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JUEVES
9.06.2022 SUR DE SONORA AÑO LIV. ED 21339 16 páginas 3 cuerpos $12.00
l n lo ALEJANDRA AVALOS/CÉSAR TOVAR redaccion@tribuna.com.mx
El proceso para resarcir los terrenos que la tribu reclama como suyos está en la recta final, y será la entrega de más de 30 mil hectáreas lo que concluya una de las promesas principales del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. No obstante, aunque existe la disposición de las partes involucradas el proceso avanza a cuenta gotas y podría no quedar para la fecha prometida por el presidente.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha trabajado un año año en la la por máss de un ccual al parte par artte te d restitución, llaa cu dee tu ud dee la et etni niaa ni una solicitu solicitud etnia ra que que se se les les regrese regr re grese llaa para tierra que el 30 de septiembre de 1940 el presidente Lázaro Cárdenas les cedió. En un principio, en marzo de 2021, cuando la Sedatu publicó 40 avisos de deslindes y comenzó con la medición de diversos predios al sur de Sonora, la incertidumbre y críticas por parte de propietarios y productores no se hicieron esperar, pues temían que se tratase de una expropiación. Hoy, tras las declaraciones de López Obrador en Loma de Guamúchil el pasado 21 de mayo, está claro que las más de 30 hectáreas serán adquiridas por el Gobierno Federal para después ser entregadas a la etnia. Un anuncio que si bien no es ajeno a las críticas, sí calma las especulaciones de expropiación que se mantenían latentes. Hasta ahora Sedatu ya ha entregado 2,943 hectáreas, las cuales fueron encontradas como terrenos nacionales, es decir que no tienen dueño y pertenecen a la nación. Además, también
Libre expresión al servicio de la verdad
r re tit ir tierr i n lento
Las tierras que AMLO pretende regresar a la etnia son aquellas que en 1997 el expresidente López Obrador prometió regresar el 21 de agosto Según Sedatu los propietarios de las más de 30 mil Ernesto Zedillo expropió, los Yaquis hacen alusión a Sonora para reunirse con la Nación Yaqui y cum- hectáreas están dispuestos a vender, sin embargo, plir el compromiso de resarcir el territorio, que, por fuentes cercanas a los dueños confirmaron a TRIBUNA al decreto de 1940 celebrado por Lázaro decreto, le pertenece a la tribu. que el proceso está siendo “demasiado lento”. Cárdenas quien reconoció la extensión de tierra 34,921 de la tribu en lo que se Hectáreas serían compradas para llamó el polígono Yaqui. restituir a los Yaquis en total, según Autorizo estimaciones de la Sedatu. que se paguen las 30 mil hectáreas lo más pronto posible, que Román Meyer ya pueda dispo- Lo más tarner de estos recursos, dado posiblemente ya aquí está el subsecreta- se dio, la medición, el rio de Hacienda para que deslinde, las solicitudes haga la transferencia a y recorrer el territorio (...) viene la parte de la la Sedatu; cuando yo regrese el 21 de agosto formalización de la hectáreas hasta el momento sí hay fueron entregadas 7 hectá- más de 30 mil hectáreas, compraventa que es reas que estaban bajo el que están dispuestos a disposición de parte de este tema debe de queFideicomiso Fondo vender. “Ha habido un diá- los dueños. dar ya resuelto, porque algo que no necesariaNacional de Fomento logo muy cercano de las mente debería de ser Ejidal (Fifonafe), y tam- autoridades con ellos, en ¿CUÁNTO LE COSTA- ya quiero entregar las bién se espera que el pro- algunos han estado pre- RÍA AL GOBIERNO? tierras, las 30 mil hectá- tan tardado, intentareceso de reversión de sente los Yaquis. Hoy con- El directivo de Sedatu mos cumplirlo al 100 por expropiación para 300 firmamos que hay la dis- comentó que la valuación reas. Es un compromiso” ciento para esa fecha hectáreas más concluya posición de venta de las de los predios la realiza el ANDRÉS MANUEL pronto para que sean más de 30 mil hectáreas, Instituto de LÓPEZ OBRADOR pero bueno siempre hay entregadas a los Yaquis. mismas que el presidente Administración y Avalúos DECLARACIÓN DEL 21 DE MAYO DE 2022 posibilidades de que se ya autorizó la compra”. de Bienes Nacionales “DISPUESTOS (Indaabin) quienes primealargue un poco”. A VENDER” Esta casa editorial cues- ro harán un estimado cumplir el proceso en el En entrevista exclusiva con TRIBUNA, Jorge Cabrera Jiménez, director general de coordinación técnica de la Sedatu, explicó que encontraron que las más de 30 mil hectáreas restantes para cumplir con la restitución tienen un dueño legalmente reconocido.
tionó qué es lo que pasaría en caso de que uno de los propietarios decida no vender y si se buscaría comprar otro terreno cercano a las tierras, que sea equivalente, para cumplir con la etnia, a lo que Cabrera Jiménez respondió que se respetará la decisión de cada uno.
“Tienen dueños, son privados, algunos son personas morales algunos otros son personas físicas, pero ya reconoció Sedatu que sí son de ellos, que en algún momento alguien competente dio un título que estamos reconociendo”, aseveró.
“El compromiso es resarcir la diferencia de tierras entre el decreto de 1940 y el de expropiación de 1997 (con Ernesto Zedillo en la presidencia) (...) si alguien no quiere vender se está respetando la voluntad, ellos son propietarios y legítimos como ya lo reconocimos, pueden no vender si no quieren”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que
Explicó que son 9 propietarios, los dueños de las
SAT da prórroga hasta enero de 2023 para facturación 4.0 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que dará una nueva prórroga hasta enero del 2023 para la facturación bajo la nueva versión 4.0 que incluye a los recibos de nómina. Dará la facilidad para que el trabajador proporcione de manera directa a la empresa sus datos como Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y código postal de su domicilio sin necesidad de llevar la constancia fiscal.
En un comunicado, estableció que en caso de que el contribuyente conozca esta información, puede entregarla a su empleador o emisor de factura sin necesidad de presentar su Constancia de Situación Fiscal. Lo anterior se da luego de que las medidas para agilizar la obtención de la Constancia de Situación Fiscal fueron insuficientes. Advirtió que la emisión de la factura de nómina es independiente a la obliga-
general y después un avalúo de bienes, distintos a la tierra, en aquellos terrenos donde ya hay fincas, ranchos e infraestructura, lo que incrementará el valor de estos. Fuentes cercanas a los dueños de los terrenos comentaron a TRIBUNA que, aunque depende, el precio por hectárea podría estar en 8 mil pesos promedio. Es decir, el Gobierno Federal podría gastar aproximadamente 240 millones de pesos en comprar las más de 30 mil hectáreas, esto sólo en las tierras; faltaría sumar la infraestructura (pozos, tubería, cercado, construcciones, etc). Si bien Sedatu ve posible
tiempo estimado por el presidente, las fuentes cercanas a los propietarios señalan que la compraventa está siendo “demasiado lenta” pues hasta ahora no han recibido una llamada para continuar y menos para reunirse con los notarios, pese a que se cuenta con todo el aparato del gobierno. GOBIERNO NO INTERVENDRÁ SI YAQUIS VENDEN Ahora, la principal crítica en general contra la decisión de López Obrador sobre comprar las tierras, es que hay quienes acusan que los Yaquis sólo quieren los terrenos para después “venderlos o rentarlos” pues actual-
JORGE CABRERA JIMÉNEZ DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SEDATU
mente ya hay integrantes de la etnia que rentan a grandes productores para la siembra. Sobre ello Cabrera Jiménez explicó que una vez que se entreguen las tierras pasarán a ser comunales, es decir para toda la comunidad Yaqui y no para alguien en específico. “Ellos se rigen bajo un tema de autonomía, serán sus tierras y no podemos opinar sobre el uso”, aseguró ante el cuestionamiento de qué pasará si la etnia renta o vende.
La llamada Ley Ingrid entra en vigor; colectivos la rechazan ción laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, por lo que no entregar la constancia no es motivo de despido ni de retención de pago. Además, aclaró que la entrega de constancias es gratuita y no debe ser condicionada por ninguna persona servidora pública del SAT.
ALFONSO DURAZO ENTREGA 60 PATRULLAS A ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL
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Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado entró en vigor la llamada Ley Ingrid, la cual sanciona con cuatro a diez años de prisión a quien difunda imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o las circunstancias de un delito. La reforma al Artículo 167 Quater del Código Penal del Estado de Sonora señala que: “Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de
ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”. Esta nueva disposición ha preocupado particularmente a colectivos de
búsqueda de desaparecidos quienes expresaron su rechazo al considerarlo “una Ley Mordaza”. “¿Un intento más de esconder la realidad de lo que pasa con la seguridad o una Ley necesaria? Y para quien sería necesaria esa ley que nos restringe de visibilizar la realidad que estamos viviendo”, sostienen colectivos de búsqueda quienes afirman que corren el riesgo de ser encarcelados por la ambigüedad de la redacción contenida en esta modificación al Código Penal.