DE LA TIERRA .......................................................................................PAG

los conflictos sobre los ecosistemas estratégicos de alta importancia en relación al cambio climático. En este sentido, la Constitución de 1991, ratifica la convención Ramsar para la conservación de humedales en 1997, estableciendo las condiciones legales y políticas para repensar los cuerpos de agua. En este contexto, las ciénagas dejaron de ser vistas oficialmente como obstáculos para el progreso, pantanos o charcos indeseados, para convertirse en humedales y ecosistemas estratégicos de importancia nacional e internacional. Este giro de la política nacional e internacional, se constituyó en un marco para la generación y concertación de iniciativas de conservación de los humedales en Colombia.

En consonancia con los mecanismos internacionales de preservación y protección de humedales y paramos, y a partir de la ola invernal 2010-2011, que afecto drásticamente a Colombia, el Fondo de Adaptación, el Instituto Humboldt y el IGAC desarrollan un proceso de reconocimiento y delimitación de humedales y páramos encaminado a reducir las condiciones de riesgo futuro frente al cambio climático y la crisis mundial del agua, como el caso de la ruptura del Canal del Dique.

ESCALONAMIENTO DE LAS TENSIONES POR POSESIÓN Y USO DE LA TIERRA

El modelo de desarrollo económico actual se caracteriza por una explotación excesiva de los recursos naturales y altos niveles de contaminación al medio ambiente, donde, el hombre en el desarrollo de actividades económicas de crecimiento, transforma negativamente el medio, a través de la realización de actividades de deforestación y sobreexplotación de acuíferos, extinguiéndose de paso especies animales y contaminando el aire con gases tóxicos.

El uso y tenencia de la tierra en el Departamento de Córdoba, ha formado implicaciones negativas a los ecosistemas estratégicos en que los que se incluyen humedales y ciénagas, dado que en estos territorios se encuentran asentados indígenas y campesinos que desde antes del periodo colonial vienen desarrollando actividades de subsistencia y dinamizando la cultura Zenú, hoy cercados y arrinconados por actuaciones económicas de terratenientes que han ocupado de manera ilegal estos predios, desecándolos para desarrollar actividades de ganadería extensiva y de agricultura comercial.

Desde los años 50s, se ha detectado un progresivo desecamiento, desaparición y reducción de las ciénagas del departamento. En los municipios de Montería, Cerete, San Pelayo y San Carlos, han desaparecido más de 8.300 hectáreas de humedales, debido en gran parte a la construcción de carreteras y ampliación del número de haciendas y la consolidación del comercio ganadero en la región (Negrete, 2015)

La ciénaga grande del bajo sinú, no ha sido ajena a la anterior situación, es así como en 1952 se construyó la carretera Montería-Lorica que por su trazado origino taponamientos y modificación del curso natural de las aguas y de los afluentes tributarios, generando inundaciones permanentes que afectan a la población local; la destrucción de hábitat y playones donde los campesinos desarrollan cultivos transitorios, entre otras.

Este panorama se incrementa aún más con el recrudecimiento de la violencia en la década de los 70s al 90, producto del conflicto armado que para entonces se desarrolló con más fuerza en el territorio. Para este entonces ya las guerrillas del EPL, FARC y ELN, habían ocupado amplios territorios en la región y los paramilitares organizados en las AUC, tomaron a Córdoba como territorio de mando de sus operaciones, que, apoyados por hacendados y ganaderos, ejercieron un fuerte y amplio control del territorio.

Las AUC, lograron un significativo apoyo del Estado en su proceso de construcción y consolidación, mediante la expedición de los Decretos 3398 de 1965; 48 de 1968, los cuales autorizaban a las fuerzas armadas a conformar y entrenar a grupos armados y el articulo 4 del Decreto Ley-356 de 1994 que autoriza la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), las cuales fueron legales hasta 1997, año en que la Corte Constitucional restringió el soporte legal de estas.

La expresión más fuerte del accionar y control territorial y político de las AUC en Córdoba la constituyo el denominado “Pacto de Ralito” de 2001. Este pacto se planteó el refundar la patria, firmar un nuevo contrato social, garantizar los fines del estado y construir una nueva Colombia. El interés principal de Ralito fue asegurar la representación en el congreso en el 2002, que le asegurara a la AUC, respaldo político para una posterior negociación política con el Estado.

El proceso de Ralito, significo además la cooptación del Estado local y de sus máximos representantes políticos. La institucionalidad capturada en este proceso, se puso al servicio de las AUC y en otros casos hicieron nombrar a sus dirigentes, siendo los casos más representativos de la captura institucional: Universidad de Córdoba, La Corporación de los Valles del Sinú y San JorgeCVS, el Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria-INCORA.

En este contexto general, en Córdoba se ha consolidado el proceso de apropiación y formalización indebida de predios en la ciénaga grande del bajo sinú, Proceso que tuvo su mayor incremento en el periodo que marca una línea del tiempo, comprendida entre los años 1997 y 2007, época de profundización del conflicto armado, y con ello el incremento de los conflictos agrarios y territoriales, con el despojo y desplazamiento de campesinos de sus predios, por parte de los grupos armados, sobre los cuales los campesinos

no poseían títulos de propiedad, ni contratos de propiedad, ni catastro.

La profundización de la violencia en la región, en gran parte se da en atención a la inequitativa distribución de la propiedad rural y de la permanencia de una estructura rígida de propiedad de la tierra y de los intereses de ganaderos y agricultores que mantiene alguna relación con grupos armados.

Al tenor de la violencia, algunos terratenientes y hacendados amplían aún más la frontera agrícola en la ciénaga grande del bajo sinú, apropiándose mediante el encerramiento y desecación de cuerpos de agua, de más tierras para el desarrollo de sus actividades ganaderas y agroindustriales; todo ello, con la omisión de funcionarios del gobierno nacional, departamental y local, que luego, otorgan títulos y formalizan dichas tierras. En este sentido, testimonios de campesinos sostienen que:

[…] el INCORA empezó a titular, a algunos terratenientes, involucrados con los paramilitares, dándose el caso que a una familia de estos terratenientes se le adjudico en la ciénaga mil hectáreas”, “mientras que nosotros los campesinos llevamos años de lucha por la adjudicación y formalización de nuestros predios y el INCORA no nos ha resuelto nada.

[…] los terratenientes amparados en el poder paramilitar forzaron la compra de tierras de campesinos que habían logrado so formalización ante INCORA, y después de comprada las tierras utilizaban acciones bélicas para impedir su entrada a la ciénaga y en el peor de los casos utilizaron la amenaza, que generaron nuevos desplazamientos de familias campesinas

Las organizaciones campesinas denunciamos estos hechos de apropiación ilegal y la frecuente amenaza de los terratenientes que se han apoderado de la ciénaga, ante esto el gobierno no actuó en defensa de los derechos de los campesinos, al contrario, siguieron las amenazas y con ellas el desplazamiento de varias familias, la posición del gobierno frente a estos hechos siempre ha sido de diferencia.

La dinámica de este conflicto en Córdoba ha generado diferentes situaciones humanitarias que han afectado a la población civil, entre las que se circunscribe: limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y servicios, amenazas y homicidios contra líderes defensores de los derechos humanos. En este periodo se incrementó la cifra de líderes sociales asesinados. Según el Centro Nacional de Consultoría y la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento-CODHES, en Córdoba en el periodo comprendido entre 2016-2018, se registraron 12 asesinatos de líderes sociales

y el 66% de los homicidios han ocurrido en el sector rural, estos homicidios han sido producto en gran parte por la disputa por la posición de la tierra entre finqueros y campesinos, (Semana, Edición N°1888 de junio de 2018) Por otro lado, los predios adjudicadas por el INCORA a terratenientes en la ciénaga, son utilizados como hatos ganaderos, y a su interior se han construido terraplenes, alterando el curso y distribución del agua dentro del complejo cenagoso, las zonas encerradas por los terraplenes, son zonas anegadas, que hacen que el agua se disperse y se acumule en puntos donde no existan este tipo de barreras, afectando drásticamente al ecosistema y a los campesinos inundando sus tierras, dañándoles los cultivos.

En los recorridos realizados por el equipo investigador del proyecto, se evidenció cómo los terratenientes han generado daños irreversibles al complejo cenagoso, al construir grandes franjas de terraplenes que encierran áreas de monocultivos, especialmente de palma, sobre todo en la hacienda San Pablo y Sabanal. Ante estos hechos se hace notorio la débil presencia institucional para proteger no solo el humedal como bien público, sino también, ofrecer garantías de protección a los derechos de los campesinos que habitan la ciénaga grande del bajo sinú.

“dice la gente que es un mafioso, quien ha hecho en esta zona terraplenes, frente a esto se le puso la queja al gobierno y nunca sucedió nada, el gobierno es cómplice por permitir que se hagan estos jarillones, ante la denuncia que hacíamos lo que recibíamos era amenaza de ese señor y el gobierno nunca ha hecho nada” (Testimonio de campesino del área de San Pablo)

Las actuaciones sobre el uso de la tierra, agenciadas en el complejo cenagoso, han sido el resultado de la aplicación de tecnologías para alcanzar extender e intensificar la ganadería extensiva y la agricultura comercial de monocultivos. Estos procesos tecnológicos, han sido causantes de la ruptura de la dinámica hídrica natural del sistema cenagoso, impactando de manera negativa el mundo cultural y económico de campesinos y de pobladores ribereños de la ciénaga; con el propósito de lograr mayor concentración y monopolio de la propiedad rural, para lo cual han requerido de la cooptación de grupos políticos y de funcionarios de la administración pública local.

De tal manera, que la estrategia de desecación y apropiación de la ciénaga grande del bajo sinú, pasa por las relaciones de mercado impulsadas por los sectores económicos de mayor injerencia y poder político en el departamento. La institucionalidad publica, ha actuado de manera opaca y con poca contundencia frente a la resolución de la problemática de regulación y formalización de los predios. Muestra de ello, es la ausencia de autos de seguimientos al fallo proferido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-194/99, concebida para resolver las tensiones y conflictos