Jóvenes y política en tiempos de cambio. Investigaciones y debates de una nueva generación de analis

Coordinación número especial Jóvenes y política en tiempos de cambio. Investigaciones y debates de una nueva generación de analistas colombianos

Organizadores III Congreso de Ciencia Política ACCPOL 2014

Una publicaci贸n de

Universidad Icesi Rector: Francisco Piedrahita Plata Secretaria general: María Cristina Navia Klemperer Director académico: José Hernando Bahamón Lozano Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: Adolfo Jerónimo Botero Marino Director del Centro de Investigaciones CIES: Vladimir Rouvinski Directora Oficina de Publicaciones: Natalia Rodríguez Uribe Editora: María A. López Orduz | maria.lopez14@correo.icesi.edu.co Asistente editorial: Daniela Escobar | daniela.escobar3@correo.icesi.edu.co Editor invitado: Juan Pablo Milanese | jmilanese@icesi.edu.co Comité editorial Aura Medina - amedina2706@gmail.com Marcela Daza - marcedaza55@gmail.com Jacobo Cortés - jacobocortes96@gmail.com Jenny Lozano - jenny.lozano27@gmail.com Jennifer García - jennifer_garciaq@hotmail.com José Bernardo Castiblanco - jober30@gmail.com Elizabeth Camargo - elizabethcamargo92@gmail.com María Alejandra Peláez - pelaez.mariaalejandra@gmail.com Revisores adjunto Max Stabile - me@maxstabile.com - Universidad de Brasilia, Brasil Adolfo A. Abadía - aaabadia@icesi.edu.co - Universidad Icesi, Colombia José Benito Garzón - jose.b.garzon@correounivalle.edu.co - Universidad del Valle, Colombia Cristóbal Bywaters - bywaters.cristobal@gmail.com - Universidad Alberto Hurtado, Chile Carlos Sebastián Ciccone - csciccone@gmail.com - Universidad Nacional del Sur, Argentina Alejandra Arias García - pdg.alearias@gmail.com - Universidad Nacional de Cuyo, Argentina Mariana Domínguez - maridomidami@hotmail.com - Universidad Nacional del Sur, Argentina Nicolás Espinosa Menéndez - nicolas.espinosa@usbmed.edu.co - Universidad San Buenaventura, Colombia Comité científico Juan Albarracín Dierolf [Ph.D.(e.c.)] - jalbarra@nd.edu - Universidad de Notre Dame, EE.UU. Osamu Yoshida [Prof. Dr] - oyoshid@hiroshima-u.ac.jp - Universidad de Hiroshima, Japón Carlos E. Moreno [M.A.] - cmorenol@binghamton.edu - Universidad de Binghamton, EE.UU. Hanni Jalil Paier [Ph.D.(c)] - hjalil@umail.ucsb.edu - Universidad de California, EE.UU. Arlene B. Tickner [Ph.D.] - atickner@uniandes.edu.co -Universidad de los Andes, Colombia Inge Helena Valencia [Ph.D.] - ihvalencia@icesi.edu.co - Universidad Icesi, Colombia Víctor Jeifets [Ph.D.] - jeifets@gmail.com - Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia Juan Pablo Milanese [Ph.D.] - jmilanese@icesi.edu.co - Universidad Icesi, Colombia Bruce M. Bagley [Ph.D.] - bbagley@miami.edu - Universidad de Miami, EE.UU. Basarab Nicolescu [Prof. Dr.] - nicol@club-internet.fr - CIRET, Francia Asistente de comunicaciones: Diana Carolina Rodríguez Diseño editorial: Johanna Trochez | LaDeLasVioletas | ladelasvioletas@gmail.com Diseño de portada: Sebastian Vasquez | sebastianvcruz@gmail.com Foto portada: Carlos Duarte | Plaza San Francisco de Cali Maquetación: Equipo editorial www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras revista@icesi.edu.co Cali, Colombia ISSN 2248-7212 ISSN-e 2322-9152

Gracias especiales a las siguientes personas por participar como árbitros en este número: 1. Andrea Hernández – Universidad Icesi, Colombia 2. Carlos E. Moreno – Universidad de Binghamton, EE.UU. 3. Cecilia Melella – Universidad de Buenos Aires, Argentina 4. Claudia Abello – Universidad Icesi, Colombia 5. Elizabeth Camargo Alzate – Universidad Icesi, Colombia 6. Henry Arenas – Universidad del Valle, Colombia 7. Hernán Fair – Universidad de Buenos Aires, Argentina 8. Javier Duque Daza – Universidad del Valle, Colombia 9. José Garzón Montenegro – Universidad del Valle, Colombia 10. Juan José Fernández Dusso – Universidad Icesi, Colombia 11. Lina Fernanda Buchely – Universidad Icesi, Colombia 12. Margarita Batlle – Universidad Externado de Colombia 13. Mariana Domínguez – Universidad Nacional del Sur, Argentina 14. Ricardo Coutin – Universidad Icesi, Colombia 15. Tomáš Došek – Universidad de Salamanca, España

La revista TRANS–PASANDO FRONTERAS, es una publicación semestral y arbitrada del Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES) de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la Universidad Icesi (Cali, Colombia). Es liderada por estudiantes de la misma Universidad y coordinada por un colectivo de alumnos y profesores apasionados por la investigación académica. La revista promueve la publicación de artículos de investigación, reflexión teórica, traducciones, conferencias, entrevistas y reseñas con un enfoque crítico e innovador. Desde su creación, el objetivo principal ha sido generar un espacio de reflexión, análisis, discusión e información sobre los fenómenos sociales desde una perspectiva transdisciplinar.

Su contenido es académico y especializado, está dirigida a estudiantes, investigadores, especialistas, profesionales y miembros de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que buscan insumos para el desarrollo de un riguroso e innovador ejercicio investigativo. En ella publican sus trabajos estudiantes y profesionales, tanto nacionales como internacionales, que proponen análisis transdisciplinares de las complejas problemáticas de las sociedades contemporáneas.

El material de esta publicación se encuentra bajo una Licencia Creative Commons de “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported” ( ). Por lo tanto, el contenido de TRANS–PASANDO FRONTERAS puede ser reproducido sin autorización, siempre y cuando se cite el título, autor y fuente institucional. © Derechos reservados de autor Canje Adriana Carvajal Asistente de Hemeroteca Biblioteca Universidad Icesi Tel.: (+57) 2 555 2334 - Ext. 8725 Email: acarvajal@icesi.edu.co Página web y correspondencia www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras revista@icesi.edu.co Twitter: @tf_Revista Facebook: fb/TransPasandoFronteras Issuu: tf_Revista YouTube: RevistaTF La revista TRANS–PASANDO FRONTERAS no se hace responsable de las ideas expuestas bajo su nombre, las ideas publicadas, los modelos teóricos expuestos o los nombres aludidos por el(los) autor(es) de los artículos. El contenido es responsabilidad exclusiva del(los) autor(es), y no reflejan la opinión de las directivas de la Universidad Icesi, del Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, o de los editores de la revista.

Esta revista está incluida en los siguientes index, directorios y bases bibliográficas internacionales: MIAR (Matriz de información para la evaluación de revistas) E-REVISTAS (Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas) DRJI (Directory of Research Journal Indexing) DIALNET (Difusión de Alertas en la Red) WZB (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) BASE (Bielefeld Academic Search Engine) EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) LATAM (Estudios latinoamericanos) DOAJ (Directory of Open Access Journals) HOLLIS (Harvard Library) ZDB (Zeitschriftendatenbank) V|LEX (vLex Networks) SHERPA/RoMEO

Tabla de contenido Editorial Presentación 17 Prólogo 19

No dejar de leer Pasión, oficio y método en la Ciencia Política Richard Snyder

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Dossier Córdoba: paraestado, clientelismo y agentes de la violencia Isaac Morales Pérez

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Acción colectiva, identidades políticas y conflicto armado: la etnización de una comunidad negra en el norte del Cauca María Jimena López León

55

Reparación simbólica para mujeres trans víctimas del conflicto armado: ¿por qué no se ha iniciado?

Laura Catalina Tovar Bohórquez

83

La escisión entre la Ciencia Política y la realidad política: el caso de la Seguridad Democrática Carlos Andrés Ramírez y Andrea Stefanía Jerez

99

Políticas públicas de seguridad en Medellín: lecturas del problema de in-seguridad desde el enfoque de la seguridad humana Natalia Andrea Cardona Berrio y Carolina Sánchez Henao

119

Documentos de trabajo Fútbol: ¿catalizador de inseguridad? Análisis del fenómeno social y su incidencia en la seguridad Andrés Felipe Briceño

141

Unidos por la red, separados por el Estado. Una lectura sobre la inclusión digital en Colombia Patricia Martínez Coral

157

Opciones políticas, comunas y votos. Distribución territorial de los apoyos electorales a la Alcaldía de Santiago de Cali 2003-2011 Adolfo A. Abadía

183

Hacia la historia del Movimiento Estudiantil en Colombia: elementos teórico-metodológicos fundamentales Daniel Yepes Grisales y Víctor Santiago Calle León

217

A inclusão da China na Amazônia: análise e considerações geoestratégicas Guilherme Lopes da Cunha y Marcelo de Moura Carneiro Campello

241

De primera mano Aspectos a considerar de la política exterior de Juan Manuel Santos [Entrevista a Luis Fernando Vargas-Alzate] Jennifer García

264

Los retos de la política exterior colombiana en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos [Entrevista a Sandra Borda] Daniela Escobar Lozano

268

Complementos Index of abstracts

Indicaciones para los autores

Instructions for authors Canjes publicitarios

277 283 291 299

Complementos Rese単as De primera mano Documentos de trabajo Dossier No dejar de leer Editorial

Editorial

Presentación Trans-pasando Fronteras nace y crece como una revista de asuntos transdisciplinares, los cinco números precedentes son una clara muestra de ello. El presente, por el contrario, rompe momentáneamente con esa línea, ofreciendo a sus lectores un número extraordinario realizado en colaboración con la Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL). La razón de esta decisión es visibilizar la producción académica en este campo, rastreando algunos de los principales temas sobre los que se está investigando y desde qué perspectiva se lo está haciendo.

En este sentido, podemos interpretar al presente volumen como una suerte de síntesis de los temas abordados en las mesas realizadas en el pasado III Congreso Colombiano de Ciencia Política –llevado a cabo en las ciudades de Cali y Popayán entre el 24 y 27 de septiembre de 2014–. Síntesis constituida por la recopilación de trabajos elaborados por estudiantes de pregrado y posgrado de universidades colombianas y de otros países de América Latina.

De hecho, es importante resaltar el destacado lugar ocupado por los estudiantes en el evento, representando una amplia mayoría de los asistentes a él. Este es un interesante –y motivante– indicador, que nos muestra el entusiasmo manifestado por la nueva generación de politólogos en formación a la hora de participar en el debate existente en los distintos subcampos de la disciplina. Partiendo de este punto, nuestra intención es utilizar la revista como un espacio que permita proyectar ese debate, garantizando su continuidad e incentivando la profundización de las temáticas abordadas.

Sin embargo, dado el espíritu que impulsa a la publicación, esperamos que este no sea un ejercicio aislado. Aspiramos a poder reproducirlo en el futuro con los resultados de eventos realizados en otros campos de las ciencias sociales como la sociología, la antropología, la psicología, la economía, el derecho, etc.

Antes de finalizar, quisiera agradecer la colaboración del Equipo editorial, de los Revisores adjunto y de todos aquellos que actuaron como árbitros en este número por su

Presentación

valioso apoyo en la revisión y verificación de los artículos recibidos. También, a la Junta Directiva de ACCPOL, especialmente, a su presidenta Patricia Muñoz Yi. Por último, no queda más que invitar a la lectura de los artículos y esperar que estos incentiven el diálogo y el debate de la disciplina, aportando a la inclusión de una nueva generación de analistas de la realidad política nacional e internacional.

Juan Pablo Milanese Editor Invitado Diciembre 2014

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Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

Prólogo Es un honor presentar el primer número especial de la revista estudiantil Trans-pasando Fronteras, titulado Jóvenes y política en tiempos de cambio: investigaciones y debates de una nueva generación de analistas colombianos; esta edición es una recopilación de las investigaciones de estudiantes de ciencia política de pregrado, maestría y doctorado, que fueron seleccionadas por un equipo de revisores adjunto y el comité académico de nuestra publicación. Nuestro objetivo fue recoger, en un medio impreso y digital, todas aquellas inquietudes que movilizan a la nueva generación de politólogos y analistas políticos a generar debates, soluciones y propuestas sobre los asuntos que encabezan la agenda pública.

En este número encontramos una diversidad de temáticas, pero hubo un asunto común relativo a la violencia y el conflicto que evidencia el interés que han suscitado los diálogos de paz en la Habana. En este sentido, el Dossier puede tomar el nombre de conflicto y violencia. Los análisis, investigaciones y debates muestran que el principal cambio que provoca interés en la actual coyuntura es la paz. En este número es abordada desde distintas visiones y dimensiones tales como la reparación simbólica de víctimas transgénero, el paraestado, las políticas públicas de seguridad y la acción colectiva en zonas de conflicto. Temas que se resumen a continuación.

Este número consta de cuatro secciones dispuestas según las temáticas presentadas y el estilo de cada contenido. En la primera sección, No Dejar de Leer, se introduce la conferencia inaugural del III Congreso Nacional de Ciencia Política titulada Pasión, oficio y método en la Ciencia Política dictada por el profesor Richard Snyder en la Universidad Icesi. La conferencia motiva a estudiar asuntos políticos y públicos desde distintas metodologías y explica las motivaciones intrínsecas para hacerlo desde marcos no convencionales.

En la sección Dossier, se encuentran los artículos dedicados a temas de violencia y conflicto. El primero de ellos es un artículo de reflexión titulado Córdoba: paraestado, clientelismo y agentes de la violencia en el que Isaac Morales sostiene que el departa-

Prólogo

mento de Córdoba ha sido un ejemplo de estructura paraestatal sustentado en el concepto de paraestado. El segundo artículo es Acción colectiva, identidades políticas y conflicto armado: la etnización de una comunidad negra en el norte del Cauca su autora, María Jimena López, presenta desde un enfoque etnográfico cómo se configura la acción colectiva no violenta en respuesta a las conflictividades sociales, políticas y ambientales que ponen en riesgo el territorio.

Luego, se presenta el artículo Reparación simbólica para mujeres trans víctimas del conflicto armado: ¿por qué no se han iniciado?, a propósito de la Ley 1448 de 2011, referente a la justicia y reparación de víctimas del conflicto armado, Laura Catalina Tovar plantea la necesidad de iniciar de un proceso de reparación simbólica para la población LGTBI, especialmente para las mujeres transgénero. El siguiente artículo, La escisión entre la ciencia política y la realidad política: el caso de la Seguridad Democrática, un documento en que Carlos Andrés Ramírez y Andrea Stefanía Jerez evidencian, por medio de una revisión documentada entre 2002 y 2012, la división de posturas y discursos sobre la solución al conflicto armado entre la disciplina y el gobierno de Uribe con su política de Seguridad democrática. Finalmente, la sección termina con el artículo de Natalia Andrea Cardona y Carolina Sánchez Henao titulado Políticas públicas de seguridad en Medellín: lecturas del problema de in-seguridad desde el enfoque de la seguridad humana, en el que ponen de manifiesto las consecuencias de asumir un enfoque restringido y limitado al momento de tomar medidas frente al problema de la seguridad en Medellín, por lo que proponen una serie de recomendaciones para la administración pública .

Este especial continúa con la sección Documentos de trabajo, en la que se encuentran los artículos de temas varios. Así, Andrés Felipe Briceño presenta una reflexión sobre la relación entre fútbol y seguridad en su artículo Fútbol: ¿catalizador de inseguridad? Análisis del fenómeno social y su incidencia en la seguridad. Luego, Patricia Martínez Coral revela algunos de los principales obstáculos o paradigmas que han obstaculizado las iniciativas impulsadas por el gobierno para reducir la exclusión digital y tecnológica en el país, en su artículo Unidos por la red, separados por el Estado.

Una lectura sobre la inclusión digital en Colombia. Desde una mirada más electoral y a partir de la aplicación de índices para analizar el sistema de partidos, Adolfo A. Abadía ofrece su documento de trabajo Opciones políticas, comunas y votos. Distribu20

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Prólogo

ción territorial de los apoyos electorales a la Alcaldía de Cali 2003-2011. En seguida, se encuentra Hacia la historia del movimiento estudiantil en Colombia: elementos teórico-metodológicos fundamentales un artículo en que sus autores, Daniel Yepes y Víctor Santiago Calle, ofrecen una definición operativa de movimiento estudiantil integrando aportes teóricos y metodológicos que permitan entender el caso colombiano.

Finalmente, esta sección se cierra con La inserción China en la Amazonía: análisis y consideraciones geoestratégicas, artículo publicado en portugués en donde los autores Guilherme Lopes da Cunha y Marcelo de Moura Carneiro Campello, revisan la relación entre el desarrollo en infraestructura de la Amazonía y el interese de Asia, principalmente China, por los recursos estratégicos de la región.

En la última sección, De Primera Mano, ofrecemos dos interesantes entrevistas en las que discutimos con Luis Fernando Vargas-Alzate y Sandra Borda, los principales retos y obstáculos que enfrenta la política exterior del gobierno de Juan Manuel Santos y los aportes que pueden presentarse desde la Ciencia política. Así pues, el o la lectora tiene en sus manos un número rico en temáticas y contenidos.

Para finalizar, mis más profundos agradecimientos a Patricia Muñoz Yi por aceptar la invitación a realizar un número en colaboración con ACCPOL, a Juan Pablo Milanese, Editor invitado en este número, por sus sugerencias e importantes aportes al proceso editorial, y al profesor Juan José Fernández Dusso por su creatividad y contribución al título de este especial. A Vladimir Rouvinski, Natalia Rodríguez Uribe y Adolfo A. Abadía mis más emotivos agradecimientos por su apoyo y valiosa gestión desde la dirección del CIES y la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi. Agradecimientos especiales a los y las autoras de este grandioso número por permitirnos publicar tan especiales documentos. Al Equipo Editorial, en sus cuatro áreas (Estilo, English, Entrevistas y Eventos), gracias totales por la energía y entusiasmo con que se trabajó para que esta publicación sea tan original y especial.

María Alejandra López Editora Ejecutiva Diciembre 2014 Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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Complementos Rese単as De primera mano Documentos de trabajo Dossier No dejar de leer Editorial

No dejar de leer

Pasión, oficio y método en la Ciencia Política* Discurso de apertura del III Congreso Nacional de Ciencia Política de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL) 24 de septiembre de 2014 Richard Snyder, Ph.D.**

Quiero agradecer y felicitar a mis colegas de la Universidad Icesi y a todos los que hicieron posible el Congreso y mi visita aquí.

Empezaré preguntándo: ¿Por qué eligieron estudiar Ciencia Política?; ¿Por qué les llama la atención la Ciencia Política, en este momento? Piensen en esto. Quizá podamos hablar un poco de eso, quizá la charla que voy a ofrecer los va a convencer de que hicieron una elección correcta, o puede ser al contrario, eso es seguro. Vamos a ver…

Bueno, este es el título de la conferencia Pasión, Oficio y Método: La dimensión humana de la investigación comparada. Realmente es la investigación política, de Ciencias Sociales. Mucho de lo que voy a hablar viene de una serie de entrevistas que publicamos ya hace siete años, en el 2007 con mi colega Gerardo Munck1 y lo importante es ¿Quiénes son los entrevistados? * La transcripción de este discurso de apertura procuró mantener el carácter oral de la misma. Para esta publicación, el autor revisó y enriqueció su contenido. Transcrito por Aura Medina. Revisado y notas a pie de página por Maria A. López. ** Agradecimientos especiales a Richard Snyder, profesor asociado del Instituto Watson de la Universidad de Brown y director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York.

1 Gerardo Munck, Ph.D. es profesor de Relaciones Internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California (USC).

Richard Snyder

Es un buen momento para hablar de este libro porque ya salió una edición coreana, va a salir una edición China pero aún no ha salido la edición en español, pero estamos en eso firmemente, parece que va a salir en el año que entra. Entonces, para mí es muy interesante escribir una nueva introducción para la edición en español, puede ser muy interesante tener retroalimentación de ustedes.

En fin, lo importante es: ¿Quiénes son ellos? Esta es la lista de entrevistados, fecha de nacimiento, donde nacieron y es una selección de los politólogos más importantes de los últimos sesenta años. Nombres que espero sean conocidos. Aquí hay algunas fotos, lo bueno es que los entrevistamos antes de que fallecieran. ¿Cuántos han leído a Samuel P. Huntington? Algunos. ¿Barrington Moore, Jr.? Algunos. ¿Robert Dahl? ¡Muchos! Tema de Democracia, muy importante. También tenemos un grupo de extranjeros (bueno, extranjeros para los Estados Unidos) ¿Quién ha leído algo de mi gran amigo Juan J. Linz? También conocido. ¿Guillermo O´Donnell? Muchos. ¿Alfred Stepan2? Pocos.

Entonces, es un libro de entrevistas con ellos. Entrevistas muy profundas, sobre su formación personal y por qué ellos decidieron estudiar Ciencia Política y Sociología en algunos casos. Lo que quiero ofrecerles es una destilación de la sabiduría de ellos.

Entonces va a ser muy bonito, les ofrezco un coctel, un mojito sabio sobre el valor y el propósito de la Ciencia Social, de la Ciencia Política.

Va a ser muy curioso, la versión coreana ¿alguien lee aquí coreano? Nadie… ¿nadie?

Yo tampoco. Bueno, según lo que me han dicho, hicieron un cambio en el título del libro. El título en coreano quiere decir, ¿cómo han hecho para ser los mejores politólogos? Entonces, si escuchan de ellos ustedes también pueden llegar a ser de los mejores politólogos.

Antes de empezar ¿por qué solo hay una mujer en el grupo (Theda Skocpol3)? Es importante hablar un poco sobre eso. Veo aquí casi mitad y mitad, balance de género, de mujeres y de hombres. Igual aquí es por la selección de casos, de gente para entrevistar que usamos, quisimos que fuera gente que ha hecho grandes contribuciones a largo plazo 2 Politólogo comparativista, Ph.D. de la Universidad de California y actual director del Centro de Estudios de la Democracia, Tolerancia y Relgión de la Universidad de Columbia.

3 Socióloga y politóloga norteamericana, profesora Victor S. Thomas de gobierno y sociología de la Universidad de Harvard.

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para la disciplina, por lo tanto, elegimos una fecha de nacimiento, antes de 1950 y resulta que no hubo tantas mujeres entrando al programa de doctorado en Ciencia Política para ser profesor, profesor en Ciencia Política en esa época. Simplemente es una función de los números, del tamaño del grupo. Estoy seguro de que si se hace una edición nueva de algo así, poniendo como fecha de nacimiento 1970-80 sería otro balance de género.

También quiero comentar que unos colegas están haciendo un libro parecido, para América Latina. Un colega peruano Martin Tanaka4. Un colega Chileno Manuel Garretón5 y Gerardo Munck. Están entrevistando politólogos en toda América Latina. Este es un ejercicio de formación de identidad profesional para cada país. En el caso de ustedes, si quieren buscar los quince mejores politólogos de Colombia ¿Quiénes serían?

Bueno, empecemos a tomar nuestro “coctel sabio” y veamos que se puede aprender de ellos. Entonces, los ingredientes de este coctel son tres. Reflexionando en la calidad de las quince “vacas sagradas” de nuestra Ciencia Política, serían tres los ingredientes: la experiencia, la pasión y el riesgo. Voy a hablar de cada una de ellas detalladamente.

Experiencia de vida, que genera interés en tópicos, en temas de investigación y quizá más importante, que le da al investigador una motivación –hasta personal– o sea que le importe el tema de investigación Que no sea algo abstracto que no le interesa, que no le importa.

Pasión, que a veces sale de la misma experiencia y de los compromisos normativos que tenga el investigador o investigadora. Es importante que el tema pueda tener compromisos normativos, preferencias en ciencia, en la investigación científica, no debe ser neutral y sin vinculación a valores.

Y tercero, los Riesgos son la capacidad de emprender desafíos intelectuales y a veces personales, aunque uno de los entrevistados lo expuso muy bien, cuando dijo “yo no estoy dispuesto a morir por las ciencias sociales” Explicando por qué no quería ir a hacer investigación de campo en Sierra Leona (África) durante la guerra civil.

Hay algo interesante, y no estoy seguro de que sean muy relevantes estos hallazgos de nuestra investigación para ustedes. Hay un consenso entre los 15 entrevistados de que 4 Doctor en Ciencia Política de la FLACSO de México. Actualmente, es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos.

5 Licenciado en Sociología en la Universidad Católica de Santiago de Chile y Doctorado de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, en París.

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hay una oferta débil o ausente de estas cualidades en los politólogos jóvenes. Pero no sé si eso sea cierto en el caso colombiano.

Bueno, hablamos primero de experiencia. En las entrevistas, los investigadores que entrevistamos hacen una vinculación clara entre sus experiencias de vida y sus motivos de investigación. Hay un ejemplo aquí de Robert Dahl6 (él era un joven en los años 3040) quién participaba en la segunda guerra mundial para el ejército estadounidense: “la amenaza de los años treinta era que la democracia podía desaparecer, ser destruida. Ese contexto marcó para nuestra generación, la importancia de la democracia, nos dimos cuenta de que las alternativas a la democracia eran mucho peores”

Entonces surge un compromiso de vida con la democracia para Robert Dahl.

El caso de Juan Linz: Se crio en España, nació en Alemania, vivió en Alemania hasta la edad de 8 o 9 (1936) tenía recuerdos de niños del surgimiento de los nazis en Alemania. Se mudó a España justo a tiempo para presenciar la Guerra Civil de España: “ignorar la Guerra Civil Española, o el régimen de Franco no era concebible para un joven español como yo con interés en la Ciencia Política y en las ciencias sociales. Dada tu historia de vida, tienes un interés personal y un compromiso que motiva la selección de muchos problemas de investigación” (Linz)

Entonces, la biografía puede incidir en la investigación en la selección de temas de investigación.

Hay otros ejemplos, por ejemplo Alfred Stepan. Cuando terminó los estudios de pregrado en 1957 tomaba un gran viaje a través de todo el mundo por nueve meses. Claro, su familia tenía los recursos para apoyarle en esto y lo hizo. Fue a la India, fue a Indonesia, Pakistán, y en ese momento estuvo expuesto a culturas y religiones diferentes. Después de eso entró en el ejército de Estados Unidos, fue marinero por tres años, después reportero. Si ustedes conocen a Stepan, saben que es muy reconocido por su trabajo sobre el 6 Fue uno de los politólogos contemporáneos más representativos de la disciplina. Autor del célebre libro La poliarquía: participación y oposición (1997) 28

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ejército, su primer libro que salió de la tesis de doctorado bajo la supervisión de J. Linz sobre el golpe militar en Brasil en 1964. Su equipo de trabajo y asesores le dijeron que no podía hacer eso, que nunca iba a tener acceso a los generales y coroneles del ejército brasilero, pero tomo un riesgo (otra cualidad) y dijo “bueno, voy a hacerlo aunque me digan que no puedo hacerlo, mis asesores, y voy a enseñarles que si es posible” y lo hizo, encontró la forma y su preparación como un ex militar estadounidense le permitió poder hablar con los militares brasileños durante este régimen militar de los sesentas.

Robert H. Bates7, fue a África cuando era alumno de secundaria y eso le cambio la vida.

Dijo que quería radicarse en África y así lo hizo, estudia la región del África. El escribió sobre Colombia, estuvo en Colombia en el sector cafetero, Manizales. Es interesante que no lo conozcan ustedes. Entonces desde la idea de que hay una vinculación entre la biografía y los temas de investigación surge una hipótesis un poco provocadora e interesante: que la calidad de la investigación puede depender de la calidad de las experiencias de cada uno.

Como ya he dicho, la experiencia de vida puede dar a la investigación sentido y propósito, también puede ser una fuente de nuevas ideas. Porque si conoces algo a fondo encuentras teoría, pero la teoría no corresponde con la realidad que conoces; allí hay una fricción muy fértil para la investigación. Les doy unos ejemplos: Linz, conocía muy bien el caso de España bajo la dictadura del General Franco y sabía que la naturaleza de este régimen no correspondía a la categoría de totalitarismo. Lo sabía basado en la experiencia propia en España. Otro caso, es el del holandés Arend Lijphart. Holanda es un país multicultural, pero también es una democracia estable, en los años sesenta cuando él estaba estudiando el doctorado en Yale, la teoría dijo que en países donde los clivajes son así, no es posible una democracia estable, pero el caso holandés desmentía esa teoría.

El sociólogo político Seymour Martin Lipset8, decía que un mecanismo que conecta intereses al sistema político, es el partido político. Vincula valores e intereses sociales al sistema político. Sin embargo, Philippe C. Schmitter9 sabia que en Suiza no era así, el partido político no tenia ninguna incidencia. En suiza èstos no representaron intereses, 7 Actualmente es Profesor Eaton del Departamento de Gobierno, y miembro del Departamento de Estudios Africanos y Africano-americanos de la Universidad de Harvard.

8 Es autor de El hombre político (1960), Revolución y contrarrevolución (1968), Consenso y conflicto (1985).

9 Profesor Emérito del Departmento de Ciencias sociales y política del Instituto Universitario Europeo.

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Richard Snyder

sino asociaciones de interés. Entonces la experiencia es una forma de abordar la teoría, cuando no coinciden. ¿Tiene usted experiencia?

“Los jóvenes estudiando Ciencia Política, por haber crecido en un mundo pacifico, prospero, en tiempos libres de conflicto, quizá un mundo post conflicto, que son inteligentes, educados pero no tienen experiencia ni interés. Estos jóvenes absorben la educación y obtienen capacidades fácilmente, pero cuando el momento llega y tienen que hacer preguntas, ellos no tienen nada que preguntar” (Adam Przeworski)

¡No me gustaría tenerlo a él como mi papá!

Entonces son inquietudes de los entrevistados, sobre el capital humano que está entrando en el momento en Estados Unidos, por lo menos. Entonces ¿qué se puede hacer frente a la falta de experiencia? Una cosa es, no ir directamente a estudiar posgrados, si es que están pensando eso, justo después de terminar el pregrado. ¡Toma tiempo para trabajar! Obviamente si se puede hacer algo diferente, salir del sendero académico. Otra forma de ganar experiencia es hacer investigación de campo “El trabajo de campo es la cura para la generación de conclusiones sin sustento, cuando se hace trabajo de campo los problemas de investigación se obtienen de la realidad” (Bates).

Es bueno sentirse outsider, vivir en otra cultura, y no tiene que ser en otro país.

Dentro de la misma ciudad, o lugar donde uno habita hay una variación impresionante.

Estamos en esta parte de Cali, yo desconozco la ciudad, pero tengo entendido que no estamos en la zona oriental de la ciudad que se llama Aguablanca ¿cómo está esa zona de la ciudad de Cali? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo es? Sinceramente, yo desconozco. Tengo entendido que es muy distinto del hotel y de la ciudad. Espero que el punto quede claro, que no hay que viajar para hacer comparaciones, se puede dentro de la misma ciudad, la diferencia puede ser de cultura, socioeconómica, etc.

Llegamos a la segunda característica de los investigadores destacados que es la pasión.

Aquí tienen un dicho que es de Sherlock Holmes “Soy un cerebro, el resto de mi es mero apéndice” hay otra perspectiva que nos ofrece Max Weber “la inspiración, pasión, juega en la ciencia un papel tan importante, como el que juega en el arte”. Las entrevistas acuerdan mucho más con Weber que con Sherlock Holmes, se nota que son muy apasionados.

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Pasión, oficio y método en la Ciencia Política

Otro ejemplo de pasión viene de Guillermo O’Donnell, dice que le gusta enfocarse en los problemas que le molestan en la mañana cuando está afeitándose. Tuvo una barba durante unos años, entonces no estoy seguro de que hizo durante aquellos años, pero bueno… Quizá estaba más tranquilo. El tenía una obsesión, obviamente, con su país Argentina. Robert Dahl nos ofrece lo siguiente: “Para los mejores alumnos, estudiar política no solo es algo que involucra su cerebro sino también su sistema somático, sentimientos”. No siempre, no el cien por ciento del tiempo. ¿Qué es lo que motiva su pasión por la investigación? Bueno, a veces como dije se divierten, es divertido, ¡les gusta! Se ponen como niños de alguna forma.

Otra fuente de pasión, puede ser la vinculación a los valores del investigador. Aquí dice Lijphart que el empieza normativamente, con una variable muy importante, algo que puede ser descrito como bueno o malo, como la violencia o la paz. Luego sigue investigando que produce estos diferentes resultados y finalmente, concluye presentando prescripciones. O sea medidas que pueden producir resultados deseados, Lijphart no vee una tensión entre preocupaciones normativas y la intención de hacer ciencia.

Otra vez encontramos en las entrevistas, una preocupación de que estudiantes de posgrado no tienen pasión, o tienen menos pasión. Skocpol nos dice: “hablo con muchos estudiantes de postgrado que dicen sentirse muy limitados.

Parece que ellos eligen preguntas motivados por un sentido del deber, trabajando en un tema en particular, porque es lo que se espera que hagan para alcanzar la siguiente etapa profesional, no estoy suficientemente segura de que esta gente esté siguiendo sus instintos y creyendo que su curiosidad los llevará a una pregunta importante”.

James C. Scott dice que “demasiados profesores y alumnos hoy, piensan que la investigación es una carrera, un trabajo de nueve a cinco”¿por qué eligen estudiar ciencia política? ¿Por cuál motivo? Y hay muchos motivos naturalmente aceptables, pero desconozco este contexto entonces. Eso es pregunta para ustedes.

Finalmente, porque creo que ya es bueno que termine de hablar, llegamos a la última cualidad que se destaca a los entrevistados, tomar riesgos. Riesgos en varios aspectos, en términos de cómo definen sus relaciones con los maestros, también en cómo se define su relación con el mainstream y también tomar riesgos en términos de las preguntas que Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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Richard Snyder

deciden investigar. Por ejemplo Skocpol, su primer artículo, ella lo publicó cuando era alumna de posgrado, y era una crítica a uno de sus asesores más importantes. Como les dije ya, Stepan renuncio a la asesoría cuando le dijeron que no era posible estudiar al ejército brasilero durante el régimen militar durante los años sesenta.

Otro ejemplo es Scott. Decidió después de su primer libro, basado en su tesis doctoral sobre los elites politicos en Malasia, y que no considero un trabajo sólido, le gustó sus asesores por la metodología pero para el no era muy bueno porque no tenía conocimiento profundo del contexto, entonces el emplea toda la energía en entender profundamente el contexto agrícola de la cultura campesina de Asia y resulta que va allá con permanencia, se va a vivir dos años a un pueblo en Malasia para ser un campesino y hacer lo que resulta que quizá es su mejor libro, Weapons of the Weak. Uno de sus colegas en ese momento le dijo lo siguiente: que era muy tonto porque invertir en profundizar su conocimiento de Malasia era un desgaste de tiempo, que no era hacia donde la Ciencia Política estaba yendo, que era el fin de su carrera, según este colega, y resulto todo lo contrario, salió de esto su libro más conocido.

Demasiado profesionalismo, puede ser limitado, rígido y limitar la visión. No sé si eso ocurra en el contexto colombiano, pero es una imagen de lo que puede ocurrir en un futuro. Demasiado profesionalizados. Y aquí viene O´Donnell con su preocupación hacia la sofisticación metodológica “la Ciencia Política ha perdido la ambición de escribir libros grandiosos que den cuenta de grandes problemas”.

Skocpol dice “diversificación, no pegarse a estudiar solo con una sola persona o escuela, sino varias. Así se da la posibilidad de crear una combinación original” Bueno, concluyo con una lista de recomendaciones que vienen de los entrevistados.

Es un resumen de lo que he hablado: – Salir de la senda académica y tener experiencias en el mundo real.

– Hacer trabajo de campo.

– Estudiar con profesores apasionados en la investigación y que no vean el trabajo académico como un trabajo de 9:00 a 5:00.

– Construir oportunidades fuertes e interactivas con otros estudiantes y profesores que se salgan de los límites del salón de clases y del entrenamiento formal.

– No temer que los compromisos normativos y los valores determinen la selección de 32

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Pasión, oficio y método en la Ciencia Política

problemas de investigación. No temer explorar las implicaciones normativas del trabajo.

– Tomar riesgos mesurados.

– Intenta disfrutar y divertirte con la investigación, y ser politólogo. No siempre es felicidad, pero hay que intentarlo.

Bueno, termino con eso. Gracias por su atención.

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Complementos Rese単as De primera mano Documentos de trabajo Dossier No dejar de leer Editorial

Dossier

Córdoba: paraestado, clientelismo y agentes de la violencia Isaac Morales Pérez* (imoralesp@unal.edu.co) Articulo de reflexion recibido el 28/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo:

MORALES PÉREZ, Isaac (2014). “Córdoba: paraestado, clientelismo y agentes de la violencia”. En: Trans-pasando Fronteras, núm. 6, pp. 37-54. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen El departamento de Córdoba ha sido un claro ejemplo de la debilidad estructural del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia e instaurar sus instituciones herméticas. Es por esto que acciones subversivas y, posteriormente, antisubversivas, tienen lugar en las tierras de los valles del Sinú y el San Jorge. Este contexto dio lugar al surgimiento de estructuras paraestatales en el interior del departamento, que permearon los ámbitos sociales, políticos, militares y económicos y, progresivamente, adquirieron reconocimiento por parte de la población y el Estado mismo en un principio, y luego fueron rechazadas por éste al considerarlas ilegales. En ese sentido, es pertinente la pregunta: ¿Ha sido Córdoba un ejemplo de estructura paraestatal de acuerdo con las definiciones teóricas? Este artículo busca responder a tal interrogante, por lo que, en primer lugar, realiza una aproximación teórica al concepto de “Paraestado”, *

Estudiante del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá D.C.

Isaac Morales Pérez

como herramienta básica para entender los orígenes del fenómeno en sí. Posteriormente se presenta una diferenciación entre paraestado, paramilitarismo o autodefensas. En tercer lugar se establecen las definiciones, prácticas y relaciones entre clientelismo, paramilitarismo y agentes de la violencia en el terreno de estudio, como indicadores para definir la instauración de un paraestado en el departamento. Al final se presentan algunas conclusiones.

Palabras clave: Estado, clientelismo, Córdoba, Paramilitarismo, Narcotráfico.

Introducción Un fenómeno político y social ha caracterizado la historia reciente del Departamento de Córdoba. Ante la insuficiente capacidad del Estado para ejercer control sobre el territorio y detener la continuación y consolidación de la violencia enmarcada en la guerra antisubversiva, se organizaron grupos armados, un tipo de mercenarios, con intereses económicos, empresariales, militares y políticos, lo que dio pie a una suerte de diálogo y aceptación de otras formas de seguridad por parte del aparato estatal. Tales grupos, organizados como fuerzas al margen del Estado, pretendieron poder regional y local, ocasionando una crisis institucional con graves consecuencias sociales, entre las que sobresalen la pobreza y el marginamiento que caracteriza a buena parte de la población del departamento y la pérdida de legitimidad estatal.

En ese sentido, este trabajo tiene el objetivo de describir y explicar la forma e instrumentos empleados por dichos grupos al margen del Estado para acceder al aparato estatal en Córdoba y, hasta cierto punto, intentar reemplazarlo, desde sus orígenes hasta el año 2006.

Paraestado: una aproximación teórica Este segmento tiene como propósito definir los preceptos teóricos con base en los cuales se desarrolla el presente trabajo. Originalmente, el término “paraestatal” hace referencia a instituciones u organizaciones que cooperan a los fines del Estado, sin hacer parte de la administración pública, es decir, complementan y en ocasiones sustituyen las labores del Estado, con pleno reconocimiento de éste. En Colombia este término se ha interpretado como ilegal, desconociendo la posible existencia de estas actividades en un ámbito legal.

Regularmente, el Estado paralelo como se entiende en los estudios sobre Colombia, se 38

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concibe como una organización política, con alcance operativo y potencialidad logística para igualar al Estado legal, con pretensiones de ocupar su lugar en algún territorio en particular. Estas organizaciones en ocasiones reciben aprobación de la población al aportar beneficios y, por tanto, lograr legitimidad popular.

En Colombia, el surgimiento de estructuras paraestatales germina principalmente como fuerzas armadas alternas a las oficiales. Se consideran paraestatales al asumir funciones que le corresponden netamente al Estado, tales como el control territorial, la aplicación de normas de convivencia, la defensa y el control de la población civil bajo su mando, y la aplicación de justicia cuando los hechos lo requieran (Ortiz, 2009).

Este hecho puede ser visto con la lupa original del término como actividades que apoyan el cumplimiento de objetivos estatales, sin embargo, los grupos que desarrollan este tipo de acciones se enmarcan en el atropello a las instituciones, la violación de derechos humanos y la constante agresión a la población civil en defensa de algunos intereses particulares, contrario a los ideales de un Estado Social de Derecho. Estas estructuras organizadas por sectores de la población “crecen y se vuelven ejércitos móviles cuasiregulares que terminan asumiendo un importante papel político, militar y económico en la política de su país” (Kalyvas y Arjona, 2008).

Kalyvas y Arjona (2008) afirman que los orígenes de los grupos paraestatales, como los grupos paramilitares, pueden variar dependiendo del contexto social e histórico y el escenario político. Así, por ejemplo, en regímenes dictatoriales son organizados grupos alternos a las Fuerzas Militares legales para perseguir a los contradictores de un régimen. Claro ejemplo de esta forma de origen son las dictaduras en Argentina y Chile. Otro contexto se puede dar en casos de pretensiones coloniales y defensa de un territorio por parte de grupos paramilitares que ataquen movimientos de resistencia nacionalista. Un tercer tipo de condiciones que dan lugar al surgimiento de grupos paramilitares es el caso de la lucha de contrainsurgencia frente a guerrilla revolucionarias; el abandono del Estado obliga a la conformación de grupos armados de autodefensas constituidos por pobladores de aquellas regiones apartadas, que en su mayoría son apoyados por élites locales y regionales, ganaderos, terratenientes, narcotraficantes y las Fuerzas Armadas. De estas dos últimas formas de surgimiento de paramilitares se ocupa este trabajo.

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Presentada la tipología anterior, es posible asumir varias formas de nacimiento de organizaciones paraestatales en Colombia, una de ellas, entonces, a partir de la misma estructura del Estado. Los estudios sobre el origen de “paraestados” y del paramilitarismo en Colombia sugieren que fueron dos los hechos que motivaron el surgimiento de estas estructuras. Primero, la escasa y casi nula presencia del Estado en algunas regiones del país, un centro en la capital del país y una periferia en las regiones apartadas. Algunos académicos (Estrada, 2010) sugieren que la división del país por regiones y la accidentada geografía provocó la interrupción de los canales de comunicación entre el órgano central estatal y sus ramificaciones territoriales, lo que obligó la aparición de grupos de autodefensas que dominaban cierto territorio; esta primera causa va de la mano con la crisis de gobernabilidad o falta de legitimidad política del Estado legalmente constituido.

La segunda causa sugerida y analizada es la lucha de grupos de seguridad privada contra la insurgencia, algunos de ellos constituidos por voluntad de terratenientes, ganaderos o gamonales amenazados por las guerrillas, quienes se ocupan de contratar por seguridad a un grupo de personas armadas, una suerte de mercenarios; en su momento también se crean grupos con tintes reaccionarios encargados de destruir las bases sociales, ideológicas y políticas del movimiento Unión Patriótica (UP); y otros grupos paraestatales surgen como apoyo a las labores militares de las Fuerzas Armadas; al compartir enemigo, el Estado y los grupos de paramilitares desarrollan una relación de tolerancia, hasta el punto de brindar aval a tales organizaciones por medio de leyes y decretos.

Sin embargo, los paraestados también se sustentan en la crisis de gobernabilidad.

Para Vargas Hernández (2008), la crisis de gobernabilidad democrática se caracteriza por la disfuncionalidad de las instituciones para solucionar democráticamente los conflictos que ponen en evidencia las tensiones existentes entre los requisitos de la democracia y los de la gobernabilidad. El autor, citando a Joan Prats, argumenta que el elemento común de la crisis de gobernabilidad es la incapacidad de las instituciones democráticas para asumir y procesar democráticamente el conflicto. El elemento común de la crisis de gobernabilidad es la falta de funcionalidad de las instituciones para dar solución a los problemas, por lo que se manifiesta a través de la debilidad de las instituciones.

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Las crisis de la gobernabilidad es resultado de las debilidades del Estado, disfuncionalidades de las instituciones económicas, políticas y sociales que erosionan los sistemas democráticos y dan lugar a regímenes híbridos. Resulta cuando los conflictos entre los diversos actores estratégicos tradicionales y emergentes cuestionan el equilibrio institucional del sistema sociopolítico debido, principalmente, a un deficiente sistema de institucionalización de reglas y procedimientos.

Ante la crisis generalizada de gobernabilidad y de legitimidad del Estado, junto a su incapacidad de satisfacer las demandas sociales, surge un estado amorfo, mutilado, inmerso en la corrupción y en la politiquería, donde se enmarcan de una manera difusa y confusa los límites de lo legal y lo legitimo de unas y otras organizaciones que se entrecruzan con facilidad produciendo actos aparentemente legales, pero no del todo lícitos y mucho menos ajustados a los más elementales requerimientos de la justicia legal (Ortiz, 2009:92).

Así, una consecuencia de las crisis de gobernabilidad se nota en el desempeño de las instituciones del aparato estatal. La flexibilidad y hasta la posible ausencia del Estado convierte en vulnerables las instituciones políticas a la ocupación de sus funciones por grupos ajenos a la administración pública y a la organización oficial.

Gráfica 1.

Evolución y fenómeno paramilitar

Fuente: Ayala (2011:53).

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Gráfica 2.

Evolución y fenómeno paramilitar

Fuente: Ayala (2011:53).

Ayala propone dos esquemas gráficos (ver gráficos 1 y 2) para representar los estadios de la evolución del fenómeno paramilitar, primero desde la perspectiva que señala al fenómeno como un asunto de violencia política originado por la histórica existencia de las guerrillas. En el segundo estadio, el autor sugiere ver este fenómeno como un cruce de intereses y de variables que lo vuelven más complejos.

Así, Ayala Osorio contempla dos etapas de consolidación del fenómeno paramilitar, la primera como convencionalmente se ha tratado: la lucha contrainsurgente y la deman42

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da de seguridad privada por parte de clases dominantes a falta del amparo estatal, apela a factores de las lógicas internas del país. El segundo estadio incluye aspectos del orden internacional, el neoliberalismo y la globalización como factores económicos que a su vez se condicionan por factores políticos, en la búsqueda y consecución del poder en ciertas zonas del país (Ayala, 2011:53-54). Ávila (2010) afirma que la injerencia política de los grupos armados depende de tres factores esenciales, primero, la naturaleza de sus pretensiones, ya sean anti o pro estatal; segundo, el capital social que cultivan en determinado grupo poblacional, y tercero, su visión política y la capacidad de llevarla a cabo efectivamente; expresa que derrocar o capturar el Estado, no son los únicos objetivos de estos grupos; es posible afirmar que grupos como las FARC, en un principio con carácter antiestatal, pretendía boicotear y sabotear la institucionalidad del Estado, sin embargo a lo largo de su lucha se ha dado cuenta que una mejor opción es pretender dominar el poder y las instituciones como un parapoder local y regional, para desconocer y reemplazar el Estado y establecer sus condiciones en una zona del país. Al contrario de la acción de las FARC de sabotear el proceso político y, por tanto, al Estado, los grupos paramilitares apelan a la institucionalidad, pues creen en el status quo de este, sin abandonar sus propias convicciones de organización paralela, es decir, aceptan al Estado, ya que esta es una condición para caracterizarse como Paraestado. Estos últimos grupos buscan redefinir el concepto de Estado y apoyarse en el con fenómenos como la cooptación de poderes de gobierno y prácticas de ilegalidad como la ubicación de candidatos de sus preferencias en aparatos legislativos y administrativos (Avila, 2010:79).

Esta situación es definida por Garay, Salcedo, De León y Guerrero en el trabajo “La captura y reconfiguración cooptada del estado en Colombia” el cual referencia el concepto de reconfiguración cooptada del Estado (RCdE) como la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegitimas buscan modificar desde adentro el régimen político de manera sistemática e influir en la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo aunque estos no obedezcan al interés rector del bienestar social (2010).

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¿Paraestados, paramilitarismo o autodefensas?

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron una compleja alianza de pequeños ejércitos surgidos desde finales de los años setenta, como es el caso de Ramón Isaza con sus Autodefensas del Magdalena Medio, y las fuerzas de control del Urabá y Córdoba de los años ochenta, lideradas por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, con una amplia proliferación de grupos armados por buena parte del país. Entre los años 95 y 98, Mancuso y Castaño se dedicaron a vender la “franquicia” AUC a los mejores postores y, por supuesto, que los narcos eran los mejores ofertantes, en un negocio en expansión y que requería de protección y garantías para su desarrollo. Esto coincidió con las negociaciones del Caguán entre el Presidente Pastrana y las FARC y allí encontraron el motivo político perfecto para revitalizar la dosis contrainsurgente de su proyecto. Así, no era posible ni admisible una negociación con las FARC, que no incorporara en sus debates a las fuerzas de la derecha más dura de Colombia Las AUC, al mando de Castaño, buscaron presentarse como un movimiento con un mando único, un estado mayor, un estatuto de constitución y un régimen disciplinario común, conservándose como una estructura federada, con autonomía regional en lo referente a las finanzas, operaciones y comandancias. Fue así que en su segunda conferencia nacional deciden reformar y complementar el estatuto de constitución y régimen disciplinario de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), como estatutos únicos de las AUC, a pesar de ser una organización con características conjuntas tendientes a definirse en un solo bloque evidenciado en sus cumbres periódicas del movimiento de autodefensas, al interior de esta se presentan diferencias entre las comandancias. Ávila recoge el concepto de autodefensa y paramilitares dado por Romero Vidal, como aquellas fuerzas armadas irregulares que defendían un territorio (de agresiones) sin vocaciones expansionistas ni de incidencia en otras regiones, constituyendo fenómenos preferentemente locales. Por el contrario, los paramilitares son fuerzas armadas irregulares que obedecían a proyectos nacionales de expansión, con estructuras relativamente centralizadas y con un claro propósito contrainsurgente (OEI, 2009:26 en Lopez, 2010:93).

El autor resume las principales características de la Autodefensas, los Paramilitares y los Narcoparamilitares en la siguiente tabla, abordando su vocación, estatuto jurídico, años de acción, entre otros elementos: 44

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Tabla 1.

Autodefensas, Paras y Narcoparas

Autodefensa Ámbito: Local Vocación: seguridad privada e individual.

Paras Narcoparas Regional Nacional Vocaciones de control y expan- Modelo de control territorial, sión regional. social, político y económico, con expansión nacional.

Estatutos jurídicos: legal.

Estatuto jurídico hibrido – Desmovilización pactada, Convivir como figura legal parcial. regional; bloques como figura Estatua militar ilegal, estatus ilegal regional y AUC como social legitimado, estatus denominación ilegal nacional. político legalizado.

Relación con el Estado: Relación hibrida. No es política Ruptura con el estado político Promovido por el Estado, de Estado, pero entre el 94 y el 97 nacional. Son declarados ilegales política de estado, operan amparados por la figura y condenados oficialmente por entrenamiento, armamento. legal de las Convivir. En 1997, el estado central, pero el estado como en 1987, se ilegalizan las político regional no rompe con formas armadas de autodefensa el fenómeno. Operativamente se ante la evidencia de que son mantienen estrechas relaciones careta de grupos narcotraficantes con miembros de la fuerza y por las atrocidades cometidas. pública.

Años 70-80 Años 80-90 Años 90s-00s Denominación: Autodefensas Transición: Autodefensas, Convivir, ACCU, AUC. 1. Magdalena Medio Paramilitares y Narcoparamili2. Chepe Barrera (sur del tares. La CIDH reseño en 1993, Magdalena y Cesar). entre otros: 3. Meta y Vichada.

Tangueros, Mochacabezas, 4. Ortega Cauca MAS, Los Magníficos, La Terraza, ACCU Pro Estado Paraestado – Captura del Estado hibrido Demandan la presencia del Es- Estado Dos proyectos de Estado: tado, pero no son pro Estado en Tienen mas autonomía en su 1. El reconfigurado, que es el sentido de los grupos parami- financiación y operación, pero pro Estado pro Seguridad Delitares de Perú o Guatemala. su expansión y consolidación mocrática que se consolido dependen de su relación con el en 2002.

Estado.

2. El Estado mafioso, un estaElites subcontratan su segudo funcional al narcotráfico. ridad con el narcotráfico y el AUC-Bacrim.

Estado delega el monopolio de -Reconfiguración de las fuentes la fuerza. de poder nacional del Estado.

-Subcontratación de la seguridad económica o política con el narcotráfico.

-Expedir y consolidar un modelo al menos hibrido.

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Autodefensa Ámbito: Local Carácter contrainsurgente.

Promovidos como mecanismos contrainsurgente por el Estado.

Paras Regional Comparten el propósito anti insurgente del Estado, pero tienen su propio proyecto de estado: Agrupar carteles narcotraficantes, consolidar el control nacional de la cadena del narcotráfico, y revertir el contenido progresista y democrático de la constitución de 1991.

Elites terratenientes, ganaderos, Elites económicas emergentes: esmeralderos y gamonales se Narcotraficantes, y elite política agrupan en dos tipos regionales: local y regional tradicional 1. Elites legales que se ilega- usa a los paramilitares como lizan ( Antioquia, Córdoba, instrumento territorial, electoral Costa Atlántica). y político.

2. Elites que nacen ilegales (Meta y Casanare)

Narcoparas Nacional Pierden la operación contrainsurgente, pero capitalizan el discurso anti insurgente.

Expansión (Lopez, 2010) y consolidación nacional del modelo cooptado regional de Estado.

Elites políticas y económicas fusionadas, tradicionales y emergentes, se consolidan como factor de poder nacional.

Fuente: Avila (2010).

Jairo Estrada en su libro “Derechos del capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia”, propone un punto de vista diferente las ideas convencionales del nacimiento del paramilitarismo (abandono del estado y guerra contrainsurgnente), sugiere que el surgimiento de estos grupos paramilitares se da a raíz de la lucha de clases y de la necesidad de acumular capital por parte de unos pocos.

Estrada afirma que: (...) Se ha producido un cambio en el balance de poder de clase. El bloque dominante, que también ha sufrido modificaciones en su conformación y en la correlación interna de fuerzas, ha logrado consolidar y afianzar su proyecto político, económico y sociocultural, conjugando el ejercicio de la democracia procedimental y de la legalidad burguesa con el consentimiento y la promoción del paraestado, de la parainstitucionalidad y de la violencia paramilitar. El producto histórico de esa conjunción ha sido la desestructuración de la clase obrera, del movimiento social y popular, así como de sus diversas expresiones organizativas, políticas y sociales; asimismo, la fragmentación de la resistencia, y la desarticulación en la difícil construcción de alternativas políticas. Pese a que se ha logrado una relativa cohesión en el 46

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bloque de poder, la posibilidad de un proyecto hegemónico y de dominación a largo plazo no parece suficientemente estable. Sus flancos débiles se encuentran en la persistencia del conflicto social y armado, en los reiterados y valientes esfuerzos de reconstrucción de la resistencia y alternativa, y en la fragilidad implícita de un proyecto que combina el discurso democrático con la ilegalidad y el crimen (2010:19).

Estrada ve el surgimiento del paramilitarismo como un germen mafioso que se acerca al Estado, lo que deja ver que la alianza entre lo legal y lo ilegal se convierte en fuerzas determinantes para las lógicas políticas, sociales y económicas del país. Así, agrega que: La articulación entre las formas legales con las formas ilegales de la acumulación capitalista contribuyó hacia finales de la década de 1980 a la formación de un nuevo consenso a favor de las (contra) reformas estructurales y de la reestructuración neoliberal del Estado, y produjo una reconfiguración en el bloque dominante de poder, la cual se anunciaba ya desde la década de los setenta con el surgimiento de nuevos grupos económicos y la influencia creciente del capital financiero. Sólo que ahora se agregaba una alianza no santa -construida a lo largo de la década de los ochenta- entre sectores capitalistas legales con los empresarios de la cocaína. Se fortalecían así los rasgos criminales de la economía. Las estructuras mafiosas habían permeado igualmente las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las fuerzas armadas, los partidos políticos tradicionales y los políticos profesionales, y sectores de la iglesia. Se consolidaba así la estructura mafiosa de la formación socioeconómica.

De igual forma cita a Palacio y Rojas, quienes en 1989 aseguran que: (...) el Paraestado no sólo tenía una fracción del capital que empezaba a ser predominante, sino que los empresarios de la cocaína, aliados con otras facciones del capital, empezaron a tener control territorial y bases sociales populares en algunas regiones del país (…) estamos frente a una especie de Paraestado que incluye una poderosa facción capitalista; un aparato represivo militar; gastos en bienestar social; control territorial regional y un restringido pero eficaz apoyo popular (2010:34–35).

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Finalmente, Estrada siguiere que Empresarios de la cocaína, estructuras mafiosas y paramilitarismo se constituyeron en formas criminales, en piezas del nuevo rompecabezas de la acumulación de capital en Colombia, basada ahora en la creciente articulación entre sus formas legales y sus formas ilegales. Ahí se encuentra uno de los principales rasgos de la producción de una nueva espacialidad capitalista en Colombia. En ese sentido, una explicación esencial del paramilitarismo consiste en su entendimiento como el otro brazo armado, junto con las Fuerzas Militares del Estado, de las tendencias recientes de la acumulación capitalista; contrario a la idea de sectores de la intelectualidad del establecimiento que desean explicarlo simplemente como una “reacción contra la violencia guerrillera”.

Clientelismo, paramilitarismo y agentes de la violencia en Córdoba Como se ha explicado hasta aquí, el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño vieron nacer el paramilitarismo, primero como un grupo aislado de autodefensas y luego como un fenómeno generalizado en el país. Juan Carlos Garzón (2008) hace una aproximación general a los orígenes del fenómeno paramilitar en Colombia así: Los orígenes del paramilitarismo actual han sido ligados a diversos momentos históricos que señalan de la misma manera varios “nacimientos”. Como un antecedente se suele citar la experiencia de los llamados “pájaros” en la época de la Violencia. Estas bandas armadas al servicio del Partido Conservador llevaron a cabo una persecución contra los miembros del Partido Liberal, con complacencia y respaldo del establecimiento. Otros analistas se remiten al Decreto Legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, en el que se establecía el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensas bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas. Sin ignorar esto, algunos académicos se han centrado en lo ocurrido en la década de los ochenta, principalmente en el departamento de Córdoba, donde las elites regionales reaccionaron a la intervención del Estado central –desde donde se comenzó a promocionar la reforma agraria-, así como a las actividades de extracción de recursos de la insurgencia como la extorsión y el secuestro. Desde esta perspectiva, las autodefensas tienen lugar como una respuesta a las acciones de las organizaciones subversivas, por parte de las elites locales quienes buscaron protegerse, dada la incapacidad del Estado de garantizar su seguridad. (2008:52).

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Córdoba: paraestado, clientelismo y agentes de la violencia

A partir de 1987, la labor de los Castaño contó con el apoyo de los terratenientes y la clase política tradicional cordobesa, Juan Manual “Mono” López logró reunir a los terratenientes de Córdoba en torno al proyecto paramilitar y fue electo alcalde de Montería para el período 1988-1990. Los López, Rodrigo García y Bernardo Vega apoyaron gremialmente a los Castaño a través de la federación de ganaderos y promovieron con la policía y el ejército las masacres de El Tomate, El Rincón y la desaparición en Tenerife de siete personas en 1989. Como lo muestra Mauricio Romero: Para 1987, el escenario de la guerra sucia estaba montado. El ejército inauguró la XI Brigada en Montería, Fidel Castaño armó su ejército privado y los ganaderos cambiaron el destino de sus aportes. De la vacuna ganadera se pasó a los “aportes de seguridad” (Garzon, 2008:60)

Es necesario remitirse a una definición del término “clientelismo” para conocer las trayectorias que se revisan en este segmento del texto. Wills y Rivera (2009) sostienen que el clientelismo es una relación dinámica que va transformándose según el contexto y los sujetos que la componen. El clientelismo es una relación entre elector y elegido; bases y cuadros partidistas; individuo, políticos y funcionarios públicos que se desenvuelven necesariamente en un régimen que se define a sí mismo como democrático porque recurre periódicamente al ritual electoral para renovar su personal político. Las autoras afirman que al ser una manera específica de articular al individuo con las instituciones y al votante con sus representantes, el clientelismo se convierte también en una intermediación entre sociedad y Estado y entre sectores sociales y ámbito público (2009).

Esta relación en lugar de abogar por concretarse entre organizaciones sociales y Estado impersonal, en búsqueda de un bien colectivo, se forman relaciones de intereses particulares de familias, con los votantes, personalizando la política, provocando el tambaleo de las instituciones, de lo público y de las estructuras de partidos. Un compromiso con el político a cambio de un “favor”. Así pues, el clientelismo es una relación de intercambio entre sectores sociales y padrinos políticos con trayectoria en la vida política estatal.

Una clara relación entre clientelismo y paramilitares se nota en la influencia de las AUC en el territorio cordobés. La asociación entre la casa Castaño y Salvatore Mancuso condujo a la creación de las AUC, un proyecto paramilitar nacional que busca dotarse de Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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organización jerárquica y coherencia política. Mancuso permitió las conexiones entre el paramilitarismo en Antioquia y las elites cordobesas. Una segunda etapa de expansión paramilitar se presenta con el paso del control territorial a la pretensión de control político, lo que enfrentó a Mancuso y la elite política cordobesa. Algunas versiones recogidas en terreno señalan que los líderes políticos de Córdoba no tenían la capacidad de resistirse a la influencia de los señores de la guerra. Por ejemplo, entre Juan Manuel López Cabrales y Salvatore Mancuso hubo una rivalidad personal marcada por sus propios intereses, políticos o económicos. El poder de las armas y el terror de Mancuso y sus hombres puso en jaque el dominio político de la familia López Cabrales.

Los paramilitares buscaban legitimidad y reconocimiento por parte del pueblo, tanto así que, “La sociedad los veía como los salvadores porque la gente podía ir a sus fincas y ellos se creyeron el cuento”. A medida que los paramilitares se hicieron a más recursos armados y estratégicos, ganaron más peso para inclinar la balanza política a su favor, determinando nombramientos burocráticos e infiltrando el aparato estatal” (Wills y Rivera, 2009:138).

El poder se expandió a unos sectores de la sociedad que les otorgarían legitimidad y representatividad y control social, cuyo ejemplo emblemático fue lo ocurrido en la Universidad de Córdoba. En primer lugar por eliminar cualquier brote de izquierda, una hipótesis valida pero incompleta, hacer proselitismo, reclutamiento, generar cuadros políticos y beneficios burocráticos aprovechando el presupuesto, acaparando en sentido práctico una institución más del Estado, que les ofrecía acceso a la burocracia y así a una red clientelista que le podría generar apoyo.

La Universidad de Córdoba, el principal centro de educación superior público del departamento, se convirtió en un centro de operaciones de los grupos paramilitares, quienes se apoderaron del claustro al manejar a su interés la organización burocrática, filtrando el perfil de sus empleados. La toma de decisiones debía ser aprobadas por el hoy desmovilizado cabecilla paramilitar, Salvatore Mancuso. Lo anterior permite afirmar que los papeles del clientelismo se invierten en la relación político-clientela, la fuerza paramilitar toma el rol de político y los políticos asumen el rol de clientela, es decir, los paramilitares aprovechan la plataforma política de las fuerzas tradicionales de trayectoria y reconocimiento regional para consolidar su poder en la región.

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Córdoba: paraestado, clientelismo y agentes de la violencia

Agentes de la violencia: Estado y Grupos Paramilitares El Estado es un agente de la violencia al poseer el monopolio legítimo de las armas; una estructura que pretende brindar seguridad y defensa en el ámbito militar y social. Sin embargo, el Estado colombiano se ha caracterizado por descuidar regiones apartadas del centro de gobierno. Esta incompetencia en cuanto su presencia implica la necesidad de concebir formas alternas para conseguir sus objetivos como Estado plenamente constituido. El convulsionado pasado en el que la clase política luchaba constantemente por el poder, en una puja bipartidista, genera el descuido de las funciones sociales, económicas y políticas del Estado; la violencia se vuelve un hecho común esparcido por todo el territorio nacional.

El Estado, incompetente para solucionar esta situación acude a formas “alternas” para el apoyo en el cumplimiento de sus funciones, por lo que reconoce y patrocina la formación de grupos violentos. Conocer y patrocinar la formación de grupos violentos significa poseer un porcentaje de culpabilidad en las acciones violentas llevadas a cabo en el departamento.

Después de la muerte de Pablo Escobar, los Castaño expanden su poder y dominio, de “los Tangueros” a las ACCU. La corte suprema declaró ilegal las autodefensas en 1989, sin embargo, el gobierno de Ernesto Samper por medio del Decreto 356 de 1994 se autorizó la creación de cooperativas armadas civil, las convivir, con armas de corto y largo alcance, como fuerzas paralelas al Estado con fines contra la guerrilla, Uribe como gobernador de Antioquia conoce el hecho y lo avala. Todas las convivir del Urabá y el resto del país como una federación se unen en las AUC (Ferry, 2012) Las primeras muestra de autodefensas causaron terror desmedido en el departamento, ejemplo de esto son algunas de las masacres ejecutadas. La mejor esquina, el 3 de abril de 1988, corregimiento de Buenavista, Córdoba, en cabeza de los Castaño, que asesinan a 27 personas durante la celebración del domingo de resurrección. El tomate, el 30 de agosto de 1988, corregimiento del municipio de Canalete, unidades paramilitares asesinaron 16 campesinos, ejecutaron violaciones al derecho internacional humanitario, a través del uso de granadas y ráfagas de ametralladora contra la población civil. Los grupos paramilitares no solo permearon la estructura política, burocrática y económica del departamento de Córdoba, sino que también alteraron la vida social de sus pobladores.

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Conclusiones A lo largo del presente trabajo se presentó la definición de “Paraestado” acuñada por distintos autores, concepto que se relaciona con el surgimiento y consolidación de estructuras políticas y organizadas socialmente que si bien no remplazan la institucionalidad estatal, la acompañan y cooperan con ella. También se afirmó, con base en estudios recientes, que la crisis de gobernabilidad, la debilidad del Estado y la estructura económica en torno de la acumulación de capital determinaron el surgimiento de organizaciones con características de paraestatalidad en Colombia.

De acuerdo con estos esquemas, se puede afirmar que Córdoba, unidad de análisis de este trabajo, se convirtió en un Paraestado, con todas las características de este tipo de organización política, al ser invadido por grupos de fuerzas militares y políticas, paralelas a la estructura legal del estado. Un hito de esta afirmación es la firma del reconocido “Pacto de Ralito” en 2001, en el que en cabeza de Mancuso, se citan a políticos y funcionarios públicos de varias regiones de la costa norte del país, con la intención de “refundar la patria”.

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Acción colectiva, identidades políticas y conflicto armado: la etnización de una comunidad negra en el norte del Cauca María Jimena López León* (mariajalopez@gmail.com) Artículo de investigación recibido el 29/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo:

LÓPEZ LEÓN, María Jimena (2014). “Acción colectiva, identidades políticas y conflicto armado: la etnización de una comunidad negra en el norte del Cauca”. En: Trans-pasando Fronteras, núm. 6, pp. 55-82. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen El presente artículo tiene como objetivo analizar el proceso de producción de acción colectiva no violenta en una comunidad afrocolombiana nortecaucana en respuesta a las conflictividades sociales, políticas y ambientales que han puesto en riesgo su permanencia en el territorio. Se presentan elementos de análisis del trabajo etnográfico realizado por la autora durante 2012 y 2013 en el municipio de Santander de Quilichao. El desarrollo teórico del artículo toma el concepto propuesto por Elisabeth Wood sobre los procesos sociales de la guerra civil (2010) para establecer correspondencias entre las dinámicas sociales generadas por el conflicto armado –agudizado desde el 2008 en la región– y los procesos de acción colectiva y agenciación de la identidad de una población afrocolombiana. Algunos * Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Mágister en Estudios políticos y Relaciones Internacionales de la misma universidad.

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de estos conflictos son las tensiones territoriales entre distintos actores sociales por los procesos de legalización y expansión de territorios étnicos, la explotación minera, el proceso de Consolidación Territorial; así como el fortalecimiento de las alianzas organizativas interétnicas, y del proceso organizativo de comunidades negras de la zona. Bajo estas condiciones, las narrativas sobre la “ancestralidad”, el “ser negro” y la “autonomía”, se han convertido en ejes orientadores de la acción colectiva que legitima la presencia territorial de la población de estudio, así como su exigencia en el acceso a derechos como la titulación colectiva y la consulta previa.

Palabras clave Acción colectiva, frontera étnica, procesos sociales de la guerra civil, Norte del Cauca, afrocolombianos

Introducción El 16 de septiembre del año 2014 las comunidades del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero y del Resguardo Nasa de Guadualito se reunieron en Asamblea Interétnica en la jurisdicción territorial de esta última. El propósito de esta reunión fuegenerar un acuerdo y una serie de acciones conjuntas para frenar el avance de la minería de aluvión no legal en sus territorios. Entre las medidas establecidas se incluía la confiscación de maquinaria y la expulsión de personas destinadas a la explotación de oro sin contar con la consulta previa, libre e informada a las autoridades tradicionales respectivas (Asamblea interétnica, 2014). Casi un mes después de esta declaratoria, el 29 de octubre llegaría un panfleto de la banda criminal Los Rastrojos amenazando de muerte a diez líderes comunitarios que participaron de esta Asamblea y de las tantas otras acciones contra la minería.

Ambos hechos son el punto de llegada de la resistencia de una comunidad negra ubicada en la zona rural de Santander de Quilichao, que desde el año 2008 se constituyó como Consejo Comunitario (C.C.)de comunidades negras en respuesta a una serie de conflictividades -latentes y agudizadas- que afectarían su permanencia en el territorio. La primera de estas conflictividades sería el otorgamiento de un título minero a la transnacional canadiense Anglo Gold Ahsanti en su territorio sin que se hubiera realizado la consulta previa, libre e informada. La segunda, ha sido el emblemático conflicto territorial por la Hacienda San Rafael protagonizado con una comunidad indígena del resguardo de Toribío -también de la etnia Nasa- por la titulación que hizo el Estado de esta hacienda siendo territorio ancestral de la comunidad negra mencionada. El tercer conflicto el de la minería ilegal tendría su cara más aguda en el año 2009.

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Acción colectiva, identidades políticas y conflicto armado: la etnización de una comunidad negra en el norte del Cauca

Cada una de estas conflictividades, vividas por el C.C. de Zanjón de Garrapatero a partir del año 2008, ha incentivado la resignificación de la identidad colectiva del proceso organizativo de esta comunidad como étnica y su politización en el reconocimiento de los derechos étnico-territoriales establecidos en la Ley 70 de comunidades negras. De igual manera, las movilizaciones y acciones reivindicativas generadas por el consejo comunitario han ido transformando el contexto que ha motivado su producción, logrando convertir algunos de estos conflictos en oportunidades para su proyecto político-cultural como autoridad étnicoterritorial, mientras que otros se han agudizado de forma tal que han puesto en riesgo la vida de las y los líderes del Consejo Comunitario. Las preguntas que espero desarrollar a lo largo de las siguientes páginas son dos: cómo estas conflictividades han incidido en la producción de acción colectiva de la comunidad estudiada; y qué papel ha jugado la identidad colectiva del “ser afro”, en el accionar conjunto de la comunidad estudiada, específicamente en la interpretación y transformación de los escenarios de conflicto.

Para ello, en este análisis presentaré los resultados de la etnografía que realicé al proceso organizativo del Consejo Comunitario de Zanjón de Garrapatero en el 2012 y el 2013 como parte de mi proyecto de tesis de maestría. La temporalidad del estudio de caso va desde el año de su creación en el 2008 hasta el 2013, año en el que finalizó el trabajo de campo. La investigación tuvo como propósito analítico la comprensión de la relación entre un contexto de conflictividades armadas o de procesos sociales derivadas de la misma y la producción de acción colectiva no violenta. Parte de la respuesta que he formulado a esta pregunta, y que será presentada en las páginas siguientes, está relacionada con la posición que toma la construcción de una narrativa propia que le da sentido a la construcción de “un nosotros” o una idea de colectividad, así como a la manera en que es leído o interpretado el contexto de conflicto en el que se produce la acción. Con esta decisión analítica hago explícito al lector un distanciamiento de este artículo frente a la perspectiva racionalista en el estudio de la movilización social, en la cual toda la lógica de la acción colectiva se reduce al cálculo que hace el individuo entre el costo de producir la acción y el beneficio de la misma. En ella el actor colectivo se entiende como la congruencia de los intereses de los actores individuales quienes buscan su inmersión dentro de la economía del mercado o simplemente su inclusión y reposicionamiento dentro de la lógica del Estado (Cohen, 1995: 27-28).

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Sin embargo, como será visto en este estudio de caso, no toda la movilización social obedece de manera exclusiva a esta racionalidad estratégica. La acción colectiva producida en situaciones de riesgo es una prueba de ello.

Habiendo dicho esto último, explicito también que sigo la definición de Alberto Melucci sobre la acción colectiva como “una orientación intencional”, o una “inversión organizada” encaminada a darle sentido al “estar juntos” (1994: 157). La acción colectiva al ser considerada como unidad de análisis de los movimientos sociales permite centrar la atención en dinámicas particulares de éste fenómeno social, es decir, identificar cómo se colectiviza un interés y cómo se movilizan estrategias y recursos para alcanzarlo. Para la situación colombiana enfocarse en esta unidad permite orientar el análisis hacia la evidencia empírica y no caer en los presupuestos teóricos que limitan el estudio de la movilización a contabilizar la ausencia o presencia de movimientos sociales, evitando responder a cómo se construyen y sostienen estas movilizaciones en la diversidad de los contextos que el país ofrece.

De esta manera presento mi segundo distanciamiento de la literatura académica nacional de orientación racionalista, desde la cual algunos autores han buscado medir la existencia o no de movimientos sociales partiendo de marcos conceptuales y no de las características reales de la movilización en el país. De esta manera quedan sin ser analizadas las condiciones particulares de estas movilizaciones así como la dinámica de las alianzas, entrecruzamientos y solidaridades entre la sociedad civil colombiana.

El artículo está organizado de la siguiente manera: en la segunda parte se abordan los elementos teóricos que soportan las ideas y distanciamientos aquí presentados, continuaré presentando las características del contexto sociopolítico en el que se desarrolla el estudio de caso, luego seguiré con la presentación de los aspectos más relevantes del proceso organizativo estudiado, para avanzar en la quinta parte, sobre las relaciones entre la acción colectiva producida y el contexto que la motiva y en el que se desarrolla. Se finalizará con unas conclusiones.

Marco teórico Son dos las líneas teóricas que alimentan la interpretación del estudio de caso: la acción colectiva comprendida desde la perspectiva constructivista e identitaria y la comprensión del contexto en el que se produce la acción, como amenaza u oportunidad.

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En primer lugar, opto aquí por una aproximación constructivista de la acción colectiva, que entiendo -siguiendo a Alberto Melucci- como un “proceso interactivo, comunicativo y negociado” (Melucci; 1994). Esto significa que la acción es el producto de la interacción que se genera entre los actores que participan de la confrontación, así como de la definición que estos hacen del campo en el que tiene lugar su acción y de sí mismos (Melucci, 2002). Allí, la identidad no es una construcción preexistente sino que se convierte en el producto de una construcción intencional, de una “inversión organizada” de recursos simbólicos y materiales que responde a la pregunta de cómo el individuo se define en relación con el ambiente de conflicto en el que está inmerso (Melucci, 1994; 2002). Esta comprensión de la acción colectiva como el producto de una interacción social implica al menos tres cosas que serán centrales en el estudio de caso que propongo.

Primero, la comprensión de la acción se orienta a la comprensión de la construcción de sentido, esto implica comprender la manera en que los actores sociales se definen a sí mismos, como al campo en el que tiene lugar su acción (Melucci, 2002). Esta premisa tomaría sentido si entendemos que el campo en el que se produce la acción define las estrategias que los actores utilizan para responder al conflicto.

Segundo, sitúa la acción en el plano de las relaciones sociales y de lo cotidianidad.

Esto implica orientar la mirada hacia las relaciones cotidianas en una organización y comprender la manera en que los sentidos colectivizados adquieren matices, nuevos significados o incluso tensiones al interior de la organización.

Tercero, descentra la comprensión de la acción colectiva en la relación sociedad civil-Estado y orienta la mirada hacia lo que sucede al interior de las poblaciones y comunidades que participan de la acción, es decir en cómo son producidas las alianzas estratégicas y cómo se movilizan los recursos en ella (Melucci, 2002).

Ahora, ¿cómo se produce la identidad colectiva y cómo este sentido de colectividad puede verse afectado por el contexto en que se inspira y se produce la acción colectiva?. Para las comunidades norte caucanas la identidad étnica se ha convertido en un eje central en el discurso. La identidad étnica como un proceso de producción de diferencia cultural y política, se encuentra frecuentemente asociada a procesos de reivindicación y restitución de derechos, de tal forma que el reconocimiento étnico de una población implica su reconocimiento propio como comunidad política. Esta “organización de la diferencia en una sociedad” como ha sido Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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definido por Büschges y Pfaff-Czarnecka (2003), ha conducido al fenómeno de “etnización de lo político” que es descrito por los autores como la producción de discursos que toman lo étnico y lo racial como lugares de enunciación desde los cuales se busca incidir en la toma de decisiones políticas y de política pública (Büschges y Pfaff-Czarnecka, 2003).

En el caso de la comunidad Zanjón de Garrapatero el contexto de conflictividad interétnica y de reconfiguración del conflicto armado en la zona, ha incidido en que la comunidad haya definido la etnicidad como el horizonte discursivo de su movilización, organizándose como consejo comunitario. Asimismo, las dinámicas que ha asumido el contexto y las alianzas establecidas en el curso del mismo, le han motivado a que defina una acción colectiva de tipo contestaria y con elementos de interculturalidad.

Según la aproximación etnográfica propuesta para el estudio del caso, la pregunta por la identidad debe ser evaluada desde la comprensión de los relatos que los miembros de la comunidad, sus líderes y las personas del común, hacen sobre su propio proceso, sobre los conflictos que los asedian y sobre las acciones y principios que las sostienen.

Estas narrativas o relatos de la movilización social permiten intervenir las narrativas del sentido común, transformar o inclusive generar cuestionamientos a las mismas a partir de sus narrativas propias (Polleta y Chen, 2012). Este proceso se da en una doble vía: construyendo sentido común y generando un desafío al mismo (Polleta y Chen, 2012).

Desde allí puede analizarse la manera en que es estructurado y organizado el sentido de colectividad del movimiento o del proceso organizativo, la interpretación que este tiene sobre el contexto en el que se produce la acción y sobre los actores que participan de esta, y cómo logra establecer continuidades o discontinuidades en las temporalidades del movimiento o incluso entre las narrativas individuales y colectivas. De igual manera permite evidenciar matices de diferenciación, relaciones de poder y autoridad al interior del movimiento e incluso los recursos simbólicos utilizados para ello.

Habiendo definido cómo entiendo aquí la acción colectiva y su relación con la identidad colectiva, a continuación explicaré cómo entiendo la relación entre acción colectiva, el conflicto y el contexto.

Charles Tilly, Sydney Tarrow y Doug McAdam plantean cómo los cambios en la estructura formal del sistema político inciden en la dinámica de los movimientos sociales generando posibilidades para la acción colectiva o formas específicas de 60

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acción (MacAdam, MacCarthy, Zald, 1999). Este enfoque teórico conocido como el proceso político, subraya la importancia de los conflictos y las coyunturas políticas en la movilización social, especialmente en la dinámica generada por las élites y las instituciones estatales y su incidencia en la producción de la acción colectiva (McAdam, McCarthy y Zald, 1999).

Uno de los aspectos significativos de este enfoque teórico, que aquí retomo, ha sido la comprensión de los movimientos sociales a partir de la interacción estratégica entre el actor que se moviliza, el contexto sociopolítico en el que se desenvuelve la acción, el actor opuesto o contra el que está dirigida, y, agregaría, con los demás actores de la sociedad civil que constituyen un capital social y estratégico significativo. Siguiendo este enfoque, si bien Sydney Tarrow ya mencionaba que la apertura del sistema político podían constituirse en oportunidades para la movilización social (Tarrow, 1997), para Goldstone y Tilly un contexto de amenaza y represión pueden generar condiciones de oportunidad también (Goldstone y Tilly, 2001).

No obstante en un contexto como el norte caucano donde si bien ciertas condiciones restrictivas impuestas por la confrontación armada son convertidas en oportunidades de movilización por las organizaciones sociales, el tipo de acción producida no siempre generará una apertura del sistema político sino que, es posible, genere mayor restricción.

Así lo abordan Ricardo Peñaranda y otros autores en su libro Contra viento y marea. Allí los autores mencionan que un sistema político restringido podrá generar una condición de mayor represión de la acción colectiva, pero a su vez, podrá facilita la construcción de nuevas alianzas con otros grupos de la sociedad civil que garanticen el sostenimiento de la acción colectiva en el tiempo (Restrepo, García, y Bautista, 2010).

De esta manera, y aquí propongo el segundo punto, las características del conflicto en el que se produce la movilización inciden en la manera en que los actores que se movilizan configuran su identidad colectiva y el horizonte discursivo desde el cual desarrollarán la estrategia colectiva. No obstante, el contexto no incide de manera unilateral, sino que los actores que se movilizan están en la capacidad de incidir en él. Es a partir de la definición que la comunidad haga del contexto y de sus conflictos, en términos de amenaza u oportunidad, lo que determina su respuesta organizativa frente al mismo. Esto implica tres premisas.

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Primero, la existencia de un contexto de violencia o de conflicto puede incidir en la reconfiguración, reafirmación o transformación de la identidad colectiva de un grupo social, como parte de un proceso organizativo de respuesta a la condición de dominación impuesta por el actor armado. Segundo, la interpretación que estos mismos actores hacen del conflicto que los afecta determina a su vez el tipo de acción colectiva y la respuesta organizativa que ellos producen (enmancipatoria, contestataria, de resistencia a la guerra). Tercero, un proceso de movilización supone un proceso de interacción que involucra tanto los hechos generadores del conflicto, los actores que generan el conflicto, y otros actores que como la sociedad civil, pueden ser estratégicos para el movimiento social o para la acción colectiva.

En este proceso de interacción, no obstante, la incidencia o afectación se produce tanto del conflicto hacia al actor que se moviliza, como de su oponente hacia este, y viceversa.

En síntesis, la pregunta por la identidad es importante para el estudio de la movilización producida en contextos de violencia o de guerra, se trate o no de comunidades étnicas. La comprensión tanto de las formas de solidaridad que tienen lugar en una movimiento o un accionar colectivo, así como de la construcción de una historia y objetivos comunes, son procesos que hacen parte de la configuración de una identidad colectiva sedimentada, y que, en estos casos, garantizan la sostenibilidad del movimiento así como la vida de quienes forman parte de éste cuando la movilización pone en riesgo la integridad de sus protagonistas. El giro por la identidad vuelve posible la existencia de estas preguntas, pero las respuestas posibles surgen de un análisis que involucre otras variables relevantes como lo es el lugar y el contexto, y la interacción entre estos y los actores que producen la acción. Veamos por qué.

El contexto El municipio de Santander de Quilichao, lugar en el que se localiza el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, y denominado la segunda capital del Cauca, es un centro de intermediación para la distribución de bienes y servicios para el norte del departamento.

Esta condición que se debe a su ubicación geográfica, permitiendo conectar el nororiente y el sur del departamento con la ciudad de Cali, y a una buena accesibilidad, han hecho de esta ciudad un foco de disputas y de acciones de confrontación entre actores armados.

De allí que sea el segundo municipio con mayores homicidios durante el período 199062

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2003, el primero en masacres con ocho, el segundo en secuestros y el segundo con mayor conflictividad en todo el departamento (Verdadabierta 2014). Al respecto dice uno de los líderes entrevistados de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN: “[…] Aquí en Santander pasa algo muy complejo. Es que primero es una zona de confluencia del norte del cauca, del comercio y de organizaciones, y segundo que es una zona altamente afectada por el tráfico y consumo de drogas, también por la presencia de grupos paramilitares. Lo más complejo es que todo eso se mantiene en un bajo perfil, aquí se pueden contar homicidios diariamente, y casi no se sabe. Por robos por pandillas, por controlar el tráfico de drogas, pero casi no se hace tanto escándalo por estos homicidios, pasa desapercibido.

Se visibiliza por la presencia de las organizaciones sociales.” (Capaz, 2012)

Si bien el casco urbano de Santander es un centro de comercio, la zona rural está dedicada a la producción de alimentos, el 52% del suelo está destinado al cultivo de caña y el 39% restante se dedica a la producción de alimentos (Secretaria Departamental de Salud, 2012), a diferencia de otros municipios, allí se mantiene aún la tradición productiva familiar. El 27.703% de la población es afro, 16.60% indígenas y 33.090% mestizos (Secretaria Departamental de Salud 2012, 16) De ellos, un 42.6% residente en la zona urbana y el 57.4% en la rural (Secretaria Departamental de Salud 2012). Las comunidades étnicas del municipio están organizadas en 4 resguardos: Munchique-Los Tigres, Canoas, la Concepción y Guadualito, y 5 cabildos; y en 4 consejos comunitarios de comunidades negras: Consejo Comunitario Aires de Garrapatero ubicado en la vereda San Antonio, el Consejo comunitario Zanjón de Garrapatero ubicado en siete veredas (El Palmar; Mazamorrero, Bajo San Francisco, Santa Lucía, La Toma y Ardovelas) y el Consejo Comunitario Cuenca del Río Páez-Quinamayó, el cual abarca trece veredas y es el único que cuenta con reconocimiento legal ante el Ministerio del Interior.

Santander de Quilichao al igual que el resto del norte del departamento ha sido escenario, en los últimos años, de lo que podría ser visto como una reconfiguración del conflicto armado. Para Teófilo Vásquez, Andrés Vargas, y Jorge Restrepo lo que ha sucedido desde el año 2008 en esta subregión del suroccidente es que se están generando nuevos contextos que han afectado la manera en que los actores armados Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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desarrollan estrategias para insertarse en las economías locales y por tanto en las dinámicas territoriales (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011). Estos nuevos contextos los he organizado en las siguientes cuatro categorías.

Primero, la agudización de la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este se explica por el regreso de las FARC a la guerra de guerrillas así como por una agudización de la disputa territorial entre actores armados por el control de los modos de producción y distribución de la droga. De otro lado las acciones de la fuerza pública también se han incrementado como parte de la política del Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, heredero del Plan Colombia1.

Segundo, la revitalización de las redes de movilización social contra la guerra y por la autonomía territorial en los últimos años en el norte del Cauca. Gran parte de estas movilizaciones han tenido como propósito reivindicaciones por la titulación, saneamiento, ampliación y legalización de resguardos, consejos comunitarios y para la creación de zonas de reserva campesina. Esto último, ha generado en casos puntuales, tensiones entre procesos organizativos locales por la titulación de algunos predios, ante el espejismo de la “escasez de la tierra”, tal es el caso de la Hacienda San Rafael.

A su vez, este fortalecimiento de las alianzas entre organizaciones, comunidades y procesos de la sociedad civil, ha sido el producto de una amplia trayectoria organizativa en el norte del Cauca que permite considerar la existencia de un sentimiento de comunidad entre las poblaciones civiles norte caucanas.

1 El Plan Nacional de Consolidación nació en el gobierno de Álvaro Uribe y tuvo como prueba piloto, desde el año 2007, a la región de la Macarena. Se planteó en ese momento como una “estrategia de recuperación social e institucional del territorio” (Consolidación). En el 2010 fue retomado por el presidente Juan Manuel Santos como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, bajo el nombre de Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT). En el 2011, por medio del Decreto Ley 4161 del 3 de noviembre se creó la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT), que fue integrada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS (antes Acción Social).

La crítica que se ha hecho al Plan Nacional de Consolidación desde sus inicios ha sido el protagonismo que ha tomado el enfoque militar del proceso dejando de lado el fortalecimiento del poder civil en lo local. El informe de WOLA sobre el programa la ausencia de la población civil ha podido evidenciarse en los siguientes aspectos: la ausencia de jueces y procedimientos de justicia ante el aumento de las violaciones a los derechos humanos y la corrupción; la ausencia de servicios de apoyo económico y de seguridad alimentaria, como proyectos de reemplazo a la producción de cultivos ilícitos; la ausencia de programas de recuperación del campo y de la productividad legal y la ausencia de proyectos de infraestructuras y de mejoramiento de vías (Isacson, 2012).

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Tercero, la dinámica de los conflictos por la tierra en Santander de Quilichao que tiene unos antecedentes históricos amplios que se remontan a la historia de las haciendas azucareras y a su paso hacia los ingenios, ha ido mutando por la llegada de la minería ilegal y de sus consecuentes conflictos socioambientales. Los empresarios mineros se han instalado en los territorios de las comunidades rurales a través de prácticas como el arrendamiento por porcentaje de oro lavado, el soborno a miembros de la comunidad y la contratación de una seguridad privada armada que por lo general está respaldada por algún BACRIM. Los entables mineros se instalan en el predio arrendado y se van expandiendo en la medida en que logran seducir a nuevos arrendatarios. Con el entable llegan no solo las armas, sino barequeros de otras partes del país incentivados por el rumor del oro, llega -o se agudiza- la prostitución y la trata de blancas e incluso el microtráfico de drogas. Estas problemáticas sumadas a los impactos ambientales, sociales y culturales que generan la manipulación, privatización y contaminación de las fuentes de agua, están incidiendo en nuevas prácticas de despojo, en la desarticulación comunitaria y en la disminución de la producción agrícola.

Cuarto, la dinámica del conflicto que se ha vivido en el norte del Cauca ha generado unas transformaciones específicas en las relaciones y dinámicas sociales de la comunidad norte caucana, Elisabeth Wood ha denominado estos cambios como los procesos sociales de la guerra civil (Wood 2010). El conflicto que se vive en Santander como en el norte del departamento del Cauca se caracteriza por la superposición de un conflicto histórico innegable entre guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas armadas del Estado, y por los procesos sociales de la guerra civil que ha dejado esa historia de la confrontación y del involucramiento de la población civil como objetivo de guerra. Estos cambios son entendidos aquí de la manera en que Elisabeth Wood los conceptualiza: a) militarización de la vida civil, b) transformación de identidades y c) fragmentación de la economía política, entre otros, cada uno de estos procesos han sido el producto de los impactos que ha generado una política de transición hacia un postconflicto en la zona: que implica la recuperación del territorio y de la fuerza de parte del Estado y que se ha convertido en un condicionante para la generación de nuevos conflictos.

La militarización del gobierno local es entendida por Wood como la suplantación de formas de gobierno locales por otras con influencia de los actores armados. Este proceso ha tenido lugar en el norte del Cauca partir de dos variantes: una ha sido la intervención Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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de los actores armados ilegales en la cooptación de los gobiernos locales a partir del poder armado, y otra, la recuperación del control estatal en los territorios a partir del aumento del pie de fuerza. El caso de estudio se encuentra en un período de transición hacia el segundo proceso.

Las conflictividades interétnicas que han tenido lugar en el norte del Cauca han sido causadas por la concentración de la tierra. Ésta ha generado escasez de tierras para los territorios colectivos y los minifundios de los campesinos, lo que ha conducido, a su vez, a que las fincas disponibles para la expansión y el saneamiento de resguardos, la legalización de territorios colectivos de comunidades negras y la titulación a familias de campesinos sean peleadas por estos actores al mismo tiempo. Esta condición, junto con un proceso de sedimentación de identidades étnicas que se ha desarrollado como estrategia de reconocimiento de derechos territoriales, ha llevado a que haya un ambiente de competencia y rivalidad entre algunas organizaciones y comunidades del norte del Cauca.

La relación entre guerra y despojo ha facilitado el tránsito de las economías campesinas y tradicionales de minifundio hacia las economías ilegales y las economías extractivistas.

En la parte plana del norte del Cauca, el fenómeno ha sido la inserción de la minería, tanto legal como no legal. Ambas han llegado a los territorios con generando impactos económicos similares a los de la economía de la coca, sólo que el nuevo referente de cambio es el oro. En cuanto a las formas de trabajo, dado que la actividad de barequeo, como el de raspar coca, dependen de los ciclos de producción del entable minero y del cultivo, luego de que éste termina la mano de obra disponible, que bien o ha perdido su tierra o la ha dejado de cultivar, migra en la búsqueda de un nuevo entable o de otro cultivo ilícito. El desprendimiento social que han causado ambas economías, han generado una condición mucho más difícil para los procesos organizativos de las mismas comunidades: han agudizado las divisiones internas. Si una comunidad decide hacerle frente a la minería no cuenta con el respaldo de toda la población, pues la mitad de ella resulta cediendo sus parcelas para la explotación mediante el arrendamiento y el pago por porcentaje, otra resulta trabajando como barequeros en las minas. Tal es el caso de Zanjón de Garrapatero, donde si bien hay veredas, familias y líderes en contra, otra veredas, otras familias y otros líderes están de acuerdo con ella, pero la amenaza de la minería transnacional sí parece estar uniendo a las comunidades, y allí los oponentes están claramente definidos: el Estado y las corporaciones.

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Veamos cómo estos cambios en la configuración del conflicto armado en el norte del Cauca han impactado a los actores sociales de esta subregión, particularmente de aquella que pertenece al Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero.

El actor: Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero El Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero tiene una jurisdicción territorial que incluye seis veredas del municipio de Santander de Quilichao: La Toma, Ardovelas, Santa Lucía, El Palmar, Bajo San Francisco y Mazamorrero. Su población es totalmente rural y en su mayoría se dedican a la producción agrícola de panela, piña, mango, chontaduro.

Su trayectoria organizativa se remite a la década del 80 a los comités veredales con los que se buscó promover acciones que mejoraran la calidad de vida de la comunidad.

Es así como se promueve la construcción del acueducto comunitario, la implementación de una trocha que facilitara la movilidad de las comunidades de la zona, así como la comercialización de sus productos. No obstante, a partir de la década del 2000 suceden dos cosas que cambiarían el curso de su proceso organizativo: primero, a partir de la Ley 743 de 2002 cada vereda comenzó a organizarse bajo la figura de la Junta de Acción Comunal, y segundo, en común acuerdo con las comunidades afro, campesinas e indígenas vecinas se constituye un Comité Zonal con el que se buscó implementar proyectos que contribuyeran al desarrollo en la zona. Es a partir de la creación de este último que se comienza a trabajar en la constitución de un comité pro Consejo Comunitario.

Aunque en años anteriores la comunidad ya había escuchado sobre la Ley 70,2 no fue sino hasta el 2008 que se organizó bajo esta figura con el nombre de Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero. Sucedieron dos cosas que incidieron en dicha decisión. En el 2008 la USAID abrió una convocatoria para el fortalecimiento de proyectos productivos para comunidades étnicas que estuvieran organizadas bajo cabildos y consejos comunitarios en el norte del Cauca, oportunidad que incentivo a que varias comunidades de la zona se constituyeran como consejos comunitarios. De otro lado, en el mismo año un conflicto territorial comenzó a desarrollarse en una finca ubicada en el territorio de la comunidad de Garrapatero.

2 Ley colombiana que ampara los derechos étnico-territoriales de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. PCN, Proceso de Comunidades Negras. ACONC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Para mayor información ver el estudio de Alejandra Erazo Gómez (2012) Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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La finca, conocida como San Rafael, fue titulada el 28 de diciembre del 2008 por el Ministerio del Interior a la comunidad indígena Nasa del Resguardo de Toribío. La titulación se hizo en respuesta a los Acuerdos del Nilo, establecidos entre ambas partes en reparación a la masacre del mismo nombre, que fue cometida en 1991 contra la comunidad indígena en el municipio de Caloto (norte del departamento del Cauca).

Si bien el dueño anterior de la finca era un mestizo, San Rafael había sido por muchos años el sitio de trabajo y de paso de la comunidad afrocolombiana de Zanjón de Garrapatero. De allí se surtían de maderas, de pasto para sus animales y del jornal cortando la caña que había sembrado su dueño. Una vez la finca fue titulada a la comunidad indígena, ésta se instaló allí generando sorpresa y molestia entre la población afrocolombiana que habitaba en sus alrededores al no haber sido notificada ni consultada por el estado ni por los indígenas. El desconocimiento de los indígenas de la cercanía de la comunidad afro con la finca, así como los cambios en la cotidianidad que provocaron los indígenas de Toribío que al igual que los afros sienten su derecho legítimo de permanecer allí, significó el inicio de una serie de tensiones entre ambas comunidades que terminaría con varios enfrentamientos físicos, y finalmente con la muerte de dos indígenas y de un mestizo.

El conflicto interétnico funcionó como contexto detonante para que la comunidad afrocolombiana organizara una respuesta centrada en la reivindicación de sus derechos territoriales como comunidad étnica ante el Estado, bajo la figura de la titulación colectiva de la finca en disputa. Mientras que la financiación de la USAID se convirtió en una oportunidad política que le permitió al Consejo Comunitario fortalecerse como una autoridad legítima en la mediación del conflicto de San Rafael. Asimismo, a partir del conflicto de San Rafael y de la constitución del Consejo Comunitario, el Comité Zonal dejó de funcionar y las relaciones entre las poblaciones indígenas vecinas y afrocolombianas comenzaron de deteriorarse.

El proceso de San Rafael, no obstante, se dilató hasta que a mediados de 2013 cuando se realizó la consulta previa al Cabildo de Toribío para que autorizara la venta de San Rafael a los afros, y la compra de otro predio en iguales condiciones. Sin embargo, de mediados de 2013 hasta el mes de octubre ambas comunidades se enfrentaron a una nueva espera, por lo que la comunidad de Zanjón de Garrapatero junto con otras comunidades afrocolombianas 68

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del Cauca se movilizaron hacia Popayán el 31 de octubre de 2013 e hicieron una toma pacífica de las oficinas del Incoder. A partir de la mesa de diálogo instalada después de esta movilización, el Incoder compró la finca Barrancón y en diciembre de 2013 se la entregó al Cabildo de Toribío (Verdadabierta 2014). Finalmente el 28 de febrero el Incoder hizo también la entrega de San Rafael al Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, no obstante, este último quedó en espera de la finca fuera titulada colectivamente.

Sin embargo, en los años siguientes se producirían nuevos hechos que marcarían un segundo momento en el proceso organizativo de la comunidad caracterizado por una apertura en la construcción de alianzas estratégicas con las comunidades indígenas y afrocolombianas de la zona en una apuesta por la defensa del territorio y por la construcción de una propuesta de autonomía territorial interétnica. Los tres hechos significativos son: la llegada de la minería ilegal, la concesión de un título minero a una transnacional y la llegada del llamado Plan Nacional de Consolidación Territorial.

En el 2009 se instaló el primer entable minero en una de las veredas del ya constituido Consejo Comunitario. Los mineros provenientes del departamento de Nariño comenzaron la explotación de oro bajo la forma de arrendamiento de la tierra en los predios de personas que no vivían allí pero que tenían predios disponibles. En poco tiempo lograron convencer a una parte significativa de la comunidad veredal. No sólo se generaron evidentes impactos ambientales en como el cambio del curso del río Quinamayó, eje de la vida social y cultural de varias comunidades, sino fragmentaciones en el proceso social y político que lideraba la JAC y el Consejo Comunitario.

Ante la expansión del problema a las otras veredas y el apoyo que manifestaba abiertamente la comunidad a los entables mineros de los cuales se beneficiaban con el bareque, los líderes del Consejo Comunitario establecieron acuerdos con los mineros delimitando las zonas de explotación y estableciendo zonas restringidas para la misma como el río Agualimpia, un afluente del Quinamayó, así como exigiendo un porcentaje por cada lavada de oro que sacaran los entables en razón del impacto ambiental y social generado. Sin embargo, los acuerdos poco fueron respetados a mediados del 2013 las retroexcavadoras fueron dirigidas a las orillas del río Agualimpia, lo que motivó a un grupo de mujeres a que con sus propios cuerpos fueran a impedir el paso de la maquinaría.

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A finales del año 2013 e inicios del 2014, autoridades tradicionales y organizaciones locales indígenas y afrocolombianas iniciaron acciones de hecho para expulsar las retroexcavadoras de sus territorios. Para ello fueron convocadas asambleas interétnicas para generar acciones de protección ante la expansión de la minería, a partir de las cuales se constituyó la Mesa Interétnica e Intercultural Permanente.

En síntesis, el contexto de conflicto en el que se desarrolla la acción del Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero no involucra directamente a actores armados en condición de disputa territorial sino a otros actores y procesos que hacen parte de una política estatal de retoma del control estatal y de recuperación económica de una zona influenciada por el conflicto armado.

Uno de las maneras en que la comunidad ha logrado mantenerse unida ha sido a partir de la producción de una narrativa entorno a la etnicidad como comunidad afrocolombiana y como Consejo Comunitario. Desde allí sea concretando un proyecto cultural y político orientado a la consolidación de una autoridad tradicional propia, que propende por los siguientes aspectos: a) la defensa de la autonomía territorial que exige sea consultada como instancia decisoria frente a cualquier proyecto o actividad a desarrollar en el territorio, b) el reconocimiento legal del territorio ancestral como territorio colectivo y c) el reconocimiento de un modelo de desarrollo propio. Estas tres dimensiones pueden evidenciarse en la respuesta del representante legal del Consejo Comunitario sobre el propósito de éste último: “[…Zanjón de Garrapatero…] -lo que queremos-, tiene que ser la máxima autoridad administrativa del territorio de la comunidad de la gente que está afiliada a él, eso es un tema que es una consigna. Y autoridad de lo educativo, de lo ambiental, cultural, político, sociales y debemos llegar a un proceso de unificación de criterios de conceptos y de acciones, entonces eso es como un motor. ¿Qué tipo de autoridad o cómo sería esa autoridad? Hay que hablar de lo que dice la ley 70 que el concejo comunitario son máximas las autoridades étnicas desde la mirada afrocolombiana, pero también hay que mirar notoriedad, que sea hermana de las demás dinámicas o procesos. Que no porque seamos de la Etnia afro descendiente todos vamos a hacer a un lado, indígenas allá y los mestizos allá, si estamos en el proceso de reivindicación y reclamación de derechos nuestros, de nosotros como sujetos de especial protección, pero no que eso se quede solo en lo que dice la norma, sino llevarlo a la práctica y poder dar resultados” (Mina, 2013).

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Como se evidencia en la respuesta anterior, la narrativa del proceso organizativo se ha consolidado en un diálogo continuo con la Ley 70 de comunidades negras y las interpretaciones que de ella han hecho la Corte Constitucional con sus autos y sentencias, y otras organizaciones y comunidades afrocolombianas. Uno de los aspectos significativos en esta interacción ha sido la manera en que se ha significado la noción de territorio. Para Edier Loboa, el presidente del Consejo Comunitario, la reivindicación de las comunidades del norte de Cauca ha sido el reconocimiento de una territorialidad particular diferente a la de las comunidades del Pacífico.

“Nosotros tenemos unas dificultades, en esta zona del país, en los valles inter-andinos es mucho más difícil la constitución de un concejo comunitario que la gente del pacifico, primero, porque hay una interpretación por parte de mucha gente sobre la ley 70, en donde se afirma que ésta es ese globo de tierra que ella describe en sus artículos. […] Primero porque para el ministerio de interior y de justicia que es donde nos registramos nosotros como concejos comunitarios seamos de donde seamos, para poder ser reconocidos tienen que tener titulación colectiva, […] pero para el caso de nosotros la posesión de la tierra es mucho más privada, lo cual hace que sea mucho más difícil que nuestros concejos comunitarios tengan titulación colectiva. No obstante, yo soy uno de los que reprocha ese concepto y apreciación del ministerio, porque no puede ser que para que le reconozcan a usted sus derechos como negro que habita este país, tenga que tener su comunidad un pedazo de tierra que diga que es de todos, cuando debiera dársele más importancia al concepto de territorio, el cual no es solamente la tierra, es todo lo que rodea la zona en donde estamos nosotros estamos asentados, es la cultura que nosotros conservamos, el medio ambiente, los ríos los cuales compartimos, la idiosincrasia de nuestras comunidades, todo el acervo cultural, todas nuestras riquezas son territorio. No puede ser que el Ministerio de Interior crea que tiene más significado un pedazo de tierra titulado a nombre de todos, que un territorio que puede ser incluso más grande que el pedazo de tierra y cuyo significado así mismo es mucho más grande.” (Loboa, 2013)

Que esta narrativa esté orientada hacia los discursos legales de la Corte Constitucional o de la Ley 70 está relacionado con dos aspectos. De un lado con una tendencia no tan reciente, de que los líderes territoriales se formen profesionalmente como abogados. Este es el caso de Zanjón de Garrapatero por ejemplo, donde su presidente y su representante legal, Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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siendo ambos las cabezas del proceso, son estudiantes de derecho, e incluso de otras ONG como PCN o de los líderes de la ACONC3. De otro, por la incorporación que ha tenido la Ley 70 dentro del discurso político que circula entre las organizaciones de la sociedad civil, afrocolombianas y no afro, e incluso entre las agencias de cooperación internacional que generan recursos económicos para la formulación de proyectos productivos y de fortalecimiento político-organizativo. Para unos y otros, la Ley 70 no sólo es un recurso legal provechoso para el reconocimiento de derechos territoriales y étnicos para las comunidades negras del norte del Cauca y del país, sino que contiene una clara narración sobre la identidad de las comunidades negras al describir cómo es su relación con el territorio, con su cultura y con lo político, lo que permite un diálogo frecuente entre cómo se piensan las comunidades que están en un tránsito hacia su auto-reconocimiento político como consejo comunitario y lo que espera, dice e interpretan cada una de las instancias del Estado.

Esta incidencia del discurso jurídico que se extiende a los autos y sentencias de la Corte Constitucional como el Auto 005, ha incidido en que varias de las acciones tomadas contra la minería, por la titulación de la Hacienda San Rafael y la solución de otros conflictos, haya estado orientadas a corresponder con una serie de acciones de carácter legal y jurídico. ¿Cómo ha afectado esto la dinámica de la relación entre contexto de conflictividad y acción colectiva?

Resultados: el análisis de la acción colectiva en el contexto de conflicto Retomando los planteamientos hasta aquí esbozados, la acción producida por el consejo comunitario se da en un contexto de múltiples conflictividades, varias de las cuales son consecuencias factibles de un conflicto armado prolongado en la subregión, no obstante la movilización no está dirigida precisamente contra los actores armados sino contra otros actores sociales en la dinámica de estas conflictividades. ¿Cómo incide esta condición en la relación planteada?

Un aspecto significativo en el análisis en la interacción entre acción colectiva y contexto de conflicto armado está relacionada con las condiciones y el momento en el que está se produce. Por ejemplo el conflicto de la Hacienda San Rafael dio paso a que la comunidad 3 PCN, Proceso de Comunidades Negras. ACONC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

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hiciera un tránsito hacia su constitución como consejo comunitario y a su asimilación como comunidad afrocolombiana. La acción se orientó hacia el Estado en su calidad y garante de los derechos étnico-territoriales de ambas comunidades. Si bien la situación generaba una amenaza a la cohesión interna de la comunidad y a sus relaciones territoriales, que se vieron notablemente modificadas con la instalación de la comunidad indígena, se constituyó en sí en una oportunidad política para la visibilización y reconocimiento organizativo del consejo comunitario. A diferencia de las acciones generadas contra la minería no legal.

Retomando la descripción con la que se da inicio a este artículo sobre las amenazas contra los diez líderes nortecaucanos por su movilización hacia la expulsión de la minería no legal de su territorio, puede decirse que allí se evidencia un cambio sustancial en las condiciones en las que se ha producido la acción colectiva hacia este conflicto. La acción estuvo dirigida en un primer momento hacia la generación de unos acuerdos con los dueños de los entables mineros para delimitar su expansión, y en segundo lugar con los miembros de la misma comunidad para evitar que continuara el arrendamiento de más predios para su explotación de oro, producto del apoyo que parte de la comunidad manifestó hacia la minería, dado que se veían beneficiados con la práctica del barequeo. En un primero momento la acción no estuvo dirigida hacia las instancias legales encargadas de la judicialización de la minería no legal en el municipio. Una vez los mineros incumplieron los acuerdos expandiéndose hacia zonas que habían sido decretadas como prohibidas por la comunidad, varias miembros de esta última comenzaron a movilizarse para evitar el paso de las maquinarias hacia otros predios que ponían en peligro la última fuente de agua cercana no contaminada por la minería. Es decir se dio paso a las “acciones de hecho”. Simultáneamente a estas acciones comenzaron a organizarse las asambleas interétnicas con los resguardos vecinos afectados por la minería, y las audiencias mineras. En respuesta a estas acciones los mineros comenzaron a fortalecer su seguridad privada y finalmente el 29 de septiembre emitieron un comunicado amenazando de muerte a los líderes más visibles de la comunidad y aumentando el riesgo de la producción de la movilización comunitaria por esta causa.

Las condiciones que han contribuido a que esta la movilización contra la minería sea una acción colectiva de riesgo (Restrepo, García, y Bautista, 2010) ha sido la dinámica económica impulsada por la extracción ilegal de oro. Anclada a esta práctica se ha identificado actividades de lavado de activos y de financiación de grupos armados ilegales. De igual maTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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nera el aumento del precio del oro incentivado por la crisis económica estadounidense del año 2012, ha contribuido al auge de esta actividad ilegal. Además de estos aspectos, se encuentra la asimetría que supone una interlocución con actores ilegales en la cual los últimos están en la capacidad de imponer decisiones y condiciones por encima de los acuerdos que van en contravía a sus propios intereses. De esta manera “la “acción de hecho” de Zanjón Garrapatero se ha ido acompañando de acciones “de derecho” que han buscado involucrar al Estado como garante de los derechos étnico-territoriales de estas poblaciones.

De otro lado, el sistema de oportunidades políticas, en este caso, se ha ido restringiendo en la medida en que la acción que se ha producido ha buscado ser más englobante frente a la problemática de la minería incluyendo en su definición de minería ilegal toda aquella minería que no ha sido consultada previamente de manera libre e informada con la comunidad, lo que incluye la minería transnacional. Dado que en el consejo comunitario hay un título minero otorgado por el Estado a la minera canadiense Anglo Gold Ashanti, las exigencias del primer actor frente al segundo incluyen reversar el título. En la media en que la movilización contra la minería ha buscado incidir en la política de desarrollo del gobierno nacional frente al territorio del norte del Cauca como una zona de desarrollo minero, las oportunidades políticas dentro del sistema político comienzan a verse más restringidas. En tal sentido, como lo advierten Restrepo, García y Bautista, esta condición es una causal de la acción colectiva sea riesgosa (Restrepo, García, y Bautista, 2010).

Con el estudio de estas dos situaciones del caso de estudio, puede decirse que la incidencia del conflicto armado en la producción de acción colectiva se ha dado en dos niveles: de un lado incentivando el tránsito en la manera en que se organiza la comunidad, entre una autoridad territorial interétnica y campesina hacia una autoridad territorial étnica. De otro, orientando la narrativa en torno a la cual se construye lo común y se identifica el tipo de acción colectiva que comienza a producir: en este caso la etnicidad como horizonte de significado se ha convertido en un recurso para orientar un proyecto cultural y político, la consolidación de una autoridad propia autónoma, en un contexto en donde se superponen una condición de continuación de la guerra y los procesos sociales producidos por esta misma.

Respecto al primer aspecto, la organización de la comunidad como autoridad étnica ha orientado el propósito de las reivindicaciones por la Hacienda San Rafael y la minería, hacia 74

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su reconocimiento legal ante el Ministerio del Interior. En el primer caso a partir de la titulación de la Hacienda como territorio colectivo, en el segundo, a partir del reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada.

La movilización de Zanjón de Garrapatero ha tenido tres propósitos de acción identificados por sus propios líderes son de tres tipos: Negociación La negociación y el diálogo son las primeras estrategias que ha planteado el consejo comunitario frente a los conflictos mencionados y ha tenido el propósito de evitar la agudización de los conflictos que afronta la comunidad como de los mismos conflictos internos que tienen lugar allí.

Frente al diálogo con las comunidades indígenas sobre San Rafael, funcionó en la medida en que ambas comunidades identificaron en el Estado el responsable del conflicto. Para ello se definieron comisiones de resolución de conflictos de la cual participan representantes de las comunidades y una comisión de diálogo conformada por el presidente de la junta y el gobernador del resguardo de Toribío. Como lo menciona Cristian Gros para el caso indígena, si el territorio es el aspecto más significativo, el elemento articulador de la historia de vida de la comunidad, ha sido el acceso restringido al mismo, lo que ha significado el origen de la desigualdad y la marginalidad de las comunidades indígenas, siendo éste uno de los aspectos que debe garantizarse para que la comunidad indígena perviva (Gros, 2010).

No obstante, el diálogo con los mineros no ha sido tan fructífero. El distanciamiento entre la narrativa propia del consejo comunitario en la que se defiende el territorio como lugar de vida y de desarrollo social y cultural propio de esta comunidad, frente a la narrativa del desarrollo en la que se paran los empresarios mineros no legales y las empresas transnacionales, ha obstaculizado la credibilidad, la construcción de consensos y el respeto mismo por estos escenarios de diálogo. Así lo describe el presidente del Consejo comunitario: “Con la Ilegal, ha sido muy complicado porque con ésta uno no se enfrenta a una persona o a un grupo de personas que tienen claro el tema del territorio, la defensa del mismo, la importancia del medio ambiente, la protección de las comunidades, los bienes públicos de las comunidades, el respeto a los bienes públicos de Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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esas comunidades, porque bienes públicos son los ríos, sus quebradas, todas esas cosas a las que todos tenemos derecho de hacer uso sin que nos cobren absolutamente nada, entonces para ellos ese concepto es atrasado. […] Esa gente piensa como piensa el gobierno, con la gente así, hablar de estos temas, bajo esa filosofía es muy complicado, porque para ellos lo único que hay en la cabeza es el signo de pesos, no importe lo que haya que hacer y cómo se consiga”. (Loboa, 2013)

Fortalecimiento de redes La construcción de alianzas y el fortalecimiento de los apoyos de organizaciones y comunidades de la sociedad civil ha sido una de las estrategias que fue efectiva para la visibilización a nivel nacional de los conflictos del consejo comunitario. Las alianzas se orientan tanto al interior del consejo comunitario como entre este y otros consejos y comunidades vecinas. Estas alianzas han sido definidas como estrategias para mantener la seguridad y proteger a los líderes de alguna represalia por ser las cabezas en las movilizaciones. De esta manera uno de los ejes de trabajo ha estado orientado hacia la formación política de los miembros al interior de la comunidad para mantener la cohesión interna y facilitar la solidez y la legitimidad de las decisiones del consejo comunitario.

Acciones de hecho como acciones de presión El recurso de estas acciones se ha mantenido presente a lo largo de todo el proceso organizativo. En esta categoría se ubican la huelga de hambre organizada en el 2010 por habitantes de Mazamorrero para presionar al gobierno nacional frente a San Rafael.

También el bloqueo de carreteras para impedir el paso de las retroexcavadoras. E incluso la toma de la sede del Incoder en Popayán como estrategia para presionar el avance de la política de tierras para las comunidades negras del Cauca.

De esta manera, la narrativa del proceso y su incidencia en la configuración de un tipo especial de acción colectiva, no sólo ha sido reactiva frente a los conflictos, sino propositiva y transformadora frente a los mismos. La constitución de una autoridad étnica propia como propuesta política y cultural ha implicado que el proceso construya y consolide definiciones y acciones en torno a cómo se entiende el territorio colectivo, la autonomía, el gobierno propio y el desarrollo propio. Este proceso de etnización supone en un proceso de diferenciación, es decir, de construcción de una frontera étnica o un “límite étnico”, como lo menciona Frederik Barth.

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Acción colectiva, identidades políticas y conflicto armado: la etnización de una comunidad negra en el norte del Cauca

Este límite étnico comprende tanto “criterios y señales de identificación” como “estructuras de interacción” con otras comunidades, a partir de allí se canaliza la vida social y se organiza las relaciones sociales y de conducta de cada grupo étnico (Barth, 1976).

Parte de las estructuras narrativas de la interacción con otros actores como se ha evidenciado, ha sido de un lado el reconocimiento de una ancestralidad territorial con la cual se busca legitimar la presencia histórica de las comunidades negras en la zona plan del norte del Cauca, y de otro, el reconocimiento de una lógica territorial propia que permite una autoridad, una administración y una toma de decisiones de manera colectiva. Esta consolidación de lo que considero una frontera étnica ha sido la narrativa central de la acción contestaria en el tema de la minería y de San Rafael.

Esta narrativa, no obstante, como fue mencionado más atrás, entra en conflictividad con los intereses del Estado, de minero, empresas transnacionales y grupos armados ilegales, lo que ha llevado a que la movilización en el último año se haya orientado a la consolidación de alianzas y procesos interétnicos locales. La asamblea interétnica contra la minería ha sido prueba de ello.

Retomando entonces los argumentos expuestos hasta el momento, considero importante subrayar que en la interacción entre conflicto armado y acción colectiva el primero no siempre se convierte en un factor generador de riesgo. Los conflictos pueden generar riesgo u oportunidad en la acción dependiendo de otros factores como son el contexto histórico de la confrontación armada, la trayectoria histórica y la trayectoria de movilizaciones de las comunidades involucradas, los recursos culturales y políticos que poseen estas últimas. No obstante un contexto de conflicto armado sí puede agudizar la restricción del sistema de oportunidades políticas para una comunidad, como sucede con la minería ilegal.

Para el caso de estudio, la estrategia más clara para hacerle frente al riesgo, ha sido la movilización de la solidaridad hacia la sociedad civil local, esto significa hacia organizaciones no gubernamentales, comunidades, academia, líderes y funcionarios públicos. Para el caso de estudio, el contexto de conflicto armado y los procesos sociales derivados del mismo, han posicionado al consejo comunitario Zanjón de Garrapatero ante el Estado como ante actores sociales locales, lo que ha contribuido de alguna manera a que el riesgo se incremente.

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De otro lado, el conflicto desde su definición sociológica como dinámica de cambio social, sumado a las condiciones de amenaza y oportunidad que han generado las conflictividades vividas por la comunidad ha incentivado su movilización y el fortalecimiento mismo del Consejo Comunitario como proceso y como autoridad étnica.

Frente a ello señala Alexis Mina: “[el conflicto] Genera división y lesión en el tejido organizativo, pero se necesita ser dinámico, y gran parte de las acciones en el mundo se dan porque estamos en riesgo, en conflicto, es por medio de estas circunstancias que buscamos acciones y solucionarlo. Yo creo que ha ayudado más a legitimar el tema del concejo porque nos ha hecho movernos más, reunirnos más, nos ha hecho hablar más con la gente, la gente en el sentido de pertenecía al territorio, a la etnia, de todos estos elementos que nos hemos. Utilizado dentro de los discursos y procesos. Es malo que pasen conflictos, pero al tejido organizativo le ha ayudado para legitimarse y para moverse.” (Mina, 2013).

Esta cita evidencia uno de los aspectos significativos de la narrativa del proceso organizativo en torno a lo étnico no sólo ha sido la capacidad unificación y consolidación de lo común en torno a una identidad colectiva, sino la capacidad de dialogar con otros actores y de articular nuevas narrativas para incidir en la política púbica, así como la capacidad de recuperación (Polletta, 1998). La narrativa étnica como significado de origen de una comunidad, permite enlazar y dar una lectura de la experiencia individual como experiencia comunitaria con un tipo de enlazamiento de consanguinidad simbólica. Los conflictos de Zanjón y las amenazas contra sus líderes, se ha convertido en un asunto de la comunidad local y de las comunidades negras del norte del Cauca. Por esta razón respuesta ha estado orientada en torno al fortalecimiento de esta capacidad colectiva de sentirse como una familia. De allí que tenga sentido la comprensión que alguno de sus líderes hace sobre lo comunitario y la colectividad étnica como una familia: “porque nosotros, la familia afro lo que le duele a uno, le duele al otro” (Mina, 2013).

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Conclusiones El estudio de caso permite formular las siguientes inferencias analíticas que podrían servir para la comprensión de otros casos. Primero, el estudio de caso de Zanjón de Garrapatero permite entenderlo en un contexto de reconfiguración de múltiples conflictividades territoriales que son el producto de las transformaciones de las redes y dinámicas sociales, políticas y económicas locales que ha producido una guerra prolongada en la subregión. Estas incluyen las acciones de recuperación del monopolio de la fuerza de parte del Estado colombiano a través del aumento del pie de fuerza y de proyectos de inversión extranjera en ciertas regiones, como de la agudización de las acciones bélicas de los actores armados ilegales -ahora mucho más diversos y con difusas distinciones políticas-, y con el fortalecimiento de procesos de autonomía territorial de comunidades rurales.

Segundo, la manera en que la comunidad ha interpretado al menos dos de los conflictos que ha afrontado, el de San Rafael y el de la minería no legal, como amenaza u oportunidad permite producir un tipo de organización y de acción colectiva específica.

Un contexto de conflictividad interétnica como el de San Rafael, entendido en términos de amenaza y oportunidad, se convirtió en oportunidad política para que la comunidad reorientara su proceso organizativo en torno a lo étnico y desde allí se encaminara en un proceso de reivindicación de derechos por la tierra y por su derecho de habitar y vivir en ella. Un conflicto como el de minería, entendido en condición de amenaza y riesgo, ha generado acciones más cautelosas en las que el consejo comunitario ha buscado minimizar el riesgo de la acción generando alianzas con otros actores y fortaleciendo un frente común popular frente a la minería. Frente a ello también se han producido acciones de derecho orientadas hacia la procuraduría, defensoría y contraloría nacionales y locales.

Tercero, la consolidación colectiva de la identidad étnica afro en este caso se convierte en un horizonte de significado para consolidar lo común y definir fronteras de diferencia con otras comunidades. Tiene un propósito claro también de alcanzar cierto marco de oportunidades políticas dispuestas en el campo de lo legal para posibilitar la permanencia de una comunidad en un territorio, y esto no es sólo su supervivencia física como individuos, sino su supervivencia social como comunidad y su supervivencia cultural. No obstante, para el caso de estudio si bien el marco legal es una oportunidad política que Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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implica un punto de partida, el estado de no legalidad del consejo comunitario convierte su reconocimiento legal en un propósito final de la acción colectiva desarrollada, y en una nueva estrategia de defensa ante la llegada de la transnacional minera.

Cuarto, la acción colectiva de Zanjón de Garrapatero ha tenido un propósito de efectividad durante estos años y ha sido particularmente la consecución del apoyo y la solidaridad de la sociedad civil: de organizaciones étnicas, de comunidades de otras veredas, de ongs de universidades e incluso de otros movimientos sociales. Junto con ton ellas ha buscado el fortalecimiento y la definición de mecanismos democráticos para asegurar interlocución válida, para a través de ellos exigir al Estado el reconocimiento de sus derechos étnico-territoriales y tener elementos legales para defenderse activando redes transnacionales al gigante transnacional que amenaza con la fractura social, cultural, económica e incluso geográfica de Zanjón de Garrapatero y de los otros consejos comunitarios y resguardos vecinos.

Quinto, el papel de la identidad étnica en estos contextos de conflicto ha sido el de proveer una narrativa de la recomposición comunitaria, de conectar las experiencias y proyectos individuales en torno a las experiencias y proyectos comunes. Para Gros, la identificación comunitaria en el nivel narrativo de la etnicidad “funciona como un espacio de protección”, incluso, sugiere el autor citando a Polanyi (1983), cuando la política de neoliberalización amenaza a la persona y a su grupo (Gros, 2010: 65-66).

Sea entonces esta reflexión un llamado a incorporar la comprensión de las tramas culturales en el análisis político.

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Reparación simbólica para mujeres trans víctimas del conflicto armado: ¿por qué no se ha iniciado?

Laura Catalina Tovar Bohórquez* (lc.tovar114@uniandes.edu.co) Artículo de reflexión recibido el 28/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo:

TOVAR BOHÓRQUEZ, Laura Catalina (2014). “Reparación simbólica para mujeres trans víctimas del conflicto armado: ¿por qué no se ha iniciado?”. En: Transpasando Fronteras, núm. 6, pp. 83-98. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen A partir de la creación y divulgación de la ley 1448 del año 2011, se han desarrollado iniciativas encaminadas a garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, no se ha desarrollado una sección destinada a la población LGBTI (o de orientaciones sexuales no normativas), que muestre las formas de reparación a la que tienen derecho. Dentro de esta población, las mujeres trans (transexuales, travestis y transformistas) son una población fuertemente afectada por el conflicto por su apariencia, tipos de trabajo y rechazo social. Por esto, el artículo busca trabajar el tema de reparación en mujeres trans víctimas del conflicto armado. Debido a su situación particular se considera importante trabajar inicialmente en la reparación simbólica, pues es el mejor camino para disminuir los niveles de exclusión antes, durante y después de la victimización, y reconstruir su proyecto de vida. Por *

Estudiante de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia).

Laura Catalina Tovar Bohórquez

lo anterior, la pregunta a resolver es ¿por qué no se han creado medidas de reparación simbólica para las mujeres trans víctimas del conflicto armado colombiano? Para responderla, se hará un análisis documental y entrevistas a mujeres trans víctimas y a tomadores de decisiones de políticas públicas y, aunque la respuesta no es final, se mostrará que las peticiones de estas mujeres se relacionan con una reparación que responda a la situación antes y después de su victimización.

Palabras clave: Reparación simbólica, mujeres trans, víctimas, conflicto armado, género.

Introducción Con la expedición de la ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) en el año 2011, se reconocieron a las víctimas del conflicto armado en Colombia y se decidió que éstas tenían derecho a la verdad, la justicia y la reparación por lo sucedido. Lo anterior, con el objetivo de lograr la reconciliación entre toda la sociedad colombiana y permitir la recuperación de la confianza y la construcción de un futuro compartido (Ley de víctimas y restitución de tierras, 2011). Por esto, se han desarrollado varias iniciativas dirigidas a garantizar estos derechos; sin embargo, al ser un proceso que lleva poco tiempo, aún hay varios aspectos en los que se debe mejorar. Este es el caso de la reparación simbólica, tema que presenta ciertos vacíos y nuevos retos. Por lo anterior, el tema de esta investigación es la reparación simbólica desde una perspectiva de género. Se centrará en las mujeres trans (transexuales, travestis y transformistas) víctimas del conflicto armado.

La reparación simbólica es un elemento importante en la reparación integral. Lo anterior, porque durante el conflicto armado la victimización cobra formas tanto físicas como psicológicas. Así, al pensar en mejorar las condiciones de las víctimas el aspecto simbólico es una forma de contribuir con la disminución del sufrimiento y la reconstrucción de los proyectos de vida. Ahora bien, a la hora de reparar también se deben tener en cuenta las formas de victimización y las diferentes maneras en que se vive una misma situación. Es por esto que diferentes grupos han solicitado la reparación diferenciada de mujeres, niños, indígenas y afros al ser victimizadas y recordar esta victimización de forma diferente (Grupo Memoria Histórica, 2011). Bajo este reclamo, se han iniciado distintas medidas que permiten entender la situación particular de diferentes comunidades y que tienen un efecto reparador simbólico. Este es el caso de obras de teatro, creación de canciones, conciertos, presentaciones en museos que cuentan lo que sucedió 84

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en diferentes regiones del país, actos de regreso a sus tierras o entierro de seres queridos mediante rituales (Centro Nacional de Memoria Histórica), creación de monumentos, disculpas públicas de parte del Estado y de algunos grupos armados, atención psicosocial y actividades que responden a las vivencias particulares de cierta comunidad de víctimas.

Sin embargo, en todas estas medidas no se ha conocido aún una dirigida a un grupo que también ha sido victimizado de forma particular durante la guerra y que, como todos los grupos sociales, tiene el derecho a ser reparada: las mujeres trans.

Por lo anterior, la pregunta que se busca responder es: ¿por qué no se han iniciado medidas de reparación simbólica para las mujeres trans víctimas del conflicto armado colombiano? Para responder esta pregunta se usó una metodología cualitativa que consistió en la revisión de documentos y en la realización de entrevistas a mujeres trans, miembros de la unidad de víctimas y organizaciones que trabajan con estas mujeres. A causa del poco tiempo que lleva esta investigación, las entrevistas se hicieron solamente en Bogotá. Sin embargo, con el tiempo se espera llegar a otras ciudades (como Barranquilla, Cali, Medellín) o pueblos, que permitan ver la problemática desde una perspectiva más local.

Para desarrollar lo anterior, el texto estará dividido en cuatro secciones. En la primera se hará una breve revisión de literatura que busca definir los conceptos clave; en la segunda se mostrará lo que se ha hecho y lo que no desde el Estado por lograr esta reparación; en la tercera se mostrará lo que han hecho las organizaciones no gubernamentales y finalmente se mostrará el punto de vista de las mujeres trans víctimas, lo que permitirá llegar a una conclusión.

Antes de desarrollar cualquier argumento, es importante hacer una explicación de lo que es ser trans. Trans es una identidad de género diferente a la de hombre o mujer, razón por la cual tiene caracterísiticas específicas, que provocan la construcción de una categoría distinta a las ya existentes. Así, una persona trans es aquella que nace de un sexo pero que se identifica con el género opuesto. Pueden haber hombres trans (personas que nacen con sexo femenino pero que se identifican con el género masculino), mujeres trans (personas que nacen con sexo masculino pero que se identifican con el género femenino) u otras personas que aunque no se identifican con el género asignado, no se consideran hombres o mujeres (Colombia Diversa, 2014). Esta investigación se centró en las mujeres trans por la particularidad de su victimización y por el registro que se tiene. Esto no Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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quiere decir que no hayan hombres trans víctimas y que su reparación no sea igual de importante. Ahora bien, al hablar de identidad de género es importante dar una definición.

Gabriela Castellanos (2006) lo define como la realidad psíquica de cada individuo, que es construida sin que coincida necesariamente con sus características físicas y su sexo. A esto, Colombia Diversa (2014) agrega que esta construcción puede estar acompañada por la vivencia personal del cuerpo (el cual puede ser modificado según elija cada persona) y por otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Ahora bien, para afirmar que es necesaria una reparación simbólica de este grupo social, se debe primero mostrar la forma en que fue victimizado. La más conocida es el desplazamiento, que se da por tres razones principales: amenazas contra su identidad de género, riesgo de reclutamiento forzado y dificultades del entorno socio-político (Prada, Herrera, Lozano y Ortiz, 2012). Sin embargo, hay otras formas de victimización que afectan igual o más la integridad de la víctima. En primer lugar, se cuenta la violencia sexual y fuertes golpizas que se hacen bajo el argumento de que están ayudando a estas mujeres a corregir su orientación sexual (Mujeres al Borde, 2013). En segundo lugar, la estigmatización realizada por los grupos armados, que reproduce la discriminación dentro de las comunidades en las que viven estas mujeres y dificultan el desarrollo de su vida (Colombia Diversa, 2009). En tercer lugar la violencia por intolerancia (mal llamada limpieza social), donde matan a diferentes grupos sociales y uno de los principales objetivos es la mujer trans (Rojas 1996; Fernández y Otero 2009; Albarracín y Rincón, 2013). La justificación principal es recordar el estado de inferioridad o subordinación, o para liquidar lo que el otro cuerpo representa (Colombia Diversa, 2014).

En cuarto lugar se han encontrado casos de reclutamiento de estas mujeres de parte de grupos armados, donde las mujeres trans son obligadas a cumplir el rol de hombres en la tareas a desarrollar dentro de las filas, pero violentadas sexualmente por reconocerse a sí mismas como mujeres (Prada et al., 2012). Asimismo, se pueden encontrar casos sistemáticos de violencia en una región, como es el caso de las peleas de boxeo para homosexuales y mujeres trans, organizadas por Marco Tulio Pérez Guzmán (alias el Oso) en San Onofre, como forma de burla y rechazo social (información suministrada por Nancy Prada, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica). Finalmente, es importante nombrar la existencia de homicidios selectivos de esta población, al ser la 86

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modalidad de violencia que más muertos ha provocado durante el conflicto armado pero la que menos visibilidad tiene, a causa de su carácter individual (Albarracín et al., 2013).

Con todas estas formas de victimización se evidencia que éstas no son solamente físicas ni provienen únicamente de los grupos armados, sino que también se hace un ataque simbólico (al crear estigmatización) y se desarrollan prácticas violentas desde la comunidad. Tomando a Albarracín et.al (2013), los ataques por medio del lenguaje y los crímenes de “eliminación física” crean un ambiente de invisibilización de esta población.

Y esta invisibilidad es una forma de violencia simbólica, al ser una violencia insensible que se ejerce por medio de caminos de comunicación y del desconocimiento u ocultamiento de los crímenes realizados (Albarracín et al., 2013). Por esta razón, se vuelve imperativo pensar en una reparación simbólica dirigida a las víctimas, al ser una forma de visibilización de lo ocurrido y de reconocer del sufrimiento vivido por esta población.

Teniendo claro el tema de mujeres trans, se hará una explicación de lo que se entiende por reparación simbólica. Ésta hace parte de un conjunto de medidas que se buscan implementar en un marco de justicia transicional; lo cual se refiere e arreglos judiciales y extrajudiciales que permiten la transición de una situación de guerra a una de paz (Rettberg, 2005), y en el cual se debe atender los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (Ciurlizza, 2012). De estos derechos, la reparación se define habitualmente como el acto de devolver a las víctimas a la situación previa a la victimización (Sassòli, 2009). Sin embargo, Uprinmy y Saffon (2009) han desarrollado otro concepto, conocido como “reparación transformadora”, en donde se argumenta que las medidas de reparación no deben devolver a la situación previa a las víctimas, pues ésta es precaria, sino que debe ser una oportunidad para superar la exclusión y la desigualdad y lograr una transformación democrática de las sociedades.

Ahora bien, la reparación puede darse de diferentes formas. Dentro de las principales se encuentran la restitución, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

En esta ocasión se explicará la forma de satisfacción, que es equivalente a la reparación simbólica. Ésta se define en la ley 1448 de 2011 como “toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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las víctimas”. Diferentes autores resaltan la importancia de reparar a las víctimas simbólicamente y no sólo económicamente, pues consideran que el punto de partida en la reparación es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, al ser esta una forma de legitimar sus historias y vivencias (Orjuela, 2009; Rebolledo y Rondón, 2010; Tejada, 2011). De igual forma, explican que es necesario reconocer el dolor causado y la forma como es vivido e interpretado por cada víctima, pues es de esta forma que se reinventa la verdad, se construyen las identidades y se define la forma en que la víctima quiere ser reparada. Además, al reconocer su dolor y buscar el reestablecimiento de su dignidad, las víctimas pueden recuperar su condición de ciudadanos y ciudadanas con derechos y con la capacidad de participar en la vida pública, lo que les permite reconstruir su proyecto de vida (Orjuela, 2009; Rebolledo y Rondón, 2010; Tejada, 2011).

Teniendo lo anterior, a continuación se busca entonces entender por qué no se han iniciado medidas de reparación simbólica para las mujeres trans víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que han vivido victimizaciones que ameritan una atención diferenciada. Al buscar responder esto, se pretende también problematizar la visión que ha prevalecido dentro de las leyes estatales. Para iniciar, se hablará de la Ley 1448 de 2011, al ser este el punto de partida para la reparación de las víctimas en Colombia. En esta ley se introducen tres normas que hacen visibles a las víctimas LGBTI del conflicto armado: reconocimiento de las parejas del mismo sexo como víctimas; mención de la orientación sexual dentro del principio de igualdad; y establecimiento de la orientación sexual como parte del enfoque diferencial (Albarracín et al, 2013). Sin embargo estos elementos, aunque importantes, no reconocen la existencia de una identidad de género diferente a la de hombre y mujer, lo que deja de lado nuevas formas de entender la victimización y la forma en que el género trans la vive. Al hablar de enfoque de género en la Ley de Víctimas sólo se contempla la atención diferenciada que deben tener las mujeres y se deja de lado el género trans. En las entrevistas realizadas a mujeres trans víctimas de desplazamiento, se conocieron vivencias que atacan la identidad de género de estas mujeres y, por tanto, es importante contemplar un reparación que atienda a sus necesidades.

Katy, desplazada desde el año 2007 de Algesiras (Huila) por la guerrilla, muestra cómo lo vivido en su pueblo le produjo traumas psicológicos.

Yo estoy traumatizada psicológicamente con esas personas. Vivir allá en ese pueblo 88

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para mi fue algo terrible porque allá se entraba la guerrilla cada ratico, allá te amanazaban por todo (…). Una vez a mi me mandaron a cortar el cabello, me dijeron que si yo tenía vagina, que yo qué era lo que tenía, que yo quién era. Me iban a mandar a calvear, no eso fue terrible (Katy, 23 de agosto de 2014).

Esta invisibilización del género trans en la Ley de Víctimas trae como consecuencia otros problemas que reproducen esta invisibilidad. Este es el caso de la ruta de reparación planteada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Para que una persona sea reconocida como víctima y tenga el posterior derecho a la reparación, debe haber llenado el Formato Único de Declaración (FUD), creado en 2011.

Y antes sólo existía el Sistema de Información para la Población Desplazada (SIPOD).

En estos formatos, antes del 2012, sólo se preguntaba por el sexo y las dos opciones eran femenino-masculino (Suayan Barón, 4 de septiembre de 2014). Este fue el caso de Katy, pues al llegar a Bogotá en el año 2007 se registró en el SIPOD, donde sólo pudo marcar sexo masculino. Con esto, no hubo un reconocimiento de su condición y por tanto hay una dificultad de parte del Estado para ubicar a esta persona y posteriormente garantizarle su derecho a la reparación (caso que se replica en muchas otras personas).

Después del año 2012, en el FUD se cambió la variable sexo y se agregaron tres opciones: hombre-mujer-LGBTI. Esto supone un registro donde se toma a la comunidad LGBTI como una homogénea y que vive la victimización de igual forma, dejando de lado el tema identitario, que es un tema de vital importancia para las mujeres trans, al ser la forma en la que ellas se reconocen y esperan ser reconocidas por la sociedad. Hasta este año se ha contemplado desagregar esta opción para tener un registro detallado del universo de víctimas y se espera que sea implementado en poco tiempo (Suayan Barón, 4 de septiembre de 2014). Como se puede ver, el aspecto técnico del registro de víctimas es un problema que ha causado la “eliminación” de las mujeres trans en el universo de víctimas colombianas, algo que seguramente ha dificultado que estas personas sean sujetos de reparación, pues el que no diligencia el FUD no aparece dentro del universi de víctimas con derecho a atención integral. Este es el caso de Claudia (mujer trans desplazada de ciudad bolivar en enero de este año) y de Balery (mujer trans desplazada de Sucre en febrero de este año, por la banda los rastrojos). En el primer caso, Claudia no fue registrada como víctima por tratarse de un desplazamiento intraurbano, algo que desconoce Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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su situación y la forma en que fue sacada de su lugar de residencia. En el segundo caso, Balery se registró en el FUD pero no aparece en el Registro Único de Víctimas (RUV).

En los dos casos, sus problemáticas no les permite entrar a un posible proceso de reparación ni ser reconocidas por el Estado como víctima del conflicto armado.

Cuando yo llegué a Bogotá, me registré como víctima de desplazamiento pero no sé por qué no aparecí registrada. Yo tengo todos mis papeles y un abogado me está ayudando. Le pusimos una tutela a la UARIV, pero no he tenido lo del transporte para ir a hablar con el abogado y ver cómo va eso (Balery, 6 de septiembre de 2014).

Siguiendo con la ruta de reparación, después del registro que se hace en el FUD, se implementa el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAARI). Con esto se pueden identificar las condiciones socioeconómicas, psicosociales, familiares y nutricionales de las personas víctimas y se pueden remitir a la oferta institucional que se encuentra dentro del SNARIV. El PAARI sí contiene las variables de sexo, orientación sexual e identidad de género, lo que permite que las personas que no pudieron identificarse como mujeres trans en el FUD, sí lo puedan hacer en este segundo instrumento en donde aparecen 553 mujeres trans en todo el país (Suayan Barón, 4 de septiembre de 2014). En esta investigación no se encontró una persona que estuviera registrada en el PAARI; sin embargo, para el caso de Katy, quién fue desplazada hace siete años, surge la pregunta de por qué no la han contactado para conocer su situación e iniciar un proceso de reparación, dentro del que se encuentra la simbólica (según Suayán Barón la Unidad se acerca a ellos a partir del registro que se tiene en el RUV).

Ahora bien, es importante nombrar la Resolución 0388 del 2013 (Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado), en donde se crea el marco para garantizar la participación efectiva de las víctimas en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas; así como garantizar a las víctimas su intervención real y efectiva en los espacios de participación ciudadana. Para esto, ordenan la creación de mesas de participación a nivel municipal, departamental y nacional, en donde se incluye la presencia de representantes de la comunidad LGBTI. En la creación de esta resolu90

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ción hubo participación de la Corporación Opción, en cabeza de Diana Navarro, mujer trans desplazada de Medellín que trabaja por el reconocimiento de los derechos de estas personas. Este protocolo es un paso muy importante a la hora de pensar en la inclusión de esta comunidad; sin embargo, dificulta la representación de todos sus miembros pues, como se dijo anteriormente, esta comunidad no es homogenea ni vive la victimización de igual forma. Asimismo, Diana afirma que durante su intervención en la creación de este Protocolo hubo ciertos desacuerdos.

Una discusión que yo tuve siempre al interior de la representación es que hacía falta implementar un enfoque diferencial. Ellos no entendían qué era enfoque diferencial. (…) El desplazamiento del que yo fui víctima no es el mismo que el de otra persona; son diferentes causas y diferentes problemáticas que me causan a mi (…). Enfoque diferencial unicamente lo entendían como una cuota de participación, no un eje transversal para los temas de reparación, en cómo van a reparar el daño que se hizo a una persona que es víctima del conflicto armado (Diana Navarro, 2 de septiembre de 2014).

Según lo que cuenta Diana, esta concepción de enfoque diferencial puede dificultar la manera en que se concibe la atención a las víctimas con identidades de género distintas.

Para el caso de Bogotá, al hablar con el representante de la mesa distrital, Julian Pantoja, se observó que no hay una representación efectiva de las mujeres trans en esta mesa, pues la comunicación entre él y esta población no ha sido activa. Esto produce que las ideas expresadas por el representante puedan no ser lo que las víctimas de esta comunidad desean y por tanto no hay una garantía completa de reparación para ellas.

Uno de mis grandes proyectos es hacer un gran encuentro distrital con la población LGBT, primero porque yo represento a una población a la cual no conozco (…). Lo que yo le pido a la Unidad de Víctimas es que comboque a las personas, pero ellos se basan en los principios de confidencialidad para ponerme trabas.

Yo no voy a divulgar su información confidencial, lo único que quiero es conocer a quien represento, que ellos conozcan a su representante e iniciar un diálogo donde se intercambien experiencias y yo pueda saber lo que han hecho y necesitan estas personas (Julian Pantoja, 20 de septiembre de 2014).

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Finalmente, es importante hacer un pequeño apéndice con la labor que está realizando en Centro Nacional de Memoria Histórica, quien es la entidad encargada de desarrollar una reparación simbólica en términos de búsqueda de la verdad, creación de memoria histórica y de implementación de actividades pedagógicas y museísticas que divulguen lo ocurrido durante el conflicto armado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

Hasta el momento, se ha reconocido a la comunidad LGBTI como víctimas de especial atención, y se dedicó un aparte del informe Basta Ya! para explicar su situación. Adicional a eso, actualmente se está desarrollando una investigación que busca esclarecer lo ocurrido en La Playa de Alto de Julio (San Onofre, Sucre), donde alias el Oso organizó peleas de boxeo entre personas homosexuales y mujeres trans. Sin embargo, hasta el momento no se tiene registro de alguna iniciativa simbólica dirigida a las mujeres trans.

Luego de discutir las dificultades a nivel estatal, se hará un recuento sobre la labor de las organizaciones que trabajan con mujeres trans víctimas. En general, estas organizaciones no trabajan sólo con esta población, sino que incluyen a estas personas dentro de su trabajo. Este es el caso de Caribe Afirmativo (de Barranquilla), Fundación Santa María (de Cali), Procrear, grupo GAT, Corporación Opción y Parces (de Bogotá). Para el caso de Bogotá, las funciones principales de estas organizaciones han sido la denuncia de los abusos contra las mujeres trans, de la vulneración de sus derechos y la visibilización y empoderamiento de éstas en diferentes espacios. Adicionalmente, brindan ayuda a personas que llegan de las regiones a construir su apariencia física de acuerdo a la forma como se identifican. Así, contribuyen a iniciar o finalizar procesos que les permita cumplir con sus deseos por transitar del género masculino al femenino (Laura Weins, 28 de agosto de 2014). Finalmente, en ciertos casos brindan ayuda psicosocial a mujeres trans que lo necesiten y tienen trabajo en cárceles, donde también se encuentran víctimas del conflicto armado (Diana Navarro, 2 de septiembre de 2014).

Con todo lo anterior, se puede observar que no se han desarrollado iniciativas que inicien un proceso de reparación simbólica para las mujeres trans víctimas del conflicto armado, debido a diferentes trabas o dificultades presentes en el ámbito estatal.

Sin embargo, es importante indagar en el punto de vista de las víctimas y observar sus iniciativas. En primer lugar, es importante nombrar una reunión organizada por el grupo de apoyo trans GAT, apoyado por Redepaz, Paiis y la Universidad de los 92

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Andes, en donde se hizo un evento llamado “NuesTrans voces en la Habana” cuyo objetivo fue reunir ideas sobre cómo las mujeres trans deben ser incluidas en los diálogos de la Habana y cuáles son sus propuestas para lograr la paz. Dentro de éstas, se encuentra el reconocimiento del dolor de estas personas durante la guerra, no sólo por los ataques recibidos sino por la desaparición o asesinato de sus familiares a manos de grupos armados. Asimismo, se han desarrollado otras iniciativas en Bogotá, como la semana por la paz, seminarios de no violencia y el homenaje a Wanda Fox (mujer trans asesinada en el barrio Santafé), que no son desarrolladas desde el Estado pero que sí contribuyen a reparar simbólicamente a esta población.

Por otro lado, al hablar con varias mujeres trans y escuchar a las que participaron del evento anteriormente descrito, se encontró que la petición más grande que tienen es el de la oportunidad de recibir educación en todos los niveles, al ser esta una posibilidad de cambiar de actividades a las que son normalmente marginadas (prostitución y peluquería).

Pues la verdad una no quiere que la mantengan, pero por ejemplo en mi caso, yo siempre he soñado estudiar en una universidad, ser profesional. (...) Yo aprendí a la fuerza a ser estilista, cosa que agradezco, pero allá recibí puras humillaciones, hasta que dije ay no yo no quiero sufrir más y entonces me metí en la prostitución (Katy, 23 de agosto de 2014).

Teniendo en cuenta que la definición de reparación simbólica en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se contempla como estrategias que preserven la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, en las conversaciones que se desarrollaron, muchas de estas mujeres esperan otras cosas además de las nombradas allí. Para este caso particular, la reparación no se puede garantizar sólo con asegurar que no vuelvan a ser atacados por grupos armados, que éstos o el Estado pidan perdón y que se sepa lo que les ocurrió, pues como se ha dicho anteriormente, la discriminación también se da desde la sociedad.

Si me pregunta qué es lo que yo necesito pues yo le digo que necesito ayuda psicológica, lo que me pasó ha sido muy difícil de entender y sobrellevar. Quiero un empleo, llevo desde febrero sin poder trabajar y yo sé hacer cosas, yo estoy Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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jóven. Yo soy chef, pero nadie me da trabajo y yo nunca aprendí a ser peluquera y como prostituta no podría trabajar. Quiero volver a mi costa, extraño el calor. Pero no quiero que me pidan disculpas los que me hicieron esto, a ellos no los quiero ver nunca más (Balery, 6 de septiembre de 2014).

A manera de conclusión, se ve que para que las mujeres trans puedan recibir una reparación que responda a sus vivencias particulares, se deben iniciar medidas estatales en términos legales y prácticos, que permitan la inclusión de esta población y su reconocimiento como víctima. Reconocer su identidad de género y brindarle espacios de participación son puntos centrales, al ser dos problemáticas que se visibilizaron durante la investigación. Adicionalmente, al hablar con esta población se encontró que más que pedir disculpas, hacer monumentos o museos (que no dejan de ser importantes), ellas le dan prioridad a otras medidas que aseguren el mejoramiento de su calidad de vida, donde puedan participar en más espacios, salir de los lugares comunes a las que son llevadas por causa de la discriminación (sectores de prostitución y peluquerías), la eliminación de estereotipos y el reconocimiento de sus derechos como ciudadanas colombianas.

En este sentido, y tomando la teoría de Uprinmy y Saffon (2009) se debería pensar en una reparación simbólica transformadora, pues no se puede pensar en devolver a las víctimas a la situación en la que estaban, al ser precaria, invisibilizada y poco atendida, sino que debe pensarse en mejorar esta situación. Esta reparación se puede contemplar como una serie de actos o iniciativas que faciliten la integración de estas mujeres a la vida social, en condiciones de igualdad, para darles así la posibilidad de participar activamente en la sociedad. Igualmente, se podría pensar en la reconstrucción de las identidades de género de estas mujeres, que en ocasiones pueden verse afectadas por la victimización, para que de esta manera ellas puedan cumplir el proyecto de vida que desean.

Aunque lo anterior no es una conclusión contundente, sí abre una puerta para pensar que las mujeres trans necesitan elementos distintos a lo que se ha pensado a la hora de hablar de reparar a las víctimas del conflicto armado. Se espera que esta investigación siga avanzando y se puedan encontrar más respuestas que contribuyan al inicio y desarrollo de una reparación simbólica para estas mujeres.

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La escisión entre la Ciencia Política y la realidad política: el caso de la Seguridad Democrática* Carlos Andrés Ramírez González** Andrea Stefanía Jerez Cantor*** (cargindustries@gmail.com) (stfsherry@hotmail.com) Artículo de investigación recibido el 29/12/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo:

RAMÍREZ, González Carlos Andrés y Andrea Stefanía Jerez Cantor (2014). “La escisión entre la Ciencia Política y la realidad política: el caso de la Seguridad Democrática”. En: Trans-pasado Fronteras, núm. 6, pp. 99-118. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen La política de seguridad democrática, adoptada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez durante su periodo de gobierno, resultó en un viraje fundamental en los rumbos del país luego del fallido proceso de paz del gobierno Pastrana. En este sentido, el presente trabajo busca demostrar que la Ciencia Política abordó el fenómeno político en contravía con el curso de los hechos, de tal manera que mientras la política de Seguridad Democrática propugnaba por un aumento en la ofensiva militar, la visión desde la Ciencia Política * Esta ponencia nace de la investigación Trayectorias de la Ciencia Política en Colombia: la influencia de los fenómenos políticos en el desarrollo disciplinar entre 1968 y 2012. Universidad Sergio Arboleda. ** Estudiante de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, noveno semestre. Asistente de investigación en el proyecto “Avatares investigativos y formativos de la Ciencia Política en Colombia: hacia una revisión de la disciplina en su periodo de consolidación (1995-2010)”. *** Estudiante de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Séptimo semestre. Pertenece al semillero del Grupo de Investigación Política y Sociedad.

Carlos Andrés Ramírez González y Andrea Stefanía Jerez Cantor

se concentraba en la manera de llegar a unos diálogos de paz o una salida concertada al conflicto. Esto, por tanto, se puede traducir en un rechazo al punto de vista preponderante y a una postura alternativa en el estudio de la realidad política nacional. Para demostrar lo anterior, se realiza una revisión documental aplicada a artículos académicos en cuatro revistas de Ciencia Política del país: Análisis Político, Colombia Internacional, Papel Político y Estudios Políticos durante el periodo de publicación de 2002 a 2012.

Palabras clave: Seguridad democrática, desarrollo disciplinar, paz, conflicto, contexto político

Introducción La construcción de conocimiento académico siempre ha traído, necesariamente, la creación de interrogantes y la discusión de hechos que a diario llevan a nuestra sociedad a volver sobre sí misma. Cuestiones como la rigurosidad científica, la objetividad siempre exigida al investigador y lo estricto de metodologías establecidas hacen creer que, en realidad, el estudio de los hechos políticos está escindido directamente de la construcción de los mismos. Básicamente, una ciencia que no participa dentro de su objeto de estudio.

Sin embargo a lo anterior, muchos autores han reconocido lo inevitable de hacer política desde la Ciencia Política. Ravecca (2010) como otros, han encontrado que en sí mismo el hecho de crear conocimiento, de generar centros de pensamiento y de estudiar a profundidad los hechos políticos generan un acción política que interfiere directamente con el mundo social en el cual estamos inmersos. Escribir desde la derecha o desde la izquierda, como dice Ravecca, implica necesariamente tomar una decisión política mucho más allá de que la dinámica de la ciencia exija estimaciones lejanas al objeto de estudio. En términos generales, el trabajo de Ravecca muestra que más allá de simplemente estudiar lo político, el trabajo académico crea en sí mismo ambientes y hechos políticos que tienen experiencias, críticas y apoyos para con el mundo que, supuestamente según muchos autores de la academia norteamericana debería motivar la Ciencia Política y sus publicaciones (Vromen, 2010).

Para otros autores como Barrientos del Monte (2013) la construcción de conocimiento desde la Ciencia Política en América Latina puede leerse desde los cambios históricos de sus países. Los diferentes cambios de régimen, los movimientos sociales y la diferenciada llegada a la democracia explican en cierta medida los desarrollos particulares de la disciplina en cada país. Esta relación reconocida por ambos autores citados implica una nueva visión de la Ciencia Política que se diferencia del ideal behavorista, pero que 100

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se acerca más al entendimiento de los hechos políticos que suceden en América Latina.

En Colombia, específicamente, la Ciencia Política se funda bajo un hecho específico que se manifiesta en eventos diversos: el conflicto armado. Muchos de los programas, institutos y publicaciones primigenios de la disciplina nacen en orden a dar respuesta y analizar al latente conflicto que genera cambios estructurales en el país (Barrientos del Monte, 2013). Este hecho central dentro del desarrollo de la disciplina en Colombia marca una trayectoria clara que genera la estructuración de todo un entramado académico alrededor del tema que, como se dijo, necesariamente marca una posición política y, en general, análisis político que genera política. La suma de una visión mucho más política de la misma Ciencia Política y la importancia del contexto político en la creación del conocimiento en la disciplina inscribe este artículo en la necesidad de mostrar cómo un hecho del contexto político no sólo genera trabajos dentro de la disciplina sino que, además, estos trabajos tienen determinadas posiciones y perspectivas que en sí mismas son manifestaciones también políticas Para el año 2003, luego de las elecciones presidenciales en Colombia, Álvaro Uribe Vélez llega al máximo cargo político mediante un discurso netamente enfocado en la concentración de energías en la terminación del conflicto y en el debilitamiento total de las guerrillas que casi cumplían un siglo de funcionamiento (Bushnell, 2007). Para el gobierno de Álvaro Uribe la política de Seguridad democrática se convirtió en la política bandera cuyo único fin era recuperar las libertades públicas soslayadas por los actos terroristas de grupos armados ilegales, como también el fortalecimiento de la soberanía del Estado, siendo el enfrentamiento de los grupos amados un compromiso claro (Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010).

Un hecho diciente de este cambio de perspectiva fue el aumento de los ataques contra las FARC realizándose 4.623 acciones bélicas del 2002 al 2009 (CINEP, 2010). Por otro lado, el pie de fuerza de las Fuerzas Militares aumento del 2002 al 2009, pasando de 313.361 miembros en el 2002 a 437.548 en 2009 (CINEP, 2010).

Para el segundo periodo de gobierno, se impuso la política de consolidación de la Seguridad Democrática. Durante este periodo aumento la presencia de fuerza pública en todos los municipios del país, pues en el 2002 al menos 168 del total de municipios estaban desprovistos de estaciones de policías y para el 2010 cada municipio tenía al menos Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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una. (Ministerio de Defensa, 2010). Todos estos hechos estructuraron una política de ataque frontal contra los grupos al margen de la ley que cambiaría totalmente la visión del gobierno sobre el conflicto que se desarrollaba en el país.

Es por ello que la Ciencia Política, representada en los diferentes programas académicos e institutos de investigación, empieza a generar trabajos, estudios y análisis por la política que duraría más de 8 años. La pregunta que subyace a dicho planteamiento y que estructura el presente documento es de qué manera los años de la seguridad democrática fueron abordados por la Ciencia Política.

Por lo mismo, lo que quiere este texto es demostrar que Ciencia Política abordó el fenómeno político en contravía con el curso de los hechos, de tal manera que mientras la política de Seguridad Democrática propugnaba por un aumento en la ofensiva militar, la visión desde la Ciencia Política se concentraba en la manera de llegar a unos diálogos de paz o una salida concertada al conflicto.

Metodología Planteado el tema y motivaciones del presente texto debe ponerse de manifiesto que la metodología escogida será el estudio de caso. Para Yin (2009) el estudio de caso tiene tres características esenciales: el hecho estudiado no está claramente diferenciado del contexto en el que nace, se utilizan múltiples fuentes para alimentar el estudio y su principal característica es que estudia un hecho en específico no de manera excluyente sino, más bien, teniendo en cuenta el contexto en el que este nace. En ese sentido, el caso de análisis escogido es el periodo de la “Seguridad Democrática” como se dijo anteriormente. Se escoge esta temporalidad por dos razones: primero, representa los dos periodos de gobierno más preponderantes en materia política en Colombia, no sólo por su duración, sino también por la importancia de sus políticas en materia de seguridad y defensa. Una segunda razón tiene que ver con la relación de este periodo con las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, cuyo proceso ha sido ejecutado por el otrora ministro de defensa de Álvaro Uribe y hoy presidente, Juan Manuel Santos.

El estudio de caso se alimenta directamente de una revisión de artículos académicos en cuatro revistas de Ciencia Política reconocidas por Publindex: Análisis Político, Colombia Internacional, Papel Político y Estudios Políticos. La búsqueda se realizó 102

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siguiendo los criterios establecidos frente a los temas de seguridad y, en general, de gobierno de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La presentación de resultados se hará mediante cinco tablas informativas presentadas a continuación.

Tabla 1.

Artículos encontrados respecto de la revista en los que se publicaron, los autores y el año de publicación

Revista

Nombre del artículo

Autores

Año

La Tabla 1 tiene como objetivo mostrar los artículos encontrados teniendo en cuenta la revista en la cual fue encontrado, el autor o autores del mismo y el año de publicación. Se adopta esta manera de mostrar de manera primigenia los datos pues contribuye a realizar una investigación de manera más transparente para con los resultados y, además, resulta oportuna en cuanto a presentación inicial de los hallazgos. La misma función tiene la Tabla 2 en la cual simplemente se ponen de manifiesto la cantidad de artículos respecto de las revistas revisadas.

Tabla 2.

Número de artículos encontrados por revista

Revista

Número de artículos encontrados

La característica esencial de las dos primeras tablas propuestas es que son de carácter netamente descriptivo. En ellas no se profundiza aún con respecto al contenido de los artículos y mucho menos cómo estos abordan el fenómeno escogido. La tabla 3, por el contrario, si entra directamente a indagar sobre los contenidos específicos que tienen los artículos respecto a su revisión.

Tabla 3.

Número de artículos por tema propuesto

Revista

Conflicto Armado

Seguridad ciudadana

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Relaciones Internacionales

Relaciones Ejecutivolegislativo

Economía

Otro

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La Tabla 3 adquiere preponderancia en cuanto está diseñada para mostrar los temas centrales que la academia estudio respecto al Gobierno de Álvaro Uribe, bajo la creencia inicial que la Seguridad Democrática, como la misma política reconoce, va más allá de la ofensiva contra las FARC (República de Colombia, 2003). Además de ello también se logra dilucidar los temas relacionados que no se encuentran en la política como son el tema de las relaciones ejecutivo-legislativo y las relaciones internacionales. La tabla 4 analiza con más profundidad los artículos encontrados y detalla qué metodología usa para abordar el fenómeno escogido.

Tabla 4.

Número de artículos por metodología usada

Revista

Metodología comparada

Estudio de caso

Método histórico

Método Estadístico

Revisión documental

Otro

La razón de ser de esta tabla es indagar por el cómo dichos artículos abordan la temática propuesta y bajo que parámetros metodológicos. Desde esa panorámica el análisis es mucho más general e incluyente en la medida que también analiza las cuestiones técnicas y de escritura de los artículos en sí mismos. Finalmente, la tabla 5 muestra la manera en que los artículos toman y manejan el tema dado por lo que se indaga por el manejo neutral del tema o se apoya o critica una posición determinada.

Tabla 5.

Número de artículos por manejo del tema propuesto

Revista

Manejo Neutral

Crítica

Apoyo

Esta última tabla resulta esencial pues es el resultado del análisis riguroso de los artículos en búsqueda de adjetivos específicos del o los autores hacia el tema tratado y de posiciones personales expresados en ellos en términos de críticas o apoyos. En ese sentido, para profundizar la hipótesis planteada se reconoce el concepto de artículos de orden “neutral” como aquellos que se limitan a describir el fenómeno sin proponer o tomar una posición en orden al contenido tópico del artículo. La variable “crítica” hace referencia 104

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a una posición negativa frente a lo planteado por la Seguridad Democrática y “apoyo” indica una posición de aceptación respecto de los temas tratados.

Resultados A continuación se presentan las tablas ya descritas con los datos y hallazgos encontrados dentro del proceso de investigación. La tabla 1 muestra los artículos encontrados para las revistas Colombia Internacional, Análisis Político, Estudios Políticos y Papel Político.

En esta primera tabla pueden destacarse que la mayor cantidad de artículos sobre el tema se encuentran en las revistas de Análisis Político y de Colombia Internacional, dos de las más antiguas dentro de la academia colombiana. Este hecho queda confirmado en la Tabla 2 y en la Gráfica 1. Otra particularidad que puede verse dentro de los artículos encontrados es el número de artículos escritos por autores extranjeros que, sobretodo, se concentran en la revista Colombia Internacional. Este hecho, sumado a las cantidades totales ya expuestas, deja de manifiesto la tendencia de las revistas analizadas respecto al cómo se trata el tema y a qué autores corresponde dicho análisis.

2

Tabla 1.

Artículos, autores y fecha de publicación por revista

Papel Político (1)

Revista

Nombre del artículo Transformaciones Internas de las FARC a partir de los cambios políticos por los que atraviesa el Estado colombiano El problema mundial de las drogas ilícitas: su efecto positivo en el crecimiento colombiano El desplazamiento forzado de colombianos hacia Venezuela en el contexto de las prioridades de Estados Unidos a la Región Andina El desplazamiento forzado de colombianos y su impacto sobre la frontera colombo-ecuatoriana en el contexto del Plan Colombia: El caso de Sucumbíos Las Elecciones Presidenciales de 2002 en Colombia: un esfuerzo explicativo

Autores Aurora Moreno Torres

Año Jul 2007

Camila Pardo

Dic 2005

Consuelo Ahumada

Dic 2005

Consuelo Ahumada y Álvaro Moreno

Dic 2003

Rodrigo Losada, Fernando Giraldo y Patricia Muñoz

Dic 2003

2 La enumeración de las tablas repite ordén, ya que se corresponden la una con la otras.

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Estudios políticos (4)

Colombia Internacional (3)

Análisis Político (2)

Revista

Nombre del artículo Una visión de la seguridad en Colombia

Autores Francisco Leal Buitrago Hacia una definición de experiencia civil de Mauricio Hernandez construcción de paz en Colombia.

Perez La política de consolidación de la seguridad Adolfo León Atehordemocrática: balance 2006-2008 túa y Diana Marcela Rojas La política de seguridad democrática: 2002-2005 Francisco Leal Buitrago Conducta de la guerrilla durante el gobierno Camilo Echandia Uribe Vélez: de las lógicas de control territorial a Castilla y Eduardo las lógicas de control estratégico Bechara Gómez Proceso inconcluso, verdades a medias: para un Fernando Cubides balance de las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares La seguridad durante el primer año del gobierno Francisco Leal de Álvaro Uribe Vélez Buitrago La seguridad: difícil de abordar con democracia Francisco Leal Buitrago En busca de aliados para la "Seguridad DemoArlene B. Tickner y crática" La política exterior del primer año de la Rodrigo Pardo administración Uribe La securitizacion de la crisis colombiana: bases Arlene B. Tickner conceptuales y tendencias generales La estrategia Uribe de negociación del TLC Jorge Reinel Pulecio ¿Sobrevivirá la coalición de Uribe?

Año Sept-Dic. 2011 Sept-Dic. 2011 Mayo-Agosto 2009 Mayo-Agosto 2006 Mayo-Agosto 2006 Mayo-Agosto 2006 Enero-Abril 2004 Mayo-Agosto 2002 Sept. 2002 Junio 2003 2006 Enero-Junio 2005 Jul-Dic 2006

Santiago Olivella y Cristina Vélez Efectos de la regionalización de la política de María Camila López Enero-Junio seguridad democrática para el desplazamiento en Rojas de 2007 las fronteras de Colombia El espectáculo político del acuerdo humanitaManolo Constain y Jul-Dic 2004 rio y la mediación de Hugo Chávez durante el Vladimir Rouvinski segundo mandato de Álvaro Uribe “Guerra civil continuada por otros medios”: Paul Anthony Enero-Junio dimensiones normativas e ideológicas del cono- Chambers 2013 cimiento científico- social e histórico en torno al conflicto armado colombiano La política internacional de Estados Unidos y la William Restrepo Jul-Dic 2004 internacionalización del conflicto colombiano Riaza

Fuente: elaboración propia.

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Tabla 2.

Número de artículos encontrados por revista

Revista Papel Político (1) Análisis Político (2) Colombia Internacional (3) Estudios Políticos (4)

Número de artículos encontrados 5 8 6 2

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 1.

Número de artículos por revista

Fuente: elaboración propia.

Dada esta primera parte descriptiva de los resultados, se pueden sacar varias cuestiones iniciales. Primero, en las revistas seleccionadas se encontraron varios artículos sobre el tema, lo que pone de manifiesto la importancia del periodo dentro del ambiente académico y dentro de la construcción científica de dichos artículos.

Segundo, no es un tema que sea tratado exclusivamente por nacionales dado que varios extranjeros determinan relevante el caso escogido. Finalmente, como tercera cuestión, queda en evidencia la preponderancia de las revistas Colombia Internacional y Análisis Político dentro del estudio del fenómeno político dada la cantidad de artículos que presentan sobre el tema.

En consonancia a todo lo anterior, y trascendiendo el análisis meramente descriptivo, la Tabla 3 muestra el número de artículos clasificados por el tema del cual tratan.

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Carlos Andrés Ramírez González y Andrea Stefanía Jerez Cantor

Tabla 3.

Número de artículos por tema

1

Estudios Políticos (d)

Relaciones Economía Ejecutivolegislativo

1

1

4

1

Otro

2 (elecciones presidenciales) 3 (seguridad y democracia) 1 (construcción de paz ) 1 (negociaciones de paz)

3

Colombia Internacional (c)

Análisis Político (b)

Papel Político (a)

Revista Conflicto Seguridad Relaciones Armado ciudadana Internacionales

1

1 (acuerdo humanitario y seguridad democrática)

1

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2.

Número de artículos clasificados por tema

Fuente: elaboración propia.

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La tabla 3 junto con la gráfica 2 clarifica la cuestión temática dentro de los artículos encontrados. La primera información que puede observarse de dicha tabla es la clara preponderancia de los artículos en la categoría “otros” respecto a los diálogos de paz, las negociaciones de paz, la construcción de paz y los acuerdos humanitarios. Este hecho, visto a la luz de lo planteado al principio de este artículo, plantea una clara tendencia de los artículos en lo referente a la díada conflicto-paz y fin negociado-eliminación física de los grupos armados ilegales.

Otro tema preponderante dentro del análisis temático es la considerable cantidad de artículos que observan la cuestión de las Relaciones Internacionales dentro del gobierno de Álvaro Uribe y dentro de la política de Seguridad Democrático. Este hecho evidencia la importante dimensión internacional en el tema del conflicto armado, la lucha contra las drogas y la política exterior demarcada por el gobierno nacional.

Transversalmente a lo dicho anteriormente, se evidencia que el tema clave dentro de la revisión es la cuestión relacionada con el conflicto armado que durante 50 años ha afectado al país en materia política, social y económica. No sorprende este hecho debido a que, como se dijo, la Seguridad Democrática aumentó drásticamente el pie de fuerza y las operaciones militares en el territorio nacional.

Dicho lo anterior, la Tabla 4 muestra el número de artículos encontrado en función a la metodología que se usa para analizar el fenómeno político en cuestión.

Junto con la gráfica 3, la tabla 4 muestra dos cuestiones concluyentes respecto a la metodología usada por los autores en la realización de los artículos encontrados. El estudio de caso y el método histórico son el tipo de metodologías predominantes dentro del análisis del hecho político escogido, lo que claramente determina, por un lado, la importancia del contexto en el periodo de tiempo y, por otro lado, la necesidad de utilizar variables históricas para analizar el tiempo y los procesos presentes.

La segunda conclusión que puede darse es lo llamativo que resulta que métodos como la metodología de orden comparado y el método estadístico no estén representados o ejecutados en ningún artículo. El método comparado y el método estadístico han sido considerados como centrales dentro de la Ciencia Política (Ángel Baquero y Barrero Escobar, 2013) y, sin embargo, se encuentra ausentes en los artículos encontrados, anotando que las revistas son clasificadas como de Ciencia Política por Publindex.

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Carlos Andrés Ramírez González y Andrea Stefanía Jerez Cantor

Tabla 4.

Número de artículos por metodología usada

Metodología comparada

Estudios Colombia Análisis Políticos Internacional Político (d) (c) (b)

Papel Político (a)

Revista

Estudio de caso

Método histórico

Método Estadístico

Revisión documental

Otro

5 5

3

6

1

1

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 3.

Número de artículos por metodología usada

Fuente: elaboración propia.

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Finalmente, la tabla 5 muestra el número de artículos clasificados por su abordaje neutral o por hacer críticas o estar a favor de ciertas ideas o decisiones respecto del fenómeno político específico.

Lo que muestra la tabla 5 y la gráfica 4 se puede resumir en dos argumentos. Primero, sería evidente decir que por el carácter científico propio de los artículos, estos tienen una clara tendencia a manejar de manera neutral los temas e información plasmados en sus artículos. Esta afirmación resulta evidente dentro de la información propuesta, pero no resulta en una afirmación totalmente concluyente debido a la cantidad de artículos clasificados como críticas a ciertos temas o al general del proceso político Tabla 5.

Número de artículos según orientación

Revista Papel Político (a) Análisis Político (b) Colombia Internacional (c) Estudios Políticos (d)

Manejo Neutral 5 2 3 2

Crítica

Apoyo

6 3

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4.

Número de artículos por orientación hacia el tema

Fuente: elaboración propia.

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La segunda conclusión, por ende, son los artículos clasificados como “críticas” puestos allí por mostrar un posición determinada del autor o por el uso de adjetivos determinados dentro de las dos revistas más antiguas y de más publicaciones dentro de la revisión: Colombia Internacional y Análisis Político. Esta evidencia va en contra, como se dijo, del carácter netamente neutral que se esperaría de publicaciones académicas. Los artículos científicos también muestran tener posiciones de orden político. Además, muestra que el entendimiento del hecho político no sólo se limita al análisis sino también a la promulgación de determinadas posturas argumentadas y de diferentes posiciones frente a dicho fenómeno. Puede decirse, por tanto, que mientras el gobierno aumentaba su accionar militar, la academia formuló algunas críticas específicas a dicho hecho. La variable de “manejo neutral”, además, muestra una coexistencia entre las posiciones de los autores y un intento de simplemente mostrar los hechos sin dar una interpretación o posición determinada como se adujo en la conceptualización inicial de este texto.

Análisis de resultados: una mirada desde la literatura A partir de la evidencia mostrada anteriormente, se hace necesario un paneo de literatura teniendo siempre en cuenta las conclusiones que anteriormente se presentaron. Como se planteó inicialmente en el presente texto existe una relación problemática entre el desarrollo de la Ciencia Política y el estudio de los fenómenos políticos acontecidos dentro de un contexto social determinado.

En general, se ha formulado la cuestión referente a que el mismo hecho de generar conocimiento de lo político es en sí mismo un hecho político (Ravecca, 2010). En ese sentido, Rueschemeyer (2006) también aduce al hecho de que la importancia de las ideas que se plasman dentro de artículos de investigación crean e inducen a crear posiciones o generar escenarios de pensamiento colectivo.

Básicamente, la producción académica no está en función exclusiva de la ciencia, sino, también, de la sociedad en cuanto representa otra de las dimensiones del entramado político. Por lo mismo, se podría decir con base en la evidencia mostrada que la Seguridad Democrática, y en general el Gobierno de Álvaro Uribe, se convierte en un hecho relevante por dos razones. Primero, siguiendo a Rueschemeyer, por el hecho de 112

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figurar en cuatro de las revistas mejor calificadas en Publindex, el tema se convierte en socialmente relevante y crea un entramado ideológico dirigido a generar más conocimiento y establecer posiciones en cuanto a un fenómeno político. La segunda razón, siguiendo a Ravecca, es que el hecho de escribir sobre el tema determinado genera un hecho político en sí mismo, lo que hace más relevante aún la tabla correspondiente a la orientación seguida en los artículos.

Esta relación que puede establecerse entre la Ciencia Política y el contexto político incluso va más allá de la relación estudiante-estudiado. Barrientos del Monte (2013) en ese sentido, argumenta que en muchos casos el desarrollo de la Ciencia Política en América Latina se ve directamente influenciado por el tipo de gobierno en el cual tenga su aplicación. En varios países, por ejemplo, el tema del autoritarismo es clave para entender el desarrollo de la disciplina a nivel local. En Colombia, en términos generales, se ha identificado al conflicto armado como el gran tema estructurador de la Ciencia Política (Murillo Castaño y Ungar, 1999) y de varias Ciencias Sociales.

La anterior afirmación se ve reforzada, al menos, durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez dada la revisión temática de los artículos de investigación.

Como se vio, las cuestiones del conflicto armado y de las negociaciones de paz son preponderantes dentro de la temática de la evidencia presentada. En ese sentido, se puede encontrar un argumento más para consolidar al conflicto armado como uno de los procesos políticos que más ha impactado dentro del desarrollo disciplinar de la Ciencia Política.

Ahora bien, desde el punto de vista de la metodología debe ampliarse el argumento referente a la existencia o no de un método propio o específico dentro de la Ciencia Política. Munck (2007) realiza un estudio a profundidad de las agendas de investigación en materia de Política Comparada en toda la región dejando de manifiesto que temas como los partidos políticos y las instituciones democráticas son las más estudiadas a la luz de esta metodología. Sin embargo, otro punto interesante del artículo es el reconocimiento de la Política Comparada como un método específico de la Ciencia Política.

Frente a esta postura Angel y Barrero (2013) demuestran que no es posible identificar una metodología como propia de la Ciencia Política puesto que dentro de ella se ha condensado un crisol interdisciplinar en materia metodológica.

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A la luz de los datos encontrados, al menos en el caso escogido, se puede apreciar que ninguno de los artículos encontrados usó el método comparado para desarrollar la investigación. No compete a este artículo preguntarse por qué en dichos artículos no se utiliza el método comparado, pero sí puede decirse que el hecho de que predomine el estudio de caso y la metodología histórica da luces de cómo los procesos políticos son abordados por la Ciencia Política.

A partir de lo anterior y retomando lo dicho en un principio, tal vez la cuestión central de la evidencia presentada es la orientación encontrada en los artículos y los temas de los cuales se habla. Al menos de manera teórica, los grandes cambios sucedidos en la Ciencia Política durante el siglo XX lograron despojarla de su parcialidad, de la inferencia del autor en los datos y generó una ciencia en todo lo que esta categoría implica (Harto de Vera, 2005), (Olivella, 2007). Sin embargo, como se pudo apreciar en la revisión de los artículos gran parte de ellos se catalogaron como de manejo neutral, pero otro gran porcentaje se catalogó como crítica directa al fenómeno de orden político. Algunos artículos, ya fuera por alguna frase en específico o por el uso de adjetivos específicos, se salieron del parámetro científico citado y mostraron y defendieron una postura determinada.

Finalmente, debe decirse que como se aclaró la seguridad democrática fue caracterizada por un aumento en el pie de fuerza y en las acciones armadas, simultáneamente los artículos encontrados hacían una apología a la salida concertada del conflicto y a las negociaciones de paz, por lo que se puede decir que mientras el contexto político tenía una trayectoria definida, la Ciencia Política plasmada en los artículos científicos iba en contra del curso de los hechos realizando acercamientos alternativos y encaminados, muchas veces, a contradecir o criticar las políticas de gobierno.

Conclusiones El periodo comprendido entre 2003 y 2010 estuvo caracterizado por el aumento en el pie de fuerza dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia con la clara necesidad de subsanar definitivamente el problema de la insurgencia representada por grupos como las FARC o el ELN. Este periodo fue dirigido por el electo presidente Álvaro Uribe Vélez que imprimió un cambio enorme dentro del quehacer político, tanto así que su gobierno logró la aprobación de la reelección inmediata de la cual fue beneficiario.

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Después de realizar la búsqueda y sistematización de los artículos encontrados en las revistas Colombia Internacional, Análisis Político, Estudios Políticos y Papel Político se pueden generar varias conclusiones: primera, no sólo los autores colombianos abordan los procesos políticos del país. Segunda, las revistas más antiguas en la tradición académica en Colombia también fueron las más interesadas en publicar artículos referentes al proceso político escogido. Tercera, en materia temática predominaron los temas de conflicto armado, relaciones internacionales y de negociaciones de paz y salida concertada al conflicto armado.

Cuarto, una revisión de las metodologías usadas evidenció la inclinación a abordar el tema mediante el estudio de caso o mediante la metodología histórica, dejando de lado la metodología comparada y, quinta, si bien la mayoría de artículos tuvieron un manejo neutral de la temática, también una buena proporción de ellos generaron críticas a las políticas impulsadas por Álvaro Uribe sobretodo en términos de la seguridad democrática.

A partir de lo anterior, se parte del supuesto de que la creación de conocimiento sobre lo político genera ideas y hechos también políticos para decir que los artículos encontrados, de manera clara, generan y tienen posturas de orden político frente al fenómeno. En este caso, varios artículos generan críticas hacia la política de seguridad democrática, en específico, y hacia el gobierno de Álvaro Uribe en general.

Si a lo anterior se le suma el hecho de que además varios artículos realizan alusiones a la salida negociada del conflicto y a una paz generada de manera consensuada, se puede decir que, en realidad, la academia sí tuvo una particular aprehensión del hecho político en orden a analizarlo. Esta particularidad, como se vio con el análisis desde la literatura, va en contra de la visión clásica de la ciencia, pero muy en consonancia con nuevos análisis y teorías respecto de la forma como la Ciencia Política adopta, estudia y aborda un determinado proceso político.

A partir de todo lo anterior, se puede decir que la hipótesis resulta cierta en cuanto el contexto político de la época no está identificado o se desarrolla de la misma manera dentro de la academia, específicamente dentro de la Ciencia Política. En pocas palabras, la Ciencia Política abordó el fenómeno político en contravía con el curso de los hechos y mientras se aumentaba la ofensiva militar, los artículos académicos proponían salidas pacíficas del conflicto y, algo agregado a esta gran conclusión, que incluso se generaron críticas a cómo dichas políticas se ejecutaron.

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Carlos Andrés Ramírez González y Andrea Stefanía Jerez Cantor

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Políticas públicas de seguridad en Medellín: lecturas del problema de in-seguridad desde el enfoque de la seguridad humana Natalia Andrea Cardona Berrio* (natalia.crdn@gmail.com)

Carolina Sánchez Henao** (carosan-21@hotmail.com)

Articulo de reflexion recibido el 27/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo: CARDONA BERRIO, Natalia Andrea y Carolina Sánchez Henao (2014). “Políticas públicas de seguridad en Medellín: lecturas del problema de in-seguridad desde el enfoque de la seguridad humana”. En: Trans-pasando Fronteras, núm. 6, pp. 119138. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen

En el artículo, se presenta la propuesta interpretativa y los principales hallazgos de la investigación: Análisis de las políticas públicas de seguridad implementadas por la administración municipal de Medellín, 2012-2013. Se empieza ubicando la propuesta de análisis desde la seguridad humana desde abajo, que permite destacar las interpretaciones que frente al problema público de la inseguridad en Medellín tienen sus comunidades y sus percepciones acerca de las políticas que el gobierno local implementa en esta materia. Posteriormente, se presentan los hallazgos más importantes de la investigación desde tres ideas centrales: el sesgo conceptual por parte de la administración municipal frente al concepto de la seguri* Politóloga, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Teorías, métodos y técnicas de Investigación Social. Investigadora del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y de la Personería de Medellín. ** Politóloga, Universidad de Antioquia. Investigadora del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín y de la Personería de Medellín.

Natalia Andrea Cardona Berrio y Carolina Sánchez Henao

dad humana, la cual expone un discurso transversalizado por este enfoque y en la práctica transita del enfoque humano al enfoque restringido de la seguridad; la divergencia en la definición del problema de la inseguridad en la ciudad de Medellín por parte de las comunidades y la administración municipal; y las consecuencias de asumir un enfoque restringido para comprender y actuar frente al problema de seguridad. Finalmente, a partir de los hallazgos realizados, se presentan unas recomendaciones generales que permitan intervenir de manera más acertada los problemas de inseguridad en la ciudad.

Palabras clave: Políticas públicas, Seguridad, seguridad humana, problema de inseguridad.

Introducción La presente ponencia contiene la propuesta interpretativa y los principales hallazgos de la investigación Análisis de las políticas públicas de seguridad implementadas por la administración municipal de Medellín, 2012-2013. En primer lugar, se presenta la propuesta de análisis desde la seguridad humana desde abajo, que permite destacar las interpretaciones que frente al problema público de la seguridad en Medellín tienen sus comunidades y sus percepciones acerca de las políticas que el gobierno local implementa en esta materia. En segundo lugar, se presentan los hallazgos más importantes de la investigación desde tres ideas centrales: primero, el sesgo conceptual por parte de la administración municipal frente al concepto de la seguridad humana, toda vez que expone un discurso transversalizado por este enfoque y en la práctica se da un tránsito del enfoque humano al enfoque restringido de la seguridad, que propende por salidas represivas y militaristas, centradas en el aumento del pie de fuerza y la dotación técnica y tecnológica de la policía. Segundo, la divergencia en la definición del problema de la seguridad en la ciudad de Medellín por parte de las comunidades y la administración municipal. Y tercero, tiene que ver con las consecuencias de asumir un enfoque restringido para comprender y actuar frente al problema de seguridad. Finalmente, a partir de los hallazgos realizados, se presentan unas recomendaciones generales que permitan intervenir de manera más acertada los problemas de inseguridad en la ciudad. ¿Desde dónde nos ubicamos?

El enfoque de la seguridad humana desde abajo es la propuesta interpretativa bajo la cual se orientó la investigación. Este enfoque destaca las distintas interpretaciones, vivencias 120

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subjetivas, y percepciones que tienen las comunidades en la ciudad de Medellín1 frente al problema público de la seguridad en la ciudad y acerca de las políticas que el gobierno local implementa en esta materia.

Desde la apuesta de la investigación: Nos colocamos deliberadamente del lado de los sectores más vulnerables y vulnerados de la ciudad, aquellos que experimentan la inseguridad de manera cotidiana y que en momentos de crisis son objeto también de las respuestas coercitivas que el Estado implementa para responder a las continuas demandas por reducir los índices más visibles de la inseguridad (OSHM, 2010:12)

A partir de este enfoque se pretende lograr una comprensión mejor de la política de seguridad en Medellín, no solamente desde la mirada oficial que brinda las autoridades gubernamentales de la ciudad, sino también desde la interpretación de los líderes y lideresas. Al analizar ambas aristas se pretende reconocer las distintas interpretaciones sobre la inseguridad en Medellín y se logra evidenciar para qué tipo de necesidades, amenazas o problemas se están creando estrategias de seguridad en la ciudad.

Del discurso a la práctica, tránsito del enfoque humano al enfoque restringido En la época posterior a la Guerra Fría, se evidenció en la comunidad internacional un giro en la mirada en el tema de seguridad, en el cual los Estados ya no eran el centro en este tema; ¿Seguridad para quién? Es la pregunta fundamental que hay detrás de este giro, con la propuesta de seguridad humana, como su nombre lo presupone se trata de pensar precisamente en la seguridad para las personas, la cual es una de las tareas esenciales del Estado. En el caso de la ciudad de Medellín, específicamente en la administración municipal 2012-2015, se asume un enfoque de desarrollo humano integral y con este se compromete con un enfoque de seguridad amplio e integral que de acuerdo con el nombre de su plan de desarrollo y lema “Medellín un hogar para la vida”, estaría centrado en las personas, en proteger la vida de quienes habitan la ciudad.

1 Se indaga esta percepción con líderes y lideresas comunitarias de la ciudad de Medellín, específicamente de la comuna 8 y 13, durante el periodo 2012-2013.

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El plan de desarrollo “Medellín un Hogar para la Vida”, se construyó bajo dos principios fundamentales que tienen que ver con la Vida y la Equidad, sosteniendo la transversalidad de ambos componentes en relación con todo el plan. La apuesta de la administración municipal con el tema de la vida, está direccionada a “prevenir afectaciones a la población mediante el control de situaciones que atentan contra la vida y la seguridad humana” (Alcaldía de Medellín, 2012: 60).

En este sentido, si se consideran los planes de desarrollo como el marco general y jerárquico de las políticas públicas, se podría afirmar que los temas incluidos en la construcción de los planes de desarrollo son posteriormente traducidos en políticas públicas (Cuervo, 2007), –por lo menos la gran mayoría de estos–, y por lo tanto como consecuencia de la inclusión de la necesidad de prevenir afectaciones a la seguridad humana en el plan de desarrollo “Medellín, un hogar para la vida”, se podría esperar que las lecturas, decisiones y acciones de la actual administración en lo referente a política pública de seguridad, estén guiadas por un enfoque de seguridad humana o si no se desea ser tan explícitos, por lo menos por un enfoque de seguridad integral en consecuencia con lo planteado por el objetivo de la línea 1 del plan de desarrollo que es guía en materia de seguridad y se denomina: Ciudad que respeta, valora y protege la vida: 2

Garantizar a la población los derechos humanos fundamentales de seguridad y convivencia, salud, cultura, recreación y deporte, soportados en la familia como formador primario del ser humano, y con la participación y corresponsabilidad intersectorial, para que Medellín sea una ciudad segura que respeta, protege y disfruta la vida como valor supremo (Alcaldía de Medellín, 2012: 63)

Este objetivo y los principios de vida y equidad mencionados anteriormente, permitirían afirmar que las políticas públicas desarrolladas por la administración de Aníbal Gaviria, especialmente las referidas al tema de seguridad están relacionadas con un enfoque de seguridad humana; sin embargo, si se analizan las actuaciones de la administración municipal y las características esenciales de la seguridad humana: ser una preocupación 2 122

Con la ley 152 de 1994 se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

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Políticas públicas de seguridad en Medellín: lecturas del problema de in-seguridad desde el enfoque de la seguridad humana

universal3, tener componentes interdependientes4, propender por la prevención más que por la reacción posterior y centrarse en el ser humano (Magaña Hernández, 2009:132), se encontrará la adopción de un enfoque restringido y tradicional de la seguridad, evidenciado en los siguientes aspectos: 1. Las problemáticas priorizadas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia –PISC–5 y las Estrategias adoptadas en dicho plan se centraron en problemáticas relacionadas con la criminalidad y las violencias como la interpersonal o intrafamiliar, atendiendo sólo las amenazas o afectaciones a la seguridad personal, dejando a un lado las demás afectaciones a las personas que surgen en la ciudad y que vulneran e impiden el pleno disfrute de sus derechos humanos.

Durante el periodo analizado en el presente proyecto de investigación (2012-2013), una de las medidas del gobierno local más notorias y transmitidas es la inversión que se ha hecho en dotación a la fuerza pública para el cumplimiento de su labor legal y constitucional con una mayor efectividad. Desde el incremento en pie de fuerza, hasta la compra de vehículos dotados de tecnología7; la administración 6

3 Se entiende como preocupación universal la conciencia de “hay muchas amenazas que son comunes a todas las personas sin importar el nivel de desarrollo de sus países; tal es el caso del desempleo, el crimen, la contaminación, la violación de los derechos humanos, etcétera”. (Magaña Hernández, 2009:132).

4 Zagaña Hernández (2009), asume esta interdependencia como el que las afectaciones a la seguridad humana en un país tienen efectos en otros países, lo cual es muy viable. No obstante, hay otras interpretaciones a la característica de interdependencia y tienen que ver, con que la afectación a una de las dimensiones de la seguridad humana (económica, política, comunitaria, ambiental, en salud, personal y económica) afectada a su vez, varias o todas las demás dimensiones.

5 Afianzamiento y Sostenibilidad en el Tiempo de las Estructuras Criminales, Persistencia en la Ciudad de la Violencia Criminal; Rentas Criminales (Extorsión y Narcotráfico; Homicidio; Continuo Uso de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por las Estructuras Criminales para la Comisión de Delitos; Desplazamiento Forzado; Hurtos; Violencia Interpersonal y Cotidiana; Violencia Intrafamiliar; Pérdida de Legitimidad de las Instituciones del Estado y de la Fuerza Pública.

6 Estrategia para el desmantelamiento y reducción de estructuras criminales y violencia criminal; Estrategia para la prevención del desplazamiento forzado, y el continuo uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de las estructuras criminales para la comisión de delitos; Estrategia para la atención y prevención de la violencia espontánea; Estrategia para la reducción del hurto a personas y el hurto de automotores; Estrategia de comunicación pública para el mejoramiento de la percepción de seguridad y divulgación de la gestión de las instituciones dentro del PISC. 7 Un ejemplo de ello es el aumento de 2000 policías entre 2013 y 2014, la meta de pasar de 170 a 500 cuadrantes, según declaración del, entonces, vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, Luis Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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municipal le ha apostado al fortalecimiento de la fuerza pública para combatir las estructuras criminales. En los territorios más vulnerables a la violencia criminal los incrementos han sido notables, incluso hasta llegar al punto de la densidad policiva excesiva, creando ambientes tensos, coercitivos y estigmatizantes.

2. El último argumento que ejemplifica la aplicación de un enfoque restringido en la administración municipal, se relaciona con los actores responsables de garantizar la seguridad en la ciudad, función que está en cabeza de la Secretaría de Seguridad, creada mediante Decreto 0495 de 2012, en el marco de la reestructuración municipal.

La Secretaría de Seguridad trabaja en coordinación con otras dependencias del municipio de Medellín y entidades del orden nacional como el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Rama Judicial, el Ministerio Público, entre otros. Y cabe resaltar que en la formulación de la política pública de seguridad y convivencia participan actores de diversos sectores (educativos, económicos, sociales, fuerza pública, académicos, etc.) lo cual posibilitaría un enfoque integral; sin embargo, al hacer seguimiento a medios de comunicación impresos y consultar a líderes comunitarios en torno a las estrategias de seguridad implementadas hasta el día de hoy por la actual administración municipal, se encuentra una tendencia muy marcada a que la mayoría de estas acciones están en manos de organismos de justicia y policiales, lo cual desarrolla un enfoque de seguridad restringido y que no atiende a todas las inseguridades de los ciudadanos.

A manera de síntesis acerca del enfoque de seguridad de la Alcaldía de Medellín (2012-2013), los anteriores tres aspectos, presentan una idea general de por qué se afirma que hubo un tránsito entre el discurso y la práctica en materia de seguridad en la ciudad, especialmente porque no se están aplicando medidas centradas en el conjunto de amenazas a todos sus habitantes, si no solamente en las problemáticas relacionadas con la criminalidad, la violencia y afectaciones la vida, pero descuidando aspectos como el ambiental, el alimentario, el económico, la salud, el político y/o el comunitario.

Fernando Suárez: “manifestó que hoy existen 170 cuadrantes pero que la meta es llegar a los 500 el próximo año.

Agrego que para diciembre se espera la llegada de 1.500 policías y 500 en el mes de marzo” (S.A. “Aumentaron cuadrantes”. En: El Mundo, 28 de agosto de 2013).

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Es decir, que la administración municipal sólo se está centrando en ciertas amenazas a la seguridad, lo cual, según lo explica claramente Pérez de Armiño, se convierte en una manera de vaciar de contenido y aplicación práctica el concepto de seguridad humana: limitarse a la “libertad frente al temor”, es decir, a la protección frente a la violencia física, olvidando la “libertad frente a la necesidad”, o sea, la seguridad que proporciona el desarrollo humano, supone revertir una de las líneas de avance teórico que desembocaron en la gestación del concepto de seguridad humana. (Pérez de Armiño, 2007: 74)

Vaciar de contenido el concepto de seguridad humana y adoptar un enfoque restringido de la seguridad, son asuntos que cuestiona esta investigación, ya que como se verá a continuación genera como consecuencias que existan divergencias entre las concepciones sobre la seguridad de la administración municipal y de las comunidades. Principalmente en relación a las causas de los fenómenos violentos que generan inseguridad en los territorios de la ciudad, según la concepción de las comunidades son fenómenos multicausales, teniendo dentro de sus orígenes, la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades; mientras que por parte de la administración municipal son factores generadores de inseguridad principalmente el narcotráfico y los actores armados; así mismo, las estrategias implementadas para solucionarlos deben estar dirigidas a varios aspectos de la vida social y no sólo ser de tipo militar, es decir, se propende por políticas integrales.

Divergencias y convergencias en cuanto a la construcción del problema de la seguridad en la ciudad de Medellín por parte de las comunidades y la administración municipal En este apartado se pretende identificar cuál ha sido la definición del problema de inseguridad en la política pública de seguridad en Medellín: Los problemas de políticas públicas no son datos a priori, sino resultados de definiciones. Si una situación específica o un conjunto de circunstancias constituyen un problema y, por tanto, son un asunto capaz de despertar la preocupación del público, depende no sólo de los hechos sino también de las creencias y los valores. Pocas veces los hechos son claros y, aunque lo fueran, siempre están sujetos a diferentes interpretaciones (Cobb y Elder, 1996: 77).

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El problema de inseguridad en la ciudad de Medellín puede ser definido a través de distintos actores, que desde su concepción y valores pueden interpretar y definir el problema de maneras distintas. Esclarecer cuáles son estas definiciones del problema permite comprender las causas, las representaciones, las consecuencias, los afectados del problema y quiénes son los responsables o causantes de que exista dicho problema. Tener estas claridades es fundamental porque a partir de la definición aceptada, se empiezan a configurar las soluciones al problema. En esta medida, entender las divergencias y convergencias entre las definiciones de los actores institucionales y las comunidades permitirá identificar el grado de consenso que hay en la ciudad sobre el problema de in-seguridad.

El diagnóstico realizado por la administración de Aníbal Gaviria en relación con el tema de la seguridad arroja varias problemáticas principales, la primera problemática es la que más fuerza toma en relación a la ejecución de estrategias de seguridad, tiene que ver con la falta de control efectivo del territorio por parte de las autoridades policiales y judiciales y que se expresa en la: Existencia de diversas modalidades delictivas, que se disputan el territorio buscando el control de rentas tanto legales como ilegales, producto de la extorsión y distintas modalidades de tráfico de drogas y armas, sumado a otras actividades y fenómenos (delitos contra la propiedad, secuestro, extorsión y homicidios), que vulneran el bienestar físico, psicológico y ambiental de la población y la vida en sociedad (Alcaldía de Medellín, 2012: 64).

Por lo discutido hasta acá, el hecho de reducir el problema de inseguridad a la falta de control efectivo del territorio por parte de autoridades policiales o judiciales conduce a propuestas de aumento de pie de fuerza; salidas que han sido protagonistas en la ciudad, no tanto por ser acciones exitosas, sino por insuficientes, en la medida en que muchos casos ha enfrentado a los habitantes a una inseguridad más, a partir de la vulneración de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Por esto se presenta a continuación las distintas definiciones del problema de inseguridad desde la visión de las comunidades, esto permite en varios casos establecer un paralelo –en cuanto a divergencias y convergencias- con respecto a la mirada de la administración municipal.

Por su parte, las comunidades entienden el problema de inseguridad desde un con126

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junto de amenazas que no se ciernen solo sobre la seguridad personal, sino que atraviesa distintas afectaciones a dimensiones de la seguridad humana y que en conjunto revelan la lectura del problema de inseguridad -en las comunas 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier)-: tiene que ver con las amenazas a las personas en el contexto de la planeación municipal, la amenaza ambiental, la falta de empleo y la estigmatización que sufren los habitantes de estos territorios. En relación con la amenaza a la seguridad que genera la planeación de la ciudad en los habitantes de la comuna 8: Uno se sorprende de ver cómo esta misma comunidad ve que le genera inseguridad la planeación desde la administración no teniendo en cuenta a los habitantes. Es que yo pienso que el mayor índice de inseguridad es la planeación desde las instituciones (Lideresa de la comuna 8, Medellín, 2013).

En la comuna 8 existen afectaciones concretas en relación a los megaproyectos que la administración municipal ha pensado para la comuna y que en muchos casos no son discutidos y priorizados por los habitantes de estos espacios. Una de las quejas que expresan es que en muchas ocasiones la implementación de estas estrategias obliga a expulsar personas de sus viviendas, tal como lo denuncia el informe del Observatorio de Seguridad Humana, en el marco de la estrategia de Cinturón Verde Metropolitano se han dado desalojos habitacionales en el barrio Villatina.8 Adicional a eso, el tema de la infraestructura como garantía de condiciones de seguridad es necesario mirarlo en detalle porque la apropiación de estos espacios por parte de la ciudadanía, obliga a concebir una planeación conjunta para conseguir aceptación y aprovechamiento de estos espacios en su ejecución.

En este mismo sentido, es importante mencionar que desde hace varios periodos las administraciones municipales han priorizado la dotación de infraestructuras en sectores con dificultades de seguridad en la ciudad, la cual, si bien es importante y necesaria, no es suficiente para lograr transformaciones reales y de fondo, así lo ven algunos habitantes de la Comuna 13, la cual es considerada como uno de los territorios de la ciudad más intervenidos, no sólo militarmente, sino también en infraestructura social: 8 Observatorio De Seguridad Humana De Medellín (2012). Informe situación de derechos humanos comuna 8. Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2014, disponible en: http://goo.gl/6RFMe3 Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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la administración cree que haciendo más obras, más escaleras eléctricas, más metro-cables, más parque biblioteca la ciudad va a cambiar y no; porque ellos hacen las estructuras más no acompañan esas estructuras de un proceso social, transformador, sino que simplemente hacen la estructura y la dejan ahí y el problema de la estructura está, pero el problema social alrededor de esa estructura continúa y se agudiza incluso en varios casos. (Líder de la Comuna 13, Medellín, 2013).

Otra situación que constituye el problema de inseguridad en la comuna 8 de Medellín tiene que ver con las estrategias de movilidad en la ciudad que perjudican la seguridad ambiental de los habitantes de esta comuna: La movilidad en Medellín es el peor enemigo que puede tener el derecho a un ambiente sano; el tema de meterle movilidad que tranvías, que cables, ¡no!, el tema aquí no es poner a andar mucho carro, mucho tranvía, mucho metro. Es que la gente no se mueva mucho de su territorio, que produzca en su territorio, que no se mueva de su territorio, habilitar ese espacio para ellos y habilitar ese hábitat, eso no se da. Son ideas de las comunidades frente a la planeación de las cosas, pero eso no se escucha (Líder de la comuna 8, Medellín, 2013).

Es importante esta mención que hace el líder comunitario en tanto evidencia que el tema de seguridad en la comuna 8 pasa por pensar en el tema ambiental, en el hábitat y en una planeación acertada por parte de las comunidades y de la administración municipal de estos territorios. Adicionalmente deja entrever las diferencias entre la administración municipal y las comunidades, la primera le apuesta a la movilidad, mientras que los segundos sostienen que es a través de la mejora del hábitat que se logra desarrollo y seguridad en sus comunas.

Dentro de esta definición del problema de in-seguridad son importantes las afirmaciones que permiten concretar las causas del problema, éstas tienen que ver con las situaciones socioeconómicas de los habitantes de la comuna 8 que los lleva a involucrarse en actuaciones delictivas que generen recursos para el sostenimiento de sus familias. Este involucramiento, podría sostenerse que, es forzado en la medida en que no hay condiciones de vida digna que les permita desarrollar su vida sin involucrarse en el conflicto.

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Sí bien es cierto, las precarias condiciones socioeconómicas no son las únicas generadoras de violencia, es decir, esta no es una relación directa e inmodificable de causa efecto, un contexto donde exista pobreza e inequidad, sumado a lógicas delictuales y de presiones sociales por obtener dinero rápidamente, si se convierte en un gran atizador de la violencia e inseguridad.

Adicional a las condiciones de pobreza, exclusión e inequidad, hay otra problemática que está ligada a ésta y es el de la estigmatización sufrida por los habitantes de las Comunas 13 (San Javier) y 8 (Villa Hermosa) en especial por los jóvenes; en este punto coinciden funcionarios públicos y líderes comunitarios. Así lo expresa la promotora de gobierno local de una de estas comuna “la comuna 13 está estigmatizada a nivel nacional e internacional por la guerra, por las muertes, por la violencia, como también por la inequidad” (Sandra María Bedoya, Medellín, 2013) y en este mismo sentido un líder de la comuna 8 menciona: “hablar de la comuna y decir el nombre siquiera o el número, ya es materia de estigma para no ingresar a un trabajo decente, entonces se tienen que adaptar los jóvenes en medio de unas actividades informales que no les revierten un nivel de vida digna”. (Líder de la comuna 8, Medellín, 2013).

Esta estigmatización que sufren los habitantes de esta comuna en distintos espacios, les impide no solo acceder a un empleo sino que afecta asuntos psicológicos, el tener que negar su identidad y lugar de origen afecta situaciones en la seguridad de estas personas, es una necesidad social y personal poder reconocer estos aspectos.

La estigmatización se da tanto al exterior como al interior de la Comuna, algunos de sus líderes consideran que al exterior hay una estigmatización cultural, un señalamiento a nivel local, nacional, e incluso internacional: “[los jóvenes cuentan] que solo con nombrar que son de la 13 se sienten excluidos, hay gente que hasta se cambia de lugar y no está cerquita de ellos, no quieren tener nada que ver con ellos” (Lideresa de la Comuna 13, Medellín, 2013). Al interior de la Comuna, dicha estigmatización se da especialmente hacia los jóvenes por parte de las autoridades policiales: El solo hecho de que los pelaos que cantan hip hop, que visten con sus ropas anchas; el solo hecho de que los estén cogiendo para requisar simplemente por sospecha. Ahí están violando el derecho a un joven a la libre expresión, a cómo se viste él. Aquí hubo un tiempo en que la policía los veía y ahí mismo Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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los requisaba. Creo que ahí es donde más se veía eso: el solo hecho de que un pelao saliera con su pantalón ancho, ya tenía un policía detrás. (Líder de la Comuna 13, Medellín, 2013)

Al momento de dar cuenta de las interpretaciones sobre el problema de inseguridad en la ciudad, es necesario reconocer no solo los hechos problemáticos, sino también los afectados. En esta ponencia se presenta especialmente el caso de la población joven como afectada por esta situación. Desde la administración municipal se consideran poblaciones altamente vulnerables por la violencia en la ciudad, la tasa de homicidios en la población joven en el 2011 fue de 181,8 por cada 100.000 jóvenes “lo que implica que éste es el grupo poblacional donde la ciudad debe focalizar sus esfuerzos en materia de seguridad y convivencia” (Alcaldía de Medellín, 2012: 68).

La definición del problema de inseguridad desde la institucionalidad tiene un acento marcado en los actores causantes del problema de inseguridad y no tanto en los afectados por el problema, por tanto las medidas implementadas por la administración municipal para enfrentar esta inseguridad, concretamente con los jóvenes, van en dos vías (ambas para los causantes del problema) la primera es de tipo reaccionaria y coercitiva, porque está intentado eliminar al enemigo a través del ataque de estructuras criminales, y la segunda es preventiva o disuasiva: los esfuerzos de la administración se han concentrado en mejorar las condiciones de este grupo poblacional, a través de estrategias relacionadas con la atención educativa y psicológica y el apoyo económico a jóvenes que se consideran en alto riesgo de pertenecer a grupos armados ilegales o que ya han iniciado a vincularse a dichos grupos.

Esto a través de programas como “Jóvenes por la vida”. Estas estrategias son muy polémicas, en tanto se consideran un estímulo indirecto para los jóvenes que deciden ingresar a la ilegalidad y a su vez limita la oferta a otros jóvenes no inmersos en el conflicto.

El decir de ellos [los jóvenes] si la alcaldía para que a mí me den un estudio o me reconozca un trabajo tengo que estar metido en un combo, porque eso lo ha demostrado la misma gobernabilidad si vos estas metido en un combo entonces te vamos a apoyar con un estudio entonces casi que obligan a los jóvenes a que estén allá, entonces es la parte más débil los jóvenes (Líder de la Comuna 13, Medellín, 2013).

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Por todo lo dicho hasta acá, las organizaciones sociales apuestan a que el enfoque en el tema de juventud no sea solo para atender los jóvenes en el conflicto, ya que gran cantidad de jóvenes han quedado excluidos de estas políticas y programas que están enfocadas a los victimarios. En esta medida, sostienen que la administración debe trabajar con la juventud que no está inmersa en el conflicto apostándole a sus iniciativas de arte y de cultura. Todo esto permite observar el desencanto por cuenta de los jóvenes de un conflicto que viven en sus territorios y también de la atención y acción del Estado en las comunas enfocada solo en el conflicto y no en las acciones de reivindicación de la vida desde las apuestas de los jóvenes. En este sentido un líder comunitario sostiene: Pregunto a la Administración si seguirá promoviendo una política de muerte o de vida y si la apuesta seguirá siendo la guerra que como jóvenes decimos `no´ porque estamos cansados de seguir poniendo los muertos, y decimos no a la vinculación del conflicto y sus actores llámese como se llame y le decimos `sí´ la música, al teatro, el cine el baile y la ciencia (Mesa de Articulación Juventud, Juan Camilo Hincapié Arboleda. 12/05/2012. Concejo de Medellín, acta 070: 144-145).

En este sentido, las medidas para contrarrestar el problema de inseguridad por parte de los actores gubernamentales en el municipio de Medellín, tiene un acento marcado en los actores causantes del problema de inseguridad y no tanto en los afectados por el problema. Se relega a los afectados por el problema, en términos de no reconocerlos como víctimas o de no realizar acciones contundentes que desde la prevención mejoren sus condiciones como grupos vulnerables ante el conflicto que vive la ciudad.

En síntesis, los problemas de los que parten las políticas públicas de seguridad en la ciudad de Medellín, desconocen una realidad evidenciada por los sectores que sufren a diario la situación de inseguridad. Existen distintos tipos de afectaciones a la seguridad humana de los habitantes, y que para ellos es reconocido como inseguridad en Medellín, es decir resulta ser el problema que resaltan las comunidades y que al parecer no es el que buscan atacar las políticas públicas de seguridad en la ciudad de Medellín.

Por tanto, no partir de una definición común, entre los afectados por el problema de inseguridad y los tomadores de decisiones conlleva a que en la implementación de deciTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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siones se re victimice a los afectados por el problema de inseguridad en Medellín y en esa medida, que las estrategias no estén enfocadas en la lectura del problema que tienen las comunidades, quienes en últimas son quienes viven las afectaciones diariamente. ¿Cuáles son las implicaciones de la implementación de un enfoque de seguridad restringido en Medellín?

Los efectos de la adopción y aplicación de políticas públicas de seguridad de corte restrictivo o militarista en Medellín, han tenido graves consecuencias tanto para la institucionalidad como para las comunidades de la ciudad, que son quienes, como se ha insinuado, en sus vidas cotidianas padecen las situaciones y hechos de inseguridad. Sin embargo, en la investigación se encontraron principalmente dos efectos, por un lado el que se acentúe la falta de legitimidad de las instituciones públicas y por otro lado la vulneración a los derechos humanos, lo cual a su vez se convierte en obstáculo para la generación de condiciones de vida seguras.

Respecto a la acentuación o generación de deslegitimidad de las instituciones de la alcaldía municipal y de la fuerza pública en la ciudad, es pertinente precisar que es gracias a la adopción de un enfoque de seguridad humana que se ha logrado tener claridades al respecto, pues tal como lo afirma Pérez de Armiño “Así pues, la seguridad humana actúa como un referente que coloca al Estado ante el escrutinio crítico, que permite juzgar sus políticas, sus capacidades, sus relaciones con los ciudadanos e incluso su legitimidad”. (2007:68).

En este caso se ha podido, por una parte verificar la deslegitimidad que ya existía de las instituciones públicas, la cual incluso había sido priorizada como una de las problemáticas que más afectan la seguridad y la convivencia en la ciudad, en el PISC, nombrándola como: “Pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado y de la fuerza pública”; y por otro lado se ha visto como ésta, ya débil legitimidad, se reduce más, debido a la falta de efectividad de las políticas públicas de seguridad y al no recoger las necesidades, problemáticas y propuestas de las comunidades, lo cual ocurre por la falta de reales condiciones de participación para los ciudadanos. Sumado a esto, una razón fundamental para la pérdida de legitimidad de la institucionalidad, está directamente relacionada con los casos de corrupción y violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, el cual es el tema a tratar a continuación como efecto de la adopción de enfoques militaristas.

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La relación entre las políticas públicas de seguridad adoptadas por parte de la administración municipal de Medellín y los derechos humanos, se da en dos sentidos, el primero tiene que ver con acciones directas cometidas por policías o militares que violan los derechos humanos y el segundo con que la adopción de ciertas estrategias de seguridad o en general estrategias de la administración municipal, conducen a la vulneración de ciertos derechos.

Respecto a las acciones directas, los casos más nombrados son los cometidos por la fuerza pública, hay quejas hacia el ejército relacionadas en su mayoría con las batidas que realiza y que impiden el ejercicio de la objeción de conciencia, pero especialmente hay otro ejemplos, en los cuales la policía es quien tiene el mayor número de quejas en la ciudad: La concentración de quejas por vulneraciones a los DD.HH. se registra en cabeza de la Policía Nacional, quien realiza intervención en el territorio con grupos regulares de policías, reforzados con grupos especiales o de choque como Grupo de Operaciones Especiales –GOES– que intervienen en las comunas 8 (Villa hermosa) y 13 (San Javier); la Fuerza de Comando Urbano –FUCUR–, en la Comuna 13 (San Javier), y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD– que actúa en el control de masas y restablecimiento del orden público. (Personería de Medellín, 2013: 40-41).

Uno de los hechos que posibilitan vulneraciones a los derechos humanos es la connivencia de la fuerza pública con grupos armados ilegales, pero también hay acciones directas que van desde las mencionadas batidas realizadas por el ejército que irrespetan el ejercicio del derecho a ser objetores de conciencia por parte de los jóvenes, la realización de allanamientos ilegales o detenciones arbitrarias que afectan el derecho al debido proceso, las restricciones a la circulación por los diferentes territorios que impiden la movilidad (derecho a la locomoción), hasta casos de homicidios y torturas por parte de la policía con evidentes afectaciones al derecho a la vida e integridad física9: 9 Igualmente se ha hecho referencia por parte de líderes comunitarios, de afectaciones a la integridad psicológica, no sólo por el miedo que se genera en los ciudadanos, sino también por casos como los denunciados en la Comuna 13 dónde han atemorizado a los jóvenes responsabilizándolos de delitos que recién hayan ocurrido en la Comuna o simplemente porque son estigmatizados por su forma de vestir: “el solo hecho de que los pelaos que cantan hip hop, que Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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Número de Quejas recibidas por presuntas vulneraciones a los DDHH y al DIH por miembros de la fuerza pública, según mes para el periodo 2012-2013

Fuente: Personería de Medellín (2014). Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín (2013:84).

Entre los años 2012 y 2013, la Personería de Medellín recibió 413 quejas por la actuación de miembros de la fuerza pública, en 2012 “7 fueron infracciones al DIH y 190 vulneraciones a los DD.HH.”10 (Personería de Medellín, 2013); mientras que en 2013 se registraron 216 quejas.11 Finalmente, para precisar las acciones de seguridad, que pueden terminar generando mayor inseguridad debido a la vulneración de los derechos humanos o a las limitaciones en sus garantías, a continuación se analizará un caso emblemático que brinda mayor claridad al respecto. ellos visten con sus ropas anchas; el solo hecho de que los estén cogiendo para requisar simplemente por sospecha. Ahí están violando el derecho a un joven a la libre expresión, a cómo se viste él”. (Líder de la Comuna 13, Medellín, 2013) 10 De acuerdo con reportes de la Policía MEVAL, durante el 2012 se recibieron 1.273 quejas que dieron como resultado según investigación realizada por la Oficina de Control Interno de la propia MEVAL que siete quejas fueron sancionadas y 85 archivadas (Personería de Medellín, 2013: 41).

11 “Con relación a este tema la Personería de Medellín registró 216 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública, esto para el período comprendido entre enero y diciembre de 2013. De estas, 176 fueron contra la Policía Nacional, 26 contra el Ejército Nacional y 14 contra el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD)”. (Personería de Medellín, 2014: p 81) 134

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Programa Jóvenes por la vida Es una estrategia de la administración municipal relacionada con proyectos y programas dirigidos a jóvenes mediante oferta económica, educativa, cultural, deportiva y de empleo. Pese a que en el plan de desarrollo “Medellín un hogar para la vida” se contemplan seis componentes del programa Jóvenes por la vida , de los cuales sólo dos están dirigidos o tienen un foco en jóvenes en riesgo de pertenecer a grupos armados ilegales o que ya pertenecen a éstos, en el imaginario de las comunidades persiste la idea de que ésta es una estrategia que termina generando una sensación de desigualdad, puesto que los demás jóvenes que no se encuentran en situación de riesgo (ingresar a la ilegalidad) también tienen necesidad de que sus derechos sean garantizados.

Lo que evidencian las comunidades es que se les están dando estímulos principalmente económicos a los jóvenes que están en grupos armados ilegales, llámense combos o bandas: “En el territorio uno no ve políticas públicas pagándole a los muchachos 350 mil pesos, a los pelaos, a los de los combos para que hagan cuestiones culturales” (Líder de la Comuna 8, Medellín, 2013). Lectura de las comunidades que expresa críticas desde diversos sectores cuando a la mayoría de jóvenes no se les garantiza el acceso a la educación superior, el primer empleo o la oferta de actividades culturales y deportivas.

La apreciación en esta investigación, es que si bien es cierto, deben existir políticas públicas para tratar la situación de los jóvenes vinculados al conflicto, se debe partir de una concepción general y es que los jóvenes, al igual que la población general tienen unos derechos humanos que les deben ser garantizados, y no sólo pensarse en políticas de oferta de oportunidades a los jóvenes como una forma de que no se vinculen a lo ilegal, porque esto en principio tendría dos problemas, el primero es que restringiría las ofertas institucionales sólo a los jóvenes que viven en contextos en los cuales son susceptibles de vincularse a acciones o grupos ilegales, dejando por fuera a quienes no lo están; y el segundo es que las agendas de seguridad de la administración 12

12 Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia; Jóvenes por la vida – Medellín sana y libre de adicciones; Jóvenes por la vida, una estrategia cultural; Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa; Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades; Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral. (Alcaldía de Medellín, 2012a: 336-345) Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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municipal a las cuales se estaría atendiendo son las de los grupos armados, dejando de lado las propuestas por el resto de la población.

Adicional a esto, otro argumento para exigir a la administración municipal ofertas institucionales que contribuyan a la garantía, protección y defensa de los derechos humanos de todos los jóvenes, es que los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, son de carácter permanente y por tanto se deben garantizar en todo tiempo y lugar.

Reflexiones finales Para trascender la visión restringida de las políticas públicas de seguridad, el foco de dichas políticas debe estar en las causas de las inseguridades y no en los efectos o consecuencias, puesto que el centrarse en los efectos lleva a que en diversas instituciones y niveles se implementen políticas de resultados, pero sin lograr transformaciones profundas y preventivas. No obstante, es importante precisar que al momento de revisar las causas, se requiere tener en cuenta que las problemáticas de seguridad son multicausales, en ese sentido, las políticas públicas de seguridad y convivencia deben ser integrales y atendiendo a las múltiples causas de las inseguridades.

Por otra parte y para finalizar, un llamado de atención urgente para el alcalde de la ciudad y el vicealcalde de gobernabilidad, seguridad y servicio a la ciudadanía y todo su equipo de trabajo, tiene que ver con la necesidad de poner atención a la planeación de la ciudad, por nuestros estudios de caso (Comunas 8 y 13), la inseguridad a la que se alude en el tema de planeación está relacionada principalmente con vulneraciones al derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación; no obstante, al escuchar a líderes de otros territorios de la ciudad y hacer un seguimiento a medios de comunicación se evidencia que la inseguridad asociada a la planeación está relacionada también con afectaciones al ambiente, problemas de infraestructura en construcciones públicas y privadas y a la generación de focos de inseguridad tras la realización de reubicaciones. Es por ello que se solicita a los funcionarios responsables de atender el problema de inseguridad a la ciudad que se articulen con los funcionarios de planeación y realicen alertas y acciones que prevengan futuras y graves inseguridades.

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Entrevista grupal a líderes Comuna 13, octubre 23 de 2013.

Entrevista a lideresa Comuna 13, octubre 29 de 2013.

Entrevista a líder comuna 8, octubre 15 de 2013.

Entrevista a Sandra María Bedoya. Promotora Local de Gobierno Comuna 13.

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, octubre 28 de 2013.

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Documentos de trabajo

Fútbol: ¿catalizador de inseguridad? Análisis del fenómeno social y su incidencia en la seguridad Andrés Felipe Briceño Rodríguez* (andres.briceno@correo.usa.edu.co) Artículo corto recibido el 04/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo:

BRICEÑO RODRÍGUEZ, Andrés Felipe (2014). “Fútbol: ¿catalizador de inseguridad? Análisis del fenómeno social y su incidencia en la seguridad”. En: Transpasando Fronteras, núm. 6, pp. 141-156. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen Desde sus orígenes, el balón pie se ha visto relacionado con la seguridad en varias de sus dimensiones, de manera intrínseca, reciproca e incluso complementaria. Sin embargo, por la popularidad de la cual goza, y su capacidad para conglomerar efervescentes aficionados, se ha malinterpretado su rol dentro de las sociedades donde éste es aceptado. Cabe preguntarse si este catalizador de grandes pasiones resulta entonces una vulneración de dicha seguridad en el desenvolvimiento de sus interacciones. ¿Es el fútbol un generador de violencia? ¿La seguridad se ve afectada por este deporte? La relación de * Estudiante de Política y Relaciones Internacionales Universidad Sergio Arboleda (Colombia). Representante Estudiantil Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Web Máster y Community Manager Red Intercol (Red colombiana de Relaciones Internacionales), Communiy Manager en Indignados Colombia Oficial. Columnista Revista Sócrates. Fundador, columnista y editor de Punto Crítico; una visión controversial del Fútbol y la Política, Columnista Pase al Vacío. Locutor en los programas “La Banda” y “Hora LATAM”, para USARTV (Radio Virtual Sergio Arboleda).

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estos dos elementos resulta innegable, evidenciando vulnerabilidades y sensibilidades, por lo cual, este documento pretende analizar su correspondencia, y las externalidades de la misma. Para ello, se realizará un análisis breve de las principales prevaricaciones de la seguridad, y contrastarla con una mirada desde las relaciones generadas a partir de jugadores profesionales que migraron a las ligas más importantes del planeta, producto de la exportación de los mismos al fútbol europeo (puntualmente, Alemania, España, Italia y Portugal). Las cuales como saldo no sólo abren mercados e incentivan la presencia nacional en el viejo continente, sino tienen una serie de repercusiones encarnadas en la labor dentro y fuera de las canchas de cada uno de los jugadores, visibilizando a Colombia dentro de una agenda Soft Power, y retribuyendo beneficios económicos y sociales a sus regiones de origen (escuelas de fútbol, fundaciones, presencia mediática y gubernamental).

Palabras clave: Seguridad económica, seguridad social, seguridad alimentaria, fútbol, deportivización.

Introducción Los Hooligans como perfecto ejemplo de violencia e inseguridad, se entienden históricamente como el yacimiento de lo que sería la violencia colectiva en el fútbol ya reglamentado e institucionalizado, y también, de los Barristas, su adaptación latinoamericana. Asimismo, son recordados desde el fútbol como los responsables de varios actos vandálicos como las tragedias en los estadios de Heysel (Bélgica) en 1985, que dejó treinta y nueve muertos, y de Hillsborough (Inglaterra) en 1989, con noventa y seis víctimas mortales. Esta serie de sucesos hicieron que el fútbol inglés tocara fondo y constituyeron elementos de relación directa con la seguridad y la vulneración de la misma. Sin embargo, su nacimiento viene propiamente de una crisis económica con un matiz ideológico, que curiosamente evoluciona con implicaciones raciales y nacionalistas entre otras (Briceño, 2008).

Así pues, se materializó el vandalismo del fútbol conocido por hooliganism, entendido también como la “enfermedad británica”. El auge de la violencia ligada al deporte actual no se limita ni a la conducta de los aficionados al fútbol ni a Inglaterra y su fenómeno ya casi extinto. Posiblemente el ensanchamiento de la violencia y la dilatación del fenómeno se incumba a una “tendencia autodestructiva dentro del deporte en todo el mundo, principalmente como resultado de las peticiones de búsqueda de sensaciones por parte de los espectadores” (Cayuela Maldonado, 1997:4).

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Tras la crisis económica de Inglaterra, el desempleo que agobiaba a las clases trabajadoras, y, como alternativa a los frustrados grupos sindicales, surgen estos grupos como representación de una clase social dedicada a la mano de obra básica como actividad económica principal, aunque sin tanta trascendencia (Briceño, 2008).

Estos mismos grupos encontraron en el fútbol, un refugio de la realidad nacional, generando éste fatal matrimonio. Del mismo modo, resultaba común relacionar hooligans con grupos neonazis, dado la influencia de estos últimos sobre su identidad los hooligans ocasionaron ataques a personas de color, como ocurrió en Marsella donde tunecinos y franceses se enfrentaron a los ingleses dejando todo destruido a su paso (Recaséns, 2008:56). Así pues, “los grupos violentos hacen de la violencia y el altercado su razón de ser y el elemento aglutinador del colectivo” (UNISPORT, 1993).

Una de las grandes conclusiones tras la investigación previa a las medidas tomadas por Margaret Thatcher para controlar el hooliganism resultó ser el reconocimiento del problema como un fenómeno sociocultural del país y no propio del fútbol, lo cual de entrada ya permite aclarar la relación entre la violencia y el deporte con nuevas posibles variables (Briceño, 2013).

Hoy en día, la Liga inglesa es una de las más cotizadas, y su desarrollo se da libre de violencia, en grandes estadios sin cercas, con un público sentado en sillas numeradas donde los gritos y aplausos son las únicas expresiones de euforia lo cual en principio desligaría al balón pie de la violencia (Recaséns, 2008:56).

Sin embargo, no hay que desconocer que los deportes en general, son uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo. Son en éstos, dónde se producen y expresan algunos de los grandes valores de la sociedad contemporánea. Miguel de Moragas afirma que “las modernas historias sobre la bondad y la maldad, el éxito y el fracaso, la suerte y la desgracia, la victoria y la derrota, lo propio y lo ajeno, la identidad colectiva (…) encuentran en la narración deportiva sus expresiones más populares” (Cayuela Maldonado, 1997:3). Por ende, resulta un adaptable y eficiente canal de expresiones sociales, más aún el fútbol, al ser el deporte gozoso de mayor popularidad. No en vano Xavier Medina (1994) afirma que “el fenómeno deportivo está estrechamente vinculado a la realidad social y cultural, hasta el punto que se transforma con ella”.

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El deporte resulta ser entonces, un instrumento de transmisión o canalización si se quiere, de cultura y de valores básicos del propio marco cultural en el que se despliega.

Como producto social, la práctica deportiva se convierte en un elemento clave de socialización. Medina entiende por tal concepto: “la interiorización por parte de los individuos de aquellos elementos que integran un sistema sociocultural determinado y que permite las interrelaciones que hacen posible dentro del grupo la generación de vida compartida. Elementos que desde esta perspectiva, producen y recrean la diversidad grupal” (Cayuela Maldonado, 1997:10).

La violencia en el deporte definida de manera amplia, puede entenderse como el “infligir voluntariamente daños físicos o de otro orden a personas u objetos relacionados directamente con encuentros deportivos” (Parlamento Europeo, 1987). Actos que pueden ser considerados detalladamente como una serie de prácticas que implican violencia, física, psicológica y moral. Los juegos olímpicos de Berlín de 1936 sirven de ejemplo de ello, pues se encontraron bajo el auge glorificador del nazismo, compuesto por su ideología totalitaria y racista. Considerándose así como una manifestación de violencia, de modo similar al asesinato de atletas israelíes durante los Juegos de Múnich de 1972 (Cayuela Maldonado, 1997:4).

Sumado a lo anterior, la conducta del ser humano de por sí hace un llamado a la controversia, y en una suerte de humanidad, requiere del conflicto (Di Giano, 2005:33-38).

Desde la concepción individual a partir de la construcción capitalista de las libertades se da sustento a la continua competencia, conducta parida de la evolución de la supervivencia. Incluso, y desde el individualismo (Cayuela Maldonado, 1997), la naturaleza humana cataliza la necesidad de un enemigo, como lo afirmaría Karl Schmidt. Por tanto, la proclividad a la violencia a partir del deporte donde no sólo se potencian las emociones sino se simulan las disputas mediante la competencia, resulta el escenario perfecto para materializar las contiendas humanas (Durán González, 2012).

Siguiendo esta línea, Josep Gomis afirma que la realidad demuestra que la violencia no es un fenómeno aislado, sino que ha tenido una evolución muy parecida en todos los países de nuestro entorno cultural. No obstante, se señala a la vez que “la violencia 144

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relacionada con el deporte ha superado ampliamente el estricto marco de los recintos de fútbol para salir a la calle, afectando a barrios enteros” (Gomis, 1989). Por tanto, la relación del fútbol y la seguridad se va aclarando, destacando que propiamente lo que hace el deporte rey es canalizar, más no generar vulneraciones a la seguridad. Por otra parte, la seguridad como concepto posee otras connotaciones, con las cuales el fútbol también posee otro tipo de relación, tal vez no causal, pero sí delimitadora.

Las dimensiones de la seguridad con el deporte Para una mayor comprensión de lo que implica lo expuesto anteriormente, resulta necesario abordar de manera conceptual los componentes que harán las veces de guía para explicar el fenómeno y su relación con las diferentes esferas de la concepción de seguridad y su vulneración.

En este orden de ideas, la seguridad como concepto comprende una amplitud de definiciones que han llevado partes a subdividirla en diferentes categorías. Para comprender como se ve relacionado con el fútbol como fenómeno social con la seguridad, será necesario realizar un bosquejo conceptual a manera de preámbulo, que permita esclarecer su coyuntura. Pese a sus detractores, para el presente documento nos centraremos en tres segmentaciones básicas para asimilar la temática: La seguridad Social, la Seguridad Económica y la Seguridad Alimentaria.

En la diacronía de la humanidad la seguridad ha constituido una constante preocupación que de manera evolutiva ha ido acaparando varios campos, que han llevado a las búsqueda de diferentes formulas para combatir la miseria, la ignorancia, las enfermedades, el hambre, y en general, la protección de la vida del hombre, independientemente de su religión, raza, credo o nacionalidad (Alvarez Soberanis:1-2).

Por su parte, la seguridad social, se refiere concretamente a la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, la cual a su vez se constituye como un derecho fundamental acorde a los Convenios de la OIT y en los instrumentos de la ONU (Organización Internacional del Trabajo, 2001).

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De la cual se desprende la seguridad económica, la cual hace referencia a la capacidad de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida (Guzmán, 2002). También puede entenderse como la capacidad de las personas de disponer de bienes en general, económicos y no económicos, para generar agregación a la calidad de vida y disponer de independencia y dignidad en temas como el envejecimiento (Huenchuan y Guzmán, 2006). Por consiguiente complementa la seguridad alimentaria, entendida como la disponibilidad física de los alimentos, su acceso físico y económico además de su apropiada utilización (FAO, 2011).

Aclarado lo anterior, resulta necesario tener en cuenta para más adelante relacionar el concepto de Deportivización, acuñado por Norbert Elias y Eric Dunning para hacer referencia al aporte a las condiciones de vida del ser humano a través de prácticas deportivas comprendiendo las dinámicas industriales de la sociedad moderna y el capitalismo.

Elias y Dunning mencionan que la deportivización de la sociedad forma parte del proceso complejo y contradictorio de consolidación del capitalismo, en tanto organización hegemónica productiva del mundo y en tanto organización social, que junto con el proceso de industrialización crearon diferentes formas y condiciones de vida en las que las personas y los grupos sociales han establecido y establecen diferentes tipos de relaciones y desempeñan distintos tipos de trabajo (Huerta Rojas, 2002:48).

Que en últimas, y retomando la idea de la necesidad del conflicto y las disputas del ser humano, el concepto de la deportivización también aporta a la contención y desahogo de tal necesidad humana. Pues al simular de manera competitiva, recreativa y ociosa las disputas de manera reglamentada, se genera una descarga de tal deseo de conflicto evitando que en un campo no deportivo o futbolístico se lleven a cabo tales contiendes (Cayuela Maldonado, 1997).

Relacionamiento historicista Las repercusiones del deporte comprendiendo lo ya expuesto, han llevado a agenda el tema a nivel gubernamental. A partir de 1968 en el marco fundamental de las constituciones modernas, el Estado-Nación concibe y aplica la importancia social de manera prematura, haciendo del deporte una herramienta en su accionar que favorece a la atención de 146

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necesidades y al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. Con la intención de profundizar así, en una suerte de funcionalidad política abarcada desde las políticas públicas de manera posterior, con un creciente número de objetivos no deportivos como producto tácito. A consecuencia de lo anterior, las políticas públicas del deporte resultan ser la válvula de escape de conflictos sociales, haciendo de salvaguarda del orden público, y adicionalmente la higiene poblacional de una comunidad con las externalidades positivas que esto conlleva (Bloyce y Smith, 2012:1).

Así las cosas, el fútbol constituye a su vez el deporte Rey, el más popular y/o de mayor afluencia, transmisión, audiencia y número de seguidores y aficionados. Por consiguiente, cada vez tendrán más importancia los estudios sobre el fútbol como fenómeno social al resultar el mecanismo más operante que comprende la participación de las masas de manera fervorosa si se tiene en cuenta el margen de acción de manera comparada con otros deportes (Durán González, 2012:13).

Como diría Diego Armando Maradona, “La pelota no se mancha”. El llamado es a prestar mayor atención a la esférica, más no a satanizarla. En sí, dada su capacidad masificadora, el fútbol resulta pues, tal canal de desahogo de las furias abstractas y concretas del ser humano moderno, y de ahí su potencial peligrosidad, la cual en últimas no ha logrado aún alcanzar “las cotas de violencia histórica provocada por los integrismos religiosos, políticos, sociales o culturales” (Durán González, 2012:13).

Por su parte, el director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas Pascal Boniface (IRIS) de París, afirma que el balompié resulta, ya que facilita el enfrentamiento simbólicamente limitado necesario ante la inminente naturaleza de confrontación del ser humano (Boniface, 2006). Evitando así riesgos políticos, canalizando la “eliminación” del rival de manera abstracta y temporal.

El fútbol no solo puede entenderse como catalizador de enfrentamientos, porque los jugadores pueden ser instrumentos de baja política y verdaderos expositores del soft power. Por ejemplo, después de clasificarse Costa de Marfil para el Mundial de Alemania 2006, en una sentida rueda de prensa, Didier Drogba se dirigió a todos sus compatriotas junto a sus compañeros de selección y pidió a las facciones del norte y del sur enfrentadas que dejaran las armas y pusieran fin al conflicto que ha arrasado su país, llevando al fin del conflicto (Minuto 116, 2014): Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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“Ciudadanos del norte, del sur, del este y el oeste: pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Abandonen las armas y organicen unas elecciones libres” (Didier Drogba).

Estudio de Caso Local (Buenaventura) No en vano, Drogba fue nombrado como ‘Embajador de Buena Voluntad’ por parte de las Naciones Unidas (Minuto 116, 2014).El simbólico reconocimiento concibe cierta evocación que más allá de su denominación, permite entrever ciertas funciones implícitas que no se limitan a lo deportivo, pero que por sus salvedades requieren iniciativas individuales ante la ausencia de voluntad política.

Como veremos a continuación, en el caso colombiano hay tímidos intentos de hacer uso del fútbol para abordar y enfrentar problemas en las distintas dimensiones de seguridad analizadas con anterioridad.

Por consecuencia, y a manera de casualidad, muchos de los deportistas colombianos y sobretodo futbolistas, han surgido de zonas deprimidas y regiones muy pobres. Buenaventura es uno de esos nichos, ubicada en el suroccidente de Colombia, es el municipio más grande del departamento de Valle del Cauca, sus 6.078 km2 de superficie representan la tercera parte del área departamental, y el segundo con más población, 324.207 habitantes, según el censo realizado por DANE, en 2005.

Fundada el 14 de julio de 1540, por Juan de Ladrilleros, teniente del adelantado Pascual de Andagoya, venido a América con Vasco Núñez de Balboa en 1515, en cumplimiento de una orden de éste. Las tierras habitadas por los indios buscajaes y noamaes en la isla de Cascajal situada en la bahía de Buenaventura, una de las más seguras para la llegada y salida de barcos de gran calado sobre el Pacífico resultó ser el perfecto cómplice estructural para el arribo de los colonizadores. Como su fundación se dio el día de San Juan de San Buenaventura y su conmemoración, esta región recibe tal nombre. La tranquilidad de sus aguas y su bahía es reconocida desde la década de los 50 como el primer puerto marítimo de Colombia (Suárez Reyes, 2010:2494).

La brecha existente entre las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la periferia y los del interior en Colombia resulta notoria y propia de países latinoamericanos gozosos de contrastes y brechas sociales, tal y como ocurre con la Costa del Pacífico colombiano. Buenaventura no resulta ajeno a esta realidad, pues a pesar de 148

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contar con el puerto más importante del país, Buenaventura es el municipio de mayor pobreza del Valle del Cauca. No basta con el auge en la movilización de carga que ha traído el creciente mercado mundial y la tentativa de expansión portuaria, infraestructural. Pues los altos índices de pobreza y los yacimientos de violencia y grupos armados al margen de la ley, resultan en un estancamiento regional que ante el abandono estatal, las condiciones de salubridad y el denotan la miseria de ésta región, y por ende, un ambiente propicio para la generación de un circulo vicioso con la inseguridad como protagonista (Suárez Reyes, 2010:2488-2489).

Pues bien, ésta región multicultural, de grandes riquezas naturales, minerales, actividad portuaria y pobreza extrema, también es exportadora de futbolistas que han forjado la historia del fútbol colombiano. Jugadores como Freddy Rincón, Adolfo “el Tren” Valencia y Marino Klinger –entre otros- han sido paridos en el municipio del Valle del Cauca, y encontraron en el deporte rey la oportunidad de auto-realización.

Jugando descalzos en áridas canchas de tierra y escombros como escenario deportivo, además de humildes escuelas de fútbol como el Deportivo Buenaventura, surgieron profesionales como ocurrió con los hermanos Rincón, iniciando un proceso de retroalimentación exponencial en las diferentes dimensiones de seguridad planteadas, generando rompimiento progresivo de cinturones de miseria de manera intrínseca y disipada, iniciando una era con posible metástasis que salta de generación en generación (Duque Soto, 2011).

Y se hace referencia a una retroalimentación exponencial comprendiendo el corto, mediano y largo plazo a partir de lo ya anteriormente expuesto. En el corto plazo, la ocupación inmediata de los jóvenes ociosos ya repercute en la seguridad de una comunidad siendo que la juventud inoficiosa y carente de oportunidades es proclive a delinquir y a caer en diferentes vicios. En el mediano plazo, el aporte que genera la práctica constante de un deporte se remite al bienestar y la calidad de vida, además de aliviar la higiene poblacional concretando así, la deportivización como enfoque de seguridad.

Se habla de un largo plazo, y del carácter exponencial, comprendiendo las diferentes dimensiones de seguridad a partir de la ejemplificación del “coloso de Buenaventura”, quien como muchos de los jóvenes que entrenan deshidratados a diario “buscan el sueño de ser jugador profesional para rescatar a sus familias de la pobreza”, como afirmaría Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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Cristóbal Rodríguez, entrenador actual del Buenaventura. Éste incentivo llevó a que Freddy no sólo debutara en el fútbol profesional colombiano, sino hizo que abriera mercados para sus compatriotas en los más importantes escenarios mundiales, como lo son Brasil, España y Alemania (Duque Soto, 2011).

Paralelamente, Rincón quiso retribuir de cierta manera su sobresaliente superación personal, iniciando un proyecto de la mano del Médico Ochoa único sobreviviente de la época del Dorado: “Los colositos de Buenaventura”. Ésta escuela de fútbol al igual que varias iniciativas individuales, han generando un nicho de nuevas oportunidades para repetir la historia de Freddy Eusebio.Sin embargo el caso de Rincón no es el único, ni el más visible. Presentemente, existen varias escuelas, como la escuela Sporting Club con cancha de barro, o la Fluminense del barrio Bolívar, que sin pavimentación ni vías de acceso recibe más de 100 niños semanalmente para entrenamientos. Actualmente, los ex profesionales Osman López, Bonner Mosquera, Roger Moreno y Juan Reyes dirigen La Fundación “Vení jugá”, la cual destina aportes a 11 escuelas de fútbol bonaverenses y seleccionan talentos, involucrando casi a mil niños en el proceso, aumentando el margen de acción que no sólo promueve la seguridad en todas sus dimensiones, sino atiza potenciales “colosos” que de seguro aportaran al ciclo ya planteado (retroalimentación exponencial) una vez profesionales y consagrados como figuras del deporte nacional y/o mundial haciendo de este fenómeno de deportivización algo creciente (Duque Soto, 2011).

Así pues, el fútbol genera un marco de oportunidades que en ausencia estatal, no genera ni la educación ni las oportunidades laborales, evitando la criminalidad y aportando de manera individual a las diferentes dimensiones de seguridad de las familias bonaverenses. En la actualidad, jugadores de Buenaventura como Luis Fernando Mosquera y Lionard Vásquez (Millonarios), William Arboleda del Independiente Medellín, o Félix Antonio García la Equidad Club Deportivo, actúan en el fútbol profesional colombiano, generando remesas de manera prematura con salarios que superan los de un individuo promedio con cualquier pregrado. Sumándose a la lista de los frutos deportivos de Buenaventura, como lo fueron los ya nombrados, Delio ‘Maravilla’ Gamboa, Víctor y Teófilo Campaz, Nicolás Lobatón, Adelmo ‘Achito’ Vivas, Osman López, sin contar con los que siguen en el anonimato y/o categorías inferiores (Duque Soto, 2011).

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En la actualidad Freddy Rincón hizo parte de esa primera generación que abrió mercados para sus compatriotas de manera histórica, en países como Italia, Portugal, España y Alemania. Así pues, hoy en día el número de colombianos en el exterior crece exponencialmente, con presencia en mayor número de ligas (incluso Asia o naciones árabes), en todas las categorías y en los más importantes clubes del planeta como principales protagonistas.

Varias de estas figuras, también tienen un origen humilde, como Carlos Bacca actual campeón de la UEFA, quien fue vendedor de pescado y ayudante en los buses. Y al igual que El Coloso han querido hacer una retribución a su comunidad, o al fútbol como tal.

Para nombrar sólo algunos ejemplos, es necesario hacer referencia a figuras como Juan Guillermo Cuadrado, figura de la Fiorentina de Italia y originario de Necoclí, humilde municipio de la subregión del deprimido Úraba. Ni que decir de Jackson Martinez, goleador del Porto de Portugal, y nacido en el Chocó, que como es bien sabido, es una de las regiones de mayor abandono estatal y pobreza arraigada.

Por su parte, Juan Guillermo quien obtuvo el mayor número de asistencias en el pasado mundial de Brasil 2014, es fundador de la Fundación Fútbol para el futuro, abordando por medio del fútbol necesidades que van desde la salud y la alimentación, hasta el bilingüismo para jóvenes de bajos recursos (Fútbol para el futuro, 2012).

Su origen y función social no solo soporta la idea de la deportivización cíclica y exponencial, sino tiene definidos concretamente ciertos objetivos como se plantea claramente en su plataforma web: Fútbol para el Futuro nace como proyecto de desarrollo social en marzo de 2013 y constituido como organización sin fines de lucro en octubre del mimo año en aras de lograr 2 objetivos fundamentales: - Llevar a cabo programas de fútbol social cuyo objetivo es ayudar familias que tengan dentro de su núcleo familiar niños y niñas, utilizando el deporte y la educación como vehículos de crecimiento y desarrollo personal.

- Liderar programas de mejoramiento del fútbol Colombiano como deporte de mayor influencia en nuestra sociedad para lograr que todos aquellos actores como lo son jugadores amateurs, jugadores de elite, ex profesionales, directoTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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res técnicos, directivos, padres de familia, árbitros, hinchas, instituciones de educación y por supuesto el estado, cuenten con un aliado para mejorar la variables humanas y técnicas de las próximas generaciones asociadas al mundo del Fútbol (Fútbol para el futuro, 2012).

Además, aporta a la seguridad social y económica planteándose como propósito la medición de salida, la graduación de sus integrantes en los ciclos de formación académica (primaria, secundaria y media vocacional) además de la habilitación para la empleabilidad y las habilidades ciudadanas, contando con varios patrocinios públicos y privados (Fútbol para el futuro, 2012).

Generando un aporte a la sociedad similar al de Jackson Martinez, quien a partir de su experiencia en las fundaciones y escuelas como Los Virtuosos y la Escuela de Formación Los Papeticos, fundó su propia fundación luego de que se superó e incluso llegó a hacer parte de la Selección Chocó del Pony Fútbol con un gran desempeño futbolístico desde estas dinámicas formativas del deporte (Fundación Deportiva Jackson Martinez, 2014).

De esta manera, la fundación de Jackson ataca las falencias de la seguridad de manera directa y sistemática en zonas deprimidas, demostrando una vez más que el fútbol en su relación con la seguridad no se da como catalizador sino más bien a manera de complemento. Más concretamente podría inferirse tal conclusión a partir de sus logros y objetivos como se vislumbra en su portal: Somos una organización sin ánimo de lucro que nace el 9 de noviembre del 2012 por la iniciativa del jugador profesional de talla internacional Jackson Martínez, con el objetivo de contribuir a que los niños y jóvenes, menos favorecidos de la sociedad, tengan una posibilidad de crecer en el deporte a la par de su estudio.

Alcanzar este reto, nos enfocamos en diferentes regiones del país a través de un modelo de trabajo “Apoyando el talento”, que busca que la práctica deportiva se realice sin restricciones de ninguna índole.

Enmarcados en esta iniciativa innovadora hacemos del deporte y la educación una herramienta fundamental para la transformación social de Colombia (Fundación Deportiva Jackson Martinez, 2014).

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Fútbol: ¿catalizador de inseguridad? Análisis del fenómeno social y su incidencia en la seguridad

La estrella colombiana, quien marcó dos tantos en el mundial y encabeza la lista de goleadores de Portugal, cuenta con el apoyo de de diferentes jugadores profesionales además de la empresa privada. A su vez, de manera constante realiza actividades como subastas de artículos de jugadores famosos y solicita el material de entrenamiento e indumentaria de sus diferentes rivales y compañeros para dotar a sus acogidos.

A estas iniciativas se le suman muchas otras como Colombia te quiere ver de Iván Ramiro Córdoba, ídolo del Inter de Milán, Italia, o las Escuelas de Carlos el “Pibe” Valderrama por sólo mencionar algunas.

Por tanto, no resulta ingenuo pensar en que los niños beneficiados por todo este tipo de programas a futuro estarán realizando una actividad similar, más teniendo en cuenta el momento histórico que atraviesa el deporte nacional, además de la valorización y prestigio de la cual gozan los deportistas colombianos. En lo que respecta a tales figuras y estrellas deportivas, no sólo están haciendo las veces de embajadores fuera del país, también están generando un accionar social a partir del fútbol como herramienta principal.

Valdría la pena no sólo fortalecer los estudios referentes al fútbol y el deporte en general, sino también hacer pleno uso de su profesionalización y sus beneficios como política pública para la atención de necesidades al corto, mediano y largo plazo, además de fomentar su apoyo y lograr interpretar todas estas interacciones las cuales carecen de observación y estudio.

Como afirmó el profesor Cesar Niño para nuestro proyecto Fútbol y Disciplina, “Sería grandioso, que así como existe en la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales teorías feministas, naturalistas, de migraciones, existiera una dedicada al fútbol. Los aportes a la disciplina sé que serían continuos, tectónicos y numerosos.” Pues a manera de Softpower el fútbol es un potencial elemento del cual se puede sacar mucho provecho, además de ser el eje de varios fenómenos sociales.

No en vano la prensa habla de los deportistas colombianos como embajadores en cada uno de sus países, en incluso un comentarista deportivo fue nombrado embajador en Sudáfrica a puertas de su primer y único mundial en la historia del continente africano, sin mencionar a Falcao García, que al igual que Drogba, fue mencionado como embajador de buena voluntad.

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Unidos por la red, separados por el Estado.

Una lectura sobre la inclusión digital en Colombia* Patricia Martínez Coral** (patricia.martinez@uexternado.edu.co) Artículo de investigación recibido el 28/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo:

MARTÍNEZ, Coral Patricia (2014). “Unidos por la red, separados por el Estado.

Una lectura sobre la inclusión digital en Colombia”. En: Trans–pasando Fronteras, núm. 6, pp. 157-182. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen El presente artículo se propone contribuir al debate teórico sobre la naturaleza institucional de la difusión tecnológica, a la luz de la evidencia encontrada en el desarrollo de las iniciativas de acceso universal a Internet en Colombia, las cuales se enmarcan en la política de telecomunicaciones sociales, vigente desde 1995. Una vez introducidos los fundamentos que orientan la discusión teórica, y su aplicación concreta en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se exponen las lecciones más relevantes acerca de los condicionamientos institucionales que se desprenden de la interacción entre Estado y mercado, diseño de intervenciones públicas, y elecciones técnicas, * La ponencia expone algunos de los hallazgos correspondientes a la investigación mediante la cual se participa por el título de Ph.D. en Estudios Políticos. ** Estudiante de Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia.

Patricia Martínez Coral

para las oportunidades de acceso a Internet en las zonas rurales del país; en razón de la pertinencia que tiene actualmente la búsqueda de alternativas para viabilizar la vida en el campo, con ocasión de las proyecciones sobre los escenarios de pos-conflicto. Por último se esbozan las conclusiones que permiten desvirtuar algunos paradigmas que revisten las decisiones de acción pública, de las que surge el afianzamiento de la exclusión digital en el país.

Palabras clave: Exclusión digital, difusión tecnológica, acceso universal, condicionamiento institucional.

Introducción La dimensión política de la tecnología constituye un problema fundamental para las ciencias sociales contemporáneas. A lo largo del proyecto moderno, la disyuntiva entre la neutralidad del cambio tecnológico, postura según la cual las innovaciones técnicas se originan de manera autónoma y sin pretensiones políticas o culturales; y su antítesis política, inspirada en el reconocimiento de los estrechos vínculos existentes entre tecnología y poder, así como en los arreglos institucionales que le dan forma, hizo parte central de las aproximaciones teóricas sobre filosofía de la ciencia. Por su parte, este debate se mantuvo vigente, extendiéndose a diversas disciplinas del conocimiento, durante el siglo XX en razón de las turbulencias socio– económicas acaecidas con la Revolución Industrial, las dos guerras mundiales, la confrontación ideológica entre el comunismo y el capitalismo, y la amenaza nuclear surgida durante la Guerra Fría. En la actualidad, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) inclina la balanza en favor de la interpretación crítica del cambio tecnológico.

Tal como argumenta Mumford (2006), la dimensión política de la tecnología se evidenció mucho antes del arribo de la máquina de vapor, ícono de la Era industrial. De acuerdo con el autor, la creación del reloj al interior de los monasterios del imperio romano en el siglo XIII logró introducir un orden ajeno a la naturaleza humana, y la creencia en un mundo independiente y cuantificable; la fuerza creativa de dicho artefacto demostró su capacidad de transformar para siempre el estilo de vida de la sociedad. Su uso generalizado por fuera de los claustros, dotó de regularidad el comportamiento del trabajador y el comerciante, de tal modo que el tiempo se convirtió en espacio cerrado, susceptible de ser dividido, copado, y dilatado mediante el invento de otros instrumentos que proporcionan eficiencia. Una vez perfeccionada la representación del espacio, con el descubrimiento de las leyes de la perspectiva en la pintura y luego en la cartografía, 158

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durante los siglos XIV y XVII, se inició la exploración del movimiento y se sentaron las bases de las técnicas modernas. En el contexto de la sociedad capitalista, las abstracciones adquirieron gran importancia; el tiempo se convirtió en dinero, el dinero en poder, y las máquinas en un recurso impersonal para el ejercicio del control social.

En complemento de esta descripción, Winner (1980) afirma que la tecnología es, en sí misma, un fenómeno político, debido a las numerosas posibilidades que ofrecen los dispositivos técnicos para ordenar la actividad humana. De forma consciente o inadvertida, las sociedades eligen sistemas tecnológicos que inciden en el desempeño ordinario del trabajo, el consumo, la comunicación y demás procesos que estructuran la toma de decisiones, generando notables diferencias de poder entre los individuos. Desde esta perspectiva, el vector de cambio no reside en la fuerza orientadora de los artefactos, sino en el entorno institucional que hace posible su gestación y desarrollo. Veblen (1914), por ejemplo, observó que el sistema fabril que dejó atrás la organización productiva de los artesanos, fundó un nuevo orden social bajo el amparo de libertades civiles que proclamaron la coincidencia entre el derecho a la ganancia del empresario y la realización de las oportunidades económicas de la comunidad. Sin embargo, estas transformaciones no se habrían logrado, pese a las innovaciones técnicas, de no contar con el acondicionamiento del sistema escolar –que proporcionó los conocimientos indispensables para satisfacer la demanda industrial de mano de obra– y la maduración del derecho natural.

Asimismo ocurre en los procesos de transferencia tecnológica, cuya comprensión parte de diferenciar los productos materiales de la tecnología, de los sistemas de pensamiento que los crea. Esta sugerencia es formulada por Schaniel (1988), con base en su estudio sobre la introducción de objetos de hierro en la cultura Maorí, que permaneció aislada en Nueva Zelanda hasta finales del siglo XVIII, cuando llegaron los primeros visitantes europeos. En la reconstrucción de ese proceso, el autor encontró que el remplazo de los objetos de piedra, hueso y madera se llevó a cabo durante casi un siglo, iniciando por la dotación de armas hasta impactar la agricultura. A lo largo de este recorrido, los nativos también emplearon los artefactos de hierro en usos distintos para los que fueron diseñados originalmente. Esta serie de hallazgos le permitió concluir que la innovación tecnológica genera cambios, pero que éstos están supeditados al contexto cultural e institucional de la sociedad que acoge los productos técnicos; pues la introducción de los mismos es valoTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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rada por el grupo receptor sin que medie contacto alguno con el sistema de creencias en el que surgieron. Lo anterior es consistente con el carácter relativo de las explicaciones sobre el éxito y fracaso de algunas tecnologías, que impide establecer su superioridad o inferioridad intrínseca, en tanto que tal discernimiento obedece a la historia de la adopción y mejoramiento de los dispositivos técnicos (MacKenzie y Wajcman, 1999).

En esta línea, Hughes (1987) define los sistemas tecnológicos como un conjunto compuesto de artefactos físicos; el ambiente natural en el que operan; las organizaciones que los producen, distribuyen, financian, y regulan; así como aquellas que proveen los conocimientos científicos y técnicos requeridos para su diseño e implementación.

A su vez, estos sistemas experimentan fases de invención, desarrollo, innovación, transferencia, crecimiento y consolidación, aunque no existe un orden secuencial entre cada una de ellas. Tan pronto como maduran los sistemas, en lugar de adquirir autonomía, alcanzan un estado de inercia producido por la suma de intereses que privilegian su continuidad, teniendo en cuenta el equipo en los que se soportan, las inversiones realizadas, y los hábitos sociales que se desprenden del uso tecnológico. En consecuencia, los sistemas se tornan inflexibles y pueden prolongarse por generaciones hasta la emergencia de una nueva revolución.

El antagonismo latente entre la noción que presenta la tecnología como un factor externo, determinante del orden social, y aquella que la concibe como un producto resultante de las estructuras sociales, aunque puede resultar estéril para la sociología, nutre el análisis político. Harbers (2005) afirma que no es posible establecer una distinción clara entre explanans y explanandum, por lo que ambas categorías deben entenderse como entidades mutuamente constituidas en un mismo, y único, proceso histórico. El dilema que plantea este referente, denominado “co–producción”, se traduce en un problema de agencia (capacidad de actuar) que obliga a reflexionar acerca de quiénes, o cuales, son los actores que participan en dicho proceso, y cómo lo hacen. Para Latour (2002), las consideraciones morales que se derivan de este ejercicio no se apoyan en un balance entre fines y medios, puesto que la concepción que atribuye a la tecnología el rol de servir como medio para alcanzar un determinado fin, se desvanece ante la evidencia provista por el uso que los individuos le dan. En otras palabras, el uso de los artefactos técnicos desplaza y modifica la intención que les dio origen y, de manera progresiva, 160

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los individuos renuevan sus deseos generando un flujo incesante de fines y medios. En este sentido, la cuestión acerca de la naturaleza de la tecnología exige superar su plano instrumental y reconocer que ella, al igual que la moralidad, es una categoría ontológica.

Este llamado representa uno de los principales desafíos para el estudio político de la tecnología, pues su concepción instrumental ha sido preponderante en la edificación teórica, cuyos extremos corresponden a la dominación tecnológica y el empoderamiento.

El primer enfoque establece que las necesidades humanas no surgen naturalmente, sino a partir de una construcción cultural, impulsada por mitos, relatos y discursos que transmiten una determinada visión de vida deseable. Así, los diseños que crean, apropian o modifican la producción tecnológica consiguen alterar la distribución de poder, riqueza y/o prestigio en una sociedad (Pfaffenberger, 1992). El segundo postula que la tecnología, antes de actuar como una fuerza de dominación, encauza los procesos a través de los cuales diversos agentes que intervienen en la solución de asuntos colectivos, pueden acceder a los mecanismos de fuerza, coerción, seducción y manipulación, con mejoras de eficiencia, efectividad, y confiabilidad (Brey, 2007). Entre estos polos gravitan las críticas feministas a la jerarquía social impuesta por el diseño tecnológico, con la aspiración de subvertir las relaciones de poder que hacen parte integral del mismo (Wajcman, 2008).

Por su parte, la interpretación acerca del papel que desempeña el Estado en el cambio tecnológico se enmarca en alguna de las vertientes anteriores. Foucault (1982; 1997) encuentra que el Estado, a través de sus instituciones, elabora, racionaliza y centraliza verdades, convertidas en conocimiento científico. Este Régime du savoir, que se expresa mediante la violencia ideológica del aparato estatal, legitima las creencias sobre la tecnología y el valor que le es atribuido por la sociedad; con lo cual las estructuras políticas del poder, además de arrogarse la definición del bien común, bajo su lógica totalizante, someten la subjetividad de los individuos dictaminando qué y cómo pensar.

Con ocasión de los programas nucleares desarrollados en Francia durante la Posguerra, Hecht (2001) ilustra cómo fue reconstruida la identidad nacional de dicho país, con importantes repercusiones para su modernización industrial, evidenciando que el poder político de la cultura es inseparable de su esfera material. En esta obra el autor propone dos conceptos para estimar el alcance de la relación entre tecnología y poder: tecno–política, entendida como la práctica de usar o diseñar la tecnología en busca de objetivos Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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políticos; y regímenes tecno–políticos, definidos como el ensamblaje institucional que orienta el desarrollo tecnológico y que, en ejercicio de la tecno–política, prescribe una visión específica del orden socio-político.

La apropiación tecnológica realizada por el Estado para organizar el funcionamiento de la administración pública, ha servido como otro núcleo temático en esta corriente de análisis. Al respecto, Ellul (1964) señala que la incorporación de instrumentos técnicos al aparato estatal no solo dio origen al conflicto entre clase política y tecnocracia, despojando a la primera de autoridad y competencias; también transformó la perspectiva política con la que el Estado interviene frente al progreso técnico. Así, mientras el Estado liberal impuso barreras como la circulación de sustancias nocivas para la salud, normas contra la concentración industrial para favorecer la competencia económica, y protección laboral para impedir los abusos generados por las técnicas de eficiencia productiva, con fundamento en valores como la justicia, el Estado contemporáneo se caracteriza por una supresión radical de las consideraciones ideológicas y morales relativas al cambio tecnológico.

El desmantelamiento de los modelos intervencionistas, emprendido en los países industrializados desde los años setenta, ha motivado una profunda renovación de estos enfoques, desvirtuando la capacidad del Estado para controlar los procesos sociales, mediante la canalización de las fuentes de poder político. En este orden de ideas, Beck (1997) identifica que el agotamiento de la modernidad ha propiciado un nuevo escenario, en cual actores externos al sistema político y corporativo protagonizan la toma de decisiones y compiten, desordenadamente, por el poder. Bajo estas circunstancias, el Estado opera como un negociador. En la etapa pos-moderna, agitada por la creciente percepción de riesgos que emergen en remplazo de las instituciones que le dieron forma a la sociedad industrial, las problemáticas relacionadas con tecnología (su diseño, implementación, y efectos) se abren a posibilidades desconocidas. Acogiendo este significado del entorno político vigente, Feenberg (1995) argumenta que la flexibilidad de la arena pública permite confrontar los códigos técnicos –aquellos rasgos que reflejan los valores y creencias hegemónicas que prevalecen en el diseño de la tecnología y que, por el uso cotidiano de la misma, tienden a pasar inadvertidos–; generando con ello una democratización gradual del cambio tecnológico.

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Sin embargo, esta lectura esperanzadora acerca del potencial de la deliberación pública es objetada con base en la noción de epistemología cívica, propuesta por Jasanoff (2007) para explicar que la construcción de la credibilidad en el conocimiento científico no se reduce a las diferencias binarias entre la percepción de expertos y del ciudadano común. Por el contrario, existen diversas formas de conocimiento público, promovidas por la acción de grupos corporativos que confrontan las alternativas formuladas por el Estado, y después de constituir cuerpos de representación cognitiva se convierten en sistemas cerrados que obstruyen la intervención ciudadana. Por ende, el concepto de vida pública solo cobra significado en los procesos de producción y validación del conocimiento tecno-científico, si se lleva a cabo la activación simultánea de las capacidades instrumentales que equilibran los recursos políticos en la sociedad.

Discusiones teóricas en torno a las TIC El crecimiento exponencial de las funciones de transmisión, comunicación, procesamiento y almacenamiento de información, promovido por las mejoras en los instrumentos de cómputo –hardware y software– y los avances de las telecomunicaciones, es lo que se conoce como Revolución de las TIC. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, la creación de Internet no representa un acontecimiento revolucionario, tal como describe Winston (1998) en su recorrido por el perfeccionamiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de la comunicación, desde el origen del telégrafo moderno en la primera mitad del siglo XIX. Según el autor, el ensayo de las soluciones tecnológicas es antecedido por largas etapas de invención, asociadas con el estado del conocimiento científico, y aun cuando su desempeño resulte exitoso, la fase de difusión permanece sujeta a una extensa serie de condicionamientos institucionales, de los que pueden surgir ajustes y nuevos desarrollos. De esta manera, el diseño de un lenguaje específico para codificar la información complementó los adelantos de la transmisión satelital y la cibernética, alineados con la construcción de redes que han funcionado, a lo largo de la historia, como un patrón en los sistemas de comunicación. Lejos de asimilarse a una invención discreta, Internet surgió de un proyecto de seguridad nacional (Advanced Research Projects Agency Network) fundado en 1957 como respuesta a la incursión soviética en el esTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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pacio. Hacia finales de los años sesenta, la fase de prototipo empezó a consolidarse sin que hubiera, hasta entonces, suficiente número de redes conectadas para impulsar la creación de la red de redes. En 1973 se puso en marcha el correo electrónico internacional; en 1979 se aplicó el primer protocolo de Internet; en 1986 se implantó el sistema de nombres de dominio; y en 1989, con el fin de la Guerra Fría, el proyecto fue clausurado, dando inicio a la etapa de comercialización de Internet, acelerada por la creación de la red informática mundial (World Wide Web).

Ahora bien, el aspecto revolucionario de las nuevas TIC consiste en posibilitar el surgimiento de estructuras alrededor de las cuales se erige un nuevo orden socio-económico, sustentado en el valor de la información y el conocimiento, y la compresión del tiempo y el espacio. Webster (1995) compila tres teorías que coinciden con esta descripción del fenómeno, a saber: (i) La teoría de la Sociedad Pos-industrial (formulada por Bell), que describe cómo el agotamiento del modelo industrial de producción y consumo dio paso a un nuevo sistema ocupacional, liderado por el sector de servicios intensivo en el uso de la información, recurso del que depende un complejo entramado de transacciones económicas. (ii) La teoría de la Escuela Francesa de Regulación que identifica en este periodo de cambio el origen de un nuevo régimen de acumulación capitalista, caracterizado por la creciente integración global de las actividades económicas y financieras que, a través de las TIC, aumentan la productividad y flexibilidad laboral, fortalecen las estrategias de comercialización, y construyen un entorno simbólico que difunde la idea de que el mundo funciona de manera organizada. Y (iii) la teoría de la Sociedad Red (cuyo principal exponente es Castells), en la que se plantea que el desarrollo de redes, por medio de las cuales se reorganizan las actividades socioeconómicas y se construyen identidades colectivas, ha convertido el flujo de información y conocimiento en el factor de mayor valor productivo, generando también nuevas formas descentralizadas de poder.

En oposición a la centralidad de las TIC, prevaleciente en las explicaciones anteriores sobre el cambio social, Stehr (2001) sugiere conceptualizar los procesos socio-culturales que dieron lugar a la creciente demanda de conocimiento. Desde esta perspectiva se reconoce que en las sociedades posindustriales el conocimiento es un fundamento de la autoridad, lo que le convierte en un recurso valioso para librar conflictos políticos. Por ello, el poder direcciona el curso del desarrollo intelectual dejando atrás la orientación de valores para 164

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promover un conocimiento volcado a la acción; esto permite comprender que en la mayoría de economías desarrolladas, las ciencias naturales y la tecnología superen a las humanidades y las ciencias sociales. Tras la delimitación del nuevo entorno social, se encuentra entonces un proceso gradual de recomposición de las relaciones de poder.

Aunque al comienzo de los años setenta, la percepción sobre la emergencia del nuevo orden socio-económico hacía parte de un amplio consenso intelectual en los países industrializados (Mansell, 2009), el contraste entre las corrientes de la dominación tecnológica y los teóricos del empoderamiento empezaba a abrirse campo en el debate acerca de las implicaciones de aquel contexto de transformación. Touraine (1971) acuñó el término “Sociedad Programada” para advertir que la influencia tecnológica había logrado impulsar la integración de todas las esferas de la vida social, generando nuevas formas de dominación. Así, el estilo de vida de los individuos resulta alineado con el sistema de generación de riqueza, subordinada al consumo y ya no a la producción; los medios de comunicación fortalecen su capacidad de manipular, creando necesidades y actitudes; y el poder político se ejerce introduciendo dependencia respecto de las formas de participación que aletargan la conciencia sobre los conflictos sociales. Este arraigo de la “tecnicidad”, en las sociedades posindustriales, es conducido mediante las instituciones educativas, y sustituye los enfoques normativos que tradicionalmente orientaron la conducta social.

Robins y Webster (1988) argumentan que el desarrollo tecnológico producido como alternativa frente a la crisis económica de los años setenta, consiguió flexibilizar el empleo, convirtiendo el tiempo libre en un atractivo comercial. De esta manera se reconfiguraron las microestructuras de la vida cotidiana, y los grandes poderes (corporaciones y agencias gubernamentales) accedieron a instrumentos de control para invadir el cuerpo social mediante la inspección de las preferencias, hábitos, necesidades, transacciones, círculos sociales, y opiniones de los usuarios de las TIC. A partir de entonces, la información y el conocimiento interceptan las relaciones de poder. Por su parte, entre las visiones tempranas de emancipación es preciso destacar la de Toffler (1970), según la cual la transición hacia la sociedad posindustrial corresponde a un periodo de profundización democrática, considerando que las formas políticas en Occidente, a lo largo de la historia, han evolucionado por la demanda de diferenciación social que, a su vez, Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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necesita del flujo de una vasta cantidad de información para permitir que individuos y grupos participen en la toma de decisiones y aseguren su respectiva retroalimentación.

De este modo, las TIC representan un avanzado mecanismo político, capaz de promover y acelerar dichos procesos.

Las bondades políticas atribuidas a las TIC, en sus orígenes, se sintetizan así: aceleración, diversificación, y reducción de costos de los flujos de información y comunicaciones interactivas, con potencial de incrementar los procesos de participación democrática y mejorar la igualdad de oportunidades socio-económicas; fortalecimiento de la rendición de cuentas y herramientas de consulta y seguimiento a las agencias gubernamentales; promoción de redes cívicas; generación de vínculos sociales, identidades y sentido de pertenencia; facilidades para movilizar y accionar coaliciones políticas; y creación de espacios para la libertad de expresión, en los cuales pierden relevancia las restricciones contra la opinión derivadas del género, raza, y estrato socio-económico (Alberts y Papp, 1997). Todas estas expectativas que llevaron a proclamar a la telefonía móvil e Internet, la informática, los satélites, y demás innovaciones de las telecomunicaciones, como “tecnologías de la libertad”, por hacer efectivo un flujo de información sin precedentes, y estimular la interacción humana, quedaron condicionadas a las políticas de regulación e inversión llamadas a garantizar la disponibilidad y acceso, tanto a la infraestructura como a los contenidos digitales (Pool, 1983).

Más de dos décadas han transcurrido desde la irrupción de las TIC, y aún en las discusiones recientes se posa un manto de duda sobre la cristalización de las promesas de cambio social. Ni el análisis estructural (relativo a las relaciones socioeconómicas y fuerzas de poder), ni el epistemológico (interesado en comprender la incidencia de las TIC en las herramientas de pensamiento y/o representación del mundo), propuestos por Garnham (2001) como criterios orientadores para realizar este balance, arrojan evidencia concluyente. Dahlgren (2011) recuerda que el empoderamiento cívico promovido por los medios horizontales de comunicación se ve limitado por las estructuras objetivas que, de modo sistemático, repercuten sobre los recursos culturales que califican la participación.

De otro lado, Dreyfus (2009) ilustra cómo las alternativas que ofrece Internet para mejorar la calidad de vida de sus usuarios, por medio de las innumerables oportunidades que provee la interacción con la realidad virtual, pueden demandar sacrificios 166

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proporcionales que obligan a reflexionar sobre los efectos inesperados del contacto con la tecnología. A su vez, DiMaggio et al. (2001) examinan una vasta literatura internacional de hallazgos sobre los efectos sociales de Internet, encontrando que no existen diferencias sustanciales en las medidas de participación cívica entre usuarios y no usuarios; así como también hay registros de fuerzas sociales de integración y polarización gestadas en la red. Los autores deducen que el vínculo entre tecnología y sociedad nunca es unidireccional. Por tanto, los cambios que cabe esperar no son más que el resultado de la organización que conjuntamente le dan los actores económicos, sociales y políticos al acceso y uso de Internet.

En parte, la dificultad de acotar las expectativas en torno a la capacidad de Internet para moldear el cambio social se explica por el carácter difuso de su significado. De acuerdo con Agre (1998), además de representar un “meta-medio” de comunicación; un sistema informático (referido a un amplio conjunto de prácticas computacionales); y una fuente simultánea de estándares de políticas y políticas de estandarización, Internet constituye un proceso de descubrimiento social que se adscribe a la adopción tecnológica, de tal suerte que en la medida que se exploran nuevas formas de uso, se profundiza la comprensión de las ideas que motivaron la creación de esta tecnología. Es por ello que el desarrollo y uso de Internet transforman continuamente el discurso social. Estas ideas y discursos tienen, por ende, su propia historicidad, recurren a sus propias metáforas, y se fundamentan en sus propios supuestos.

Sin enmarcarse en alguna concepción específica del potencial transformador de Internet, la problemática del acceso a esta tecnología también ha sido abordada como un imperativo moral. Partiendo de la transversalidad y relevancia del uso de Internet para el desempeño de las actividades cotidianas, Bastian y Haslam (2010) describen el ostracismo cibernético en el entorno de las sociedades interconectadas, como una disrupción del sentido de pertenencia a la comunidad humana. Van Den Hoven y Rooksby (2008) definen la privación del acceso a la infraestructura y servicios de información, como un problema de justicia distributiva, y proponen reconocerlos como un bien primario, a la luz de la teoría Rawlsiana; es decir, un bien universalmente requerido como condición para el bienestar del ser humano. Entre las cuatro categorías de bienes primarios del sistema Rawlsiano (derechos fundamentales y libertades; oportunidades; ingreso y riqueza; Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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y bases sociales de la dignidad) los autores ubican la información, entendida como conocimiento y objeto informacional para producir conocimiento, en la primera (libertad), indicando que dicha posición le otorga una prioridad absoluta frente a cualquier otra dimensión sustantiva de la igualdad.

No obstante, la acelerada evolución de Internet dificulta, cada vez más, precisar las dimensiones de la brecha digital. De acuerdo con Van Dijk y Hacker (2003) la brecha digital puede descomponerse en, al menos, cuatro esferas: la barrera motivacional (que consiste en la falta de interés por explorar la tecnología); la falta de acceso material a las conexiones y terminales; la insuficiencia de destrezas digitales; y la ausencia de oportunidades de uso, entendidas como los recursos sociales y cognitivos que hacen operativa la interacción en redes y su aprovechamiento. En el contexto actual, denominado “Internet of Things”, en el que un vasto conjunto de redes conformadas por objetos físicos (sensores, vehículos, electrodomésticos, entre otros), estructura procesos de comunicación y genera bases de datos, dando lugar a una intensa fusión entre los flujos de información que circulan por la red y el mundo físico, las manifestaciones del enorme poder de micro-procesamiento e identificación de datos en el estilo de vida de los usuarios de Internet se tornan más diversas y activas. Entretanto, las desigualdades en el acceso y uso de la tecnología se multiplican (Selby, 2012).

Es así como la privación del acceso a la infraestructura de conectividad a Internet, representa la modalidad más aguda de exclusión digital. El reto que comporta para los Estados superar esta dimensión de la brecha, implica la necesidad de conciliar objetivos de política social, instrumentos de regulación, e intervenciones públicas, con dinámicas del mercado y lineamientos impartidos por organismos multilaterales influyentes en la materia. Ante este complejo panorama, las categorías de acceso y servicio universal han adquirido una connotación estratégica en el diseño de las iniciativas de acción pública, de tal forma que la primera ha sido entendida como una intervención transitoria que consiste en habilitar un medio de acceso público al servicio, a una distancia razonable para la población beneficiaria desde su lugar de residencia (y de acuerdo con sus respectivas alternativas de transporte); mientras la segunda corresponde al fin último de la política de inclusión digital, y abarca la disponibilidad del servicio en cada hogar.

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Conforme lo anterior, las iniciativas de acceso universal proporcionan un escenario adecuado para explicar cómo opera el marco institucional en los procesos de difusión tecnológica, y desentrañar los vínculos existentes entre tecnología y poder. No solo porque delimitan las oportunidades de contacto con la tecnología en aquellos segmentos de la sociedad que se enfrentan a la ausencia del mercado, reflejando así el alcance de los criterios distributivos que contempla la acción pública; sino también porque, a lo largo de su ejecución, es posible identificar las fuerzas de impulso y resistencia que afectan el logro de los cometidos de inclusión digital.

Lecciones del Caso Colombiano El pasado 27 de agosto la Comisión Primera del Senado llevó a cabo el primer debate al proyecto de Acto Legislativo No 08 de 2014, mediante el cual se propone reformar el Artículo 20 de la Constitución Nacional en los siguientes términos: “Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, disponer de acceso a banda ancha en Internet y fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (Gaceta del Congreso N° 423 de 2014).

Esta iniciativa refleja el replanteamiento tardío de las categorías de acceso y servicio universal, que hasta el momento han sido acogidas como principios orientadores de la intervención pública, a diferencia de otros países en los que éstas han sido incorporadas al sistema normativo en calidad de mandatos y obligaciones. En 2002, a través de una Directiva Común, la Unión Europea reconoció como derecho mínimo de los ciudadanos, al margen de su localización geográfica, contar con la disponibilidad de un servicio público de Internet a un precio asequible. En 2008 Suiza introdujo la conectividad a Internet en el alcance básico del servicio universal, implementando un plan coordinado con carriers, compañías de electricidad, y operadores de cable, para desarrollar redes FTTH (Fiber To The Home); la conexión inicial se fijó en velocidades de subida y bajada de 600/100 Kbps, respectivamente. En Estados Unidos, el Plan Nacional de Banda Ancha, aprobado Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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por la Comisión Federal de Comunicaciones en 2010, incluyó la meta de completar la disponibilidad del servicio para toda la población en 2020, iniciando con una velocidad de bajada de 4 Mbps y una velocidad de subida de 1 Mbps; y en 2010 Finlandia consagró el acceso a Internet como un derecho fundamental del ciudadano, indicando que la conexión a cada hogar iniciaría con 1 Mbps, hasta lograr 100 Mbps en 2015 (García, 2012).

Al margen de la suerte que pueda correr esta propuesta legislativa, durante su tránsito por el Congreso, y en virtud del interés que despierta en la opinión pública la coyuntura de las negociaciones de paz para idear escenarios sociales de pos-conflicto, resulta pertinente indagar acerca de los principales retos de intervención pública que plantea la problemática de inequidad en el acceso a Internet, con particular atención sobre las condiciones que enfrentan las comunidades rurales del país; considerando que (i) respecto de los países industrializados, el atraso de la inclusión digital en Colombia es ostensible; y (ii) la brecha entre las condiciones de acceso a Internet entre la población urbana y rural, en Colombia, es muy amplia.

En la medición del índice de Desarrollo de las TIC –compuesto por indicadores de acceso (suscripciones de telefonía fija, móvil, ancho de banda, y penetración de computadores por hogar); uso (suscriptores y usuarios de banda ancha fija y móvil); y capacidades (tasas de alfabetización digital, y nivel de matrícula en educación secundaria y terciaria)–, el país se encuentra 0.15 puntos por debajo de la media mundial (4.35 en una escala de 0 a 1), situándose en posiciones inferiores a las de Panamá, Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, y Brasil. En términos de calidad, estimada a partir de las velocidades de conexión, mientras en los países industrializados más del 60% de las suscripciones a Internet banda ancha son de alta velocidad (mínimo 10 Mbit/s), dicho porcentaje no supera 10% en Colombia (ITU, 2013). A su vez, la asequibilidad es un factor diferencial relevante. Según Galperin (2013), el precio de una conexión de al menos 2,5 Mbps cuesta casi el doble en Colombia que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OECD– ($50 Vs. 27,2 USD PPP).

En relación con las diferencias de acceso a Internet entre población urbana y rural, la última encuesta sectorial del DANE, correspondiente a los indicadores básicos de tenencia y uso de las TIC, señala que mientras 50,6% de los hogares en 2013 poseía computador de escritorio, portátil o tableta en las cabeceras municipales, este registro 170

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ascendía a tan solo 11,7% en las zonas rurales. De igual modo, la cantidad de hogares urbanos con conexión a Internet en cabeceras era de 43.6%, y en zonas rurales de 6.8% (DANE, 2014). Estas cifras, si bien desconocen las dimensiones de uso que convergen en el alcance multidimensional de la brecha digital, tales como las habilidades y conocimientos para el manejo de hardware y software, dominio de lenguas extranjeras predominantes en los contenidos virtuales, y demás destrezas necesarias para aprovechar los recursos de la red, ilustran la severidad de la exclusión social que enfrentan a diario las comunidades rurales del país.

Asimismo, en razón de las limitaciones de oferta y demanda que obstaculizan la comercialización del servicio de conectividad a Internet en las zonas rurales, la búsqueda de lineamientos de acción pública debe enmarcarse en las lecciones aprendidas a lo largo de la ejecución de los proyectos de acceso universal, derivados de la política de telecomunicaciones sociales, creada en 1995 por los cambios de liberalización sectorial; y en virtud de la cual el servicio de telefonía pública en zonas rurales pasó de un esquema de prestación pública directa (a cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM) a uno de intermediación, dirigido por el Ministerio de Comunicaciones (actual Ministerio TIC), con la expectativa de inducir la oferta del mercado.

Lo anterior teniendo en cuenta que al cierre de 2013, solo 14% de los Centros Poblados del país disponía de una solución de acceso comunitario a Internet (DANE, 2013), cuya distribución no responde a criterios de equidad. Tomando como referencia la propuesta formulada en el Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, 2011) para interpretar el grado de ruralidad de los municipios colombianos, con base en la densidad demográfica y la distancia en línea recta promedio desde un municipio hasta la ciudad grande más cercana (con rangos de población mayor a 1 millón de habitantes; entre 400.000 y 1 millón; 200.000 y 400.000; y 100.000 y 200.000), 77% de los centros de acceso comunitario a Internet se encontraban localizados en municipios de ruralidad media, 18% en municipios de ruralidad baja, y solo 5% en municipios de ruralidad alta.

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Gráfica 1.

Distribución geográfica de los puntos de acceso comunitario a Internet (2013)

13 94 85 115 294 2 17 1 133 58

104 78 62 88

Fuente: Elaboración propia con base archivos de Fondo TIC y el índice de ruralidad del INDH 2011

Lección No 1. La fe en el mercado, más allá de la racionalidad económica, conduce a intervenciones públicas ineficaces e insostenibles Como resultado del proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, emprendido a comienzos de los años noventa, y reforzado mediante la promulgación de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, y la ratificación del Acuerdo General de Servicios contenido en la adhesión de Colombia a la Organización Mundial del Comercio (Ley 170 de 1994), la prestación de servicios de telefonía en zonas rurales, que hasta entonces había sido provista por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM), empezó a regirse por los principios de competencia bajo la coordinación del Fondo de Comunicaciones (unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Comuni172

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caciones). En 1999, a través del Documento CONPES No 3032, fue creado el Programa COMPARTEL para formular y contratar iniciativas de acceso universal, financiadas por el Fondo con cargo a las contraprestaciones que pagan los operadores del sector por concepto de licencias, permisos, concesiones, y multas, entre las cuales se incluyeron las soluciones de acceso comunitario a Internet.

Una década más tarde, con la promulgación de la Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, este diseño institucional fue confirmado, así como la preponderancia del acceso universal en la delimitación del alcance del Fondo de Comunicaciones (en adelante Fondo TIC): “(Art. 34) El objeto del Fondo es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como apoyar las actividades del Ministerio y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones” (Diario Oficial No. 47426 de julio 30 de 2009).

Ahora bien, las directrices establecidas en el Documento CONPES No 3032 de 1999 señalan que las intervenciones del Programa COMPARTEL estarían orientadas hacia la promoción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones, y la vinculación de actores privados para la extender la oferta del mercado, de tal forma que el modelo de inversión a desarrollar consistiría en dejar en manos de los operadores contratados mediante procesos de selección objetiva, la propiedad de la infraestructura instalada para garantizar con ello una rentabilidad suficiente en relación con los costos del montaje, operación y mantenimiento de los puntos de acceso comunitario. Asimismo se acogió la necesidad de promover el uso de tecnologías que permitieran incrementar la eficiencia técnica a costos razonables.

En consonancia con estos lineamientos, los proyectos de acceso universal han sido ejecutados a través de un modelo atípico de inversión pública, denominado contrato de aporte, en el que un tercero se obliga a desplegar, operar, y mantener la infraestructura Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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conservando para sí la propiedad de la misma, con el fin de explotarla comercialmente; y los recursos de fomento provistos por el Estado, a través de una asignación modal, son administrados por un encargo fiduciario. De otro lado, las características geográficas, la deficiencia de infraestructura complementaria (energía eléctrica y vías terrestres), los riesgos en materia de seguridad y la baja densidad de población en las zonas rurales, han sesgado el diseño técnico de estos proyectos hacia el uso de soluciones satelitales.

En consecuencia, al término de cada proyecto no ha sido posible lograr el cometido de expandir la oferta del mercado, en tanto que la capacidad de las soluciones satelitales no es escalable y las suscripciones al servicio de Internet, por medio de esta tecnología, son más costosas. Este esquema también conlleva un alto riesgo para la disponibilidad del servicio, debido a la elevada concentración del mercado de proveedores de capacidad satelital, con quienes negocian los intermediarios que prestan el servicio en los proyectos de acceso comunitario. De acuerdo con la Agencia Nacional del Espectro (2013), dicho segmento está constituido por cinco proveedores (67,7% por Intelsat; 15% por Telesat; 13,8% por Satmex; 2,6% por SES; y 0,9% por Hispasat), y los programas sociales (aquellos financiados por el Fondo TIC, el Ministerio de Educación Nacional, entre otras instituciones públicas) representan el 29% de la demanda de capacidad, después de las troncales de tráfico (46%); seguidas por empresas (22,6%), servicios de televisión (1,3%), y el sector defensa (1,1%).

Lección No 2. El sesgo tecnológico en las intervenciones públicas actúa como factor de la exclusión digital A lo largo de la implementación de los proyectos de acceso universal, desde el origen del Programa COMPARTEL hasta el cierre de 2013, se observa que la cobertura rural, tomando como referente el promedio de centros poblados registrados por el DANE en los últimos 6 años (8.077), no ha superado 14%. Por su parte, las velocidades de descarga, contratadas mediante tecnología satelital, iniciaron en 4 kbps en 2003, aumentaron a 64 kbps en 2006; 128 kpbs en 2008; 256 kbps en 2010; hasta alcanzar 512 kbps desde 2011.

Por tanto, el uso de Internet en los centros de acceso comunitario ha estado restringido al envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas, navegación simplificada, y descarga de archivos de bajo contenido. Las aplicaciones interactivas, tales como juegos y confe174

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rencias en línea, y la reproducción y/o descarga de videos de alta definición, desbordan la capacidad disponible.

La regulación vigente (Resolución No. 3067 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones) excluye la definición de banda ancha (capacidad suficiente para permitir, de manera simultánea, la provisión de voz, datos y video, con unas velocidades efectivas de acceso mínimas de 1024 Kbps Downstream y 512 Kbps Upstream, y 1024 Kbps/256 Kbps en el caso de proveedores satelitales) de los contratos suscritos en desarrollo de la política de telecomunicaciones sociales, indicando que para ellos se mantiene como definición regulatoria de banda ancha una relación de 512 Kbps Downstream, y 128 Kbps Upstream para las conexiones satelitales (CRC, 2011).

De otro lado, con base en la relación entre las tarifas al público definidas en cada uno de los contratos celebrados en el marco de los proyectos de acceso universal, y la capacidad de pago de los habitantes rurales (asumiendo que la totalidad del ingreso disponible para servicios de comunicaciones se destinan al uso de Internet), es posible concluir que el número máximo de horas durante el mes para acceder al servicio en los centros comunitarios, ha pasado de 3,1 horas en sus inicios, a 10,7 horas en 2013. En síntesis, la cobertura, calidad, y asequibilidad de los servicios provistos en zonas rurales, han dificultado el desarrollo sostenido de procesos de adopción tecnológica, prolongando las condiciones de exclusión digital en el campo colombiano.

Lección No 3. La efectividad de las intervenciones públicas exige criterios de equidad Los primeros proyectos de acceso comunitario a Internet, formulados por el Programa COMPARTEL, estuvieron dirigidos a las cabeceras municipales con población superior a 8.000 habitantes. Una vez se incursionó en zonas rurales, los criterios de selección de las comunidades a beneficiar quedaron expuestos al balance técnico y económico de los proponentes que concurren en los procesos licitatorios del Fondo TIC, sin que primen elementos diferenciadores de la ruralidad, a partir de los cuales se ponderen las necesidades por satisfacer. Esta situación se agudiza aún más por la precariedad de información oficial acerca de las condiciones de vida, rasgos demográficos, disponibilidad de infraestructura y demás factores indispensables para un diseño eficaz de intervención pública.

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Lección No 4: Los resultados de las intervenciones públicas no pueden comprenderse únicamente a partir del contraste entre sus objetivos e instrumentos. Es indispensable incluir en su valoración los rasgos del comportamiento institucional.

La participación del Programa COMPARTEL en los recursos de inversión del Fondo TIC, en promedio, ha sido de 27%. Además de competir por dichos recursos con otras iniciativas del Ministerio, y pese a la prioridad del acceso universal con que fue concebido el Programa, la distribución del gasto ha obedecido a múltiples y cambiantes criterios, de acuerdo con las metas del gobierno de turno. Así, por ejemplo, además de la instalación y operación de puntos de acceso comunitario a servicios de telefonía e Internet, en zonas urbanas y rurales, COMPARTEL ha desarrollado proyectos de conectividad a instituciones públicas en beneficio de bibliotecas, escuelas, alcaldías, juzgados, y guarniciones militares; reposición de redes de telefonía; masificación de accesos a usuario final; y despliegue de infraestructura de transporte. Por consiguiente, la variedad de proyectos, al interior del Programa y del Fondo TIC, representa un elevado costo de oportunidad para la población rural.

Reflexiones finales Los hallazgos encontrados a lo largo del repaso por la implementación de la política de telecomunicaciones sociales, permiten comprobar que el modelo de intervención pública adoptado por el Fondo TIC, no ha logrado estimular la oferta comercial de servicios en zonas rurales, desvirtuando los supuestos que fundamentaron la adecuación de los objetivos de acceso universal al régimen de libre competencia; el sesgo tecnológico ha afianzado la problemática de exclusión digital; y la interferencia política en la distribución del gasto público ha obrado en perjuicio de la adopción tecnológica de la población rural.

Lo anterior significa que, en aras de la equidad social, es necesario reconocer las falacias de los paradigmas que inciden en el curso de la acción estatal o, en su defecto, en la estructuración del discurso oficial, a saber: (i) las fallas de mercado no se corrigen sin que la intervención pública sea mediada por una respuesta asertiva de los privados que capturan incentivos. Un modelo de intervención directa, dirigido a sustituir el mercado en un entorno en el que éste no tiene posibilidades de emerger, no solo ofrece mayor eficiencia para la inversión pública, sino mejores resultados en el logro de sus objetivos 176

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sociales. (ii) Por su parte, la evidencia observada a lo largo de la ejecución de los proyectos de acceso público a Internet, demuestra que la tecnología no es neutral en sus efectos sociales y políticos. En realidad, las decisiones que se amparan en considerandos técnicos entrañan profundas y complejas dinámicas de poder. (iii) Por último, se concluye que los procesos de difusión tecnológica no emergen espontáneamente; son el resultado del arreglo institucional que los rodea.

Los efectos esperados de la aceleración y reducción de costos de los flujos de información y conocimiento, sin duda podrían contribuir a la viabilidad y sostenimiento de un escenario real de pos-conflicto. Especialmente porque las alternativas de progreso socio-económico que en el pasado ofreció la migración del campo a la ciudad, se han reducido en la medida que las estructuras industriales ya no cuentan con capacidad para absorber mano de obra no calificada, tras haber sido desplazadas por sectores intensivos en el uso y procesamiento de información; lo que ha convertido a la inclusión digital en un requerimiento básico, tanto para la viabilidad del campo, como para la continuidad de los procesos de urbanización. Sin embargo, cristalizar las expectativas de empoderamiento, progreso, y libertad, asociadas con el acceso y uso de Internet en las zonas rurales, demanda transformaciones sustanciales que empiezan por reconstruir las bases de la justicia y la equidad.

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Opciones políticas, comunas y votos. Distribución territorial de los apoyos electorales a la Alcaldía de Santiago de Cali 2003-2011* Adolfo A. Abadía** (aaabadia@icesi.edu.co) Artículo de investigaciòn recibido el 28/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo: ABADÍA, Adolfo A. (2014). “Opciones políticas, comunas y votos. Distribución territorial de los apoyos electorales a la Alcaldía de Santiago de Cali 2003-2011”.

En: Trans-pasando Fronteras, núm. 6, pp. 183-216. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen Este artículo estudia la distribución territorial de los apoyos electorales relacionando opciones políticas, comunas y votos a la Alcaldía de Santiago de Cali en 2003, 2007 y 2011. Para tal fin, se propone el cálculo del Índice de Nacionalización como forma de observar la variación del apoyo político a lo largo del territorio municipal. Asimismo, se rastrean las opciones políticas que han participado en las contiendas electorales desde la primera elección popular de Alcaldes haciendo una distinción entre * El autor quiere aprovechar la oportunidad para agradecer a los profesores Juan Carlos Gómez y Juan José Fernández por sus pertinentes comentarios, a la profesora Margarita Batlle por sus valiosas recomendaciones y, especialmente, al profesor Juan Pablo Milanese por su acompañamiento, observaciones y por la oportunidad de continuar con esta investigación de manera colaborativa. Este artículo forma parte del proyecto denominado Grado de institucionalización del sistema de partidos de Santiago de Cali. Elecciones para la Alcaldía 2003, 2007 y 2011, con el cual se optó por el título de politólogo. Una versión de este trabajo fue presentado en el III Congreso de Ciencia Política ACCPOL 2014. ** Politólogo de la Universidad Icesi (Cali, Colombia). Asistente editorial de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Universidad. Correo personal: adolfoabadia@yahoo.es - http://orcid.org/0000-0002-9034-2156

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partidos políticos, movimientos políticos y candidaturas independientes. Luego, a la luz de los valores que arroja el Índice de Nacionalización, se busca identificar el tipo de relación existente entre los resultados electorales y las comunas en tanto a la moda del estrato socio-económico. Entre los resultados más significativos se advierte, por un lado, la presencia de algunas comunas con resultados electorales significativamente elásticos y otras relativamente estables; por otro lado, la suma de los votos en las “comunas elástica” y las “comunas estables” alcanzan un número importante de votos que, en algunos casos, fue suficiente para hacerse con el cargo de Alcalde de Cali.

Palabras clave: Sistema de partidos; Candidatos independientes; Partidos políticos; Índice de nacionalización; Elecciones locales; Cali-Colombia;

Introducción El comportamiento electoral de Santiago de Cali ha sido estudiado desde distintas perspectivas. Uno de los primeros trabajos que dan cuenta de este tema es el de Judith Talbot de Campos y José Francisco Martín (1980), quienes arrojan unas primeras pistas sobre el comportamiento electoral de los caleños de 1978. Luego de un silencio de aproximadamente 30 años, se encuentran, por un lado, trabajos que realizan un rastreo de anomalías e irregularidades que arrojaron los cálculos del riesgo electoral en los resultados a la Alcaldía de Cali de 2003 y 2007 (Polis, 2011), así como los que abordan esta temática desde una perspectiva historiográfica de las élites políticas antes que del comportamiento electoral per se (Crespo, 2010; y Sáenz, 2010a y 2010b). Por otro lado, existen estudios del comportamiento electoral de los caleños a la luz de las campañas publicitarias y los medios de comunicación (Pinto, 2008; Ararat y Londoño, 2012), y del impacto de la descentralización política a partir de los ocho primeros alcaldes electos popularmente (Pinto, 2011 y Correa, 2012). Recientemente, se han desarrollado análisis que abordan la relación entre partidos políticos, electorados y territorio pretendiendo desentrañar cuestiones como la configuración de los apoyos electorales a los candidatos y el nivel de impacto de algunas comunas de la ciudad en relación a la elección de alcaldes en Santiago de Cali (Milanese, 2014; Abadía, 2014; y Abadía y Milanese, 2014). El análisis que ofrece este documento se inscribe en esta última línea de investigación y busca aportar al estudio de la triada partidos políticos, electorado y territorio a nivel subnacional, especialmente, sobre las elecciones a nivel local, en particular para el municipio de Santiago de Cali.

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En Colombia se pueden referenciar estudios que han articulado estos tres elementos, principalmente, desde una perspectiva de relaciones clientelares enmarcadas en el contexto del conflicto armado (Dávila y Delgado, 2002; Gutiérrez, 2006; García, 2007 y 2010; y López, 2010). En menor medida, se encuentra estudios del grado de institucionalización del sistema de partidos a partir del cálculo del Índice de Nacionalización (PNS). Esta perspectiva surge, aproximadamente, a inicios del siglo XXI, constituyéndose como una agenda investigativa del sistema de partidos latinoamericano relativamente joven (ver Jones y Mainwaring, 2003; Mainwaring y Zoco, 2007, Lupu 2008; Alemán, 2008; Batlle 2009, Leiras, 2009; Lago, 2010; Cascante, 2010; y Casa 2010). En relación al caso colombiano, existen estudios que abordan esta perspectiva para analizar el grado de nacionalización del sistema de partidos a nivel nacional (ver Batlle y Puyana, 2011); sin embargo, no es usual encontrar estudios del arraigo del electorado por una opción política a partir del análisis de los resultados a nivel subnacional. Este artículo pretende dar algunos pasos en este sentido.

El objetico de este trabajo consiste en explorar la relación existente entre territorio, comportamiento y competencia electoral en el sistema de partidos de la ciudad de Santiago de Cali. Luego, a partir del cálculo del PNS, se pretende ofrecer una respuesta a interrogantes sobre el nivel de nacionalización del sistema de partidos del Municipio de Santiago de Cali, específicamente, ¿cuál es el grado de homogeneidad del comportamiento electoral de los caleños? Una primera hipótesis apunta a la existencia ciertas comunas en el municipio de Santiago de Cali, en particular las de estrato socio-económico más bajo, que tienden a tener mayor incidencia sobre los resultados a la Alcaldía; una segunda hipótesis surge de la idea de que la comunas con mayor incidencia en la elección de alcalde vuelven a jugar este rol decisorio en la siguiente jornada electoral; una tercera hipótesis se desprende de la proposición de un bajo nivel de nacionalización, es decir, poca homogeneidad en la distribución de los apoyos electorales de los partidos y el sistema de partidos de Santiago de Cali.

En suma, este documento se estructuró en cinco secciones de la siguiente manera. La primera sección comprende el fundamento conceptual que da forma a este análisis del comportamiento electoral a la luz del Índice de Nacionalización. La segunda sección hace un ágil recorrido histórico sobre la configuración política de Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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Santiago de Cali a partir de las elecciones populares a Alcalde, específicamente, de la elecciones de 2003, 2007 y 2011. La tercera sección consiste en el análisis de los resultados del cálculo del PNS. La cuarta parte explora la relación entre los resultados electorales y las comunas según la moda de los estrato-económico. Finalmente, y a modo de conclusión, se presentan unas reflexiones que se desprenden del desarrollo de este artículo y otras que invitan al estudio del sistema de partidos colombiano a nivel subnacional, como en este caso, a nivel municipal. Índice de Nacionalización, Partidos políticos y Candidaturas independientes El Índice de Nacionalización (PNS)1 constituye una herramienta estadística de medición de la distribución de los apoyos electorales en un territorio de competencia determinado (unidad de análisis), el cual se ha consolidado como un significativo indicador del grado de homogeneidad de los resultados electorales en un distrito electoral. El PNS mide la dimensión horizontal2 de la competencia electoral, también denominada dispersión (Kasuya, 2008.127), a razón de la distribución territorial de los apoyos políticos (Caramani, 2004). De esta forma, una opción política se concebirá como nacionalizada en la medida en que el coeficiente Gini registre un resultado cercano a 1, lo que significa un alto nivel de homogeneidad territorial de la distribución del voto por una opción política (Bochsler, 2009; Jones y Mainwaring, 2003; y 1 El Índice de Nacionalización de los partidos políticos (PNS) resulta de la resta con 1 del Coeficiente de Gini; matemáticamente, lo anterior se expresa de la siguiente manera: PNS = 1 – Gi = nΣ (1-Gi(Xi)) Pi = 1 - nΣ (Gi (Xi)) Pi. El Coeficiente Gini se calcula a partir de la siguiente fórmula: Gi = │( nΣ Xi Yi+1 ) - ( nΣ Xi+1 Yi )│, donde n es igual al número total de partidos, Xi es la proporción acumulada que representa el porcentaje de los votos válidos ganados por el Partido X en la circunscripción i dividido por el total de los votos ganados por el mismo partido en todas las circunscripciones, y Yi es la proporción acumulada que representa la circunscripción i del total de las circunscripciones u otras subunidades políticas (Jones 2003, Došek 2011 y Lago, 2014). El Índice de Nacionalización del sistema de partidos (PSNS) se calcula de la siguiente manera: PSNS = nΣ (PNSi · Pi), donde n es igual al número total de partidos, y P es igual al porcentaje de votos válidos ganados por el Partido i (Jones 2003).

2 Además de una dimensión horizontal se distingue una Dimensión vertical, la cual hace referencia a la posible correlación que los resultados electorales pueden tener para una misma opción política desde una perspectiva multinevel (local, regional y nacional). En este sentido, un partido esta verticalmente institucionalizado cuando “obtienen proporciones semejantes en las elecciones para cargos de distinto nivel” (Leiras, 2010:212) y presentan candidatos en todas las circunscripciones a lo largo de todo el territorio (Schakel, 2012); por el otro lado, esta dimensión se le conoce también, entre otras maneras, como: “inflación partidista”, “agregación” de los partidos, “vínculo (linkage) partidista” (Došek, 2011:7).

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Batlle y Puyana, 2011). En este sentido, una opción política altamente nacionalizada debería alcanzar un porcentaje similar de votos en todas las circunscripciones (Jones y Mainwaring, 2003; Casa, 2010; y Cascante, 2010).

Otro elemento que habla a favor del PNS como apuesta metodológica, radica en su vínculo con los análisis del grado de institucionalización de los sistemas de partidos a la luz de la configuración de las lógicas de la competencia electoral. Así, un alto valor en el cálculo del PNS sería el reflejo de un alto grado de institucionalización del sistema de partidos, lo que resulta beneficioso para un gobierno democrático en términos de estabilidad política y acatamiento a las reglas de juego formales, propiciando en mayor medida a los actores políticos un entorno institucionalizado para competir y esbozar expectativas sobre el futuro próximo, y, a largo plazo, sugiere cierta influencia sobre la eliminación de las condiciones que permiten prácticas como el clientelismo y la corrupción local en relación a la construcción de políticas públicas (Jones y Mainwaring, 2003; Mainwaring y Zoco, 2007; Casa, 2010; Cascante, 2010 y Leiras, 2010). En otras palabras, un sistema de partidos altamente institucionalizado supone mayor “equidad en la implementación de políticas públicas en las diversas zonas geográficas que integran el Estado, y aumenta las posibilidades de los actores partidarios para conformar alianzas en base a cuestiones nacionales” (Casa, 2010:2). Además, los sistemas de partidos institucionalizados son importantes para la generación de legitimidad, debido a que ayudan a estructurar opciones relativas al tipo de líderes que el electorado desea. En este sentido, la democracia confiere a los ciudadanos una oportunidad institucionalizada, regulada y no-violenta (elecciones), para reemplazar a sus líderes y representantes políticos (Mainwaring y Scully, 1995; Mainwaring y Torcal, 2005; y Levitsky 1998 y 2001).

Si bien, la mayoría de los estudios que han involucrado el PNS como instrumento de medición de la distribución de los apoyos electorales se han desarrollado a nivel nacional, este modelo puede también ser utilizado a diferentes niveles subnacionales (Došek y Freidenberg, 2013). De este modo, el PNS permite comprender la evolución de “electorados nacionales y sistemas de partidos nacionales donde priman organizaciones partidistas, programas, campañas y cuestiones que rebasan las fronteras locales o regionales” (Batlle y Puyana, 2011:29-30). En este documento Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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se enfoca un nivel subnacional definiendo a los límites urbanos del municipio de Santiago de Cali como unidad de análisis.3 Por otra parte, el PNS comprende, por un lado, el Índice de Nacionalización de los Partidos (PNS)4, el cual indica cómo se distribuye el apoyo político-electoral por una opción política a lo largo un territorio; y, por el otro, el Índice de Nacionalización del Sistema de Partidos (PSNS)5, que mide el grado de impacto del PNS en el sistema de partidos en dicho territorio.

Por otro lado, se propone una definición del Sistema de partidos como el marco del “conjunto de interacciones normadas en la competencia entre partidos” (Mainwaring y Scully, 1995; y Mainwaring y Torcal, 2005) que conlleva implícitamente, primero, la existencia de mínimo dos opciones políticas, que para el caso colombiano, éstas pueden tomar las formas de partidos políticos, movimientos políticos o candidaturas independiente (Chanona, 2008:30); segundo, la existencia de una institucionalidad amparada en normas formales pero susceptibles a ser debatidas y modificadas afín de regular la competencia electoral; tercero, una interacción continua de los elementos constituyentes que condicionan la competencia electoral; finalmente, el reconocimiento de las reglas de juego por parte de los actores políticos anteriormente mencionados y el electorado.

En relación a las formas de participación política que permiten a los ciudadanos “elegir y ser elegido” a cargos de elección popular, se realizó una diferenciación acorde a las formas en que se pueden postular candidaturas: vía aval o vía firmas.

La primera consiste en la exclusividad de los partidos y movimientos políticos para presentar candidatos, siempre y cuando siga vigente su personería jurídica. La segunda forma de participación política está amparada a la normatividad vigente de cada país. En Colombia, por ejemplo, se permite a los movimientos sociales, también llamados “Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC)”, postular candidatos a cargo de elección popular, si y solo si, logran recoger el número de firmas al equivalente 3 Se tomaron las 22 comunas de la ciudad como unidades mínimas. No se tomaron a los barrios (neighbourhoods) como estas unidades por dos razones. Primero, al menos en Santiago de Cali, no en todos los barrios se asignan mesas votación (Abadía y Milanese, 2014), y segundo, este fue el máxino nivel de desagregación obtenido de los resultados electorales.

4 Del inglés, Party Nationalization Score.

5 Del inglés, Party System Nationalization Score.

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del 20% del resultado de dividir el censo electoral para una circunscripción electoral entre el número de puestos por otorgar; de esta manera es como se validan las Candidaturas Independientes (CI).

Como se podrá observar, estas dos formas de participación dejan entredicho una disyuniva de cómo conceptualizar a las opciones políticas. Si partimos de entender al partido o movimiento político como el medio instrumental para (1) estructurar la competición electoral; para (2) lograr un identificación simbólica; para (3) formar y sostener gobiernos (gobernabilidad); y para (4) ejercer la representación política a través de la agregación de intereses y pasiones canalizando las expectativas y demandas individuales en un cuerpo objetivo: el partido (Schmitter, 1999).

Por el contrario, las CI exigen nuevas variables para entenderlos como actores políticos de elección popular, ya que significan una ruptura con las formas tradicionales de pensarse la política y lo político. Sin embargo, tanto los partidos y movimientos políticos como las candiaturas independientes, al menos por un periodo de gobierno, configuran el canal oficial de comunicación política al establecer vínculos entre ciudadanía y Estado.

En Colombia, la modalidad de candidaturas que inscribirse a partir de la recolecciòn de firmas, representan una alternativa de participación política, frecuentemente, usada por movimientos sociales, por cabecillas de partidos y movimientos políticos que no logran obtener el aval que les permita postularse con los colores de su partido o movimiento político en particular y buscan competir de manera independiente por un cargo de elección popular. Para este caso, este tipo de candidaturas han tenido éxito en dos (2007 y 2011) de las tres jornadas electorales tenidas en cuenta en este documento. Por lo tanto, no es de menospreciar la capacidad que tiene este tipo de candidaturas de impactar en el sistema de partidos de la ciudad de Cali, incluso a nivel departamental y nacional.

6

Opciones políticas: Santiago de Cali y su configuración política a partir de las elecciones a Alcalde Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. Con aproximadamente 2,3 millones de habitantes es la tercera ciudad con mayor población de Colombia. Hace un poco más de un cuarto de siglo, para la primera Elección Popular de Alcaldes (EPA) 6 En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato (Ley 130 de 1994, art. 9) Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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en 1987, la ciudad contaba con 1,5 millones de habitantes. Desde ese momento al día de hoy, se han elegido democráticamente por medio del voto popular 9 alcaldes (ver tabla 1). En cuatro ocasiones los candidatos electos no terminaron su mandato por diferentes razones: una renuncia,7 dos destituciones8 y una suspensión.9 En la tabla 1 se puede apreciar que, aproximadamente, hasta las últimas elecciones populares a alcalde del siglo XX, la arena política de Cali reprodujo el fenómeno del bipartidismo, al igual que en muchas otras ciudades de Colombia (Arenas y Escobar, 2012; y Abadía y Milanese 2014). A partir del 2001, la Alcaldía de Cali ha sido conquistada por opciones diferentes al Partido Liberal Colombiano y al Partido Conservador Colombiano, de donde los movimientos políticos y, en particular, las candidaturas independientes, se han hecho espacio en una de las esferas municipales de poder político. Esto da cuenta de una transformación en la configuración política en torno a la identificación de la población a los dos partidos tradicionales de Colombia.10 Por otro lado, de la tabla se destaca la evolución de los números de votos válidos. Desde la primera elección popular de alcaldes en la ciudad a la última jornada electoral, el número de votos válidos que ha obtenido el candidato ganador ha triplicado su valor, mientras que el número total de votos válidos se ha duplicado.

7 El alcalde electo para el periodo de 1988-1990, Carlos Holmes Trujillo García, renunció a su cargo para asumir otras responsabilidades a raíz de la muerte de su padre Carlos Holmes Trujillo Miranda.

8 El alcalde electo para el periodo de 1995-1997, Mauricio Guzmán Cuevas, fue destituido en agosto de 1997 por ser detenido por la Fiscalía luego de ser investigado por enriquecimiento ilícito por presuntos nexos con el cartel de Cali en un periodo en el que el país estuvo marcado por el proceso 8000. Luego, el alcalde electo para el periodo de 2004-2007, Apolinar Salcedo Caicedo, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en mayo de 2007 por ambivalencias en el contrato de ‘modernización’ del recaudo de impuestos del municipio con la empresa “Si Cali”.

9 El alcalde electo para el periodo de 2008-2011, Jorge Iván Ospina Gómez, a menos de un mes de culminar su gestión en el cargo, fue suspendido por inasistencia a sesiones del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) en donde se discutían aspectos de protección integral a los niños, niñas y adolescentes.

10 Cabe mencionar que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador han desistido de participar en algunas de las contiendas electorales. Por ejemplo, el Partido Liberal no presentó candidato en las elecciones a alcalde de 2007 y el Partido Conservador desiste de participar en el 2003 y 2007; sin embargo, esto no significa que hayan desaparecido de la arena política de la ciudad de Cali. Antes bien, su apoyo oficial, o extraoficial, permitió esbozar expectativas acerca a algunas candidaturas que se perfilarían como ganadoras gracias a este directo o indirecto favorecimiento.

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1991-1992 (a)

1993-1994 (a)

1995-1997 (b)

1998-2000 (b)

2001-2003 (b)

2004-2007 (c)

2008-2011 (c)

2

3

4

5

6

7

8

Mauricio Guzmán Cuevas** Julio César Martínez Payán*** Ricardo Hernando Cobo Lloreda

Rodrigo Guerrero Velasco

Carlos Holmes Trujillo García* Antonio José Orejuela*** Germán Villegas Villegas

Nuevo Liberalismo Partido Conservador (Holguinista) Movimiento Autonomía Ciudadana (Independiente) Movimiento Si Colombia (Independiente) Podemos, Cali (Independiente) Guerrero Alcalde(Independiente)

Partido Conservador

Partido Conservador

Partido Liberal

Partido, Movimiento o Independiente

* Renuncia | ** Destituido | *** Encargado | **** Suspensión

Rodrigo Guerrero Velasco

John Maro Rodríguez Flórez Apolinar Salcedo Caicedo** May-Dic 2007 Sabas Ramiro Tafur Reyes*** Jorge Iván Ospina Gómez****

Ago-Dic 1997

Mar-Dic 1990

Alcalde

245.016

174.252 180.736 --268.950

129.039 --160.816

110.733

76.365 --107.082

42%

47% 43% --48%

54% --37%

52%

29% --36%

Votos válidos

579.600

373.791 424.134 --564.737

238.922 --430.518

213.088

Total votos validos 259.426 --301.091

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, El País, El Tiempo y María Teresa Pinto Ocampo (2011), Rosalía Correa Young (2012).

9 2012-(2015) (c)

1988-1990 (a)

1

Periodo (a: 2 años / b: 3 años / c: 4 años)

Tabla 1

Histórico alcaldes de Santiago de Cali, 1988-2014

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Partidos, movimientos políticos y candidaturas independientes Como se puede detallar en la tabla 2, los tipos de candidaturas han sido muy variados. En el 2003 todos los candidatos a alcalde obtuvieron el aval de un partido o movimiento político, situación que cambia notoriamente en las siguientes dos jornadas electorales. En el 2007 y 2011 se avalaron por medio de firmas, y con éxito, las candidaturas a alcalde, entre ellas, la de las opciones ganadoras. En las tres jornadas electorales se han registrado diferentes tipos de opciones políticas, entre ellos partidos, movimientos políticos y candidaturas independientes, para un total de 26 candidaturas en competencia, 8, 9 y 9 en el 2003, 2007 y 2011, respectivamente (ver tabla 2). Como se observa en gráfico 1, en el 2003 la disputa electoral sobresale por la superioridad del número de movimientos políticos en competencia.

En total fueron 7 movimientos y 1 partido político quienes se enfrentaron en las urnas. Al 2007 la competencia electoral presenta un relativo equilibrio entre 2 partidos, 4 movimientos y 3 candidaturas independientes. Finalmente, para el 2011 este panorama cambia a 5 partidos, 1 movimiento político y 3 candidatura independientes en competencia por la alcaldía de Cali.

En congruencia con lo anterior, la tendencia que registra el número de partidos es la siguiente: Gráfico 1

Tipos de candidaturas a la Alcaldía de Cali. Partido, movimientos o candidaturas independientes, 2003, 2007 y 2011

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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-----

2007

1.790

Movimiento ALAS-Equipo Colombia

841

* Total de Votos Válidos

1.756

3.297

Partido Colombia Democrática

857

Movimiento Apertura Liberal

4.727

7.426

8.113

Cali no se rinde

-----

2011

Pa’lante Cali

Jurado por Cali

Partido Cambio Radical

Movimiento Mira Partido Social de Unidad Nacional “Partido de la U” Partido Liberal Colombiano

268.950 Alcalde Guerrero Conservador 222.198 Partido Colombiano Polo Democrático 12.396 Partido Alternativo

TVV*

2.541

45.370 Partido Polo Democrático Alternativo Nacional 12.294 Movimiento Afrocolombiano “AFRO” Autoridades Indígenas de 7.150 Movimiento Colombia

151.870 Cali una nueva ciudad

180.736 Podemos, Cali

TVV*

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

9

6 Movimiento Colombia Viva “ Voluntad 7 Movimiento Popular” “Por la seguridad 8 Movimiento social”

1 Movimiento “Si Colombia” Cívico 2 Movimiento Independiente Alianza Social 3 Movimiento Indígena (ASÍ) Frente Social y 4 Movimiento Político 5 Partido Liberal Colombiano

Tabla 2

Partido, movimientos y candidaturas independientes, 2003, 2007 y 2011

5.744

10.572

13.031

13.068

14.664

23.076

88.134

114.186

245.016

TVV*

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el número de partidos políticos aumentan mientras que el número de movimientos políticos disminuye. Por su parte, las candidaturas independientes mantienen constante su participación desde que emergen en la arena política de la competencia a la Alcaldía de Cali.

En términos de regularidad en la participación electoral de las opciones políticas, a pesar del alto número de candidaturas que aspiran a la Alcaldía, se puede afirmar que la competencia electoral es muy inestable. De los 8 Partidos políticos, 12 Movimiento políticos y 6 Candidaturas independientes solo se registra un partido con dos participaciones consecutivas, las del “Polo Democrático Alternativo” en el 2007 y 2011. Por el lado de las candidaturas independientes, el aval para postulaciones recae en la recolección de firma.

El registro del número de las firmas es el siguiente: en el 2007, Luís Fernando Cruz logró recoger 70.000 firmas, Jorge Iván Ospina 155.000 firmas y Francisco José Lloreda 201.451 firmas (Pinto, 2008:202). Por su parte, en el 2011,11 Fabio Ariel Cardozo Montealegre avaló su candidatura con 164.170 firmas y Rodrigo Guerrero Velasco12 con 115.250 firmas.

Comunas: análisis del grado de nacionalización del sistema de partidos en Santiago de Cali En relación a los cálculos del Índice de Nacionalización (PNS), cabe mencionar que las unidades mínimas de análisis corresponden a las 22 comunas13 y a la un espacio que se definió como General que corresponde (1) al puesto censo14, (2) a la reclu11 En relación a la candidatura independiente de Ramiro Jurado Donnys por “Jurado por Cali”, cabe anotar que aunque su inscripción fue avalada por la Registraduría, 760 de las firmas presentadas responden a personas fallecidas. Este es mayor número de firmas de personas muertas presentadas por un candidato a nivel nacional (Registraduría, 2011:9).

12 En un primer momento, la Registraduría toma la decisión de no aprobar la inscripción Rodrigo Guerrero Velasco como candidato independiente tras el primer conteo. Según la metodología establecida desde 1996 habían suficientes rúbricas que no cumplían con los criterios constitucionales ni legales para que alcanzara al mínimo de firmas válidas. Luego de que el candidato interpusiera un recurso de reposición, las firmas se trasladaron a Bogotá para su revisión que dio como resultado la aprobación formal de su candidatura (El Espectador, 2011 y 2011b; Montero, 2011; y Semana, 2011); sin embargo, esta decisión no dejó de ser controversial, pues, entre las 47.280 firmas que se eliminaron se registraron 12.694 casos de personas no inscritas en el censo electoral de Cali, 736 casos de personas muertas (Registraduría, 2011:9), 5.469 casos de inexistencia en el Archivo Nacional de Identificación (ANI), 4.378 casos de repeticiones, entre otros (El Espectador, 2011).

13 En el 2004 mediante el “Acuerdo 134” la comuna 17 se divide para dar origen a una nueva unidad político administrativo del Municipio de Santiago de Cali: la comuna 22 (Alcaldía de Cali, 2012).

14 El puesto censo “corresponde a sitios habilitados para que los ciudadanos con cédulas expedidas desde el 14 194

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Opciones políticas, comunas y votos. Distribución territorial de los apoyos electorales a la Alcaldía de Santiago de Cali 2003-2011

sión de mujeres y (3) a la Cárcel Villanueva, lo cual constituye el límite urbano del municipio de Santiago de Cali. Los corregimientos no se incluyen en este análisis por el bajo número de votos que suman en total y por su poca incidencia en el resultado final. En promedio, los 15 corregimientos del municipio suman entre 1% y 3% del total de votos válidos.

Para los cálculos del PNS y PSNS se tomaron los datos que ofrece la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) en su sección Histórico de los resultados electorales 1998-2012 y se indagaron los resultados de las “Autoridades Locales” que incluye elecciones a Alcaldía, Gobernación, Consejo, Asamblea y Junta Administradora Local (JAL). En la tabla 3 se presenta los valores del Índice de Nacionalización de los Partidos Políticos (PNS) y del Índice de Nacionalización del Sistema de Partidos (PSNS), para la Alcaldía del municipio de Santiago de Cali.

El Índice de Nacionalización de Partidos Políticos (PNS), en un primer momento, refleja una resultando significativamente alto,15 lo que puede entenderse como que cada candidato obtuvo distribución de su votación relativamente homogénea en cada una de las unidades de análisis. Para dar cuenta de la afirmación también podemos observar el resultado que arroja el cálculo PNS para cada uno de las opciones política en competencia.

En un segundo momento, si se observa detalladamente el PNS de los 2 candidatos más votados podremos ver un elemento que puede explicar el desarrollo de dibuja la curva del PSNS (ver gráfico 2). En el 2003 y el 2007 se repite la tendencia de que el candidato ganador obtiene un PNS superior al segundo candidato más votado; sin embargo, en el 2011 se invierten estos resultados. Ya que el cálculo del PSNS incluye la votación relativa (Pi) de cada uno de los candidatos, esta inversión que ocurre en el 2011 en el cálculo de los PNS genera un efecto de jalonamiento el cual puede verse reflejando en la reducción en el PSNS de 2011. de marzo de 1988 y que no se hubiesen inscrito en otros lugares, puedan ejercitar el derecho al sufragio en la localidad donde haya sido expedida su cédula de ciudadanía” (Definición tomada del Glosario electoral de la Registraduría General del Estado Civil, consultado desde: http://www.registraduria.gov.co/-Glosario-electoral,225-.html).

15 Jones y Mainwaring (2003), a partir del PSNS de 17 países en Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela), establecen tres categorías para comparar el grado de municipalización del sistema de partidos: baja de 0,5 a 0,8; intermedia 0,8 a 0,85; y alta de 0,85 a 1.

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---

2007 Partido

2011 Partido

Movimiento Apertura Liberal

0,8202 Pa’lante Cali

0,7312 Jurado por Cali

0,8105 Movimiento alas-Equipo Colombia ---

0,7876 Partido Cambio Radical

0,8573

0,8978

0,7660

0,7943

0,7648

Social De Unidad 0,6960 Partido Nacional 0,8637 Partido Liberal Colombiano

0,8162

0,7945

0,8488

0,8214

PNS

0,6857 Movimiento MIRA

Conservador 0,8398 Partido Colombiano Democrático 0,8822 Polo Alternativo

0,8877 Alcalde Guerrero

PNS

0,7979 Partido Colombia Democrática

0,7327 Cali no se rinde

Nacional 0,8000 Movimiento Afrocolombiano “afro” Autoridades Indígenas 0,8188 Movimiento de Colombia

0,8115 Polo Democrático Alternativo

0,8598 Cali Una Nueva Ciudad

0,8768 Podemos Cali

PNS

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

9

Político Voluntad 7 Movimiento Popular Político “por la 8 Movimiento seguridad social”

6 Movimiento Colombia Viva

5 Partido Liberal Colombiano

Cívico 2 Movimiento Independiente Alianza Social 3 Movimiento Indígena Frente Social y 4 Movimiento Político

1 Movimiento, Si Colombia

2003 Partido

Tabla 3

Resultados: elecciones a Alcaldía, PSN, PSNS – 2003, 2007 y 2011

Adolfo A. Abadía

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Opciones políticas, comunas y votos. Distribución territorial de los apoyos electorales a la Alcaldía de Santiago de Cali 2003-2011

Gráfico 2

PSNS – 2003, 2007 y 2011

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los anteriores valores dan importantes pistas sobre el arraigo y el alcance territorial de las opciones políticas en candidatura a la Alcaldía de Cali, en la medida en que el PSNS da cuenta, consecuentemente, sobre un significativamente alto grado de penetración territorial de las opciones políticas a razón de que, en gran medida, su apoyos políticoelectorales abarcan la totalidad del territorio municipal.

Votos: resultados electorales y estrato-socioeconómico Con tal de hacer visible los resultados que arrojó el cálculo del Índice de Nacionalización, se presenta una cartografía electoral que permite, por un lado, ilustrar el grado de homogeneidad de la competencia electoral, como, por el otro lado, compara los resultados de los dos candidatos más votados en cada periodo electoral.16 Esta comparación usa un mismo valor de referencia que corresponde a la distribución más amplia que se registra el primer y segundo candidato según en los resultados electorales en cada año. Asimismo, esta información se contrasta con un tercer mapa que representa la moda estadística de los estratos socio-económico por comuna.

16 El cálculo del Número Efectivo de Partidos Electoral (NEFe), como lo proponen Markku Laakso y Rein Taagepera (1979), arroja un valor promedio dentro del rango del número natural 2 para en las tres contiendas electorales analizadas. Esto indica el número de opciones políticas en competencia con altas probabilidades de victoria, por lo tanto, este estudio se centrará en las dos candidaturas más votadas a la Alcaldía de Cali.

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Como se puede observar comparando los tres mapas que corresponden al candidato ganador, la distribución de los votos en las jornadas electorales evidencia 2 tendencias.

Por un lado, existe una significativa semejanza entre la distribución de los votos por el candidato ganador en el 2003 y 2007 por comuna a diferencia de los resultados del candidato ganador en el 2011. Por otro lado, se observa que ciertas comunas son más constantes en el número de votos por el candidato ganador que otras.

Del Mapa 1 se puede observar que la votación del candidato ganador se concentra en los estratos 2 y 3 a diferencia del candidato en segunda posición que obtiene su votación, principalmente, en las comunas donde se concentra un mayor número de barrios de estrato 5.

El comportamiento electoral para los dos candidatos más votados en el 2007 (ver Mapa 2) se asemeja significativamente a los resultados que se registran en el 2007. Se destaca la distribución de los apoyos del candidato que obtuvo el segundo puesto, quien además repite en esta posición consecutivamente, pues obtuvo una votación por comuna muy similar y en ambas ocasiones, concentró su votación en las comunas que reúne el mayor número de barrios estrato 4 y 5. Se podría decir que gran parte de quienes votaron por este candidato en el 2003, volvieron a votar por él en el 2007. La principal diferencia entre los candidatos ganadores en el 2003 y 2007, Apolinar Salcedo y Jorge Iván Ospina, respectivamente, consiste en que Jorge Ivan logró una mayor distribución de votos en diversas comunas que representa estratos socio-económicos 1, 2 y 3 principalmente, sin desvalorar el número de votos significativamente importante que obtuvo en los estratos 4 y 5. Se podría también decir, que el candidato ganador en el 2007 logró recoger votos en los diferentes estratos socio-económicos de la ciudad lo que permite afirmar que su apoyo electoral fue relativamente homogéneo en todo el territorio municipal.

El Mapa 3 presenta una distinción notoria en relación a los 2 mapas anteriores. Se observa que el candidato ganador, por un lado, concentró su votación en las comunas que refleja la moda en los estratos socio-económicos más altos de la ciudad, 4, 5 y 6. Por otro lado, se observa también que Rodrigo Guerrero obtuvo un apoyo electoral relativamente homogéneo y relativamente alto en el resto de las comunas de la ciudad.

Un análisis de los tres mapas anteriores en términos del grado de nacionalización del sistema de partidos, es decir, del grado de homogeneidad de la distribución de los apoyos electorales, tendería a afirmar que los candidatos ganadores en el 2003 198

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Candidato 2º puesto

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Candidato ganador

Mapa 1

Moda Estrato socio-económico

Mapa comparativo: candidato ganador vs. segundo candidato más votado, y moda de los estrato socio-económico de las comunas de Cali, 2003

Opciones políticas, comunas y votos. Distribución territorial de los apoyos electorales a la Alcaldía de Santiago de Cali 2003-2011

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200

Candidato 2º puesto

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Candidato ganador

Mapa 2

Moda Estrato socio-económico

Mapa comparativo: candidato ganador vs. segundo candidato más votado, y moda de los estrato socio-económico de las comunas de Cali, 2007

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Candidato 2º puesto

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Candidato ganador

Mapa 3

Moda Estrato socio-económico

Mapa comparativo: candidato ganador vs. segundo candidato más votado, y moda de los estrato socio-económico de las comunas de Cali, 2011

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y 2007 obtuvieron un apoyo electoral significativamente más homogéneo frente al candidato que se llevó el segundo puesto en las mismas dos jornadas electorales, así como frente al candidato ganador en el 2011. Como se puede observar, un grado alto de nacionalización del partido, en este caso, candidato independiente, no se traduce automáticamente en una victoria, por un lado, porque puede existir homogeneidad en la distribución de los votos con valores significativamente bajos (ver mapa 3 del candidato en 2° puesto); pero también puede ocurrir, por el otro lado, que con una distribución más dispersa de los apoyos electorales se pueda conseguir el cargo (ver mapa 3 del candidato ganador). En este segundo caso, la victoria podría entenderse como consecuencia de una fragmentación de los apoyos electorales de las otras candidaturas (Abadía y Milanese, 2014).

Otra mirada a los mismos mapas permite también observar dos relevantes tendencias. La primera se refiere al comportamiento electora de las comunas 14, 6 y 13, de estratos 1, 2 y 2, respectivamente, que son las que mayor número de votos registran por el candidato ganador en el 2003 y 2007; a diferencia del candidato ganador en el 2011 en donde estas comunas pierden notoriamente peso. Por otro lado, como se observa en el 2011, las comunas 19,17 y 2, de estratos 5, 5 y 4 respectivamente, reemplazan completamente a las comunas anteriores en los 3 primeros puestos de las comunas que registran mayor votación por el candidato.

Asimismo, la distribución de la votación por el candidato ganador en el 2011 es muy similar a la del candidato en segundo puesto en el 2003 y 2007, lo que puede estar ligado a los rasgos característicos de los perfiles de los candidatos y a la población que representa y que regularmente ha votado por cada candidato. En este sentido, si revisamos las votaciones en las tres jornadas electorales de las comunas de estrato con moda 4, 5 y 6 encontraríamos que los estratos socio-económicos más altos tienen a un comportamiento electoral significativamente similar (Abadía y Milanese, 2014) el cual se ve reflejado en una inclinación por candidatos “élite”, principalmente, con una trayectoria política cercana al partido conservador.17 17 Abadía y Milanese (2014) observan que el comportamiento electoral de los estratos 1 y 2 tienden a las candidaturas “no-élite”. El estrato 3 muestra un comportamiento mucho más irregular y volátil no solo entre las candidaturas “élite” y “no-elite”, sino también entre una contienda electoral a la otra.

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Comunas 3, 4, 5, 10, 11 y 18 (2003, 2007 y 2011)

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Comunas 2, 17 19 (2011)

Mapa 4

Comunas 6, 13 y 14 (2003 y 2007)

Estratos socio-económicos que acumulan entre el 20% - 30% de los votos en 2003, 2007 y 2011

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La segunda tendencia, en cierta forma menospreciada en los análisis sobre el comportamiento electoral de los caleños, se concentra en el análisis de otras comunas que guardan una significativa homogeneidad entre el número de votos relativos de una jornada electoral a otra. Entras palabras, lo que se pretende encontrar es la existencia de comunas que hayan registrado relativa baja variación en la votación por el candidato ganador. Como se observa en los resultados electorales, las comunas 3, 4, 5, 10, 11 y 18 (ver mapa 4) acumulan el mismo número de votos relativo, entre el 20% y 30%, aproximadamente, que el histórico de las primeras 3 comunas que más votan por el candidato ganador en los años observados.

Reflexiones finales En relación al comportamiento electoral y la distribución de los apoyos electorales en el caso de Cali, se observa, que no se puede generalizar la afirmación de que exista cierto número de comunas, en particular las de estrato socio-económico más bajo, que tiene una fuerte incidencia sobre la elección de un candidato político (primera hipótesis). Como se mostró, la distribución de los votos cambian completamente dependiendo del candidato que se esté postulado. Por lo tanto, las configuraciones de los apoyos electorales entre candidatos ganadores puede ser considerarse heterogénea como ocurre entre el 2007 y el 2011 (ver mapas 2 y 3). Si bien, se evidenció la existencia de una relación entre el comportamiento electoral de unas comunas respecto a ciertos candidatos, asimismo se mostró la inclinación de ciertos estratos socio-económicos por los candidatos con los que mayor identificación con algunos elementos característicos de sus perfiles políticos. En este sentido, como era de esperarse, los candidatos en cuyo perfil político se representada la élite política caleña son principalmente apoyados en los estratos más altos; por el contrario, los candidatos que afirman distanciarse de la forma (partido) y los valores de la política tradicionales (élite política) consigen mayor número de voto en los estratos más bajos.

En congruencia con lo anterior, tampoco se puede afirmar que las comunas donde un candidato ganador concentra una mayor votación vuelven a jugar un rol decisorio en las siguientes elecciones, como sugería la segunda hipótesis. Como se puede observar en la distribución de votos por el candidato ganador en 2003 y 2007, si bien estos guardan una relativa semejanza, esta situación cambia drásticamente con la distribución de votos por 204

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comunas del candidato ganador en el 2011. Por otro lado, si se observa detalladamente los resultados de los candidatos 2003 y 2007 (ver mapas 1 y 2), vemos que Apolinar Salcedo en 2003 obtuvo una votación relativamente más concentrada en unas comunas de estratos 1, 2 y 3 mientras que Jorge Ivan Ospina obtuvo votos significativamente altos en los diferentes estratos de la ciudad.

Por otro lado, la tercera hipótesis, el calculo del PSNS arrojó valores entre el 0,82 y 086, lo que puede catalogarse como intermedios según la escala de medición propuesta por Jones y Mainwaring (2003); por lo tanto, no se podría afirmar que el grado de nacionalización del sistema de partidos de Santiago de Cali puede considerarse como bajo. Como observamos en los mapas electorales que relacionan número de votos por comuna de los dos candidatos más votados, vemos una significativamente homogénea distribución de los apoyos políticos. Sin embargo, la concentración de los votos por los candidatos ganadores en 3 comunas en particular, evita que el PNS se aún más alto.

Finalmente, al analizar el comportamiento de los valores del Índice de Nacionalización (PNS) en las tres justas electorales, se registra una leve reducción en el grado de nacionalización del sistema de partidos de Santiago de Cali en relación a la elección de alcalde. Si bien, el descenso que se registra no permite hablar de desnacionalización habría que aguardar a futuras elecciones para poder observar si existe una tendencia hacia la desnacionalización.

Por último, si bien el desarrollo de este documento logra aportes para resolver algunas inquietudes acerca del comportamiento electoral del municipio de Santiago de Cali y desentrañar un poco las dinámicas político-electorales de cómo es la distribución de los apoyos electorales a nivel subnacional, en este caso para el municipio de Cali, este estudio abre el camino para involucrar otras instancias de elección popular, como lo es el Concejo de Cali. Un análisis que incluya estas dos instancias de poder político municipal permitiría afinar la identificación de patrones de la competencia y la participación política de los partidos, movimientos políticos, así como de las candidaturas independientes.

Asimismo, este estudio del grado de institucionalización del sistema de partidos de Cali, generan otras grandes inquietudes. Por ejemplo, si bien el PNS presentó valores relativamente altos, al contrastarlo con el éxito de las candidaturas independientes, se obtiene un panorama muy diferente que deja entredicho el rol que juegan los partidos Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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políticos en la elección a alcalde en Santiago de Cali. Asimismo, la inclusión de otros indicadores como el Índice de Volatilidad Electoral y el Índice de Fragmentación podrían fortalecer la idea de que las elecciones a la Alcaldía de Cali se dan en una arena política poco institucionalizada. Por otra parte, sería interesante poder desarrollar una línea de tiempo con datos históricos de los resultados electorales a la Alcaldía desde la primera elección popular de alcaldes en 1988, y de esta forma poder presentar la transformación del sistema de partido de Santiago de Cali y del impacto tanto de la caída del bipartidismo y la aparición de las candidaturas independientes, como del proceso de descentralización política. Por otra parte, valdría la pena contrastar estos resultados con otros que abordaran dinámicas electorales a otro nivel subnacional, de tal forma se podría aportar al estudio del sistema político colombiano desde una óptica multinevel y formular conclusiones con mayor nivel de profundidad.

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Hacia la historia del Movimiento Estudiantil en Colombia: elementos teórico-metodológicos fundamentales Daniel Yepes Grisales* (danielyepesgrisales@gmail.com)

Victor Santiago Calle León** (estorvicalle@yahoo.es)

Articulo corto recibido el 27/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo: YEPES GRISALES, Daniel y Victor Santiago Calle León (2014). “Hacia la historia del Movimiento Estudiantil en Colombia: elementos teórico-metodológicos fundamentales”. En: Trans-pasando Fronteras, núm. 6, pp. 217-240. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen El presente ensayo responde a la pregunta sobre cómo abordar el estudio de la historia del Movimiento Estudiantil en Colombia desde las disciplinas Ciencia Política, Historiografía Política o Sociología Política. Inicialmente se detiene en justificar la pertinencia del propósito mismo de historizar dicho objeto (el ME colombiano), es decir, la necesidad de la pregunta. Como respuesta a la misma se alude a la necesidad de emprender esfuerzos descriptivos como primer paso para la comprensión de nuestro objeto de estudio, en el marco más general de la historia política colombiana como contexto interpretativo ulterior. En un segundo momento expositivo se argumenta la pertinencia de abordar el objeto Movimiento Estudiantil mediante las teorías de la acción colectiva y, particularmente, de los movimientos * **

Estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Daniel Yepes Grisales y Victor Santiago Calle León

sociales. Una vez establecida dicha necesidad, se desarrollan algunas discusiones con Charles Tilly con el propósito de producir un concepto claro y operativo de movimientos sociales –diferenciándolo de movilización de masas– que pueda servir a los investigadores colombianos de los movimientos sociales y particularmente del ME. Finalmente se exponen las categorías descriptivas fundamentales en que se descompone el concepto producido de movimiento social. Estas categorías se las desprende de su origen estadounidense y, a modo de ejemplo sugerente, se desarrolla y operacionaliza una de ellas (estructura organizativa). A modo de conclusión, se expone una síntesis del contenido del ensayo y se declara el propósito de contribuir a la promoción de iniciativas académicas sobre movimientos sociales, como parte de una historia política colombiana desde el punto de vista analítico de los subalternos, propósito ineludible de todo científico social colombiano comprometido con nuestras realidades históricas y políticas.

Palabras clave: Movimiento estudiantil, historia política de Colombia, historiografía descriptiva, movimientos sociales, Ciencia Política.

Introducción El supuesto generalmente aceptado con el que partimos es que el año 2011 marca un giro en la trayectoria de la protesta estudiantil en Colombia. En el mes de marzo, cuando el Gobierno Nacional presentó a la opinión pública la propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior (ley 30), los estudiantes de todo el país, convocados por organizaciones estudiantiles a un encuentro nacional en Bogotá, deciden crear la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), organización representativa y unitaria que recuerda los precedentes de la Federación de Estudiantes de Colombia (FEC) creada tras las protestas que terminaron en la tragedia de 1954,1 la Federación de Estudiantes Universitarios (FUN) de los sesenta y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios (CNEU) de comienzos de la década del 2000.

A lo largo de 2011, particularmente en el segundo semestre, la movilización social estudiantil impulsada y liderada por la MANE demostró la potencial relevancia política del Movimiento Estudiantil (en adelante ME) por su magnitud, amplitud, convocatoria, 1 El 8 y 9 de junio resultan muertos varios estudiantes. Desde entonces, dichas fechas se conmemoran anualmente como Día del Estudiante Caído o Combativo. En algunas de esas conmemoraciones han resultado nuevos heridos y muertos. Para mayor información: http://somosnuestramemoria.blogspot.com/2011/06/documentossobre-el-8-y-9-de-junio-dias.html 218

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duración, continuidad, innovación, impacto y eficacia, planteando problemas e interrogantes por igual a los gobernantes y a los estudiosos de lo social, particularmente a los politólogos, quienes, hasta ahora, poco se han interesado en los movimientos sociales y menos aún en el ME.2 Adriana González, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, avizoraba con asombrosa claridad tales preguntas para la investigación social y política en septiembre de 2010, recordando que el proceso renovador de la política por parte del Movimiento Estudiantil –que en 2011 llegaría a un importante pico– no era tan nuevo, sino un proceso histórico que venía de años atrás: De este modo, entre anacronismos denunciados –en los discursos y en la acción-, miedos instalados –en la memoria y en la experiencia cotidiana-, y un contexto de cambios en las coordenadas de la acción colectiva , irrumpieron actores y formas inéditas de actuación y se configuraron nuevos espacios, planteando desafíos políticos pero también retos importantes a la investigación en materia de movimientos sociales y acción colectiva (2010: 28).

Mauricio Archila, uno de los estudiosos de los movimientos sociales en Colombia, hablando propiamente sobre el ciclo de 2011, corrobora la mencionada relevancia política y su carácter novedoso, de lo cual se desprenden claramente las consecuencias para la investigación académica, pues según él dicho ciclo puso de relieve la legitimidad de los movimientos sociales como forma de hacer política.

Si bien el ciclo de la lucha estudiantil en Colombia no ha terminado, ya ha dejado algunas lecciones que es bueno resaltar: la renovación del repertorio de protesta con acciones lúdicas y simbólicas, la combinación de las acciones institucionales y no institucionales, la convergencia de estudiantes de instituciones públicas y privadas así como de los de secundaria, la posibilidad de acción unitaria por parte de diversas corrientes políticas juveniles y estudiantiles, la participación de profesores y padres de familia; y, sobre todo, la capacidad de convocar a la sociedad en su apoyo. Es cierto que el foco del conflicto es educativo, pero a nuestro juicio, los estudiantes no lo abordan en forma particu2 Para una excelente reseña de la campaña de protesta de 2011, construida por estudiantes, véase: https:// es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n_estudiantil_en_Colombia_de_2011 Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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larista sino como un derecho que involucra, no sólo a los actuales estudiantes, sino a toda la sociedad. En ese sentido ha sido una acción política renovadora en cuanto a la forma y el contenido, que muestra la legitimidad de la protesta callejera como una manera de producir cambios en la sociedad (2012: 95).

El mismo autor concluye sobre este punto: “Todavía es temprano para decir si 2011 será un año de quiebre en la historia del Movimiento Estudiantil colombiano, pero sin duda será un año memorable” (2012:96). Afirmación que nos lleva justo al centro de nuestra pesquisa puesto que, en efecto, habría que preguntarnos: ¿cómo saber si 2011 es un año de quiebre en la historia del ME cuando no existe su historia escrita de carácter completo y suficiente, y por tanto no son claros los parámetros en que se fundamentaría un juicio sobre la coyuntura reciente?

Historiografía política descriptiva del Movimiento Estudiantil Suponemos que hubo movilizaciones estudiantiles que por su impacto merecen ser recordadas y sin embargo permanecen en las sombras del olvido o, a lo sumo, se conservan en la memoria de sus protagonistas como meros relatos personales. Habría que suponer que el lector de este texto podría no recordar algunos de los acontecimientos que han sido descritos, y que quienes lo escriben seguramente no han recordado otros ocurridos en el mismo período, y declaradamente no recordamos muchos otros de períodos anteriores, no a causa de la tautología de no haberlos presenciado, sino porque la memoria no es algo que exista o no exista, que se genere automática y espontáneamente, sino que es construcción colectiva, es un proceso: el proceso de hacer memoria.

Adriana González puede orientarnos en este asunto, puesto que en su propuesta es evidente la conexión que establece entre lo social y lo político, a la vez que entre política e historia en el estudio de los movimientos sociales: tras la continuidad en las expresiones de protesta se ve reflejada la persistencia de conflictos políticos y sociales en el marco de nuevas condiciones y pese a los cambios favorables operados. Se trata en este caso de la recuperación de una memoria y una experiencia colectiva portadora de aprendizajes previos, cuya pérdida ha venido soslayando la dimensión histórica y política de la protesta. En tiempos en que la invocación a la memoria 220

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parece un imperativo necesario para conducir esta sociedad hacia la restitución de los derechos de las víctimas y para garantizar la no repetición de atropellos cometidos en nombre de un orden, parece apenas moralmente correcto no hacer tabla rasa de las contribuciones al proceso inacabado y perfectible de nuestra democracia que hicieron generaciones anteriores de luchadores populares, activistas e intelectuales de la protesta, a quienes sin duda las vicisitudes de la movilización los interrogaron también sobre las formas, oportunidad y pertinencia de acciones que parecieron eventualmente condenadas al fracaso (2010: 27).

Es ese un primer propósito de nuestro ejercicio, contribuir a la memoria histórica del Movimiento Estudiantil, de expresiones sociales y políticas que han contribuido de una u otra manera –contribución que configura en sí otra pregunta– a los avances, retrocesos, ires y venires de los proyectos de nación colombiana. Y para que sigan contribuyendo, porque, como dice el colectivo Antígona en un artículo titulado Sobre el Movimiento Estudiantil actual y su historia, “la memoria del Movimiento Estudiantil debe servir para construir procesos de movilización. Debemos construir procesos estudiantiles de movilización desde estas memorias de las luchas. ‘La memoria salva, escoge, filtra, pero no mata. La memoria y el deseo saben que no hay presente vivo con pasado muerto, ni habrá futuro sin ambos’. Carlos Fuentes” (Antígona, 2011).

Empero, pretendemos llegar a algo más que la mera recuperación de la “memoria de los hechos”, dado que nuestra intervención es en el campo de la Ciencia Política. Un reto mayor nos espera luego de ese “hilar” –lineal y cronológico– los hechos representativos de la memoria histórica por construirse, se trata justamente de la comprensión de esos hechos, de su carácter, de sus elementos causales múltiples y complejos, de su relación e incidencia bidireccional entre ellos y con otros acontecimientos y movimientos sociales.

En últimas, de lo que se trata es de interpretar el papel que ha jugado el Movimiento Estudiantil en la historia política de Colombia y en cada una de las coyunturas políticas en las que ha hecho su presencia.

De ahí que demarquemos el espectro temporal de nuestros estudios desde el año 1957, año en el que, con la caída del general Rojas Pinilla (a la cual contribuyó el Movimiento Estudiantil) y la instauración del Frente Nacional, se inicia en Colombia la llamada crisis de representación de los partidos, en la cual se diluyen las identidades partidistas liberal Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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y conservadora, fundiéndose, como afirma Mauricio Arrubla, en “una misma finalidad estratégica, que era la de mantener un orden institucional general en el que se combinaran el esquema político democrático y el esquema económico capitalista” (1978: 206).

Por lo mismo, los movimientos sociales a partir de esa fecha comenzarían a tener mayor relevancia política, apoyados principalmente por las fuerzas de izquierda excluidas del pacto frentenacionalista, a tal punto que, como nos dice el mismo autor, “el escenario de la lucha, de otra parte, ha tendido a ubicarse en zonas de cierto modo periféricas, como el monte y la universidad” (Arrubla, 1978:211), y va más allá al demostrar la importancia de dicho año, pues a partir de entonces “la generalidad de las organizaciones inspiradas en el marxismo y promotoras de un cambio en el sentido del socialismo pueden ser consideradas como grupos estudiantiles tanto por el origen inmediato de sus cuadros de dirección como por la composición de su militancia. Universidad e inconformismo político han llegado a identificarse” (Arrubla, 1978: 211).

Sin embargo, a ese objetivo de interpretación global de las coyunturas no podremos llegar con el presente trabajo, puesto que aquel requeriría de todo un programa de investigaciones para realizarse. No obstante, se intentará abordar un objetivo que contribuye a avanzar en dicho programa. Se trata de un conocimiento descriptivo profundo de los elementos estructurantes del Movimiento Estudiantil durante las campañas o ciclos más importantes que se identifiquen en el período de casi seis décadas señalado.

Conocimiento descriptivo que nos permita comprender toda la complejidad contenida en la pregunta por el Movimiento Estudiantil, permitiéndonos responder cuál ha sido su composición orgánica, cuáles sus repertorios tradicionales y propios, cuáles sus marcos simbólicos, culturales e identitarios, sus formas de concebirse a sí mismos, sus reivindicaciones y sus adversarios.

Sobre el método y la metodología para el estudio del Movimiento Estudiantil Para dichas indagaciones iniciales se debería adoptar la perspectiva fenomenológica,la cual podríamos sintetizar como la actitud filosófica orientada a “tratar de describir la experiencia sin recurrir a explicaciones causales” (Holstein y Gubrium, 1994). Algunos autores, estudiosos de los movimientos sociales, han argumentado a favor de esta perspectiva descriptiva que proponemos: 222

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Nuestros más cuidadosos taxonomistas de las estructuras de movilización no dejan de advertirnos que antes de intentar explicar sus causas y consecuencias debemos proceder a clasificarlas. Sus reservas parecen provenir de la difundida tendencia entre los estudiosos de movimientos sociales a desarrollar explicaciones complejas sobre el surgimiento de las formas de estos movimientos sin haberlas delimitado previamente ni empírica ni conceptualmente (…). Hace casi tres décadas que Neil Smelser, tras luchar por intentar dotar de sentido a la acción colectiva , dijo: ‘Aunque la delimitación de las formas de acción colectiva no constituya un fin en sí mismo ni sea tan interesante como la investigación dirigida a averiguar las causas y consecuencias de las conductas colectivas, resulta de vital importancia. Antes de poder plantear cuestión alguna debemos ser conscientes del carácter que revisten los fenómenos que queremos explicar (Smelser, 1963)’. (Mcadam, Mccarthy, y Zald, 1999: 207)

La perspectiva fenomenológica nos induce a una modalidad cualitativa de investigación, dado que ésta presenta mayor riqueza y profundidad descriptiva de fenómenos que en sí son de carácter cualitativo, aun cuando pudiera intentarse cuantificarlos, puesto que en este momento investigativo nuestro interés no se encuentra en medir impactos o magnitudes, sino en describir cualidades y características del fenómeno en cuestión.

La estrategia metodológica especializada que más se corresponde con este ejercicio investigativo es el estudio de caso, entendiéndolo como aquél que “investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse” (Yin, 1993:23).

Sin embargo, junto con la metodología del estudio de caso, se deberá implementar, como método, la historiografía política, con lo cual se presenta una mixtura o híbrido que nos parece indispensable: se trata del estudio de un caso en perspectiva histórica. Cuando decimos que es importante el estudio del objeto Movimiento Estudiantil, con ello aún no se ha dicho cómo debería estudiarse. Como se sabe, esta cuestión metodológica está estrechamente ligada con la cuestión más profunda del método, la cual remite a su vez al campo de los enfoques teóricos disciplinares y, en últimas, al paradigma epistemológico desde el que se aborda la construcción disciplinar de los objetos políticos. Aquí el debate entre la Historia, la Sociología y la Ciencia Política cobra toda su importancia.

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Dentro de ésta última se suele hablar, como modalidades de investigación más usuales y aceptadas, de los estudios de caso, los análisis comparados, la historia política y el análisis de coyuntura política. Pero los casos a estudiar –y comparar- pueden abordarse en perspectiva sincrónica o diacrónica, histórica o ahistórica, dinámica o estática, y a su vez una coyuntura se puede tomar como ruptura, como discontinuidad o como corte, y la historia política puede abordarse como lineal, escalonada, por saltos o periodizada por totalidades históricas. Aquí es evidente que las discusiones teóricas propias de la historia como disciplina adquieren relevancia para la Ciencia Política.

A su vez, dentro de las modalidades de investigación politológica aceptadas, suelen presentarse enfoques que relacionan de forma diversa el objeto político en cuestión con otros objetos sociales, o en otros términos, que presentan de forma distinta la relación entre la sociedad y la política, y con ello entre la Sociología y la Ciencia Política: o bien los objetos políticos se enmarcan y se ven determinados por un contexto social, o por el contrario sus determinaciones y lógicas son intrínsecamente políticas.

Nuestra postura es que no es posible comprender un fenómeno político si no es en perspectiva histórica, de ahí que consideremos las disciplinas Historia y Ciencia Política íntimamente ligadas. Pero además, dicha perspectiva histórica está lejos de bastarse por sí misma en su aplicación a “los casos”, es decir, no consideramos posible hacer historias (interpretación histórica) particulares de cualquier fenómeno político, porque los fenómenos políticos los consideramos enmarcados y determinados por el contexto social en el que surgen y en el que a su vez intervienen activamente. Así pues, si bien consideramos que lo político posee una autonomía relativa que permite fundamentar la legitimidad de la disciplina politológica, está ligado a su vez a la sociedad de la que emerge (Althusser, 1965).

En términos de lo avanzado sobre la relación con la Historia, el estudio histórico de lo político está en relación insoslayable con el estudio histórico de los demás niveles o instancias de lo social. Para nuestro caso: la historia política de Colombia (objeto de estudio holístico de la Ciencia Política colombiana) debe inscribirse en la historia de la sociedad colombiana, la historia de Colombia como formación social (Althusser, 1965).

A su vez, la historia política –y sus coyunturas- se descompone en múltiples procesos que implican diversos actores, procesos que vienen a llamarse propiamente los casos de estudio. El ME constituye pues un caso de estudio para la Ciencia Política, pero no 224

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existe una historia propiamente dicha (interpretativa) de tal fenómeno, porque la historia política de Colombia –objeto histórico real– lo incluye y lo desborda.

El ME es nuestro caso de estudio. Tal caso sólo podrá ser comprendido (reiteramos que nuestro objetivo actual aún no es de alcance comprensivo, sino descriptivo) en relación, primero con el ME en las diferentes ciudades de Colombia, y segundo con otros movimientos y fenómenos políticos locales y nacionales. Tales serían los pasos a seguir en un posible programa de investigación en Ciencia Política. Pero para la construcción de la historia política de Colombia, como relación entre procesos y fenómenos políticos particulares, primero hay que conocer la historiografía particular (descriptiva) de dichos procesos particulares, una de las cuales es la que aquí pretendemos apuntalar.

La perspectiva fenomenológica, sin embargo, no la concebimos como total o final.

En efecto, el presente trabajo hace parte de un programa de investigación que en proyectos subsiguientes abordará empresas comparativas enmarcadas en las modalidades de análisis de coyuntura e historia política -estructural-, desde una perspectiva interpretativa con las bases teóricas del Materialismo Histórico. Así pues, la fenomenología la adoptamos como perspectiva provisional, durante el proceso de construcción de las nociones -conocimiento descriptivo- de nuestro objeto, las materias primas de posteriores esfuerzos investigativos.3 Finalmente, la especificidad politológica de la investigación es demandada por el hecho mismo de que la historiografía política del Movimiento Estudiantil, al abordarse en perspectiva fenomenológica, requiere de herramientas teóricas acordes a la labor descriptiva. Esas herramientas conceptuales las tomamos de las teorías de la Acción colectiva y los Movimientos sociales, particularmente de la escuela de la Contienda Política.

Esto tiene una razón histórica, además de teórica, que pasaremos a exponer.

Arsenal conceptual para el estudio del Movimiento Estudiantil: Acción colectiva y Movimientos sociales El abordaje conceptual del Movimiento Estudiantil ha sido objeto de discusiones enconadas y eternas, tanto desde los ámbitos de la academia, como desde espacios no 3 Deberán consultarse los textos suplementarios referidos en la nota 2 para mayor información sobre la perspectiva teórica y metodológica del programa de investigaciones.

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institucionales de producción teórica y finalmente desde los mismos ámbitos estudiantiles y las organizaciones políticas con intereses allí.4 Si bien la historia de las protestas estudiantiles podría remontarse a la historia misma de la universidad –al menos de la forma histórica de universidad propia de la sociedad de masas–, es a partir de los acontecimientos sociales y políticos acaecidos en diversos lugares del mundo entre 1967 y 19715, protagonizados por el Estudiantado, que comienzan las grandes discusiones en torno a su comprensión y particularmente en torno a su conceptualización.

El “mayo parisino” –considerado el caso emblemático y representativo– se podría abordar como una rebelión estudiantil, una revolución cultural, un ciclo de protesta, un movimiento social, una insurrección, un estado de anarquía, entre otros. No obstante dicha diversidad, en casi todas las formas en que ha sido abordado, se ha resaltado el hecho de haber contenido un alto grado de novedad (Riechmann, 1994).

Esa novedad, en el caso de la tradición académica del estudio de la acción colectiva (AC) y de los movimientos sociales (MS), se tradujo, por una parte, en la manifiesta caducidad de las teorías del comportamiento colectivo para explicar éste tipo de fenómenos evidentemente racionales, abanderados por una fracción “ilustrada” de la sociedad.

Por otro lado, a raíz del mayo parisino se comenzó a hablar en las ciencias sociales de un cambio social estructural producto del 68 –o cuya expresión era el 68–, al punto en que empiezan a aparecer nociones como nuevos movimientos sociales (NMS), crisis de los partidos, crisis social de representación, con lo cual se comienza a dar desde la academia mayor relevancia, tanto a los aspectos contextuales de la AC, como también y especialmente a sus aspectos culturales (Riechmann, 1994).

Como vemos, el punto neurálgico de las discusiones sobre el ME coincide con el punto neurálgico de las discusiones sobre la AC en general. Mayo del 68 se concibe así como un hito que marca una ruptura, tanto en la historia de la movilización estudiantil y en la AC en general, como en las ciencias sociales. Es por ello que aparece 4 Para una reseña de este debate en Colombia deberán consultarse los textos referidos en la nota 2.

5 EEUU, Alemania Oeste, España, Inglaterra, Checoslovaquia e Italia (1967), Francia, China, Japón y México (1968), Pakistán y Colombia (1971), entre otros (Navia, 1999).

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como pertinente el abordaje académico del ME a partir de las herramientas conceptuales aportadas por la acción colectiva y las teorías de los movimientos sociales, en cuyo ámbito de discusiones será necesario ubicarnos.

“Movimientos sociales” (MS) ha sido una expresión usada incontables veces para designar fenómenos sociales y políticos diversos, realmente existentes y perceptibles a la vista de todos, pero que pocas veces sabemos a qué refiere, cuales son los elementos que harían o no a un fenómeno un Movimiento Social.

Así, a menudo en este campo de estudios nos encontramos en un estado primitivo en el que, para entender de lo que hablamos, a falta de conceptos, recurrimos a señalar con el dedo: movimientos sociales son el ecologista, el estudiantil, el feminista, el obrero, el campesino, y así sucesivamente, siempre referidos a tal o cual país, aunque de algunos, también señalados con el dedo, a veces se dice que son trasnacionales o por el contrario de corte local o subnacional.

Los intentos más juiciosos de conceptualizar de forma positiva, en su especificidad, los MS, se han concentrado en autores anglosajones, especialmente estadounidenses. Allí hemos reconocido dos vertientes teóricas gruesas en el ámbito de la definición: los que tienden a considerarlo un grupo humano empírico que, a través de la distribución de incentivos selectivos, se organiza para luchar por la atribución de un bien público (Olson, 2011) y los que lo consideran más como una forma particular entre las formas modernas de hacer política entendida como acción contenciosa (Tilly, 1995).

Ambas vertientes incluyen al fenómeno en el más amplio de la Acción Colectiva (AC), con la diferencia de que mientras los primeros hablan de los MS como sujetos o actores de AC, los segundos hablan de los MS como forma de AC. Esta diferencia teórica sustancial ha sido casi totalmente ignorada, incluso por los más recientes promotores de una y otra vertiente, quienes han intentado presentarse, unos y otros, como parte de la misma escuela y compartiendo los mismos supuestos teóricos o, en sus términos, habrían llegado a consensos (Mcadam, Mccarthy, y Zald, 1999).

Sin embargo, el máximo exponente y precursor de la segunda vertiente referida, Charles Tilly, lo había expresado y expuesto claramente en su artículo elocuentemente (aunque de manera equivocada, como se verá) titulado -en su traducción al español- “Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas” (Tilly, 1995). Dicho artículo nos servirá, pues, para ubicarnos en este campo polémico.

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Hacia un concepto positivo y operativo de Movimiento Social, aplicable al estudio del Movimiento Estudiantil En el mencionado artículo, que nos parece de vital importancia por su inusual carácter polémico, Tilly presenta una gran ambigüedad en la definición, puesto que en el mismo habla del MS como “una forma compleja de acción”, “un reto público ininterrumpido”, “interacciones intermitentes”, “medios comunes de acción política”, “formas distintivas y específicas de acción social”, “medio estándar de formular demandas”, “agrupación de prácticas políticas estándar disponibles”, “agrupación de actuaciones que constituyen una campaña”, “medio disponible para contender”, “estrategia estándar de acción colectiva”, y “medio estándar de librar las contiendas” (Tilly, 1995).

Tilly incurre en un error de niveles de abstracción, pues usa la misma expresión “movimiento social” (en singular o plural indiferentemente) para referirse a objetos diferenciables: las formas de prácticas, los conjuntos de dichas formas, las prácticas concretas que revisten tales formas, los conjuntos de dichas prácticas, y quienes se encuentran inmersos en dichas prácticas y las impulsan. Al parecer a todo lo llama movimiento social, excepto, claro, al conjunto humano inmerso en las prácticas, dada su grupofobia manifiesta.

Para sustentar dicha inconformidad con las visiones centradas en los grupos, Tilly se basa en su segunda definición aludida de movimientos sociales, en la cual los equipara con las campañas electorales y la política de grupos de interés, para señalar cómo ninguno de ellos consta de grupos. Es clave detenernos en dicho argumento por cuanto para nosotros es claro que estas otras dos formas remiten indefectiblemente a grupos que las usan: los partidos políticos y los grupos de interés, los cuales indudablemente son conjuntos humanos (grupos en un sentido amplio).

Ahora bien, ¿quién impulsa la forma “movimiento social”?, indudablemente un conjunto humano. El problema es que en los dos casos que usa de contraste existen palabras distintas para la forma y para quien la impulsa (la “política de grupo de interés” ha sido llamada lobby o cabildeo, la de los partidos campaña electoral), mientras que en el caso del MS no sucede lo mismo, por lo cual, para ser rigurosos dentro de las palabras a disposición, habría qué decir que un movimiento social despliega un movimiento social.

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Este problema de conceptualización proponemos resolverlo mediante la introducción de la expresión más genérica movilización de masas (MM) como forma institucionalizada de práctica política6 en el capitalismo, específica de los movimientos sociales.

Dejando a un lado el asunto terminológico -determinante del asunto conceptual-, cabe rescatar el valioso esfuerzo teórico de Tilly, en el mismo artículo, por distinguir en el fenómeno MS sus niveles de existencia que a su vez implican niveles de abordaje. Dichos niveles serían: 1. La acción o interacción individual, por ejemplo, la exhibición de una pancarta rotulada o la firma de un pliego petitorio.

2. La secuencia de acciones o interacciones que conforman una actuación distinguible, por ejemplo, una manifestación o una declaración a periodistas.

3. La agrupación de actuaciones que constituye una campaña particular, (...)

4. El conjunto de campañas -pasadas, presentes, y futuras- que los activistas incorporan en su narrativa compartida del movimiento en un momento dado (...)

5 El repertorio de medios contenciosos disponibles a quienes hacen peticiones en un momento dado, independientemente de si realmente éstos se presentan en los movimientos sociales (...)

6. La serie de todos los repertorios que alguna vez han estado disponibles dentro de límites determinados en el tiempo y el espacio (Tilly, 1995: 19).

En primer lugar, Tilly descarta la utilidad del punto 4, ya que al obedecer a las narrativas de los activistas, rompe con el continuum de la generalidad al involucrar teleologías omniabarcantes. Afirma que sus estudios se han concentrado en la relación entre los procesos micro (1 y 2) y los macro (5 y 6), en torno a innovaciones acumulativas y límites del repertorio, mientras que en el presente trabajo apunta al nivel 3: “Debido a que el surgimiento de una agrupación nueva –y hasta entonces inaceptable– de actuaciones, marcó la aparición definitiva del movimiento social como un medio disponible para contender” (Tilly, 1995: 20).

Partiendo de las precisiones terminológicas arriba anotadas, aparece como una evidencia que en su clasificación por niveles los tres primeros aluden a prácticas concretas de movilización –acciones, actuaciones, campañas– y los dos últimos a las formas que revisten o pueden revestir tales prácticas –repertorio y serie de repertorios–.

6 Forma entre formas. Las otras serían la confrontación armada, el cabildeo, la propaganda electoral y la política pública.

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Tomaremos pues los tres primeros –acción, actuación y campaña– (y también el cuarto, el conjunto de campañas incorporadas a una narrativa, pero reformulado) como útil clasificación de los niveles de existencia y abordaje de las prácticas de movilización de masas. Los dos últimos, referidos a las formas de las prácticas, se abordarán en un momento posterior de conceptualización, ubicados propiamente en el marco de la estructura táctica de la movilización de masas.

El cuarto punto aparece como elemento extraño por cuanto, al ubicarlo en las narrativas de los activistas, explícitamente lo excluye de su narrativa como sociólogo. Esto es más interesante de lo que parece, ya que allí reside la discusión sobre la historicidad de los movimientos.

Si el MS se ubica para Tilly al nivel de las campañas (nivel 3), y tales campañas son un reto público ininterrumpido, esto trae grandes consecuencias para nuestra pretensión de historizar el Movimiento Estudiantil. En efecto, habría que decir que en Colombia ha habido “movimientos estudiantiles”, que, por ejemplo, hubo uno en 1971 y habría habido otro diferente en 2011. Así pues, el ME en Colombia no tendría existencia como uno y lo mismo, condición básica para su historicidad, y por tanto no tendría ni podría tener historia (ni siquiera en el nivel descriptivo).

Tilly no conoce pues sino una forma de historizar los “movimientos sociales” (en realidad la movilización de masas): habría una historia universal única e indiferenciada de los “movimientos sociales” (movilización de masas) que parte de Gran Bretaña en el siglo XVIII y se extiende por todo el mundo hasta nuestros días (no deja de ser elocuente el título de su último proyecto editorial: “Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes hasta Facebook”).

Discrepamos de tal planteamiento. En lo fundamental, porque adscribimos a una concepción de historia distinta a la que subyace a la propuesta de Tilly, la concepción materialista (Althusser, 1965). Simplemente diremos que, aunque coincidimos en afirmar que el ME en Colombia no tiene ni puede tener historia en sentido estricto, hay razones para plantear que tal movimiento sí tiene existencia histórica relativamente autónoma, que trasciende la individualidad concreta de las campañas (abarcando el nivel 4: los conjuntos de campañas), y que por tanto la pretensión de construir su historiografía descriptiva es académicamente legítima, más allá de las posibles narrativas de los activistas, pero también teniéndolas en cuenta como dato objetivo que hace parte de uno de sus elementos estructurantes.

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La existencia histórica de un MS, al igual que la de un partido político, no está ni puede estar dada por la continuidad o permanencia de sus “promotores”, ni aún por el carácter ininterrumpido de sus prácticas. Es reconocido por ejemplo que un partido pueda ser considerado el mismo aun cuando sus miembros activos vayan cambiando con los años, y aun cuando no participe de campañas electorales sino cada determinado número de años -y aun cuando en algunas no participe en absoluto.

A un partido político se le considera el mismo partido por razones de continuidad y/o discontinuidad de algunos de sus elementos más característicos –estructurantes–, como por ejemplo su programa, sus símbolos, sus consignas, etc.

Así mismo nosotros planteamos que un MS puede ser considerado el mismo a partir de las líneas de continuidad o discontinuidad de sus elementos a través de la historia.

Más aún, dado que tales líneas son la condición de enunciación de la existencia como tal del MS a través de la historia, ellas constituyen su definición descriptiva, como sigue: Llamaremos Movimiento Social a las líneas de continuidad y discontinuidad que pueden establecerse, a través de campañas históricamente sucesivas, en la configuración de los elementos estructurantes de las prácticas de movilización de masas expresadas en dichas campañas.

Por lo demás, la presencia de tales líneas en cada campaña particular legitima la posibilidad de nombrar un movimiento social concreto en el presente al igual que en el pasado, por ejemplo hablar de El Movimiento Estudiantil colombiano en 1971 y el mismo en 2011, o incluso entre 1922 y 2013, ya que aún “por fuera” de las campañas se mantienen algunas de las líneas (afirmación que habrá que confrontar en la investigación).

Concluimos que un MS, y por tanto el Movimiento Estudiantil colombiano, puede tener historiografía coherente en ese nivel descriptivo de la historiografía, porque indudablemente, aunque un “ciclo de protesta estudiantil” –campaña– no necesariamente sea evolución y producto de uno anterior, sí puede –y generalmente lo hace– retomar elementos, aprender de errores, en últimas puede establecer y construir realmente -no sólo imaginariamente- una continuidad, no teleológica, aunque el discurso así lo exprese, pero sí efectiva y eficaz, y por tanto teórica y políticamente útil.

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Categorías descriptivas para el estudio de los Movimientos sociales y del Movimiento Estudiantil Se dijo que los MS son las líneas de los elementos de la movilización, vistas en campañas sucesivas. Los “observables” de las posibles investigaciones que se basen en dicho concepto, serían pues unos elementos presentes en unas campañas. La condición de tal observación es definir dichos elementos a ser observados.

Hasta el momento los estudiosos de los MS -tanto los que lo asocian a un grupo como los que lo confunden con la Movilización de Masas- han hablado de tres elementos esenciales que estarían presentes en todos ellos, a saber, Estructuras de Movilización, Estructura de Oportunidades Políticas y Procesos Enmarcadores. Esto se ha establecido abiertamente como un consenso en torno al cual parece no haber discusiones (Mcadam, Mccarthy, y Zald, 1999). Hemos supuesto que dicha actitud conciliadora y diplomática se debe a un interés por unificar la aún pequeña comunidad académica dedicada al estudio de MS. Sin embargo, luego de una lectura atenta a algunos de sus textos fundamentales, para nosotros no está tan claro dicho consenso. En efecto, ¿todos los autores atribuyen a los tres elementos la misma importancia, el mismo índice de eficacia dentro del movimiento? La respuesta en el caso de todos ellos es un rotundo no. Pero en torno a las mencionadas diferencias teóricas tendremos necesariamente que cargar con las responsabilidades, dado el silencio diplomático del que hablamos.

Estos tres elementos han configurado en nuestra opinión el ámbito teórico desde el que los MS han sido abordados por las tres escuelas dominantes, cada una de las cuales se estructura a partir de tres autores fundantes: 1. Mancur Olson, precursor de la escuela de movilización de recursos, cuyos máximos exponentes son Mayer Zald, John D. McCarthy y Hans Peter Kriesi, y que prepondera el elemento Estructuras de Movilización; 2. Charles Tilly, precursor de la escuela del proceso político, cuyos máximos exponentes son el propio Tilly, Doug McAdam y Sidney Tarrow, y que preponderan el elemento Oportunidades Políticas; 3. Alain Touraine, precursor de la escuela de los nuevos movimientos sociales, cuyos máximos exponentes son el propio Touraine, Alberto Melucci y Klaus Offe, y que 232

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preponderan el elemento de Creación de Identidades, homólogo al elemento llamado, por los estadounidenses, Procesos Enmarcadores o Marcos Culturales.

El elemento que hasta el momento hemos delimitado a un nivel aceptable es el de Estructuras de Movilización, por considerar que, en primer lugar es el elemento en torno al cual se ha teorizado más en cuanto elemento estructurante. En segundo lugar porque nos parece uno de los más importantes de caracterizar. Al respecto, Archila nos dice: “El tema organizativo es el punto más agudo de debate y el mayor riesgo a la unidad, pues siendo la MANE un espacio de encuentro estudiantil y no una organización formal, centralizada y vertical como solían ser las del pasado, es difícil contar con una forma orgánica que garantice que todos sean escuchados” (Archila, 2012: 95).

McCarty concibe las estructuras de movilización (EM) como: las formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas, a los repertorios tácticos, a formas organizativas de movimientos sociales concretos y a repertorios modulares de los movimientos sociales. Quisiera hacer referencia también a los núcleos socioestructurales cotidianos de micromovilización (…). Es mi intención incluir todas las instituciones que, por lo general, se hallan en el límite de lo que se denomina ‘sociedad civil’, así como estructuras institucionales del Estado y del mundo de lo económico que puedan servir de contextos relacionales en la movilización de la protesta (Mcadam, Mccarthy, y Zald, 1999: 215).

Al concebir lo formal en su generalidad, incluye pues también los repertorios tácticos, por ser éstos formas de actuar del movimiento. Sin embargo, esta perspectiva ampliada de lo formal conduce fácilmente a difuminar los límites entre las categorías descriptivas de los elementos del movimiento social, ya que dentro de las formas podríamos también incluir las formas de pensar del movimiento, a saber, los llamados marcos culturales. Proponemos la expresión más precisa de Estructura de la Organización de la Movilización de Masas (EO).

En nuestra opinión las tácticas son un elemento cualitativamente muy diferente de la organización, y no sólo en sus lógicas de configuración, sino en su carácter mismo. Responden a preguntas políticas diferentes: lo segundo responde a qué se tiene y cómo está disTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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puesto, las primeras responden más a la cuestión de las maneras posibles, viables y eficaces de usar –canalizar políticamente– esto que se tiene, tanto a corto, como a mediano y largo plazo, teniendo también en cuenta lo que tiene el actor contendor y cómo lo dispone. Así pues, los teóricos del elemento Estructuras de Movilización (McCarty es un representante) han subsumido dentro de tal categoría no sólo el elemento organizativo sino el elemento táctico, que en nuestra opinión es otro elemento estructurante de la movilización de masas.

Esta EO los diversos autores la han desglosado a su vez en sus elementos estructurantes, habiendo gran diferencia entre sus propuestas. Tarrow distingue entre organizaciones formales jerárquicas, organizaciones en el punto de contacto con los oponentes y estructuras conectivas entre las primeras y las segundas. Tres niveles internos en escala de formalidad (Tarrow, 1997). McCarty también sigue la lógica de la escala de formalidad, siendo más amplia que la de Tarrow. Comienza desde las familias y redes de amistades, pasando por las redes informales, los híbridos, los movimientos sociales organizados (MSOs), y los grupos intermedios (Mcadam, Mccarthy, y Zald, 1999).

Kriesi distingue entre MSOs (las organizaciones jerárquicas de Tarrow), Organizaciones de apoyo y Asociaciones del movimiento (Mcadam, Mccarthy, y Zald, 1999).

Estas dos últimas, Tarrow las pierde de vista. Las primeras porque son externas y él sólo considera las internas, las segundas porque parten de una visión elitista (que Kriesi comparte con y retoma de McCarty) en la que la élite organizada (MSOs) organiza la base del movimiento concibiéndola como su clientela particular, mientras que para Tarrow las organizaciones de base tienen un alto grado de espontaneidad y autonomía. Mientras para aquellos el MS es otra forma de política de élites, para éste es política popular de desafío a las élites, en constante riesgo de cooptación por las mismas.

El hecho es que en la práctica se dan unas y otras, independientemente de que nuestras posturas políticas o morales nos hagan incómodo reconocerlo. Así pues, al no anclarnos en una perspectiva interpretativa previa (que sobredimensione lo “interno”, o la élite, o la autonomía, etc), podemos incluir todos los elementos que consideremos efectivamente perceptibles y con efectos pertinentes sobre el movimiento.

Por esta senda que prioriza la amplitud descriptiva, Rucht aporta una novedosa clasificación, que rompe con el esquema rígido de diferenciación entre MS, Partidos políticos y Grupos de interés, con la cual coincidimos provisionalmente: 234

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Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la estructura de los movimientos no puede resultar sorprendente que encontremos en su seno aquellas formas organizacionales que, analíticamente, habíamos separado de ellos, es decir, grupos de interés y partidos políticos (…). Si asumimos la posible coexistencia de grupos de base, grupos de interés y partidos en la infraestructura de un movimiento, debemos asumir también que, desde una perspectiva empírica, esto pueda tener consecuencias respecto del concepto de estructura del movimiento (Mcadam, Mccarthy, y Zald, 1999: 266).

Finalmente, nuestra perspectiva amplia y descriptiva nos permitirá avanzar en el camino de salida del eterno problema del origen social de los movimientos, expresado en estos autores como el problema de las redes informales. La solución a dicho problema proponemos buscarla en la práctica teórica de Mancur Olson, específicamente en su concepto de grupo latente (Olson, 2011).

Este concepto nos permite remitir a ese origen empírico amplio de las redes y organizaciones de base. Para nuestro caso de estudio, el grupo latente evidentemente será el Estudiantado, independientemente de que se le entienda como categoría de clase (Navia, 1997) o por el contrario como conjunto humano no clasista. No creemos por lo demás tener que argumentar mucho más para que se admita la simple afirmación de que el Movimiento Estudiantil encuentra su origen primario en el Estudiantado ese “grupo latente”.

Así pues, inicial y provisionalmente, definiremos la Estructura Organizativa a partir de los siguientes elementos que ella contiene y combina, ordenados del más formal al más informal, o en otros términos, del más premeditadamente organizado al más espontáneo. Tales elementos son: 1. Las organizaciones encrucijada del movimiento, que cuestionan su pretendida autonomía, puesto que son organizaciones que por lo general existen antes de que emerja el movimiento y sus objetivos e intereses lo desbordan. Su interés en incidir sobre el movimiento puede ser más o menos decidido, pero cuando dicho interés es manifiesto su incidencia puede ser muy alta. En cierto sentido constituyen las conexiones del movimiento con entornos políticos más amplios, así como con conflictos que desbordan las problemáticas planteadas por el movimiento, planteando asuntos como el de las coaliciones y las alianzas, pero también los de la cooptación, la instrumentalización, la infiltración y el sabotaje, etc., lo cual nos remite al problema de Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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si considerar o no a los agentes estatales –funcionarios públicos–, con presencia más o menos invisible en el movimiento, como un elemento más de su estructura formal.

2. La segunda triada de elementos constituyen propiamente el conjunto de formas organizativas propias del movimiento (a las que apunta Tarrow), las cuales surgen con él y para él, pero también suelen morir con él.

3. La tercera triada nos remite a los grupos originarios del movimiento, con lo cual pretendemos abarcar todo el espectro formal del movimiento, al menos en el rango en que sus nociones “empíricas” son proclives de ser percibidas y descritas.

En el cuadro anexo esbozamos un primer esfuerzo de operacionalización de ésta categoría en subcategorías, variables e indicadores, con el fin de potenciar su capacidad descriptiva. Las demás categorías deberán producirse en esfuerzos teóricos posteriores, en aras de completar herramientas suficientes que nos permitan organizar el trabajo de descripción de nuestro objeto como una captación específica de las informaciones que recojamos vía documental, periodística y de archivo y vía trabajos de campo.

Conclusiones En el presente ensayo hemos sentado algunas bases teóricas y metodológicas fundamentales para emprender de manera colectiva la construcción de la historia del Movimiento Estudiantil en Colombia desde 1957. Partiendo de la pregunta por la verdadera dimensión histórica de la coyuntura de 2011, hemos demostrado la importancia de construir la memoria histórica en aras de contribuir al avance histórico presente. Pero no solo eso, sino además la necesidad del esfuerzo académico por analizar y comprender dicha historia. La etapa descriptiva surge aquí como la primera gran urgencia.

Tras desarrollar algunas discusiones epistémicas básicas, ha quedado definido que la historia descriptiva del ME hace parte de proyectos más amplios, como es la historia política de Colombia, única que podría dar cabida a análisis comprensivos de los fenómenos descritos, en una perspectiva politológica muy conectada con la Historia y la Sociología. Esta perspectiva politológica se retoma de la tradición académica de la acción colectiva y los movimientos sociales, por razones históricas que nos remontan a las discusiones provocadas por la época del “mayo parisino” (1967-1971) en todo el mundo.

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En las últimas dos partes del ensayo, hemos plasmado un esfuerzo que considerábamos indispensable y en mora de hacerse: la producción de un concepto operativo y claro de movimientos sociales, diferenciándolo del concepto de movilización de masas, en aras de darle estatuto teórico propio y derecho de existencia historiográfica a un movimiento social concreto, para nuestro caso el ME. Bibliografía ABADÍA, A. (2013). “Charlando sobre el ánimo de lucro en instituciones de educación superior y las movilizaciones estudiantiles en Chile y Colombia [Entrevista a Milton Vidal y Carlos Liévano]”. En: Trans-pasando Fronteras, núm. 3, pp. 158-166.

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VARIABLES:

INDICADORES:

• Organizaciones de Izquierda (legales e ilegales), agentes estatales.

• Estamentos y gremios escolares.

• ONGs y sindicatos.

• Intereses propios, presencia o ausencia (adscripción o penetración), influencias táctica, influencias organizativa, influencias cognoscitiva.

• Intereses propios, recursos, nivel y forma de incidencia, composición (cuantitativa y cualitativa).

• Intereses propios, recursos, nivel y forma de incidencia.

• Mesas, Federaciones, • Nombre, cantidad, carácter, composición (cualitativa Asociaciones, O. clandestinas, y cuantitativa), duración, recursos, infraestructura, amplias o programáticas. alcance, actividades, símbolos, “estructura organizativa” interna, normas internas, divisiones y • Oficinas y coordinadoras pugnas, alianzas. estudiantiles.

• Comités y colectivos estudiantiles.

• Organizaciones estudiantiles de base • Relaciones de amistad y sexuales • Totalidad del estudiantado

• Nombre, cantidad, carácter, composición (cualitativa y cuantitativa), duración.

• Presencia o ausencia (previa o posterior al movimiento).

• Comoposición interna (cuantitativas y cualitativa): estrato, género, raza, edad, nivel educativo, servicio de salud, empleo, duración de estudios, deserción.

Anexo 1. Las categorías que se proponen son las desarrolladas a través de varias décadas por la corriente estadounidense de los movimientos sociales, con algunas variaciones. Nuestra delimitación y operacionalización de la categoría Estructura Organizativa Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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deberá ser ejemplo y punto de partida para ejercicios posteriores más completos, pero esperamos desde ya pueda ser útil a investigaciones en curso. Nuestro propósito ha sido contribuir a la motivación, difusión, ampliación y organización de procesos académicos individuales y colectivos dedicados al estudio de la historia de los movimientos sociales en Colombia7 (particularmente el ME que ha sido de los menos estudiados) como un aporte fundamental para la historia política de Colombia, una historia política que no tome por base los partidos políticos tradicionales (expresión política formal de las clases dominantes), sino las expresiones políticas de las clases subalternas y sus luchas, propósito más ambicioso, todavía pendiente, y al que deberíamos contribuir todos los científicos sociales comprometidos con nuestra realidad.

7 Expresión de lo cual es el Semillero de Movimientos Sociales que estamos próximos a lanzar en la Universidad de Antioquia.

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A inclusão da China na Amazônia: análise e considerações geoestratégicas* Guilherme Lopes da Cunha** (guilhermelopes11@hotmail.com)

Marcelo de Moura Carneiro Campello*** (campellogeo@gmail.com)

Artículo de investigaciòn recibido el 28/11/2014 y aprobado el 19/12/2014

Cómo citar este artículo: LOPES DA CUNHA, Guilherme y Víctor Santiago Calle León. (2014). “A inclusão da China na Amazônia: análise e considerações geoestratégicas”. En: Transpasando Fronteras, núm. 6, pp. 241-262. Cali, Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias sociales, Universidad Icesi.

Resumen La Amazonía Sudamericana, sensible y cobijada por el stock de recursos estratégicos, vive momentos de incertidumbre. La matriz económica regional se basa en la explotación de recursos naturales destinados al mercado externo. Un hecho reciente en la región es la implantación de infraestructura física basada en el transporte de carretera a partir de los intereses asiáticos, sobretodo de China. Una mirada crítica demuestra que la percepción china en estos sectores –sector primario y ampliación de la infraestructura– es dirigida por un interés nacional. China, con objetivos estratégicos determinados, está dispuesta a patrocinar obras de infraestructura, junto con Brasil y otros agentes políticoeconómicos. Las carreteras atraviesan bosques y parecen hacen parte del interés gubernamental chino en las commodities regionales; como demuestra el paso que conecta la producción agropecuaria y mineral del Brasil a los puertos peruanos en el Océano Pacífico. Se pretende analizar la hipótesis de que el desarrollo de la Amazonía corre riesgos de subordinación a los intereses chinos, manteniendo * Una versión de este trabajo fue presentado en el III Congreso de Ciencia Política ACCPOL 2014. ** Candidato a PhD en Economía Política Internacional. Universidade Federal de Rio de Janeiro. *** Candidato a PhD en Economía Política Internacional. Universidade Federal de Rio de Janeiro.

Guilherme Lopes da Cunha y Marcelo de Moura Carneiro Campello

la región como una de las más antiguas periferias del sistema interestatal capitalista. Algunas dudas surgen: ¿Existe la creación de nuevos lazos de dependencia? ¿ La expansión china en la Amazonía contradice los intereses regionales? La apuesta en nuevas revoluciones industriales y tecnológicas que carecen de materias primas abundantes en la región, justifican la conveniencia de investigación científica sobre este contexto.

Palabras clave: Amazonía, China, Geopolítica, Estratégia, Sudamerica.

Introdução A Amazônia Sul-Americana, sensível e cobiçada por seus estoques de recursos estratégicos, vive momentos de incerteza. A matriz econômica regional baseia-se na exploração de recursos naturais destinados ao mercado externo. Um fato recente na região é a implantação de infraestrutura física baseada no modal rodoviário a partir dos interesses imediatistas primário-exportadores dos Estados nacionais sul-americanos que, por sua vez, sofrem influência política de importantes conglomerados empresariais regionais, os quais, cada vez mais, têm a sua produção atraída e voltada ao mercado asiático, sobretudo à China. Um olhar crítico sobre essa questão que envolve todos os países do subcontinente demonstra que a percepção chinesa nestes dois setores –a matriz primária e a ampliação da infraestrutura– é comandada também por interesses nacionais deste país.

Pretende-se analisar a hipótese de que o desenvolvimento da Amazônia corre riscos de subordinação aos interesses chineses, mantendo a região como uma das mais antigas periferias do sistema interestatal capitalista. Algumas dúvidas surgem: haveria a criação de novos laços de dependência e de subordinação? A expansão chinesa na Amazônia contraria interesses regionais de integração e pode funcionar, até mesmo, como forma de desintegração regional? A aposta chinesa em novas revoluções industriais e tecnológicas que carecem de matérias primas abundantes na região justifica a conveniência de investigação científica sobre esse contexto.

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A Amazônia e os interesses geoestratégicos chineses no processo de integração regional: os seus múltiplos papéis no Sistema Interestatal Capitalista A Amazônia necessita, urgentemente, de um padrão de desenvolvimento regional.1 O extrativismo e a agropecuária, ainda que realizáveis no formato sustentável (CGEE, 2011), contribuem para a reprodução dos problemas socioambientais. A alteração da dinâmica econômica dominante deve ser gestada pari passu à consideração acerca da perspectiva geopolítica. A exploração predatória de recursos naturais, muitas vezes é incentivada ao se corromper a noção de desenvolvimento, associado à redução de pobreza. Chang (2009) assevera que a difusão de setores estratégicos é crucial para a promoção de desenvolvimento: proteger indústrias estratégicas, conceder subsídios e ampliar níveis educacionais seriam meios efetivos para a promoção de desenvolvimento. Por meio desse novo desenvolvimentismo, poder-se-ia fornecer aos habitantes os benefícios e as possibilidades de utilização de seu patrimônio natural de uma maneira autônoma. Isso tornaria viável a integração de processos políticos comuns através da inauguração de uma escala de ação nacional-continental.

Além da matriz extremamente economicista e agroexportadora dos projetos, a complexidade ambiental ainda é uma questão que enfrenta desafios. Entre as dificuldades a serem superadas, estão a existência de políticas internas mal definidas, as hostilidades naturais e geográficas da região e a própria história de incorporação e posterior isolamento secular da floresta nos Estados nacionais, as quais suscitam cada vez mais debates entre ambientalistas e diversos segmentos sociais sobre a escolha do modelo de desenvolvimento que se pretende na Amazônia. A região é mal integrada interna e externamente entre os nove Estados que a compõem.2 1 O argumento encontrado em Becker (1982 e 1992) sobre incompreensão da Amazônia acentua a necessidade de erradicar um pseudo-desenvolvimento econômico associado à redução de pobreza, formado em ilhas, concebido fora de um plano estratégico e baseado na lógica extrativista e agropecuária, de caráter destrutiva. Há maior coerência quando se pensa em atuação por intermédio de plano de estruturação que contemple a valorização da floresta em sua integridade, considerando tanto a biodiversidade associada a aspectos tecnológicos, quanto os saberes dos povos da Amazônia e a gestão regional coletiva dos Estados amazônicos. É nesse sentido que, para Becker (2009) e Becker e Stenner (2008), são esses os elementos que consolidam a soberania dos Estados sobre o território que lhes pertence. Os recursos econômicos ofertados pelo extrativismo, como no caso da madeira, ou pela agropecuária, como ocorre no cinturão soja-boi, atuam em desfavor da potencialidade geoestratégica. Há que se preservar e ampliar a consciência sobre os interesses geopolíticos que incidem sobre a Pan-Amazonia.

2 Os Estados Amazônicos são Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colombia, Venezuela, Guiana, Suriname e FranTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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A integração entre Estados nacionais representa um processo de inter-relacionamento e interdependência multidimensional dentro de um contexto contemporâneo de globalização e de regionalização da economia-mundo. Ianni (1999) aponta que a regionalização econômica pode ser vista como um processo por meio do qual a globalização recria a nação, de modo a inseri-la na dinâmica da economia-mundo transnacional. A regionalização econômica é estimulada porque, ao se integrarem as economias nacionais, redefinem-se fronteiras e políticas econômicas, além de articularem-se as forças produtivas.

Tal processo se constitui como parte integrante de um novo parâmetro para a articulação das nações e do desenvolvimento do capitalismo.

Os impactos da globalização e da regionalização, concomitantes ao avanço tecnológico, alteram as escalas de tempo e de espaço, o que interfere na realidade amazônica. O desenvolvimento da informática e o incremento da conectividade global através de múltiplas redes e dos meios de telecomunicação, informação e transportes, reduziram as distâncias e acentuaram a compressão da relação espaço-tempo. A multiplicação de tratados bilaterais e de acordos regionais visando a incrementar as relações políticas e socioeconômicas são parte do fenômeno da globalização e da revolução científico-tecnológica.

O processo que tem a finalidade de buscar uma identidade econômica continental deveria englobar aspectos sociais, culturais e políticos e considerar as especificidades naturais da Amazônia. A região deve ser concebida como um trunfo político e a sua natureza como uma vantagem competitiva, não podendo ser compreendida, em sua totalidade, como uma gigantesca barreira geográfica exportadora de commodities.

Na região, diversos estudos comprovam que há uma ligação direta entre o asfalto e a devastação (Picoli, 2006). No Brasil, entre outros casos, há o exemplo da BR-163, que interliga Cuiabá (MT) e Santarém (PA): a perda de biodiversidade e a degradação ambiental ao longo das rodovias são ainda maiores em razão da não incorporação dos riscos socioambientais e da falta de visão holística das ondas de investimentos na Amazônia. Nesse país, desde o regime militar, iniciado nos anos de 1960, ao atual Programa de Aceleração do ça. Este último, participa devido à Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino francês: “Guiana Francesa, portanto, é uma região européia dentro da América do Sul” (Granger, 2008:160). A página eletrônica do World Factbook, da Agência de Inteligência Americana (CIA), também traz em seu banco de dados a posição política da Guiana Francesa como um departamento francês: consultada em 9 de março de 2015.

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Crescimento, a administração pública implementou projetos que levam ao desmatamento e à migração, além de um tipo de desenvolvimento tradicional e predatório baseado no transporte convencional para o interesse e o lucro de atores externos à região.

A fronteira econômica é um espaço de alto interesse e valor estratégico para a exploração prospectiva e para os investimentos de capital. Com grande parte dos recursos naturais já explorados e com potencial já conhecido, as reservas minerais, hídricas e de biodiversidade da Amazônia possuem valor inestimável. A região também representa a última fronteira brasileira e, em algumas hipóteses, global, além de apresentar centenas de grupos indígenas e ribeirinhos, colonos, assentados, grupos extrativistas, entre outros grupos tradicionais, que não estão inseridos nos projetos de integração em andamento.

Esse modelo de desenvolvimento que vem sendo implementado na Amazônia demonstra não ser o mais adequado. A implementação de projetos multilaterais entre Estados amazônicos é fundamental para que se valorize a biodiversidade sem afetar sua autorreprodução. Torna-se questionável, tomando por base o Brasil, se o projeto de integração viária pode contribuir para a integração regional e para o desenvolvimento da Amazônia. Haveria o fortalecimento da economia e da defesa da floresta na lógica do desenvolvimento sustentável, por meio desse processo? Há indícios de geração de riqueza e de renda para as populações regionais, até então colocadas à margem deste processo?

Prevalece, no meio científico, certo ceticismo quanto a essa problemática.

Os eixos rodoviários que se encontram na Amazônia são verdadeiras pinças sobre a floresta, e o zelo ambiental surge como contraponto ao aspecto econômico. Como se tem visto, não se discutem outras políticas concomitantes ao desenvolvimentismo convencional. Para a região se desenvolver, é preciso integrá-la com práticas, ações e modelos que agreguem valor, que preservem o capital natural e que respeitem as diferenças culturais.

A Amazônia possui interessante complexidade socioambiental. Portanto, suas questões demandam ações particulares voltadas para a sustentabilidade do bioma.

Inegavelmente, a Amazônia precisa de uma articulação sólida no espaço para se explorar a complementaridade entre as diversas economias. Parte da iniciativa deve incluir propostas que possam colocar as cidades como promotoras do desenvolvimento e como espaço de fluxos, por meio de processos produtivos que vão além de commodities, e organizar a estrutura e a dinâmica regional. Entre outras formas Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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sustentáveis e eficazes de integração, poder-se-ia incentivar a multidimensionalidade, isto é, equipar portos e hidrovias, além da construção de ferrovias para maiores distâncias e de pequenas rodovias para o trajeto de pequenas e médias distâncias. O que se questiona é a definição de prioridades e a discussão da sustentabilidade ambiental dos projetos para a emergência de um desenvolvimento regional sem destruir a natureza e o conhecimento popular tradicional.

As políticas implementadas devem considerar de que forma a integração deve ser proposta para que o capital natural seja preservado e os amazônidas beneficiados. O desenvolvimento que vem sendo implementado pode tornar a região palco de grandes eixos de exportação de commodities para os grandes centros comerciais, patrocinando desastres socioambientais. O certo seria que as políticas públicas pudessem atuar na dinâmica de valorização das riquezas naturais e dos habitantes da Amazônia, os verdadeiros protetores deste patrimônio natural.

Há uma relação direta entre desflorestamento, pecuária extensiva e a moderna agricultura mecanizada e latifundiária. O corte de madeira, legal ou não, é a premissa para a cadeia produtiva dominante na Amazônia. Com os pastos, o gado prepara a terra para a agricultura de grãos, expandindo cada vez mais o arco do desmatamento e adentrando a fronteira agrícola para o coração florestal.3 A formulação de uma agenda ambiental é extremamente complexa. Ela envolve interesses econômicos de grandes conglomerados e lobbies políticos. Os impactos socioambientais associados aos empreendimentos, em sua maioria, conservadores do modus operandi e concentradores de riqueza, dificultam a tomada de decisões nesta complexa e diversificada região.

Há um amplo consenso sobre a melhoria de infraestrutura e desenvolvimento regional, quando se considera a integração física de regiões, embora o transporte sozinho não traga desenvolvimento (Becker, 1982; Hirschmann, 1958). Becker e Stenner (2008) contribuem à discussão afirmando que o transporte em si, isoladamente, não é fator de desenvolvimento, favorecendo o crescimento dos pontos conectados, mas não da área situada ao longo do eixo. Hirschmann (1958) afirma que 3 Conceito de Becker (2009) para salientar um contínuo florestal relativamente preservado e com elevadíssima taxa de biodiversidade.

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a imposição de uma estrutura uniforme e autoritária, que não leva em consideração as especificidades locais, induz às desigualdades econômicas. Portanto, é preciso discutir a forma de integração em andamento e o tipo de desenvolvimento se pretende na Amazônia sul-americana.

Na Amazônia, como visto em experiências a partir da segunda metade do século XX, o desenvolvimento ocorreu nas pontas do processo. Favoreceram-se o lucro privado e as cadeias produtivas exógenas à região, incentivando o ciclo rodovia–migração–desflorestamento–pasto–pecuária e/ou grãos. Inegavelmente, é preciso a integrar a Amazônia, mas, como salienta Huntington (1997), divorciada da cultura, a proximidade não gera por si só aspectos em comum, mas pode induzir exatamente o oposto.

Governos de ideologias políticas diferenciadas entram constantemente em colisão e a (des)ordem institucional de governos democráticos ameaça a estabilidade subcontinental, criando sucessivas crises nas relações internacionais. O futuro da Amazônia deve ultrapassar o jogo político, isto é, a política deve ser responsável pela implementação da defesa e não da degradação.

Desde o período posterior à Segunda Guerra Mundial, os Estados da América Latina têm encontrado dificuldades para a implementação de projetos que resultem em melhorias efetivas. Por intermédio da globalização, contudo, dois importantes aspectos surgem com força: i) o regionalismo econômico internacional;4 ii) e a globalização dos mercados. Nos últimos trinta anos proliferaram acordos políticos e comerciais bilaterais e multilaterais no continente. A Comunidade Andina, o Mercosul (Mercado Comum do Sul), a UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), a ALADI (Associação Latino-Americana de Integração) e a IIRSA (Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana) foram algumas das iniciativas propostas para gerar, sobretudo, maior integração econômica do continente.

A IIRSA surge em 2000 como grande impulso em inversões, sobretudo, a partir do primeiro mandato do governo Lula (2003-06). Com objetivos estritamente econômicos 4 O processo de regionalização econômica tem forte impulso no pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. A necessidade de reconstrução de economias arrasadas pelo conflito de 31 anos –1914/45–, como afirma Hobsbawm (1995), aproximou mercados com acordos multilaterais e redução de barreiras tarifárias. Nos últimos cinquenta anos multiplicaram-se os acordos comerciais em diversas partes do mundo, em especial, além dos mencionados nesta pesquisa, citam-se a União Europeia, o NAFTA e a ASEAN. Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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de integração regional, a estratégia dos doze governos da América do Sul, signatários do acordo, sob liderança e maciços investimentos do Brasil, é equipar o continente com infraestrutura nos setores de energia, de transportes e de comunicações e informação.

Grandes empreendimentos que vêm sendo implementados por iniciativa da IIRSA e da UNASUL podem levar ao avanço da fronteira agropecuária para a floresta ombrófila densa. Como consequência, assume-se o risco de perder a biodiversidade que a natureza levou milhões de anos para constituir. Reduzirem-se as chances de reivindicar e assumir soberania política e econômica frente à cobiça internacional, a partir de uma estratégia de defesa baseada em um novo modelo de desenvolvimento. A própria posição geopolítica dos Estados Amazônicos e, sobretudo do Brasil, como uma liderança regional, fica sensibilizada no sistema interestatal capitalista.

A IIRSA foi idealizada como estratégia para a integração econômica sul-americana.

Foi perseguida por diferentes segmentos defensores da lógica da globalização capitalista, como governos, empresas transnacionais e instituições financeiras multilaterais. Seus projetos vêm promovendo uma modernização conservadora. Os eixos rodoviários que já cruzam e/ou cruzarão territórios protegidos, terras indígenas e zonas importantes para a conservação da biodiversidade, já provocam reações de ONGs e movimentos sociais, com destaque para a Madre de Dios-Acre-Pando (MAP), na fronteira Peru-Bolívia-Brasil, área de influência da Rodovia Transoceânica5 (Becker, 2009).

No Brasil, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)6, proposto no primeiro ano do segundo governo Lula, em 2007, e o PAC 2, lançado em março de 2010, são políticas intrinsecamente associadas à estratégia da IIRSA. Entre as intenções está o objetivo de equipar o continente sul-americano, em especial, a região Amazônica, com infraestrutura voltada para as estratégias comerciais com base em investimentos em transportes (em sua maioria, modelos convencionais) e de energia.

5 A rodovia Transoceânica, por exemplo, é um dos eixos de interligação proposto pela IIRSA. Um dos objetivos é conectar o oceano Atlântico ao oceano Pacífico, constituindo um corredor bioceânico que cruza a Amazônia Ocidental, perpassa os Andes e chega aos portos peruanos.

6 As obras de construção de hidrelétricas atualmente em voga no país, especialmente na Amazônia, como as de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira (RO), e Belo Monte, no rio Xingu (PA), são parte integrante do contexto proposto pela IIRSA, na esfera continental, e pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC –, em nível nacional.

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Ações concretas da IIRSA e dos governos sul-americanos, a partir da primeira década do século XXI, obedecem à realização de projetos e políticas de maior integração entre os Estados nacionais do continente. A expansão do Mercosul e de outros acordos multilaterais, a criação da UNASUL, em 2007, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), de 2009, sediada em Foz do Iguaçu, são medidas que podem favorecer o intercâmbio sociocultural entre os países.

A Amazônia é o verdadeiro coração geográfico da América do Sul. Ela pode e deve ser incentivada como o polo de integração e articulação regional, fortalecendo a soberania dos Estados nacionais que fazem parte da bacia amazônica, mas também daqueles que compartilham de um passado colonial de exploração, submissão e subdesenvolvimento.

A Amazônia pode contribuir para o desenvolvimento regional através de um novo modelo de desenvolvimento que privilegie a autonomia e a defesa da floresta e que valorize o patrimônio natural e sociocultural7. A chave deste processo vai depender da capacidade de reorganizar e articular o subcontinente8 –uma das mais antigas periferias do sistema-mundial capitalista (Becker, 2009)– e drenar e fomentar acordos estratégicos para que os interesses diversos funcionem em consonância com os nossos próprios interesses nacionais.

Trata-se de uma região que sofre os efeitos não apenas do passado colonial e ingerências externas. Embora com problemas, perspectivas e contextos internos diferenciados entre os Estados nacionais, além de outros aspectos comuns, podem servir para unir a 7 Ainda que as imperfeições na gestão territorial sejam identificadas, esta investigação não objetiva propor um modelo de desenvolvimento específico. Nesse sentido, considera-se que “a preocupação ambiental não significa estancar o desenvolvimento regional, mas sim pensá-lo em outros termos (…)” (Becker, 2009:156). A propositura de um plano estratégico ou a sugestão de melhor modelo a ser seguido, depende de amplo debate na sociedade dentro dos Estados e no âmbito regional pan-amazônico. A análise desses meandros não é contemplada por meio desta investigação.

8 Conquanto haja empreendimentos audaciosos, estes estão aquém das transformações desejáveis. Iniciativas como a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), institucionalizada em 1998 (Vilhena Silva, 2010), e os projetos que tencionam a construção de 10 eixos de integração no seio da IIRSA, entre os quais 3 direcionam-se à Pan-Amazônia (Castro, 2012:49), são projetos que, além de tímidos, perpetuam a lógica exploratória que contribui para a consolidação da região como periferia do sistema interestatal capitalista, demandante de tecnologia e fornecedora de bens primários. Esse quadro poderia ser diferente caso se valorizassem a biotecnologia e a bioindústria (Becker, 2009:159) e caso os Estados amazônicos desenhassem estratégias coletivas para valorizar avanços científicos. Pesquisas nessa direção, com enfoque na Amazônia, incluindo investigações no campo da nanotecnologia (Gouveia, 2015 e Bufalino, et al, 2014), descortinam os primeiros passos para o futuro da ciência e para uma nova fronteira de possibilidades no desenvolvimento da Pan-Amazonia.

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região. Uma questão pouco debatida nos grandes fóruns econômicos e socioambientais globais sobre a região é a defesa da natureza e a soberania do território num contexto que não seja utópico (o desejo dos ambientalistas primeiro-mundistas, ou dos zeristas) e nem predatório (o afã dos grandes conglomerados internacionais).

Um novo modelo de desenvolvimento urge para contrapor a pressão ambientalista que reina sobre a região e a devastação patrocinada pelos Estados nacionais sul-americanos. Mais do que aumentar a exportação baseada em commodities, trata-se de se apropriar do que o território tem de melhor, agregando valor às trocas, modificando estruturas internas arcaicas e passando de um modelo econômico produtivo fordista para um pósmoderno pautado no conhecimento da natureza e com base em ciência, tecnologia e inovação (CT/I). Por que exportar commodities e minerais e não investir em CT/I, visando à industrialização e inaugurando uma revolução industrial pautada no conhecimento sobre a natureza? (Becker, 2009).

Como alternativa de desenvolvimento socioeconômico e ambiental viável é preciso atribuir valor à floresta em pé e valorizar a biodiversidade e os produtos da região, como forma de impedir o desmatamento e o esgotamento dos recursos (Becker e Stenner, 2008).

Internacionalização Chinesa rumo à América do Sul Para que se compreenda o ambiente político em que a Amazônia se situa, é importante considerar a estrutura do sistema que emerge na contemporaneidade. Uma nova organização da estrutura de poder no sistema interestatal capitalista está em pleno processo nos dias de hoje. A política assiste ao que se denomina “ascensão do resto”, o que alguns interpretam como o deslocamento de poder que conduz a um contexto pós-americano (Zakaria, 2008:2-5), enquanto outros concebem como fenômeno por meio do qual Estados de industrialização tardia, sem tecnologia pioneira, conseguiram implementar estratégias que os transformassem em potências econômicas (Amsden, 2009). Nesse ambiente, sobressai a percepção de que há deslocamento dos recursos de poder em direção à Asia (Fiori, 2008 e 2009), sendo que a China ocupa um dos polos de difusão dessa ascensão, senão o cerne dela. A magnitude dessa redistribuição de vetores de poder contribui para que se considere a crescente relevância da China como um dos acontecimentos mais importantes do início do século XXI (Slipak, 2014:102).

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Se, por um lado, a China mostra potencialidades que poderiam rivalizar com outras potências em um futuro próximo; por outro, o discurso oficial chinês propaga ideia avessa aos interesses hegemônicos. Obviamente, o discurso oficial, muitas vezes, presta-se como ferramenta enganosa frente ao relacionamento entre os Estados, pois parece difícil imaginar alguma autoridade, seja qual for a unidade política estatal, defendendo pretensões hegemônicas.

Assim, vale considerar o que prenunciam alguns autores, como Overholt (2008:293), para quem é possível imaginar um ambiente de tensão, caso a China seja contrariada em pressupostos cruciais da sua política externa, como tensões com o Japão ou com a política empreendida em face a Taiwan, além do caso de emergência de uma nova liderança internacional.

O crescimento chinês nos últimos 30 anos manteve-se consolidado em torno de 10 por cento ao ano. Isso fez do País do Meio a segunda maior economia mundial, além da posição de fábrica do mundo e de potência influente junto a mercados globais. Sob essa lógica, as empresas chinesas manifestam postura agressiva na internacionalização de suas posições, sobretudo quando se necessita tanto escoar a produção manufatureira quanto ter acesso a bens primários, fundamentais para a reprodução da espiral virtuosa chinesa.

Nesse contexto, pode-se pensar a China como um Estado dotado de características sui generis. A mesmo tempo em que retorna à posição de primeira economia, consolida a pujança fabril, amplia a participação como investidor em todos os continentes e ganha proeminência no campo militar, tecnológico, financeiro e educacional, a China enfrenta enorme disparidade interna e sofre problemas próprios de países pobres. Trata-se de Estado que mescla características de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos, ainda que obtenha cada vez mais importância no ambiente político-econômico global.

No entanto, simultaneamente, comporta-se como poder político periferizador (Fiori, 2009), atuando como centro para espaços menos dinâmicos. Isso é bastante perceptível quando se analisa a presença chinesa na África e na América Latina, pois mantém a lógica de aquisição de matérias primas e de fornecimento de bens de alto valor agregado, consolidando esses continentes como periferia do sistema interestadual capitalista, além de promover alterações nos vetores de poder na política regional, nessas localidades.

Junto a essa problemática, há quem mencione o prenúncio de uma Quarta Revolução Industrial que pode ser liderada pela China. O grau de desenvolvimento das plantas fabris chinesas tornam possível o desencadeamento de avanços no setor de Nanociências e Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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de Biotecnologia, o que pode ser crucial na alteração do paradigma tecnológico. É nesse sentido que Almeida (2005) considera viável a emergência de competição hierárquica pela liderança de uma matriz produtiva internacional. Se isso acontecer, a Amazônia ampliará sua importância, haja vista os estoques de biodiversidade e o potencial de prospecção informacional que detém.

Essa engenharia de poder, unindo aspectos empresariais a interesses político-econômicos, guarda relação com interesses geopolíticos. Um dos elementos que permite visualizar esses pressupostos é o conceito de política “Go Global”: a formação, desenvolvimento e expansão internacional de empresas têm suporte governamental, o qual cria mecanismos que facilitam esses objetivos. O aspecto geopolítico seria determinante para o Estado chinês, conforme defendem Acioly, Alves e Leão (2009), pois oferece resultados junto ao sistema interestatal capitalista no âmbito continental, sobretudo quando empresas funcionam a serviço da política externa.

A atuação chinesa, por intermédio de concessão de recursos financeiros, geralmente tendo bens primários como contrapartida, corroboram esse entendimento. Os contratos de empréstimos que viabilizam a atuação das empresas no exterior servem para interferir positivamente nos objetivos da diplomacia chinesa. É nesse sentido que se acredita no potencial de interferência da China na mudança de vetores de poder na América do Sul. Os empréstimos concedidos à Venezuela, entre 2007-2010, associados a fornecimento de petróleo, servem para exemplificar o sentido de extração de recursos naturais associado a fatores estratégicos (Cunha e Appel, 2014b).

O estabelecimento de parcerias diplomáticas em formato bilateral, com certa aversão ao liberalismo de Washington é bastante significativo. Embora seja sempre explícito o interesse em não contrapor os Estados Unidos, há empreendimentos que conduzem a outra conclusão. Um deles é o Canal da Nicarágua, a ser construído pela Hong Kong Nicaragua Canal Development Investing Company (HKND)9, que parece constranger os EUA ao propor uma passagem que interliga oceanos de maneira mais eficiente que o Canal de Panamá10. Nesse contexto, ainda que membros da comuni9 Dados fornecidos por meio da página eletrônica do empreendimento (http://hknd-group.com/).

10 Atualmente, o Canal de Panamá possibilita, de maneira mais eficiente, o deslocamento da marinha de guerra americana entre as costas Leste e Oeste dos Estados Unidos. Ainda há poucas análises sobre em que medida 252

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dade científica aleguem substancial agressão ao meio ambiente e a povos autóctones (Huete-Pérez, 2014) e que militares estadunidenses não demonstrem preocupações maiores do que a possibilidade de intervenção militar chinesa em área bastante próxima aos EUA (Walborn, 2014), há que se considerar uma alteração no quadro geopolítico regional, sobretudo na América ao Sul do Rio Grande. China ocupa espaço cada vez mais proeminente na geopolítica e na geoeconomia da América Latina e do Caribe, valendo-se de brechas em desfavor dos EUA e deslocando potências regionais como o Brasil (Cunha 2014 e 2015 e Cunha e Appel 2014a e 2014b). O Canal da Nicaragua é mais um elemento nesse ambiente geopolítico.

No período pós-crise (de 2008 em diante), a China ganha ainda mais projeção.

Para Angang Hu (2011) o país representa não somente o motor da economia mundial, mas também do comércio e do investimento, o que leva o autor a crer na possibilidade de desencadeamento de uma Quarta Revolução Industrial (Verde). Além disso, há a crença de que existe um “efeito China”, o que Pinto (2013) relaciona a transformações promovidas pela demanda de produtos primários e pela oferta de investimentos chineses nas áreas dotadas de recursos naturais, as quais têm importância basilar na estrutura produtiva dos seus parceiros comerciais.

Todavia, esse “efeito China” tende a agravar as limitações do processo de integração regional sul-americana. Isso faz sentido, quando se pensa no avanço das relações bilaterais entre China e países sul-americanos, individualmente, que tende a tornar os laços econômicos, entre estes, mais frágeis e menos importantes. Esse argumento contribui para a comprovação da análise, segundo a qual a China atua como centro periferizador. Um dos casos mais elucidativos é o Mercosul, em que tensões entre os países mais importantes (Argentina e Brasil) contribuem para a emergência de barreiras não-tarifárias. E, se Argentina temia a competitividade do Brasil, a aproximação da China acentuaria esse problema. Assim, há que se ponderar se a China tem potencial mais periferizador do que “complementar” aos processos de integração regional, pois se tratam de economia em razoável grau de disparidade. a abertura do Canal da Nicarágua pode ser positiva ou negativa aos interesses estadunidenses. No entanto, Walborn (2014) vaticina benefícios para Estados sul-americanos e preocupações para os EUA. Neste caso, se a obra for concluída, governos clientelistas ganham expressão, o que não é desejável; se a obra não for concluída, há a possibilidade de criação de um Estado falido, próximo ao território estadunidense.

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Alguns projetos de integração na América do Sul contrariam interesses geopolíticos chineses. Nesse sentido, a Aliança do Pacífico e a Parceria Trans-Pacífico são projetos que podem ser mencionados como exemplo (Cunha, 2015). O surgimento de coalizões de países afinados com a lógica liberal estadunidense cria condições para que a China se interesse em manter presença na região de maneira mais enfática. A Aliança do Pacífico, segundo Padula (2013a e 2013b), pode representar tema sensível a interesses do Brasil, que procura liderar a integração sub-regional no continente.

Nesse cenário, a América do Sul está cada vez mais inserida na lógica de expansão de poder chinesa. Além de importante parceiro comercial e político, haja vista que a China é o maior parceiro comercial não somente do Brasil mas também do Peru e do Chile –estima-se que, em 2016, a China seja a segunda maior parceira da América do Sul como um todo, segundo Slipak (2014)– , a China está entre os três maiores fornecedores de bens para toda a América Latina, com a exceção de El Salvador, em que a China figura como 4º maior exportador para o país.

Nesse processo, a China vem adotando ações mais pragmáticas, centradas na produção de segurança energética e mercados para suas empresas. Domingues (2006) observa isso como sinal de maturidade que ganha ímpeto nos anos 1970, quando se aproxima de países da América do Sul independente do viés político, inclusive de governos cuja orientação política é anti-comunista e de direita, como foi o caso da Argentina, do Brasil, entre outros. Nessa agenda, parte dos interesses está no enfraquecimento tanto do apoio à República da China (Taiwan) quanto do discurso diplomático que defende a existência de duas Chinas, sustentado por alguns Estados.

Nesse contexto, a China tem o desafio de forjar um novo tipo de ambiente, sob pena de reproduzir o sistema desigual e assimétrico. Como peça chave na “ascensão do resto”, a China dá mostras de que pode contribuir para tipo de relação em bases equitativas. No que se refere à Amazônia, como será analisado na última seção deste artigo, somente o estímulo à cooperação sul-sul ao nível tecnocientífico –especialmente na própria América Latina–, com ênfase na industrialização e no melhor aproveitamentos dos recursos naturais de países historicamente oprimidos e à margem dos tomadores de decisão do sistema capitalista, poderá modificar a lógica que consolida dependência e reprodução de desigualdades na divisão internacional do trabalho.

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China: entre a reprodução da desigualdade e a contribuição para outro paradigma Detentora de meios tecnológicos cada vez mais eficiente e dinamizadora de centros fornecedores de matérias primas, a China encontra-se diante de uma bifurcação. Por um lado, pode perpetrar a lógica periferizadora, aquela mesma lógica a que foi submetida como sujeito passivo durante os últimos dois séculos. Por outro lado, pode contribuir para a implantação de uma lógica menos desigual, por meio da difusão de conhecimento tecnocientífico, em consonância com as parcerias a que se propõe no âmbito Sul-Sul. A primeira hipótese vem sendo posta em prática no decurso do sistema eurocêntrico, desde o século XV. Nesse ambiente, mantém-se a submissão das unidades políticas ao capital com a garantia do Estado por meio das potencialidades bélicas. Essa lógica se baseia na manutenção da tendência de ciclos hegemônicos, os quais foram analisados, em suas devidas particularidades, por Paul Kennedy (1989), Gionanni Arrighi (1996) e Fernand Braudel (1996). A segunda hipótese mantém relação com possível cooperação sul-sul ao nível tecnocientífico. Poderia a China atuar com ênfase na industrialização e no melhor aproveitamento dos recursos naturais? Caso isso acontecesse, comporia engenharia política bastante ousada: a atuação não exploratória seria algo sem precedentes.

A ousadia poderia se manifestar em forma de acesso à tecnologia capaz de alavancar o desenvolvimento da Amazônia, por meio da facilitação da montagem de plantas voltadas à produção de tecnologia verde, complementadas ou associadas à biotecnologia e à nanotecnologia, em bases vinculadas à transferência de tecnológica. Tanto a China quanto os Estado amazônicos se beneficiariam em formato win-win.

Nesse sentido, compreender o papel da China no processo de integração regional é uma questão na ordem do dia. A China está contribuindo para a integração ou para a desintegração da Amazônia e dos países sul-americanos? Não será o processo chinês de atuação na região mais uma forma de dominação econômica neocolonial?

A integração regional é uma tentativa antiga de nações com processos históricos de colonização exploratória e repressão econômica similares para tentar vencer o subdesenvolvimento. Num continente marcado pela supremacia política, econômica, cultural e militar dos EUA, a integração dos países latino-americanos esbarra na dicotomia ideológica daqueles que apoiam a liderança dos EUA e aqueles que vêm a sua presença como Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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entrave ao desenvolvimento independente da região (Medeiros, 2009). Todavia, uma análise crítica pode fornecer a constatação de que a presença e os investimentos chineses na América Latina nas últimas duas décadas também possuem características que mantêm a subordinação político-econômica regional a potências externas.

Os empreendimentos de integração subcontinental em andamento colocam a Amazônia como a força impulsionadora de ligação entre os vizinhos, mudando o eixo da bacia do rio da Prata e dos Andes, para a floresta transfronteiriça. No entanto, a complexidade desses empreendimentos e a pouca participação da população regional nesse processo fornece a ideia da manutenção da desarticulação regional cuidadosamente planejada para atrair capitais transnacionais, sobretudo chineses, para favorecer a ampliação das cadeias produtivas baseadas em commodities.

A China vem atuando de duas maneiras: adquirindo bens primários, o que dinamiza parte da estrutura econômica, e atuando como protagonista no mercado regional de manufaturados. Assim, por um lado, este grande mercado comandado por uma economia planificada estatal vem favorecendo à reprimarização das economias regionais; e, por outro, ao ser um grande comprador de commodities e investidor em obras de infraestrutura que contribuem para o escoamento dessa produção, a China vem conquistando o mercado regional de bens manufaturados devido à competitividade de seus produtos, o que pode ir de encontro a outros interesses, por exemplo, de ampliação do Mercosul.

A integração da América do Sul pode consolidar a liderança do Brasil no contexto regional e definir o subcontinente como sua ênfase, por excelência. A Amazônia poderia ser parte importante nesse processo e o seu desenvolvimento pautado no conhecimento da natureza seria fundamental para o futuro da região e também para um novo posicionamento geopolítico do Brasil no sistema interestatal capitalista. Entretanto, apesar do importante papel político-econômico desempenhado pelo Brasil em discussões multilaterais com os vizinhos, em especial na Unasul e no Mercosul, a China vem assumindo um papel de protagonista em decisões internas geoestratégicas do subcontinente.

Seria a China um novo Estados Unidos?

Com diferenças entre o discurso de 1990, o do regionalismo aberto, e o atual, embora não tenha havido uma guinada de 360 graus, especialmente no campo da infraestrutura, a estratégia do Estado brasileiro é a de assumir sua liderança natural na América do 256

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Sul com ações visando à articulação regional. Todavia, a integração, para ser de fato consolidada, deve vencer a matriz exclusivamente comercialista e financeira. Deve ir além: abarcar a sociedade e a cultura e, até mesmo, alcançar a multidimensionalidade da integração. Nesse sentido, o papel do Brasil consegue se sobrepor ao chinês. No entanto, a busca por investimentos, por dólares e por manter a balança comercial favorável, vem tornando a China um ator de destaque na amazônia e em toda a América do Sul. Becker e Egler (1992) já esclareciam, no início da década de 1990, os diferentes interesses externos e a dificuldade nacional em definir uma agenda autônoma para a Amazônia. Os investimentos chineses poderão ser fomentadores de uma articulação regional autônoma ou poderão criar margem de liberdade para projetos como a vertente ‘bolivariana’?

A influência das grande potências pode ser observada em alguns projetos. Um exemplo disso, no Brasil, pode ser observado na polêmica sobre a construção e pavimentação da Rodovia BR-364 que, ligando o Estado do Acre ao Peru, completa a articulação com a Rodovia Transamazônica e acelera a conexão com o Pacífico Sul, onde interesses japoneses são cada vez mais intensos. Neste cenário, os EUA exercem pressão sobre o Japão para não liberar recursos para o término da rodovia, no sentido de manter a tradicional porta amazônica aberta para o Atlântico e o Caribe (Becker e Egler, 1992:252).

Atualmente, em um contexto global com a emergência da China como potência econômica e comercial, a região vem se consolidando como uma área estratégica para o mercado desse país. A China, inclusive, injeta elevados recursos financeiros para a construção de projetos de infraestrutura de ‘integração’ regional que já funcionam, na verdade, como corredores de exportação de commodities, vide a recente divulgação dos objetivos do Banco do Sul. Acrescente-se a isso as expectativas criadas em torno do Banco dos BRICS. O modelo proposto de desenvolvimento pelo governo nacional e pela IIRSA é criticado. Opositores, ambientalistas e movimentos sociais, argumentam contra o modelo convencional de integração, isto é, os eixos rodoviários, pois poderão servir de alavanca ao avanço da fronteira móvel agropecuária e à exportação de produtos primários (carne e grãos), especialmente para o mercado asiático (China), além de contribuir para o fenômeno de migração e urbanização da pobreza.

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Conclusão Disposta a auxiliar a integração com objetivos geoestratégicos, a China apoia, junto com o Brasil e outros agentes político-econômicos, obras de infraestrutura. Rodovias perpassam florestas e parecem fazer parte do interesse estatal chinês nas commodities regionais, como demonstra o corredor que interliga a produção agropecuária e mineral do Centro -Oeste e Norte do Brasil aos portos peruanos localizados no Oceano Pacífico.

A região mostra-se carente de projetos que favoreçam a realização de um salto de qualidade na apropriação da natureza. Reproduzir esquemas exógenos, agora sob a égide chinesa, não significa agregar valor à economia da região. Isso a torna refém de modelos que perpetuam nossa condição na divisão internacional do trabalho, devastam a terra e desvalorizam o conhecimento e a população regional. É preciso se apropriar desta riqueza como forma de ultrapassar a condição periférica mundial e de afirmar soberania. Iniciativas de integração regional em andamento são objeto de crítica, pois favorecem sobretudo os grandes conglomerados internacionais e tornam a Amazônia um imenso corredor primário-exportador do coração da América, em direção aos mercados emergentes do Pacífico, principalmente, à Ásia do Leste e à China.

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De primera mano

Aspectos a considerar de la política exterior de Juan Manuel Santos Entrevista a Luis Fernando Vargas-Alzate Vicepresidente de la RedIntercol Profesor Asistente, Universidad EAFIT Por Jennifer García Estudiante de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales (jennifer_garciaq@hotmail.com)

Desde su llegada a la presidencia, Juan Manuel Santos ha emprendido una serie de cambios a la política exterior colombiana, los cuales se reflejan en asuntos como la diversificación de las relaciones internacionales del país, el fortalecimiento de la cooperación Sur - Sur, el tema de la noconfrontación, entre otros. En el marco de un posible escenario de pos-conflicto, surgen las siguientes preguntas: Jennifer García (JG): ¿Cómo se puede caracterizar la política exterior colombiana en el gobierno de Juan Manuel Santos?

Luis Fernando Vargas-Alzate (LFVA): En general, podría decirse que la política exterior colombiana 264

(PEC) de la última administración ha estado orientada a un proceso de recomposición de los vínculos con la región latinoamericana. Si bien la PEC continúa careciendo de institucionalidad y, a partir de su aplicación, se considera aún fragmentada y con profundos visos de política de gobierno, es real que el ejercicio internacional del país muestra mejores resultados en los últimos cuatro años, que en la administración liderada por el presidente Uribe Vélez.

Dentro de una caracterización de las relaciones internacionales del país para la administración Santos, también habría que mencionar que se presentó un leve Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

“Mientras se siga dependiendo de las decisiones de unos pocos, que además resultan ser decisiones tomadas bajo la presión e incidencia de élites dominantes, las relaciones internacionales del país no van a evolucionar lo suficiente como para permitir algún relativo protagonismo regional, ni mucho menos global”

distanciamiento de Washington –sin que ello haya afectado la bilateralidad con el país del Norte- y un acercamiento a otras regiones tradicionalmente desplazadas por las prioridades estadounidenses. Europa ha cobrado importancia y Asia Pacífico sigue estando entre las prioridades del país. En relación con esa última región, el hecho de haberle apostado con fuerza a la consolidación de la Alianza del Pacífico es un indicador más de cuánto importa esa región al país.

JG: ¿Cree usted que la “internacionalización del conflicto armado” continuará siendo una dinámica predominante en los Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

próximos años del gobierno de Santos, en un posible escenario de pos-conflicto?

LFVA: Dadas las circunstancias en las que se mueve el país, el conflicto armado sí va a permanecer como dinámica predominante en la internacionalización del país, pues no está tan claro que en menos de doce meses se haya llegado a un punto de finalización de los diálogos que se desarrollan en la Habana. Ahora bien, con ello lo que se quiere resaltar es que el escenario de pos-conflicto no está tan cercano como desde algunos meses, en tiempos de procesos electorales, se había transmitido. La finalización de los diálogos, con lo que significa dejar ter265

Jennifer García

minado el documento que deberá ser refrendado por la opinión pública nacional e internacional, no es un asunto que se pueda dejar superado en 2015. Los tiempos de las FARC son muy diferentes a los tiempos del Estado.

JG: A partir de lo anterior, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el actual presidente de Colombia en términos de política exterior?

LFVA: Existen varios desafíos para la actual administración, pero uno de ellos, indudablemente, está relacionado con una estrategia que sea útil para atenuar la importancia que ha tenido el conflicto armado en temas de relaciones internacionales y cooperación internacional. Se perciben importantes esfuerzos por parte del actual gobierno para lograr que otras variables, factores y procesos sean más atractivos, relevantes y pertinentes que el solo tema del conflicto armado interno que ha tenido el país por décadas. No obstante, es obvio que eso resulta inevitable, máxime cuando hay terceros países que actúan como garantes del proceso en mención.

Al gobierno nacional le corresponde seguir trabajando ajustado a las directrices trazadas en el plan nacional de desarrollo 2010-2014, para que se pueda 266

constatar la coherencia de la estrategia de política exterior sugerida. En aspectos tales como la estabilización de las relaciones regionales, la consolidación de la participación en organismos multilaterales y el desarrollo de estrategias conducentes al ingreso a la OCDE, entre otras cosas, debe darse continuidad a las labores adelantadas. Otro importante desafío relacionado con lo que anteriormente se había tocado sobre el conflicto interno, radica en desarrollar las capacidades para vincular los temas de política interna con los de política exterior. Aquello de las denominadas variables “inter-mésticas” es cada vez más una necesidad en el ejercicio internacional de las naciones.

JG: ¿Qué estrategias debe llevar a cabo el gobierno para que Colombia pueda mostrarse como un país relevante en el ámbito internacional?

LFVA: Antes que plantear una estrategia para adquirir tal relevancia, debería plantearse el manejo coherente y consecuente de la política exterior, para que ésta alcance el carácter de lineamiento estatal, amparado en unos objetivos claramente nacionales. La estructuración de la política exterior, respaldada en la institucionalidad creada para tal efecto, debe ser una Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

Entrevista a Luis Fernando Vargas-Alzate

condición. Mientras se siga dependiendo de las decisiones de unos pocos, que además resultan ser decisiones tomadas bajo la presión e incidencia de élites dominantes, las relaciones internacionales del país no van a evolucionar lo suficiente como para permitir algún relativo protagonismo regional, ni mucho menos global.

JG: Finalmente, en términos de investigación académica, ¿Cuáles son los retos más grandes que enfrenta el campo de las relaciones internacionales actualmente en Colombia?

LFVA: Las relaciones internacionales han tenido una tradición en América Latina que está asociada al hecho de ser una disciplina ajena, prestada si se quiere, por las élites del pensamiento internacional dominante. Colombia no está por fuera de dicha tendencia. En el país escasamente se habla de la disciplina desde los años 90, cuando a raíz de un seminario desarrollado por la Universidad de los Andes se empezó a generar algún ruido al respecto. Las Universidades que poseen los programas de RRII están en su mayoría (por no decir que todas) en Bogotá, por lo que la oferta académica en el país resulta supremamente reducida a un ámbito geográfico.

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Ahora bien, ya se han venido dando algunos avances importantes en la medida en que se ha incluido en los Congresos de ACCPOL un capítulo de RRII, por ejemplo. También con la concreción de Redintercol, que es la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, se ha querido dar un paso más adelante en el desarrollo y consolidación de una comunidad académica sobre temas internacionales. También hay ya algunos avances importantes en materia de publicaciones, puesto que algunas de estas revistas ya han alcanzado un alto nivel de indexación internacional.

Finalizaría señalando que los retos para el campo de las RRII están orientados todos a mantener la evolución dada en los últimos 15 años. Para las instituciones es vital fortalecer su cuerpo profesoral con individuos formados en investigación, fundamentalmente en las universidades que presentan mayor rigurosidad en el desarrollo de sus programas. Así mismo, es muy importante que se sigan desarrollando eventos académicos en los que se exhiban los resultados de investigación alcanzados por los profesores e investigadores del área.

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Los retos de la política exterior colombiana en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos Entrevista a Sandra Borda Profesora asociada de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Universidad de los Andes Por Daniela Escobar Lozano Estudiante de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales (daniela.escobar3@correo.icesi.edu.co)

Daniela Escobar Lozano (DEL): ¿Cuáles considera usted que son los principales retos de la política internacional para el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos?

Sandra Borda (SB): Lo que ha realizado la administración de Santos es básicamente intentar construir un proyecto de inserción internacional de Colombia, el cual es fundamentalmente distinto a los proyectos de inserción que se intentaron en el pasado. Años atrás, bajo el mandato de Uribe Vélez, lo que se buscaba era utilizar la política exterior para conseguir objetivos domésti-

cos relacionados con la lucha contra las drogas o la lucha contra la insurgencia armada, y cosas de esta naturaleza. En esta estrategia se utilizaba la táctica de presentar al país como un lugar en donde convergían muchos de los problemas más graves del sistema internacional.

La administración de Samper definió a Colombia en una ocasión como “el ojo del huracán”, el lugar en donde hay violación en los derechos humanos, narcotráfico, conflicto, y todo esto con el objetivo de llamar la atención de la comunidad internacional, para que ayudara al gobierno colombiano a pelear todas

“El gran desafío que va a enfrentar la administración de Santos hacia el futuro, va a ser cumplir con la promesa de convertir a Colombia en un país de renta media, con un nivel de seguridad relativamente estable, y así poder clasificar en las grandes ligas que el presidente Santos desea para el país”

estas guerras a través de la cooperación militar, por ejemplo.

El proyecto actual, es un proyecto fundamentalmente distinto, que busca borrar rápidamente las huellas que dejaron esos intentos anteriores de jugar con una imagen negativa del país para atraer la atención de la comunidad internacional. Lo que Santos intenta ahora es hacer exactamente lo opuesto: vender a Colombia en el sistema internacional como un país que ha superado todos esos problemas, y que cuenta con las condiciones necesarias para hacer parte de unas ligas distintas del sistema internacional.

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Hay otras decisiones en materia de política exterior que van exactamente en esa dirección. Habiendo propuesto ese objetivo, creo que el gran desafío que va a enfrentar la administración de Santos hacia el futuro, va a ser cumplir con la promesa de convertir a Colombia en un país de renta media, con un nivel de seguridad relativamente estable, y así poder clasificar en las grandes ligas que el presidente Santos desea para el país.

Digo que no es fácil de lograr, en la medida en que para desvanecer la imagen anterior, es preciso que el conflicto armado se termine definitivamente, y que 269

Daniela Escobar Lozano

Colombia deje de ser percibida en el sistema internacional como un país exportador de drogas y de inseguridad. De tal forma que nos podemos ver enfrentados durante esta segunda administración a una gran decepción después de una promesa gigantesca, que ni Santos, ni nadie están en condiciones de cumplir, porque uno no borra “de un solo plomazo” el proceso de haberse construido en un país narcotraficante durante tantas décadas.

DEL: ¿Creería usted que la urgencia de financiar el proceso de paz que se está realizando en la Habana, va a hacer que se recurra nuevamente al apoyo de Estado Unidos y a plantearse la misericordia mundial?

SB: Aquí hay que tener en cuenta varios elementos si es que el proceso de construir y de consolidar la cooperación internacional para un escenario de posconflicto, es un proceso que, en el caso de Colombia, va a ser sustancialmente distinto al resto de los casos que conocemos. Estoy pensando en El Salvador y en Guatemala, en donde las guerras dejaron al Estado en una situación completamente deplorable en que la comunidad internacional, y particularmente las Naciones Unidas, tuvieron que ir a 270

ambos países básicamente a construir un estado desde cero, porque ya no quedaba legitimidad, gobernabilidad, o instituciones. Ese no es el caso de Colombia.

Para describirlo mejor, Colombia no es un Estado fallido. No es un Estado al que vayan a tener que venir las organizaciones internacionales a construir el poder judicial, ni mucho menos. En esa medida, creo que una muy buena parte del proceso de construcción de paz posterior a la firma del acuerdo de paz, va a ser un proceso que va a correr en su mayoría por nuestra cuenta, por cuenta de nuestro propio Estado.

Adicionalmente hay que sumarle que hay un nivel de fatiga sustancial de la comunidad internacional frente al caso colombiano. Creo que el último pico grande de esperanza que tuvo la comunidad internacional en el proceso de paz del país, fue en los tiempos del Caguán, y ya sabemos lo mal que eso terminó. Entonces no hay en este momento un nivel de interés, ni estratégico, ni de otro tipo en Colombia que obligue a la comunidad internacional, a que preste una ayuda fuera de muchas proporciones; entonces, en la medida en que el Estado es uno fuerte y que la comunidad internacional no está presTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

Entrevista a Sandra Borda

tándole tantísima atención a esto, los problemas estratégicos y los problemas de seguridad internacional están en otra parte muy lejos de este hemisferio. Creo que la adquisición de los recursos va a ser supremamente difícil para el gobierno colombiano, y creo que aquí lo que vamos a empezar que tener que hacer es a buscar los recursos adentro, a través de cargas impositivas distintas, y a través de esfuerzos locales.

DEL: ¿Por qué cree usted que éste proceso ha sido tan extenso, e incluso ha llegado a superar las previsiones que el mismo gobierno había propuesto?

SB: El error que se cometió inicialmente fue haber prometido que este proceso de paz iba a ser “un proceso express”, que las FARC se encontraban en tal situación de debilidad que el gobierno iba a estar en condiciones bastantes holgadas de presionar a las FARC para que firmaran algo rápido, y que no se enredaran demasiado. Obviamente esta promesa no se cumplió porque el equilibrio de fuerzas entre las FARC y el estado se alteró sustancialmente, debido a la implementación de la política de la Seguridad Democrática, pero no suficientemente como para que Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

las FARC eviten tratar de alargar el proceso en la mayor medida. Lo que da la sensación de que el proceso ha durado demasiado, fue justamente la promesa del gobierno, que insisto, no fue realista en cuanto a su duración. Lo digo porque si ustedes comparan la duración del proceso de paz en lo que va, con la duración de procesos paz en otros lugares en Centroamérica y del mundo, estamos temporalmente muy bien. El promedio de las negociaciones es entre seis y nueve años, y nosotros no llevamos sino dos negociando, y ahí hay que tener en cuenta que lo que estamos negociando es la finalización de un conflicto que ha durado ya varias décadas; entonces sacando de la ecuación la promesa incumplida del gobierno, yo creo que todavía no hay razón para preocuparse por el tiempo que se ha tomado.

DEL: ¿Considera usted que la legalización es la salida para eliminar los incentivos del lucroso negocio de la droga?

SB: No, yo no soy una gran amiga de la legalización como la solución para el problema de las drogas, porque creo que no es una salida realista, porque creo que lo que exige la legalización es cambiar de sopetón un régimen interna271

Daniela Escobar Lozano

cional antidrogas y prohibicionista que no va a ser tan fácil de cambiar. Si uno mira la transformación que ha sufrido el régimen antidroga en Estados Unidos, se da cuenta fácilmente de que el proceso tiene que ser más gradual, que se empieza por autorizar a nivel de ciertos estados la legalización para fines médicos, y después se transitan algunos muy pocos estados hacia la legalización solo de la marihuana para fines recreativos.

Y la cosa tiene que ir a pasos muy lentos, entre otras razones, porque nadie ha dicho que las drogas no tienen efectos negativos sobre la salud de la gente, entonces se requieren procesos de regulación, y se requieren transiciones supremamente lentas que le permitan a los Estados adaptarse, para que en ausencia de una política absolutamente prohibicionista tengan la capacidad de garantizar la salud de la gente cuando consume estas cosas. Creo que la propuesta de legalizar, y de legalizarlo todo, y de liberalizarlo todo, parte de una premisa que es una premisa equivocada, y es que legalizando el problema se va a acabar y que los efectos negativos de las drogas son el resultado, única y exclusivamente del prohibicionismo, y resulta que eso no es cierto: las drogas tienen efectos 272

negativos sobre la salud de la gente, y a lo igual que sucede con el alcohol y con otras sustancias que son legales, pues es preciso que los estados actúen de una forma concertada, para que esto no atente contra la salud de sus ciudadanos, y creo que en un esquema de legalización, eso no se lograría.

DEL: ¿Qué futuro le pronostica usted a este proceso?

SB: A estas alturas no puedo decir que cuando pienso en el eventual futuro del proceso de paz, pienso en ese resultado del análisis súper racional y mesurado es más, pienso también con el deseo. Pero en cualquiera de los dos casos tengo la impresión de que en esta ocasión, a diferencia de las ocasiones anteriores, la guerrilla parece estar mucho más atornillada a la mesa de negociación, y parece estar mucho menos dispuesta a pagar los costos militares y los costos políticos de acabar con el proceso de paz sin que se firmen las negociaciones. Eso, me parece que nos da la garantía de que aunque va a continuar siendo un proceso difícil, es posible que llegue a su fin. En lo que sí quiero ser absolutamente clara es en que no tengo la expectativa de que el final del conTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

Entrevista a Sandra Borda

flicto armado vaya a significar de forma alguna el final de los problemas de seguridad que adolece Colombia, porque esto es sólo una parte, y yo no diría ni siquiera que es una parte gigantesca, es una parte importante pero no es un componente completo de todo el problema de seguridad que adolece este país; vamos a quedar en una situación en la que vamos a tener que seguir haciendo uso de nuestras fuerzas militares y policiales para pelear contra un montón de amenazas ilegales que todavía tenemos pendiente de resolver, y que no se van a resolver con la firma de una acuerdo de paz con las FARC.

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Complementos Rese単as De primera mano Documentos de trabajo Dossier No dejar de leer Editorial

Complementos

Index of abstracts Dossier Córdoba: Parastate, Clientelism and armed agents Isaac Morales Pérez [37-54] The department of Cordoba case could be seen as a relevant example of state weakness to apply its legitimate monopoly of violence and spread its institutions to the entire territory. This is the reason why illegal groups, such as guerrillas and autodefensas, raised throughout the land of rivers Sinu and San Jorge. Also, this context gave rise to parastatal structures whithin the department, which have a strong influence on social, political, military, and economic affairs, and were gradually recognized by the population and the State itself, whom rejected them with the past of the time thereunder its illegal origins. In this sense, it is crucial to ask: ¿To which extent has the department of Cordoba been an example of parastatal structure thereunder theoretical assumptions? This paper aims at answering that question, so, first, give a glance to the theoretical approaches to define a “parastate”, as a basic tool to understand its main origins. Secondly, a differentiation among parastatal, paramilitarismo and autodefensas is presented. On the other hand, the definitions, practices and relations among clientelism, paramilitarismo and violent groups are presented in order to analyze them as indicators to stablish if the department of Cordoba was a parastate during a the period of time we study.

Finally, some conclusions are drowned.

Keywords: State, clientelism, Córdoba, Paramilitarism, Drug trafficking.

Collective action, political identites and armed conflict: the ethnization of a black community in the norte of the Cauca María Jimena López León [55-82] This article aims to analyze the production process of nonviolent collective action in a Afro-Colombian community in response to the social, political, environmental, Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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labor conflicts that have jeopardized their stay in the territory. The artvile presents elements of analysis of ethnographic work conducted by the author in 2012 and 2013 in the municipality of Santander de Quilichao are presented. The theoretical development of the paper takes the concept proposed by Elisabeth Wood on “social processes of the Civil War” (2010) to establish correspondences between social dynamics generated by conflict –increased since 2008 in the region– and processes of collective action and identity agency of Afro-Colombians. Some of these conflicts are territorial tensions between different social actors in the processes of legalization and expansion of ethnic territories, mining, the process of Land Consolidation; and the strengthening of interethnic organizational alliances, and organizational process of black communities in the area. Under these conditions, the narratives of “ancestral”, “being black” and “autonomy” have become guiding axes of collective action that legitimizes the territorial presence of the study community and its demand in the access to rights such as collective ownership and consultation.

Keywords: Collective action, ethnic fronteir, social process of the civil war, North of Cauca region, afrocolombian people.

Measures of Symbolic Reparation for Trans Women Victims of Armed Conflict: Why have not started?

Laura Catalina Tovar Bohorquez From the creation and dissemination of Act 1448 of 2011, there have been efforts to ensure the right to truth, justice and reparation for victims of armed conflict.

However, there has not developed a section for LGBTI people (or non-normative sexual orientations), showing the forms of reparation to which they are entitled.

Within this population, trans women (transsexuals, transvestites and crossdressers) are a population affected by the conflict for their appearance, types of work and social rejection. Therefore, this paper seeks to work repairing the theme trans women victims of armed conflict. Due to its particular situation is considered important work initially in symbolic reparation, it is the best way to reduce the levels of exclusion before, during and after victimization, and rebuild their life project.

Therefore, the question is why were not created symbolic reparation measures for 278

[83-98]

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trans women victims of the Colombian armed conflict? To answer, there will be a documentary analysis and interviews with victims and trans women decision makers and public policy; and although the response is not final, it will show that the requests for these women are related to a repair that responds to the situation before and after their victimization.

Keywords: Symbolic Reparation, Trans Women, Victims, Armed Conflict, Gender.

The split between political science and political reality: the case of the Democratic Security Carlos Andrés Ramírez González y Andrea Stefanía Jerez Cantor [99-118] The democratic security policy adopted by President Alvaro Uribe during his term in office, resulted in a fundamental shift in the directions of the country after the failed peace process of the Pastrana government. In this sense, this paper seeks to demonstrate that the Political Science addressed the political phenomenon been contrary to the course of events, so that while the policy advocated by Democratic Security is an increase in the military offensive, the view from the Science Policy focused on how to get some peace talks or an agreed solution to the conflict. This, therefore, can be translated into a rejection of the prevailing point of view as an alternative approach in the study of national political reality. Political Analysis, Colombia International Political Role and Policy Studies published during the period from 2002 to 2012: To prove this, a literature review applied to scholarly articles in four journals of Political Science of the country is done.

Keywords: Democratic security, disciplinary development, peace, conflict, political context.

Public security policies in Medellin: readings about problem of in-security from the perspective of human security?

[119-138] Natalia andrea Cardona Berrio & Carolina Sanchez Henao This article presents the main findings and interpretative proposals of the investigation: “Analysis of public security policy implemented by the municipal adminTrans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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istration of Medellín, 2012-2013”. It begins by situating the analytical proposal of human security from below, a methodology which includes the interpretation of communities in Medellín affected by municipal government policies dealing with problems of insecurity. The most important research findings are then presented through three central ideas: firstly, the approach of the municipal government to the concept of human security, with findings demonstrating the discourse of a more mainstream and restricted approach to security; secondly, a divergence between government and communities in the definition of the problem of insecurity; and thirdly, the consequences for assuming a restricted focus in understanding and dealing with the problem of insecurity in Medellín. Finally, based on these findings, this article presents a number of general recommendations for insecurity intervention policy in the city.

Keywords: Public policy, security, human security, problems of insecurity.

Working papers Football: a catalyst for insecurity? Analysis of this social phenomenon and its incidence in security.

Andrés Felipe Briceño Rodriguez [141-156] From the time of its origins, football has been directly linked with the theme of security from different angles, inherently, reciprocal and even complementary.

Nevertheless, due to its popularity, and its capacity to appeal to large audiences, its role has been misinterpreted in today´s societies. One can ask whether football plays as a catalyst to the increase of insecurity and violence. Having evidenced the vulnerabilities and sensibilities that surround this particular nexus, the following essay aims to analyze its similarities and externalities. For this, it is necessary to study the main prevarications of security and later on, compare it with the personal insights of professional football players that belong to the top European leagues (more specifically the Spanish, German, Italian and Portugal leagues). These operate as an open market for the export of national footballers, which brings a variety of benefits for both the athlete and our country as it enables Colombia to 280

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have a more relevant position in this sport´s agenda as a Soft Power. Also, it is important to take in consideration the time and money invested by footballers to contribute for the betterment of their communities.

Keywords: ecnomical security. social security-football- food safety United by the network separated by the State. A Reading about digital inclusion in Colombia Patricia Martinez Coral [157-182] This article aims to contribute to the theoretical debate about the institutional nature of technological diffusion, in the light of the evidence found in developing initiatives “universal access” to Internet in Colombia, which are part of the telecommunications policy social, in force since 1995. After entering the foundations that guide the theoretical discussion, and its specific application in the field of information and communications technology (ICT), will be exposed the most important lessons about institutional constraints arising from the interaction between state and market, public interventions design and technical choices, and the opportunities for Internet access in rural areas of the country; because of the relevance currently seeking viable alternatives to life on the field, on the occasion of the projections on post-conflict scenarios.

Finally, conclusions will exposed as to invalidate some paradigms around of decisions of public action, of which emerges ideas as the strengthening of digital exclusion in the country.

Keywords: Digital exclusion; Technology diffusion; Universal access; institutional conditioning Political choices, communes and votes. Territorial distribution of electoral supports for Mayor of Santiago de Cali between 2003 and 2011 Adolfo A. Abadia [182-216] This article examines the territorial distribution of electoral support by linking political choices, communes and votes for Mayor 2003, 2007 and 2011. To this purpose the Nationalization Index calculation is proposed in Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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order to observe the variation of political support to throughout the municipality. Also, it will be tracked the political choices that have participated in elections since the first popular election of Mayors making a distinction between political parties, political movements and independent candidates, and among some characteristic features of the profiles of the two candidates more voted in the three election days observed. Then, in the light of the values that throws the Nationalization index, it seeks to identify the type of relationship between the electoral results and communes according the statistical mode on socioeconomic stratum as well profiles of the two candidates more voted. The author argue that, on the one hand, there are some communes with very elastic election results depending to the profile of the candidate and others significantly stable and indifferent to the profiles; and yet, on the other hand, the sum of the votes in the “elastic communes” and “stable communes” reach an important number of votes, in some cases, was enough to clinch the office of Mayor of Cali.

Keywords: Political party systems, Independent candidates, Political parties, Party Nationalization Score, Local elections, Cali-Colombia Towards the history of student movement in colombia: fundamental theoretical and methodological elements Daniel Yepes Grisales, Víctor Santiago Calle León [217-240] This paper answers to the question about how to approach the study of the history of the Student Movement (SM) in Colombia from the disciplines Political Science, Politics and Sociology Politics historiography. Initially it starts by justify the relevance of the very purpose of historicizing said object (Colombian SM), ie, the need for the question. In response to it it alluded to the need to undertake efforts descriptive as a first step to understanding our object of study, in the broader framework of Colombian political history as further interpretive context. In a second currently, is argued about the relevance to address the Student Movement study object by theories of collective action and, particularly, of social movements. Once established 282

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this need, will be discuss with Charles Tilly some ideas in order to produce a clear operating concept and social movements -differencing it from mobilization of masses- that will be use by the colombian researchers of social movements and particularly the SM develop. Finally, will be exposed the basic descriptive categories that composes the concept of social movement produced. These categories will be unlinked to its American origin and, as an suggestive example, will be developed and operationalized one of them (organizational structure). To conclude, a brief summary of the assay is exposed and in order to contribute to the promotion of academic initiatives on social movements as part of a Colombian political history from the analytical point of view of subordinates, inescapable purpose of declaring every Colombian social scientist committed to our historical and political realities.

Keywords: Student Movement, Political history of Colombia, Descriptive historiography, Social movements, Political Science The China insertion in the Amazon: analysis and geostrategic considerations Guilherme Lopes da Cunha y Marcelo de Moura Carneiro Campello [241-262] The South American Amazon, sensitive and sheltered by the stock of strategic resources, lives moments of uncertainty. The regional economic matrix is based on the exploitation of natural resources for export market. A recent phenomenon in the region is the implementation of physical infrastructure based on road transportation based on the Asian interests, especially in China. A critical perspective shows that the Chinese perception in these sectors - primary sector and infrastructure expansion - is directed by a national interest. China, with defined strategic objectives, is willing to sponsor infrastructure, along with Brazil and other political and economic actors.

The roads go through forests and seem to make the Chinese government interest in regional commodities; as demonstrated by the passage connecting mining and agricultural production from Brazil to Peruvian ports on the Pacific Ocean. We want to analyze the hypothesis that the development of the Amazon take risk of subordination to Chinese interests, keeping the region as Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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one of the oldest peripheries of capitalist interstate system. Some questions arise: Is there creating new bonds of dependency? Does the Chinese expansion in the Amazon contradicts regional interests? The investments in new industrial and technological revolutions, that need abundant raw materials in the region, justify the convenience of a scientific research in this context.

Key-words: Amazon; China; Geopolitics; strategy; South America;

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Proceso de evaluación El Equipo editorial de TRANS–PASANDO FRONTERAS ha establecido un proceso de evaluación interna y externa (por pares académicos) para los artículos que recibe en consideración. Al recibir un artículo el Equipo editorial evalúa la pertinencia académica del mismo y su cumplimiento estricto de las normas editoriales establecidas por la revista.

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Con base en el concepto de los pares evaluadores el Equipo editorial de la revista toma la decisión final de negar o aprobar –con o sin modificaciones– la publicación del artículo.

Cuando se sugieran modificaciones al autor, éste deberá incorporarlas en un plazo no mayor a 20 días. Durante todo el proceso el Equipo Editorial asegurará el anonimato de los pares evaluadores y del autor. La decisión adoptada por el Equipo Editorial acerca de la publicación del artículo es inobjetable. Los directores principales (Editor ejecutivo y Asistente editorial) o en su defecto el Equipo editorial de la publicación, se encargarán de informar a los autores oportunamente del proceso de avaluación de los artículos y de las decisiones tomadas al respecto.

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• El autor del artículo debe tener en cuenta la clasificación de Colciencias para garantizar la calidad del artículo objeto de publicación en revistas. En este sentido el autor debe indicar en su artículo la categoría a la este pertenece. Y debe recordar que las categorías a, b y c son las que cuentan para indexación. Las clasificaciones1 son: a) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

1 Clasificación tomada del documento Orientaciones generales de la actualización del Índice de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, Colciencias, 2002. Consulta realizada el 12 de Febrero de 2012, desde http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf 286

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b) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. c) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. d) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión. e) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos. f) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular. g) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia. h) Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista. i) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista. j) Documento de reflexión no derivado de investigación. k) Reseña bibliográfica. l) Otros.

• La extensión (1) para los artículos será de 5.000 a 8.000 palabras, (2) para las reseñas Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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y entrevistas el máximo será 3.000 palabras. En cualquier caso no se contarán la bibliografía, los anexos ni los cuadros o imágenes que los artículos puedan tener.

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La letra será Times New Roman, tamaño 11, interlineado sencillo (1.0), alineación justificado, tamaño del papel carta (21,59 x 27,94) y márgenes de 3cm por cada lado.

La separación entre párrafos se indicará mediante un espacio en blanco (enter / intro). No se utilizaran espaciados anteriores ni posteriores entre párrafos o títulos.

Los títulos y subtítulos del artículo deben estar en negrita, por ejemplo: Estudios de procesos transdisciplinares.

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Las tablas, imágenes y gráficos irán numerados correlativamente para su identificación (Tabla 1; Tabla 2…; Imagen 1, Imagen 2…; Gráfico 1, Gráfico 2…). Estos títulos de las tablas, imágenes y gráficos irán situados encima de la figura correspondiente, con letra Arial 10 negrita y centrados. Por su parte, el texto explicativo, si lo hubiera, irá debajo de la figura en letra Arial 9 cursiva, centrado.

El contenido de las tablas y gráficos llevará la letra Times New Roman 9, texto color negro, interlineado sencillo, sin espaciados anteriores ni posteriores, sin sangrías. Se recomienda un espaciado de celda de 0,1 en todos los márgenes; bordes de la tabla sencillos (medio punto) y usar una escala de grises en cada gráfico Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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• Las citas deberán realizarse dentro del texto siguiendo el estilo APA. Para insertar una citación en el texto, se deberá referenciar el primer apellido del autor y el año de publicación, a continuación presentamos algunos modelos: - - -

Vega (2006) describe las variaciones del índice para cada región…

Las variaciones del índice muestran diferencias entre las regiones (Vega, 2006).

En 2006, el estudio de Vega mostró las variaciones del índice…

• Para las citas textuales se agregarán dos puntos y el número de página, así: (Pérez, 1990: 60).

Cuando el texto citado tenga menos de 40 palabras sólo se colocan comillas, si supera este límite se ubicará en un párrafo aparte con sangría de 1 cm a cada lado. Aquí está un ejemplo: Leer bien es arriesgarse a mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos. [...] Así debiera ser cuando tomamos en nuestras manos una gran obra de literatura o de filosofía, de imaginación o de doctrina. (Steiner, 1994: 26).

• Para citar coautorías se debe tener en cuenta el número de autores. Cuando se trate de dos autores siempre se referenciarán sus primeros apellidos por ejemplo, Perez y Velasquez (2007) ó (Perez y Velasquez, 2007).

• Cuando son de tres o más autores se mencionarán en la primera citación del texto los apellidos de todos y en las siguientes citaciones sólo el apellido del primer autor seguido de la forma et al. Por ejemplo: - - -

Primera citación: Guerra, Espinosa, Parra, Hernández y Lozano (1999)… ó (Guerra, Espinosa, Parra, Hernández y Lozano, 1999)…

Siguientes citaciones: Guerra et al. (1999)… ó (Guerra et al. 1999)…

Las abreviaturas Ibíd., op. cit y loc. sit quedan excluidas, se escribirá el nombre del autor citado cuantas veces sea necesario.

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Indicaciones para los autores

• Cuando sea necesario citar dos o más trabajos a la vez, se organizarán las citaciones alfabéticamente, por ejemplo: - -

Castro (2007), Jiménez (1997) y Ramos (2010) coinciden en el análisis…

Varios estudios (Castro, 2007, Jiménez, 1997 y Ramos, 2010) coinciden en el análisis…

• La información completa de los textos citados se colocara en orden alfabético al final del artículo en una página titulada Bibliografía incluyendo la siguiente información según el tipo de publicación: Libro APELLIDO(S), Nombre(s) (Año). Título completo del libro (siempre en cursiva).

Ciudad, país: Editorial.

- - -

BONILLA, Miguel E. (1984). Jaulas. Bogotá, Colombia: Planeta.

SUAREZ, Julio. y Luis Villa (2000). Historia del teatro en América Latina. Quito, Ecuador: El Faro.

TORRES, Gustavo y María Ospina (2007). Flujos migratorios de niños colombianas, 2002-2005. Bogotá, Colombia: Alfaguara.

Capítulo de libro APELLIDO(S), Nombre(s) (Año). Título del capítulo. En: Inicial(es) del nombre del Coordinador, Editor o Compilador seguido del apellido y la abreviación de rol dentro de la publicación entre paréntesis. En: Título completo del libro (siempre en cursiva), números de páginas así: pp., Ciudad, país: Editorial.

-

CORTÁZAR, Javier A. (1997). Algunos aspectos del cuento. En: L. Zavala (Comp.), Teorías del cuento, I: Teorías de los cuentistas, pp. 60–75. México D.F.: UNAM.

Artículo de revista APELLIDO(S), Nombre(s) (Año). Título del artículo. En: Título de la revista (siempre en cursiva), volumen y número así: vol. #, núm. #; números de página así: pp.; Ciudad, país: Editorial.

290

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Indicaciones para los autores

-

ÁGREDO PIEDRAHITA, Octavio (2002). El Odio es más fuerte que dios. En: Poligramas, vol. 1, núm. 17, pp. 63-73. México D.F.: UNAM

Artículo de prensa APELLIDO(S), Nombre(s). “Título artículo” (siempre entre comillas). En: Título periódico (siempre en cursiva), Ciudad, día y mes, año.

Artículo de internet APELLIDO(S), Nombre(s) (Año). Título del artículo. En: Título de la página web (siempre en cursiva). Consultado el día de mes de año, desde URL (link sin subrayado).

-

YUSTIZ, Orlando (2008). “Venezuela producirá 5 millones de barriles diarios hacia 2010 para refinarlo en Latinoamérica”. En: YVKE mundial Radio. Consultado el 22 de mayo de 2010, desde http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?4455.

Tesis APELLIDO(S), Nombre(s) (Año). “Título tesis” (siempre entre comillas), Tesis pregrado/PhD/Maestría, Universidad.

Equipo editorial: Trans-pasando Fronteras www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras Mail de contacto: revista@icesi.edu.co Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Icesi, Cali – Colombia

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291

Instructions for authors The following provides information of interest for authors who wish to publish in TRANS– PASANDO FRONTERAS. Submission Guidelines • Only non-published articles can be submitted to TRANS–PASANDO FRONTERAS. Articles can be the result of research, theoretical reflection or review literature on the subject.

• Submitted articles cannot be currently undergoing review process in other journals.

• Articles can be submitted in Spanish or English and published in Spanish or English.

• Articles can be sent in two different ways: a) Via online: Sign up and then Log in on the Journal Management and Publishing System-Open Journal Systems (OJS) - of the journal. Then follow all instructions in the section “Online Submissions”. b) Via email: send it to our email revista@icesi.edu.co also attaching the “Authorization for publishing: assignment of rights” and the “Declaration of originality,” which can be downloaded from the website of the journal. Important: Once we received an article, the Editorial Board will be responsible for mounting it on the OJS journal’s platform. Similarly, you will get a pre-registration as an Autor which must be accepted and filled completly.

Evaluation process The Editorial Committee at TRANS–PASANDO FRONTERAS has established a process to review articles submitted for consideration. After receiving an article, the Editorial Committee conducts an assessment to determine the academic relevance of the article and checks for conformance with the editorial rules of the journal. Then, the Committee contacts two academic peers who are experts in the subject matter for them to read the article and assess the following aspects: originality, current bibliography, proper use of bibliography, clear arguments, quality of writing, scientific quality, and significance and relevance of the topic.

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Instructions for authors

Based on the opinion of the academic peers, the Editorial Committee makes a final decision to accept (either with or without modifications) or reject an article for publication.

When suggestions are made, authors are to incorporate them within 20 days. Throughout the entire process, the Editorial Committee ensures that the identity of the evaluating peers and authors remain undisclosed to each other. Decisions made by the Editorial Committee as to the publication of the articles may not be contested. Either the Editorial Committee or, in its absence, the Editorial Coordinator is responsible for advising the authors of the status of the article evaluation process and associated decisions made in a timely manner.

Editorial rules The articles submitted to the Editorial Committee at TRANS–PASANDO FRONTERAS must meet the following editorial rules: The authors are to take into account the Colciencias classification system in order to guarantee the quality of their articles for publication in journals. In this respect, authors must indicate the category to which their articles belong. They must bear in mind that categories a, b, and c are the ones eligible for indexing. A description of each kind of classification1 is provided below: a) Scientific and technological research article. A document that provides a detailed discussion of the original results of completed research projects. In general, it has a structure that consists of four major sections, i.e. introduction, methodology, results, and conclusions. b) Reflection article. A document that presents the results of completed research from the author’s analytical, interpretative, or critical perspective with regard to a specific topic referencing original sources. c) Review article. A document that results from completed research which provides an analysis, discussion, and compilation of results of published or unpublished research in a field of science or technology for the purpose of reporting on 1 Classification taken from the document Broad guidelines of the updated Index for Serials Scientific and Technological Colombian, Colciencias, 2002. Accessed on February 12, 2012, from http://201.234.78.173:8084/ publindex/docs/informacionCompleta.pdf 294

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Instructions for authors

d)

e)

f) g)

h)

i)

j) k) l)

the progress and latest development trends. It is characterized by incorporating a thorough bibliographic review of at least 50 different references.

Short article. A brief document that presents the preliminary or partial original results of scientific or technological research work which, in general, need to be disclosed promptly.

Case report. A document that discusses the results of a study of a specific situation aiming at divulging technical and methodological experiences with a specific case. It includes a systematic review with comments on literature available regarding similar cases.

Topic review. A document that results from a critical review of existing literature about a specific topic or subject.

Letters to the editor. Critical, analytical or interpretative positions with regard to documents published in the journal which, at the discretion of the Editorial Committee, provide a significant contribution to the discussion of the subject on the part of the scientific community.

Editorial. A document written by the editor, a member of the editorial committee, or a guest researcher regarding orientations in the journal’s field of specialization.

Translation. Translations of classic or current texts or transcriptions of historical documents or documents of special interest within the journal’s range of topics of publication.

Reflection document not resulting from research.

Bibliographic outline.

Other

• The length of (1) the articles must be 5.000 to 8.000 words, (2) for book reviews and interviews must be 3.000 words maximum. In any case, excluding bibliographical references, attachments, charts or images that may be provided in the articles.

• The articles must be preceded by a cover page that provides the author’s name followed by his/her e-mail address and organization. The cover page must also provide the title of the article, a summary (abstract) (of no more than 150 words), Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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Instructions for authors

• • • •

• •

•

• •

and from three to five key words, in both English and Spanish. Lastly, the authors must also include a footnote linked to the article title with details of the relevant research that provided the framework for the article.

Font type: Times New Roman, size 11, single spacing (1.0), justified alignment, letter size paper (21.59 x 27.94) and 3cm margins on each side.

The spacing between paragraphs will be indicated by a blank space (enter/return).

The titles and subheadings of the articles must be written in bold, using capital and small letters. For example: Transdisciplinary processes studies.

In Bibliography should appear all graphics, audio and textual resources cited and used by the realization of the document, and must follow the following order: after the title References should be listed all the references, then in this order and with the caption, all “Documents Press”, the “Normative sources”, the “Reference to statistical data”, the “Interviews”, the “Videography” and “Linkography”.

Authors are responsible for obtaining the necessary licenses for reproducing images, illustrations, charts, and extensive quotations, if so required.

The tables, pictures and graphs should be numbered consecutively for their identification (Table 1, Table 2 ..., Image 1, Image 2 ...; Graph 1, Graph 2 ...). These titles of tables, graphics and images will located above the corresponding figure with Arial 10 bold and centered. For its part, the explanatory text, if any, will be below the figure 9 in Arial italic, centered.

The contents of the tables and graphs will take the Times New Roman 9, black color text, single spacing, without prior or subsequent, spaced without indents.

Cell spacing of 0.1 is recommended in all income; simple table edges (midpoint) and using a gray scale in each graph for distinguish variables.

Footnotes are used only for making clarifications or qualifications of the text, not for textually quoting another author or providing bibliographic references.

Citations within the text should be made following the APA style. To insert a citation in the text, you must reference the author’s SURNAME(S) and year of publication, here are some models: - -

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Vega (2006) describes changes in the index for each region…

The index changes show regional differences (Vega, 2006) Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

Instructions for authors

-

In 2006, the study of Vega index showed variations ...

• A colon and the page number are added in the case of textual citation, e.g. (Smith, 1990: 60). When the quoted text is less than 40 words long, only quotes are provided, but if the text exceeds this limit, then a separate indented (on both sides) paragraph in font size 10 is provided.

To read well is to take great risks.. It is to make vulnerable our identity, our self-possession. . [...] This is how it should be when we take a masterpiece of literature or philosophy, of imagination or doctrine, in our hands. It can take hold of us to such an extent that, for some time, we have fear of ourselves, we acknowledge our own imperfections (Steiner, 1994: 26).

• To give coauthorship should take into account the number of authors. When two authors are always referenced in their SURNAME(S)s, for example, Perez and Velasquez (2007) or (Perez and Velasquez, 2007).

• When they are three to five authors will be mentioned in the first citation in the text the names of all the following citations and only the first author is followed by et al. For example, the first citation in the text should appear as follows, - - -

Guerra, Espinosa Parra, Hernandez and Lozano (1999) or (Guerra Espinosa Parra, Hernandez and Lozano, 1999). The following citations are presented well, Guerra et al.

(1999) or (Guerra et al. 1999).

In the case of six or more authors in the first citation and in the following, only appears the first author followed by et al., Allen et al. (2001) or (Allen et al. 2001).

The use of the following abbreviations ibid., op. cit, and loc. sit is not allowed. The quoted author’s name is to be provided as many times as necessary.

• When necessary to cite two or more jobs at once be organized alphabetically citations for example, - -

Castro (2007), Jimenez (1997) and Ramos (2010) agree on the analysis ...

Several studies (Castro, 2007, Jimenez, 1997 and Ramos, 2010).

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Instructions for authors

• Full details of the texts cited in alphabetical order is placed as the last item on a page entitled References.

Book SURNAME(S), Name(s) (year). Original title of the book (always in italics). City, Country: Publisher.

- - -

Bonilla, M. E. (1984). Cages. Bogotá, Colombia: Planeta.

Suarez, J. and Villa, L. (2000). History of theater in Latin America. Quito, Ecuador: El Faro.

Torres, G. (Ed.). (2007). Migration flows of Colombian women, 2000-2005. Bogotá, Colombia: Alfaguara.

Book chapter SURNAME(S), Name(s) (year). Chapter title. In: Initial (s) Coordinator’s name, followed by the editor or compiler name and the abbreviation role in the publication in parentheses.

Original title of the book (always in italics), page numbers (pp.). City, Country: Publisher.

-

Cortázar, J. (1997). Some aspects of the story. In L. Zavala (ed.), Theories of the story, I: Theories of the storytellers, pp. 60-75. Mexico City, Mexico: UNAM.

Journal article SURNAME(S), Name(s) (year). Article title. In: Journal Title (provided in italics), volume (number), page numbers (pp.). City, Country: Publisher.

-

Piedrahita Agreda, O. (2002). Hate is stronger than God. in: Poligramas, 1 (17), pp. 63-73.

Cali, Colombia: Universidad Icesi

Press article SURNAME(S), Name(s) (year). “Article Title” (always in quotes). In: Newspaper Title (always in italics), City, day and month, year.

-

298

Piedrahita Agreda, O. (2002). Hate is stronger than God. in: Poligramas, 1 (17), pp. 63-73.

Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

Instructions for authors

Online article SURNAME(S), Name(s) (year). “Article Title” (always in quotes). In: Title of the website (always in italics). Accessed month day, year, from URL (link without underline).

-

YUSTIZ, Orlando (2008). “Venezuela producirá 5 millones de barriles diarios hacia 2010 para refinarlo en Latinoamérica”. En: YVKE mundial Radio. Consultado el 22 de mayo de 2010, desde http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?4455.

Thesis SURNAME(S), Name(s) (year). “Title of thesis” (always in quotes), undergraduate thesis / PhD / MA, University.

Editorial board: Trans-pasando Fronteras www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras eMail: revista@icesi.edu.co Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Icesi, Cali – Colombia

Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

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Complementos Rese単as De primera mano Documentos de trabajo Dossier No dejar de leer Editorial

Complementos // Canjes publicitarios

El Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES) y sus grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS: Nexos (Grupo Interdisciplinario de Estudios Socioculturales y Psicológicos) y Precedente, están desarrollando investigación académica así como consultarías y asesorías en las áreas de: • • • • • • • • • • • • • •

Responsabilidad social empresarial Intervención social Gestión de la investigación aplicada Gestión y gerencia social Estudios sobre jóvenes Intervención de comunidades Entorno político Ciencia tecnología y sociedad Seguridad social Contratación estatal y privada Defensa del medio ambiente Atención a la población desplazada por la violencia Defensa de los consumidores y usuarios Apoyo a la población en situación de discapacidad, en particular, acompañamiento y asesoría jurídica a organizaciones que defienden los derechos de esta población, en materia de movilidad e inserción social.

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Radiología Imágenes Diagnósticas

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SNIES - 101727

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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad Icesi promueve la investigación, la enseñanza y la intervención pública en aspectos relacionados con las historias, las culturas, las políticas, la producción del conocimiento de la diáspora Africana y las condiciones de vida de los descendientes de Africanos y Africanas en las Américas. El CEAF espera consolidar una plataforma de trabajo interdisciplinario e interinstitucional para promover la investigación y la aplicación práctica de diálogos que integren la perspectiva de la interseccionalidad en los debates de reparación, restitución, acciones afirmativas, justicia étnico-racial y de género.

Líneas de investigación: • Territorios colectivos, gobernanza y autonomía • Desigualdad y pobreza • Conflicto, reparaciones, derechos sociales y convivencia • Migración, comercio y relaciones Asia-Pacífico • Configuración regional y urbana • Intervención, responsabilidad social empresarial y políticas públicas • Género y sexualidades • Justicia, instituciones y regímenes políticos • Cultura y subjetividad • El arte y la estética • La construcción de las Américas como la sexta región Africana

www.icesi.edu.co/ceaf

E-mail: ceaf@correo.icesi.edu.co Universidad Icesi, Calle 18 # 122 - 135, Cali Colombia

Estudiantes de Doxa (EdD) es un espacio virtual creado el 24 de Agosto de 2010 donde convergen diferentes cosmovisiones de lo social e individual, de lo macro y micro de la sociedad, y de lo internacional y nacional. Es por esto que en EdD no sólo se promueve la libre expresión del análisis crítico de temas de coyuntura mundial y de nuestra localidad, sino también la reflexión sobre experiencias y manifestaciones de la subjetividad para ser compartidas e incluidas en el debate público.

El único criterio para publicar aquí, es que los escritos deben promover el debate crítico y realista de los retos, desafíos y problemas que tanto denunciamos desde la política, la sociología, la antropología, la psicología, la economía, el derecho, entre otros, tales como inseguridad, discriminación, pobreza, exclusión, rechazo, desigualdad, injusticia, ilegalidad, etc.

www.estudiantesdedoxa.com Para publicar envíanos un artículo a contacto@estudiantesdedoxa.com También nos puedes encontrar en el Twitter como @EstudiantesDoxa y en el Facebook como www.facebook. com/EstudiantesDeDoxa.

Es una iniciativa de los estudiantes Ciencia política con concentración en Relaciones internacionales de la Universidad Icesi, que tiene como objetivo crear espacios de debate y discusión sobre coyunturas políticas nacionales e internacionales.

Es la oportunidad de poner a prueba nuestros conocimientos. Aquí es donde se exponen los puntos de vistas de expertos, estudiantes y actores relevantes dentro del tema a discutir, cuyo principal fin es generar nuevo conocimiento.

aecip.icesi@gmail.com

Es el Equipo estudiantil especializado en la participación y organización de modelos de las Naciones Unidas.

Mensualmente reciben capacitaciones en oratoria, investigación y procedimiento parlamentario.

facebook.com/aecip.icesi

@aecip_icesi

El Observatorio de Políticas Públicas (POLIS) fue fundado en el año 2005 por Francisco José Lloreda, con el fin de ser una unidad académica y de coordinación que tuviera por objeto hacerle seguimiento y evaluación a hechos y decisiones de carácter político, y a políticas públicas de interés general, consideradas estratégicas para el departamento, la región y el país.

Surgió por tres razones principales: 1) el desinterés creciente de la ciudadanía en los asuntos públicos, 2) el deficiente seguimiento y evaluación colectiva a decisiones de gobierno; y 3) el relativo rigor con el que se formulan y ejecutan algunas intervenciones oficiales.

El Observatorio focaliza su actuación en seis áreas estratégicas que responden a prioridades de desarrollo del Valle del Cauca: fortalecimiento institucional, capital humano, ordenamiento territorial, política y democracia, competitividad regional e inclusión social. En el marco de dichas áreas, define proyectos de observación, algunos de largo alcance y otros propios de la coyuntura.

Además de esto, POLIS brinda elementos y espacios de discusión sobre temas coyunturales del Valle del Cauca, del suroccidente colombiano y del nivel nacional que afectan a la región contribuyendo al diagnóstico y análisis de los asuntos públicos.

Las principales herramientas de acción son: 1. Publicaciones: Boletín POLIS y Documentos de políticas públicas.

2. Eventos: Foros, seminarios y conversatorios 3. Proyectos de Investigación y observación.

www.icesi.edu.co/polis E-mail: polis@icesi.edu.co

El 12 de octubre de 2013 fue lanzado formalmente el capítulo regional Valle Visible en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Santiago de Cali. Este capítulo forma parte de una red de observatorios, encabezada por el programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, dedicada a realizar un seguimiento y análisis sistemático del Congreso de la República.

Fundado hace más de catorce años, en el Departamento de Ciencia política de la Universidad de los Andes, el programa Congreso Visible comenzó en 2010 a instituir convenios con distintas universidades del país para realizar un análisis más minucioso y eficiente del comportamiento de las bancadas de los diferentes departamentos. Fue así como nacieron capítulos regionales en Antioquia (liderado por la Universidad EAFIT), Atlántico (Universidad del Norte), Valle del Cauca (Universidad Icesi) y Nariño (Organizaciones de la Sociedad Civil con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD).

En ese sentido, Valle Visible se constituye como una iniciativa liderada por profesores y estudiantes del Programa de Ciencia política de la Universidad Icesi, interesados en tender puentes entre los legisladores del departamento y la ciudadanía con el objetivo de fortalecerla mediante el ofrecimiento de herramientas para una participación más informada y, por lo tanto, una rendición de cuentas más eficaz.

ISSN

2011-0324

No. 14

Asia y América Latína

www.icesi.edu.co/revista_cs

Revista

en

Ciencias

Sociales

Una publicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Icesi

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Artículos [ Benjamin Creutzfeldt ] China en América Latina: seguimiento de la evolución

[ Octavio González Segovia ] Choosing to comply with the U.S.-India civil nuclear agreement.

Factors leading to state compliance

[ Francisco Urdinez ] The Political Economy of the Chinese Market Economy Status given by Argentina and Brazil

[ Javier Duque Daza ] La ciencia política como disciplina universitaria en Colombia

[ Vladimir Rouvinski ] Colombia frente a las potencias extra-hemisféricas: el caso de las relaciones colombo-rusas [ Ricardo Coutin ] La inserción al Asia-Pacífico, oportunidades y desafíos para el Valle del Cauca y la región pacífica colombiana [ Álvaro Martín Navarro ] La crónica del desencanto en la obra: sensaciones de Japón y China de Arturo Ambrogi [ Víctor Jeifets y Lazar Jeifets ] La odisea roja. Varias líneas al retrato político de Jorge Vivó d’Escoto

Reseñas [ Enrique Jaramillo Buenaventura ] Estar vivo: Ensayos sobre el movimiento, conocimiento y descripción [ Ricardo Coutin ] Los desafios de Colombia en el APEC [ Jorge Luis Aparicio ] La vigencia del “problema negro” [ Adolfo A. Abadía ] El ALBA y los “anti”. Un proyecto de integración alternativo latinoamericano

Calle 18 No. 122-135, Cali-Colombia | Teléfono:555 2334 | Fax: 555 1441

ISSN

2011-0324

No. 13

Ética, democracia y sociedad www.icesi.edu.co/revista_cs

Revista

en

Ciencias

Sociales

Una publicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Icesi

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

[ Hernán Fair ]

Lo ético-político en las democracias contemporáneas.

Reflexiones críticas en torno al déficit normativo en la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau [ Carlos Andrés Duque Acosta ]

La ética del discurso ante el desafío del (neo)populismo en Latinoamérica y la radicalización de la democracia [ Hernán Medina Botero ]

Diálogo e inclusión:una decisión moral [ Edwin Villamil ]

Ciudadanía protestante y disidencia moral: el papel de la prensa religiosa en el debate sobre las libertades religiosas durante 1946 y 1953 [ Yenni Viviana Duque Orozco y Diana Fernanda Vargas Bernal ]

Una mirada a las prácticas de anticorrupción de las organizaciones adheridas al Pacto Global en Colombia

[ María del Pilar López Rodríguez ]

Democratización de la educación superior en Colombia: un análisis exploratorio [ Luis Alberto Carmona Sanchéz ]

Aportes para una interpretación de la ética de las consecuencias en vista de un proyecto de ciudadanía [ Gerald C. MacCallum, Jr. ]

Libertad positiva y negativa [ Jaime Amparo Alves ]

I’ve killed and I’ve robbed. I’m a man!: The Brazilian Racialized ImagiNation and the Making of Black Masculinity in “City of God” [ Aurora Vergara Figueroa ]

Cuerpos y territorios vaciados ¿En qué consiste el paradigma de la diferencia? ¿Cómo pensamos la diferencia? [ Rafael Silva Vega ]

La suerte de un clásico: el caso de Thomas Humphrey Marshall

[ Rodrigo J. Ocampo G. ]

Obligaciones morales con seres no humanos Calle 18 No. 122-135, Cali-Colombia | Teléfono:555 2334 | Fax: 555 1441

Desafíos • Número 26-I• pp. 9-376 UNIversIDaD Del rosarIo • Bogotá

Dossier temático (Re)pensar la educación: acción colectiva y prácticas interculturales la escuela Intercultural de Diplomacia Indígena: academia, posdesarrollo y diálogo de saberes

Rodrigo Alonso Barraza García pedagogía confuciana

Pío García

¿Cómo hacer cultura? la vía romana o la sublimación cultural como proceso civilizador

Asher Gutkind

¿por qué estudiar los movimientos sociales hoy? apuntes subterráneos para la interculturalidad más allá de lo étnico

Pedro Rojas-Oliveros

Itinerarios escolares y procesos políticos de cuatro mujeres indígenas nasa y kankuamo

Yeshica Serrano Riobó

¿Y educar para qué? representaciones mediáticas de narcocultura en los modelos del progreso económico y prestigio social

Jaime Wilches Tinjacá

Traducción No “estudiar al subalterno”, sino estudiar con grupos sociales “subalternos” o, al menos, estudiar articulaciones hegemónicas de poder

Daniel Mato

Sección general participación política del sindicalismo colombiano. Un estudio introductorio

Marco Fidel Agudelo Cano

la nueva política de los pobres: estado, líderes y organizaciones populares en la provisión de servicios básicos. Un estudio de caso en un asentamiento de la región metropolitana de Buenos aires

Patricio Bruno Besana

Desarrollo e integración en áfrica Central: las alternativas de la banca multilateral

Louis Valentin Mballa

Reseñas movimientos sociales y autonomía colectiva. la política de la esperanza en américa latina

Carolina Cepeda Másmela

International Development policy: religion and Development

Luisa F. Trujillo P.

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8/12/14 1:20 PM

Cesión de derechos

Señores: Revista TRANS-PASANDO FRONTERAS Universidad Icesi Cali, Colombia Asunto: Cesión de derechos del artículo “___________________________________________________ _______” para su publicación en la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS. Con base en los artículos 76 y 77 de la Ley 23 de 1982 de la República de Colombia y demás normas internacionales sobre Derechos de Autor, por medio de la presente autorizo a la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi a publicar en texto impreso y en medio electrónico (bien sea mediante formatos electrónicos de almacenamiento o en página electrónica), el artículo “__________________________________________________________”, cuyo autor(s) es (son) __________________________________________________________.

Esta autorización la concedo con el fin de que la revista estudiantil pueda poner a disposición del público su trabajo, en toda su extensión, directamente o a través de intermediarios, ya sea de forma impresa o electrónica, siempre y cuando lo haga sin fines de lucro y con el objeto exclusivo de divulgarlo a la comunidad académica y científica, nacional e internacional, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Comité Editorial de la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS. Garantizo que el artículo arriba citado no ha sido publicado antes, no contiene planteamiento ilícito alguno y no infringe ningún derecho de otros.

No obstante la presente autorización, en mi condición de autor conservo los derechos morales y patrimoniales que me corresponden, por mi trabajo. En consecuencia, sólo autorizo su reproducción en la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS, sin limitación en el tiempo o en el número de ejemplares, con la condición de que me identifiquen como su autor y de que no alteren su texto sin mi consentimiento.

En condición de Autor(es), me (nos) reservo(amos) el derecho de realizar copias de todo mi trabajo, o de una parte del mismo, para presentaciones, enseñanza en aulas, u otros usos personales míos o de colegas. Me comprometo a que dichas copias no sean puestas a la venta o distribuidas de modo sistemático, de manera que afectaran la novedad y originalidad de la publicación de mi trabajo por parte de la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS. Así mismo, en mi (nuestra) condición de Autor(es), después de la aparición y circulación de la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS, podré publicar mi trabajo en un libro o colección de mi autoría o coautoría.

Por último, manifiesto que he revisado y aprobado el texto definitivo de mi artículo y que estoy de acuerdo con su publicación.

Atentamente, Firma Autor(es): Nombre Autor(es): C.C.: Dirección: Fecha:

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Carta de originalidad

Señores: Revista TRANS-PASANDO FRONTERAS Universidad Icesi Cali, Colombia Asunto: Declaración de originalidad del artículo “____________________________________________ ______________” para su publicación en la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS. La(s) persona(s) abajo firmante(s), en su condición de Autor(es), declara(n) bajo fe de juramento y certifica(n) por medio de la presente que: 1. El artículo es original, que cumple con los requisitos para la publicación en la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS y que constituye una producción intelectual propia.

2. El artículo es inédito, que no ha sido postulado simultáneamente para su publicación ni divulgado ante otra revista impresa o electrónica, nacional o extranjera, ni en ningún otro medio escrito u órgano editorial.

3. En caso de artículos elaborados como obras en colaboración, están de acuerdo con el orden en el que aparecen los autores(as) del artículo y confirman que no existen personas adicionales que satisfagan los criterios de autoría que no hayan sido incluidos en la lista de autores del trabajo. Además de lo anterior, los autores afirman haber leído y aprobado el manuscrito postulado. En este sentido, los autores asignan a _________________________________________________________________ ______ como encargado de recibir correspondencia y con autoridad suficiente para representar a los demás autores. En cualquier otro caso, el Equipo editorial designará a un autor, de manera aleatoria, como contacto principal durante el proceso editorial, quien será el responsable de comunicarse con el resto de los autores y de autorizar la versión final del artículo.

4. En caso de que el artículo postulado sea aceptado para su publicación, permite(n) la cesión GRATUITA, EXCLUSIVA Y POR PLAZO INDEFINIDO de su(s) derecho(s) patrimonial(es) de autoría a la Universidad Icesi y a la revista TRANS-PASANDO FRONTERAS, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales publicados en la misma.

5. Acepta(n) que, con su colaboración, el artículo presentado sea ajustado por el equipo de edición de la Revista, a las “Instrucciones para los autores” previamente establecidas y publicadas en el sitio web oficial de la Revista (http://www.icesi.edu.co/revista_transpasando_fronteras/); en cuanto a procedimientos, formato, corrección, edición, traducción, publicación, duración del proceso editorial y otros requerimientos solicitados en dichas normas.

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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Centro de Estudios Interdisciplinario, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES) Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 – 35 Pance, Cali – Colombia

Esta obra se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2014 en los talleres gráficos de Velasquez Digital S.A.S (administracion@velasquezdigital.com. co) en Cali, Colombia. Esta revista, hecha en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, se imprimió sobre papel Propalibros Beige y se compuso en caracteres Kokila 13/16 y 10/11. La edición, que consta de 200 ejemplares, estuvo al cuidado de María A. López.