nueva ley. La reciente propuesta ha resultado ardua, ya que las clínicas de ayuda legal y las organizaciones de base en todo Arizona deben invertir mucho en campañas de divulgación y concientización mientras se enfrentan a los abogados, jueces y laberintos burocráticos del condado. Los que critican cómo se han trazado las vías para la eliminación de antecedentes penales para los arizonenses, incluida Julie
intrínsecamente problemático, argumenta Gunnigle, ya que las personas en las regiones rurales del estado como los condados de Apache, Graham y Navajo tienen la carga de navegar por un sistema gubernamental y legal que es difícil de entender, y que incluso pudiera inculparlos de nuevo. "Cuando se crea un sistema de suscripción voluntaria, por definición se asegura que las personas que tienen el privilegio, que están más conectadas y tienen más
Gunnigle, ex directora de política de la norml de Arizona y candidata demócrata de 2020 a Fiscal del condado de Maricopa, señalan que, debido a que la eliminación de antecedentes penales no fue diseñada como universal, y aquellos que se han visto afectados de manera desproporcionada por el sistema legal penal de Arizona puede fácilmente quedarse atrás. El modelo de petición voluntaria de revocación de antecedentes penales es
acceso sean las personas que obtengan la eliminación", dijo Gunnigle. "Y eso es absolutamente incorrecto". Durante una "buena" clínica de eliminación de antecedentes penales, el personal "procesa entre 50 y 100 peticiones", dijo Gunnigle, y aproximadamente la mitad de las personas tienen una sola condena o arresto relacionado con el cannabis, mientras que la otra mitad tiene dos o más. “Cuando realmente comienzas a tener
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conversaciones con personas en esa situación, te das cuenta - bueno, lo que la gente ha estado diciendo durante mucho tiempo que esta no es una droga de entrada, que es sin duda una convicción de entrada que lleva a una futura participación con el sistema legal penal ”, dijo. Encarcelamiento Yahya Kenyatta fue acusado de agresión agravada después de tener un altercado con dos agentes de policía en 1991. Uno de los agentes de policía disparó un arma de fuego y Kenyatta fue herido. Los oficiales resultaron en gran parte ilesos. Por lo general, el delito merecía una pena de prisión de siete años. Kenyatta fue condenado a cadena perpetua. Kenyatta tuvo un cargo previo por marihuana que lo puso en libertad condicional en el momento del altercado. La infracción de drogas, junto con otros dos cargos por robo, dejaron a Kenyatta con la sentencia máxima. Randal McDonald, abogado supervisor y director de la Post-Conviction Clinic en el Sandra Day O’Connor School of Law de asu, se enteró del caso a través del Arizona Justice Project. Al principio, el Post-Conviction Clinic estaba investigando
