Marejada Vol. 20 #1, 2022

REVISTA AMBIENTAL

Vol. 20, Núm. 1 2022

Carta del director

En esta edición de Marejada, hemos apostado nuevamente en la capacidad de análisis e investigación aplicada de nuestra juventud. En estos tiempos en que solo se resaltan aspectos negativos sobre los jóvenes de Puerto Rico, en el Programa Sea Grant (PSG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) depositamos nuestra confianza y recursos en los estudiantes de la Escuela Graduada de Planificación (EGP) de la UPR, quienes con la mentoría de sus profesores y de personal del PSG, desarrollaron proyectos de investigación aplicada y ofrecieron recomendaciones de política pública dirigida a encaminar la adaptación climática en varias comunidades costeras.

Los estudiantes desarrollaron estudios en diferentes comunidades costeras de varios municipios del Archipiélago de Puerto Rico, incluyendo la Villa Pesquera de la Playa Crash Boat en Aguadilla, la comunidad Fortuna Playa en Luquillo, las comunidades de Ocean Park en San Juan y la comunidad Parcelas Suárez en Loíza. Estos visitaron las comunidades, analizaron los problemas desde un lente de equidad y justicia y desarrollaron recomendaciones de políticas públicas alineadas a los retos sociales que presenta la adaptación climática.

En un tema relacionado, Laura Calero nos presenta el artículo Isla en Venta donde analiza el incremento en la aprobación de permisos de construcción en las costas de Puerto Rico sin consideración alguna al aumento en el nivel del mar, a la erosión costera, ni a las zonas inundables. En este artículo se denuncia el uso de las exclusiones categóricas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) como una artimaña para evadir el requisito de presentar una evaluación detallada del impacto ambiental de los proyectos de construcción propuestos en nuestras costas.

En Puerto Rico parece ser más importante las apariencias económicas que los impactos al medio ambiente y la inversión de capital extranjero sobre el bienestar de los puertorriqueños. Como parte de este engaño, se aprueban las Leyes 20 y 22 bajo el gobierno de Luis Fortuño, creando exenciones tributarias con la esperanza de introducir dinero a la economía del país y la Ley 60 para tramitar, evaluar, procesar, administrar y fiscalizar los decretos de incentivos contributivos. Estas leyes crean una zona de oportunidad, brindando incentivos a inversionistas extranjeros a la vez que se fomenta la gentrificación, la construcción costera desmedida y la degradación y privatización de nuestros bienes de dominio público marítimo terrestres.

Termino este mensaje utilizando una coyuntura entre La Banda Acústica Rodante con su canción “La Estrategia”, que nos invita a conservar y a proteger nuestro nido y dos de los versos del poema No des tu tierra al extraño de Virgilio Dávila: “En la playa el cocotero, con su penacho elegante, es asombro al navegante y tentación al logrero. No des por ningún dinero tu pedazo de vergel, que eres tú patriota fiel y de legítimo cuño, y el que vende su terruño vende la patria con él.” ¡Las playas son del pueblo, Puerto Rico no se vende!

Ruperto Chaparro Serrano, MA

La Banda Acústica Rodante es un esfuerzo musical único en la escena musical puertorriqueña. Se juntan Tito Auger, Rucco Gandía, Mikie Rivera, Nore Feliciano y Walter Morciglio para brindar un espectáculo lleno de éxitos, canciones del repertorio nacional y las favoritas del público de sus previos proyectos.

Este proyecto reúne cinco cantautores e instrumentistas en un junte poderoso que ha recibido el apoyo inmediato del público en sus presentaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=HimVpS6Tzl4

Fotografía de portada: Oliver Bencosme

Foto: Miguel Rivera

Visión

Mucha gente piensa que el espacio sideral, el universo, es nuestra frontera final de la exploración y del conocimiento. Sin embargo, los océanos todavía son una región desconocida y nuestros mares, los que nos quedan a unos pasos de nuestras casas, aguardan por nuestros esfuerzos en investigación, para conocerlos a profundidad, mantener su valor ecológico y salvaguardarlos para que las generaciones futuras puedan beneficiarse de las oportunidades económicas y recreativas que estos ofrecen. Tal vez, lo irónico es que muchos conocen sobre el planeta Tierra o sobre nuestro sistema solar, pero conocen muy poco sobre los ecosistemas marinos y costeros y su extraordinaria biodiversidad, su fuerza y su energía física, así como su papel en la climatología. Como ciudadanos, debemos entender bien esa inmensa parte de esta biosfera que está formada por las aguas de los océanos.

Marejada surge como un medio de comunicación enfocado en educar a los hispanoparlantes acerca de la importancia de proteger nuestros mares y océanos de los complejos procesos climáticos y antropogénicos que los amenazan.

Marejada es una revista ambiental comprometida con la conservación y el desarrollo sustentable de nuestros recursos y atracciones marinas y costeras. Nuestro interés es educar al público general y llevarle información científica de una manera sencilla y fácil de entender. Para nosotros, uno de los puntos clave, en el marco de las investigaciones científicas aplicadas, es poder desarrollar proyectos dirigidos a solucionar problemas actuales que afectan los recursos marinos y costeros que nos rodean, al tiempo que facilitamos los resultados de estas investigaciones a los manejadores y los usuarios de estos recursos. Estos resultados deben ser publicados y puestos al alcance de la mayor cantidad de personas. Esta revista ambiental constituye ese espacio accesible para que los investigadores, los científicos, los usuarios de los recursos, los educadores, los manejadores y los especialistas publiquen artículos cónsonos a nuestra visión, al tiempo que el lector disfruta en este proceso del saber.

Marejada: una manera de acercarte más a la costa.

Marejada es publicada por la División de Comunicaciones y Publicaciones del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, bajo la subvención Núm. NA180AR4170089 del Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA).

ISSN 1947-1424

Para este número

Cristina D. Olán Martínez: Editora

Stephanie Díaz Pérez: Coordinadora editorial

Oliver Bencosme Palmer: Diseñador editorial

Raúl Omar Ortiz Arroyo (“Pichón Duarte”): Impresión

División de Comunicaciones y Publicaciones

Ruperto Chaparro Serrano: Director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez

Stephanie Díaz Pérez: Directora de Comunicaciones/Directora Editorial

Delmis del C. Alicea Segarra: Especialista en currículo y evaluación

Cristina D. Olán Martínez: Editora

Esther M. Vélez Bonilla: Redactora de información

Cynthia Lee Gotay Colón: Ilustradora científica

Fabiola Nieves Guerrero: Ilustradora científica

Oliver Bencosme Palmer: Artista gráfico/Diseñador editorial

Raúl Omar Ortiz Arroyo (“Pichón Duarte”): Jefe de imprenta

Wilmarie Cruz Franceschi: Traductora

Las opiniones y los puntos de vista expresados en esta revista no necesariamente reflejan los de la Universidad de Puerto Rico o los del Programa Sea Grant. La mención de marcas de productos no debe ser interpretada como un endoso a las mismas.

6

Comunidades costeras, cambio climático y transiciones justas

8 Cambio climático y desplazamiento de comunidades pesqueras en Puerto Rico: El caso de la Villa Pesquera de la playa Crash Boat en Aguadilla

14

Comunidades costeras desventajadas, adaptación climática y efectos de las políticas públicas contradictorias: El caso de la comunidad Fortuna Playa en Luquillo 24

Gobernanza ante la erosión costera desde un lente de equidad y justicia: El caso de Ocean Park y Parcelas Suárez

Foto: Oliver Bencosme

Comunidades costeras, cambio climático y transiciones justas

Por Wanda Crespo-Acevedo1, Angeliz E. Encarnación Burgos2, Lyvia Rodríguez del Valle3, Raúl Santiago Bartolomei2

La crisis climática nos exige evaluar las políticas públicas vigentes, especialmente aquellas relacionadas con los usos de terrenos y de mitigación de riesgos para procurar la adaptación climática justa y equitativa*. Muchas de las comunidades costeras tradicionales en Puerto Rico experimentan una alta exposición a peligros naturales. La situación se agrava cuando se trata de comunidades desaventajadas que son afectadas por la erosión e inundaciones costeras y ribereñas, peligros que se agudizan por los efectos del cambio climático*, como el aumento en el nivel del mar y las marejadas. Para mitigar estos y otros peligros naturales, luego del huracán María se ha puesto énfasis en desarrollar medidas de mitigación*de riesgos y/o el desarrollo de planes e instrumentos de planificación para la mitigación, la recuperación y el “desarrollo económico”.

Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas e instrumentos de planificación no ponderan sus recomendaciones bajo las múltiples y entrelazadas dimensiones de un lente de justicia y equidad.

1 Especialista en Adaptación Climática en Apoyo al Programa Climate Adaptation Partnerships de la NOAA (contratista de Lynker)

2 Escuela Graduada de Planificación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

3 El Enjambre

En otras palabras, estos instrumentos fallan en reconocer la relación directa entre el cambio climático y las desigualdades persistentes, sociales y económicas en nuestro País; y por tanto no son capaces de atemperar sus recomendaciones a las capacidades de las múltiples comunidades afectadas para hacerle frente a los embates del cambio climático. En consecuencia, muchos de los cursos de acción propuestos tienden a exacerbar las desigualdades preexistentes y a privilegiar o facilitar los beneficios económicos y sociales de ciertos grupos aventajados. De igual manera, muchos de los instrumentos desarrollados a partir de los desastres compuestos y en cascada no han buscado redistribuir el poder, por medio de una participación real y efectiva de las múltiples comunidades afectadas. En ciertos casos tampoco han probado ser salvaguardas para la protección y conservación de los recursos naturales. Estas dinámicas han generado un ambiente de desconfianza y exacerbado los conflictos socioambientales en el archipiélago.

Reconociendo que la planificación es una herramienta política, capaz de apoyar acciones justas y equitativas de forma concertada, exploramos la dimensión sociopolítica del cambio climático. Resulta imprescindible entender las contradicciones en los marcos regulatorios* y

*El glosario con las definiciones se encuentra en la página 35.

poder arrojar luz en posibles ajustes, de cara al establecimiento de políticas públicas que permitan transiciones justas.

Específicamente, durante el semestre de agosto a diciembre de 2022, estudiantes de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico llevaron a cabo investigaciones en cuatro comunidades costeras, con el fin de desarrollar recomendaciones de política pública para encaminar la adaptación climática con un lente de equidad y justicia. Este curso final consiste en una práctica supervisada por profesores y mentores, en la que las y los estudiantes tienen la oportunidad de integrar el contenido teórico y práctico de los cursos medulares del Programa de Maestría en Planificación. En esta ocasión, los temas y casos de estudio analizados fueron:

● Cambio climático y desplazamiento de comunidades pesqueras en Puerto Rico: El caso de la Villa Pesquera de la Playa Crash Boat.

● Comunidades costeras desaventajadas, adaptación climática y efectos de las políticas públicas contradictorias: El caso de la comunidad Fortuna Playa en Luquillo.

● Gobernanza ante la erosión costera desde

un lente de equidad y justicia: Estudio comparativo entre Ocean Park, San Juan y Parcelas Suárez en Loíza.

Asimismo, el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico fungió como socio colaborador durante este semestre. Su Director, Ruperto Chaparro Serrano, y el Director de Extensión Marina y Coordinador de Investigación, René F. Esteves Amador, ofrecieron una charla y dialogaron con los estudiantes sobre los problemas que enfrentan múltiples comunidades costeras en Puerto Rico. Luego, los estudiantes tuvieron la oportunidad de seleccionar los casos de estudio para trabajar en grupo, guiados por un mentor y con la colaboración de los extensionistas del Programa Sea Grant.

Cada grupo de trabajo visitó las comunidades y conversó con expertos y miembros de la comunidad para entender el problema y proponer recomendaciones contenidas en un informe de política pública (“Policy Brief”). Con este ejercicio, se busca contribuir a elevar la conversación sobre situaciones que afectan a las comunidades, las cuales deben ser repensadas y abordadas bajo un lente de justicia y equidad para lograr una verdadera adaptación climática.

Foto: Oliver Bencosme

Foto: Doél Vazquez

Cambio climático y desplazamiento de comunidades pesqueras en Puerto Rico: El caso de la Villa Pesquera de la playa Crash Boat en Aguadilla1

Por Camila Vélez Agosto2, Ishbel Cora Rodríguez2, Samuel González Rodríguez2, Angeliz E Encarnación Burgos2,3

Los países caribeños e islas pequeñas como Puerto Rico son especialmente vulnerables a los impactos, amenazas y efectos del cambio climático. Este nivel de vulnerabilidad se debe a múltiples factores tales como la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos y climáticos extremos, y el aumento en el nivel del mar (United Nations, s.f). Dicho aumento a su vez, incrementa los efectos de las inundaciones, la erosión costera, y la pérdida de especies de flora y fauna, entre otros problemas ambientales. Asimismo, el cambio climático suele agudizar problemas sociales, ya que grupos marginalizados tienden a tener menores posibilidades y recursos para hacer frente, y recuperarse de los impactos, amenazas y efectos del cambio climático (Laguardia-Martínez, 2020).

Uno de los sectores que se ha visto particularmente afectado por esta situación son las comunidades pesqueras, quienes a su vez experimentan presiones de desarrollo del sector turístico que potencian procesos de desplazamiento (Neef, 2021; Pizzini, 2011). Estas dinámicas, marcadamente diferenciadas, ponen en riesgo la tenencia y permanencia de comunidades históricamente marginalizadas, como las de pescadores.

Ante esto, nos preguntamos de qué forma la aprobación desigual de permisos y concesiones en la zona marítimo terrestre (ZMT) potencia el desplazamiento de usos dependientes del mar, en especial de la pesca. Para explorar esta pregunta, utilizamos el caso de la Villa Pesquera ubicada en

1 Este texto es un resumen del trabajo presentado.

2 Escuela Graduada de Planificación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

3 Mentora

la playa Crash Boat, de Aguadilla, la cual ha sido liderada por la Asociación de Pescadores de la Villa del Ojo, Inc. durante las pasadas décadas4. El caso presenta un problema complejo que incluye desplazamiento, la priorización del desarrollo turístico tradicional, impactos desproporcionados de los peligros del cambio climático y la protección desigual por parte del Estado.5 Esta situación, que se replica en otras villas pesqueras en Puerto Rico, permite ofrecer recomendaciones para abordar este problema desde un lente de equidad y justicia, en miras de aportar a los procesos de recuperación, y al desarrollo de políticas públicas alineadas a responder a estos retos sociales.

El

caso: Pescadores de la Villa del Ojo

El huracán María y las marejadas de marzo de 2018, provocadas por la tormenta invernal Riley, causaron daños irreparables a las estructuras de la Villa Pesquera, las cuales albergaban la oficina, restaurante, equipos, talleres de reparación, artes de pesca y otros espacios de trabajo de los pescadores. La situación provocó que los edificios, severamente afectados, fueran demolidos por el Departamento de Agricultura (DA), responsable de los predios, lo cual dejó al grupo desprovisto de espacios esenciales para su quehacer. Estos eventos también provocaron cambios en la morfología de la playa, reduciendo la superficie de la parcela antes ocupada por los edificios que componían la Villa Pesquera. En respuesta a esto y ante la falta de una acción gubernamental, la agrupación de pescadores, en primera instancia, autogestionó un espacio (vagón) temporal para almacenar sus motores y artes de pesca, y ubicó congeladores en la residencia de uno de sus miembros para poder dar continuidad a sus trabajos. En 2018, fueron recipientes de una donación, de parte de Hispanic Federation, que les permitiría acceso a un espacio refrigerado para almacenar su pesca. Sin embargo, la ubicación de este segundo vagón en los predios fue contenciosa y no fue hasta mediados

4 También conocida como la Asociación de Pescadores de la Villa del Ojo de Agua.

5 Cuando usamos el término turismo tradicional, también denominado turismo convencional o de “sol y playa’, nos referimos a la visión mercantilista de esta actividad donde se prioriza como motor de crecimiento económico, y no existe preocupación alguna por los impactos de la misma a las poblaciones locales o al medioambiente.

de octubre de 2022, que lograron una autorización de emergencia para la instalación y ubicación temporera de este último vagón.

“Nosotros tenemos un vagón aquí y estamos tratando de conseguir los permisos para crear unas nuevas facilidades en vagones. Hemos ido a un sinnúmero de reuniones para que nos ubiquen a un sitio, pero no pasa nada y no podemos seguir así”, señaló al periódico Primera Hora el señor Félix Morales Blas, pescador de la Villa Pesquera del Ojo de Agua en Playuela (Crash Boat).

A dos y tres años del impacto del huracán María, respectivamente, la agrupación de pescadores daba cuentas de las múltiples gestiones que habían realizado ante el Estado, y la poca o ninguna respuesta recibida ante la situación urgente que enfrentaban (Primera Hora, 2019). De igual forma, denunciaba el trato desigual de parte de las agencias y el arrinconamiento frente a desarrollos turísticos (Morales Blas, 2020).

Han empujado a los pescadores, cuando no se le ha dado permiso a la Villa Pesquera para que siga funcionando... le dieron permiso a un proponente, señor Cordero, para ubicar un hotel en pleno corazón de la playa Crash Boat”, denunció Morales Blas en las redes sociales.

Esto debido a que mientras se les dilataba la aprobación de la autorización para la instalación del vagón con refrigeración, un desarrollador consiguió permisos para la construcción de unidades de alquiler a corto plazo y un restaurante/ bar, así como permisos de uso para su operación. Este, además, logró que se le otorgaran incentivos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico por dicho desarrollo de hospedería Club Vacacional Compañía de turismo de Puerto Rico.

Por su parte, el señor Julio Roldán, Alcalde de Aguadilla, mostró su apoyo a este proyecto turístico en Crash Boat.

“Proyectos con el concepto de aumentar la capacidad turística en nuestro pueblo como lo es Cocoloba, son los que nuestra administración desea desarrollar para el crecimiento de la demanda hotelera. Entre nuestros planes, el turismo será eje de nuestro desarrollo económico”,

expresó el señor Roldán para una entrada en la página web de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Contexto y trasfondo del problema

Previo al 2017, en el ámbito público se reconocían las condiciones precarias de los pescadores; tales como la falta de recursos económicos, infraestructura pesquera en deterioro y condiciones de trabajo inestables e inseguras (Pizzini, 2011; Senado de Puerto Rico, RS 0233, 2017). Sin embargo, los eventos atmosféricos extremos, como los huracanes Irma y María en 2017, y las marejadas, de marzo de 2018, aumentaron y evidenciaron aún más esa precariedad (Rodríguez, 2018). De igual forma, el asunto de la industria pesquera ha sido, a nivel gubernamental, altamente problemático desde mediados del siglo pasado. A principios de la década de 1990, se derogó la Ley 82 de 1979 que había creado la Corporación para el Desarrollo y Administración de los Recursos Marinos, Lacustres y Fluviales de Puerto Rico (CODREMAR), la cual regulaba todos los aspectos pertinentes a la industria pesquera del archipiélago puertorriqueño. Con esta acción, se transfirió la administración del recurso “pesca” (entiéndase la flora y la fauna marina) al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y el recurso “pescador” (entiéndase al trabajador del mar y sus componentes de trabajo) al Departamento de Agricultura (DA). Esto quiere decir que el DRNA se encarga del manejo del recurso marino y las regulaciones sobre el espacio costero donde se dan las actividades pesqueras y el DA tiene la responsabilidad ministerial de orientar la política pública para asegurar la subsistencia y desarrollo de la industria pesquera. Los municipios también tienen responsabilidades sobre la actividad pesquera, ya que de acuerdo con el Código Municipal (2020), estos juegan un papel clave en la ordenación del territorio, las actividades económicas que se desenvuelven a nivel local y los permisos, de acuerdo con la jerarquía alcanzada y entre otros aspectos.

“Somo los que damos permisos y tenemos la jerarquía cinco. Tenemos todos los permisos en nuestra ciudad. Pero para darlos hay que cumplir con ciertos reglamentos. Cuando se cumpla con

esos reglamentos, se dan todos los permisos. Se les pide una carta de Recursos Naturales, se les pide una carta de Agricultura. Tienen que buscar una persona que les haga un planito, y así sucesivamente. Es fácil,” explicó el señor Carlos Méndez, pasado Alcalde de Aguadilla, al periódico Metro.

El Reglamento 4860 del DRNA6 establece que los usos dependientes del mar o que requieran acceso directo a este–como es el caso de las villas pesqueras–no pueden estar ubicados en un lugar distinto a la Zona Marítimo Terrestre. Es decir, dicho Reglamento prioriza el otorgamiento de concesiones a las villas pesqueras en la Zona Marítimo Terrestre para garantizar la permanencia de este uso dependiente al mar. Sin embargo, las presiones de desarrollo en las costas de Puerto Rico han sido un problema por décadas, que continúa tras los efectos acumulados de múltiples desastres y amenazas concurrentes (Rodríguez, 2022).

En febrero del 2020, titulares del DA reportaron a la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara de Representantes que aún no se les habían desembolsado los fondos de recuperación para las 33 villas del Departamento, ya que tenían problemas identificando ciertos títulos de propiedad (Rodríguez Velázquez, 2020). Ante este cuadro, las comunidades de pescadores peligran, no tan solo por el tiempo que ha tomado la recuperación y reconstrucción de las villas pesqueras sino también a consecuencia del desarrollo y el marcado aumento de la construcción en las costas que amenaza su posicionamiento estratégico como actividad dependiente del mar.

Municipio o entidad que tenga interés en la administración de una villa pesquera podrá solicitar un contrato de arrendamiento o usufructo (que no requiere pago de renta) mediante una solicitud favorecida por los pescadores. De igual forma, el Reglamento establece que la petición del Municipio o entidad debe realizarse con el único propósito de brindar apoyo a los pescadores o a la agrupación de pescadores de la villa pesquera (Sección 6, Reglamento 7626). Sin embargo, ante las medidas de austeridad establecidas y el reducido presupuesto asignado para promover la agricultura, el DA ha insistido en subir la renta de las villas pesqueras hasta en 90%, y transferir la administración de las villas pesqueras a terceros (Montalbán Ríos, 20238).9

Así mismo, el DA no ha hecho valer la prioridad reconocida en el Reglamento 4860 del DRNA con la finalidad de agilizar los procesos de recuperación y reconstrucción de las villas pesqueras.

Conclusión

De otra parte, el Reglamento 7626 del DA7 prioriza a las agrupaciones pesqueras en la concesión y administración de las villas pesqueras. Este indica que sólo en aquellos casos donde no exista una agrupación pesquera interesada, cualquier

6 Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajoestas y la zona marítimo terrestre.

7 Reglamento para establecer las normas que regirán la administración y utilización de las facilidades pesqueras del Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera del Departamento de Agricultura.

La situación que enfrentan las villas pesqueras en Puerto Rico representa un problema complejo a nivel espacial; debido a factores como el cambio climático, la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y usos conflictivos en la playa. A pesar de que las villas pesqueras representan un uso dependiente del mar, no se les ha priorizado

8 Esta referencia fue revisada previamente a la publicación de este número de la revista Marejada

9 El Proyecto de Ley P. del S. 269 del 25 de marzo de 2021 confirma esta intención del Estado

Foto: Ruperto Chaparro

según dispuesto en la reglamentación vigente. Por el contrario, la interpretación y aplicación incongruente de dicha reglamentación ha priorizado y puesto en una situación preferencial al sector turístico poniendo en riesgo la permanencia de los pescadores y precarizando aún más su situación.

Para atender de forma puntual este problema, recomendamos cambios a la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura, según enmendada, de manera que se pueda transferir la responsabilidad de gestionar los arrendamientos, usufructos o transferencias de instalaciones a pescadores, al DRNA en lugar del DA. Esto permitirá que la misma agencia que regule el espacio y los usos permitidos también regule la estructura física de las villas pesqueras, con el propósito de cerrar la brecha entre las agencias. Sin embargo, reconocemos que para que esto ocurra debe existir un ambiente político favorable y aplicación consistente de la política ambiental, entre otras leyes vigentes. Es decir, aunque favorecemos un cambio de paradigma en la gestión de los recursos y espacios pesqueros, reconocemos que un cambio solo en este renglón no solucionaría las condiciones precarias y vulnerables de las y los pescadores.

Asimismo, recomendamos que se considere el establecimiento de acuerdos de comanejo o contratos de usufructo, dependiendo la situación de la villa pesquera, y la descontinuación de los

contratos de arrendamiento según las disposiciones actuales. A la vez, sugerimos que dichos acuerdos sean desarrollados y avalados por el DRNA, el DA, la Compañía de Turismo y las agrupaciones pesqueras (o sus representantes) en común acuerdo de manera que facilite y establezca colaboración constante para que las agencias aborden la inconsistencia en la aplicación del marco legal, y se resguarde a las comunidades históricamente marginalizadas, ante el turismo tradicional y las dinámicas violentas del desarrollo desmedido.

Referencias

Agradecimientos

Agradecemos a: Jannette Ramos, Michelle Schärer, La Maraña y Proyecto DeCiudad, en especial a Cynthia Burgos, Francisco Susmel, Adriana Ocasio, Lcda. Annette Martínez y Víctor Pagán, por toda la información y conocimiento que nos brindaron con la finalidad de amplificar y contextualizar los reclamos de justicia y equidad de los Pescadores de Villa del Ojo frente a las entidades de gobierno pertinentes.

Laguardia-Martínez, J. (2020). Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe. Serie Ambiente, cambio climático y sociedad. CLACSO. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200928053822/ Cambio-climatico-impactos.pdf

Montalbán Ríos, E. (2023, 30 de enero). Crisis en la industria pesquera de la Isla. El Vocero. Recuperado el 1 de febrero de 2023, de https://www.elvocero.com/economia/otros/crisis-en-la-industriapesquera-de-la-isla/article_68a9a102-a01f-11ed-a844-4377b3395fbd.html

Morales Blas, F. (2020). Pescadores comerciales y el ambiente: los pescadores del crash boat en Aguadilla y miembros de la villa del ojo exigen su derecho a continuar con lo que por 150 años han sido sus lab... Recuperado de https://www.facebook.com/groups/126921937440024/ posts/2026735754125290/

Neef, A. (2021). Tourism, Land Grab and Displacement (1st ed.). Routledge. https://books.google.com. pr/books?id=wKkjEAAAQBAJ

Pizzini, M. (2011). Una mirada al mundo de los pescadores en Puerto Rico: una perspectiva global. https://www.researchgate.net/publication/259146890_UNA_MIRADA_AL_MUNDO_DE_LOS_ PESCADORES_EN_PUERTO_RICO_UNA_PERSPECTIVA_GLOBAL

Pescadores ahogados por incumplimientos e ineficiencia del gobierno. (18 de septiembre de 2019). Primera Hora. Recuperado el 21 de octubre de 2022, de https://www.primerahora.com/noticias/ puerto-rico/notas/pescadores-ahogados-por-incumplimientos-e-ineficiencia-del-gobierno/

Puerto Rico Tourism Company. (5 de marzo de 2021). Resurge El Desarrollo Hotelero En El Oeste De Puerto Rico. Recuperado el 12 de octubre de 2022, de https://prtourism.com/2021/03/05/resurgeel-desarrollo-hotelero-en-el-oeste-de-puerto-rico/

Rodríguez, D. (2018, 5 de marzo). La Isla Oeste. Marejada deja sin pescadería a obreros del mar en Aguadilla. Recuperado el 22 de noviembre de 2022, de https://laislaoeste.com/marejada-deja-sinpescaderia-a-obreros-del-mar-en-aguadilla/

United Nations (n.d.). El riesgo de desastres y el cambio climático en la pesca en pequeña escala | Naciones Unidas. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de https://www.fao.org/voluntaryguidelines-small-scale-fisheries/guidelines/climate-change/es/

Comunidades costeras desventajadas, adaptación climática y efectos de las políticas públicas contradictorias: El caso de la comunidad Fortuna Playa en Luquillo1

Por Augusto Miranda Acevedo2, Elizabeth Castrodad Vélez2 , Sebastián Díaz Barbosa2, Wanda I. Crespo Acevedo3

Introducción

Por su ubicación en las costas, muchas comunidades experimentan presiones de desarrollo urbano que son promovidas por políticas de usos de terrenos y/o que buscan el “desarrollo económico”. Sin embargo, se generan conflictos entre las políticas de usos de terrenos, de desarrollo económico y de mitigación de peligros naturales. Por una parte, resulta necesario atender las condiciones de riesgo de los habitantes de la comunidad, pero por otra, se

1 Este texto es un resumen del trabajo presentado.

2 Escuela Graduada de Planificación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

3 Mentora, Planificadora y Especialista en Adaptación Climática, NOAA Climate Adaptation Partnerships (contratista bajo Lynker)

permiten usos y actividades que comprometen las posibilidades de una adaptación climática justa y equitativa de quienes habitan la comunidad. Fortuna Playa en Luquillo es un claro ejemplo de la situación antes planteada.

Como resultado, se ha identificado la necesidad de estudiar los efectos que surgen por las contradicciones en las políticas públicas que podrían ocasionar inequidades e injusticias en la comunidad, situación que se replica en otras comunidades de Puerto Rico con condiciones similares. En este contexto, surge la motivación de esta investigación que busca conocer:

Foto: Oliver Bencosme

● ¿De qué manera las contradicciones entre las políticas públicas de usos de terrenos y de mitigación ante peligros naturales impactan la adaptación climática de comunidades costeras desaventajadas?

● ¿Cómo se pueden atender los efectos de desigualdad y falta de justicia que surgen a raíz de estas contradicciones?

Para responder estas preguntas se evaluaron las políticas de usos de terrenos y de mitigación aplicables a nuestro caso de estudio, la comunidad Fortuna Playa en Luquillo. Después de analizar información de fuentes secundarias y llevar a cabo diversas entrevistas con expertos en riesgos costeros, así como con representantes gubernamentales y comunitarios, hemos observado la existencia de conflictos entre los objetivos de las políticas y su implementación. Estos conflictos contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de la comunidad.

La comunidad Fortuna Playa como estudio de caso

La comunidad Fortuna Playa está ubicada en el barrio Mameyes 1 del Municipio de Luquillo. Por el norte, limita con el Océano Atlántico, por el este con un parque de pelota en desuso y los kioscos de Luquillo, por el oeste con el Río Mameyes y por el sur con la PR-3. Cabe señalar que  la construcción de la PR-3 dividió a la comunidad Fortuna en dos, la porción norte toma el nombre de Fortuna Playa y la porción al sur de la PR-3 se conoce aún como Fortuna.

Fortuna Playa fue reconocida como una Comunidad Especial, de acuerdo con la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 2001, según enmendada. En ella, el 67% de la población vive bajo el umbral de pobreza (US Census Bureau, 2020). Por décadas, se ha documentado cómo la erosión costera afecta a la comunidad (Barreto, 2017; Barreto et al 2020). Dicha erosión se ha agravado por la marejada ciclónica asociada con el paso de ciclones tropicales y por eventos de marejadas. Fortuna Playa también se encuentra expuesta a las inundaciones causadas por el Río Mameyes (Sánchez, 2020). La erosión se ha agravado al punto que muchas estructuras,

Adaptación

Climática

Uso de Terrenos

Contradicciones

Mitigación de Riesgos

Figura 1. Enfoque analítico utilizado para el caso estudiado Desarrollado por el grupo EGP en octubre 2022.

Figura 2. Erosión costera en Fortuna Playa. Fotos suministradas por Beira García, residente de la comunidad Fortuna Playa.

3. Plano de Zonificación (calificación) de la comunidad Fortuna Playa.

particularmente en la calle 1 paralela al litoral, se han derrumbado. Algunas de las que quedan en pie están ocupadas por miembros de la comunidad. Otras, adquiridas recientemente, son utilizadas como apartamentos de playa o viviendas de alquiler a corto plazo.

Lo que fue la playa utilizada por la comunidad, hoy día prácticamente no existe. El mar choca con las estructuras y proliferan los escombros. El pedazo de playa que es utilizado por la comunidad se encuentra frente a un terreno remanente ubicado en el extremo este de la misma, conocido como la Parcela 162. Por décadas, la comunidad ha luchado por la protección de este predio, donde se ha propuesto en varias instancias, el desarrollo de un complejo de apartamentos. El terreno era propiedad del Departamento de la Vivienda y fue vendido a un privado con interés de desarrollar el mismo. La comunidad, preocupada por el posible incremento en la erosión y los impactos de este proyecto sobre su bienestar y seguridad, ha buscado alternativas para la protección de este predio a perpetuidad. Sin embargo, aún no lo han logrado. Lo antes expuesto evidencia la vulnerabilidad que experimenta la comunidad, no solo por los peligros naturales, sino además por las

acciones gubernamentales que comprometen su capacidad de adaptación.

Conflictos entre las políticas públicas de mitigación y de usos de terrenos para la adaptación climática justa

La mitigación

La falta de acción concertada para atender el problema de la erosión en Fortuna Playa ha llevado a que el municipio y algunos titulares, de manera individual, coloquen rocas en la orilla para tratar de impedir mayores daños a la propiedad, remedio que tiende a empeorar el problema (Metro 2019; Primera Hora, 2016). Por su parte, el Plan de Mitigación contra Peligros Naturales del Municipio de Luquillo, desarrollado por la Junta de Planificación, indica en la acción PP-5 que el Municipio se encuentra identificando las residencias ubicadas en áreas de alto riesgo que tienen el potencial a ser adquiridas, demolidas, y dedicará estos terrenos a espacios abiertos a perpetuidad (Municipio de Luquillo, 2020).

Al examinar la participación ciudadana en el proceso de desarrollo del Plan de Mitigación, se observó que

Figura

fue extremadamente limitada (asistencia de un solo residente de la comunidad en una etapa donde no se presentaron las estrategias). El desconocimiento sobre lo que propone el Plan y lo que implicaría para la comunidad fue validado mediante consulta a la comunidad, cuyo representante indicó desconocer sobre el mismo, aunque hizo la salvedad de que tal vez, otros miembros de la comunidad conozcan del Plan de Mitigación.

Los usos de terrenos

El Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PUTPR) clasifica a la comunidad Fortuna Playa como Suelo Urbano (SU), exceptuando varios solares sin edificar en el noreste de la comunidad, que son Suelo Rústico Común (SRC) (Junta de Planificación, 2016). En el PUTPR se establece que todos los instrumentos de planificación tienen que identificar los terrenos sujetos a riesgos y establecer las calificaciones compatibles con las condiciones identificadas, ya sea utilizando las calificaciones existentes o proponiendo nuevas. Sin embargo, las calificaciones vigentes en la comunidad Fortuna, lejos de reconocer los riesgos, promueven la densificación del área.

Actualmente, el municipio de Luquillo no cuenta con un Plan Territorial. Por tanto, la jurisdicción

sobre los usos de terrenos en todo el territorio municipal recae sobre la Junta de Planificación (véase Figura 3)4. Al examinar el mapa, encontramos que la calificación de las parcelas de la Calle 1 es  RT-3 (Residencial Turístico de Intensidad Intermedia), distrito que corresponde a Zonas de Interés Turístico (ZIT). Sin embargo, de acuerdo con la información oficial disponible, la ZIT de Río Grande-Luquillo y Fajardo había sido derogada, por lo que aparenta ser que la JP no ha revisado los planos de calificación de este sector (véase Figura 4). Las ZIT son designadas por la JP con la recomendación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). Cualquier permiso, franquicia, autorización o licencia para obras, construcciones, instalaciones, servicios, uso o actividades dentro de la ZIT debe contar con la recomendación escrita de la CTPR.

Cabe señalar que, al examinar la página de la JP, conocida como “MIPRGeolocalizador”, se encontró que los distritos de calificación presentados para el área son los equivalentes al Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (Reglamento Conjunto

⁴ La calificación vigente se encuentra en el Mapa de Zonificación de Luquillo, específicamente la Hoja Número 3, con vigencia del 28 de marzo de 2020.

Figura 4. Mapa de la Zona de Interés Turístico.

2020), el cual ha sido declarado nulo. Es decir, la calificación de las parcelas de la calle 1 se identifica en MIPR como RT-I (Residencial Turístico Intermedio) en vez de RT-3 (véase Figura 5).

¿Qué implicaciones tiene esto?

Primero, las incoherencias entre lo que dice un plano que aparece como oficial en la página de la JP y un visualizador de la misma agencia, limitan la capacidad de cualquier ciudadano/a de conocer la calificación oficial de su propiedad o área de interés. Segundo, que la calificación de RT-I, que se encuentra implementando la JP, tiene el resultado de aumentar la densidad en el área, incrementa la exposición a riesgos; además de incrementar el valor de la propiedad en el sector y permite la proliferación de usos como hoteles, hostales, apartamentos y viviendas a corto plazo, entre otros (Junta de Planificación, 2020).

Entrevistamos a representantes de la CTPR y de la JP para conocer mejor el proceso relacionado con la ZIT. La CTPR continúa operando como si el área fuese ZIT y emite recomendaciones para las solicitudes de permisos para el área. Al auscultar

con su representante sobre los beneficios que tiene una calificación RT-I sobre otras, comentó que ésta permite un proceso de turismo más ágil, hace que se desarrolle más rápido y agiliza el aumento del valor de las propiedades. Por su parte, la JP nos informó que ellos están trabajando el Plan Territorial de Luquillo y es el Municipio quien debe solicitarles los cambios a la ZIT. En fin, no se recogió una postura clara de la JP sobre la vigencia de la ZIT, sobre la razón por la que estos distritos de desarrollo turístico prevalecen en la comunidad, o respecto a la responsabilidad actual de la agencia sobre los usos de terrenos en esta área.

El representante del Municipio, por su parte, indicó estar consciente de los problemas que aquejan a la comunidad e indicó que estarían recomendando a la JP que se proponga un plan de área para Fortuna Playa, lo que permitiría la planificación detallada de este sector, incluyendo la identificación de las viviendas y áreas dentro de la propia comunidad donde pudiera ser posible reubicar a las personas cuyas viviendas han sido afectadas y otras que están en mayor riesgo y que así lo deseen. Sin embargo, si la JP continúa considerando que esta franja costera es una ZIT, el

Figura 5. Clasificación, calificación e inundabilidad.

Municipio no podría planificar la misma porque los planes y reglamentos de la JP van por encima de los planes municipales. Por tanto, la situación continuará como hasta ahora, hasta que la JP decida modificar los distritos de calificación. De permanecer los distritos de calificación que no consideran el cambio climático y no se adecúan a la realidad socioeconómica y ambiental de la comunidad, aumentaría la vulnerabilidad en los residentes.

En resumen, la aplicación de estas disposiciones nos permite concluir que las políticas públicas de usos de terrenos en Fortuna Playa promueven el desarrollo turístico y económico con poca o ninguna consideración de los peligros naturales exacerbados por la crisis climática y más aún, de las características de sus habitantes.

En Puerto Rico, al igual que en otras partes del Mundo, la planificación de usos de terrenos está orientada hacia promover y facilitar el “desarrollo económico” y no considera efectivamente la reducción de riesgos de desastres y el cambio climático (Junta de Planificación 2022; King et al. 2016). Esto genera desconfianza en la gestión gubernamental, incrementa la desigualdad y obstaculiza las oportunidades de alcanzar la adaptación climática justa y equitativa.

Esta disonancia ocasiona que esta y otras comunidades se sientan vulnerables ante la presión por parte de inversionistas que son apoyados por las políticas públicas del estado, por las amenazas de desplazamiento como medidas de mitigación, o por el aumento en el impacto de los peligros naturales en la zona. Las comunidades, además, perciben que no participan activamente en la toma de decisiones y no tienen acceso a toda la información ni en el diseño ni en la implantación de las políticas o proyectos que se proponen, por lo que se encuentran en desventaja ante otros actores que puedan tener interés en la zona.

Los efectos del cambio climático empeorarán las condiciones de esta y otras comunidades si no se toman medidas para planificar los usos de terrenos teniendo en cuenta estos peligros, promoviendo la participación ciudadana efectiva. En este contexto es imprescindible:

● Exceder los requisitos mínimos de participación ciudadana para aumentar la justicia y equidad en las herramientas de usos de terrenos y de mitigación de riesgos.

● Integrar efectivamente el cambio climático en la planificación de usos de terrenos.

• Asegurar la participación ciudadana, más allá de los requisitos mínimos, para garantizar la justicia y equidad en las políticas de usos de terrenos y de mitigación de riesgos.

La adaptación climática requiere la participación significativa, que no haya una carga desproporcionada de los impactos sobre aquellos menos favorecidos y que haya una distribución equitativa de los beneficios que se derivan de la adaptación.

Las políticas de uso de terrenos son piezas claves para atender los efectos del cambio climático y la mitigación de riesgos a futuro (Bajracharya et al., 2011). Estas deben incluir disposiciones claras para abordar el cambio climático mediante la participación efectiva, la protección de terrenos, los distritos de calificación, los retiros, entre otros. Aun cuando luego de 2017 en Puerto Rico ha habido varias declaraciones de desastres por huracanes y terremotos, y se aprobó la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, Ley Núm. 33 de 2019, vemos que el Reglamento Conjunto 2022 y la política pública en general se enfocan en crear las condiciones necesarias para fomentar la inversión y promover el “desarrollo económico”.  Sin embargo, es urgente que la JP considere la crisis climática como un asunto fundamental para el desarrollo integral de Puerto Rico, responsabilidad que le fue delegada en su Ley Orgánica, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975.

Por ejemplo, se recomienda reenfocar el Reglamento Conjunto (RC) hacia la adaptación climática, partiendo desde su sección de Propósito y Objetivo General. La Ley 33- 2019, dentro de sus propósitos principales establece que se debe “Adaptar los sectores productivos e incorporar el análisis de la resiliencia al cambio climático en la planificación, las actividades, la infraestructura y las edificaciones”. Establecer un objetivo similar como uno de los principales del RC, permitiría reenfocar el resto del

reglamento utilizando un lente del cambio climático y la reducción de riesgos. Esto incluye el Tomo VI - Distritos de Calificación, el cual requiere ser reexaminado para considerar el cambio climático en los usos, intensidades y parámetros de construcción en los terrenos de Puerto Rico.

La Ley Orgánica de la JP contiene disposiciones para la participación ciudadana que, si fuesen implementadas, integraría efectivamente a los ciudadanos en los procesos. Además, reducirán sustancialmente los conflictos que estamos experimentando sobre la ocupación de las tierras, los cuales incrementan la desigualdad y vulnerabilidad climática en Puerto Rico.

El artículo 23 de dicha Ley establece como política pública gubernamental, fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso de planificación de Puerto Rico. Esta dispone que la JP deberá promover la comprensión pública en los procesos de planificación, empleando los medios de información que considere adecuados y deberá proveer toda la información necesaria para asegurar que coloca a todos los ciudadanos en una posición de igualdad para su participación efectiva en los procesos de planificación.

La JP tiene el poder y la responsabilidad de desarrollar nuevas formas de participación ciudadana más allá de los procesos informativos y de comentarios relacionados con las vistas públicas. La agencia debe desarrollar procesos colaborativos en los que las comunidades tengan participación, poder decisional, se desarrolle el liderazgo comunitario, así como procesos evaluativos sobre las políticas públicas (Rosen et al. 2021). De acuerdo con el “Espectro de

Participación Pública”, la participación pública se debe mover de la práctica de informar hasta llegar al empoderamiento de la ciudadanía (International Association for Public Participation, s.f.). Entendemos que en estos momentos la participación puede centrarse en la colaboración como primera fase para lograr ese empoderamiento.

A nivel municipal también es necesario que se excedan los requisitos mínimos de participación en el desarrollo del Plan Territorial, lo que también está considerado en el Libro IV del Código Municipal (2020). El mismo dispone que los municipios pueden establecer las Divisiones de Asuntos de la Comunidad mediante ordenanzas. Entre las funciones principales de estas divisiones se encuentran fomentar la participación de la ciudadanía para la búsqueda de soluciones de problemas comunes y recomendar la ampliación de poderes de las Juntas Comunitarias o la creación de nuevas juntas.

En fin, la crisis climática requiere de acciones colectivas cuyo éxito dependerá de la integración de aquellos que son afectados.

Agradecimientos

Agradecemos a: la comunidad de Fortuna Playa, en especial a Raúl García y Beira García; Jorge Casillas, extensionista del Programa Sea Grant Puerto Rico; Jardany Díaz, pasado Planificador del Municipio de Luquillo; Dra. Maritza Barreto, profesora de la Escuela Graduada de Planificación; y personal de la Junta de Planificación, de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que nos proveyeron información.

Referencias

Barreto, M. (2017). Assessment of beach morphology at Puerto Rico Island. Recuperado de https://drna. pr.gov/wp-content/uploads/2017/05/Geomorphic-Assessment-of-Puerto-Rico-1977-to-2016.pdf

Barreto, M., Castro A., Cabrera, N., Díaz, E., Pérez, K., López, M., Santiago, L., Méndez, R. (2020). El estado de las playas de Puerto Rico post-María.(HMGP) FEMA-4339-DR-PR Subgrantee Number 4339-0007P. Recuperado el 10 de septiembre de 2022, de https://storymaps.arcgis.com/stories/ b96cf30c1451462fbff284d72025255e

Bajracharya, B., Childs, I. & Hastings, P. (2011). Climate change adaptation through land use planning and disaster management: Local government perspectives from Queensland. 17th Pacific Rim Real Estate Society Conference Climate Change and property: Its impact now and later.

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. (n.d.). Portal Catastro Digital y Productos Cartográficos. Recuperado el 15 de septiembre de 2022, de https://catastro.crimpr.net/cdprpc/

Estades, M. (20 de febrero de 2015). Preocupante la erosión y las construcciones en las costas del país. Obtenido de Ciencia Puerto Rico: https://www.cienciapr.org/es/external-news/preocupante-laerosionylas-construcciones-en-las-costas-del-pais

International Association for Public Participation. (2018). IAP2 Spectrum of Public Participation. Recuperado de https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf

Junta de Planificación, 2016. Plan de Usos de Terrenos: Guías de Ordenación del Territorio. Recuperado de https://jp.pr.gov/wp-content/uploads/2021/09/Memorial-PUT-para-busqueda.pdf

Junta de Planificación. (2020). Reglamento Conjunto. 2020. Recuperado de https://jp.pr.gov/wp-content/ uploads/2021/07/Reglamento-Conjunto-2020-Vigencia-2-Enero-2021.pdf

King, D., Gurtner, Y., Firdaus, A., Harwood, S., & Cottrell, A. (2016). Land use planning for disaster risk reduction and climate change adaptation: Operationalizing policy and legislation at local levels. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 7(2), 158–172. https://doi. org/10.1108/IJDRBE-03-2015-0009

Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico. Recuperado de https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/PDF/1-2001.pdf

Ley Núm. 10 de 15 de febrero de 2017, Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico. Recuperado de https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/ LeyesOrganicas/Pages/10-2017.aspx

Ley Núm. 33 de 22 de mayo de 2019, Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. Recuperado de https://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2019/lexl2019033.htm

Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Recuperado de https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/LeyesOrganicas/pdf/75-1975.pdf

Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, Código Municipal de Puerto Rico. Recuperado de https:// bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/107-2020.pdf

Ley Núm. 161 del año 2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. Recuperado de https://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2009/lexl2009161.htm

Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico. Recuperado de https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/ Turismo/374-1949/374-1949.pdf

Metro (2019). Fortuna Playa: Jaque del mar a Luquillo. Recuperado el 10 de septiembre del 2022, de https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/09/27/fortuna-playa-jaque-del-mar-luquillo.html

Municipio de Luquillo. (2020). Plan de Mitigación contra Peligros Naturales: Municipio de Luquillo. Recuperado el 10 de septiembre de 2022, de https://jp.pr.gov/wp-content/uploads/2021/10/ LUQU-ApprovedHMP-210730.pdf

Panel of the National Academy of Public Administration. (2003). Addressing Community Concerns: How Environmental Justice Relates to Land Use Planning and Zoning. U.S. Environmental Protection Agency. Recuperado de https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-02/documents/ napa-land-usezoning-63003.pdf

Primera Hora (2016). Fortuna Playa y su lucha contra la erosión. Recuperado el 10 de septiembre del 2022, de https://www.primerahora.com/noticias/comunidades-usadas-y-desechadas/shows/ fortunaplaya- y-sulucha- contra-la-erosion-220905/

Puerto Rico Climate Change Council (PRCCC). 2022. Puerto Rico’s State of the Climate 2014-2021: Assessing Puerto Rico’s Social-Ecological Vulnerabilities in a Changing Climate. Puerto Rico Coastal Zone Management Program, Department of Natural and Environmental Resources, NOAA Office of Ocean and Coastal Resource Management. San Juan, PR.

Reidsma, P., König, H., Feng, S., Bezlepkina, I., Nesheim, I., Bonin, M., . . . Brouwer, F. (2011). Methods and tools for integrated assessment of land use policies on sustainable development in developing countries. Land Use Policy, 28(3), 604-617. doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.11.009

Rosen, J., O’Neill, M., & Hutson, M. (2018). The important role of government in comprehensive community initiatives: A case study analysis of the building healthy community’s initiative. Journal of Planning Education and Research, 0739456X18814296.

Sánchez, Graterole, Héctor. (2020). El rol de los distritos de calificación como instrumento de planificación en la mitigación de riesgos por erosión costera: Fortuna Playa, Luquillo, Puerto Rico, 2020. Universidad de Puerto Rico.

U.S. Census Bureau, 2016-2020 American Community Survey 5-Year Estimates.

Gobernanza ante la erosión costera desde un lente de equidad y justicia: El caso de Ocean Park y Parcelas Suárez

Por Tayché Collazo Ríos1, Mario Oscar Font Martin1, Nias Hernández Montcourt1 y Michael Vázquez Feliciano1

Muchas de las comunidades costeras en Puerto Rico están constantemente expuestas a la erosión costera, las marejadas ciclónicas y las inundaciones, entre otros peligros que cada día se intensifican a causa del cambio climático. De hecho, desde 2010 las costas han experimentado un aumento en la tasa de erosión (Barreto et al., 2020). Esta condición se acentúa debido a procesos de planificación de infraestructura costera que se han llevado a cabo de forma negligente. Esta situación llevó al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA) a solicitar al

1 Escuela Graduada de Planificación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), en 2015, un estudio para la reducción de riesgo ante la erosión costera en todo Puerto Rico. En el mismo año se obtuvieron fondos de dicha entidad federal para realizar los estudios sobre el daño costero y de la erosión de las playas y costas de Puerto Rico, con miras al desarrollo de proyectos de recuperación, rehabilitación o mitigación. En su estudio, el USACE incluyó a la urbanización costera Ocean Park en San Juan como una de las comunidades geográficas a ser incluidas en el plan, donde

identifican soluciones a largo plazo para reducir los daños a la propiedad y la infraestructura. No obstante, ese estudio excluyó lugares como la comunidad Parcelas Suárez en Loíza.

Parcelas Suárez también enfrenta un problema severo de erosión costera, pero la celeridad y el tipo de respuesta gubernamental han sido diferentes. Los residentes llevan luchando desde 2012 para que el USACE y el DRNA desarrollen medidas de mitigación (Rodríguez, 2019). Sin embargo, no fue hasta luego de varios años que se otorgaron $3,359,820 en fondos federales para la construcción de un rompeolas a lo largo de 1,050 pies de la costa (Rosario, 2021). El rompeolas fue diseñado para proteger una escuela pública, un centro de comunidad y un parque, pero dejó expuestos y vulnerables los hogares de más de 50 personas. El contraste entre las acciones que se están tomando en Ocean Park y Parcelas Suárez deja en evidencia la falta de mecanismos que reduzcan e identifiquen inequidades en la implantación de proyectos de mitigación ante la erosión costera.

A raíz de todo lo antes mencionado nos preguntamos: ¿De qué manera los criterios y métodos de evaluación para seleccionar acciones de mitigación de riesgo exacerban o reducen los patrones existentes de inequidad e injusticia en comunidades costeras? ¿Qué implicaciones conllevan estas acciones para la capacidad de adaptación climática de dichas comunidades? Contestar estas preguntas conlleva

analizar los criterios y procesos llevados a cabo en la determinación de las intervenciones correspondientes con el fin de identificar si los mismos exacerban las inequidades e injusticias existentes en las comunidades de Ocean Park y Parcelas Suárez en Loíza.

Parcelas Suárez, situada en la costa del Atlántico norte de Puerto Rico, aproximadamente a 16 millas al este de San Juan, cuenta con una población total de 3,601 personas de las cuales el 47.2% se identifica como afrodescendiente (Negociado Federal del Censo, 2020; USACE, 2019). El ingreso promedio de esta comunidad por personas es de $10,697. Asimismo, se destaca por ser un asentamiento con menos infraestructuras consideradas como críticas en los espacios cercanos. Mientras, la comunidad de Ocean Park, ubicada en San Juan, cuenta con una población de 1,602 de las cuales 60% se identifican como ‘personas blancas’ y tienen un ingreso promedio de $59,375. Esta comunidad se destaca por ser una de mayor crecimiento económico, cercano a infraestructuras críticas como carreteras, hospitales y sistemas de comunicación.

Ambas comunidades se encuentran actualmente altamente vulnerables a riesgos ambientales. Asimismo, estas comunidades se han visto involucradas en procesos de respuesta de emergencias, de parte de agencias tanto estatales como federales y, a su vez, de organizaciones sin fines de lucro con la intención de llevar a cabo

acciones de mitigación. Ambas comunidades han sido objeto de atención pública debido a los efectos de la erosión costera. No obstante, el USACE le ha dado prioridad a Ocean Park para identificar soluciones a largo plazo con el fin de reducir los daños a la propiedad y la infraestructura ante los efectos de la erosión costera de cara al cambio climático (USACE, 2020).

El poder determinar que una comunidad sea prioritaria en estos procesos está relacionado a la falta de políticas coherentes con lineamientos adecuados para establecer procedimientos que sean justos y equitativos. También es primordial que el patrocinador local, que en este caso sería el DRNA, vele por que los procesos se lleven a cabo de manera justa y equitativa, con participación adecuada, como elemento fundamental en los procesos de toma de decisión ante entes federales.

En nuestro análisis del proceso de selección y los criterios de evaluación del USACE, encontramos lo siguiente:

1. Consideraciones de equidad: El USACE priorizó las variables económicas, particularmente el valor de la propiedad, sobre las variables sociales, tales como niveles de pobreza y otros indicadores de vulnerabilidad.

2. Transparencia en el proceso de toma de decisiones: El USACE descartó el municipio de Loíza con la intención de darle más prioridad a otras zonas sin dejar claro cómo llegaron a estas conclusiones y qué datos utilizaron para realizar el análisis de dicha selección.

3. Participación ciudadana justa y equitativa: La participación ciudadana fue muy limitada. El USACE no incluyó a la comunidad a ser partícipes del proceso de proponer alternativas.

Foto:

Oliver

Bencosme

Dado estos hallazgos, presentamos las siguientes recomendaciones de política pública a los patrocinadores locales, para encaminar la adaptación de las comunidades costeras a los efectos del cambio climático, con un lente de equidad y justicia:

1. Desarrollar e implementar una Guía de Participacion Ciudadana en la gestión de todo proyecto dirigido a mitigar o adaptarse al cambio climático.

2. Exigirle un informe al USACE sobre las métricas utilizadas para sus análisis de intervención.

En Puerto Rico, contamos con un caso exitoso representado en el Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña, donde el Proyecto Enlace, como patrocinador local, implementó procesos de participación ciudadana robustos que permitieron la incidencia de los residentes en el proceso. Los procesos que utiliza el USACE para seleccionar lugares de intervención ante la erosión costera, los cuales no son claros, podrían

Referencias

perjudicar significativamente el que comunidades más expuestas mitiguen los efectos de la erosión de forma adecuada y rápida. Esto, a su vez, trae inequidades que afectan mayormente a las comunidades de menos recursos, debido a que no tienen los mecanismos económicos necesarios para poder atender la situación. Dicha situación se puede ver exacerbada por los efectos del cambio climático, debido a que presenta nuevos retos que cambian drásticamente el cómo las personas pueden reaccionar ante estos problemas ambientales.

Esto es un problema que puede ocurrir en otras comunidades, debido a que la mayor parte de la población se encuentra en las áreas costeras de Puerto Rico. La falta de una política pública eficiente del manejo de la costa puede prestarse para que estos problemas puedan agudizarse por medio de los efectos del cambio climático. El no hacer algún cambio en estos procesos que utiliza el USACE para la toma de decisiones en cuanto a proyectos ambientales, puede tener repercusiones más severas en comunidades que sean igual o más vulnerables a las trabajadas en este caso de estudio.

Barreto, M., Castro A., Cabrera, N., Díaz, E., Pérez, K., López, M., Santiago, L., Méndez, R. (2020). El estado de las playas de Puerto Rico Post María. (HMGP) FEMA-4339-DR-PR Subgrantee Number 4339-0007P. https://storymaps.arcgis.com/stories/b96cf30c1451462fbff284d72025255e

Negociado Federal del Censo. (2020). Censo Decenal 2020.

Rodríguez, V. (30 de julio de 2019). Proyectos del Cuerpo de Ingenieros protegerían infraestructuras en lugar de vidas. Centro de Periodismo Investigativo. https://periodismoinvestigativo.com/2019/07/ usace-infraestructuras-vidas/

Rosario, F. (15 de octubre de 2021). Rompeolas contra la erosión costera en comunidad de Loíza se torna un dolor de cabezas para otras: La obra fue realizada por el Cuerpo de Ingenieros. Primera Hora. https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/rompeolas-para-resolverproblema-de-erosion-costera-en-comunidad-de-loiza-se-ha-tornado-en-un-dolor-de-cabezaspara-otras/

USACE. (2019). Loíza, Puerto Rico. US Army Corps of Engineers Jacksonville District. https://www.saj. usace.army.mil/Missions/Continuing-Authorities-Program/Section-14-Emergency-StreambankProtection/Loiza-Puerto-Rico/

USACE. (2020). Puerto Rico Coastal Study. Draft Integrated Feasibility Report and Environmental Assessment. US Army Corps of Engineers Jacksonville District Website. https://www.saj.usace. army.mil/PuertoRicoCSRMFeasibilityStudy/

Isla en Venta

Por Laura Calero

El cambio climático ya está afectando a Puerto Rico y sus recursos naturales. Sin embargo, los proyectos de desarrollo no sostenibles que priorizan la destrucción sobre la conservación sólo causarán más daño.

Imagina: te estás quedando en un hotel de lujo en una de las playas más hermosas que has visto. No obstante, llegas a descubrir que la creación de esta propiedad extraordinaria sólo fue posible matando a una serie de especies en peligro de extinción, dañando varios ecosistemas y desequilibrando a la naturaleza. Eso está pasando en Puerto Rico.

No hay duda de que Puerto Rico es extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los días más calurosos, el aumento del nivel del mar, el blanqueamiento de los corales, las inundaciones y las sequías son los problemas principales que afectan al archipiélago

puertorriqueño ahora. Junto a eso, la conservación de los hábitats naturales y los sistemas ambientales, así como la protección de las especies en peligro de extinción, son extremadamente importantes para la conservación del archipiélago. En consecuencia, existen medidas legales y políticas para mitigar tales efectos.

Sin embargo, la prioridad del medio ambiente viene en segundo lugar al desarrollo económico. Puerto Rico ha luchado contra la quiebra y una infraestructura gubernamental deteriorada durante años, pero sus playas blancas y sus aguas cristalinas hacen que el turismo y la generación de dinero crezcan. Esto, a su vez, ha creado un aumento en los proyectos de desarrollo en el archipiélago, lo cual ha generado preocupaciones sobre el impacto que tendrá en el medio ambiente.

Aunque el Artículo 9 de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico establece que se debe implementar una planificación costera para abordar el aumento del nivel del mar y alejar nuevos desarrollos en las

Foto: Oliver Bencosme

costas, la aprobación de permisos de construcción en las costas aumentó un 29% en 2021, y, en total, permisos similares aumentaron 239% desde 20151. De estos proyectos, muy pocos mitigan los efectos del aumento del nivel del mar, la erosión costera y las inundaciones.

Este artículo explorará cuatro localizaciones costeras en Puerto Rico donde se han llevado a cabo proyectos de desarrollo, lo que plantea importantes cuestiones ambientales y legales.

En 2015, la NOAA2 designó a la isla como un área de enfoque de hábitat, en la que la agencia invierte y colabora con socios locales para brindar soluciones para proteger los hábitats costeros y marinos. Además de esto, Culebra también es el único municipio de Puerto Rico con su propia autoridad de conservación y desarrollo, conocida como ACDEC (Autoridad para la Conservación y Desarrollo de Culebra). Después de que la Armada de los Estados Unidos abandonó la isla en 1975, el gobierno puertorriqueño reconoció que Culebra

Culebra

Ubicada a 17 millas de la costa de Puerto Rico, una pequeña isla que se extiende siete millas de largo y dos millas de ancho enfrenta una gran amenaza contra los proyectos de desarrollo. Culebra alberga uno de los arrecifes de coral más hermosos y saludables del Caribe que también le brinda a los locales una variedad de beneficios, como alimentos, empleo, recreación y protección costera contra tormentas y erosión de las playas. Los arrecifes de coral ya se están viendo afectados por el cambio climático, ya que el calentamiento de las aguas provoca la pérdida de algas zooxantelas— las cuales son las responsables de los procesos de fotosíntesis de los corales—lo que debilita los corales y finalmente los mata. Entonces, dado su ecosistema sensible, Culebra ha establecido múltiples protecciones ambientales. Sin embargo, un aumento en actividades dañinas, como grandes proyectos de desarrollo y construcciones cerca de las costas, está causando un cambio negativo en el ecosistema vivo y saludable de Culebra.

1 Velázquez, 2022

tenía características ambientales especiales que necesitaban protección adicional. El gobierno de Puerto Rico otorgó a Culebra la autoridad para decidir cómo se conservan sus tierras y el medio ambiente y, como resultado, se supone que el gobierno no debe aprobar proyectos de desarrollo sin la aprobación de ACDEC.

Pero los desarrollos ilegales siguen ocurriendo.

Entre 2014 y 2021 el gobierno puertorriqueño aprobó 2513 exclusiones categóricas en Culebra. Este proceso acelera los proyectos de desarrollo que son rutinarios al permitir que los proponentes no tengan que hacer una evaluación detallada del impacto ambiental de su proyecto. Es decir, las exclusiones categóricas sólo pueden aprobarse en lugares donde se puede predecir que el proyecto no causará un daño significativo al medio ambiente. Sin embargo, al menos 30 de las exclusiones categóricas en Culebra eran ilegales ya que parecían haber sido aprobadas en áreas delicadas.

2 NOAA, 2022

3 Graulau, 2022

Foto: Oliver Bencosme

Las fallas de las agencias gubernamentales para hacer cumplir la política pública y las leyes ambientales han resultado en un daño irreversible a la integridad ecológica de Bahía Flamenco, que ha sido categorizada como un hábitat crítico para las tortugas marinas y los arrecifes de coral en peligro de extinción.

“Estamos tratando de matar la gallina de los huevos de oro si continuamos con un patrón de desarrollo que no es sostenible.”4 - Dr. Edwin Hernández, Ecólogo especialista en corales.

Camuy

Camuy es un municipio ubicado en la costa noroeste de Puerto Rico. Este pueblo trae miles de turistas y visitantes dado sus hermosos paisajes y espectáculos naturales como las Cuevas de Camuy. Como resultado, este municipio ha ganado popularidad entre varios inversionistas y desarrolladores. Aunque gran parte del terreno en Camuy tiene valor ambiental y protección legal, en el verano de 2021 se vendió un terreno de 40 acres a una empresa que desarrolla apartamentos de lujo.

⁴ Graulau, 2022

El Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico de 2015 determina y regula cómo se utilizará el terreno alrededor de nuestro archipiélago. Cuando se desarrolló este plan, el gobierno de Puerto Rico reservó más de 630,000 acres de tierra para el cultivo de alimentos para aumentar la producción de alimentos a nivel local. Actualmente, Puerto Rico importa alrededor del 85% de sus alimentos, lo que representa una gran amenaza y un aumento de la inseguridad alimentaria cuando ocurren desastres naturales. Después del huracán María, la ciudadanía en Puerto Rico necesitaba alimentación; sin embargo, su dependencia de fuentes externas de alimentos en medio de una crisis climática se quedó corta. Después de esto, se hizo evidente que se necesitaba más comida localmente para mantener a la gente. Pero eso no es el caso.

El terreno en particular en Camuy que se vendió a un desarrollador que construye apartamentos de lujo fue clasificado como tierra fértil por el Plan de Ordenamiento Territorial de 2015 y estaba legalmente protegido contra grandes proyectos de desarrollo.

Foto: Efra

Figueroa

Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo un área protegida se convirtió en un lugar para el desarrollo?

En el 2017, la Junta de Planificación de Puerto Rico—una de las agencias que decide el uso de la tierra en Puerto Rico—estableció 7 reservas naturales; una de los cuales era una reserva agrícola que protege este pedazo de tierra en Camuy. Sin embargo, esta información nunca se hizo pública porque la administración del derrocado gobernador Ricardo Roselló había tratado de deshacerse de las reservas naturales. El caso terminó en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde los jueces determinaron que la acción de desclasificar estas áreas como reservas naturales incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del gobierno (LPAU). Este estatuto exige el cumplimiento por parte de las agencias administrativas de varios requisitos básicos al momento de aprobar, enmendar o derogar reglamentos. En este caso, se requería informar al público sobre el reglamento para aprobación, brindar participación ciudadana y presentar el reglamento al Departamento de Estado. Entonces, se ordenó restituir la clasificación de estas siete reservas naturales en el 2019 dado que siempre debieron haber sido válidas y la información debió estar disponible públicamente.5

Parte de la razón por la cual la administración anterior quiso eliminar el estatus de reserva

⁵ Díaz Rolón, 2019

natural fue porque, en Puerto Rico, se consideran las reservas naturales como algo negativo desde la perspectiva económica. Pedro Saadé, abogado y ambientalista, opinó que esto es producto de la colocación de la Junta de Planificación dentro de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Como resultado, las evaluaciones de asuntos ambientales se hacen desde la óptica económica. Saad é también sugiere que el público debe saber cuándo se toman tales decisiones porque, además de aumentar la factura de luz y electricidad, el impacto significativo en el medio ambiente podría causar un aumento en los impuestos a los sistemas de energía solar en Puerto Rico. 6

Aunque el terreno en cuestión se consideraba privado, el área en sí tiene protecciones ambientales, lo que significa que el propietario no tenía derecho a hacer lo que deseaba; debía cumplir con las leyes de protección de Puerto Rico. Aun así, el trato terminó fracasando, pero la tierra todavía sigue en el mercado… porque, como sugirió Saadé, la reserva natural inhibe el crecimiento económico.

“La práctica común ha sido que cualquier cosa se puede cambiar si tienes el dinero.”7 - Pedro Cardona Roig, “El Urbanista”.

⁶ Díaz Rolón, 2019

⁷ Graulau, 2021

Playuela

Playuela, una franja de tierra virgen costera ubicada en el municipio de Aguadilla, alberga uno de los ecosistemas más importantes de Puerto Rico. Contiene más de 600 especies de flora y fauna, de las cuales al menos ocho han sido identificadas como especies amenazadas o en peligro de extinción, pero el terreno aún no ha sido declarado reserva natural. Así mismo, en 1994 Koeninger Development compró el terreno para desarrollar el Christopher Columbus Landing Resort, lo que resultó en una gran controversia. Este mega hotel de 140 acres y 300 habitaciones ocuparía la mayor parte del terreno de Playuela, lo que representa una gran amenaza para las diversas especies de la zona, así como para la costa, ya que los desarrolladores pretenden tirar cemento en la orilla de la playa – sin tener en cuenta los problemas de erosión. Además, este tipo de construcción inevitablemente mueve sedimentos hacia el océano, asfixiando y contaminando los arrecifes de coral cercanos.Independientemente de su falta de clasificación como reserva, este proyecto de desarrollo ha sido cuestionado por muchas actividades ilegales, pero continúa avanzando.

Cuando se realizó la revisión ambiental original en los años 90, la Oficina del Caribe para el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre expresó su preocupación de que las evaluaciones ambientales eran insuficientes. Desde entonces, los nuevos desarrolladores del proyecto, Caribbean Management Group (CMG), han

realizado cambios en el proyecto que afectarían negativamente la calidad del agua del océano. Sin embargo, la revisión ambiental no se ha reexaminado en casi 20 años y la incorporación de estos cambios ha sido ignorada. Además de esto, CMG también tiene una multitud de denuncias en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) relacionadas con la extracción ilegal de tierras y los incendios que han afectado los bosques de palmeras sombrero y ceibas, ambas especies endémicas, designados como en peligro crítico por el DRNA. Por ley, los desarrolladores no pueden talar esos árboles durante la construcción porque el ecosistema podría colapsar.

El Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico clasifica a Playuela como “suelo rústico común,” lo que protege parcialmente la tierra de la urbanización. Sin embargo, esta clasificación no es lo suficientemente estricta, porque los desarrolladores pueden justificar la urbanización con fines turísticos y económicos siempre que el proyecto no impacte el medio ambiente. Dado que el gobierno puertorriqueño ha mostrado una priorización a la construcción y un modelo de turismo de grandes hoteles y poca conservación de los recursos naturales, la controversia ambiental no se ha resuelto.

En 2017, se instaló el Campamento de Rescate Playuela cerca del desarrollo para detener la construcción. Los manifestantes lograron paralizar momentáneamente el proyecto, pero, por

Foto: Oliver Bencosme

tecnicismos legales, aún no se logra la paralización total de las obras y el valle costero continúa amenazado. La comunidad continúa manifestándose y protestando por la controversia.

“Nunca nos hemos ido en contra del desarrollo. Estamos en contra del ‘desarrollo’ cuando quieren desbaratar la naturaleza, sacarla de su balance.”8Ernie Álvarez, portavoz de la Liga Ecológica del Noroeste

Rincón

“Un paraíso para surfistas” y “las mejores playas del oeste” han sido algunas de las formas más comunes de describir a Rincón. Pero, en el verano del 2021, esa descripción cambió y la tortuga se convirtió en el símbolo de Rincón.9

Después de que el huracán María destrozó a Puerto Rico, muchos edificios a lo largo de la isla fueron destruidos, y aunque muchas infraestructuras fueron reparadas sin controversia, ese no fue el caso en Rincón. Una piscina en el condominio Sol y Playa fue destruida por completo después del huracán y luego “recibió” la aprobación para construir – aunque se sospechó, y luego se declaró, que los permisos se obtuvieron ilegalmente.

Esta nueva construcción, sin embargo, alarmó a los locales porque la piscina se iba a construir más cerca

⁸ Jiménez, 2016

⁹ Mazzei, 2021

al mar de donde estaba anteriormente y en bienes de dominio público –en la Zona Marítimo Terrestre. La playa Los Almendros, donde se encuentra el condominio, se ha vuelto estrecha con el paso de los años debido al aumento del nivel del mar, la erosión costera y varios huracanes. Cuando los huracanes pasan por el sur de Puerto Rico, el oleaje o la marejada incrementan y se pierde más arena. Esto a su vez, ha resultado en menos espacio para que las tortugas marinas puedan anidar sus huevos. Como resultado, esta área había sido clasificada como ecológicamente sensible y en riesgo de inundación, por lo que no se podían aprobar exclusiones categóricas. No obstante, se aprobó una exclusión categórica para ayudar a acelerar la construcción de la piscina. Aunque la piscina existía antes, la nueva construcción solo representaría una amenaza mayor a medida que el medio ambiente continúa cambiando mientras la crisis climática continúa empeorando.

Después de que comenzó la construcción, una tortuga carey en peligro de extinción se arrastró cerca de la construcción y puso 166 huevos, pero no pudo encontrar el camino de regreso al agua hasta que los voluntarios vinieron a ayudar. Muchos locales en Rincón sabían previamente sobre esta construcción, pero cuando una foto de la tortuga luchando se volvió viral, aumentó el nivel de activismo que ya existía en Rincón y provocó que más voces se unieran al reclamo por la conservación de las playas en todo Puerto Rico. La aparición de la tortuga y la recuperación de sus huevos incrementó el deseo y el compromiso de la gente por la protección de la zona y contra los modelos de desarrollo no sostenibles que

Foto: Ruperto

Foto: Ruperto Chaparro

Referencias

Cintrón Arbasetti, J. (2019). Puerto Rico with a big “menu” for opportunity zones. Centro de Periodismo Investigativo. https://periodismoinvestigativo.com/2019/03/puerto-rico-with-a-big-menu-foropportunity-zone

Díaz Rolón, A. (2019). Corte rescata reservas naturales. El Vocero. https://www.elvocero.com/actualidad/ corte-rescata-reservas-naturales/article_38eaccbe-09a2-11ea-bb96-971eaf80d080.html

Graulau, B. (2021). What happened after my video went viral. YouTube https://www.youtube.com/ watch?v=Sl6_6DHsjZ8&t=42s

Graulau, B. (2022). This Puerto Rican island is resisting overdevelopment. YouTube. https://www. youtube.com/watch?v=Sutl41skt5I

Jiménez, L. (2016). Sacan la cara por Playuela: Montan campamento para frenar construcción de complejo hotelero. Primera Hora. https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/ sacan-la-cara-por-playuela/

Junta de Planificación. (2015). Plan de Usos de Terrenos https://jp.pr.gov/wp-content/uploads/2021/09/ Mapa-PUT-Vigente.pdf

Mazzei, P. (2021). A turtle, a pool, and the fight to save Puerto Rico’s beaches. The New York Times. https://www.nytimes.com/2021/11/06/us/puerto-rico-beaches-threats.html

National Oceanic and Atmospheric Administration. (2022). Protecting Culebra’s coral reefs. https:// oceanservice.noaa.gov/podcast/dec20/nop42-culebra-coral-reef.html

Petri, A. (2017). Planned mega-hotel on iconic surfing beach sparks controversy. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/science/article/playuela-puerto-rico-hotel-planenvironment

Prom, S. (2017). Fighting to save Playuela in Aguadilla. Surfrider Fundation https://www.surfrider.org/ coastal-blog/entry/fighting-to-save-playuela-in-aguadilla-puerto-rico

Quintero, L. (2022). Tribunal declara nulo el permiso de construcción de una piscina en condominio Sol y Playa en Rincón y ordena demolición. El Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/ noticias/tribunales/notas/tribunal-declara-nulo-el-permiso-de-construccion-de-una-piscina-encondominio-sol-y-playa-en-rincon-y-ordena-demolicion/

Ramos, J. (2021). Tension Rises in Rincón Due to Police Force and Construction on Beach. Latino Rebels. https://www.latinorebels.com/2021/07/27/tensionrisesinrincon/

Rodríguez Velázquez, V. (2022). Acelerada la aprobación de permisos de construcción en la costa durante el primer año de Pierluisi. Centro de Periodismo Investigativo. https://periodismoinvestigativo. com/2022/01/acelerada-construccion-costas-pedro-pierluisi/

Glosario

Área de enfoque de habitat - La NOAA identificó regiones geográficas específicas en todo el país en las que podría centrar sus inversiones y colaboraciones con socios para proporcionar beneficios cuantificables a los hábitats costeros y marinos y a los recursos y comunidades que dependen de esos hábitats. Estos lugares se conocen como Áreas de Enfoque en los Hábitats de la NOAA.

Adaptación climática - El proceso de ajustarse al clima actual o al futuro y sus efectos, con el fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas a través de la intervención humana. (IPCC, 2022).

Calificar - Mediante la calificación se determinan los usos, la intensidad y los parámetros de construcción de un predio de terreno. (Reglamento Conjunto, 2020).

Clasificar - Ordenar el suelo, para su posterior calificación, en tres categorías básicas: urbano, urbanizable y rústico (Reglamento Conjunto, 2020).

Equidad - El principio de ser justo e imparcial que provee una base para comprender cómo los impactos y las respuestas al cambio climático se distribuyen en y por la sociedad en igualdad (IPCC, 2022).

Justicia - Para propósitos de este escrito utilizamos la definición de Justicia ambiental que significa que tanto ciudadanos como los recursos ambientales reciban un trato justo y que el gobierno debe ofrecerles una participación significativa en las decisiones que afectan su salud, medio ambiente y comunidad. (Panel of the National Academy of Public Administration, 2003).

Mitigación - Se refiere a las medidas e iniciativas que permitan limitar y reducir fuentes antropogénicas de emisiones de gases invernadero y mejorar nuestros sumideros de carbono naturales (Ley 33-2019).

Marcos regulatorios - conjunto de leyes, reglamentos y normas en general que regulan un determinado ámbito de la actividad económica, social y ambiental.

Participación significativa - Significa que el insumo de residentes de la comunidad y del público es considerado e influye en la decisión de la agencia reguladora. (Panel of the National Academy of Public Administration, 2003).

Plan de Área - Plan de Ordenación para disponer el uso del suelo en áreas del municipio que requieran atención especial (Ley 107-2020, Código Municipal).

Permiso de construcción - Documento legal que autoriza, a un propietario o titular, a iniciar un proyecto de construcción. El permiso puede ser emitido por Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o por el Municipio Autónomo.

Permisos de uso - Es una autorización escrita expedida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o por el

Municipio Autónomo que permite el establecimiento de nuevas actividades con el objetivo de generar actividad económica y empleos.

Suelo Rústico - Clasificación del terreno en el plan territorial y estará constituido por los terrenos que el plan territorial considere que deben ser expresamente protegidos del proceso urbanizador por razón, entre otros, de su valor agrícola y pecuario, actual o potencial; de su valor natural; de su valor recreativo, actual o potencial; de los riesgos a la seguridad o salud pública; o por no ser necesarios para atender las expectativas de crecimiento urbano en el futuro previsible de ocho (8) años. Esta clasificación del suelo incluirá las categorías de suelo rústico común y suelo rústico especialmente protegido (Reglamento Conjunto, 2020)

Suelo Rústico Común - Es aquel no contemplado para uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial debido, entre otros, a que el suelo urbano o urbanizable clasificado por el Plan es suficiente para acomodar el desarrollo urbano esperado (Reglamento Conjunto, 2020).

Suelo Urbano - Clasificación del terreno en el Plan de Ordenación, constituida por los terrenos que cuenten con acceso vial, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y con otra infraestructura necesaria al desenvolvimiento de las actividades administrativas, económicas y sociales que en estos suelos se realizan, y que están comprendidos en áreas consolidadas por la edificación (Reglamento Conjunto, 2020).

Trato justo - Ningún grupo de personas debe cargar con partes desproporcionadas de las consecuencias negativas resultantes de las operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas y políticas ambientales federales, estatales, locales y tribales. (Panel of the National Academy of Public Administration, 2003).

Usos dependientes del mar - Son aquellos usos que no podrían ocurrir en otro lugar que no sea la zona marítimo terrestre o sus servidumbres.

Vulnerabilidad - Capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos (Reglamento Conjunto, 2020).

Zona de Interés Turístico - Cualquier área de Puerto Rico que disponga como parte integrante de su ubicación geográfica o dentro de las inmediaciones de su localización, una serie de atractivos naturales y artificiales que estén actualmente desarrollados o que tengan un potencial turístico, tales como playas, lagos, bahías, lugares históricos y parajes de gran belleza natural, dentro de la cual los edificios, estructuras, belleza natural y otras cosas son de básica y vital importancia para el desarrollo del turismo en Puerto Rico (Ley Núm 374-1949, Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico, según enmendada).

¡Busca el libro de cuentos!

Disfruta este mensaje ambiental para toda la familia con el libro Carlitos El Cobito quiere escuchar El Mar. Presenta la oportunidad de conversar sobre el amor a la música, pero también la importancia de tener espacios en los que se pueda escuchar al mar y a la naturaleza en armonía.

¡Tenemos copias disponibles! Para una muestra, escana el QR code. https://bit.ly/previewcarlitoselcobito

¡Conoce a la autora y adquiere el libro aquí! https://bit.ly/carlitoselcobito

Administración (787) 832-3585 * Asesoría Marina (787) 832-8045 * Educación Mayagüez (787) 805-5110 * Comunicaciones Página electrónica: http://www.seagrantpr.org

Este cuento fue publicado gracias a la colaboración entre la autora Gabriela Joglar Burrowes, la ilustradora Paulina Sucre y el Programa Sea Grant UPR.