al gobierno de Néstor Kirchner

marca país Argentina | Capítulo 02

Para el análisis de la estrategia marca país Argentina como tipología, resulta fundamental realizar una contextualización histórica de Argentina desde los años previos al surgimiento de la marca país hasta el año 2019, año posterior al cambio de la última marca país. Para el desarrollo de esta reseña se consultó en el libro “Historia Argentina contemporánea” (2015) del Ministerio de Educación de la Nación en autoría del Equipo pedagógico de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Ampliación de Derechos Educativos, “Los tres kirchnerismos: una historia de la economía Argentina 2003-2015” de Matías Kulfas (2016), en el portal oficial del Estado Argentino y, en artículos periodísticos.

2.1 De 1983 al 2003: del retorno a la Democracia al gobierno de Néstor Kirchner

Luego de la derrota en la Guerra de Malvinas el 14 de junio de 1982 bajo la dictadura cívico militar más cruenta y salvaje de la historia Argentina - un intento de recuperar la legitimidad y poder cada vez más vapuleado por los medios internacionales, organismos de derechos humanos, y parte de la sociedad civil, que costaría la vida de miles de jóvenes que lucharon por su país en condiciones infrahumanas y de absoluta desventaja-, la resistencia y movilizaciones bregando por el fin del gobierno de facto y una salida democrática se incrementarían sin cesar alimentadas por los cada vez más visibles delitos de lesa humanidad perpetrados desde 1976, la crisis económica producto de la quintuplicación de la deuda externa y estatización de la deuda privada nacional, y al aumento de la pobreza, desocupación y hambre en el país. Estos sucesos, marcarían el principio del fin del proceso más triste y oscuro de la historia argentina iniciado el 24 de marzo de 1976. Los jerarcas militares, acorralados por las multitudinarias manifestaciones, convocaron a elecciones para el 30 de octubre de 1983, no sin antes intentar a través de diferentes vías indultos y garantías por los crímenes cometidos, erigiéndose como defensores de la Democracia. En los primeros comicios (a nivel nacional) realizados luego de la interrupción militar, el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín resultaba victorioso con el 51,7% de los votos, derrotando a la fórmula justicialista encabezada por Luder. La recuperación de la Democracia requería un presidente que procure abordar la situación de las víctimas de los delitos de lesa humanidad y sus familiares, y los cimientos que aseguren que la transición democrática sea la última en la historia del país, encontrando y juzgando a quienes los perpetraron. También, solucionar los problemas económicos heredados de la dictadura: un país desindustrializado con una tasa alta de desocupación y pobreza, y la deuda externa más grande en la historia del país que sería sólo superada por la contraída durante el período 2015-2019. La desregulación y especulación económica, desprotección del mercado y producción local, y la estatización de los pasivos de grandes empresas de capital privado nacional eran parte de la herencia económica recibida por el gobierno radical. El gobierno de Alfonsín debía dar señales claras en relación a la pacificación y democratización del país, y ese fue uno de los motivos de la creación de

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Capítulo 02 | 25 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), conformada por científicos, periodistas e intelectuales de gran prestigio, como René Favaloro, Gregorio Klimovsky, Adolfo Pérez Esquivel, el obispo de Neuquén Jaime de Nevares, y el escritor Ernesto Sábato, presidente de la misma. Esta comisión fue conformada con el objetivo investigar, a partir de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura, los hechos relacionados con la desaparición de personas, los centros clandestinos de detención y el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad durante este proceso. Durante poco más de nueve meses recorrieron junto con decenas de voluntarios y personas relacionadas a la lucha por los derechos humanos gran parte del país recopilando, ordenando y jerarquizando los datos sobre las violaciones a los derechos humanos. A su vez, el ex presidente Alfonsín emplazó a la fuerzas armadas llevar adelante procesos de investigación y enjuiciamientos internos sobre el accionar de los máximos jerarcas y demás miembros, es decir, que los militares involucrados directa o indirectamente en los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar sean juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas durante el plazo de hasta un año (una vez finalizado ese período, pasarían a la justicia civil). De igual forma, se ordenó el procesamiento de los líderes del ERP y de Montoneros antes y durante el gobierno de facto. Corría el año 1985 y se aproximaba el plazo determinado por el entonces presidente de la nación y su gobierno a los enjuiciamientos del Consejo Supremo de las fuerzas armadas, y los únicos resultados obtenidos eran dilaciones y excusas en la falta de logros y condenas por parte de dicho tribunal. Paralelamente, la investigación llevada adelante por la CONADEP finalizaba con numerosos testimonios sobre los peores crímenes y torturas que se podrían imaginar, dando inicio a la intervención de la justicia civil para investigar y juzgar todo lo que dicha comisión pudo investigar y muchos más hechos y pruebas que se presentarían con el correr de los años. Los primeros en ser procesados serían los líderes del proceso dictatorial, Videla y Massera, con condenas de prisión perpetua como autores de 469 crímenes de lesa humanidad (66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos) y como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad calificada por violencia, tormentos reiterados y robo respectivamente. Viola fue condenado a 17 años de prisión como autor de 86 secuestros, once actos de tortura y tres robos, Galtieri fue absuelto de las acusaciones por violación a derechos humanos pero fue detenido por incompetencia en la Guerra de Malvinas, juzgado por la justicia militar. Los reclamos de algunos sectores civiles que habían apoyado a la dictadura comenzaron a difundir que los militares habían defendido a la población argentina de grupos que querían conquistar al país con revoluciones sociales. El enjuiciamiento sobre segundas y terceras líneas de mando y los rangos inferiores que participaron de la dictadura aumentó el descontento de sectores civiles antidemocráticos, alegando que estos declaraban actuaron obedeciendo órdenes de sus superiores. Familiares de militares y grupos civiles persistieron y aumentaron en presiones y protestas, apoyados por empresarios, periodistas y miembros de la Sociedad Rural generando una amenaza para la estabilidad de la democracia y forzando al presidente Alfonsín a tomar medidas en el asunto. Este proceso culminaría en la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales establecían la distinción de los oficiales que participaron de la dic-

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tadura en su deber cumpliendo órdenes, y que los juicios a los militares no podrían extenderse más allá de abril de 1987, y un claro mensaje a las intenciones del gobierno radical respecto la capacidad e intereses de los sectores contra los que se estaba gobernando. Contra todos los pronósticos, la ley de Punto Final multiplicó y aumentó el inicio de juicios y presentación de pruebas y testimonios en contra de numerosos militares con responsabilidades múltiples durante la Dictadura. Es por ello que en abril de 1987 un grupo de militares se acuarteló en Campo de Mayo pidiendo la finalización de los juicios, solicitando una negociación abierta con el gobierno nacional y socavando aún más el proceso de transición democrático iniciado con el gobierno alfonsinista en el año 1983. El presidente en persona decidió negociar con los rebeldes, logrando el levantamiento del amotinamiento en base a un alto costo político y social, ya que dicho acuerdo derivaría en la sanción de la Ley de Obediencia Debida, suspendiendo los juicios iniciados contra aquellos que participaron del gobierno de facto recibiendo órdenes, impidiendo el inicio de nuevos juicios bajo dicho carácter, y dejando libres a numerosos militares que habían sido sentenciado bajo dicha carátula. Las concesiones del gobierno de Alfonsín a los sectores que amenazaban el orden constitucional con el objetivo de consolidar las bases del proceso de transición democrático significaba un debilitamiento cada vez mayor de la imagen del propio presidente y su gobierno, y generaba el escenario propicio para el envalentonamiento de nuevas y numerosas protestas, con nuevos acuartelamientos y sublevados durante el año 1988. En paralelo, el gobierno radical afrontaba otro enemigo, la creciente crisis económica con la que debía lidiar producto de la herencia del desfalco, especulación y corrupción económica de la dictadura cívico militar. Un Estado empobrecido debido al vaciamiento de las reservas del Banco Central, altos índices de desocupación, caída constante de los salarios de los trabajadores y un endeudamiento público interno sin precedentes. Las medidas económicas del entonces ministro Martínez de Hoz destruyeron el mercado interno, la producción local, el consumo y la demanda, y favoreció al enriquecimiento inescrupuloso de algunos sectores de la élite empresarial, grupos económicos nacionales y extranjeros. Frente a esta situación, el gobierno alfonsinista intentó implementar políticas para promover la producción, el empleo y control de la creciente inflación, sin embargo, la falta de autonomía económica producto de la herencia recibida frente a los grandes grupos económicos locales e internacionales hizo fracasar gran parte de estos intentos. La crisis económica y la dificultad para controlar las variables mencionadas se fueron incrementando ostensiblemente, provocando que en el año 1988 se declare la incapacidad de seguir haciendo frente a los compromisos de deuda generados por la Dictadura. De esta forma, el gobierno que se hizo cargo de la transición democrática luego de la más cruenta y tortuosa Dictadura Cívico Militar, se aproximaba sin control hacia una crisis económica catastrófica, que produciría grandes conflictos civiles con masivas protestas y saqueos en las grandes urbes del país. Dicha debilidad, relatada generosamente al mundo por el ex funcionario de la dictadura Domingo Cavallo, desencadenaría en una profunda corrida cambiaria fomentada por los acreedores de deuda extranjeros, que de esa forma verían multiplicadas sus ganancias en detrimento de todo un país y un gobierno cada vez más acorralado y sin capacidad de respuesta, generan-

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Capítulo 02 | 27 do el escenario propicio para el regreso de propuestas políticas y económicas neoliberales y la entrega de la soberanía económica y bienes del Estado en manos de los propios especuladores. Así, se instauraba en la historia Argentina una nueva modalidad de ataque a la democracia, una nueva herramienta antipatriótica y especulativa. Los grupos de poder condensados en medios de comunicación, establishment económico y organismos internacionales de empréstito, orquestaron una nueva crisis que sería acompañada por la cada vez mayor amenaza de sectores antidemocráticos de las fuerzas armadas y militares con sed de poder y revancha. La denominada primavera alfonsinista y los grandes logros en materia de derechos humanos fueron opacados paulatinamente por los permanentes golpes antidemocráticos de aquellos sectores que fueron responsables por un lado, y cómplices por otro, de los 7 años que atravesó nuestro país bajo el mando de los militares. La crisis económica y humanitaria, la cesación de pagos de deuda y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida culminaría con la salida antes de tiempo de Alfonsín y su gobierno del poder, y los comicios que llevarían a Carlos S. Menem a ocupar el Sillón de Rivadavia. En julio de 1989, llegaron al gobierno nacional Carlos S. Menem y Eduardo Duhalde bajo la fórmula del Frente Justicialista Popular. Durante su campaña Menem prometió principalmente realizar una revolución productiva, para lograr bajar la desocupación y estabilizar las variables micro y macroeconómicas. Sorprendentemente la propuesta de implementar un proyecto industrialista y redistribucionista quedaría en una promesa de campaña. Al comienzo de su gobierno el presidente Carlos Menem rompió con la mayoría de sus aliados electorales, reformulando una nueva alianza política, económica y social con los más grandes grupos económicos del país. Sin embargo, durante los dos primeros años de su mandato la profundización de la hiperinflación heredada del gobierno anterior continuaría. Es por ello que ante semejante caos económico, en el año 1991 el entonces presidente Menem puso al frente del ministerio de economía a Domingo F. Cavallo, ex presidente del Banco Central durante la dictadura militar. Cavallo implementó en 1991 el Plan de Convertibilidad económica, también llamado el 1 a 1, el cual consistía entre otras medidas la creación del “Peso” como nueva moneda nacional dejando atrás a los “Australes” y en equiparar el valor de un peso nacional a un dólar estadounidense (“uno a uno”). Esto lograría bajar la inflación a cero por ciento, y también a la destrucción de la industria nacional y aumentó de la desocupación, ya que el dólar “barato” y la desregulación económica fomentaría las importaciones industriales por sobre lo local y la especulación económica. Además, la sanción de la Ley de flexibilización laboral habilitaba despidos injustificados o indebidos. La declaración de la emergencia económica dio vía libre al recorte de gasto e inversión pública y achicamiento y vaciamiento del Estado especialmente en educación, salud y políticas sociales, y la privatización o venta de empresas y activos del Estado a empresas multinacionales a precios muy bajos. El sistema jubilatorio pasó a manos de entidades financieras privadas, mientras la indigencia y el desempleo crecían incesantemente, así como la desindustrialización y el endeudamiento externo profundizando la crisis económica y social. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 habilitada luego del denominado “Pacto de Olivos” entre el presidente Menem y ex presidente Alfonsín, habilitó entre otras cosas la reelección presidencial y la asunción del entonces presidente en 1995, su segundo mandato.

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Los gobiernos del ex presidente Menem no son sólo recordados por la aplicación indiscriminada de políticas y acciones neoliberales, sino también por los retrocesos en materia de Derechos Humanos y acciones por la memoria, la verdad y la justicia, a partir de los indultos a civiles y militares presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Militar. De esta forma, 1200 militares, civiles y guerrilleros condenados por homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad, desapariciones y falsedad de documentación, entre otros delitos, quedaron en libertad. Agrupaciones en defensa de los derechos humanos, periodistas, civiles y diferentes sectores políticos, pero fundamentalmente las Madres, Abuelas e Hijos de desaparecidos profundizaron e intensificaron la lucha por medio del escrache público a represores y civiles cómplices, mientras las víctimas seguían sin aparecer. El descontento social iba en aumento, diferentes sectores de la sociedad estaban perdiendo derechos y veían su poder adquisitivo reducirse paulatinamente. La desindustrialización, el desempleo y la pobreza, generaron que los sectores excluidos de la sociedad salgan a las calles. Sin representación sindical y desprovistos de la protección del Estado se autoorganizaron formando el “Movimiento Piquetero” utilizando los cortes de calle y rutas como nueva herramienta de protesta social. A su vez, la Carpa Blanca docente sumaba a las protestas pidiendo un aumento en el presupuesto educativo y en los salarios, junto a los jubilados víctimas de las estafas producto de la privatización del sistema jubilatorio. Otros símbolos de las presidencias del dirigente justicialista Carlos Menem, serían los atentados terroristas en la embajada de Israel y luego a la AMIA que hasta el día de hoy permanecen impunes y sin culpables. El aumento en las denuncias por corrupción vinculaban al ex presidente a la venta ilegal de armas, diferentes negociados detrás de las numerosas privatizaciones, y crímenes políticos como la muerte de su hijo abordo de su helicóptero que numerosos orificios de bala, y la del periodista José Luis Cabezas mientras investigaba y denunciaba a ministros nacionales por su participación en numerosos ilícitos, así como la explosión de la Fábrica de Armamentos nacionales de Río Tercero, entre otros hechos que serían debidamente protegidos por una Corte Suprema de la Nación absolutamente corrupta y recordada por su apodo, “Corte Adicta”. El desgaste público, la caída de su popularidad, índices macroeconómicos alarmantes y las demandas y protestas sociales incontrolables derivaron en la elección de la opción partidaria no justicialista en las elecciones presidenciales de octubre de 1999, llevando al poder a la fórmula conformada por el radical Fernando De la Rúa, y el frepasista Carlos “Chacho” Álvarez, mediante la coalición política denominada “Alianza”. Fernando de la Rúa llegó al poder bajo una promesa de renovación, conformando una alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (FREPASO). Sin embargo, la continuidad de la política económica del gobierno de Menem, el endeudamiento público, el aumento de la desocupación, la devaluación del peso, junto con la crisis social y el aumento de la movilización popular, fueron los elementos que generaron la peor situación institucional, política y económica del país desde el retorno de la democracia. El entonces presidente, ante la dificultad para controlar la crisis, nombró a Domingo Cavallo como Ministro de Ministerio de Economía, quien decidió continuar aplicando las políticas económicas del neoliberalismo promovi-

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Capítulo 02 | 29 das por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en detrimento del empleo, poder adquisitivo y bienestar en general de la mayor parte de la población argentina. El megacanje desembolsaría un último préstamo millonario en dólares que desaparecería en pocos días en manos de los propios acreedores de deuda que socavaron el destino del país, mientras que la incapacidad de los bancos privados se hacer frente a sus compromisos con sus clientes culminaría en la aplicación del famoso “corralito” reteniendo de las cuentas bancarias los ahorros de los sectores medios argentinos, mientras que los grandes grupos económicos y empresarios cercanos al poder fueron previamente notificados pudiendo tomar las medidas necesarias para evitar ser afectados por dicha decisión. A las protestas surgidas en los 90 por los sectores populares se les sumaron las protestas de la clase media reclamando por sus ahorros y la renuncia de los miembros del gobierno presidencial. El 19 y 20 de diciembre de 2001, las calles de las ciudades se poblaron de ciudadanos, coincidiendo aquellos que vivían una larga crisis desde las últimas décadas con aquellos que fueron afectados por el “corralito”. La lucha era una sola, todos reclamaban por sus derechos, las instituciones políticas habían perdido toda legitimidad, el lema era “que se vayan todos”. Después de estos caóticos sucesos, que incluyó numerosos muertos por la represión en el país, las multitudinarias marchas y asambleas ciudadanas, De la Rúa renunció, dejando al país en manos de la Asamblea Legislativa, quien designó a Ramón Puerta como presidente provisional. En total desde el 21 al 31 de diciembre de 2001 el país tuvo 5 presidentes, demostrando una vez más, la caótica situación por la que el país estaba atravesando. Fue un período de incertidumbre total en el cual el país parecía hundirse sin retorno. El último presidente elegido por la Asamblea Legislativa fue Eduardo Duhalde, senador y ex vicepresidente de Carlos Menem. El primero de enero de 2002 comenzó una difícil transición marcada por la finalización de la convertibilidad que regía desde 1992, generando una devaluación de la moneda argentina de casi el 400% y alcanzando niveles extremos de pobreza y desocupación. Las protestas continuaron, mientras que la respuesta del gobierno Duhaldista fue la represión. El punto cúlmine ocurrió cuando se sumaron dos nuevas víctimas de la represión policial, el 23 de junio de 2002 tras una movilización del movimiento de desocupados, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron brutalmente asesinados por fuerzas conjuntas de la Policía Federal, la policía bonaerense, la Prefectura y la Gendarmería Nacional. El panorama iba desmejorando notablemente, se agudizaron las tensiones y ante gravísima situación, Duhalde tomó la decisión de llamar a elecciones anticipadas para el 27 de abril de 2003. En dichas elecciones se postularon por el peronismo, el ex presidente Carlos Menem como candidato de la agrupación “Frente por la Lealtad”; Adolfo Rodríguez Saá se presentó por el “Frente Movimiento Popular Unión y Libertad” y un tercer candidato fue Néstor Kirchner, por el “Frente para la Victoria” (FPV); a su vez, por el radicalismo se postularon Elisa Carrió por la “Afirmación para una República Igualitaria”, Ricardo López Murphy por “Recrear para el Crecimiento” y Leopoldo Moreau por la “Unión Cívica Radical”. La crisis política y el descontento social por los políticos se pusieron en evidencia en los resultados electorales, donde ninguno de los candidatos obtuvo el porcentaje mínimo para ser presidente. Con el 22,25% de los votos, Néstor Kirchner se enfrentaría a una segunda vuelta con Carlos Saúl Menem que obtuvo el 24,45%. Sin embargo, debido a