Estudios sobre el comportamiento legislativo y judicial Armando Hernández 46 Derecho, Constitución y Elecciones Sergio González

Estudios sobre el comportamiento legislativo y judicial Armando Hernández*

Anteriormente, la forma de procesar la información relativa al comportamiento de las legislaturas había seguido solo una metodología de estudio individual de cada órgano legislativo (por ejemplo, estudios sobre el Congreso norteamericano), pero a través de los estudios comparados esto cambió y se hizo posible un estudio sistemático de la forma en que operan los poderes legislativos, ya que de esa manera ha sido posible construir generalizaciones sobre la forma en que estas instituciones funcionan y toman sus decisiones.

Para ello resulta útil encontrar un esquema de clasificación de las legislaturas. Uno de los criterios que permitiría lograrlo es entender la fortaleza que puede tener una legislatura en el diseño de políticas públicas (policy making).

El nivel de fortaleza o debilidad del Congreso en el diseño de política pública se puede medir, de manera relativa, frente al grado de intervención que tengan las instituciones no legislativas en el policy making (es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial o incluso los Organismos Constitucionales Autónomos). En ese sentido, es necesario precisar algunos de los criterios que se pueden establecer para identificar el nivel de impacto (que define su “fortaleza” o “debilidad”) del Poder Legislativo en el diseño de políticas públicas.

Al respecto, Jean Blondel planteó una escala de 5 niveles que pueden ayudar a distinguir el grado de fortaleza o debilidad del Legislativo frente al Ejecutivo (el criterio para esta escala es poner en los extremos la posibilidad de que el Legislativo establezca moción de censura al Ejecutivo, o si el Ejecutivo puede disolver al Legislativo; así como las restricciones internas y externas en la operación del Legislativo). Dicho autor introduce el concepto de “viscosidad” para referirse a la mayor o menor capacidad del Legislativo en el diseño de política pública mediante el proceso legislativo.

Un segundo criterio para la clasificación de las legislaturas es el grado de “apoyo acumulado” (support) de la institución a lo largo del tiempo, es decir, si se encuentra prestigiada o reconocida frente a la opinión pública como una institución sólida por su funcionamiento o desempeño histórico.

*Armando Hernández Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México; es Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho, con Especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Administrativo; ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido catedrático, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a la materia de Derecho, Derechos Humanos y Procesos Parlamentarios, también ha publicado artículos en DDHH. Ha sido y Magistrado del TEDF. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de varias universidades del país, @DrArmandoHdz

Por su parte, el texto “Clasifying legislatures” de Micheal Mezey (1979) hace referencia a cuestiones relacionadas con la metodología de análisis del desempeño institucional del Poder Legislativo. Habla de la necesidad de que los estudios propios de la Ciencia Política puedan construirse a partir de generalizaciones aplicables a todos los órganos o instituciones legislativas, y no quedarse solo en el análisis de una institución específica a nivel particular.

Este enfoque también puede resultar de utilidad para un estudio específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, e incluso quizá encontrar aspectos de una tipología que permita caracterizar a los órganos jurisdiccionales encargados de la protección de los derechos humanos.

Esta caracterización puede lograrse, por ejemplo, en función del nivel o grado de garantismo o legalismo que presenten las resoluciones judiciales (sentencias). A partir del estudio de las decisiones judiciales, es posible establecer una caracterización según el grado o nivel de garantismo o legalismo que definan el comportamiento judicial (judicial behavior) de una instancia del Poder Judicial, este análisis corresponde al estudio del desempeño institucional de este tipo de órganos jurisdiccionales.

La metodología de estudio que utiliza Mezey para explicar el impacto del Poder Legislativo en el diseño de política pública, es similar a la manera en que se puede estudiar el nivel de garantismo o legalismo en las resoluciones judiciales de la Corte mexicana.

Además, en el texto de Mezey se hace referencia expresa al término “legislative behavior,” que corresponde al equivalente del campo de estudio “judicial behavior” (Richard Ponser. How judges think. 2009), solo que referida al Poder Legislativo y no al Judicial, por lo que el paralelismo implica la posibilidad de trasladar conocimiento del campo de estudio del legislativo al ámbito jurisdiccional, con el debido cuidado en las diferencias específicas.