66 Hallazgos y desafíos de las políticas públicas de formación profesional
2.1.3 La década de los 90 En el año 1993, la Ley Federal de Educación (24.195) definió los lineamientos de fondo para la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, y para la transformación estructural de la enseñanza técnica y de la formación profesional (Albergucci, 1997). Y en el año 1994, la FP pasa a ser reconocida como un derecho establecido por el artículo 75, inc. 19 de la Constitución de la Nación Argentina del año 1994, en este se sostiene que es deber del Estado: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la Formación Profesional de los trabajadores”. En 1995, el CONET será reemplazado por medio del decreto Nº 606, que cambia su nombre por Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Este será el encargado de nuclear todo lo referente a las políticas de Educación Técnico Profesional a nivel nacional, coordinando las acciones jurisdiccionales de los distintos Ministerios de Educación provinciales. A partir de este momento, aparece la denominada “lógica social” de la formación profesional (Jacinto, 2015), que promueve a esta modalidad para paliar la desocupación y la precarización laboral, la pobreza y la exclusión como fenómenos sociales. En un contexto de apertura económica, flexibilización laboral, crecientes privatizaciones, se produjo la reconversión productiva, y el posterior crecimiento de los índices de desempleo convirtieron a la formación en parte de una estrategia de contención social de aquellas personas que eran expulsadas del mercado de trabajo (Barasatian y Sladogna, 2008). Según algunas posturas, este viraje produjo el desmantelamiento y vaciamiento de contenidos, a la vez que mermó la matrícula de la formación profesional. Esta situación estaría ligada a la falta de reconocimiento y validez de sus títulos y a las dificultades que eso conlleva para la inserción laboral (Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, Provincia de Córdoba, año sin especificar, p.2), en un contexto de descentralización de los servicios educativos a partir de la reforma constitucional de 1994. En nuestro país, en la década del noventa, se produjo un ejemplo claro de esta desarticulación general con la profundización de la ruptura entre la Educación Técnica (ET) y la FP. En esta época, se crearon los denominados “Trayectos Técnicos
