El derecho humano a la ciencia como DESCA

Armando Hernández*

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), al igual que todos los derechos humanos, constituyen obligaciones de las autoridades del Estado, pero se destinan esencialmente al cumplimiento y desarrollo de los aspectos que justifican la existencia del Estado, entre ellos, el bienestar general de la sociedad o "bien común". La Constitución mexicana contempla un amplio catálogo de estos derechos, entre ellos el derecho humano a la ciencia.

La iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, permite que el Estado mexicano cumpla con uno de sus deberes frente a este derecho humano concebido como un derecho colectivo, ya que las obligaciones del Estado frente a los DESCA son:

1. Normativizar el derecho, es decir, crear leyes secundarias que lo contengan, detallen, pormenoricen y operativicen.

2. Establecer política pública en la materia, ya sea en la propia ley o bien en instrumentos como los planes y programas que se emiten en esta temática.

3. Crear instituciones públicas que se dediquen a la aplicación y cumplimiento de las leyes y políticas como en este caso será el organismo que sustituye al CONACyT, así como todo un sistema nacional en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que se circunscribe dentro del esquema de los sistemas nacionales en este país.

4. Destinar un presupuesto público para el cumplimiento de este derecho humano. Dicho presupuesto debe tener como fin y destino el eficaz desarrollo y realización de las condiciones que exige el contenido esencial del derecho humano, recordando que los recursos

*Armando Hernández estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México; es Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho, con Especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Administrativo; ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ha sido catedrático, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a la materia de Derecho, Derechos Humanos y Procesos Parlamentarios, también ha publicado artículos en DDHH.

Ha sido magistrado del TEDF. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de varias universidades del país.

@DrArmandoHdz

públicos no pueden convertirse en bienes privados sino en bienes comunes para beneficio de la sociedad, ya que esa es su naturaleza.

Además, no se debe olvidar que las políticas públicas las crean las instituciones públicas y no los entes privados, y la obligación de cumplir con los derechos humanos es una obligación del Estado; por eso ante la insistencia de que la ley es antidemocrática porque no contempla la participación de todos los sectores y, sobre todo, de los sectores privados que en su momento patrimonializaron la ciencia como un bien propiedad de una élite y lo mercantilizaron a través del uso de recursos públicos para hacer "ciencia" con la que se comercializaba.

Ahora estamos frente a un esquema distinto en el que se está concibiendo a la ciencia como un verdadero valor democrático en el sentido que la Constitución mexicana establece, en el artículo tercero, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo, y no democracia entendida de la forma liberal como la participación de todo el mundo en todas las decisiones.

Por otro lado, la ciencia está considerada en esa iniciativa como un bien público. El beneficio social requiere una rectoría o conducción del Estado a través de una agenda nacional que establezca las prioridades de la ciencia en el sentido de que si esta se produce con recursos públicos debe destinarse a un bien común.

Flor de Loto: En el ejercicio de parlamento abierto sobre esta iniciativa, se escucharon calificativos como "antidemocrática" "centralista" "dictatorial" "inquisitoria" (sí, la compararon con la Santa Inquisición) y estalinista.

Calificativos proferidos por los científicos de élite del régimen anterior, que dicen luchar por evitar que la ciencia se ideologice y se polarice.