CONCLUSIONES PROVISIONALES...............................................PAG

Desde lo metodológico, este trabajo se ampara en la pretensión de encontrar posibles soluciones de superación de la dicotomía entre institucionalidad y realidad rural en referencia a la formalización de la ocupación de la tierra y el bienestar y desarrollo de la población campesina, a partir del estudio de caso de la ciénaga grande del bajo sinú cordobés.

Trabajo que sido realizado en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de comunidades y funcionarios públicos para la transformación de conflictos por la tierra en siete (7) regiones de Colombia”, suscrito por la Universidad Popular del Cesar, Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de Los Llanos, Universidad de la Amazonía, Universidad Nacional, la Procuraduría General de la Nación, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Abordar el tema de formalización de la tierra desde la centralidad del derecho resulta insuficiente, dado el carácter complejo de su aplicabilidad en contextos diferentes y particulares, por lo tanto, esta investigación se asume desde una visión integral-holística, adoptando métodos y enfoques provenientes de la historia, sociología, economía antropología y las ciencias políticas entre otros.

En este sentido, para el desarrollo de esta investigación se asumió que, para lograr una mejor comprensión y análisis de hechos y datos, se debía usar unos criterios y principios de tipo participativo con enfoque etnográfico para comprender las particularidades que tienen los actores directamente involucrados en el proceso de formalización de predios. La idea fue identificar de solución de conflictos que trasciendan los límites de las actuaciones de los funcionarios públicos, caracterizadas por deficiencia e inestabilidad en los procesos de formalización de la propiedad y el goce efectivo de los derechos a la tierra. La anterior visión no excluye que en el futuro nuevas perspectivas de análisis e intervención procuren otros puntos de comprensión de un tema de vital importancia para la población rural y el país.

Uno de los hechos concluyentes es que a partir de la década de los años 60s se dio un escalonamiento progresivo de los conflictos por la recuperación de tierras por parte de campesinos, nacido de la deficiencia del Estado en el cumplimiento del derecho a la tierra, y surgen formas organizativas que alcanzaron un fuerte dinamismo como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC y la Organización Nacional Indígena. ONIC. En este contexto, el movimiento agrario de la subregión del bajo Sinú, generó fuertes movimientos de recuperación de tierras de la nación que habían sido

desecadas y ocupadas por terratenientes de la región.

En el marco de las luchas sostenidas por movimientos de campesinos sin tierra en la ciénaga del bajo sinú, se profiere el Decreto 2663 de 1994, el cual establece el procedimiento de deslinde de tierra de propiedad de la nación, además de la sentencia T-194 de 1999, en la que se ordena a los municipios adelantar actuaciones para recuperar el dominio público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por particulares.

Al presente, los procesos de formalización de predios de pequeños poseedores no se han cumplido, ni mucho menos el Estado ha recuperado el dominio público sobre áreas de tierra desecadas y apropiadas por particulares, generando una deficiencia en la aplicabilidad de la norma y una dicotomía con relación a que a los terratenientes se les ha titulado legalmente estos terrenos y a los campesinos se le ha negado el derecho al acceso a la tierra y la vida digna.

Con la omisión de las autoridades ambientales y agrarias en atender la situación de la Ciénaga Grande, se ha configurado lo que en materia civil se denomina falsa tradición, en la que algunos campesinos beneficiarios de la primera adjudicación de uso otorgada por el INCORA, vendieron su parcela, sin poseer la propiedad o dominio del predio, otros han vendido sin antecedente registral del predio, lo cual pone en riesgo la convivencia de estas comunidades.

Por último, no hay que olvidar que el Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, brinda una gran posibilidad para dirimir de manera armónica y exitosa los problemas de formalización de la tierra de campesinos e indígenas, en el marco del Punto uno1, “Hacia un nuevo campo Colombiano: Reforma Rural Integral, especialmente con la construcción de una política pública de acceso a la tierra y formalización de la propiedad rural que contemple la creación de mecanismos alternativos diversos de solución de conflictos con participación comunitaria, que propicie el fortalecimiento y arraigo territorial de las comunidades campesinas y de su modelo de economía de subsistencia.

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