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REITERACIONES EN LAS AFECTACIONES A BIENES DE USO PÚBLICO

Los hallazgos de esta investigación indican, que el tema de la tierra en la ciénaga grande del bajo sinú, tiene su origen (al igual que en el resto del país) en la época colonial. Cuya constante ha sido el despojo simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales. Frente a este comportamiento, se destaca la resistencia de campesinos, pescadores y artesanos de la región, en función de oponerse a la distribución inequitativa de la propiedad rural, la informalidad en la posesión de la tierra, y la disposición para denunciar la precariedad de los sistemas de información estatal relacionados con el tema de la tierra y la exigibilidad para que se implementen procedimientos administrativos de deslinde en este complejo cenagoso.

En este orden, los campesinos sin tierra son los que más han resistido la expansión del latifundio en la ciénaga grande. Hasta el punto que, diferentes movimientos han buscado por diversos medios el acceso al dominio de la tierra, también han promovido el uso colectivo de los bienes comunes para la subsistencia de sus hogares. La narrativa de estas luchas, están contenidas en el documento de «Análisis Situacional elaborado» en los talleres desarrollado con organizaciones campesinas en el municipio de Lorica (Cotocá Arriba, San Sebastián); Cotorra (San Pablo, Las Arepa); Ciénega de Oro (Corregimiento de Punta Yáñez y en la Vereda Charco Ají, Mimbré, Las Palomas y El Higal); Chima en los corregimientos de Arache y Sitio Viejo; y los municipios de Momil y Purísima.

Asimismo, no ha habido presencia de grupos insurgentes y lo que sí ha imperado son las alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y políticos investigados por actos de corrupción; quienes han usado la tierra desecada para controlar el acceso a la ciénaga grande del bajo sinú dada la cercanía de este humedal con la zona costanera, “hoy dominada por el Clan del Golfo que le facilita rutas de transporte de narcóticos hacia el mar caribe para ubicar en centros de acopio y para desarrollar actividades turísticas o comerciales dirigidas al lavado de activos” (Observatorio DDHH, 2009, p.29). Evidencia de ello, son los jarillones construidos en haciendas de propiedad de estos actores.

El interés de los terratenientes del bajo sinú, ha sido el de obtener beneficios económicos a través de la explotación del suelo o la explotación inmobiliaria, pero también han utilizado la tierra como mecanismo de dominación social y obtención de poder político en gran medida a través de la violencia. De esta manera, amplían sus propiedades privadas colindantes con los cuerpos de agua o se apoderan de otras áreas en su interior, aprovechando el proceso

cíclico de los regímenes de inundación y repliegue de los niveles de aguas o también intervienen el ecosistema a través de obras que alteran el sistema hídrico, instalando jarillones.

Los vasos comunicantes entre el poder económico y político han llevado a que se usen las Instituciones del Estado para el servicio de intereses privados, los cuales han usado a grupos de seguridad privada para mantener a toda costa sus propósitos.

Uno de los predios de la ciénaga grande del bajo sinú más extenso es el que se encuentra ubicado en el municipio de Cotorra. Este es un sector considerado por los campesinos como “el corazón de la ciénaga”. En esta área, Elías Milane Calume, fundó varias haciendas dedicadas al cultivo de algodón, sorgo, maíz llegando, logrando acumular un amplio capital económico y grandes extensiones de tierra de uso público. En la Resolución 010 de 1982 se indica que las fincas de San Pablo, Oro Blanco y Las Avispas, propiedad de Milane Calume tienen 1.300 hectáreas que son dedicadas en épocas de verano a la ganadería y la siembra de sorgo y algodón.

En virtud de la irregular configuración latifundista, los campesinos pertenecientes a la ANUC iniciaron en la década de los años 80, un movimiento de escalonamiento agrario para recuperar predios de la finca San Pablo. En ese momento las tensiones llegaron al máximo nivel, que luego se agravó por la reclamación de parte de la tierra de la finca el Higal en el municipio de Ciénaga de Oro y, posteriormente se adiciono las reclamaciones de campesinos del sector Charco Ají, donde otras 70 familias campesinas opusieron resistencia a la crianza de ganado en las fincas Campo Alegre y Las Palomas.

La medida inmediata de los terratenientes fue solicitar la entrada de la fuerza pública que culmino con detenciones, heridos y atropellos a los campesinos. Estas luchas finalizaron en aquél momento con la propuesta de negociación por parte de los campesinos, planteándole a los finqueros la devolución de una parte de la tierra ocupada de hecho a cambio del cese de los hostigamientos de la fuerza pública, obteniendo la aceptación y espacio suficiente para construir las viviendas y comenzar los cultivos de pan coger. Por esta razón, las familias de la vereda Charco Ají tienen parcelas de dos hectáreas en promedio, al tener que dividirse entre ellos el área restante de la negociación.

En 1984, en las colindancias de la finca San Pablo, varias familias de campesinos sin tierra ocuparon lo que hoy se denomina Vereda las Arepas, de la que provino sucesivas amenazas a esta población, que se extienden hasta nuestros días. La disputa por estas dos veredas, provocaría la aparición de episodios de violencia.

La esperanza de hacer fructífera la lucha, fue el aliciente para la resistencia de los campesinos, quienes, en plena temporada de lluvias e inundaciones, permanecieron por más tiempo insistiendo en la recuperación de predios. Los líderes fueron detenidos sin imputación de cargos durante cerca de cuatro meses, mientras que otros fueron torturados en las instalaciones de la hacienda San Pablo por hombres armados al mando de su dueño, Elías Milane Calume.

Posteriormente, las familias de campesinos sin tierra de la ciénaga grande del bajo sinú, se movilizaron y tomaron las Oficinas del INCORA en Montería, a donde llegaron las autoridades policivas para desalojarlos. En respuesta de ello, los campesinos se manifestaron, tal y como lo expresa el testimonio de uno de ellos:

nosotros somos campesinos de tierra y agua por eso decidimos recuperar los baldíos y luchar contra un caimán muy grande […] el costo de las tres hectáreas de tierra donde vivo actualmente fue la represión y estar preso durante cuatro meses en el año 1981.

Ante la presión de élites políticas nacionales y regionales el INCORA promovió un acuerdo entre las partes, a partir del cual otorgó parcelas de 3 hectáreas a los campesinos de San Pablo a través de contrato de uso, y le adjudico 700 hectáreas a Elías Milane Calume.

En la década de los años 90, continua la misma lucha por la posesión, ocupación y uso de la tierra en la ciénaga grande del bajo sinú, a la que sobreviene el escalonamiento de los grupos de autodefensa que inciden en el control territorial de este ecosistema estratégico.

El control territorial de la ciénaga grande del bajo sinú, está asociada a la regulación del uso y la ocupación de la tierra. Y los actores que mantienen tensiones por dicho control, tienen intereses distintos entre sí. Los terratenientes y políticos locales con vínculos en la ciénaga apoyan la idea de desecar el humedal para usar la tierra a actividades productivas. Por su parte, los campesinos solicitan medidas urgentes para amortiguar los daños irreversibles causados al complejo cenagoso del bajo sinú, con la construcción de obras antrópicas, además, de que se busquen salidas a la inseguridad jurídica en que se encuentran, porque no saben qué tipo de derecho les asiste al ocupar las parcelas que le fueron otorgadas por medio de la Resolución 010 de 11 de febrero de 1982 y la Resolución 034 de 21 de julio de 1983.

Con la promulgación de la Constitución de 1991 y la posterior legislación agraria se ha “reivindicado la imprescriptibilidad de las tierras baldías, atendiendo los imperativos y valiosos objetivos que promueven el sistema de reforma y desarrollo rural, y que justifican un régimen diferenciado y

focalizado en favor de los trabajadores del campo” (C. Const., Sent. T-549/16).

No obstante, las confrontaciones socio-políticas generaron graves conflictos y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. En este contexto, se define que la propiedad rural tiene función ecológica y social, que no se constituye solo como derecho fundamental de orden individual (Maldonado, 2009), sino que incluye, además, la existencia de derechos y deberes conexos al principio de solidaridad, artículos 58, 63, 64 y 79, de la Constitución Política.

Bajo la concepción de función social de la propiedad otorgada por la Constitución Política se crea un conjunto armónico de normas “en torno a tan específico asunto, tales como los artículos 1º de la Ley 200 de 1936; 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del Código Civil, y 63 de la Constitución Política, sin desconocer que existe una presunción iuris tantum en relación con la naturaleza de bien baldío, ante la ausencia de propietario privado registrado, pues tal desconocimiento lo puede llevar a incurrir en un defecto sustantivo por aplicar una regla de manera manifiestamente errada” (C. Const., Sent. T-549/16).

En materia de baldíos y tierras de la nación, el Decreto 2664 de 1994, conceptúa que los bienes baldíos “son todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de dueño particular, por lo tanto, pertenecen a la Nación”. Son susceptibles de ser adjudicados con criterio de utilidad y beneficio social, económico y ecológico. En este mismo sentido, la Ley 160 de 1994 en su artículo 48 y subsiguiente, establece los procesos y procedimientos para la clarificación de la propiedad, así como el, deslinde y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, reglamentados en los Decretos 2663 y 2664 de 1994, los cuales quedaron en el liderazgo de la Dirección Técnica de Procesos Agrarios del INCODER.

Posterior a los precitados decretos, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-194 de 1999. En este fallo se ordenó a las alcaldías, personerías, consejos municipales, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS- y gobernación de Córdoba, generar actuaciones en torno a la protección y recuperación del Complejo Cenagoso. Sin embargo, al analizar las acciones desarrolladas por dichas entidades, estas se han enfocado en la capacitación del personal de las diferentes dependencias municipales, a los gremios, a propietarios de predios colindantes con la ciénaga y asociaciones campesinas y pesqueras, acompañamiento a las visitas realizadas por funcionarios de la CVS y a la delimitación y legalización de los predios circundantes a la ciénaga.

En el marco de estos datos, hay que subrayar que, a finales de la primera mitad del siglo XX, se dio un hito especial; el Banco Mundial envió a Colombia una misión de expertos liderada por el economista canadiense Lauchlin

Currie, con el objeto de indagar sobre cuáles eran las necesidades del país en materia de desarrollo, el resultado fue la identificación de la agricultura como el sector de mayor potencial para el desarrollo local y regional. Para lo cual se dispuso de la Ley 135 de 1961 que profería la política agropecuaria, bajo el lema de la “adecuación de tierras”, permitiéndole al Estado desecar humedales con la finalidad de asentar familias campesinas para convertirlas en beneficiarias de los programas de reforma agraria.

En correspondencia con el modelo de modernización e industrialización, se aprobó obras de infraestructura vial como la construcción de la troncal Caribe y otras carreteras, entre las que se encuentra, la carretera Montería-LoricaArache, para facilitar la entrada y salida de ganado, esta vía interfiere el flujo de aguas proveniente de los caños localizados hacia la margen derecha del río Sinú, provocando una considerable disminución en los aportes de agua hacia la ciénaga. Según (Ortiz, C, Pérez; M & Muños ,1994).

La construcción de estas vías marcó el inicio del declive en la relación socioeconómica de la ciénaga y el río; perdiendo este último su importancia como vía de comunicación, por la desaparición de puertos como el de Chima desde el que se transportaba mercancías a Cartagena. La construcción de la carretera Lorica - Montería, tapono tres caños: Caño la Boca del Oyeto, Boca Rosa Vieja, Boca el Muñequito que desembocaban en la Ciénaga Grande.

En el marco de esta ola desarrollista, en 1955 el gobierno colombiano contrató un estudio con la firma norteamericana Tipton and Kalmbach Inc., con el objetivo de buscar una solución al problema de las inundaciones. En su reporte final, la firma concluyó que en el caso del Sinú existían más de 300.000 hectáreas que se debían secar para expandir la agricultura, especialmente de algodón para exportación. Además, la firma aconsejó construir una represa en la parte alta del río para controlar las inundaciones aguas abajo. A partir de estos informes, se sentó las bases para el desarrollo del Sinú, planteándose que para que la zona se desarrollara, había que controlar el río y desecar los humedales, en correspondencia al slogan de que “los humedales son un obstáculo para el desarrollo”, por lo que el estudio propone la construcción de cuatro canales en la margen derecha, en territorio de la ciénaga Grande que antes comprendía territorios del municipio de Montería.

En esta misma década se construyeron cuatro grandes canales entre Montería y el municipio de Cotorra, lo que terminó por drenar el área inundable de los sitios que ocupaba la ciénaga grande en sus máximas crecientes. La construcción de esos cuatro canales acelero el ritmo de desecación. Las tierras desecadas pasaron a mano de terratenientes y hacendados de la región, quienes se apropiaron de grandes extensiones del complejo cenagoso, en las cuales iniciaron actividades de ganadería extensiva y desarrollo de cultivos agroindustriales, para lo cual cercaron áreas y construyeron terraplenes.

Las obras de infraestructura construidas al interior de la ciénaga han contribuido a la desecación de extensas áreas cenagosas, impidiendo la comunicación con los caños debido a su taponamiento. De esta manera, y frente al agotamiento de la frontera agrícola en Córdoba, se han ampliado las propiedades privadas que colindan con los cuerpos de agua o se han apoderado los terratenientes de otras áreas en su interior, aprovechando el proceso cíclico de los regímenes de inundación y repliegue de los niveles de aguas e interviniendo a través de obras que alteran el sistema hídrico, instalando jarillones.

Al final de la década de los años 80s, se configura otro hito que profundiza aún más la problemática en la ciénaga grande del bajo sinú, que es la construcción de la hidroeléctrica URRA I, la cual se inició con la promulgación de la Resolución N° 0243 del 13 de abril de 1993. Para la realización de obras y su posterior operación, se crea la Empresa Multipropósito URRA S.A., quien además debería asumir los compromisos derivados de la licencia ambiental en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales.

No obstante, pese al carácter de obligatoriedad de las medidas establecidas por la licencia, la desviación del rio Sinú, afecto significativamente la presencia del recurso íctico de la cuenca, perjudicando además a las comunidades rurales que dependían de la pesca para su subsistencia. La construcción de URRA I, cambio por completo el régimen hídrico del rio Sinú, hasta el punto en que los meses de sequía los caudales incrementan generando con ello grandes inundaciones en el territorio de la ciénaga, mientras que, en el invierno, estos disminuyen. Esta situación afecta directamente a los campesinos agricultores, los cuales pierden sus cosechas y favorece a los ganaderos y terratenientes con tierras dedicadas a los cultivos tecnificados.

Los habitantes de la región manifiestan que la desecación que sufre en los últimos años la ciénega, se ha originado por los cambios hídricos que ha ocasionado URRÁ, lo que ocasiona cambios en el uso del suelo, generados por la instauración de nuevas haciendas de antioqueños y santandereanos, que, para finales de la década de los 90s, incrementaron la compra legal e ilegal de fincas y ocupación de predios baldíos pertenecientes a la nación. Las herramientas y mecanismos dispuestos para el deslinde y recuperación del dominio público de las tierras de la nación, al día de hoy, no han logrado los resultados esperados, las tensiones entre pequeños y grandes poseedores se han incrementado, muy al contrario, alguno de estos grandes poseedores se les ha adjudicado títulos de propiedad a pesar de ser terrenos públicos que pertenecen a la nación, violando los criterios de adjudicación sobre la base de la utilidad y beneficio social, económico y ecológico. En el marco de este panorama, los mecanismos internacionales, se sitúan como una esperanza para dirimir en el seno de la sociedad colombiana