y se han profundizado con Nicolás Maduro2 (devaluaciones, expropiaciones de tierras y empresas, estatizaciones, aumento de la dependencia de las importaciones, devastación del aparato productivo, sostenidos controles de precios y cambiarios, escasez de los productos de primera necesidad, aumento de la pobreza, miseria y desnutrición, etc.). Estos últimos aspectos se han potenciado y conforman parte de la crisis humanitaria actual, que ha sido objeto de evaluación de parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Human Right Watch, comisiones de la OEA, y la visita de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2019), con sus respectivos informes. Así se han constatado la situación de vulnerabilidad de la población, la violación flagrante de derechos humanos, y un sinnúmero de situaciones degradantes de la condición humana que explica parte del éxodo masivo de venezolanos, entre otros temas discutidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2019), en el que se aprobó la apertura de una investigación al

Gobierno de Venezuela por violación de derechos humanos3. La militarización y desinstitucionalización de la política en Venezuela (1999-2019) En la experiencia venezolana, sui géneris, uno de los fenómenos registrados con Chávez y Maduro en el poder ha sido la particularidad de haber militarizado todas las instancias de gobierno durante estos años4, expresada en el ejercicio de cargos públicos o la creación de entes, organismos o programas (desde la Asamblea Nacional Constituyente en 1999; el Plan Bolívar 2000, Misiones y Grandes Misiones; gobernaciones, alcaldías, ministerios, embajadas, consulados y otros) que han sido ocupados por militares sin los perfiles idóneos o requeridos para su ejercicio, con un desempeño desfavorable en sus funciones y responsabilidades; esto, sin olvidar la sostenida carrera armamentista de compras y equipamiento militar (tabla 1), la creación de unidades de la Reserva Nacional, zonas de defensa integral, y otras decisiones que ratifican una visión pretoriana en la conducción del Estado y el ejercicio del gobierno.

Tabla 1. Acuerdos y adquisición de equipos militares por Venezuela 2004-2019 País

Año

Rusia

2019

Centro de Capacitación de Pilotos de Helicópteros Mi-17V5, Mi-35M y Mi-26T.

Rusia

2018

Sistema móvil lanzacohetes múltiples Buk-M2E. Tanques BTR-80.

Rusia

2018

Fabricación de fusiles AK-103, AK-104. Municiones tipo 7,62x39 mm.

Rusia

2013

Sistema antiaéreo Pechora 2M.

Rusia

2012 2013

Submarinos diesel Varshavianka. 92 tanques T-72 - blindados BMP-3. 10 helicópteros Mi-28N, aviones patrulla, lanzamisiles Smerch y sistemas de defensa aérea.

Rusia

2009

Tanques T-72, T-80, BMP3 y MPR. Misiles antiaéreos S-300. Sistema de defensa antiaéreo.

Rusia

2006

24 aviones caza Sukhoi 30 MK2. Dispositivos antiaéreos portátiles IGLA-S. 51 helicópteros de ataque (Mi-8, Mi-24, Mi-17 y Mi-26).

Irán

2006

Programa de Construcción Conjunta de Aviones No Tripulados. Convenio de cooperación militar e instalación de fábrica de pólvora en Venezuela con apoyo de Irán.

China

2005

3 radares móviles tridimensionales de largo alcance JYL-1.

Brasil

2005

20 aviones Super Tucano (vetado por transferencia de tecnología).

España

2004

31 lanchas patrulleras (vigilancia costera).

Rusia

2004

100.000 fusiles Kalashnikov AK 103 y AK 104. 6 helicópteros Mi-17 de transporte. 8 helicópteros de ataque Mi-35 y 1 helicóptero Mi-26 de transporte.

España

2004

Equipos, armamentos y asistencia técnica

8 buques militares. 4 patrulleras de vigilancia costera. 4 patrulleras de vigilancia oceánica. 10 aviones de transporte C-295 (vetado por transferencia de tecnología). 2 patrullas marítimas CN-235 (vetado por transferencia de tecnología).

Fuente: Rivas Leone (2019).

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Creemos que uno de los mayores errores históricos del presidente Chávez, y ratificado por Maduro, ha sido alterar el rol de las fuerzas armadas, politizándolas, ideologizándolas y modificando su papel y misión estrictamente institucional y apolítica. El trastorno institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) implica asumir un sinnúmero de funciones no tradicionales, con altos grados de discrecionalidad, opacidad e ineficiencia, por lo que, paradójicamente, se descuida la misión primigenia y genuina de las FANB: el resguardo de las fronteras y la soberanía nacional, trastocada por la acción de grupos irregulares que operan dentro del territorio. La gravedad de la crisis venezolana La lista de distorsiones en la economía venezolana durante el Gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2013) y su acentuación con Nicolás Maduro (2013-2019) son las principales claves para entender la dimensión y las consecuencias de la crisis actual. Los graves efectos de la indisciplina macroeconómica, la destrucción del sistema de precios, el tipo de cambio, la pulverización del signo monetario, la disminución de las reservas, la expansión monetaria a gran escala, los controles de precios para

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desestimular la producción y desincentivar la inversión privada, junto con el debilitamiento sistemático de las instituciones públicas responsables de la elaboración y producción de las estadísticas económicas, son parte de la debacle actual inédita en nuestra historia económica. Reconocidas y acreditadas voces que han estudiado la economía nacional (Balza Guanipa, 2015) señalan que Venezuela no podrá derrotar la hiperinflación sin una formulación clara de política fiscal, monetaria y cambiaria, junto a la estimulación de la oferta de bienes y servicios, y la consecución de un mercado más natural, con menos controles de precios y de cambio, entre otras medidas que persigan frenar la hiperinflación creciente en Venezuela, que es de las más altas en la historia de la inflación a nivel mundial. Junto a muchos analistas, politólogos y economistas (Alarcon Deza, 2016, Bautista Urbaneja, 2017; Balza

(…) uno de los mayores errores históricos del presidente Chávez, y ratificado por Maduro, ha sido alterar el rol de las fuerzas armadas, politizándolas, ideologizándolas y modificando su papel y misión estrictamente institucional y apolítica.

(…) Venezuela no podrá derrotar la hiperinflación sin una formulación clara de política fiscal, monetaria y cambiaria, junto a la estimulación de la oferta de bienes y servicios (…).

Guanipa, 2015; Oliveros, 2017; Reid, 2018; Rivas Leone, 2019) hemos insistido en que Venezuela no puede producir un cambio de modelo y sociedad si no asume ciertamente un conjunto de acciones en varias direcciones, y que naturalmente pasan por un cambio de gobierno. Primero, de política macroeconómica orientada a disminuir la tasa de hiperinflación; segundo, de política fiscal basada en una sostenibilidad fiscal, aspecto que demanda el balance del presupuesto y sus fuentes de financiamiento, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir la vulnerabilidad fiscal; tercero, de política monetaria, ya que urge recuperar el valor del signo monetario o moneda, así como la confianza y capacidad de ahorro, aspecto vinculado a contar con una arquitectura fiscal y monetaria cónsona con la estabilidad económica; cuarto, de política petrolera, en la que es urgente lograr un tipo de cambio competitivo para estimular, justamente, a los sectores transables distintos al petrolero con un papel técnico y central del Banco Central de Venezuela en el manejo de la tasa de cambio; a lo cual se le suma un conjunto de políticas sectoriales en el área de petróleo, minería, industrias básicas, agroindustria y afines. El expresidente Chávez no solo promovió y fortaleció lo militar y pretoriano en detrimento de lo civil, sino que terminó preso de sus propios temores y laberintos; ello determinó su propia sucesión en manos de Nicolás Maduro Moros como presidente impuesto tras su fallecimiento en el 2013, después elegido, y actualmente con la peor gestión, valoración y apoyo

popular, ya que hipotecó y comprometió el futuro inmediato de la revolución e incluso del propio Partido Socialista Unido de Venezuela. En el último trienio en Venezuela hemos apreciado un deterioro generalizado en todos los órdenes, basta revisar las cifras y estadísticas en términos de economía, salud, educación, seguridad, poder adquisitivo, infraestructura y transporte, con un impacto directo en la población más vulnerable, a tales niveles que las carencias de múltiples necesidades conforman el motor del éxodo de una porción importante de la población, sin contar con las personas fallecidas y la caracterización de la situación venezolana como «crisis humanitaria» a partir del año 2017 y recientemente hablar de «crisis humanitaria compleja»5.

5. En estos años se han producido algunas investigaciones y ensayos que documentan ampliamente el panorama de deterioro nacional y la propensión al militarismo y pretorianismo en las áreas de petróleo, economía, productividad, alimentación, finanzas; el declive de la administración pública e instituciones como Petróleos de Venezuela S. A., el Banco Central de Venezuela, y las industrias básicas, entre otros. Véanse ampliamente los trabajos de Eglé Iturbe (2017), «La institucionalidad administrativa de la revolución bolivariana y las políticas públicas», pp. 195-224; Oliveros y Rodríguez Grille (2017), «Transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI: la política petrolera», pp. 259-290; Sucre Heredia (2017), «El papel de la estructura militar en la configuración del nuevo sistema político», pp. 331-381. Véase ampliamente el largo capítulo de Reid (2018) «El desastre

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La transición venezolana 2020 Tres variables o aspectos hacen complejo el proceso actual venezolano, y conforman la diferencia o las claves en comparación con cualquier otro periodo o transición en nuestra historia nacional, e incluso, en la región latinoamericana: en primer lugar, la injerencia notoria de Cuba y Rusia en la política interna de Venezuela; en segundo lugar, la presencia desmedida de las FANB copando todos los espacios del Estado, y en tercer lugar, la desinstitucionalización de los partidos políticos; aspectos que condicionan la crisis actual y la propia transición política. Recordemos que más de cincuenta países han desconocido al Gobierno de Nicolás Maduro y especialmente las elecciones fraudulentas del 20 de mayo del 2018, razón por la cual califican al régimen de Maduro de ilegal e ilegítimo. A partir del 10 de enero del 2019 (fecha en que concluyó el periodo constitucional), se produjo la usurpación por parte de Nicolás Maduro, y la Asamblea Nacional, de acuerdo con el marco constitucional

vigente, procedió a juramentar como presidente encargado a Juan Guaidó, en su condición de presidente del Poder Legislativo. La dinámica política venezolana contemporánea ha sido sumamente accidentada, en parte por el bloqueo institucional, el deterioro del Estado de derecho y la falta de autonomía de los poderes públicos, incluyendo la inobservancia de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, con lo cual la situación política se ha agravado al extremo de tener paralelismos no solo en términos del poder ejecutivo, sino incluso frente a la legítima Asamblea Nacional, la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente, y una manifiesta debilidad institucional y legal para solventar la grave crisis de gobernabilidad en Venezuela. Tras la visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y su informe (2019), el país andino reinició procesos de diálogo y negociación, con la mediación de varios países, entre ellos Noruega y Barbados

El expresidente Chávez no solo promovió y fortaleció lo militar y pretoriano en detrimento de lo civil, sino que terminó preso de sus propios temores y laberintos (…).

(…) la situación política se ha agravado al extremo de tener paralelismos no solo en términos del poder ejecutivo, sino incluso frente a la legítima Asamblea Nacional (…).

(suspendidos después); recientemente representantes de partidos minoritarios de la oposición firmaron un acuerdo de diálogo nacional con el Gobierno, en la búsqueda de un entendimiento y salida frente a la grave crisis venezolana. Sin embargo, más allá de la intención de diálogo y de materializar algunos objetivos del acuerdo firmado (el 17 de septiembre del 2019), orientados a la liberación de presos políticos, al regreso del oficialismo a la Asamblea Nacional, la conformación de un comité de postulaciones y designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (enero 2020) o la exigencia del oficialismo de levantar las sanciones al Gobierno, la realidad actual de Venezuela luce sumamente precaria en términos de deterioro económico e institucionalidad

democrática y partidista en el cierre del año 2019 e inicios del 2020. Si los recientes procesos de diálogo no se materializan en una transición acordada de manera urgente –acompañada de un programa inminente de estabilización macroeconómica–, aparte del agravamiento exponencial generalizado del país para el cierre del 2019 y su agravamiento en el 2020, otras posibilidades de cambio podrían surgir vinculadas a una ruptura o un estallido social, un golpe de Estado, mayores sanciones al Gobierno de Maduro, y la latente amenaza de una intervención militar (descartada para muchos) para restituir la democracia. Venezuela exhibe una panorama sumamente complejo que se desprende no solo de la dimensión de la crisis, que ya se asume como

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humanitaria compleja y catastrófica con efectos en toda la región, sino además, del notorio afianzamiento del régimen de Maduro en el poder con la venia de las FANB. A lo cual se le suman los efectos del conjunto de sanciones internacionales, una deuda externa astronómica difícil de refinanciar y reestructurar (default) y la afectación de activos como Citgo, entre otros; sin negar las fracturas en el seno de la oposición que favorecen al régimen (y, por supuesto, la presencia en esta última de diferencias alrededor del liderazgo emergente de Juan Guaidó). Finalmente, se les suman las consecuentes migraciones y éxodos hacia Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, y otros países que consideran que

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(…) la realidad actual de Venezuela luce sumamente precaria en términos de deterioro económico e institucionalidad democrática y partidista.

Venezuela representa una amenaza para la paz, seguridad y estabilidad democrática en la región, y de allí surge la reciente reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), entre otros aspectos que condicionan la viabilidad de la revolución bolivariana, y más aún, demandan una transición política de manera perentoria (a partir de un gran acuerdo o pacto nacional como ocurrió en 1958 con el Pacto de Punto Fijo) con la presencia de todos los actores y factores de la sociedad venezolana y, por supuesto, con el apoyo de la comunidad internacional como principal desafío no solo de Venezuela, sino de la propia región latinoamericana.

Referencias Alarcón Deza, B. (2016). ¿Es posible una transición democrática negociada en Venezuela? En B. Alarcón Deza y M. Á. Martínez Meucci (eds.). Transición democrática o autocratización revolucionaria. El desafío venezolano II (pp. 169-201). Caracas: Centro de Estudios Políticos-Universidad Católica Andrés Bello, UCAB Ediciones. Arenas, N. (2016). El chavismo sin Chávez. La deriva de un populismo sin carisma. Nueva Sociedad, (261), 13-22. Balza Guanipa (coord.) (2015). Venezuela 2015. Economía, política y sociedad. Caracas: Konrad Adenauer Stiftung-Universidad Católica Andrés Bello. Bautista Urbaneja, D. (coord.) (2017). Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999. Caracas: Abediciones-Konrad Adenauer Stiftung.

Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU(4 de julio del 2019). Ginebra – Suiza. Iturbe, E. (2017). La institucionalidad administrativa de la revolución bolivariana y las políticas públicas. En D. Bautista Urbaneja (coord.). Desarmando el modelo.

Las transformaciones del sistema político venezolano (pp. 195-224). Caracas: Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Universidad Católica Andrés Bello, ABC Ediciones y Konrad Adenauer Stiftung. Maigon, T. (2007). Síntomas de la crisis y la deslegitimación del sistema de partidos en Venezuela. En G. Maihold (ed.), Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista (pp. 77-111). Madrid: Iberoamericana-Vervuert. Martínez Meucci, M. Á. (2016). Cambio político en Venezuela 2013-2016: ¿transición, Estado fallido o profundización revolucionaria? En B. Alarcón Deza y M.Á. Martínez Meucci. (eds.), Transición democrática o autocratización revolucionaria. El desafío venezolano II (pp. 99-139). Caracas: Centro de Estudios Políticos-Universidad Católica Andrés Bello, UCAB Ediciones. Oliveros, L. & Rodríguez Grille, J. M. (2017). Transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI: la política petrolera. En D. Bautista Urbaneja (coord.). Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano (pp. 259-290). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, ABC Ediciones y Konrad Adenauer Stiftung.

Ramos Jiménez, A. (2009). El experimento bolivariano. Mérida: Centro de Investigaciones de Política ComparadaUniversidad de Los Andes. Reid, M. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Bogotá: Crítica. Rivas Leone, J. A. (2010). En los bordes de la democracia. La militarización de la política venezolana. Mérida: Centro de Investigaciones de Política ComparadaConsejo de Estudios de Postgrado Universidad de Los Andes. Rivas Leone, J. A. (2019). Transición democrática o autocratización revolucionaria. El deterioro institucional de la democracia en Venezuela 1999-2019. Working Papers (358). Barcelona: Institut de Ciencies Politiques i Socials, Universidad Autónoma de Barcelona. Sucre Heredia, R. (2017). El papel de la estructura militar en la configuración del nuevo sistema político. En D. Bautista Urbaneja (coord.). Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano (pp. 331-381). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, ABC Ediciones y Konrad Adenauer Stiftung. Urbaneja, D. B. (coord.) (2017). Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999. Caracas: Abediciones-Konrad Adenauer Stiftung.

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Flujos migratorios de venezolanos y comportamiento delictivo: la necesidad de política pública para prevenir la estigmatización, marginalización y criminalización

Este documento expone los principales hallazgos de los análisis desarrollados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la relación entre migración masiva de venezolanos y los índices delictivos en Colombia.

Alex Camilo Durán Montaño Asistente de investigación Área de Seguridad y Política Criminal Fundación Ideas para la Paz cduran@ideaspaz.org Jenny Paola Rivera Burgos Asistente de investigación Área de Seguridad y Política Criminal Fundación Ideas para la Paz jrivera@ideaspaz.org Jerónimo Castillo Director Área de Seguridad y Política Criminal Fundación Ideas para la Paz jcastillo@ideaspaz.org

En agosto del 2018, la FIP realizó un primer análisis exploratorio sobre la relación entre la migración de venezolanos y los índices delictivos en Colombia entre el 2012 y el 2017. Este primer análisis indicó que A pesar de que esta migración es percibida por algunos colombianos como un factor que afecta la seguridad ciudadana, el análisis de las cifras […] indica que las condiciones de seguridad no se han visto afectadas por los migrantes venezolanos. Los resultados sugieren que la población venezolana se ha insertado en las dinámicas colombianas comportándose como el grueso de la población. (Castillo et al., 2018, p. 4)

Al realizar el seguimiento de los datos, estas conclusiones se mantuvieron, y la versión más actualizada de los datos muestra que, mientras el ingreso de venezolanos al país se ha reducido, no parece haber una relación significativa entre lo anterior y la participación de ciudadanos de este país en delitos, aunque son crecientemente víctimas de estos (Castillo, Ayala, Rubio, Silva & Zárate, 2019).

Enfoque genérico para un fenómeno diverso: la relación teórica migracióncrimen y la migración venezolana a Colombia en términos históricos El análisis de la FIP encontró que no existe un consenso claro en la literatura sobre la posible relación entre migración y crimen, a pesar de ser un tema ampliamente discutido. Existen, a grandes rasgos, dos perspectivas: «una en la que la migración aparece como un proceso revitalizador que disminuye el crimen, y otra en la que constituye un motor para la generación de delincuencia» (Castillo et al., 2019, p. 7). La primera perspectiva de la migración como un proceso revitalizador que disminuye el crimen aduce que los migrantes mejoran los mecanismos de control social de los lugares donde llegan, como también las oportunidades de trabajo y los niveles de empleo por medio del desarrollo de economías de enclave (Martínez & Lee, 2000; McDonald, 2009). En contraste, la perspectiva de la migración como un motor para

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la generación de la delincuencia sostiene que los migrantes optan por actividades delictivas como medio de subsistencia al enfrentar condiciones de pobreza y exclusión en el mercado laboral (Rumbaut et al., 2006; Skaperdas, 2011; Baker, 2015), o son instrumentalizados por organizaciones criminales que aprovechan los procesos migratorios y el influjo de migrantes que representa mano de obra joven y no cualificada para incrementar sus ingresos mediante tráfico de personas, narcotráfico y lavado de activos, entre otros tipos de actividad delictiva (Kolowski, 2012; Shihadeh & Barranco, 2010; Pastore & Maguire, 2008; Ousey & Kubrin, 2017). Estas perspectivas sobre la relación entre migración y crimen simplifican la naturaleza heterogénea de los flujos migratorios, sus características y necesidades específicas. El proceso migratorio de venezolanos hacia Colombia ha sido históricamente diverso, aunque se pueden distinguir tres movimientos. En primer lugar, existe un movimiento de empresarios que migraron a Colombia por nuevas políticas económicas basadas en control gubernamental de principales industrias y nacionalizaciones de empresas en sectores bancario, cementero, petrolero y de telecomunicaciones, a partir de la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1999 (Azicri, 2009). Después, hubo dos picos migratorios (en el 2005 y el 2010) generados por despidos masivos en el sector petrolero y la devaluación de la moneda, caracterizados por la fuga de trabajadores cualificados con

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El análisis de la FIP encontró que no existe un consenso claro en la literatura sobre la posible relación entre migración y crimen, a pesar de ser un tema ampliamente discutido.

La heterogeneidad de esta migración hace que su análisis no se pueda reducir al análisis somero de cifras. conocimientos técnicos en el sector petrolero y otras disciplinas (Freitez, 2011). Se puede identificar un tercer movimiento desde el 2015, a partir del retorno de 17.000 colombianos en situación de ilegalidad y el influjo masivo de migrantes venezolanos buscando oportunidades por el declive económico. La heterogeneidad de esta migración hace que su análisis no se pueda reducir al análisis somero de cifras. Al no analizar cabalmente las características y necesidades de esta población, se aumenta su vulnerabilidad por no contar con insumos para el diseño de políticas y programas que garanticen la defensa de sus derechos y satisfacción de sus necesidades. Es imprescindible analizar con detenimiento las percepciones alrededor de la migración venezolana y su vinculación a actividades delictivas como víctimas y victimarios. Transformaciones y continuidades: las percepciones sobre la migración venezolana A partir de una revisión de medios nacionales y regionales durante los últimos quince años, la FIP identificó tres imaginarios sobre la migración venezolana: 1) una percepción positiva; 2) una percepción negativa, y 3) una percepción del migrante venezolano como víctima. El primer imaginario, que comprendió el periodo del 2004 al 2010, se caracterizó por un discurso emitido desde las entidades públicas, las empresas y la sociedad civil que favorecía la llegada de migrantes venezolanos, enfatizando que se trataba de una

población cualificada que ofrecía una oportunidad para dinamizar la economía del país (Castillo et al., 2018, p. 9). A partir del 2015, luego de varios años sin contar con registros representativos que indicaran algún tipo de opinión sobre la migración venezolana, desde la sociedad civil, la fuerza pública y diferentes entidades públicas emanó un discurso que señalaba a la migración como catalizador de la actividad delictiva, especialmente en delitos como homicidio, hurto y contrabando; una parte importante de esta percepción estaba basada en información parcializada proveniente de la Policía Nacional, sin acotar que los migrantes fueran venezolanos, colombo-venezolanos, o colombianos que retornaban al país (Castillo et al., 2018, p. 10). A mediados del 2018 comenzó a cambiar la manera en que se percibía la migración venezolana, en la medida que organizaciones humanitarias, iglesias y entidades públicas comenzaron a visibilizar la vulnerabilidad de esta población ante fenómenos relacionados con el tráfico de personas, la explotación laboral, la discriminación y la estigmatización. Durante el 2019, la FIP ha identificado nuevas percepciones alrededor de la migración venezolana que coexisten con percepciones antes establecidas. Una de estas nuevas percepciones, proveniente de entidades como el Banco Mundial o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), señala que, aunque la migración venezolana ocasiona desbalances en la economía nacional, a mediano y

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(…) la FIP identificó tres imaginarios sobre la migración venezolana: 1) una percepción positiva; 2) una percepción negativa, y 3) una percepción del migrante venezolano como víctima.

largo plazo podría beneficiar la economía si las políticas de recepción facilitan la integración de la población migrante en lugar de su ingreso a la marginalidad. En paralelo, diversos medios y figuras públicas han difundido historias de vida de migrantes venezolanos para potenciar la ayuda humanitaria y alertar sobre las condiciones socioeconómicas de esta población. De manera simultánea, instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las organizaciones humanitarias continúan visibilizando la vulnerabilidad de la migración venezolana frente a formas de violencia como el homicidio, la explotación sexual y la estigmatización. Aunque la percepción negativa de la migración venezolana por un asocio a la criminalidad ya no es tan recurrente, en algunos municipios fronterizos se ha puesto de manifiesto que las zonas se han vuelto insalubres por la falta de servicios públicos, el comercio informal y las zonas protegidas ambientalmente, y la sociedad civil en estas áreas

1. Estas tres ciudades pasaron de concentrar el 72 % de los ciudadanos venezolanos que entraron al país de enero a septiembre del 2018 a concentrar el 75 % de los ciudadanos venezolanos en el mismo período del 2019. En el caso de Cúcuta y Bogotá, la población venezolana residente en cada ciudad ha incrementado por dos puntos porcentuales y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente.

2. Bogotá (36 %), Ipiales (32 %), Cúcuta (7 %), Medellín (5 %), Maicao (4 %), Pasto (3 %), Barranquilla (3 %), Cartagena (1 %), Bucaramanga (1 %), Cali (1 %) y Riohacha (1 %), a pesar de la reducción de 2 puntos porcentuales de población venezolana residente en Barranquilla y la reducción de 1,4 puntos porcentuales de población venezolana residente en Maicao.

percibe a la población migrante como una «amenaza» al mercado laboral local por desplazar mano de obra colombiana y aumentar la informalidad laboral. Menos ingresos, más víctimas: el flujo migratorio venezolano y su relación con el delito Mientras que la entrada de venezolanos a Colombia viene disminuyendo, la victimización, las capturas y la reclusión de la población venezolana en el país están aumentando. Entre enero y septiembre del 2018 se registraron 1.053.071 entradas de venezolanos, mientras que para el mismo período del 2019 se han registrado 860.326; esto representa una reducción del 18 % (o 192.745 entradas menos). Por su parte, la composición de ciudades receptoras se mantiene igual, donde Bogotá, Ipiales y Cúcuta siguen siendo las ciudades que más reciben venezolanos en Colombia1, y las mismas 11 ciudades2 concentran el 94 % de la población venezolana. Sin embargo, existe un cambio notable en los puntos de entrada de migrantes venezolanos3.

3. Las entradas por el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta disminuyeron en 12 puntos porcentuales al 49 % y en 1 punto porcentual (llegando al 14 %) por el puesto de control migratorio terrestre de Paraguachón en Maicao (14 %), mientras que las entradas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá incrementaron en 8 puntos porcentuales hasta el 18 %.

Figura 1. Entradas de venezolanos a Colombia 2018-2019 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

2018

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

2019

Fuente: Elaboración FIP a partir de registros administrativos de Migración Colombia (2018-2019).

Desde el periodo enero-septiembre del 2018 hasta el periodo correspondiente al 2019, han aumentado las víctimas venezolanas de homicidios, hurto a personas, lesiones personales, delitos sexuales y violencia intrafamiliar; se registra un número más alto de venezolanos en relación con

las lesiones personales, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar4. Lo anterior es contrario a la disminución nacional de los delitos sexuales (por 3 puntos porcentuales), homicidios (por 3 puntos porcentuales) y lesiones personales (por 14 puntos porcentuales) durante el mismo periodo.

(…) Bogotá, Ipiales y Cúcuta siguen siendo las ciudades que más reciben venezolanos en Colombia (…).

4. Mientras que los homicidios de venezolanos en este periodo aumentaron en un 91 % (pasando de 159 a 303), los hurtos a venezolanos registraron un incremento de 107 % (pasando de 945 a 1.014 casos). En el mismo periodo, las lesiones personales a venezolanos se incrementaron en un 110 % (de 837 a 1.754), los delitos sexuales aumentaron 69 % (de 91 a 154 casos), y los casos de violencia intrafamiliar se elevaron en un 144 % (de 219 a 535 casos).

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Figura 2. Casos de delitos en Colombia con víctimas venezolanas 2018-2019 600 500 400 300 200 100

2010

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

2019

Homicidios

Hurto a personas

Delitos sexuales

Violencia intrafamiliar

Lesiones personales

Fuente: Elaboración FIP a partir de registros administrativos de SIEDCO (2018-2019).

El porcentaje de víctimas venezolanas del delito ha aumentado frente al total nacional (…).

El porcentaje de víctimas venezolanas del delito ha aumentado frente al total nacional, de tal manera que la proporción de víctimas venezolanas en los delitos mencionados se ha, virtualmente, duplicado. El caso de homicidios es notable: 3 de cada 100 homicidios es cometido contra

un ciudadano venezolano. Como ha advertido la FIP, es posible que parte del incremento en el número de víctimas venezolanas esté relacionado con los ingresos masivos de migrantes en los años inmediatamente previos.

Tabla 1. Porcentaje de víctimas venezolanas frente al total nacional enero-septiembre 2018 vs. enero-septiembre 2019 Año

Delitos sexuales

Violencia intrafamiliar

Homicidios

Hurto a personas

Lesiones personales

2018

0,34 %

0,28 %

1,69 %

0,50 %

0,81 %

2019

0,60 %

0,66 %

3,25 %

0,90 %

1,96 %

Fuente: Elaboración FIP a partir de registros administrativos de SIEDCO (2018-2019).

La captura y reclusión de venezolanos también ha aumentado. Hasta el 16 de octubre del 2019, se han registrado 10.691 capturas de población venezolana en el país, en comparación con 7.232 capturas registradas en el 2018. Los tres principales delitos en los cuales se concentra el 63 % de la captura de venezolanos en el 2019 son hurto a entidades comerciales, hurto a personas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes5. Por su parte, hasta el momento se encuentran recluidos 1.276 ciudadanos venezolanos en Colombia, por lo que pasaron de representar el 0,61 % de la población carcelaria a finales del

2018 a, 1,02 % en el 2019. De acuerdo con Migración Colombia (2019), hasta el 31 de agosto del 2019 había 1.488.373 venezolanos radicados en Colombia, lo que equivale al 3 % de la población colombiana6, lo cual está 2,3 puntos porcentuales por debajo de la participación de capturas y 2 puntos porcentuales por encima de la participación en reclusos. No parece haber una relación significativa entre la radicación de población venezolana y la captura y reclusión de venezolanos en Colombia, y las proporciones de venezolanos capturados y reclusos continúan siendo muy bajas.

De acuerdo con Migración Colombia (2019), hasta el 31 de agosto del 2019 había 1.488.373 venezolanos radicados en Colombia.

Tabla 2. Capturas de venezolanos y reclusos venezolanos en Colombia 2015-2019

Año

Capturas de venezolanos

% capturas de venezolanos en el total nacional

Reclusos venezolanos

% de venezolanos en total nacional de reclusos

2015

433

0,17 %

235

0,20 %

2016

726

0,30 %

288

0,24 %

2017

2.069

0,85 %

401

0,35 %

2018

7.232

2,99 %

721

0,61 %

2019

10.691*

5,30 %

1.276**

1,02 %

Fuente: Elaboración FIP a partir de registros administrativos de SIEDCO e INPEC (2015-2019). *Actualizado hasta el 30/09/2019. **Actualizado hasta el 5/11/2019.

5. El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes concentró un 23 % de las capturas de venezolanos hasta octubre del 2019. Por su parte, los hurtos a entidades comerciales y hurtos a personas concentraron un 40 % (es decir, 20 % para cada

delito) de las capturas de venezolanos en el mismo periodo.

venezolanos es del 3,08 %; si se utiliza la proyección de población del 2019 del DANE (50.374.478), la proporción es del 2,95 %.

6. Si se utiliza como denominador la población del 2018 del censo nacional (48.258.484), la proporción de

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(…) las proporciones de venezolanos capturados y reclusos continúan siendo muy bajas.

7. Acción tomada por las alcaldías de Bogotá, Cúcuta y Maicao. 8. Decretada por la Alcaldía de Villa del Rosario a partir del Decreto 030 del 2019.

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Medidas temporales: política pública y respuestas institucionales para atender la población venezolana En materia de política pública y estrategias de atención a la población venezolana, se ha fortalecido la respuesta institucional a nivel nacional y local para atender las necesidades de la migración venezolana. Durante el 2018, el Gobierno nacional creó la Gerencia de Frontera e implementó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, además de autorizar la instalación de centros de atención al migrante, diseñar protocolos de protección a menores y reunificación familiar, y permitir el acceso a educación preescolar, básica y media para migrantes. De igual forma, en noviembre de ese año el Gobierno expidió el documento CONPES 3950, que establece estrategias de atención en salud, educación, infancia y adolescencia, trabajo y vivienda para la población migrante venezolana. A nivel local, varias administraciones han implementado centros de atención integral (CAI)7 para población migrante o colombianos retornados o han decretado calamidades públicas8. Sin embargo, estos esfuerzos se limitan a proponer medidas temporales que dejan de lado elementos estructurales. El documento CONPES propone implementar una estrategia contra la trata de personas en la cual el Ministerio del Interior aspira a realizar trece procesos de asistencia en los próximos tres años, y una estrategia contra el contrabando de combustibles que se limita a una revisión mensual por parte del Ministerio

de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda de los volúmenes máximos de combustibles subsidiados en zonas fronterizas (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pp. 97-98). Por su parte, la construcción de CAI y las declaratorias de estados de conmoción o emergencia no constituyen esfuerzos efectivos o sostenibles en el tiempo orientados a identificar, prevenir y mitigar amenazas a la seguridad o convivencia ciudadana, ni a responder a las múltiples necesidades económicas y sociales de la migración masiva venezolana. Conclusiones • En lo corrido del 2019, la entrada de venezolanos ha disminuido, pero la concentración y composición en cuanto a ciudades receptoras se han mantenido relativamente estables. Se destaca la disminución de entradas de venezolanos por puestos de control migratorios terrestres fronterizos en Cúcuta y Maicao, y el aumento de entradas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. • Se mantienen las conclusiones de la FIP en sus estudios previos, en las que la migración venezolana no parece ser un factor que afecta la seguridad ciudadana. Si bien ha aumentado el número de capturas y reclusos venezolanos, estos números siguen siendo muy bajos y no parecen tener una relación significativa con la radicación de población venezolana en el país. En paralelo, aunque los cinco delitos contemplados presentan

(…) Se destaca la disminución de entradas de venezolanos por puestos de control migratorios terrestres fronterizos en Cúcuta y Maicao, y el aumento de entradas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. reducciones a nivel nacional, las víctimas venezolanas de cada delito han incrementado. • Dada la heterogeneidad y complejidad de la migración venezolana, es necesario diseñar e implementar una política pública que

trascienda medidas temporales y que, de manera integral y articulada, aborde los elementos estructurales para la protección de los derechos de la población migrante venezolana en el país. Las estrategias para

la atención de la migración venezolana deben constituir una oferta económica y social para prevenir que los migrantes se conviertan en víctimas de estigmatización, marginalización y criminalización.

Referencias Alcaldía de Villa del Rosario (11 de febrero del 2019). Por medio del cual se declara situación de calamidad pública en el municipio de Villa del Rosario, para realizar acciones humanitarias en la zona de frontera con la República Bolivariana de Venezuela [Decreto 030 del 2019]. Recuperado de https://villadelrosarionortedesantander. micolombiadigital.gov.co/sites/ villadelrosarionortedesantander/content/ files/000314/15684_decreto-calamidadpublica-2019.pdf. Azicri, M. (2009). The Castro-Chávez alliance. Latin American Perspectives, 36(1), 99-110. Baker, S. R. (2015). Effects of immigrant legalization on crime. American Economic Review, 105(5), 210-213. Castillo, J., Ayala, S., Prada, T., Ocampo, D., Cajiao, A., Lleras, M. E., Rubio, G., Silva, A. & Zárate, L. (2018). Seguridad ciudadana y migración venezolana. Análisis exploratorio. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/ website/migracion-final.pdf. Castillo, J., Ayala, S., Rubio, G., Silva, A. & Zárate, L. (2019). Seguridad ciudadana y migración venezolana. Documento de seguimiento n.° 1. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/ FIP_MigracionVOL2_Final_V1.pdf.

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La salud de los migrantes venezolanos en Colombia:

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un reto inminente

Colombia está atravesando la crisis migratoria más grave en toda su historia. A raíz de la crisis política y económica en la que se encuentra sumergida Venezuela, en tan solo un año la migración venezolana en el país se ha quintuplicado. Según Migración Colombia (2018) en mayo del 2017 se encontraban en el territorio nacional 171.783 migrantes, mientras que en septiembre del 2018 ya eran 1.032.016 migrantes (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Por esta alta afluencia migratoria e incluso desde sus inicios en años pasados, el Gobierno colombiano ha decidido tomar distintas medidas para contrarrestar la crisis. 46

Felipe Arrieta Estudiante VIII semestre Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales manuel.arrieta@est.uexternado.edu.co Lucía Fillippo Estudiante VIII semestre Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales lucia.fillippo@est.uexternado.edu.co Rosario Torres Estudiante VIII semestre Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales rosario.torres@est.uexternado.edu.co

Estas estrategias fueron consolidadas por medio del CONPES 3950 del 2018, en el cual se abordan líneas de acción de forma multisectorial. Uno de los sectores priorizados fue el sector de la salud. Esto no solo se debe a que es un derecho consignado por la Constitución Política de Colombia en su artículo 49, sino también a que, según la Sentencia T-180 del 2013, es el Estado quien «prestará la dirección, coordinación y control [del sector] bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley». A partir de lo anterior, es posible afirmar que es el Estado quien debe asegurarse de que todas las personas que se encuentren en Colombia tengan una prestación efectiva y eficiente del servicio de salud. Entendiéndose esta como «un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (Organización Mundial de la Salud, 2006). Según el Departamento Nacional de Planeación (2018) «solo el 3 % de la población migrante del total estimado para 2018 se encuentra asegurada en salud y el 5 % de la población estimada para 2018 se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad

(…) en tan solo un año la migración venezolana en el país se ha quintuplicado. Social en Salud» (p. 47). Datos preocupantes si se tiene en cuenta que, en los territorios de acogida, el papel del Estado en materia de atención en salud a migrantes no ha mitigado los eventos que se han generado a raíz de la migración venezolana. Por esta razón, es pertinente preguntarse ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de los lineamientos de política pública en materia de salud plasmados en el CONPES 3950 para la atención migrante proveniente de Venezuela? Ante lo cual el presente artículo plantea que, si bien el CONPES 3950 establece líneas de acción que pretenden fortalecer la institucionalidad en materia de salud para dar una oportuna atención e integración a la población migrante venezolana, estos lineamientos carecen de una articulación con lo consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, sumado a una insuficiencia estructural en cuanto a temas como la desnutrición y el

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enfoque diferencial para población en condición de vulnerabilidad. El CONPES 3950 establece líneas de acción que pretenden fortalecer la institucionalidad en materia de salud para dar una oportuna atención e integración a la población migrante venezolana. En su primera línea de acción se estipula que identificará las necesidades de oferta para la prestación de servicios en territorios afectados por el fenómeno migratorio con el fin de fortalecer la capacidad instalada en infraestructura, talento humano y dotación biomédica. Dicha identificación permitirá el efectivo desarrollo de la segunda y tercera línea que pretenden atender, oportuna y eficazmente, a la población migrante que desee pertenecer al sistema de salud colombiano y mejorar la capacidad de respuesta de los territorios de acogida. Esto se realizará mediante la articulación del Gobierno nacional central y local. Con un trabajo conjunto entre las distintas entidades, ambos lograrán establecer cifras realistas y, por tanto, políticas específicas pertinentes al contexto específico del cual se trate. Este trabajo conjunto es vital, dado que las dimensiones del problema exceden la capacidad administrativa de cualquier entidad del orden municipal o departamental. Si bien el CONPES 3950 es un avance valioso en materia de atención contra la crisis migratoria que está viviendo Colombia, su formulación tiene ciertas deficiencias. La primera de estas, y tal vez la más evidente, es que en lo referido al sector salud hay muy poca articulación

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Si bien el CONPES 3950 es un avance valioso en materia de atención contra la crisis migratoria que está viviendo Colombia, su formulación tiene ciertas deficiencias.

(…) 1.647 millones representan el 0,00000000082 % del presupuesto de salud.

entre las estrategias planteadas por este documento y los retos y estrategias definidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en su capítulo de «Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos». Lo anterior, debido a que en la totalidad de este plan no se menciona una estrategia que articule lo estipulado por el CONPES en materia de atención a población migrante. Tal falta de sincronía puede suponer obstáculos para la implementación de las acciones necesarias para atender de forma integral a los migrantes venezolanos, máxime cuando buena parte de la atención tiene costos económicos que, para

(…) a pesar de los aciertos, los lineamientos fijados son ambiguos y no parecen seguir una lógica de atención a una crisis humanitaria. fondearlos, requieren recursos del Presupuesto General de la Nación y que deben ser coherentes con los sistemas de indicadores fijados por el Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma, los lineamientos para la atención en salud excluyen por completo temas que ganan relevancia por la coyuntura, tales como la atención especial a personas que ingresan al país con estados avanzados de desnutrición; las políticas de salud sexual y reproductiva, sobre todo en temas tan delicados como los embarazos no deseados y la propagación de enfermedades de transmisión sexual; la priorización en la atención de la población en condición de vulnerabilidad, tales como los adultos mayores, personas con discapacidad diversa y primera infancia. Finalmente, en materia de recursos previstos para la implementación de las estrategias en salud para la población migrante definidas por el CONPES 3950, la cantidad que se pretende asignar es asombrosamente baja. Para su implementación se contemplan 193 millones para el año 2018 y apenas 1.647 millones para la suma de los cuatro años de implementación (del 2018 al 2021), respecto a la totalidad de la apropiación anual del 2019, que es de 19.872.584.035.500 (Departamento Nacional de Desarrollo, 2019).

Lo anterior quiere decir que 1.647 millones representan el 0,00000000082 % del presupuesto de salud. Es evidente que, para atender un fenómeno migratorio de la magnitud del que se está viviendo, hacen falta muchos más recursos de los estimados, y más aún, teniendo en cuenta que la prestación adecuada del servicio de salud tiene unos costos que suelen ser muy elevados. Desde luego que, en un país con la realidad social y fiscal como la de Colombia, existen inflexibilidades del presupuesto y limitaciones al gasto muy importantes; sin embargo, vale la pena resaltar que la planeación adecuada del gasto hace que se eviten costos mayores en el largo y mediano plazo. En otras palabras, gastar lo adecuado para la atención en salud de la población migrante supone evitar problemas mayores que puedan llegar a tener en el futuro con relación a costos económicos y humanitarios mucho más imperativos. En conclusión, en materia de atención en salud, es pertinente resaltar y reconocer el esfuerzo que el Gobierno está haciendo en la identificación e inscripción al sistema de salud para población migrante venezolana. Sin embargo, a pesar de los aciertos, los lineamientos fijados son ambiguos y no parecen seguir una lógica de atención a una crisis humanitaria.

Referencias Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión de Tutelas (2 de abril del 2013). Sentencia T-180-13 [MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]. Departamento Nacional de Planeación (2018). Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela. Documento CONPES 3950. Bogotá D. C.: DNP. Migración Colombia (2018). Información general sobre venezolanos. Recuperado de http://www.migracioncolombia.gov.co/ venezuela/Todo%20sobre%20Venezuela.pdf. Organización Mundial de la Salud (2006). Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Documentos Básicos, (45), 1-18. Recuperado de https://www.who.int/ governance/eb/who_constitution_sp.pdf. Departamento Nacional de Planeación (2019). Plan Nacional de Desarrollo (20182022). Recuperado de https://www.dnp. gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-deDesarrollo.aspx. Sistema de Vigilancia Epidemiológica (2018). Boletín Epidemiológico Semanal. Recuperado de https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2019%20 Bolet%C3%ADn%20epidemiológico%20 semana%205.pdf.

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Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

Nos complace tener, en este dosier sobre la situación actual de Venezuela, la opinión de dos expertos en política internacional con énfasis en América Latina, pertenecientes a nuestra casa de estudios; nuestro editor invitado, Germán Romero, les plantea las mismas preguntas, esto nos respondieron:

Aldo Olano, Ph. D. Docente investigador - OASIS Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales aldo.olano@uexternado.edu.co

Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y maestro en Ciencia Política con énfasis en Política Comparada de los Países Andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también en Ecuador. Remontándonos un poco a la historia política y social de Venezuela, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido las razones que han llevado al colapso del sistema económico y político de este país? La actual crisis venezolana es la fase terminal de un sistema que reúne lo económico, lo político y lo social que, para no irnos tan atrás en sus causas, se organizó sobre la base de la extracción de una materia prima desde inicios del siglo XX: el petróleo. Venezuela es la cuasi perfección del extractivismo en sus distintas

facetas y momentos, allí se nota la cooptación del Estado por distintas elites que lo han utilizado para su enriquecimiento personal. Distintas coaliciones que, gobernando de manera autoritaria o democrática, lo han administrado en función de sus intereses, eso sí considerando también la satisfacción de sus amplias clientelas. Antes las clases medias y el proletariado fabril y petrolero durante el Punto Fijo, por ejemplo, mientras que hoy son importantes sectores de las clases populares urbanas las principales receptoras de lo que el Estado reparte.

La historia de Venezuela nos muestra que, independientemente del régimen político o del tipo de gobernante, el petróleo siempre se utilizó de manera muy generosa en las actividades del Estado a través de instituciones que se fueron creando con inusitada eficiencia en el país entero. El Estado expande sus actividades como siempre lo ha hecho en épocas de prosperidad, y entre ellas se destacaron las que siempre son muy apetecidas en el sistema extractivista: la construcción de infraestructura que haga ver la grandeza y prosperidad del país que, una vez más, está renaciendo bajo la acertada dirección de sus líderes. Como es bien sabido, antes fueron los militares al servicio de la oligarquía o los barones de las elites ilustradas quienes alentaron todo ello, mientras que ahora, según el discurso de la nueva elite, es por su intermedio que el pueblo realmente gobierna y lo hace en función de sus intereses.

Creo que la proyección regional de la llamada revolución bolivariana ha generado alarmas infundadas y temores sin mucho sentido.

¿De qué manera esto ha afectado a la región? Creo que la proyección regional de la llamada revolución bolivariana ha generado alarmas infundadas y temores sin mucho sentido. La supuesta expansión castrochavista tiene desde hace algunos años un férreo opositor en Colombia, y eso ha servido para que candidaturas progresistas hayan sido derrotadas de manera frecuente. En Perú sucedió algo parecido en sucesivos procesos electorales, y Macri en Argentina, aunque ya está de salida, se explica por esa relación que los Kirchner establecieron con el

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El chavismo desde sus orígenes pensó, al igual que quienes los precedieron, que el Estado bolivariano debía ser el agente transformador de la economía y de la sociedad (…). chavismo. Brasil justifica su giro a la derecha actuando contra el actual Gobierno venezolano en diferentes foros hemisféricos, mientras que Rafael Correa en Ecuador, aunque fue un aliado en muchas cosas, alguna distancia marcó con el proyecto bolivariano, manejo de la economía, por ejemplo. Venezuela con el chavismo ha sido un actor político regional del que debemos seguir dando cuenta por la influencia que, para bien o para mal, aún mantiene. ¿Considera que el chavismo, como fuerza emergente de izquierda en su momento, hubiera podido subsanar el resquebrajamiento del modelo de Estado nación vigente en ese momento histórico? Distintos analistas venezolanos lo definen como quienes perfeccionaron el petro-Estado nación, dándole forma a una versión más popular de lo que fue el Estado venezolano durante el siglo XX. La importancia de esta definición es que el recurso por decisión política le pertenece a la nación-pueblo y el Estado está en la obligación de prácticamente regalárselo. Así sucedió con la modernización de las tres primeras décadas del siglo pasado, el desarrollismo entre 19501985 y lo que va corrido del siglo XXI. El chavismo desde sus orígenes pensó, al igual que quienes los precedieron, que el Estado bolivariano debía ser el agente transformador de la economía y de la sociedad, y para ello maximizó la utilización de los recursos generados por el petróleo, incitando e incrementando de manera bastante irresponsable,

a mi modo de ver, el consumo de la población. Fue, sobre todo, una revolución que direccionó el logro del bienestar del pueblo-nación, subsidiando la adquisición de productos manufacturados, los cuales sabemos son, en su absoluta mayoría, de origen importado. Súmele a ello el estímulo perverso de la gasolina regalada para la compra de automóviles de alto consumo, así se hizo inviable una transición energética o una diversificación productiva, puesto que jamás pensaron invertir en agricultura o industria a pequeña escala. Durante el boom petrolero de la década pasada, los dólares abundaron en cantidades pocas veces vistas y se utilizaron para reforzar una forma de vida que hoy día ya no es posible alcanzar, menos con dinero que se obtiene de la exportación de petróleo.

Lo que se viene planteando con el Arco Minero del Orinoco será un crimen ambiental de grandes magnitudes (…). El proceso es fallido si analizamos que hoy en día se convive con una riesgosa crisis ecológica global; el cambio climático es una de sus manifestaciones, propiciando el uso de combustibles de origen fósil y búsqueda incesante de materias primas que se siguen viendo como el medio para satisfacer las ganancias de las elites y la subsistencia de su clientela. Lo que se viene planteando con el Arco Minero del Orinoco será un crimen ambiental de grandes magnitudes, pues la salida que propone el actual Gobierno para darle continuidad financiera a su revolución es con la explotación a gran escala de oro, diamantes, coltán, bauxita, más otros minerales. Una barbaridad. ¿Cómo caracteriza la política exterior colombiana hacia la región en los últimos dos Gobiernos? ¿Ha sido

coherente? ¿Si lo ha sido, corresponde a nuestros intereses? ¿Ha sido diseñada con un interés cortoplacista o, por el contrario, ha definido metas de largo plazo? La política exterior ha sido ambigua y sometida a los vaivenes de la política local. Cuando se necesitó un respaldo internacional para la negociación con las FARC, se recurrió a Venezuela y Cuba como representantes del campo progresista, y cuando se requirió desbaratar los acuerdos alcanzados con la guerrilla para así legitimar el giro a la ultraderecha, entonces se buscaron aliados en Chile, Argentina y Brasil más el acercamiento por medio de la siempre peligrosa subordinación a Estados Unidos, ahora bajo el Gobierno de Donald Trump. Ha sido coherente en la medida que responde a la visión de mundo que tienen quienes gobiernan

y de los intereses que influyen en la toma de decisiones, lo cual conduce a una política carente de principios. No creo que existan unos intereses comunes que involucren a la mayor parte de la clase política o al conjunto de la sociedad, pues los que orientan esta política son los de la elite gobernante. Espero que algún día haya otro tipo de principios que orienten la política exterior y que no sean solo los de una elite que vive bastante alejada de lo que necesita el Estado colombiano en su relacionamiento internacional. ¿Cuál ha sido el abordaje que ha tenido la Cancillería con relación a la situación política y humanitaria en Venezuela en la actualidad? ¿Difiere este del sostenido en el Gobierno anterior? De ser así, ¿en qué sentido lo hace? Me parece que ha sido un abordaje mediado más por razones políticas de orden interno que por razones humanitarias o dirigidas a restablecer la democracia en el vecino país. Era una forma de vender la amenaza castrochavista como justificativo para que los electores a escala local tomen decisiones con las cuales se legitime el accionar a nivel regional, por medio de una política dirigida al aislamiento de la actual dictadura venezolana. No hay sinceridad, sino un manifiesto deseo de manipular los sentimientos de una población que vio lo sucedido en Venezuela, como algo posible y realmente no deseable para Colombia.

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Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

Martha Ardila, Ph. D. Coordinadora - OASIS Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales martha.ardila@uexternado.edu.co

Politóloga y Ph. D. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es profesora investigadora y editora de la revista OASIS del CIPE de la Universidad Externado de Colombia.

¿Cómo caracteriza la política exterior colombiana hacia la región en los últimos dos Gobiernos? ¿Ha sido coherente? ¿Si lo ha sido, corresponde a nuestros intereses? ¿Ha sido diseñada con un interés cortoplacista o, por el contrario, ha definido metas de largo plazo? Es una política que la caracterizo de acomodamiento pragmático y/o ideológico. No tiene metas de largo plazo ni estrategias claras y coherentes. Santos trató de diversificar la agenda geográfica y temática, mientras que con Duque se observa una «venezualización» de las relaciones internacionales. Históricamente, la política exterior colombiana ha estado muy ligada a los Estados Unidos. De ahí que se haya venido hablando de un respice pollum, que consiste en una alianza estratégica con ese país. López Michelsen se refirió a un respice simillia , es decir, mirar a los países semejantes. Pero siempre nuestro referente han sido los Estados Unidos, y de ahí se deriva la relación con el resto del mundo. Hoy en día con la administración Duque se tiene una alianza muy estrecha con ese país. ¿Considera que Colombia ha sido importante en las negociaciones multilaterales como las de la OEA y Barbados? En la OEA sí, pero en Barbados no ha sido tenido en cuenta.

Para Colombia, la OEA ha sido un organismo multilateral prioritario. Temas como seguridad, drogas y derechos humanos han ocupado un lugar prioritario en este organismo multilateral. Por otra parte, el excanciller Carlos Holmes Trujillo fue embajador ante dicho organismo, lo cual llevó a que le diera gran prioridad. De ahí nació el Grupo de Lima y todo el liderazgo fallido que el país ejerció frente a Venezuela y el tema migratorio. ¿Cuál ha sido el abordaje que ha tenido la Cancillería con relación a la situación política y humanitaria en Venezuela en la actualidad? ¿Difiere este del sostenido en el Gobierno anterior? De ser así, ¿en qué sentido lo hace? Frente a Venezuela se observan varios elementos: 1) Una triangulación de la relación Colombia - Estados Unidos - Venezuela. 2) Una política de desinstitucionalización y desestabilización frente a Venezuela. Se han cerrado consulados. No hay embajador de Colombia en ese país. Y se nutre de la presencia que ejercen venezolanos de la oposición en nuestro territorio. 3) Apoya la llegada de venezolanos a Colombia. Ha buscado crear un cerco diplomático en contra de Nicolás Maduro. Utiliza un lenguaje provocador e ideologizado. 4) Se observa un cambio de paradigma frente a la anterior administración.

Históricamente, la política exterior colombiana ha estado muy ligada a los Estados Unidos.

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Dosier: Venezuela: entre el colapso interno y la desprotección internacional

La dependencia del petróleo ha perjudicado a Venezuela, obstaculizando la creación de una industria propia. Remontándonos un poco a la historia política y social de Venezuela, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido las razones que han llevado al colapso del sistema económico y político de este país y de qué manera esto ha afectado a la región? Venezuela siempre fue catalogada como una de las democracias más estables de la región y su población, fuertemente beneficiada del petróleo, obtuvo grandes beneficios como, por ejemplo, las becas Mariscal de Ayacucho que sirvieron para formar en universidades extranjeras a muchos venezolanos. La dependencia del petróleo ha perjudicado a Venezuela, obstaculizando la creación de una industria propia. Colombia fue un gran exportador de productos con valor agregado y tenía inversiones en ese país, que fueron disminuyendo a partir del 2008, cuando lo político empezó a afectar la relación económica. Malestar de la población, altos índices de corrupción, pugnas interpartidistas, entre otras, llevaron en el año de 1999 a Hugo Chávez al poder, quien lideró iniciativas internas y externas muy importantes en un momento en el que los precios del petróleo eran altos. Creó el ALBA1, Petrocaribe, y tuvo grandes iniciativas a nivel regional internacional. Fortaleció e integró esa nueva izquierda latinoamericana, con apoyos externos tan importantes como el de Rusia, China, y

1. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

en la región, Cuba, país al que le suministra 100.000 barriles de petróleo diarios. No obstante, Venezuela perdió apoyo en la región y esa nueva izquierda que lo apoyó ha venido debilitándose, en gran medida, por los cambios de jefes de Estado. Pero, también, porque los demás países cuestionan la falta de gobernabilidad e institucionalidad democrática en el vecino país. ¿Considera que el chavismo, como fuerza emergente de izquierda en su momento, hubiera podido subsanar el resquebrajamiento del modelo de Estado nación vigente en ese momento histórico? No sé. Le faltó un equipo más inclusivo, con un mayor apoyo de actores internos y de diversos sectores de la sociedad. Tuvo un discurso muy ideologizado y retórico.

En su criterio, ¿cuáles han sido las mayores fallas de las políticas migratorias, a nivel regional, establecidas con relación al éxodo masivo de venezolanos? ¿Cree usted que se pueda hablar de una gobernanza regional para las migraciones dentro del sistema interamericano? De no ser así, ¿cuáles serían esas condiciones que deberían requerirse para que tal situación se dé? Inicialmente, Colombia ejerció un liderazgo en materia migratoria y lo hizo principalmente en el Grupo de Lima. Colombia no ha recibido apoyo para manejar el tema migratorio. Lo suministrado por algunos países europeos, como Bélgica, España, y otros miembros de la Unión Europea, no es suficiente. La polarización e ideologización dificultan construir una gobernanza regional en materia

migratoria. Colombia no ha logrado «convencer» a otros países. Por otra parte, a nivel interno se observa falta de coordinación frente al tema migratorio y un mayor compromiso de actores locales que brinden facilidades para la inserción laboral de la población venezolana. Adentrándonos en nuestro país, ¿cuáles cree que han sido los mayores aciertos y las grandes falencias del Gobierno anterior y del actual frente al tratamiento de la migración venezolana a Colombia? Tanto Santos como Duque han hecho un gran esfuerzo por acoger a los inmigrantes venezolanos. Sin embargo, falta coordinación entre las diferentes instancias encargadas del tema, un mayor involucramiento y apoyo económico tanto del sector empresarial como de los venezolanos que llegaron hace tiempo a nuestro territorio.

La polarización e ideologización dificultan construir una gobernanza regional en materia migratoria.

Debería haber un mayor involucramiento de los venezolanos que llegaron ya hace tiempo a nuestro territorio. ¿Qué debería hacer el Gobierno para garantizar la seguridad del territorio nacional sin causar detrimentos a los derechos humanos de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país tanto de manera regular como irregular? Tener una mayor coordinación en sus acciones, involucrar actores diferentes al Estado, y mejorar la institucionalidad en la relación con Venezuela. Se requiere de una estrategia para la inserción laboral de los venezolanos. Se observa una ausencia de estrategia integral frente al tema migratorio. Debería haber un mayor involucramiento de los venezolanos que llegaron ya hace tiempo a nuestro territorio. ¿Qué opinión le merecen los campamentos de venezolanos apoyados por el Acnur2 en el país? Son un gran esfuerzo por parte de las Naciones Unidas.

2. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Imagomundi 58 Paula Ximena Ruiz: La estrategia de cooperación Sur-Sur china: ideas para América Latina 68 Eliana Paola Pineda: Intereses comerciales, en el ADN de la cooperación 74 Juan Jaramillo: Más proyectos de cooperación para conservación con menos políticas ambientales eficientes

82 Sebastián Moreno: Cooperación Sur-Sur: una ventana de oportunidad hacia una integración regional en América Latina y el Caribe

La estrategia de cooperación Sur-Sur china:

ideas para América Latina La creciente presencia de China en diversos asuntos internacionales es un tema que despierta gran interés académico y político en América Latina. Entender su acelerado auge económico, así como su inserción en proyectos de cooperación para el desarrollo, es objeto de amplios debates y análisis en diversos escenarios. Durante la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación SurSur (CSS) celebrada en Argentina en marzo del 20191, se hizo evidente cómo los países de la región vienen propiciando encuentros, tanto bilaterales como regionales, que les permiten aproximarse a este nuevo socio, al que sin duda necesitan entender mejor, para aprovechar las ventajas que esta relación pueda generarles.

1. Este artículo es realizado con base en la participación de la autora como representante de la academia durante la conferencia los días 20 a 22 de marzo del 2019.

Paula Ximena Ruiz2 Doctoranda en Estudios Políticos Universidad Externado de Colombia paula.ruiz@uexternado.edu.co

Partiendo de lo anterior, este artículo analiza algunos elementos de la inserción china dentro de la nueva arquitectura de la cooperación para el desarrollo por medio de la CSS, con el propósito de brindar algunas explicaciones que, en el futuro, permitan profundizar en este tema. Por lo tanto, para conocer el caso de China, no solo resulta necesario observar el acelerado ritmo de su ascenso dentro de la economía

mundial, sino también la retórica que acompaña cada una de sus decisiones, mostrándose como un actor pragmático y al mismo tiempo tradicionalista, con una política exterior de soft balancing 3, pero también realista a la hora de defender sus intereses nacionales4. En tal sentido, China ha desarrollado diversas estrategias en materia de política exterior que se han acompañado tanto de enormes

2. Docente investigadora asociada al Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. 3. Una expresión propia del estudio de las relaciones internacionales que no es de interés profundizar en este artículo, pero que se utiliza siguiendo la argumentación propuesta por Morazán, Knoke, Knoblauch y Schäfer (2012), quienes señalan que la estrategia de las economías emergentes, tales como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), es ejercer influencia en espacios de gobernanza global basados en este tipo de contrapunteo, en el cual las ideas sobre CSS y desarrollo se vuelven cada vez más relevantes como estrategias de inserción, como lo ejemplifica el caso de China. 4. En especial cuando utiliza el poder de veto que le otorgó la Carta de las Naciones Unidas como uno de los cinco países poderosos dentro del Consejo de Seguridad. Luego de la Segunda Guerra Mundial «a los cinco grandes se les otorgó un poder de voto especial, conocido como el poder de veto. Se acordó que, en caso de que uno de los cinco grandes ejerciera su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, la resolución o decisión no se aprobaría» (Consejo de seguridad de la ONU, s. f.).

Imagomundi (…) los aportes que el Gobierno chino le ha hecho a la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (…) han representado el 45 % del total de sus fondos. 5. Propuestos por China, India y Birmania en 1954, que después fueron adoptados durante la Conferencia de Bandung (1955), en la actualidad son la esencia de los principios bajo los que se enmarca la CSS: 1. respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial; 2. no agresión mutua; 3.no injerencia en los asuntos internos; 4. igualdad y beneficio mutuo; 5. coexistencia pacífica. 6. Según el informe publicado en el 2017 por la UNOSSC, entre el 2009 y el 2016, los aportes de China alcanzaron los US$9,5 millones de un total de US$21,0 millones recibidos en total dentro del mismo periodo. Para más información véase el informe completo en UNOSSC (2017). 7. En el marco del sexto encuentro de los BRICS, el bloque de países aprobó, mediante la Declaración de Fortaleza (2014), la creación del Nuevo Banco para el Desarrollo de los BRICS, que «en la actualidad concentra el 42 % de la población mundial y su participación total en la economía mundial ha experimentado un crecimiento del 12 % al 23 % en la última década» (Aróstica, 2018, párr. 1). 8. Un interesante resumen sobre los objetivos de la iniciativa, así como el mapa que ilustra los seis corredores económicos y la nueva ruta de la seda marítima, ha sido elaborado por el Barcelona Centre for International Affairs (2018, p. 31). 9. Expresión que Domínguez (2018) toma de Yan (2016), la cual se refiere a la presencia de los postulados de la teoría realista de las relaciones internacionales en la que prevalecen los intereses nacionales de los Estados, pero que, al mismo tiempo, integra elementos del neoliberalismo institucional, en especial por la importancia que le da a las organizaciones internacionales y a la creación de regímenes internacionales, y que se integra con la visión neogramsciana de la teoría crítica.

sumas de dinero como de un sólido y claro discurso, enmarcado en los cinco principios de su coexistencia pacífica 5, los cuales fortalecen su presencia mediante una estructura ideacional que, hasta cierto punto, justifica moralmente la mayor participación e influencia del Gobierno chino en una amplia gama de tópicos, los cuales van desde la agenda para el desarrollo hasta los asuntos económicos, financieros y comerciales del mundo entero. Como parte de su interés por fortalecer su presencia en escenarios multilaterales, pueden mencionarse, por ejemplo, los aportes que el Gobierno chino le ha hecho a la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC, por sus siglas en inglés)6, que han representado el 45 % del total de sus fondos, o su fuerte rol como prestamista en bancos regionales, como el Nuevo Banco para el Desarrollo de los BRICS7, e incluso, lo que constituye una de sus más ambiciosas apuestas: el diseño, promoción, cofinanciación y construcción del proyecto económico y de infraestructura comercial como lo es la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (Belt and Road Iniciative)8. Acciones que podrían muy bien enmarcarse en lo que algunos autores denominan una especie de «realismo moral» (Domínguez, 2018)9, una caracterización que puede servir como marco explicativo para

entender la inserción de China en materia de cooperación internacional para el desarrollo, enfoque analítico que al mismo tiempo plantea interesantes preguntas sobre el creciente protagonismo chino como uno de los grandes voceros del Sur global, por medio de una nueva estrategia de CSS. El avance de China dentro de la cooperación internacional para el desarrollo Desde la década de los sesenta hasta casi el fin de la Guerra Fría, la cooperación internacional para el desarrollo estuvo marcada por las dinámicas de cooperación económica y para el desarrollo que provenían del Norte y que se implementaban e imponían en los países en desarrollo, o del Sur, por lo cual la cooperación durante

este periodo se caracterizó por ser netamente vertical, motivo por el que se le conoce como cooperación Norte-Sur (CNS), que fue principalmente de tipo financiero. Por más de medio siglo, la arquitectura de la cooperación para el desarrollo estuvo caracterizada por los lineamientos y la estructura institucional establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en especial desde el Comité de Ayuda al Desarrollo, desde donde se creó, promovió e impulsó el concepto de ayuda oficial para el desarrollo (AOD), que en términos generales, puede definirse como el intercambio de recursos económicos que los países del Norte otorgan a países en desarrollo categorizados o clasificados según su ingreso per cápita. Es decir, un indicador económico que permite medir el nivel de desarrollo de los países, una propuesta gestionada desde los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y, de cierta forma, avalada por las Naciones Unidas. No obstante, también fue un periodo para que los países del Sur repensaran su lugar en el sistema internacional y promovieran alianzas Sur-Sur con mecanismos de cooperación alternativos a la AOD, tales como la asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades locales que facilitaran la transferencia de conocimientos, tecnologías

y experiencias entre pares. Idea que se impulsó con el encuentro en Argentina en 1978, en donde se redactó el Plan de Acción de Buenos Aires; si bien este plan no tuvo mayor efectividad durante los años siguientes de su aprobación, sentó las bases para la construcción de lo que hoy se denomina la CSS. Con el fin de la Guerra Fría, el mundo experimentó profundas transformaciones en todos los campos, y entre ellos en el de la cooperación para el desarrollo, ya que desde diversas orillas ideológicas se cuestionó la eficacia tanto de la AOD como de todo el sistema de cooperación que se había construido durante décadas, como mecanismo idóneo para gestionar la cooperación para disminuir los niveles de pobreza de millones de habitantes. En este escenario de profundos cuestionamientos y

Imagomundi [China es] el arquitecto de uno de los proyectos más ambiciosos y visionarios en materia de cooperación, ingeniería, comercio, tecnología e infraestructura (…): la Belt and Road Iniciative. cambios, los países del Sur encontraron mayores espacios de participación y concertación, alrededor de una nueva agenda para el desarrollo, con base en su autonomía para definir sus propias metas de crecimiento social y económico, acordes con sus propias necesidades. Dentro del diverso grupo de países del Sur global, se empezaron a destacar Brasil, China e India, y unos años después, Sudáfrica, potencias regionales que, gracias a sus avances en materia económica y comercial, mejoraron su inserción en la economía mundial y se posicionaron paulatinamente en el escenario internacional con una destacada actividad política y, de cierta manera, como voceros del Sur. Durante la primera década del siglo XXI, los denominados países emergentes, donantes emergentes o potencias regionales transformaron el imperante sistema internacional de la cooperación para el desarrollo, planteando nuevos escenarios de concertación y negociación por medio de grupos a nivel internacional, como el G20; a nivel interregional, por medio de los BRICS, el Foro Trilateral IBSA (India, Brasil, Sudáfrica), entre otros, y por último, a nivel regional en aquellos procesos de integración que cada país impulsara dentro de sus respectivas regiones con miras a fortalecer alternativas para el desarrollo desde una visión más humana y sostenible, en las que se fortalecieran modalidades

complementarias a la CNS como la CSS y la cooperación triangular. Cada una de estas nuevas potencias emergentes despierta un interés particular tanto porque su posicionamiento en el sistema internacional es diferente como por la construcción de las relaciones con sus vecinos, e incluso, por los retos que enfrentan en materia social, que aunque compartidos por su marcada desigualdad, presentan causas que difieren de país a país. Por tanto, y por lo que interesa analizar en este artículo, puede afirmarse que el caso de China es el que mayor atención ha despertado. «La importancia de China como actor global es uno de los acontecimientos de mayor importancia en el proceso de aceleración de la globalización económica» (Bartesaghi, 2019, p. 5), que no solo es la segunda economía más grande del mundo, sino el arquitecto de uno de los proyectos más ambiciosos y

(…) el discurso que el Gobierno chino ha venido manejando alrededor del desarrollo pone en evidencia una relación dialéctica entre poder y conocimiento (…). visionarios en materia de cooperación, ingeniería, comercio, tecnología e infraestructura como lo es la ya mencionada Belt and Road Iniciative. Parte de la estrategia de inserción que el Gobierno chino ha gestionado de manera activa para los países en desarrollo se ha materializado en acciones puntuales en la implementación de la agenda global para el desarrollo, conocida como la Agenda 2030, mediante la cual en el 2015 se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). A lo largo de la última década, el discurso que el Gobierno chino ha venido manejando alrededor del desarrollo pone en evidencia una relación dialéctica entre poder y conocimiento, expresión que Bergamaschi y Tickner (2017) utilizan para analizar el proceso de construcción social de la CSS, pero que sirve para mostrar las características y la fuerza de la

argumentación china sobre su rol como socio para el desarrollo (Walz & Ramachandran, 2011). Todo lo anterior el Gobierno chino lo ha focalizado hacia el cumplimiento de los ODS, una agenda de la que parece cada vez un mayor abanderado, en especial con aquellos objetivos que, como el noveno, señalan la importancia que tiene la inversión en industria, innovación e infraestructura para el desarrollo económico de los países; el decimotercero sobre acción por el clima, bajo el reconocimiento de que el cambio climático afecta a todos los países, o el decimoséptimo sobre la necesidad de crear y fortalecer alianzas para alcanzar los objetivos como una apuesta dentro de un discurso de «cooperación gana-gana como núcleo» (Gobierno de China, 2016, p. 1), en el cual la CSS recobra un especial protagonismo gracias a la amplia cooperación financiera, económica y técnica que desde el Gobierno chino se ha venido dando a los países del Sur. En este orden de ideas, resulta interesante la hipótesis que plantea Domínguez (2018) sobre la nueva posición del Gobierno chino en esta materia, en la que cada vez más se hace evidente que el gobierno de Xi Jinping viene promoviendo una especie de sistema de cooperación para el desarrollo alternativo, desde y para el Sur global, que le haga contrapeso al sistema creado hace más de setenta años por medio de la estructura de la OCDE, impulsado y

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patrocinado por el Gobierno de los Estados Unidos. Por esto, resulta necesario continuar siguiéndole los pasos a China, más ahora con la reciente creación de la Agencia China de Cooperación para el Desarrollo en abril del 2018, vista por algunos autores como una alternativa para financiar el desarrollo (Rampinini & Fagaburu, 2018), y para otros, como parte de una estrategia mayor del Gobierno chino para mejorar su posicionamiento en regiones abandonadas por los actores tradicionales de la CNS como es el caso de África, América Latina y el Caribe (Walz & Ramachandran; Bartesaghi, 2019), donde la instrumentalización de mecanismos como

la CSS reaparece como una alternativa para expandir y/o afianzar relaciones bilaterales por medio de la financiación para el desarrollo. Breves insumos para América Latina Es más evidente y notorio el liderazgo chino en espacios dedicados a revisar el estado de la cooperación internacional para el desarrollo, en especial los de CSS como en la Segunda Conferencia de Naciones Unidas para la Cooperación SurSur (2019). El vicepresidente chino Hu Chunhua señaló que, para su gobierno, la CSS representa una oportunidad para lograr disminuir los desequilibrios existentes en el actual sistema internacional, por lo cual, desde la aprobación de los ODS en el 2015, China ha venido haciendo grandes inversiones para fortalecer la cooperación, en especial en el sector industrial, línea que tendrá continuidad. El creciente interés chino alrededor del fortalecimiento de la CSS obedece a una estrategia política que se acompaña de grandes inversiones económicas. Este hecho permite analizar la estrategia china como una alternativa de inserción hegemónica, y no solo del Sur, en la que instrumentos como la CSS pueden servir a sus intereses para

fortalecer mecanismos de financiación, que exponencialmente se acrecientan en diversas iniciativas, encaminadas a acciones puntuales para el desarrollo industrial de algunas regiones del Sur global, en el que China se perfile y posicione como un indiscutible vocero. Esto puede representar para la región de América Latina una gran oportunidad, si sabe cómo aprovechar tanto los recursos como las iniciativas que el Gobierno chino ha buscado implementar en la región desde hace algunos años, en los que ha hecho de la CSS una causa común para incentivar las relaciones con la región latinoamericana y cuyo principal reto se encamina a la coordinación de políticas para lograr sinergias en pro de ampliar la CSS a otras esferas del desarrollo social y económico, como infraestructura y mayor financiamiento a proyectos dirigidos a fortalecer el campo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el comercio digital. Podría decirse que se ha venido desarrollando una especie de cooperación caracterizada por ser lo que Walz y Ramachadran (2011) denominan el «modelo del Sur». Esta cooperación, a diferencia de la cooperación tradicional que practican los países de la OCDE, se basa en ideas de desarrollo diferentes a las

que por décadas se han construido desde las instituciones económicas y financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y hasta de cierta forma promocionadas por las Naciones Unidas, la cual agrega un fuerte discurso basado en lo que denomina «cooperación gana-gana como núcleo» (Gobierno de China, 2016). Ahondar en el grado de transformación que las relaciones Sur-Sur han tenido, más allá de explorar las relaciones en términos comerciales, sociales o políticos, demuestra que el componente moral se vuelve cada vez más importante dentro de las narrativas que justifican las intervenciones de los Estados en una región o en otra.

(…) el gobierno de Xi Jinping viene promoviendo una especie de sistema de cooperación para el desarrollo alternativo, desde y para el Sur global (…).

Imagomundi (…) el principal reto para América Latina [es] definir en bloque sus necesidades para aprovechar mejor las oportunidades que, para la región, pueda tener esta exponencial arremetida china en la CSS. Lo anterior, sin duda, también plantea contradicciones, porque, visto desde esta perspectiva, la CSS no es tan distinta a la búsqueda de intereses nacionales que se planteaban desde la CNS, en cuya dimensión política la CSS refuerza relaciones bilaterales y negociaciones multilaterales. No obstante, desde su dimensión técnica, es vista como un proceso para adquirir y desarrollar capacidades en el que hay un continuo aprendizaje entre las partes, pero su voz parece no solo representar a un pequeño grupo de países procedentes de Asia meridional, sino a un conjunto más amplio de países del Sur global provenientes de distintos rincones del mundo. Se plantea así como el principal reto para América Latina definir en bloque sus necesidades, para aprovechar mejor las oportunidades que, para la región, pueda tener esta exponencial arremetida china en la CSS. Sin embargo, de no ser así, porque no se logre un consenso, es previsible que China continuará actuando de manera bilateral, explorando nuevas alternativas para continuar negociando tratados de libre comercio como los que ya tiene con Chile, Costa Rica y Perú, por cuanto el discurso chino se encamina a dos grandes objetivos: 1) «Promover

el comercio de productos especializados, bienes con ventajas competitivas o de alto valor añadido, así como productos intensivos en tecnología» (Rampinini & Fagaburu, 2018, p. 156); y 2) «promover la cooperación monetaria a partir del Fondo de Cooperación China-América Latina, con préstamos en condiciones favorables, seguros y leasing financiero; como también promover, vía diferentes mecanismos de articulación comercial, la firma de más acuerdos comerciales» (Rampinini & Fagaburu, 2018, p. 156).

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Intereses comerciales,

en el ADN de la cooperación1

Desde el surgimiento de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD), al término de la Segunda Guerra Mundial, ha existido un reconocimiento generalizado, aunque no necesariamente público, de la importancia de la cooperación como herramienta que va más allá de los fines sociales, y que contribuye a alcanzar objetivos estratégicos de los Estados, bien sean políticos o económicos.

Bajo este contexto, el artículo busca profundizar en los vínculos existentes entre cooperación y las relaciones económicas entre países, a partir de una revisión de lo que se consideran hitos en este proceso y el análisis del escenario actual que se caracteriza por el empleo abierto de la cooperación como instrumento comercial. Si bien es predecible este escenario, dada la naturaleza de las relaciones entre países, el hecho de que haya sido camuflado mediante una retórica de tipo altruista puso a los países en desarrollo en una situación de «desventaja», por lo cual resulta positivo el surgimiento de una filosofía de «beneficio mutuo», promovida desde el Sur global, que les da herramientas a las naciones en desarrollo para garantizar su propio progreso.

Eliana Paola Pineda Pedroza Especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales eliana.pineda6@hotmail.com

Estados Unidos no fue el único país que empleó la cooperación como herramienta para preservar intereses económicos.

Prevalencia histórica del interés económico nacional En esta primera parte, se abordarán dos momentos históricos fundamentales para la cooperación que, pese a su trascendencia, no estuvieron menos expuestos a los vínculos antes planteados, por el contrario, son dicientes respecto a la imposibilidad de separar el interés económico nacional de las relaciones entre países. Conviene comenzar refiriéndose al plan Marshall, primer programa de AOD, en el que, pese a la evidente intención estadounidense de frenar el avance del comunismo en el continente europeo, no menos importantes eran los objetivos comerciales. Es así como la Administración para la Cooperación Económica (1948), agencia direccionadora de la ayuda proporcionada por Estados Unidos a Europa, reportaba no solo al Departamento de Estado, sino al Departamento de Comercio. Ese vínculo se daba en el marco de las ayudas entregadas, que se encontraban ligadas a proyectos con implicaciones de importación proveniente de Estados Unidos (González Huerta, 2012). Pero, además, correspondía a objetivos más amplios y de largo plazo; de acuerdo con Ambrose (1992), el principal destino de las exportaciones norteamericanas era el mercado europeo, afectado fuertemente por la guerra y la escasez de medios de pago (divisas). Promover una recuperación económica permitía reactivar la actividad productiva del continente, y con ello, exportaciones que garantizaran

flujo de dólares que, consecuentemente, usaría Europa para pagar a Estados Unidos mercancías importadas. La estrategia consistía, entonces, en garantizar el más importante mercado de exportación para la época. Estados Unidos no fue el único país que empleó la cooperación como herramienta para preservar intereses económicos. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de movimientos independentistas en las colonias europeas y la imposibilidad del Viejo Continente para seguir prolongando su dominio oficial sobre estos territorios, la asistencia financiera, técnica y militar a las emergentes naciones se convirtió en la alternativa alcanzable para los antiguos imperios, en aras de conservar su influencia (Tassara, 2013). El caso de Francia y su excolonia Gabón es ilustrativo respecto a este proceso. La suscripción de acuerdos de cooperación en asistencia militar –principalmente–, así como en otras áreas, contribuyó a preservar los intereses comerciales y de inversión franceses2 (Pulido Escandell, 1996). Los efectos de este vínculo se mantienen en la actualidad; alrededor de cien subsidiarias

2. Gabón cuenta con importantes y variados recursos naturales: petróleo (11,3 toneladas producidas en 1975 de las cuales el 66 % pertenecía a Elf-Gabón, y el 18 %, a Erap, compañías francesas), manganeso, hierro, recursos maderables y uranio (único país productor de uranio en la Unión Aduanera y Económica de África Central) (Tenaille, 1981).

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Desde el punto de vista de las modalidades, es relevante la prevalencia que ha tenido la ayuda bilateral sobre la multilateral.

3. Las iniciativas de apoyo bilateral, que empiezan a gestarse con la independencia y que se fortalecen en los años cincuenta, constituyen la base de las primeras agencias de cooperación, que se estructuran a partir de 1960. Francia creó en 1961 su Ministerio de Cooperación, Japón estableció la Agencia de Cooperación Técnica Extranjera en 1962, Estados Unidos creó la Agencia para el Desarrollo Internacional en 1961; Reino Unido, el Ministerio de Desarrollo del Extranjero en 1964, etc. (Cooperación Pública Vasca, 2000). 4. Este enfoque de asistencia ha sido promovido desde el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), instancia de la Organización para la Cooperación Económica que desde 1961 ha venido orientando e impartiendo lineamientos con relación a la AOD (Bracho, 2018). 5. Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para el año 2017, bajo la modalidad bilateral la AOD alcanzó los 105.560 millones de dólares (72 %), mientras que la multilateral fue de 41.600 millones (28 %) (OCDE, 2018).

de compañías francesas en sectores como extracción petrolera, minería, forestal, concesiones de agua y electricidad, entre otras, tienen presencia en Gabón (France Diplomatie, 2017). Así mismo, el 23 % de las importaciones del país africano en el 2017 procedían de Francia, lo que lo convierte en el principal proveedor de mercancías (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Bajo el escenario descrito, no resulta incidental que las primeras agencias de cooperación bilateral surgieran en esta época3 y que, además, el enfoque de la recién creada institucionalidad se orientara, en primera medida, hacia las antiguas colonias (Cooperación Pública Vasca, 2000). ¿Cambio o profundización? Este proceso de otorgamiento de ayuda derivado de la posguerra, fortalecido y extendido por la visión de colonialismo, termina conduciendo a la conformación de un sistema de cooperación estructurado bajo los principios, por lo menos aparentes, de concesionalidad y de esfuerzo del donante en favor del desarrollo del receptor4. El sistema, comoquiera que se encuentre asociado a las realidades y motivaciones globales, no ha permanecido estático, por el contrario, ha tenido evoluciones y presentado dinámicas que se analizarán en

esta sección, a la luz de su contribución a la profundización de los lazos entre la cooperación y los intereses económicos. Desde el punto de vista de las modalidades, es relevante la prevalencia que ha tenido la ayuda bilateral sobre la multilateral5, por ser muy susceptible de instrumentalizarse para alcanzar aspiraciones de los donantes, escenario menos recurrente en las asistencias de tipo multilateral, al estar direccionadas desde organismos de carácter supranacional. Esta proporción, en términos de modalidades, es lógica, pues no resulta estratégicamente conveniente para un país aportar una serie de recursos por medio de un organismo multilateral, al poderlos entregar de forma directa y con ello favorecer sus propios objetivos. Por otra parte, desde la perspectiva del relacionamiento un elemento de transformación importante es la transición que ha tenido el modelo bajo el cual interactúan los países involucrados en cooperación internacional. El cambio de la concepción de donante-beneficiario a un enfoque de socios de cooperación, si bien ha permitido el reconocimiento y la apropiación del rol de los países receptores en la gestión de sus necesidades de ayuda y la definición de los esquemas de intervención, también ha contribuido a fortalecer una visión de transaccionalidad

(…) en años recientes ha empezado a cobrar relevancia la ayuda programática, modalidad consistente en otorgar recursos a programas locales de desarrollo. que resulta aceptada y utilizada por ambas partes para el logro de sus fines. Esta situación se ve reforzada, además, por lo que ha sido la visión y el posicionamiento de la cooperación Sur-Sur, en los que se plantea la prevalencia de los «beneficios mutuos» y de «no intervención», con lo cual se fortalece el carácter no solo de igualdad, sino que se le da legitimidad a la búsqueda de las metas nacionales por medio de la cooperación. Ya en términos de instrumentos de ejecución, aunque el proyecto ha sido la herramienta tradicionalmente utilizada, en años recientes ha empezado a cobrar relevancia la ayuda programática6, modalidad consistente en otorgar recursos a programas locales de desarrollo (AECID, s. f.). Este tipo de estructura tiene un alcance más amplio y permite el abordaje de objetivos más grandes de los socios de cooperación, por cuanto admite la discusión de temas de política pública y sistemas de gestión de finanzas, con lo cual se puede tener injerencia en aspectos relacionados con las necesidades comerciales del otorgante de los recursos (AECID, s. f.). La consolidación de una visión de «ventaja mutua» La evolución descrita (modalidades, relacionamiento de las partes e instrumentos de ejecución) ha permitido que, en años recientes, las estrategias

de cooperación asociadas al comercio sigan vigentes, escenario que se analizará en este aparte. Actualmente es posible identificar en las relaciones China-América Latina cómo el país asiático, a partir de un estrechamiento en la cooperación7, sustentada en créditos concesionales y no concesionales8, ha podido insertarse en las dinámicas de negocios de la región y ha venido garantizando la provisión de materias primas que le permiten consolidarse como productor de manufacturas a nivel global (Erthal & Marcondes de Souza, 2013). Esto lo hace por medio de una estrategia de cooperación centrada en la asistencia bilateral, con un énfasis claramente económico en áreas como comercio exterior, proyectos de infraestructura o inversiones en sectores estratégicos (Erthal & Marcondes de Souza, 2013). Con lo cual el país se aparta de la visión de AOD propuesta por la OCDE en términos de concesionalidad y esfuerzo del donante en favor del receptor, y establece su cooperación en términos de «ventaja mutua» (Bracho, 2018). De forma paralela, pero con mayor grado de formalidad, los vínculos entre comercio y cooperación han dado lugar a que, de manera abierta, se negocien acuerdos comerciales u otros esquemas de integración que incorporan compromisos

6. La ayuda programática puede dividirse en apoyo presupuestario general (distribuido por medio del presupuesto nacional), apoyo presupuestario sectorial (uso condicionado a un sector específico) y fondos comunes (aportes a una cuenta autónoma) (AECID, s. f.). 7. Se estima que el monto concedido por China, mediante créditos a Gobiernos, en el periodo 2005-2016 asciende a 141.000 millones de dólares, cifra que supera el financiamiento concedido de forma individual por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el CAFBanco de Desarrollo de América Latina para el mismo periodo (CEPAL, 2018). 8. La cooperación practicada por China no se basa en la estructura de concesionalidad propuesta por el CAD, en esta medida, flujos de inversión que pudieran considerarse ajenos a la ayuda al desarrollo por no cumplir con esta característica se encuentran inmersos dentro de la oferta de este país de asistencia a las naciones en desarrollo (Erthal & Marcondes de Souza, 2013). 9. En los acuerdos comerciales suscritos por el Gobierno colombiano, los capítulos que abordan AOD no siempre se identifican bajo el nombre de cooperación, en algunos tratados se les denomina fortalecimiento institucional, u otros.

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(…) no se puede obviar el hecho de que los países menos avanzados enfrentan situaciones de debilidad institucional, en este contexto resulta útil el aprovechamiento de modalidades como la multilateral

de asistencia. En el caso colombiano, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como práctica contemplar capítulos de cooperación en todos los acuerdos de libre comercio9. Esta medida surge como forma de compensación frente a eventuales afectaciones derivadas de las concesiones en términos arancelarios que se realicen, por la inclusión de sectores sensibles, o como herramienta para adquirir capacidades que contribuyan al desarrollo en términos comerciales a partir de las fortalezas identificadas en la contraparte. Si bien los capítulos no contemplan recursos ni son de forzoso cumplimiento, sí constituyen un marco general a partir del cual se desarrollan iniciativas específicas. Aunque el Gobierno colombiano ha puesto en evidencia un importante grado de aprovechamiento en el marco de la cooperación Sur-Sur; en términos de cooperación vertical, se ha identificado mayor resistencia a proporcionar ayuda con sujeción al acuerdo comercial, por lo cual la asistencia recibida después de la entrada en vigor se tiende a canalizar por medio de las agencias de cooperación, así el enfoque del apoyo sea comercial. Este manejo podría asociarse al poco interés de que estos aportes sean identificados como de tipo retributivo.

Tanto China como Colombia son reflejo del permanente vínculo entre comercio y cooperación, pero, además, hacen evidente el nuevo protagonismo de los países del Sur y su búsqueda por garantizar desarrollo de forma autónoma, al mismo tiempo que consolidan su posición como actores globales. Conclusiones Lo expuesto permite entender cómo la asistencia para el desarrollo tiende a alejarse de lo que se considerarían iniciativas filantrópicas. Como ya se expresó, este panorama es previsible y equiparable a cualquier tipo de relacionamiento entre naciones. Sin embargo, no resulta conveniente la aceptación de un doble discurso en el que los países desarrollados buscan el aprovechamiento de esta dinámica, en favor de sus objetivos económicos y al mismo tiempo desincentivan su uso por parte del mundo en desarrollo. En beneficio de todos los actores involucrados, es necesario avanzar en la consolidación de una visión realista de la cooperación, para lo cual es clave el posicionamiento de la cooperación Sur-Sur, que por sus características, contribuye a que los involucrados se encuentren preparados al momento de negociar AOD, analicen los propios intereses y los

Referencias

de la contraparte y generen instrumentos que contribuyan al fortalecimiento comercial. Frente al desarrollo de una visión realista, no se puede obviar el hecho de que los países menos avanzados enfrentan situaciones de debilidad institucional, en este contexto resulta útil el aprovechamiento de modalidades como la multilateral, en la que la estructura participativa contribuye a contrarrestar iniciativas dirigidas a favorecer al donante, en detrimento de las necesidades del país receptor. Finalmente, es necesario indicar que el no cuestionar el doble estándar manejado frente a los intereses económicos en el marco de la AOD significa que el instrumento para superar la disparidad entre países seguirá siendo intrínsecamente desigual.

En beneficio de todos los actores involucrados (…) es clave el posicionamiento de la cooperación Sur-Sur (…).

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Más proyectos de cooperación

para conservación con menos políticas ambientales eficientes1 Las políticas ambientales en Colombia se han desarrollado cada vez más, pero con complicaciones para hacer efectiva su aplicación. En el artículo se busca poner en evidencia algunos casos en los que estas políticas no son efectivas o su formulación es deficiente, por medio de ejemplos de proyectos en territorios o un análisis de los instrumentos de política establecidos con elementos externos al sector ambiental, pero que hacen parte de la aplicación de estas normas en los territorios.

Juan Fernando Jaramillo Especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales jjaramillo@patrimonionatural.org.co

En la actualidad, los efectos del cambio climático han despertado alrededor del mundo el interés y la preocupación de la opinión pública, de líderes políticos, movimientos sociales, estudiantiles, entre otros, y no es para menos, estamos ad portas de entrar en un momento crítico que nos exige como sociedad cambiar la forma como vivimos para poder garantizar la sostenibilidad de los recursos a las futuras generaciones, y ello requiere del desarrollo de políticas profundas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (De Coninck & Aromar, 2018). Colombia, por ejemplo, es un país que adquirió unos compromisos internacionales durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 21 de París (2015), entre los que se encuentran la deforestación neta cero en la Amazonía, así como un sistema de áreas protegidas financieramente sostenibles (García, 2016). Para alcanzar ambos objetivos, hay mucho camino por andar; trabajar desde cambios en los comportamientos hasta el desarrollo e implementación de formas de hacer las cosas que le permitan al país llegar a un desarrollo realmente sostenible. Es importante entender que las prioridades en las generaciones actuales no pueden desconocer las necesidades de las futuras. Sin embargo, la urgencia de otros temas como la estabilización de

las necesidades sociales –como el acuerdo de paz, la crisis migratoria de venezolanos hacia Colombia, las condiciones en el sector salud y las necesidades de la educación primaria básica–, que abarcan la agenda del gobierno actual, dejan al sector ambiental rezagado y con un compromiso muy grande para establecer una buena gobernanza2 sobre los recursos naturales de la nación. El desarrollo de políticas públicas ambientales que permitan usar de manera sostenible los recursos naturales es una de las responsabilidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) como cabeza del Sistema Nacional Ambiental. Para esta tarea, el Gobierno ha asignado el 0,03 % de los recursos del presupuesto general de la Nación, un bajo porcentaje de por sí que, además, debe repartirse entre funcionamiento e inversión (45 % y 55 %, respectivamente), los cuales se destinan a los siguientes temas: 1) apoyar institutos de investigación, 2) aportar a las corporaciones regionales, 3) licenciamiento ambiental, 4) manejo de áreas protegidas, 5) políticas de gestión ambiental y conservación de biodiversidad, 6) Fondo de Compensación Ambiental y conocimiento de factores ambientales (Ministerio de Hacienda de Colombia, 2019). Con esta limitante de recursos, el MADS tiene una necesidad de interactuar intersectorialmente buscando

Actualmente, los resultados de las políticas ambientales muestran un aumento de la deforestación en el país del 23 % entre el 2016 y el 2017 (…).

2. «Gobernanza eficaz basada en los derechos humanos y el Estado de derecho, mediante instituciones sólidas. Las instituciones accesibles y que rinden cuentas apoyan la aplicación del Estado de derecho y el ejercicio de los derechos humanos, y por tanto, fortalecen la capacidad de mantener una paz duradera y consolidar el desarrollo sostenible para todos» (Naciones Unidas, s. f.).

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La aplicación [del PSA] tiene un problema estructural en cuanto a su aplicación: la inequidad en la tenencia de la tierra.

más y mejor información del territorio nacional alrededor de organizaciones sociales, las estructuras ecológicas territoriales, las relaciones económicas y culturales entre la sociedad y el territorio, entre otras, así como un reconocimiento a las buenas prácticas que se han desarrollado a lo largo del país; todo esto es necesario para desarrollar políticas eficientes que sean aplicables de forma eficaz. Actualmente, los resultados de las políticas ambientales muestran un aumento de la deforestación en el país del 23 % entre el 2016 y el 2017 (IDEAM, 2018), y presentan un claro desafío entre la política, su aplicación y funcionamiento (Zimmermann, 2018). En este contexto, se ha reconocido la falta de efectividad de sus políticas ambientales desde la rama judicial del Estado, en la que se han dado varios pronunciamientos exigiendo rutas de acción respecto del estado del ambiente; sentencias de la Corte Constitucional como la T-622 del 2016 (Declaración del río Atrato como sujeto de derechos) y la STC-4360 del 2018 (Declaración del Bioma Amazónico como sujeto de derechos), que piden acciones para la conservación de la Amazonía, o la sentencia del Consejo de Estado de la descontaminación del río Bogotá (AP-25000-23-27-000-2001-9047901, 2014).

Decisiones judiciales que les exigen tanto al Gobierno nacional como a los Gobiernos locales que tomen medidas estructurales para hacer cumplir las políticas ambientales del país. De acá que, con la escasa asignación de recursos para esta tarea, se haga el mejor uso de todas las herramientas para conocer y definir la realidad nacional para identificar líneas base en la formulación de propuestas a políticas integrales que tengan una noción de territorio y que cuenten con una acogida social de base. En este sentido, el Gobierno debe aprovechar los proyectos que se gestionen, tanto aquellos del presupuesto público como los provenientes de recursos de la ayuda oficial para el desarrollo u otra modalidad de cooperación para el desarrollo. Deben verse como una fuente clave para el entendimiento y la articulación en el territorio, como ejemplos de iniciativas que ya tienen acogida en las comunidades. Caso de revisión 1: integralidad en la visión de los instrumentos El primer caso de revisión con esta articulación es el Decreto Reglamentario 1007 del 2018 respecto al uso del instrumento Pago por Servicios Ambientales (PSA) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). El decreto regula lo que es un

«incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos». La aplicación de este incentivo tiene un problema estructural en cuanto a su aplicación: la inequidad en la tenencia de la tierra. Como lo señala la OXFAM (2017) en su informe Radiografía de la desigualdad, «Colombia es el país más inequitativo de la región en la tenencia de la tierra, donde el 1 % de las formas de explotación de la tierra concentra el 80 % de esta» (p. 13). A manera de ejemplo, el lector puede imaginar el nacimiento de un río rodeado por 100 predios, uno de ellos corresponde a una persona que tiene 80 hectáreas y las otras 99 personas se distribuyen las 20 hectáreas restantes en pequeños predios. Si llega un programa de PSA a ese nacimiento, a todos se les paga el mismo valor por la cantidad de tierra que tienen, de modo que a la persona de las 80 hectáreas se le dará una mayor cantidad de dinero. Como el interés de la gente en el sistema es incrementar sus ganancias, entonces va a buscar incrementar su ganancia comprando la tierra de otros, que en el caso ilustrado serán

los predios de las otras 99 personas que tan solo tienen las 20 hectáreas restantes. Esto explica que una persona tenga un mayor poder adquisitivo que conduce a que la distribución de la tierra en Colombia cada vez sea más inequitativa, y así se concibe el PSA. Si a esto se le suma el problema de la informalidad de títulos –el 54,3 % de los predios rurales durante el 2017 se explotaba sin tener títulos de propiedad (El 54,3 %, 2017) y todo el trámite para legalizar un título depende, en cierta medida, de su capacidad de hacer estas gestiones–, se genera una combinación propicia para continuar el aumento en la desigualdad, como lo señala el mismo informe de la OXFAM.

(…) la conectividad es una de las medidas, si no la más importante, para replantear [el Sistema de Áreas Protegidas].

Caso de revisión 2: la importancia de definir objetivos de la política ambiental alineados con los avances internacionales El siguiente caso, no por las contradicciones entre la reglamentación y la aplicación de los proyectos, sino por la ausencia de las medidas en la aplicación de políticas, es un tema crítico, probado en varias experiencias como la conectividad de ecosistemas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en su publicación Estructura ecológica principal de Colombia,

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(…) son dos políticas las que llegan a un mismo territorio: una que dice conserve y la otra que dice deforeste.

3. El Informe se titula Frontiers 2018/2019: Emerging issues of environmental concern. Veáse el informe completo en https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27538/Frontiers1819. pdf?sequence=1&isAllowed=y

señala: «La conectividad se hace aún más necesaria ante la inminencia de ocurrencia del cambio climático global, el cual se espera se acentúe en el presente siglo» (2003, p. 11). Así mismo, al mencionar al Sistema de Áreas Protegidas indica que la conectividad es una de las medidas, si no la más importante, para replantear este sistema de acuerdo con las condiciones actuales del cambio climático (IDEAM, 2003). Precisamente, la conectividad de ecosistemas es uno de los cuatro factores que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente mencionó en su último informe3 como una de las medidas necesarias para adaptarse y mitigar el cambio climático, en este dice que «la conservación de paisajes terrestres y marítimos intactos a través de la designación de áreas protegidas mayores es posible, pero requiere tomar decisiones difíciles a nivel político, económico y social» (UNEP, 2019, p. 24). En Colombia, desde el año 2013, dentro de los muchos proyectos de conectividad, con recursos de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, se formuló un proyecto del Fondo Patrimonio Natural en un territorio clave para reconectar el piedemonte amazónico con la cordillera de los Andes. Dicho proyecto en la actualidad se encuentra en implementación y por medio de este se busca

Contribuir a la conservación de la biodiversidad y la reducción de la deforestación a través de un esquema de incentivos a la conservación que promueve procesos de producción sostenible, a la vez que fortalece las capacidades locales en relación con el ordenamiento territorial y la planificación del uso del suelo. Provee información clave en cambio climático y biodiversidad para la toma de decisiones y el monitoreo eficaz y eficiente del territorio. (Fondo Patrimonio Natural, 2017, p. 11)

Este proyecto se llevó a cabo de la mano de actores locales, así como de la institucionalidad regional, con resultados de cumplimiento que excedieron sus metas iniciales. Dentro de las recomendaciones generales del proyecto se resalta: «Avanzar, en articulación con Corpoamazonía, el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y los Gobiernos locales, en la deﬁnición de corredores estratégicos de conectividad biológica que permitan diseñar procesos interinstitucionales de largo plazo para esas zonas» (Fondo Patrimonio Natural, 2017, p. 50). De esta forma, se reconoce que el desarrollo de acciones para generar corredores de conservación que conecten las áreas protegidas necesita de la planeación y ejecución de la mano de la institucionalidad regional para entender las dinámicas de desarrollo del sector y no entrar a atropellar los procesos existentes.

Al analizar este tema, se dificulta definir el impacto y los resultados del Estado en la conectividad, dado que no hay una medición actual de las metas nacionales de los corredores de conservación; las políticas intersectoriales no están contemplando el desarrollo de los territorios para buscar la conectividad ecológica, y las medidas definidas en cada sector pueden ser contradictorias, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Caso de revisión 3: contradicciones ambientales Finalmente, revisando las diferentes fuentes multilaterales que han apoyado el desarrollo de proyectos ambientales en el ámbito nacional, puede que una de las inversiones más llamativas para su análisis sea Visión Amazonía, un proyecto de cooperación internacional en el que los Gobiernos de Reino Unido, Noruega y Alemania canalizan los recursos por medio del Banco Alemán para el Desarrollo, y cuya meta, como apoyo a la iniciativa de Colombia de unirse al Acuerdo de París en el 2015, es detener la deforestación en la Amazonía colombiana (MADS, 2018). Este es el programa de conservación por cooperación internacional más grande en cuantía que ha recibido la Nación. Sin embargo, a pesar de estar en cabeza del MADS, es interesante ver varias contradicciones en la mayoría del proyecto.

En general, hay una contradicción entre los diferentes roles que el país asume en este proyecto: por un lado, se tiene un compromiso como Estado a nivel internacional de reducir emisiones de carbono. En sintonía con lo anterior, el MADS representa al Gobierno como coordinador del programa que busca deforestación neta cero en la Amazonía, y por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo propone la meta de deforestación como «mantener el crecimiento de la tasa de deforestación en 0 %» (DNP, 2019, p. 492), lo que se traduce en mantener una deforestación de 219.973 hectáreas al año, aproximadamente 900.000 durante el periodo del gobierno actual. Por otro lado, hay otra contradicción importante: antes del 2016, la región amazónica nunca había tenido una destinación de recursos tan grande para reducir la deforestación, pero al mismo tiempo, los índices de esta se han ido incrementando como lo enunció el IDEAM (2018) en su último reporte de deforestación, y es la Amazonía la región con mayor incremento en la tasa de deforestación anual: 106 % con un total de hectáreas deforestadas de 144.147 en el 2017 vs. 70.074 en el 2016. Finalmente, desde el programa, parte de los inconvenientes que ha tenido la implementación en campo es que las opciones para la población son muy diversas y no responden

(…) lo más importante de todo es que los modelos de desarrollo territoriales contemplen una mirada integral (…).

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a las necesidades de la conservación. Como lo manifiesta William Laguado, especialista de seguimiento del programa: Al territorio llegan diversas ofertas para los campesinos. Por un lado, llega Visión Amazonía ofreciendo incentivos de conservación tipo PSA para promover la conservación, y por otro lado aparecen créditos financieros para el desarrollo agropecuario con programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con mayores beneficios inmediatos y que les sirven a los campesinos a corto plazo. (Comunicación personal, 5 de abril del 2019)

Al ser la expansión de la frontera agropecuaria uno de los principales motores de la deforestación (González, 2011), son dos políticas las que llegan a un mismo territorio: una que dice conserve y la otra que dice deforeste. Conclusiones El sector ambiental tiene una responsabilidad enorme en términos de gobernanza territorial (15 % del territorio nacional) (Trujillo, 2018), entendiendo actores que se relacionan con un conflicto socioeconómico y que lleva presiones sobre estas, en territorios que contienen nuestros recursos naturales, los cuales son una

de nuestras ventajas comparativas a nivel mundial. Para cumplir esta responsabilidad, el sector necesita utilizar adecuadamente todas las herramientas posibles para realizar una gestión eficiente y generar la posibilidad de tener la perspectiva abierta, buscando el escalamiento de proyectos a programas y a políticas que le permitan un uso sostenible de estos recursos, pero que vengan con una mirada clara desde el territorio, que le facilite la aplicación de las políticas ambientales. El cumplimiento de la política ambiental no se debe considerar un factor exclusivo de este sector. Toda la institucionalidad del Estado debe estar alineada para apoyar el cumplimiento de la normatividad aplicable en políticas ambientales. Sin embargo, lo más importante de todo es que los modelos de desarrollo territoriales contemplen una mirada integral, que le permita a la comunidad alinear sus necesidades de desarrollo con la ruta de gobierno diseñada, pero que, sobre todo, se definan los alcances de cada sector, incluyendo las necesidades de los demás. De lo contrario, vamos a seguir viendo contradicciones en iniciativas de desarrollo que nos sigan costando los recursos de las actuales y futuras generaciones.

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Cooperación Sur-Sur: una ventana de oportunidad hacia una integración regional en América Latina y el Caribe1

La cooperación Sur-Sur (CSS) ha contribuido a conducir una nueva noción de cooperación a nivel global por medio del desarrollo de capacidades y el establecimiento de alianzas entre socios de los países en desarrollo. Su discurso se fundamenta en lecciones aprendidas y en generar una agenda en la cual el desarrollo sea más incluyente, eficaz y horizontal (Tres, 2012). Sus bases técnicas se sustentan en las 38 recomendaciones que se establecieron tras la aprobación del «Plan de acción de Buenos Aires para promover y realizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo» (PABA)2, aprobado en 1978.

1. Este artículo estuvo bajo la tutoría de la profesora Paula Ximena Ruiz en el marco de la Especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. 2. Resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, realizada del 30 agosto al 12 de septiembre de 1978, en la que se establecieron, de manera inédita, los lineamientos de la hoy denominada CSS, en cuanto a su componente técnico (Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur Sur, s. f.).

Sebastián Moreno Chaves Especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales sebastian.moreno03@est. uexternado.edu.co

Si bien el PABA incluyó 6 recomendaciones encaminadas a que, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), se pudiera promover la cooperación técnica entre países en desarrollo (Xalma & López, 2017), los primeros veinte años no hubo una aplicación efectiva debido, en parte, al contexto de Guerra Fría. Por esta razón, no fue sino hasta entrado el siglo XXI que los foros realizados por la ONU hicieron resurgir la CSS y la pusieron en un punto alto debido a cambios en el paradigma del desarrollo, como la inclusión del enfoque humano y sostenible, así como nuevos insumos para construir una cooperación más participativa y menos asistencialista (Xalma & López, 2017). La visión compartida de los países del Sur global de fortalecer la CSS quedó reflejada en la Agenda 2030 bajo la cual se aprueban los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el 2015. La CSS se presenta como una ventana de oportunidad para complementar la cooperación Norte-Sur, con el fortalecimiento de espacios de diálogo entre pares, o entre países con un desarrollo socioeconómico relativamente homogéneo, que tenga como punto de partida la solidaridad, la integración y las alianzas alrededor de metas u objetivos comunes para dinamizar y hacer más eficaz

el sistema de cooperación al desarrollo (Xalma & López, 2017). Desde la aprobación de los ODS, han comenzado a proliferar mecanismos y estrategias que tienden a sumar esfuerzos, basados en la idea de ser más activos en la conformación de alianzas que permitan aumentar o robustecer los recursos y el intercambio de experiencias, capacidades y conocimientos que permitan alcanzar el desarrollo sostenible de todos los países, en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. Por lo anterior, este artículo tiene como objetivo analizar la CSS como un instrumento político con el que cuentan los países del Sur global para apoyar, de manera conjunta, sus procesos de desarrollo con el intercambio de experiencias, tecnologías, políticas, buenas prácticas y saberes, que se fortalece por medio de instancias regionales, como sucede en el caso de la región de América Latina y el Caribe. Origen de la cooperación Sur-Sur Según Cabana (2014), la CSS se remonta a cuatro periodos principalmente: 1945-1978, 1978-2000, 2000-2009 y 2009-2013. El primero se caracteriza por la Conferencia de Bandung (1955), la creación del Movimiento

La visión compartida de los países del Sur global de fortalecer la CSS quedó reflejada en la Agenda 2030 (...).

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El segundo periodo (…) inicia con la aprobación del PABA, en 1978, que sienta las bases de lo que hoy se denomina CSS.

de los Países No Alineados en 1961, la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en 1964, que deriva en la creación del Grupo de los 77, conformado por países en desarrollo que buscaban unificar la posición respecto al comercio internacional para generar un mayor desarrollo en cada uno de los países de manera justa. Además, desde su funcionamiento, la UNCTAD se pensó como una herramienta para mejorar la cooperación entre países en desarrollo (Cabana, 2014). Así mismo, la CSS encuentra espacios de diálogo en foros de naturaleza multilateral, en especial en aquellos brindados por la ONU, en donde se empieza a gestar la cooperación entre países en desarrollo. El segundo periodo (1978-2000) inicia con la aprobación del PABA en 1978, que sienta las bases de lo que hoy se denomina la CSS y por medio del cual se busca, también, transformar el imperante orden

económico internacional, lo que se ve imposibilitado por el contexto de Guerra Fría y varios conflictos mundiales (Cabana, 2014). Este periodo estuvo acompañado de diversos eventos gestionados por y para el Sur: en 1987, por ejemplo, se crea la Conferencia del Sur para buscar alternativas para lograr un orden económico internacional más equilibrado y justo; el documento final de esta conferencia –titulado Challenge to the South– mostró posturas y visiones respecto a cómo debería ser el desarrollo para los países del Sur, teniendo en cuenta principalmente sus realidades socioeconómicas. Otro evento significativo se dio en el 2000 con la celebración de la Primera Cumbre del Sur en La Habana, en la que se trataron temas relacionados con la globalización y el desarrollo, y se definió la CSS como una herramienta para el desarrollo y el fortalecimiento de la independencia económica. Es en este periodo cuando se empieza a

emplear el término CSS en todos los niveles, tal como lo ilustran los textos de Cabana (2014) y Ul Haq (2002). Por otro lado, en el tercer periodo (2000-2009) se amplió el debate a problemáticas que estaban pasando en el mundo, pero que no se habían visibilizado de manera adecuada durante la Guerra Fría, como es el caso de la lucha contra la pobreza. En el campo de la cooperación internacional, por ejemplo, la Declaración del Milenio (2000) y el Consenso de Monterrey sobre la Financiación al Desarrollo (2002) son dos instrumentos que fortalecen instancias de gobernanza para el desarrollo para el siglo XXI. Al mismo tiempo, el auge de las economías de los países conocidos como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) fortalece el papel de los llamados países de renta media alta que empiezan a desempeñar un papel importante como principales donantes de CSS y generan espacios de diálogo político bajo la concepción de potenciar a los países del Sur por medio de diversos espacios de integración, dentro de los que, además, se empieza a cuestionar la eficacia de la ayuda para el desarrollo. Es así como los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico incentivan encuentros denominados foros de alto nivel (FAN), como el FAN de Roma en el 2003 sobre la armonización

entre los donantes y los países receptores, el FAN de París en el 2005 sobre la eficacia de la ayuda para el desarrollo, la Segunda Cumbre de Doha en el 2005, el Programa de Acción de Accra en el 2008, el cual buscaba fomentar y agilizar los compromisos del FAN anterior, y la Conferencia de Nairobi sobre CSS en el 2009 (Cabana, 2014). En dicho periodo, la CSS tiene tal importancia que se incluye en todas las instancias de debate internacional sobre el desarrollo. Finalmente, el último periodo (2009-2013) se caracterizó por tener aproximadamente 115 eventos sobre CSS en los que no solo se incorporó la CSS en la Agenda de la Eficacia de la Ayuda. Sin embargo, en este periodo también se vio afectado el flujo de ayuda que se les otorgaba a los países en desarrollo, como consecuencia de la crisis económica que golpeó dicho rubro en el 2008. Prueba de esto fue la disminución que se reflejó en el periodo 20092011, ya que 17 de los 27 miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo disminuyeron su ayuda oficial para el desarrollo (AOD) para los países en vías de desarrollo de ingreso medio bajo e ingreso medio alto, en donde para dicho año los flujos pasaron de US$38.000 millones a US$35.000 millones y de US$24.000 millones a US$14.000 millones, respectivamente (Cabana, 2014).

La CSS pretende entender el desarrollo desde una perspectiva más adaptada a la realidad de los países del Sur.

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(…) iniciativas como la CELAC muestran que la CSS es un instrumento para tener una entidad como región (…). En materia de foros, este periodo contó con el IV FAN de Busán (2011), en el cual la CSS fue el centro del debate como también lo fue la cooperación triangular. De este FAN resultó un building block en el que la CSS era la punta de lanza para concentrar esfuerzos de los países socios y así mejorar sus resultados en aras del desarrollo. Además, se creó el Grupo de Trabajo Interno Pos-Busán que tuvo la tarea de generar una debida articulación con la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (Cabana, 2014). La cooperación Sur-Sur como instrumento de integración en América Latina y el Caribe La CSS pretende entender el desarrollo desde una perspectiva más adaptada a la realidad de los países del Sur. De la misma forma, este término ha dado pie para la conformación de alianzas multilaterales entre países para fortalecer relaciones de comercio, de inversión, de integraciones regionales, políticas, científicas y/o técnicas entre los países del Sur, los cuales tienen un desarrollo homogéneo (Lima, Milani & Muñoz, 2016). Por lo anterior, la CSS es un instrumento con el cual los países latinoamericanos pueden fortalecer sus capacidades locales y nacionales mediante escenarios de cooperación

e integración regional. Sin embargo, se observa que los denominados «regionalismos» son más el resultado de una dinámica material y social que se ha venido gestando por medio de la construcción de factores políticos e ideológicos alrededor de una noción de identidad conjunta, que se manifiesta en el discurso de un «nosotros» (Juste, 2015) para establecer puntos en común, pero que no derivan en discusiones centrales ni en mayores resultados. La región de América Latina y el Caribe está constituida, en su mayoría, por países de renta media y un desarrollo humano mediano. Esto la ha venido posicionando como una protagonista en materia de CSS por sus relevantes aportes en el terreno, pero muy especialmente por su dinamismo en la construcción conceptual alrededor de la CSS. Sin embargo, América Latina es una región caracterizada por tener el mayor número de procesos de integración respecto a otras regiones del mundo, así como de mecanismos de cooperación regional que la han llevado abrir demasiados espacios de concertación, por lo que la CSS se instaura como un instrumento que en distintos escenarios cobra fuerza, entre algunos ejemplos se pueden mencionar el Plan Puebla Panamá (2001), Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (2004), Comunidad

Suramericana de Naciones (2004), Cumbres de América Latina y el Caribe (2008), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Alianza del Pacífico (2011), entre otros (Ayllón, Ojeda & Surasky, 2014). En este mismo sentido, la región de América Latina y el Caribe ha sido innovadora en cuanto a que no solo se ha integrado en términos económicos para solucionar problemas de esta índole, sino también en relaciones que van más allá y que se integran bajo el concepto de nuevo regionalismo, al cual la CSS pone una importante fuerza para que se concreten esfuerzos conjuntos en la región. Además, no solo es la CSS la que aporta en estas dinámicas, pues se encuentran conceptos como la regionalización, la integración regional y la subregional en los que los países del Sur ven un buen campo de oportunidades para trabajar mancomunadamente y de este modo forjar un camino directo hacia el desarrollo (Ojeda, 2010). Dentro de la definición de CSS mencionada, es necesario resaltar que no solo se limita a asistencia técnica, mutuo beneficio, transferencia de tecnologías, entre otros, pues busca, de la misma forma, incorporar nuevos actores en las relaciones interregionales, priorizando elementos sociales, culturales y políticos que se funden bajo una sola agenda

de integración. Así mismo, esfuerzos como la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, el Banco del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas, entre otros, fueron posibles gracias a la CSS, la cual ha dado las bases para edificar un entramado interamericano bajo un sistema en el que no solo los actores estatales o tradicionales participen, sino que la sociedad civil y el tercer sector puedan participar e influir en la construcción de una agenda pluralista para el desarrollo (Ojeda, 2010). Todo ello es una muestra de cómo, por medio de diversos escenarios, los países de la región se unen para buscar un camino conjunto hacia el desarrollo; sin embargo, no existe uno que logre tener fuerza institucional, un entramado de redes o de sistemas que convoque a todos los países para llevar a cabo una unión, una integración o un regionalismo similar al del continente europeo en su momento, pero adaptado a la realidad latinoamericana y que impulse todos los ámbitos ya mencionados para construir un criterio propio en el mundo desde la unidad y desde la CSS como base de creación. A pesar de esto, las iniciativas que se han llevado a cabo en los periodos analizados en el primer eje de este documento han abierto debates y han especializado la CSS para instalar mejores capacidades en los países que la

(…) es necesario que [la CSS] busque no solo sentar una posición política en el mundo, sino que también logre definir un escenario cultural, económico, social (…).

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(…) hay que nutrir el debate y dar pasos más grandes para unificar instituciones, mercados y sistemas (…).

emplean para compartir experiencias, entre otras cosas, con sus pares. De la misma forma, hay que reconocer que organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han sido un proyecto político ambicioso que integra a 33 países y que pone sus esfuerzos para enfrentar los desafíos del desarrollo y la cooperación regional, aglutina posiciones conjuntas en temas como la financiación para el desarrollo y criterios para que los países de renta media puedan cumplir con la Agenda 2030 (Ayllón, Garelli, Gutiérrez & Solano, 2018). En virtud de ello, iniciativas como la CELAC muestran que la CSS es un instrumento para tener una entidad como región, la promoción de un desarrollo sostenible, la reducción de asimetrías existentes en la región y la disminución de brechas de desarrollo nacionales. Desde la otra orilla, otro organismo que ha establecido alianzas mediante la CSS es la Organización de Estados Americanos; sin embargo, este mecanismo de integración regional todavía no tiene tal fuerza para construir conceptos propios, mecanismos de financiación e instrumentos de gestión de la CSS (Ayllón, Garelli, Gutiérrez & Solano, 2018). La CSS ha sido tan apropiada por los países de América Latina que los flujos económicos de estos países dentro de este rubro, sin cuantificar los intercambios técnicos y de conocimientos para fortalecer capacidades que tiendan al desarrollo,

pasaron de US$5.900 millones a US$15.061 millones del 2012 al 2013 en materia de AOD (Morales, 2016). Igualmente, la CSS sirve para generar un cambio en la balanza dentro de la cooperación internacional, pues esta no solo puede llegar a ser un instrumento con el que jalone a una región en conjunto hacia un desarrollo, sino que a su vez permite consolidar a nivel mundial un diálogo más incluyente entre actores y aquellos que son desconocidos, optar por buenas prácticas, lo que mejora así la eficacia en las acciones de cooperación, y por último, una descentralización del sistema de cooperación internacional (Morales, 2016). Conclusión Hasta este punto se analizó la CSS como un instrumento de integración dentro de la región de América Latina y el Caribe, tal como sucede dentro de escenarios como el de la CELAC, entre otros foros de debate en los que la CSS promete ser un bastión de unificación para un mismo desarrollo basado en las realidades y en el nivel socioeconómico de cada país. Además, es necesario que esta herramienta busque no solo sentar una posición política en el mundo, sino que también logre definir un escenario cultural, económico, social, entre otros, para que de este modo se pueda ver a la región con una voz y una postura más fuertes en el mundo en materia de desarrollo.

Además, hay que hacer hincapié en el hecho de que los procesos de unión y de integración que se han visto en la región son el reflejo del entendimiento mutuo y de reconocer que en los diferentes países se cuenta con potencial tecnológico, enormes experiencias, buenas prácticas y saberes que han llevado a que la región sea reconocida por sus aportes para la construcción de la CSS. De la misma forma, hay que nutrir el debate y dar pasos más grandes para unificar instituciones, mercados y sistemas, pues de este modo se puede consolidar el denominado nuevo regionalismo con la CSS como estandarte para alcanzarlo. Desde la otra orilla, la CSS es, también, una alternativa para convivir en el desarrollo regional de América Latina y el Caribe, pues esta modalidad de cooperación desde un principio buscó romper con los paradigmas asociados a la cooperación tradicional, o cooperación Norte-Sur, y de ese modo avanzar hacia un nuevo paradigma adaptado a la realidad que alberga la región. Además, sin este cambio de paradigma en el sistema de cooperación internacional, nunca se habría podido tener desarrollo independiente alejado de los modelos tradicionales de financiamiento y de ayuda para el desarrollo.

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Liber abaci 90 Germán Forero, Luis Armando Blanco: Entre globalismo y proteccionismo: un marco de referencia 96 Natalia Moncayo, María Alejandra Mendoza: Guerra comercial: ¿ha llegado el fin de la globalización? 102 Cristian Ubaté, Johan Morales: Guerra comercial: ¿ad portas de una recesión? 108 Santiago Becerra: La guerra comercial entre Estados Unidos y China: efectos en países de renta media como Colombia

114 Juan Gutiérrez, Alejandra Trejos : Guerra comercial Estados Unidos - China, ¿una oportunidad para emerger en el mercado global? 120 Eleonora Arisci, María Sotelo: Una protección peligrosa: ¿el proteccionismo, una jaula o un trampolín para la economía? 126 Cinthya Torres, Natalia Trujillo: Las caras del proteccionismo y el desarrollo económico

Entre globalismo y proteccionismo: un marco de referencia

Los hacedores de política experimentan tensiones al buscar objetivos que entran en conflicto. Desde el punto de vista macroeconómico, tener flujos de capitales abiertos y tipos de cambio fijos que favorezcan el comercio implica un sacrificio del uso de la política monetaria para satisfacer intereses de la agenda doméstica. Desde una perspectiva de política económica, el globalismo va en contra de Estados nacionales fuertes y democráticos que prioricen los intereses de sus ciudadanos. El proteccionismo y el aislacionismo se presentan como una alternativa al riesgo que implica una economía globalizada.

Germán Forero Laverde Director Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales german.forerol@uexternado.edu.co Luis Armando Blanco Docente investigador Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales luis.blanco@uexternado.edu.co

La guerra comercial entre Estados Unidos y China amenaza a la economía mundial con un juego en el que todos pierden. A su vez, es un síntoma de las profundas tensiones a las que están expuestos los hacedores de política y que surgen de la imposibilidad de resolver, simultáneamente, tres rompecabezas: el trilema macroeconómico, el trilema político y las tensiones nacionales entre un Estado grande y un mercado libre. La tesis de este artículo es que, al combinar los tres procesos, surge una contradicción fundamental y difícil de resolver entre la globalización y el nacionalismo.

movilidad de capitales (figura 1). Este resultado, que se conoce como la «trinidad imposible», nos dice que los países pueden lograr a lo sumo dos de los tres objetivos (Obstfeld & Taylor, 1997 y 2017; Krugman, 1999). Si el Gobierno opta por tipos de cambio fijos y movilidad de capitales, renuncia a la política monetaria, como sucedió durante el patrón oro clásico (1880-1914). Si quisieran recuperar la política monetaria, los hacedores de política pueden cerrar la cuenta de capitales, como durante el periodo de Bretton Woods (1944-1971)1. Alternativamente, se pueden restaurar los tipos de cambio flexibles, como ocurre en el periodo actual en la mayoría de las economías desarrolladas y en Colombia desde la eliminación de la banda cambiaria el 25 de septiembre de 1999 (Villar, 1999)2.

Una primera fuente de tensiones: el trilema macroeconómico Un resultado esencial de la macroeconomía abierta es que los países no pueden mantener simultáneamente políticas monetarias independientes, tipos de cambio fijos y perfecta

Figura 1. El trilema de la macroeconomía abierta.

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Libre flujo de capitales

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97 4-1

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(18 70 -19 14)

Tipo de cambio fijo

1. Esto fue lo que sucedió con el fin de la Primera Guerra Mundial. La comisión Cunliffe (1919) recomendó que el Gobierno británico retornara cuanto antes al patrón oro, a la paridad anterior a la guerra. Sin embargo, el mantener la paridad libra-oro implicaba que la tasa de interés se ajustara automáticamente ante los movimientos internacionales de capitales. Entradas excesivas de capital causaban que la tasa de interés cayera, lo que abarataba el crédito y fomentaba el crecimiento económico. Salidas masivas de capitales hacían que la tasa de interés aumentara, lo que ralentizaba la actividad económica y causaba desempleo. El comportamiento procíclico de la tasa de interés iba en contra de las necesidades de los nuevos grupos de presión (sindicatos de empleados, miembros de los nacientes partidos laboristas), que demandaban que la política económica se utilizara para garantizar la agenda doméstica. Así, en 1931 el experimento del patrón oro del periodo entre guerras fracasa en Reino Unido y Bretton Woods inicia justo antes del fin de la Segunda Guerra mundial (Eichengreen, 2008; Mitchener & Wandschneider, 2015; Forero Laverde, 2019).

Colombia (1999-2019)

Política monetaria autónoma

Fuente: Construido a partir de Obstfeld y Taylor (1997), Krugman (1999), Aizenman, Chinn e Ito (2013).

2. El caso de la zona euro es interesante. Mientras que en el interior enfrentan una posición de sacrificio de la política monetaria autónoma como el del patrón oro clásico, hacia afuera se trata de un sistema de tipo de cambio flotante y cuentas de capitales abiertas como el de otras economías desarrolladas. El no querer sacrificar su autonomía monetaria fue uno de los argumentos por los que Reino Unido no entró en la zona euro.

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En el momento actual existe un consenso (…) por las tasas de cambio flexibles con regulación en la cuenta de capitales como la opción second best.

Con la crisis asiática, que inició en Tailandia en 1997 y se contagió a otros países emergentes entre 1997 y 1998, el trilema reapareció de la mano intelectual de Alan Taylor, Paul Krugman y Maurice Obstfeld. Los ataques especulativos a las tasas de cambio fijo, producto de las expectativas de devaluación originadas por la entrada masiva de capitales de corto plazo que produjo una enorme liquidez en los mercados internos y un creciente déficit comercial por la revaluación real del tipo de cambio, llevó a la banca central tailandesa a defender su moneda, quemando reservas internacionales y subiendo la tasa de interés, con lo cual incubó una crisis gemela (bancaria y cambiaria) que terminó en una profunda recesión. Cuando las necesidades de empleo y estabilidad macroeconómica nacional chocaron con el régimen cambiario fijo, las autoridades económicas no tuvieron más alternativa que soltar el tipo de cambio y recuperar la política monetaria para enfrentar la crisis financiera y la recesión.

En su momento Keynes identificó otro problema fundamental. Los flujos de capital sin traba socavan no solo la estabilidad financiera, sino también el equilibrio macroeconómico. Algo similar rescataba Robert Solow, Premio Nobel de Economía en 1987, en su prólogo al libro de Kindlebereger Manias, panics and crashes (Kindleberger & Aliber, 2005). A ambos les preocupaba que los mercados financieros dieran pie a monedas excesivamente volátiles fruto de las habituales oleadas de euforia y pesimismo. Los economistas y responsables políticos debatieron interminablemente durante las décadas de los ochenta y noventa si los valores de las divisas reflejaban situaciones económicas fundamentales o eran el resultado de distorsiones en sus mercados, como burbujas, expectativas miopes e irracionalidad. En 1978, James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981, puso el dedo en el problema central: el debate sobre el régimen cambiario elude y oculta el problema de base que

es la excesiva movilidad del capital financiero privado. Señaló que la movilidad del capital financiero tenía consecuencias económicas internas graves y frecuentemente dolorosas, pero que regresar al control discrecional de los capitales, como en la época de Bretton Woods, no solo era ineficiente sino que, como lo había demostrado la experiencia de la posguerra, era imposible en la práctica distinguir entre transacciones «buenas» y «malas». La alternativa era, según su conocida frase: abrir las ventanas para que circule el aire pero poner mosquiteros, es decir, regular el flujo de capitales. En el momento actual existe un consenso, especialmente en los países en vías de desarrollo, por las tasas de cambio flexibles con regulación en la cuenta de capitales como la opción second best 3. Con la excepción de aquellos países que pertenecen a una región con una integración comercial profunda o un «área monetaria óptima»; la regla general preferible es la combinación macroeconómica señalada, pues es

consistente con el acuerdo keynesiano y les permite a los países libremente perseguir políticas de pleno empleo y de libre mercado, utilizando su política monetaria. Una segunda fuente de tensiones: el trilema de política económica Más allá del trilema macroeconómico, aparece un problema de economía política que Rodrick (2011) caracteriza como un trilema político (figura 2). Los tres nodos del trilema serían la globalización, el Estado nación y la democracia. Si ante esta disyuntiva se quiere una verdadera integración económica internacional, una primera opción consiste en proteger al Estado nacional, sacrificando el proceso democrático. La alternativa es la constitución de un federalismo global en el que las fronteras políticas, económicas e incluso legales de los Estados comiencen a desdibujarse. Un caso más interesante de este trilema, y que en parte puede explicar fenómenos como el del presidente Trump en Estados Unidos o el primer ministro Johnson en Reino Unido, es lo que sucede cuando se

La alternativa es la constitución de un federalismo global en el que las fronteras políticas, económicas e incluso legales de los Estados comiencen a desdibujarse.

Figura 2. El trilema político.

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Globalización

Estado nación

Fuente: Rodrik (2011).

Democracia Bretton Woods

3. En Colombia el control de capitales ha sido una política de estabilización más que una constante de la realidad económica.

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A mayor integración económica mayor es la exposición de la economía nacional a los avatares del mercado global (…).

quiere preservar un Estado nacional. Entonces la disyuntiva se plantea entre la protección del proceso democrático, lo que Friedman llamó la «camisa de fuerza dorada», o la integración a la economía global, un federalismo global al estilo de Bretton Woods4. A la luz de la propuesta de Rodrick, las críticas de Johnson y Trump a los «globalistas» demuestran que el aislacionismo es su forma de proteger un Estado nacional fuerte a la vez que democrático. La guerra comercial de Estados Unidos con China, y su posición comercial endurecida frente a muchos otros socios comerciales, denota que ya el país comienza a pagar el precio de proteger al Estado nación democrático. La moneda de pago es la desarticulación de las redes comerciales globales: una desintegración económica. Una tercera fuente de tensión: las dinámicas nacionales El surgimiento de los «nuevos aislacionistas», por anacrónico que parezca, no carece de fundamento teórico. En primer lugar, Rodrick (2011), en línea con trabajos previos del politólogo James Cameron, encontró que hay una correlación positiva y significativa entre gasto público (como medida de tamaño del Estado) e integración económica con el exterior. Su explicación es que a mayor integración económica mayor es la exposición de la

4. «A medida que un país se pone la camisa de fuerza de oro tienden a suceder dos cosas: la economía crece y la política se encoje […] la camisa de fuerza de oro reduce las opciones políticas y económicas de quienes están en el poder hasta a llegar a parámetros relativamente estrechos» (Friedman, 1999, p. 87).

economía nacional a los avatares del mercado global, lo que exige ampliar la función del Estado como garante último del bienestar y asegurador ante choques externos. En segunda instancia, a finales del siglo XX muchos economistas advirtieron que el crecimiento de las economías emergentes dinámicas suponía una amenaza para la prosperidad de las naciones avanzadas. Esta preocupación ganó respaldo intelectual con la publicación de un artículo de Paul Samuelson (2004), el sumo sacerdote del libre comercio, quien afirmó que, si China llegaba a triunfar en la producción de bienes que en ese momento importaba, la ventaja comparativa desaparecía y Estados Unidos perdería las ganancias del comercio internacional y los empleos. Estos dos argumentos han sido esgrimidos una y otra vez por políticos de derecha (republicanos en Estados Unidos y tories en Reino Unido) para promover el proteccionismo. Por una parte, dado que un Estado cada vez más pequeño es deseable, hay que reducir la exposición de la economía nacional al riesgo global. Por otra parte, es necesario adelantar políticas proteccionistas antes de que los flujos del comercio global se reviertan y los beneficios obtenidos en el pasado se transformen en pérdidas.

En tercer lugar, desde los años setenta la distribución de los salarios en Estados Unidos y otras economías avanzadas se ha hecho progresivamente desigual. Gran parte de este aumento en la desigualdad salarial está relacionado con la «prima de educación» entre trabajadores calificados y la mayoría de los trabajadores sin educación universitaria y posgraduados. Muchos observadores atribuyeron esta inequidad al comercio Norte-Sur, pues ahora los países de industrialización tardía no exportan bienes primarios, sino productos manufacturados a las naciones de altos salarios con mayor capital humano. Aunque la respuesta parece ser, por el contrario, que el factor que explica la brecha son las nuevas tecnologías de producción y no el comercio internacional, el proteccionismo y el aislacionismo para proteger a los trabajadores parecen ser argumentos políticos de muy fácil venta (Krugman, Obstfeld & Melitz 2016). Como la globalización no puede resolver estos problemas sin instituciones internacionales consensuadas, el multilateralismo de la Organización Mundial del Comercio se derrumba y ese vacío institucional global se resuelve con el nacionalismo, que da como resultado la ansiedad por la hegemonía total o un arreglo multipolar liderado por las grandes potencias, lo cual genera un escenario de enorme incertidumbre económica y geopolítica internacional en el amanecer del siglo XXI.

Ahora los países de industrialización tardía no exportan bienes primarios, sino productos manufacturados a las naciones de altos salarios con mayor capital humano. Referencias Aizenman, J., Chinn, M. D. & Ito, H. (2013). The «Impossible trinity» hypothesis in an era of global imbalances: Measurement and testing. Review of International Economics, 21(3), 447-458. DOI:10.1111/roie.12047. Eichengreen, B. (2008). Globalizing capital: A history of the international monetary system. Princeton: Princeton University Press. Forero Laverde, G. (2019). Stock market co-movement, domestic economic policy, and the macroeconomic trilemma: The case of the UK (1922-2016). Financial History Review, 1-26. DOI: 10.1017/S096856501900009X. Friedman, T. (1999). The lexus and the olive tree. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux. Kindleberger, C. P. & Aliber, R. (2005). Manias, panics, and crashes: A history of financial crises. Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Krugman, P. (1999). De vuelta a la economía de la gran depresión. Bogotá: Editorial Norma. Krugman, P, Melitz, M. & Obstfeld, M. (2016). Economía internacional. Teoría y política. Madrid: Editorial Pearson.

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Guerra comercial:

¿ha llegado el fin de la globalización? En pleno 2019 los mercados no paran de moverse, las personas migran constantemente, cada día se abren empresas nuevas, los eventos siguen sucediendo pese a las desafortunadas circunstancias que el Gobierno chino y el norteamericano han generado, como consecuencia de la guerra comercial iniciada desde marzo del 2018, y es un evento que se prolonga a costa de un sentimiento nacionalista que llevó al presidente estadounidense a adoptar una política proteccionista. Si este es el escenario, entonces ¿es posible hablar del fin de la globalización?

Natalia Moncayo López Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales natalia.moncayo@est.uexternado.edu.co María Alejandra Mendoza Pineda Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales maria.mendoza05@est.uexternado.edu.co

A lo largo de la historia, la búsqueda de recursos que permitan suplir necesidades ha permitido que las civilizaciones lleguen a distintas formas de lo que hoy se conoce por comercio. A la luz de diversos autores como Christopher Bayly y Jeffrey A. Frieden, (citados por Cabello, 2013), la globalización adopta distintas interpretaciones. En un primer momento se habla de la existencia de dos vertientes de este fenómeno: la primera, entre 1870 y 1914, acoge los frutos de la Revolución Industrial y está comandada por el Reino Unido, mientras que la segunda se da luego de 1973 hasta hoy en día, encabezada por Estados Unidos. Teniendo como punto de partida la Revolución Industrial, gracias a las mejoras en las comunicaciones físicas como la máquina de vapor de James Watts en 1763, se intensifica el comercio internacional, principalmente por el uso de barcos de vapor y el comercio intranacional por el uso de los trenes. Por otro lado, se aumenta la actividad comercial como consecuencia de las tecnologías utilizadas para la transmisión de información, invenciones entre las que se destacan el telégrafo de Samuel Morse en 1836, la fotografía de Louis Daguerre en 1839, el teléfono de Alexander G. Bell para 1875, entre otras; hitos que enmarcan el inicio de la verdadera economía global aproximadamente desde 1870. No obstante, el beneficio obtenido de estos resultados se vio permeado por las dos guerras mundiales de los años posteriores que, aunque no finalizaron con el ideal de comercio, forzaron modificaciones

al funcionamiento de la economía y la política global. La globalización es, entonces, un proceso principalmente económico definido por la integración de distintas economías. En palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI), se trata de

El 75 % del comercio mundial está concentrado solamente en ocho países.

una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada generalizada de la tecnología. (WEF, 2006)

A grandes rasgos, es un fenómeno transformador de la economía global, al ser esta la puerta a productos con características de mejor calidad y a precios competitivos que sustentan lo expuesto por el economista David Ricardo, a principios del siglo XIX, en la teoría de la ventaja comparativa como fundamento básico del comercio internacional. Él se refiere a que los países producen bienes que les suponen un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo (Legis, 2019). Sin embargo, los países con ciertas ventajas sobre los demás buscan la apertura de los mercados para sus productos a nivel global, pero a la vez, dentro del sistema se aplican medidas proteccionistas para las materias primas, lo que da paso a un intercambio poco equitativo que agranda la brecha entre unos y otros. De este modo, el 75 % del comercio mundial está concentrado solamente

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Desde una perspectiva de control y supervisión del comercio internacional, el FMI se ha quedado corto en cuanto al cumplimiento de su misión dada una visión particular del capitalismo.

en China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos, Francia, Corea y en el Reino Unido (Las contradicciones, 2016). Asimismo, para el presente año el FMI, en cabeza del jefe economista Gita Gopinath, remarcó que «los países deberían abstenerse de usar aranceles para encarar los desequilibrios comerciales bilaterales, ya que son costosos para el comercio, la inversión y el crecimiento global, y no son generalmente efectivos a la hora de reducir los desequilibrios externos» (citado por EFE, 2019). No obstante, desde una perspectiva de control y supervisión del comercio internacional, el FMI se ha quedado corto en cuanto al cumplimiento de su misión dada una visión particular del capitalismo. Si bien es sabido que la mano de obra china no especializada es más económica y productiva, no obstante, es realmente la segunda característica la que atrae las mentes de los empresarios, ya que estos se mueven bajo una psicología de maximización de utilidad, que les permite producir de manera eficiente a bajo costo. En ese sentido, en un contexto social, la población de mano de obra no especializada norteamericana se sentía amenazada por la presencia de los nacionales

chinos que ocupaban posiciones operativas dentro de empresas norteamericanas, «¡ese trabajo debería ser nuestro!» es lo que muchos aclamaban. Sin embargo, el actual desempleo en Estados Unidos, que llega al 3,6 % (Datos Macro, 2019), no parece que lo causen los empleos en manos de ciudadanos chinos, sino una desigualdad salarial en este país. Así, la brecha salarial se plantea como una de las motivaciones de esta lucha comercial entre las potencias. El magnate de los negocios y actual presidente de Estados Unidos respondió a las incisivas críticas de sus nacionales por su condición de empleabilidad con medidas firmes que concluyeron en un cierre comercial con una de las potencias que más manufactura exportaba al país; según la World Integrated Trade Solution (2017), el total de las importaciones proveniente de la República Popular China alcanza los US$526.022 millones, con una proporción de 21,85 % de los asociados, lo cual permite aterrizar la magnitud de la decisión del mandatario estadounidense. La solución que se adoptó se considera eficiente en el corto plazo, como una medida proteccionista de los intereses de los nacionales estadounidenses. No obstante, la

inexistente propuesta a largo plazo es la que desequilibra la balanza, puesto que la ineficiencia de la productividad de los nacionales estadounidenses no se subsana con el cierre comercial de su principal socio de negocios internacionales, sino con la capacitación de su capital humano. Así, la formación de personal es, según el Foro Económico Mundial, «un determinante del éxito de una nación en el largo plazo más importante que cualquier otro factor» (WEF, 2017). De esta forma, parece que la solución para prevenir una recesión mundial mientras se promueve el avance de la globalización se centra en la educación y capacitación del restante de la población con mano de obra no calificada, que permita responder a la demanda tecnológica existente dentro de las empresas. Del mismo modo, el grave problema de la globalización radica en la ausencia de instituciones internacionales que cumplan una función regulatoria. La ambigüedad se mueve en que el mercado es cada vez más global, pero las empresas cada vez más nacionales; en este sentido, lo que se pretende es modificar el foco de la institucionalidad. La Organización Mundial del Comercio (OMC) fracasa frente a la inaptitud para crear instituciones

(…) la solución para prevenir una recesión mundial mientras se promueve el avance de la globalización se centra en la educación y capacitación del restante de la población con mano de obra no calificada (…).

sesgadas, es decir, que los países en desarrollo lo vean como un mecanismo para abrir más mercados y no que se perciban como instituciones que actúen como camisa de fuerza. La propuesta para no llegar al fin de la globalización es construir una institución equitativa, establecer acuerdos sobre inversión, acuerdos sobre mercados laborales, verbigracia, permitirles a los no desarrollados algún trato diferencial para poder avanzar, de modo que se cierre la brecha; contrario a lo que sucede en la actualidad, en tanto que las soluciones proteccionistas, en vez de resolver el problema de raíz a largo plazo, ahondan el boquete entre globalización e instituciones nacionalizadas. El problema es indudable, la falta de rigurosidad en dicha institución, así como en el FMI, conduce al desequilibrio y la incertidumbre global a raíz de las decisiones que cualquiera de las potencias pueda tomar. Sin embargo, el globalismo no necesariamente se encuentra en la cuerda floja como determinante para su existencia, sino más bien está pasando por los efectos colaterales inevitables dada la posición de las potencias, a sabiendas de que dichos problemas siempre estarán presentes.

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La propuesta para no llegar al fin de la globalización es construir una institución equitativa, establecer acuerdos sobre inversión, acuerdos sobre mercados laborales (…). Por otro lado, el Gobierno chino decidió oponerse al proteccionismo de Donald Trump por medio de un comportamiento inicialmente diplomático en el que impulsaba a los demás países a oponerse a esta figura y que desde las primeras economías se promoviera el multilateralismo, manifestándose a favor de conformar un sistema transparente de comercio internacional, basado en los principios de la OMC. Sin embargo, este comportamiento por parte del grande asiático cambió como respuesta a las imposiciones arancelarias de Occidente (China llama, 2018). Dentro de las medidas adoptadas por China, la devaluación del yuan agudizó el panorama debido a que, a la luz de los analistas, este mecanismo instaura una guerra de divisas en la que Estados Unidos siempre ha estado presente por la queja recurrente de que el país asiático posiciona el valor de la divisa por debajo de su precio de equilibrio para favorecer sus exportaciones. Asimismo, la incertidumbre de esta guerra comercial podría ocasionar que la población quiera guardar dólares, lo que traería como consecuencia que las monedas de los demás países pierdan valor frente al dólar y tenga también un impacto con tendencia al alza sobre las tasas de interés.

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Entre los corredores internacionales se habla de las diversas consecuencias que sostienen este escenario, en términos laborales, contratos de carácter internacional, y a su vez, recortes en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, resultado con el que Chihon Ley, director de programas de Asia y miembro de la Asociación Chilena de Especialistas Internacionales, concluye que la afectación en la tasa de interés haría que los grandes capitales se renueven a una tasa negativa, en el fondo esto genera que la nueva tasa de renovación no alcance a cubrir a la inflación mundial y sencillamente quien invierte pierde dinero, lo que es como si se tuviese que pagar por invertir dinero en los mercados internacionales. Esto es muy peligroso para el dólar y podría iniciar un proceso de liquidación de activos, a su vez podría generar no solamente una recesión, sino un rompimiento de varias burbujas que existen en el mercado. Ese es hoy en día uno de los mayores peligros financieros a los que nos enfrentamos a nivel global. (Los efectos, 2019)

El capitalismo ya no es de factorías, es de servicios, manufacturas intensivas en capital humano, nuevas tecnologías; por ejemplo, en la industria automotriz, la demanda se mueve hacia autos no

El capitalismo ya no es de factorías, es de servicios, manufacturas intensivas en capital humano, nuevas tecnologías (…). contaminantes, autos eléctricos, lo cual implica mano de obra calificada y alta tecnología. En ese sentido, el camino no es cerrar alianzas comerciales como medida proteccionista, sino la educación, lo que implica inversión directa en centros de capacitación tecnológica para la mano de obra no calificada, donde puedan adquirir las competencias que este tipo de industrias demande en el futuro por este tipo de industrias. Entonces, aunque en el sentido costo-beneficio se sacrificaría un poco el presente, le estarían apostando a un futuro sostenible. Finalmente, la globalización y la política van por caminos distintos, pero jamás dejarán de existir, la clave es encontrar el equilibrio.

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Guerra comercial: ¿ad portas de una recesión?

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El mercado financiero global ha tenido turbulencias estos últimos meses debido a las implicaciones de la guerra comercial y a la incertidumbre derivada de esta. Ha habido simultáneas caídas en las bolsas de valores del mundo por las amenazas en los aranceles y en las políticas proteccionistas de los dos protagonistas de esta guerra comercial: Estados Unidos y China. Actualmente, se llevan a cabo nuevas negociaciones para un acuerdo comercial que, de no darse, aumentaría el riesgo de recesión y un posible declive económico.

Cristian Camilo Ubaté Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales cristian.ubate01@est.uexternado.edu.co Johan Alexander Morales Martínez Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales Johan.morales@est.uexternado.edu.co

Chimerica es el término acuñado por Niall Ferguson para referirse a la interdependencia que tienen Estados Unidos y China. La conexión entre estos países es tan grande que no abarca únicamente exportaciones, gran parte de la deuda pública del Gobierno americano está en poder del país asiático. Lo que no le gusta al presidente Trump, ya que China es el mayor portador de bonos de Estados Unidos. Esto puede utilizarlo a su favor el país asiático, bien sea inundando el mercado de bonos estadounidenses para disminuir su precio o enriqueciéndose al devaluar el yuan, lo que genera una apreciación del dólar, como ya ocurrió hace algunos meses. A comienzos de marzo un dólar costaba alrededor de 6,7 yuanes, lo que cambió en agosto cuando Estados Unidos les impuso aranceles del 10% a las mercancías chinas por un valor de US$300.000 millones, por lo que se encarecieron los productos importados de ese país. China respondió devaluando su moneda para que el dólar pasara a costar 7,2 yuanes, variando 7,73% (Bloomberg, 2019). Esto incrementó el valor del dólar debido a la incertidumbre generada en los mercados e hizo que los inversionistas pasaran gran parte de su capital al dólar, que se considera una moneda fuerte y segura. Vale la pena mencionar que el valor del renminbi o el yuan lo fija el Banco Popular de China, a diferencia del

dólar, que obtiene su valor por la oferta y demanda. Estos dos países son los principales destinos de sus exportaciones, tan solo para el 2018 comercializaban entre ellos más de US$1500 millones diarios (Enfoque, 2019). Esta conexión nos haría pensar que el beneficio de uno representa un beneficio para el otro. Sin embargo, los beneficios políticos que recibe el gobierno Trump superan el costo que dejan estas políticas proteccionistas. Igualmente, el daño que se extiende a algunos sectores productivos en la economía mundial y el incremento de la incertidumbre no son desincentivos suficientes para evitar la aplicación de estas medidas. Los mercados financieros han demostrado reaccionar de manera negativa o positiva a los anuncios de nuevos o posibles aranceles, y a las decisiones tomadas por parte de Estados unidos y de China. Los índices bursátiles y los indicadores que muestran un crecimiento global más lento reflejan los cambios en las expectativas de los agentes y hacen evidente el movimiento hacia inversiones más seguras como bonos o, en algunos casos oro, pues como dijo Juan David Ballén al Espectador, se trata de un activo «refugio»1, lo que genera que algunos inversionistas vendan sus acciones (Vega, 2019). De aquí se debe que el precio de las acciones de compañías que cotizan en bolsa sea muy volátil y

[Estados Unidos y China] son los principales destinos de sus exportaciones, tan solo para el 2018 comercializaban entre ellos más de US$1.500 millones diarios.

1. Los activos refugio son usados por algunos inversionistas para reducir el riesgo de sus portafolios mientras pasa la tormenta.

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La Reserva Federal, presionada por Donald Trump, tomó la decisión de bajar las tasas de interés en 0,25 % en dos ocasiones (…).

algunas tiendan a la baja, haciendo que los inversionistas busquen mitigar su riesgo mediante la diversificación. Lo que también se ve reflejado en índices bursátiles como el Down Jones y el NASDAQ, que para el pasado mes de agosto cayeron 2,89 % y 3,47 %, respectivamente (Las bolsas, 2019). El S&P 500, indicador que representa el desempeño de las 500 mejores empresas de los Estados Unidos, ha venido perdiendo correlación con los demás índices del mundo a causa de esta guerra, lo que hace evidentes los esfuerzos de las demás economías por buscar nuevas alianzas para no perjudicarse por la dependencia de estas potencias. Como lo muestra la figura 1, este índice presentó dos caídas de 2,5 % y 1,5 % cada una. La primera de ellas fue posterior a la amenaza de prohibir las empresas estadounidenses

en China, y la segunda, justo después de que se les impusieran los aranceles a los bienes chinos. Esto muestra cómo los anuncios hechos por alguna de estas dos potencias generan un cambio positivo o negativo en el comportamiento de los índices bursátiles, tanto así, que el simple hecho de que Trump y Xi Jinping decidan retomar las conversaciones es bien asimilado por el mercado. Indicador de recesión El panorama de las tasas de interés ha estado en constante cambio a lo largo del año. En la primera mitad del 2019 la curva cero-cupón se invirtió, lo que se ve como una mala señal en el mercado, ya que, de acuerdo con varios autores como o Michael J. Dueker o Jonathan H. Wright (2006-2007), este es un signo de alerta que puede predecir una recesión.

Figura 1. S&P 500. Here´s how wildly stocks swing when Trump mentions trade war CME E-Mini S&P 500 Index Futures

2960

Threatens to ban U.S. companies from China

2940 2920

-2,5 %

2880

-1,5 %

+1,6 % Says China wants to restart trade talks

2860 2840 2820 2800

08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 23 Aug 2019

Fuente: Bloomberg (2019).

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08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 04:00 26 Aug 2019

Level

2900 Boosts tariffs on Chinese goods

De acuerdo con Fabozzi (2007), los movimientos de esta curva se dan por tres diferentes teorías: primero, la hipótesis de expectativas asume que las tasas cambian debido a la incertidumbre y las expectativas de los agentes; segundo, la preferencia por la liquidez se refiere a que los inversionistas prefieren el corto plazo que el largo plazo, por ende, si las tasas se negocian a un periodo alejado, se esperaría una prima de remuneración; por último, la segmentación del mercado hace evidente que, en los diferentes plazos de la curva, hay determinados grupos de inversores que no pueden cambiar fácilmente a otros plazos. Teniendo en cuenta la teoría de hipótesis de expectativas, se obtiene un diferencial de plazo que nos sirve como indicador al restar las tasas a corto plazo y los rendimientos a largo plazo. Así las cosas, el diferencial de plazo sería una «medida de la postura frente a la política monetaria» (Wright, 2006-2007); al ser más grande, la política monetaria sería más restrictiva y, por ende, habría más posibilidades de una recesión. Desde un principio, las intenciones del presidente norteamericano han sido disminuir el valor del dólar para volverlo más competitivo con respecto a otras divisas; no obstante, esto no ha dado resultado. La Reserva Federal (FED), presionada por Donald Trump, tomó la decisión de bajar las tasas de interés en 0,25 % en dos ocasiones, cosa que no pasaba hace once años desde la crisis del 2008 (Vanegas, 2019). En teoría, esta medida hace

que las tasas de los créditos disminuyan, impulsa a los consumidores a gastar y disminuye el costo del dinero. Esto se refleja en un fortalecimiento de las monedas locales de los demás países2. Como resultado de los esfuerzos de la FED por bajar las tasas de interés, actualmente la curva cero-cupón ya no está invertida y está cerca de ser plana, por lo que se han calmado un poco los ánimos del mercado. Lo que pase más adelante con estas tasas es incierto, no obstante, los mercados están intranquilos y podrían reaccionar bruscamente a cualquier señal que genere riesgo. Tanto las empresas que cotizan en bolsa como las que no lo hacen sienten las repercusiones de este conflicto. Tratándose de una compañía perteneciente a una industria en la cual se implementaron los aranceles, sus importaciones podrían encarecerse por este motivo. Normalmente, las empresas tienen planes establecidos en un horizonte de tiempo con inversiones acordes con dichos planes, pero por las condiciones cambiantes del mercado, inversiones que no parecían riesgosas en principio aumentan su nivel de volatilidad, lo que también

Como resultado de los esfuerzos de la FED por bajar las tasas de interés, actualmente la curva cerocupón ya no está invertida y está cerca de ser plana.

2. Este no es el caso de las economías emergentes como Colombia, cuya moneda ha tenido una fuerte depreciación a lo largo del año. Las principales causas de este descenso van desde una fuerte dependencia del petróleo, un gran déficit comercial de US$5.453,8 millones libre a bordo (Dane, 2019) y el riesgo que conlleva ser un país en desarrollo. Si Colombia no promueve políticas proteccionistas, probablemente el peso se siga depreciando aún más.

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ocasiona que estos inversionistas exijan mayores tasas de oportunidad y tengan en cuenta el riesgo del país incorporado en donde se localiza la inversión.

[En] Colombia y Argentina las cifras son negativas y son las monedas más desvalorizadas en Latinoamérica con 16,06 % y 39,86 %, respectivamente (…).

Guerra de divisas Con la decisión china de devaluar el yuan hasta mínimos históricos, se volvió a escuchar el término «guerra de divisas». Según Estados Unidos, el país asiático incurrió en prácticas desleales al llevar a cabo una supuesta manipulación del precio de su moneda, devaluando considerablemente el yuan y haciendo sus productos más competitivos en el exterior. Esta política ha sido

comparada por el presidente Trump con el dumping de precios. Como la divisa china, muchas más se encuentran en condiciones similares; sin embargo, otras han logrado mantenerse estables o incluso revaluarse: el euro ha caído 3,21 % durante este año, y en países como Colombia y Argentina las cifras son negativas y son las monedas más desvalorizadas en Latinoamérica, con 16,06 % y 39,86 %, respectivamente, junto con el peso chileno, que disminuyó 10,26 %. Por el contrario, entre los pocos que logran sacar ventaja de esta situación, se encuentran el bat tailandés, el peso filipino y la rupia indonesia, con crecimientos

Figura 2. Comportamiento de las monedas emergentes. Variación de precios entre el 06 de agosto del 2018 y el 05 de agosto del 2019 Bat tailandés Peso filipino Rupia indonesia Dólar de Hong Kong Dólar singapurense Ringgit malayo Rupia india Rublo ruso Renminbi chino Lev búlgaro Dólar taiwanés Sol peruano Corona checa Zloty polaco Lira turca Lei rumano Forint húngaro Real brasileño Peso mexicano Won surcoreano Rand sudafricano Peso chileno Peso colombiano Peso argentino

8,21 % 2,07 % 1,58 % 0,06 % -1,19 % -2,33 % -2,60 % -2,78 % -2,80 % -3,04 % -3,16 % -3,44 % -3,65 % -4,43 % -4,48 % -4,89 % -5,06 % -5,65 % -5,71 % -7,49 % -10,09 % -10,26 % -16,06 % -39,86 %

Fuente: Bloomberg citado por La República (2019).

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Washington incluyó a 28 empresas tecnológicas chinas en la lista negra para prohibir negociaciones con empresas estadounidenses.

de 8,21 %, 2,07 % y 1,58 %, respectivamente (Bolaños, 2019). Del mismo modo, países como Brasil, Canadá, India, México, entre otros, pueden aprovechar el contexto de la economía internacional para venderles a China o a Estados Unidos los productos que estos han dejado de suministrarse entre sí, así logran abaratar costos y generar un cambio en el comercio internacional. La guerra de divisas también se hace evidente al observar el trasfondo político que atraviesa el presidente Trump, cuyas próximas elecciones están en juego. Una de sus promesas fue proteger la industria local, lo que resultó en

la implementación de aranceles a China, que por su parte ha respondido de manera proporcional. El horizonte político y económico de las dos potencias se ve con pesimismo a los ojos de las demás economías, como resultado de las últimas acciones tomadas por los dos Gobiernos. Por su lado, Washington incluyó a 28 empresas tecnológicas chinas en la lista negra para prohibir negociaciones con empresas estadounidenses. Igualmente, China ha reducido sus políticas contra sospechosos de extremismo en la provincia de Xinjiang (Pozzi, 2019).

Referencias Bolaños, L. (6 de agosto del 2019). Argentina y Colombia son los países con las monedas más desvalorizadas en un año. La República. Recuperado de https://www.larepublica.co/ finanzas-personales/argentina-y-colombiason-los-paises-con-las-monedas-masdesvalorizadas-en-un-ano-2893449. Bloomberg (27 de agosto del 2019). Here’s how wildly stocks swing when Trump mentions trade war. [Foto de Instagram]. Recuperado de https://www.instagram. com/p/B1q1frcgAxr/?igshid=atpdhb172bmz. Dane (2019). Balanza comercial, información julio 2019. Recuperado de https://www.dane. gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/ comercio-internacional/balanza-comercial. ENFOQUE: China y EE. UU. son interdependientes económicamente y necesitan construir puente entre ambos, dicen expertos (8 de mayo del 2018). Xinhua Español. Recuperado de http://spanish. xinhuanet.com/2018-05/08/c_137162257.htm. Fabozzi, F. (2007). Fixed income analysis (2.a ed). Nueva Jersey. CFA Institute. Pozzi, S. (10 de octubre del 2019). China y EE. UU. retoman las negociaciones para zanjar la guerra comercial con pocas

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Las bolsas del mundo se hunden (5 de agosto del 2019). Portafolio. Recuperado de https://www.portafolio.co/internacional/ bolsas-del-mundo-se-hunden-532277.

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La guerra comercial entre Estados Unidos y China: efectos en países de renta media como Colombia Desde su inicio en marzo del 20181, la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular de China, caracterizada por la política proteccionista del presidente norteamericano Donald Trump y para hacer frente al expansionismo agresivo pero proteccionista en el interior de Pekín, ha tenido repercusiones en la perspectiva económica en todo el sistema internacional en general, pero también supone un efecto importante en los países de renta media (Guerra comercial, 2018).

1. «Estados Unidos impondrá aranceles de alrededor de unos US$60.000 millones a los productos importados de China por las supuestas prácticas ilegales del país, según anunció el mandatario antes de firmar una orden ejecutiva sobre este asunto […]» (Trump anuncia, 2018).

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Santiago Becerra Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales santiago.becerra@est.uexternado.edu.co

Esta disputa se ha materializado con los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chinos que ascienden a US$250.000 millones, con posibilidad de aumentarlos en US$100.000 millones, y la respuesta del gigante asiático con aranceles a productos americanos, como la soya, de US$110,000 millones y una devaluación histórica del yuan que, en los últimos meses, rompió la barrera psicológica de siete unidades por dólar (Orgaz, 2019).

Causas de la guerra comercial Estas tensiones entre las dos superpotencias han sido el resultado de la caída económica del gigante americano, reflejada en el aumento del desempleo y del déficit fiscal; la apuesta de China de ser líder en las principales industrias y su objetivo de expansión económica, que amenaza con un cambio en el orden internacional, y el envejecimiento e incapacidad de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para solucionar estas controversias. Desde 1870, Estados Unidos ha sido uno de los pioneros del modelo de libre comercio a nivel mundial, firmando acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN, pero también con países como Colombia, Perú, Israel, Corea del Sur, y diferentes miembros de la OMC. No obstante, esta dinámica ha traído también desventajas para el país americano, como el aumento de la tasa de desempleo nacional, la cual según Reuters en el 2009 llegó a ser de dos dígitos (10,0 %), principalmente porque empresas en búsqueda de competitividad, como las del sector automotriz, tecnológico y de comunicaciones, han trasladado sus fábricas a otros países (González, 2019).

Asimismo, esa apertura económica ha llevado a que todos los países quieran exportar sus bienes y servicios hacia el gigante estadounidense, como en el caso de China, que en el 2018 exportó US$539,9 billones, el 20 % del total de sus exportaciones, contra US$120 billones que importó de este país, que representan, a su vez, el 11 %. Esta situación deja a Estados Unidos con un déficit comercial difícil de reducir, pero con una buena posición para negociar. Como afirma Derek Scissors, economista jefe de China Beige Book: «China enfrentaría problemas más grandes. Hay más sustitutos para la oferta china que para la demanda estadounidense. En un conflicto comercial moderado nadie sale ganando; en uno grave, EE. UU. pierde mucho menos» (Guerra comercial, 2018). Lo anterior tiene aún más peso al entender que la mayoría de los bienes que exporta Estados Unidos son productos terminados, mientras importa materias primas y productos intermedios, lo cual le permite tener una industria y un sector terciario bien desarrollados. Ahora bien, las tensiones entre Washington y Pekín se han intensificado por la apuesta de este a una economía planificada 4.0, la cual se enfoca en inversiones a industrias como inteligencia artificial,

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farmacéutica, automotriz, aeronáutica, náutica y trenes de alta velocidad (China, 2017). El Gobierno chino tiene como objetivo superar en la siguiente década el PIB de Estados Unidos con la terminación de la nueva ruta de la seda, que buscará unir a este país con Occidente por medio de una línea ferroviaria, puertos, aeropuertos y carreteras que la hacen la mayor red comercial del mundo y con la cual China logrará crear dependencia económica y ganar competitividad mediante relaciones con economías emergentes. Pero la guerra comercial también se enfoca en los avances tecnológicos en inteligencia artificial, como el caso de la empresa china Huawei, que es pionera en infraestructura 5G, la cual es el primer paso para lograr avances sustanciales en tecnologías disruptivas (GSMA Intelligence, 2019). Por último, desde el 11 de diciembre del 2001, tras quince años de negociaciones, China ingresó como miembro a la OMC, lo que materializó la idea de apertura económica con el resto del mundo (Adikari & Yang, 2002). No obstante, la incursión del país asiático significó ceder en el campo de aranceles a productos agrícolas y al comercio de servicios. Además, se les otorgó trato nacional a todas las empresas extranjeras, permitiendo que estas

Pero la guerra comercial también se enfoca en los avances tecnológicos en inteligencia artificial.

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administraran sus negocios en China por cuenta propia. Lo anterior tuvo incidencia directa en el aumento de los flujos de Inversión extranjera directa en el país, pasando de cero a comienzos de los años ochenta a casi US$100.000 millones en el 2008, aproximadamente el 6 % de la inversión extranjera directa a nivel mundial (Naciones Unidas, 2009). Este acuerdo también trajo consigo la adhesión de China al mecanismo de solución de conflictos de la OMC, con el que se resolverían las disputas comerciales entre los miembros, especialmente, las vinculadas con prácticas injustas de comercio, robo de propiedad intelectual, transferencia obligada de tecnología, subsidios industriales, entre otras (Organización Mudial del Comercio, 2017). Si bien el acuerdo es claro, muchos cambios se han producido desde su creación, tanto en la distribución del poder económico mundial y, por ende, del poder relativo de sus países miembros, como en la composición del intercambio global de bienes, lo que ha dejado impedida a esta organización para controlar los aranceles fijados entre China y Estados Unidos, a tal punto que Trump amenazó en el 2018 con dejar la organización, «If they don´t shape up, I would withdraw from the WTO» (Micklethwait, Talev & Jacobs, 2018).

Amenazas para países latinoamericanos En una guerra comercial todos los participantes sufren, generalmente, consecuencias negativas, pero al estar hablando de Estados Unidos y China, las dos economías más importantes del mundo con PIB a precios corrientes para el 2018 de US$18.500 y US$11.400 billones, respectivamente, el sistema internacional en general también sufre las consecuencias (¿China o Estados Unidos?, 2019). Lo anterior, en el sentido de que las medidas tomadas por ambos países para contrarrestar las actuaciones del otro han tenido efectos en los países de renta media, que, como bien los describe la Comisión Económica para América Latina (2012), son países que, a pesar de tener un nivel de ingreso per cápita bajo, se considera que tienen un nivel de desarrollo institucional suficiente para acceder a capital privado. De esta forma, no son receptores prioritarios de asistencia oficial para el desarrollo, la cual busca combatir la pobreza en el mundo y privilegia a países con menores ingresos, pese a que más del 70 % de la población mundial en condiciones de pobreza vive en países de renta media y que, de los 33 países de la región, Latinoamérica y el Caribe, 28 están en esta categoría. Uno de los principales efectos de la guerra comercial en Latinoamérica ha sido la depreciación de las monedas locales, ya que, con la devaluación del yuan, en la segunda mitad del presente año, monedas como el

(…) las exportaciones chilenas se han visto afectadas, pues los precios del cobre han retrocedido un 5,8 %, llegando a los US$2,64 por libra. peso argentino y el peso colombiano se han devaluado en 33,02 % y 12,55 %, respectivamente, al tiempo que afecta las proyecciones de crecimiento económico y de inflación (Vargas Loaiza, 2019). De igual forma, han sufrido las repercusiones del modelo de negocio de ambos países, que se enfoca en cadenas de suministro eficientes, entendiéndose estas como la secuencia de eslabones en la elaboración de un producto, al tiempo que cada eslabón produce una parte y agrega valor al proceso, con el fin de satisfacer competitivamente al cliente final (LACCEI, 2012). Esto se hace evidente en el caso de Chile y su principal socio comercial, China, quien compra cerca del 24 % del total de productos y servicios chilenos, especialmente metales como el cobre, utilizados para la producción de bienes tecnológicos (Cómo golpea, 2019). A raíz de la devaluación del yuan, para las empresas chinas es más costosa la compra de productos en el extranjero, por lo que han reducido el volumen de importación de materias primas, al tiempo que las exportaciones chilenas se han visto afectadas, pues los precios del cobre han retrocedido un 5,8 %, llegando a los US$2,64 por libra (Álvarez López, 2019).

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(…) la ubicación estratégica de Colombia (…) permitiría que empresas ubicadas en China se trasladen y puedan suavizar el impacto de la disputa.

Por otro lado, también ha afectado a la industria metalúrgica colombiana por dos razones: primero, por el nivel de exportaciones de metales, y segundo, porque los productos que China no está logrando exportar a Estados Unidos están teniendo otro destino, de manera que han inundado los mercados latinoamericanos y han bajado los precios. Respecto a la primera afectación, el representante de la Cámara de Fedemetal, Juan Manuel Lesmes, aseguró, en diciembre del 2018, que las exportaciones para ese mes decrecieron un 7 % y muchas de las empresas productoras de ese mercado no lograron realizar ventas durante todo el mes. El segundo efecto ha sido la desviación del comercio: de los 34 millones de toneladas de metal que Estados Unidos le compraba al mundo, por efecto de los aranceles este ha buscado nuevos destinos como Colombia, el cual tiene una demanda total de 3,5 millones de toneladas, lo que afecta la industria nacional (Estados Unidos y China, 2018). Propuestas y oportunidades para países de renta media En conclusión, si bien ninguna guerra comercial es en su totalidad positiva y menos una entre las dos potencias económicas mundiales, la cual llega a tener efectos directos en las dinámicas internacionales, ya sea porque el dólar es la moneda por excelencia para el comercio o por la dependencia económica de los países de renta media con estos dos gigantes; la guerra comercial abre oportunidades para países en

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desarrollo, al beneficiarse por la relocalización de empresas chinas y por la exportación de productos a Estados Unidos que sustituyan los provenientes de China. En el caso colombiano, estas oportunidades yacen en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aprobado en el 2012, en el cual se eliminan barreras arancelarias y se facilita el acceso a mercados para productos exportados desde Colombia, entre otros aspectos acordados (Mincomercio, 2012). Lo anterior, sumado a la ubicación estratégica de Colombia, con salida al mar por el Atlántico y Pacífico, permitiría que empresas ubicadas en China se trasladen y puedan suavizar el impacto de la disputa. Es importante mencionar que el ministro de Comercio, Juan Manuel Restrepo, asegura que para esto Colombia ofrece todas las condiciones y seguridades a empresas del exterior y en especial a las chinas, para que se trasladen o inviertan en el país, así logran exportar hacia Estados Unidos sin aranceles (EFE, 2019). Asimismo, la guerra comercial abre la oportunidad para que productores nacionales ganen competitividad en sectores como vidrio templado, accesorios de tubería, ñame, neumáticos, tejidos de punto de fibra sintética y zapatos, entre otros. Por ejemplo, en el primero de estos, en el que actualmente China tiene el 75 % del mercado de importaciones a Estados Unidos, mientras que Colombia el 9 %, es la oportunidad para que empresas nacionales tengan un mayor peso (Guerra de aranceles, 2019).

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Guerra comercial Estados Unidos - China, ¿una oportunidad para emerger en el mercado global? Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, una de las grandes metas de Donald Trump ha sido reducir el déficit de cuenta corriente. La medida que ha utilizado ha sido la apuesta por políticas proteccionistas, que no ha caído nada bien en la República Popular China, su principal socio comercial. Esto ha ocasionado una auténtica guerra en la que las dos economías más grandes inquietan al resto del mundo.

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Juan Sebastián Gutiérrez Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales juan.gutierrez07@est.uexternado.edu.co María Alejandra Trejos Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales maria.trejos@est.uexternado.edu.co

Si bien Trump y Xi Jinping acordaron retomar las negociaciones sobre la situación comercial, deteniendo la imposición de nuevos aranceles a productos chinos, la realidad es que las últimas negociaciones no han tenido avances significativos. En este último año, las conversaciones para retomar la normalización del flujo comercial no han logrado ser ni productivas ni colaborativas. Además, la evidente falta de voluntad por parte del Gobierno de Donald Trump ha complicado aún más la relación entre Estados Unidos y el gigante asiático.

Por su parte, la República Popular China ha reaccionado con prudencia. En un inicio detuvo la compra de productos agrícolas estadounidenses y en los últimos meses, como respuesta ante las tarifas arancelarias, ha tenido que recurrir a la devaluación de su moneda, el renminbi; pues un dólar se encuentra, por primera vez desde la crisis del 2008, por encima de los 7 yuanes, con un techo de 7,0435 (China fija, 2019). La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar: pese a que en ocasiones anteriores el Departamento del Tesoro había manifestado que China no se consideraba manipulador de divisas al tener tasa de cambio fija, el pasado 5 de agosto formalmente se le acusó de incurrir en prácticas desleales en el comercio internacional. Esto dio pie a lo que se conoce como guerra de divisas.

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Algunos expertos prevén que habrá una especie de tregua a comienzos del año 2020. Aunque se rumora que habrá una especie de tregua a comienzos del año 2020, algunos economistas como James Knightley afirman que no es posible. Aquí el factor electoral es sumamente importante, pues se cree que el deterioro de la situación económica podría poner en peligro la reelección de Trump, además, habrá una presión del Gobierno sobre la reserva federal para que actúe con la intención de aumentar el crecimiento económico Pese a que los principales afectados de dicha guerra son Estados Unidos y China, no se puede hacer la vista gorda y decir que los únicos implicados en dicha batalla son estas superpotencias. Economías de menor escala también se ven fuertemente afectadas por los acontecimientos internacionales. Por ejemplo, ante la inminente devaluación del yuan, el volátil mercado de divisas sufrió un desplome a escala mundial. De igual forma, distintas monedas de economías emergentes se han visto afectadas por la guerra comercial,

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perdiendo competitividad en el mercado internacional. Así según José Antonio Ocampo(2019), codirector del Banco de la República, países como Colombia no han sabido aprovechar las ventajas de una moneda depreciada en el ámbito internacional y, al ser un país con una implícita cuenta deficitaria, se ha afectado negativamente. No obstante, países latinoamericanos con economías fuertemente dependientes de la estadounidense no son los únicos afectados, pues los emergentes dinámicos como Corea del sur y Singapur, al igual que países como Hungría y República Checa, se estima serán los más afectados según (Reuters, 2018). Estas son economías cuya principal fuente de valor es hacer parte de las cadenas globales de producción tanto de empresas estadounidenses como de las multinacionales chinas. Por tanto, de continuar la situación actual, su crecimiento anual medido con su producto interno bruto sufrirá un fuerte desplome, como

consecuencia de su papel de economías transformadoras del sector intermedio de las principales cadenas globales, y sectores como el automovilístico son los más afectados debido a los costos que deben asumir para importar y después exportar sus productos al resto del mundo. Frente a lo anterior surge la cuestión de por qué el sistema mundial se ve afectado, y se plantea el interrogante de cuál es el motivo de que las economías mundiales se vean afectadas por coyunturas políticas que pasan en otra parte del mundo. Una primera posible respuesta que surge es la dependencia de estas economías en una relación que se conoce como Norte-Sur, en la que las economías emergentes buscan integrarse en los eslabones de producción de las superpotencias económicas. No obstante, se vuelven fuertemente dependientes ante decisiones políticas sobre las cuales no tienen influencia. Por ello, algunos países le han apostado a la integración regional como una escapatoria ante la anterior problemática. Los países en desarrollo le están apostando a relaciones Sur-Sur como una alternativa en momentos de escasez. Así, es posible cuestionarse acerca de cuál es la manera apropiada para la integración de procesos económicos

(…) los [países] emergentes dinámicos como Corea del Sur y Singapur, al igual que países como Hungría y República Checa (…) serán los más afectados.

sursur que impulsen el crecimiento de estas economías en momentos de crisis mundial. A partir de lo anterior se ha determinado que la mejor forma de fomentar este tipo de relaciones es por medio de organizaciones internacionales de carácter regional, para que, con la relación entre pares y bajo un modelo de productividad total de los factores, los países se engloben en cadenas de valor regionales entre pares. Para lo anterior se debe tener claro que las organizaciones regionales se entienden como [aquellas] entidades geopolíticas que, en sus operaciones o actividades, trascienden un solo Estado o país. Sin embargo, su calidad de miembro se caracteriza por límites y demarcaciones característicos de una geografía definida y

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única, como los continentes, o de una geopolítica específica, como los bloques económicos. (Idea Internacional, 2018)

Por consiguiente, al ser estructuras que se delimitan según un territorio específico, estas tienden a tener características sociales, económicas y políticas similares, lo que hace que su conformación resulte más rápida. Entre algunos ejemplos de organizaciones regionales que actualmente cumplen un fin económico específico, se encuentran la Unión Africana, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, el Consejo de Europa, liga de los Estados Árabes, la Organización de los Estados Americanos, la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. No obstante, algunas de estas entidades, al estar fuertemente implicadas en la guerra comercial, no tienen mayores alternativas, pero

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Los países en desarrollo le están apostando a relaciones Sur-Sur como una alternativa en momentos de escasez.

aquellos países que hasta ahora están entrando en un auge y crecimiento deben ver a las organizaciones regionales como mecanismos de crecimiento regional. Tómese el ejemplo de América Latina con entidades como la Comunidad Andina o la Alianza del Pacífico en las que sus economías están fuertemente ligadas al sector de las materias primas, es decir, tienden a ser volátiles, dependientes y con poco valor agregado. Por este motivo, según Martínez (2019) es necesaria la creación e inversión en capital humano al igual que en capital físico, para introducir un modelo de sustitución de las importaciones en el cual dichos países dejen de exportar principalmente productos con poco valor agregado y entren a exportar productos con alto valor a sus socios comerciales. Momento en el cual comiencen a formar parte

de sus propias cadenas de valor regionales y creen nichos económicos con alto valor exportable al resto del mundo. En conclusión, la guerra comercial entre China y Estados Unidos es una sin precedentes, con las políticas proteccionistas estadounidenses en busca de la reducción de su déficit comercial, como resultado de la avalancha de productos de origen chino que han inundado el mercado norteamericano y mundial, y que a su vez han causado un efecto dominó en los flujos comerciales del mundo entero. Esta coyuntura debería verse como una oportunidad de emerger, y de que los países en desarrollo crezcan como bloque para que, de una vez por todas, hagan parte del sistema económico mundial.

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(…) aquellos países que hasta ahora están entrando en un auge y crecimiento deben ver a las organizaciones regionales como mecanismos de crecimiento regional.

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Una protección peligrosa: ¿el proteccionismo, una jaula o un trampolín para la economía? Hoy en día el proteccionismo parece ser la solución a la guerra comercial empezada por los dos colosos: Estados Unidos y China, y que está afectando la economía mundial. Es importante analizar que este tipo de política ha sido utilizado por diferentes países del mundo en diferentes épocas, y que, si algunas naciones consiguieron éxitos económicos como Corea, otros fallaron desastrosamente como Brasil y no alcanzaron las metas económicas que se habían fijado. Esto se debió al hecho de que, por un lado, Corea se enfocó en una cadena de integración vertical, mientras que Brasil, por el otro, se enfocó en una cadena de integración horizontal.

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Eleonora Arisci Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales eleonoraarisci@gmail.com María José Sotelo Estudiante VII semestre de Finanzas Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales maria.sotelo01@est.uexternado.edu.co

Entre los años sesenta y setenta, Corea implementó un modelo proteccionista como estrategia para impulsar su crecimiento económico. Este país, con pocos recursos naturales y escasas herramientas económicas en el sector de materia prima, logró un incremento en el PIB superior al 7 % en la década mencionada. Las medidas proteccionistas se aplicaron sobre el mercado interno para evitar la entrada de productos del exterior, implementando aranceles «según la estrategia de industrialización mediante sustitución de importaciones» (Krugman & Obstelf, 2007, p. 263). Desde 1945, al ser colonia japonesa, Corea recibió una fuerte influencia tecnológica, textil y de calzado. Es así como el Gobierno coreano se dio cuenta de su potencial en el capital humano eficiente y a bajo costo frente al mercado exterior. Además de un factor esencial, en la cultura coreana se destaca un componente: el patronato, que contribuye de manera sustancial al funcionamiento del modelo proteccionista. Esto se debe a su idiosincrasia confucionista, que destaca la autoridad, la disciplina y el cumplimiento de las reglas, y que da preponderancia al núcleo familiar.

De esta manera, se generó una relación fuerte entre el Estado y las empresas locales para lograr el éxito en los mercados. Asimismo, se consiguió el avance económico gracias a la creación de una estructura empresarial peculiar y muy influyente para alcanzar los resultados de hoy: los chaebol, que son grupos de empresas familiares dedicados al desarrollo de sectores manufactureros altamente tecnológicos. Corea fue inspirada por los keiretsu japoneses, empresas familiares especializadas en diferentes negocios según las necesidades del mercado. El modelo económico de los keiretsu tiene una estructura vertical y una mayor cadena de mando como en Corea. En su estructura de red hay un núcleo central alrededor del cual se organizan un poder económico, un banco central y un trader. Las ramificaciones que se expanden de este núcleo son las pequeñas empresas que tienen acuerdos comerciales con el fulcro de la organización, ya que son altamente interdependientes. Los conglomerados son representados por un grupo pequeño y tienen un único dueño. Las tareas que corresponden a cada uno son diferentes, pero alcanzan un único objetivo final que se articula en una economía de escala, competitividad,

Corea fue inspirada por los keiretsu japoneses, empresas familiares especializadas en diferentes negocios según las necesidades del mercado. 121

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[El proceso de industrialización e innovación en Corea] se articula en tres fases: la imitación, el aprendizaje y la innovación tecnológica.

búsqueda de una sinergia entre las corporaciones y búsqueda de mayor valor agregado para hacer los productos más atractivos. En el caso de los chaebols, se intenta una integración hacia adelante y atrás, combinando la propiedad de empresas proveedoras de materiales (con el objetivo de crear un suministro estable y asegurar una calidad constante en el producto final) y de empresas subsidiarias que distribuyen y comercializan los productos fabricados. En general, la planificación estratégica de los grupos más importantes del país se dirige hacia estas áreas mencionadas. (Mastrapascua, 2013)

Corea quiso desarrollarse en términos tecnológicos y, sobre todo, invirtió en la formación de su capital humano, para que fuera una parte complementaria al proceso de industrialización e innovación. Las empresas incrementaron el volumen de sus exportaciones gracias a una desgravación fiscal de cerca del 40 % (Santana, Gómez & Piñeiro, 1996). La expansión de los centros de formación y de investigación en los sectores químicos y de industria pesada fue significativa para que Corea compitiera a nivel internacional y se convirtiera en una nación atractiva. La aplicación de barreras económicas a los productos del exterior y la ampliación del comercio interior hicieron que Corea se volviera «más grande en términos de su valor agregado, el cual sobrepasó el de EE. UU., Japón, México y Reino Unido» (Licona & Rangel, 2013). En el largo plazo, Corea demuestra que las medidas

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proteccionistas fomentan un retraso importante en el sector industrial a causa de las decisiones aplicadas. Según Licona y Rangel (2013), este proceso se articula en tres fases: la imitación, el aprendizaje y la innovación tecnológica. La imitación consiste en la adquisición de las técnicas productivas extranjeras que son interiorizadas por la industria coreana, y el aprendizaje consiste en la adopción de la tecnología extranjera, en la adquisición de las licencias e incursión en procesos de innovación. La innovación tecnológica se aplicó al proceso de producción en los bienes y servicios de manera que los productos coreanos se volvieran competitivos en el mercado internacional. Corea apostó por las exportaciones, lo que hizo que aumentaran los ingresos per cápita y mejorara la calidad de vida, además de la producción de bienes y servicios. La consecuencia del modelo proteccionista fue que el desarrollo industrial alcanzó unos niveles tales que incrementó el PIB. «Los sectores de punta del desarrollo económico de la fase proteccionista fueron petroquímica, electrónica, siderurgia, metales no ferrosos, maquinaria, construcción naval y textil» (Licona & Rangel, 2013). Este modelo tuvo logros beneficiosos para el país en el corto plazo: en función de la disponibilidad de los recursos escasos, generó una alta competitividad tecnológica gracias a una fuerte formación del capital humano. No obstante, lo que hizo Corea fue dumping, es decir, invadió los mercados del exterior –cabe señalar que en esa época no

era ilegal–, protegió su mercado interno combinándolo con aranceles casi nulos. Brasil: el fracaso del proteccionismo a la latinoamericana Por otro lado, Brasil, que cuenta con una gran dotación de recursos naturales y una posición geográfica estratégica, no supo disfrutar de los recursos que tenía para implementar una política exitosa. Brasil ha desarrollado un sistema económico basado en aranceles altos y dispersos. En la actualidad, sus medidas proteccionistas afectan enormemente el comercio con los países fronterizos como, por ejemplo, Argentina, Uruguay y Paraguay. Paraguay es el mayor socio comercial de Brasil y cada choque económico que sufra este país impacta la economía paraguaya. El proyecto relativo a la apertura de los duty free en las fronteras brasileñas genera efectos negativos en las importaciones porque los productos son exentos de impuestos y, por lo tanto, más baratos y tal vez de mejor calidad. A causa de lo anterior, los vendedores de las fronteras se han visto obligados a cerrar sus tiendas por la fuerte competencia. Las barreras comerciales desincentivan las empresas menos competitivas al aumentar su producción. No obstante, Brasil es un país que se está abriendo al comercio exterior, está en los últimos lugares de libertad y apertura económica en la clasificación mundial de la Heritage Foundation. Como América Latina es un continente

poco competitivo, el proteccionismo fue la única alternativa a la débil industria, muchas industrias poco o nada competitivas pudieron crecer gracias a las medidas proteccionistas de los años cincuenta porque se aplicaron aranceles a los productos extranjeros que resultaban demasiado caros para importarlos. Brasil se abrió al comercio internacional desde los años noventa, sin embargo, las medidas proteccionistas permanecen como una nota peculiar de la economía brasileña. No obstante, Brasil se ha convertido en un país de libre comercio y muchas son las críticas contra el liberalismo económico, no es la mejor manera para que un país subdesarrollado pueda empezar su crecimiento. Los países que actualmente están a favor del libre comercio, antes de que Trump impusiera la política de los aranceles contra China, se convirtieron en países desarrollados gracias a políticas proteccionistas. El libre comercio perjudica a los países subdesarrollados debido a que sus productos tienen un costo de producción más elevado

Brasil ha desarrollado un sistema económico basado en aranceles altos y dispersos.

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[Las] medidas proteccionistas [de Brasil] afectan enormemente el comercio con los países fronterizos como, por ejemplo, Argentina, Uruguay y Paraguay.

su posición en el mercado, así como reducir la rivalidad en la industria» (Isaza, 2016). Sin embargo, no lo logró. La apertura de Brasil al libre comercio ocurrió en un contexto de proteccionismo económico para que atrajera la inversión extranjera directa y para estimular la economía local.

y dependencia tecnológica, que genera un precio de venta mayor, y la industria brasileña le apuesta a su crecimiento económico con medidas proteccionistas para implementar la industria nacional. El modelo económico de este país se basa en una integración de tipo horizontal, es decir, «que una empresa adquiere, fusiona o crea otra u otras compañías […] que producen bienes del mismo tipo […] con el fin de lograr cubrir otros segmentos del mercado» (Isaza, 2016). Brasil decidió aplicar este tipo de política con el fin de lograr una economía de escala, y «permitir una mayor eficiencia al compartirse recursos humanos y tecnológicos […] Gracias a esta estrategia, una empresa puede fortalecer

La coyuntura actual: en medio de una guerra comercial La guerra comercial entre China y Estados Unidos no favorece el desarrollo de políticas económicas en Latinoamérica. Uno de los mayores problemas de Brasil es su economía recientemente abierta que todavía mantiene características proteccionistas, puesto que hay una baja productividad. Esto se debe al hecho de que Brasil es un país poco competitivo y dependiente tecnológicamente, lo cual lo hace poco atractivo para la inversión. Si un país es atractivo, es más competitivo, eso significa mayor productividad y mejor inclusión en una cadena de valor mundial. El apoyo político de Trump en la elección de Bolsonaro (actual presidente de Brasil) explica la necesidad

Según el viceministro chino [Hu Chunhua], las relaciones que tienen que impulsarse son las multilaterales de mercado abierto. de Estados Unidos de encontrar socios económicos y apoyos políticos para llevar la victoria en la guerra comercial contra China. Sin embargo, Bolsonaro se presentó como un defensor de la política económica del laissez faire, remarcando la necesidad de construir políticas de liberalismo económico frente al ministro de Estados Unidos durante su visita a la Casa Blanca. Según Ernesto Zedillo, doctor en Economía, investigador de Yale, y expresidente mexicano, la culpa del bajo desarrollo de los países subdesarrollados como Brasil no se le debe atribuir al neoliberalismo, sino a las políticas públicas ineficientes (citado por Romero Miranda, 2012). Además, el viceministro chino Hu Chunhua concuerda con Zedillo y remarca cómo las medidas proteccionistas implementadas por algunos países, como Estados Unidos y Brasil, están poniendo en peligro el equilibrio económico mundial. Según el viceministro chino, las relaciones que tienen que impulsarse son las multilaterales de mercado abierto.

En la actualidad el Gobierno de Brasil quiere abrir el comercio de carne de pollo y de cerdo en un momento en que empuja para que las barreras comerciales continúen cerradas. De manera particular, Brasil y Uruguay están construyendo alianzas en la ganadería, para exportar su carne de mejor calidad gracias a investigaciones e inversión en el sector. El hecho de que quieran exportar la carne muestra cómo la política brasileña es contradictoria: hay barreras comerciales muy fuertes que quieren removerse para exportar la carne y, al mismo tiempo, la economía se presenta cerrada al exterior. Esto es una clara evidencia de que las políticas proteccionistas encierran y estancan el desarrollo de un país. Aunque la combinación de medidas proteccionistas y políticas públicas generó un beneficio en el corto plazo del crecimiento del PIB en Corea, en un contexto histórico y cultural totalmente diferente al de hoy, no significa que sea un modelo sostenible en el tiempo.

Referencias Isaza, J. J. (26 de junio del 2016). Qué es integración vertical e integración horizontal. [Entrada de blog]. Recuperado de https:// bienpensado.com/integracion-vertical-eintegracion-horizontal/. Krugman, P. & Obstelf, M. (2007). Economía internacional, teoría y política. Madrid: Pearson Education. Licona, Á. & Rangel, J. E. (2013). Corea del Sur: proteccionismo y apertura para la transformación económica. Orientando Temas de Asia Oriental, Sociedad, Cultura y Economía, (4). Recuperado de https://www. uv.mx/chinaveracruz/files/2013/02/4-5Corea-del-Sur-proteccionismo-y-apertura. pdf. Mastrapascua, J. (2013). Conglomerados coreanos. El Estado como promotor del desarrollo industrial. (Trabajo de grado). Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Recuperado de http://bdigital.uncu.edu.ar/ objetos_digitales/7061/16-mastrapasquatesisfce.pdf. Romero Miranda, M. Á. (2012). El sexenio de Ernesto Zedillo. El Cotidiano, pp. 5-17. Santana, C., Gómez, C. & Piñeiro, R. (1996). La estrategia comercial de Corea. Comercio Exterior (Banco Nacional de Comercio Exterior (México)), 4612, 1003-1007. Recuperado de http://revistas.bancomext. gob.mx/rce/magazines/329/8/RCE8.pdf.

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Las caras del proteccionismo y el desarrollo económico La coyuntura económica entre Estados Unidos y China está afectando el comercio internacional y la expansión de industrias en el mundo. Es pertinente realizar un contraste entre un proteccionismo exitoso como el de Japón y un proteccionismo desarrollado en un sistema socialista como el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y analizar qué tanto ayuda el proteccionismo al desarrollo económico de China y Estados Unidos o si únicamente genera efectos positivos a corto plazo.

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Cinthya Torres Estudiante VII semestre Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales cinthya.torres@est.uexternado.edu.co Natalia Trujillo Estudiante VII semestre Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales natalia.trujillo@est.uexternado.edu.co

Las políticas económicas internacionales que ha adoptado Rusia a lo largo de su historia se han basado en distintos modelos económicos. Uno de los primeros fue el estándar, el desarrollo más importante que obtuvo este modelo fue la construcción del ferrocarril para 1913, puesto que conectaría a Rusia con el exterior. A su vez, mediante los aranceles en el sector de textiles de algodón se incrementó el desarrollo de la producción de este, lo que dio como resultado que para el siglo XX Rusia produjera la misma cantidad de algodón que Alemania; junto con el incremento en el sector educativo, esto le dio a Rusia las herramientas para ser más competitiva a nivel internacional. Pese al crecimiento en el PIB que logró Rusia por medio de este modelo, no fue el ideal, ya que la demanda laboral no incrementó y, por ende, las empresas empezaron a acumular riquezas, lo que generó grandes brechas de desigualdad y dio como resultado la Revolución de Febrero en el año 1917. A partir de la revolución tuvieron cuatro años de guerra civil, en la que los bolcheviques ganaron y, mediante el Gobierno provisional ruso, controlaban a la nación. Tiempo después en 1922 nace la URSS, la cual tenía mucha población de agricultores pequeños, que requería una gran inversión en tecnología para alcanzar un nivel aceptable de desarrollo.

El primer plan quinquenal [ruso] se desarrolló en 1928 y consistió en concentrar la inversión en la industria pesada y la producción de maquinaria (…).

La solución a este problema fue adoptar un modelo más proteccionista, bloqueando la entrada de nuevos agentes al mercado nacional con el objetivo de eliminar la competencia en el mercado y que todo fuese manejado por el Estado. Los bolcheviques se basaron en las definiciones e ideologías de Karl Marx y adoptaron una economía de bienestar, en el caso de la URSS desarrollaron esta economía mediante la asignación específica de recursos a ciertos sectores económicos. Es así como nacen los planes quinquenales, el mercado queda en segundo plano, y todas las decisiones del mercado son tomadas por el Gobierno, por lo que se convierte en una economía centralmente planificada. Los conceptos de valor y precios se distancian, puesto que a diferencia del mundo capitalista aquí se da una asignación específica de recursos y hay un fuerte intervencionismo del Estado, que asigna y planifica los precios a los cuales deben negociarse, mientras que en el mundo capitalista son determinados por la oferta y la demanda. Por otro lado, hay un cambio en la teoría económica: ya no existen únicamente curvas de oferta y demanda del individuo, sino que se pasa a curvas colectivas, las cuales tienen en cuenta las necesidades del pueblo. El primer plan quinquenal se desarrolló en 1928 y consistió en concentrar la inversión en la industria

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Pese a que Rusia ha tomado medidas proteccionistas y estas le han permitido su desarrollo industrial, se ha visto fuertemente afectada por cuestiones internacionales. pesada y la producción de maquinaria con el objetivo de mejorar la industria tanto militar como productiva. A su vez, se fijaron unos límites de fabricación que les exigían a las empresas producir una cantidad determinada de bienes con el objetivo de suplir y cumplir la producción total. Junto con la agricultura colectivizada, que consolidó la tierra y la mano de obra como dominio popular, se proyectó que con este método se podría llevar a cabo adecuadamente la redistribución en el campo, pero no fue así, la implementación de este desencadenó en la hambruna de 1933. De esta manera, pese a que Rusia ha tomado medidas proteccionistas y estas le han permitido su desarrollo industrial, se ha visto fuertemente afectada por cuestiones internacionales. Los planes quinquenales no funcionaron en su totalidad, debido a cuestiones tanto nacionales como

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internacionales, afectados principalmente por la disminución en su población causada por la invasión de los alemanes en 1940. A su vez, la migración de los campesinos a las ciudades, donde podían obtener mayores beneficios, afectó la redistribución de la tierra proyectada por el Gobierno. Japón como contraste al proteccionismo soviético Por otro lado, es interesante traer a colación el proteccionismo abierto que implementó Japón después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, reconociendo que fue por medio de esta doctrina que el país asiático logró aumentar el ingreso per cápita a 5,9 % entre los años 1950 y 1990, y logró un PIB de 212.609 mil millones de dólares a precios actuales para 1970 (Banco Mundial, 2019). A continuación, se debatirán cinco puntos de la política industrial

japonesa, los cuales son vistos como políticas de proteccionismo e injusticias, que explican el crecimiento del país después del conflicto mundial. Para este artículo se entenderá política industrial como «una intervención por el Gobierno con el motivo de cambiar la asignación de recursos en el mercado, frecuentemente favorable a la industria manufacturera» (Nishijima, 2009). Es importante anotar que, para la industrialización japonesa en el periodo de reconstrucción, fue menester una planificación particular, la cual implementó y dirigió el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, esta se enfocó en la escala de producción. La primera de las políticas que se instauró en Japón fue la protección de las industrias en desarrollo y la salida de las industrias decrecientes-débiles en el mercado. Esta medida buscaba fortalecer los incentivos y el control de la estructura industrial nacional. La segunda decisión se orientó hacia los fallos de mercado: industrias sin equilibro e información asimétrica. La anterior política guiaba la asignación de recursos y el sistema tributario junto al de subsidios con la información apropiada. La tercera medida fue la intervención a las compañías individuales para mejorar la salud del mercado. La cuarta política implementada fue la privación voluntaria de exportación y acuerdos internacionales, para tener un

debido proceso en las relaciones internacionales y solucionar de la mejor forma la fricción comercial. Por último, las decisiones frente a factores macroeconómicos, ambientales, investigación y desarrollo, y la estandarización de la distribución del ingreso contribuyeron al progreso y al rápido crecimiento japonés. Ahora bien, como se dijo, estas políticas se consideran proteccionistas, debido a las restricciones que traen al comercio internacional. Japón buscó un equilibrio entre sus exportaciones e importaciones, así se convirtió en un país altamente

Japón buscó un equilibrio entre sus exportaciones e importaciones, así se convirtió en un país altamente intensivo en capital.

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Japón se benefició de los bajos aranceles que tenía establecidos Estados Unidos con relación a las importaciones de su país (…).

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intensivo en capital. Esto le permitió volverse mucho más competitivo frente a los demás países y realizar dumping, que consiste en una práctica comercial en la que se puede establecer el precio de un producto por debajo de su precio normal para ganar mayor participación en el mercado. El dumping se pudo realizar en el país japonés gracias a los subsidios estatales, y al mismo tiempo, por el avance en el desarrollo industrial respecto a la tecnología, basándose en los precios de mercado y en una estrategia de inversión. Por último, es de suma importancia señalar que Japón se benefició de los bajos aranceles que tenía establecidos Estados Unidos con relación a las importaciones de su país, pero para los años setenta en el periodo del presidente

Nixon «[…] se impuso un arancel del 10 % y se firmó un acuerdo con el Gobierno japonés para pasar a un tipo de cambio fijo de 308 yenes por dólar, revaluado en un 16,88 % (hasta 1971, 360 yenes por dólar) […]» (Aguilar, 2011). Es así como actualmente las políticas proteccionistas que llevan a cabo Estados Unidos y China en la guerra comercial han generado un efecto dominó en la economía internacional, los aranceles y el juego con las tasas de cambio han sido herramientas implementadas por los dos países. En lo concerniente a Estados Unidos, es evidente que no es la primera vez que utiliza políticas proteccionistas como las que implementó con el presidente Nixon. Este país, al verse desbancado como la primera potencia mundial, reacciona con este tipo de políticas para proteger su industria y su posición

Referencias Allen, R. (2011). Global economic history: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Banco Mundial (2019). Datos macroeconómicos Japón. Recuperado de https://datos.bancomundial.org/pais/japon. González, M. (2019). Guerra comercial, ¿cómo afectan los nuevos aranceles a la economía? CNN. Recuperado de https://cnnespanol.cnn. com/video/guerra-comercial-china-eeuucomo-afectan-nuevos-aranceles-economiasergio-cesarin-intv-gonzalez-dinero/.

tanto nacional como internacional frente a China. Es así como su contrincante, China, pese a su sistema comunista ha logrado aumentar significativamente su participación a nivel mundial, mediante la implementación de una alta infraestructura alrededor de países estratégicos que garantizan el aumento de su participación en el mercado. Por

ello, Estados Unidos siente recelo y miedo de las decisiones que puede tomar China, debido a la influencia económica que generaría el comunismo en el sistema internacional capitalista. Las medidas proteccionistas tomadas por los dos países no proveen una visión clara de quién se verá afectado en mayor medida por esta guerra comercial.

Kennedy, S. (2005). China’s porous protectionism: The changing political economy of trade policy. Political Science Quarterly, 120(3), 407-432. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/20202558. Krugman, P. (2006). Economía internacional: teoría y política. Madrid: Pearson Education. Nishijima, S. (2009). Desarrollo económico y política industrial de Japón: implicaciones para países en desarrollo. RIBE Discussion paper(246). Recuperado de https://www. rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/dp/English/ dp246.pdf. Tintner, G. (1970). El comercio de las economías socialistas. Investigación Económica, 30(118), 277-315. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/42779351. Rusia: el país más proteccionista del mundo (2019). El País. Recuperado de https:// cincodias.elpais.com/cincodias/2014/11/18/ emprendedores/1416326999_607568.html.

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El mundo y sus contrastes

en dos nuevos libros de FIGRI En esta ocasión reseñamos dos nuevos libros que enriquecen el ya nutrido catálogo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI), de la Universidad Externado de Colombia. Uno es Los rostros del otro. Colonialismo y construcción social en Medio Oriente y Norte de África, editado por los profesores investigadores Felipe Medina Gutiérrez, Diana H. Cure Hazzi y Pío García. El otro, Nuevas estrategias de inserción internacional para América Latina,

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editado por el profesor investigador Graziano Palamara. Ambos son obras fundamentales para los estudiosos que buscan nuevas miradas sobre aspectos esenciales del transcurrir moderno, que avanzan sobre temas tan urgentes como los del colonialismo, la economía, la política, la inclusión. Son miradas que proponen otros debates, otros enfoques, y sugieren caminos para avanzar en la compresión de este mundo cada vez más cercano y más complejo.

Luis Fernando García Núñez Docente Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales luis.garcia@uexternado.edu.co

Medina Gutiérrez, F.; Cure Hazzi, D. H. y García, P. (eds.) (2019). Los rostros del otro. Colonialismo y construcción social en Medio Oriente y Norte de África (1.ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia Es preciso destacar, como lo hace en el prólogo Gonzalo Ordóñez Matamoros, «la novedad de la investigación sobre una región en la que convergen los grandes conflictos del siglo XXI, lo cual no ha recibido el debido tratamiento académico en el ámbito latinoamericano. Como afirma uno de los expertos consultados, “se han hecho trabajos desde México, Argentina y Brasil; no obstante, la bibliografía en español es mínima, por lo que presentar una obra desde la percepción colombiana, es innovador, y se hace frente a vacíos académicos”». Este es uno de los singulares aportes de este libro y otro, sin duda, es el valor que los estudios tienen entre nosotros, pues promueven el conocimiento de regiones que hoy influyen en el desarrollo de un mundo globalizado, cada vez más cercano, más comprometido a pesar del ambiente que generan algunos líderes mundiales que quisieran cerrar las fronteras y propiciar esos nacionalismos que conducen a graves desórdenes, a la xenofobia y al rompimiento de la paz mundial.

Es preciso destacar, como lo hace en el prólogo Gonzalo Ordóñez Matamoros, «la novedad de la investigación sobre una región en la que convergen los grandes conflictos del siglo XXI, lo cual no ha recibido el debido tratamiento académico en el ámbito latinoamericano(...)».

Los capítulos que componen este singular trabajo servirán para reconocer el valor que ellos tienen y las luces que pueden dar a quienes están interesados en conocer al Medio Oriente y el Norte de África, y las luchas que allí se han dado y que, de manera especial, repercuten en el mundo. En tres partes se desenvuelve el hilo conductor: 1) Algunos procesos históricos. 2) La configuración social y cultural. 3) Las relaciones extrarregionales con América Latina y Colombia. En los procesos históricos aquí tratados tenemos cuatro interesantes capítulos: 1) «Kurdistanes en el Kurdistán: derecho a la existencia»,

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Los temas, y los títulos de los capítulos que componen Los rostros del otro, indican que estamos frente a una singular primicia editorial que trata aspectos de especial interés e importancia sobre dos zonas geográficas vitales en el desarrollo económico, político y cultural del mundo moderno.

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de Sebastián Estremo. 2) «Revolución armada y guerra de liberación popular palestina en la década de los sesenta», de Martín A. Martinelli. 3) «Egipto: de la casa de la revolución y de la revolución a la casa. La “cuestión de la mujer” en un siglo nacionalista», de Carolina Bracco. 4) «El fenómeno del yihadismo global: del surgimiento de al-Qaeda a la lucha contra Isis», de Angélica Alba Cuéllar. En la configuración social y cultural encontramos cuatro trabajos: 1) «Algunos conceptos clave en la historia y el presente del islam», de Felipe Medina G. 2) «Chiismo en tierra wahabí: sectarismo, adaptación y resistencia en el reino saudí», de Paulino Robles G. 3) «From Khalil Gibran to Meira Delmar: Reflections on the literature of the colombian Mahjar», de Odette Yidi David. 4) «Cuando las mujeres árabes musulmanas danzan: un sistema de empoderamiento en el hogar, y el

vocabulario codificador para ocupar el espacio público», de Hanan Al-Mutawa. La última parte, relativa a las relaciones extrarregionales con América Latina y Colombia, tiene tres ensayos: 1) «Palestina e Israel en la política exterior colombiana», de Pío García. 2) «República Islámica de Irán: cambios, desafíos y relaciones con América Latina», de Manuel Alejandro Rayran Cortés. 3) «Reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática: entre la legalidad internacional y los cálculos geopolíticos», de Jerónimo Delgado C. y Juliana A. Guzmán C. Los temas, y los títulos de los capítulos que componen Los rostros del otro, indican que estamos frente a una singular primicia editorial que trata aspectos de especial interés e importancia sobre dos zonas geográficas vitales en el desarrollo económico, político y cultural del mundo moderno. En las conclusiones

generales, con especial tino, se dice que, «contrario a la experiencia de milenios de tolerancia religiosa y coexistencia de minorías en las grandes unidades políticas que profesaron el islam, como lo fueron el Imperio otomano, el Imperio persa safávida o el Imperio mogol, en los últimos años hemos sido testigos de una ola racista, chovinista y radical que empezó a recorrer de manera agresiva a Europa y América. Especial atención requiere la posible incidencia de estas políticas que están por verse en el resto del mundo y de las cuales no se sabe aún su impacto sobre otros continentes como Asia o África», también, claro está, en América que vive uno de los momentos más difíciles de su historia.

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Es un reconocimiento de las dinámicas globales y regionales que vive el mundo en estos momentos en que parecen desatarse pasiones encontradas entre los viejos nacionalismos excluyentes y fatales que en América han llevado a una nueva dimensión geopolítica.

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Palamara, G. (ed.) (2019). Nuevas estrategias de inserción internacional para América Latina (1.ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia Este libro se acerca a un tema de especial interés para los estudiosos de las ciencias sociales y, en especial, de las relaciones internacionales. Es un reconocimiento de las dinámicas globales y regionales que vive el mundo en estos momentos en que parecen desatarse pasiones encontradas entre los viejos nacionalismos excluyentes y fatales que en América han llevado a una nueva dimensión geopolítica, como lo veremos en los capítulos que componen esta obra. «Factores como la asimetría de poder entre los actores latinoamericanos y los Estados Unidos, la dependencia de los mercados de exportación, el histerismo de los esquemas integracionistas y las desigualdades en la redistribución de las riquezas nacionales, acaso no, hicieron de contrapunto a los elementos de transformación». Es una interpretación válida que permite la controversia en campos muy diversos de la política, la economía, la cultura. Este libro tiene seis capítulos: 1) «Pensamiento decolonial y nuevos estudios internacionales latinoamericanos», de Aldo Olano A.

2) «La inserción internacional de la Alianza del Pacífico en la visión de sus empresarios», de Rita Giacalone. 3) «Brasil y el Pacífico suramericano: visiones geopolíticas y gran estrategia (2003-2018)», de Gisela da Silva Guevara. 4) «Paradiplomacia, ciudades y regiones. Vinculación entre lo interno y lo externo», de Martha Ardila. 5) «La inserción internacional en seguridad y defensa de Colombia: una cuestión estatal», de Rafael E. Piñeros. 6) «La relación Estado-sociedad: una variable para la inserción internacional. Las agendas de Chile y Bolivia», de Graziano Palamara. Estos ensayos muestran una pluralidad de factores que llevan a la inserción internacional «a partir de tres componentes íntimamente conectados entre sí». En primer lugar, el componente del desarrollo; en segundo lugar, la vinculación entre factores internos y externos, y al final, la relación Estado-sociedad civil. «Estos tres componentes teóricos soportan, entonces, un concepto de inserción amplio, capaz de involucrar todos los recursos, las representaciones discursivas, las ambiciones y las dimensiones simbólicas e institucionales que proporcionan la elaboración y la implementación de una propuesta de inclusión». Alrededor

de ellas se va construyendo la inserción internacional como una «combinación de iniciativas llevadas a cabo por actores públicos y/o privados encaminadas a desarrollar los márgenes de maniobra de América Latina a nivel mundial». De este modo, como se agrega en la introducción, «los capítulos acogen, entonces, a una categoría analítica de inserción internacional que mira más allá de las estrategias de las políticas exteriores», y los capítulos del libro «rescatan ejes teóricos y temáticos que, al centrarse en los aspectos políticos, económicos, estratégicos y culturales de la acción internacional de América Latina, exploran la inserción como fruto de distintos componentes». Esta es una valiosa contribución a los estudios que se han dado alrededor de esas nuevas estrategias de las relaciones internacionales y a los ejercicios que ellas han implicado en la reconstrucción de una teoría latinoamericana que no puede «ignorar la propuesta intelectual y política contenida en el pensamiento decolonial latinoamericano, la misma que hoy muestra una activa participación en los debates interepistémicos que se vienen dando en distintas partes del planeta».

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