Contra informe CDHZL 2016 by jose victor

Contrainforme 2015-2016 La realidad mexiquense desde otras voces

Contrainforme 2015-2016 La realidad mexiquense desde otras voces Fuego de la Digna Resistencia Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces

ÍNDICE INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 1 Ley Eruviel............................................................................................ 3 TIERRA Y TERRITORIO ............................................................................ 7 Los conflictos y la digna defensa del territorio y la vida.......................... 9 Pueblos de Atenco y Texcoco contra el NAICM .................................... 9 San Francisco Xochicuautla ............................................................ 13 San Lorenzo Huitzizilapan ............................................................... 15 San Francisco Magú ........................................................................ 16 BASURA E INCINERACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO ....................... 19 PUEBLOS INDÍGENAS ........................................................................... 23 AGUA: EL ORO BLANCO ........................................................................ 28 SITUACIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA Y EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MÉXICO ........................................................................................... 33 PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EFECTOS DE LA REFORMA ... 34 Escuelas al CIEN ............................................................................. 35 Despidos de maestros ...................................................................... 35 LA REPRESIÓN AL MAGISTERIO. ....................................................... 36 Ley panal ......................................................................................... 36 Ley estorbo ...................................................................................... 37 CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA MAGISTERIAL ......................... 37 El caso del Profesor Isidro Aguilar Hidalgo. ...................................... 38 El caso del profesor Oscar Hernández Neri ....................................... 39 FEMINICIDIO ......................................................................................... 41 TORTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO ................................................. 44 AGRESIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS .... 48 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 54

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces

INTRODUCCIÓN El contra informe 20015-2016 La realidad mexiquense desde otras voces, es un ejercicio relativamente innovador en el estado de México porque no se tienen registros de tal cantidad de pueblos y organizaciones articulados en la defensa común de sus derechos humanos, al menos en las décadas recientes, y menos aún que estos pueblos de forma coordinada presenten de cara al poder estatal y dirigido a la opinión pública, nacional e internacional, la realidad que ese poder durante décadas ha omitido en sus informes oficiales. La intención primordial de este Contrainforme, también denominado Informe de la situación de Derechos Humanos, es que los propios pueblos y organizaciones de la sociedad civil de la entidad documentan y analizan su información y demuestran que la realidad no corresponde a lo anunciado comúnmente con bombo y platillo en los informes de gobierno del ejecutivo estatal. Este informe dice lo que no se dice desde las altas esferas políticas; con textos con análisis temáticos, otros con análisis de casos, otros más con análisis situacionales, pero conteniendo de fondo un hilo conductor: el contenido de la verdad, ante la mentira institucional. Desde este contra informe se colocan temas que desde el punto de vista de quienes lo elaboramos, son fundamentales para abordar en la agenda pública de nuestra entidad, sin soslayar que también son importantes en la agenda política nacional o al menos eso debería de ser. La denominada Ley Eruviel, los conflictos por tierra y territorio, los conflictos por el agua, los impactos estatales de la reforma educativa, feminicidio, tortura y las agresiones a personas defensoras de derechos humanos son aristas abordadas desde las frías cifras pero también desde la experiencia y narrativa de los propios pueblos y organizaciones. 1

INTRODUCCIÓN Es importante precisar que este Contra Informe no aspira a competir en términos cuantitativos con el informe gubernamental, sin embargo contiene la franqueza y la honestidad de lo que verdaderamente ha ocurrido y ocurre en el estado de México, lo anterior con el evidente propósito de un ejercicio de memoria colectiva, pero también de difusión para que los habitantes de la entidad, actores sociales de nuestro país y de otras latitudes se decidan a coadyuvar en que esta realidad se trasforme y mejore. Es de resaltar, por último, que este contra informe se tiene que realizar en un contexto de avanzada de las maquinarias para concretar despojos, con ingresos de ejércitos de granaderos a los pueblos en resistencia, notificaciones a personas defensoras de DH de denuncias penales por delitos graves, con un sistema de justicia que es ineficiente para acceder a la propia justicia que debería impartir, es decir, se redacta desde la adversidad, pero con la esperanza, la confianza de que la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos más que un destino es un camino el cual ha sido abrazado por decenas, cientos de mexiquenses y cuya labor dará frutos más temprano que tarde.

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Ley Eruviel Antonio Lara CDH Zeferino Ladrillero

El 17 de marzo de 2016 el Congreso Local del Estado de México aprobó, por iniciativa del Ejecutivo local, una ley que viola arteramente principios fundamentales de respeto a derechos humanos y que tiene como destinatario fundamentalmente a todos aquellos pueblos, organizaciones, colonias o barrios que se manifiesten y protesten pacíficamente contra las arbitrariedades del Estado mexicano y, por ahora, más concretamente, contra el gobernador y los alcaldes de la entidad. La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, denominada Ley Atenco y rebautizada por los pueblos mexiquenses como Ley Eruviel, sintetiza las aspiraciones gubernamentales de controlar a las poblaciones y sus inconformidades subrayando aquellas que se oponen a la

imposición

megaproyectos

industriales,

comunicación,

comerciales e inmobiliarios, mismos que los despoja de tierras, territorios y bienes naturales, sobre todo, bosques y agua; sin soslayar que parte importante de los destinatarios son también los maestros y maestras opositores a la reforma educativa, quienes en conjunto con los padres y madres de familia que los respaldan, defienden el derecho a la educación en el Estado de México.1

Es preciso señalar, por ejemplo, que la iniciativa de ley se presenta en un contexto de gran descontento social, en el cual se considera como un factor de riesgo importante la “ingobernabilidad por movimientos sociales”. Según se expresa la Agenda Nacional de Riesgos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), este tema ocupa el segundo lugar en las prioridades por atender como asunto de seguridad nacional. En el apartado referente a los movimientos sociales son señalados explícitamente el movimiento magisterial y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Véase: Érika Ramírez, “Movimientos sociales, ‘amenaza para el Estado’: Cisen”, Contralínea, 28 de agosto de 2016. Disponible en: <http://www.contralinea.com.mx/archivo-

LA LEY ERUVIEL La Ley Eruviel debe considerarse inconstitucional porque es violatoria del derecho humano a la vida, violenta el derecho humano a la integridad personal, atenta contra la libertad de expresión y vulnera la libertad de reunión. La ley Eruviel contiene en sus disposiciones la facultad discrecional policiaca para la calificación legal de una protesta. Si una protesta es pública, sin importar que sea pacífica, pero es calificada de ilegal, las fuerzas del orden estarán no solamente facultadas sino obligadas, incluso, para usar armas de fuego con el fin de disolver la manifestación. También la ley en comento legaliza el espionaje de las reuniones y asambleas públicas y pacíficas para que con ello se permita la acción policiaca previamente coordinada y planeada. Por si lo anterior fuera poco, la sistematización crea una burbuja legal de protección a las altas autoridades ante posibles excesos policiacos y violaciones

derechos

humanos,

que

considera

como

únicos

responsables de dichos excesos a los policías al mando de los operativos a pesar de que ellos simplemente reciban órdenes justamente de los altos mandos, que no son otros que el propio gobernador y alcaldes. La legislación de control de población que aquí se analiza, toda vez que es una norma de carácter general, atenta contra 15 175 862 habitantes mexiquenses, de forma directa, y contra todos los habitantes del país de forma indirecta si se manifiestan pública y pacíficamente en el territorio que por décadas ha gobernado el Grupo Atlacomulco. Sin embargo, hay personas de municipios específicos en la entidad que corren más riesgos porque es justamente en sus territorios donde se concentran los despojos de tierra, territorios, agua, bosques y vivienda, y donde más se vulneran revista/index.php/2016/08/28/movimientos-sociales-amenaza-para-el-estado-cisen/> [29 de agosto de 2016].

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces los derechos ambientales así como los usos y costumbres y demás derechos de los pueblos indígenas. Los municipios a los que nos referimos son: Amecameca, Apaxco, Chalco, Chicoloapan,

Coyotepec,

Cuautitlán

Izcalli,

Ecatepec,

Huixquilucan,

Lerma, Nezahualcoyolt, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, San Salvador Atenco, Tecamac, Temascalapa, Temoaya, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Toluca, Villa Victoria, Zinacantepec. Son 27 los municipios que viven un conflicto social relevante, cada uno de estos municipios cuenta con al menos un pueblo y/o organización social que, de forma independiente a los partidos políticos y gobiernos, defienden un abanico amplio de derechos humanos, ya sean individuales, ya sean colectivos. En la defensa de los derechos humanos, las personas que los conforman, han recurrido a la manifestación pública como mecanismo de exigibilidad de sus derechos y, en muchas ocasiones, han sido reprimidas. El 28 de julio de 2016 el Sr. Eruviel Ávila anunció públicamente que enviaría una iniciativa para que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no entrará en vigor con un doble propósito: contener los daños a su imagen, ocasionados por la lluvia de críticas y denuncias públicas de académicos, intelectuales, escritores, activistas, e impedir que las sociedad civil organizada ejerciera su derecho a recurrir a la demanda del juicio de amparo.

LA LEY ERUVIEL No obstante, en fecha 15 de agosto de 2016, apenas 18 días después del anuncio del gobernador mexiquense, la policía de Naucalpan de Juárez, de reciente incorporación al Mando Único de Seguridad Pública Estatal, disparó armas de fuego de alto poder en, al menos, 10 ocasiones para disolver una protesta estudiantil en ese municipio, poniendo en riesgo la vida y la integridad personal de estudiantes, maestros y trabajadores universitarios. Así, de forma metalegal, es como se practica la aplicación de la Ley Eruviel, pero como lo han demostrado los pueblos y organizaciones de esta entidad

federativa,

con

organización,

legalidad

movilización

derrocarán las aspiraciones totalitarias y represivas de quienes hoy, y desde hace mucho tiempo, gobiernan el Estado de México.

Coyotepec: el pueblo contra la represión.

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TIERRA Y TERRITORIO Karina Bolaños CDH Zeferino Ladrillero

El proceso de despojo que han vivido muchas de las comunidades del Estado de México es consecuencia de varios factores: la imposición, es decir, la ausencia de consulta a los pueblos sobre la implementación de proyectos de infraestructura o económicos;

el desplazamiento de los

habitantes originarios, como campesinos, indígenas o habitantes de colonias populares hacia los centros de urbanización; la devastación ambiental; el acaparamiento y privatización de los recursos que abastecen a la comunidad; la comercialización y mercantilización de los recursos naturales, y la evidente preferencia hacia el sector empresarial al impulsar políticas públicas. Existen muchas zonas en conflicto a lo largo y ancho del Estado de México. En ellas se disputa la realización de múltiples proyectos de infraestructura, sobre todo de comunicaciones y transporte; inmobiliarios, ya sea residenciales o de interés social; comerciales, como se observa con las grandes plazas o centros turísticos, e incluso, algunos de mayor magnitud que involucran estos tres rubros. Recursos como el agua, que requieren para llevar a cabo las obras o abastecer de ciertos servicios los inmuebles, son extraídos de las inmediaciones, lo que deja a las poblaciones originarias sin ellos.

TIERRA Y TERRITORIO Los pueblos del Estado de México y principalmente los pueblos indígenas han sido afectados por un progreso con el cual no empatizan y han emprendido una defensa de los recursos naturales como los bosques, el agua y el territorio, con una presencia militar o policiaca importante que se asienta en sus territorios, ya que: “En sus tierras están avanzando proyectos de construcción de termoeléctricas, ampliación de carreteras, minas y otros megaproyectos de inversión.”2 Durante el periodo en que Eruviel Ávila ha administrado el Estado de México, se ha continuado o iniciado con la construcción de múltiples megaproyectos. Cuando el mandatario anunció que 2016 sería el año de las grandes obras, expresó sus intenciones con las siguientes palabras: Consolidaremos al Estado de México como la entidad mejor comunicada del país, como el centro estratégico y logístico para los negocios, para el turismo, pero sobre todo para que cada mexiquense cuente con las condiciones básicas de movilidad, con transporte seguro y de bajo costo, y sea más fácil acceder a servicios como la educación,

salud.

reitero,

2016

será

año

infraestructura, de las grandes obras.3

Al hacer estas declaraciones, tenía muy en mente a qué megaproyectos se refería y a quiénes buscaba beneficiar en realidad.

Alta Frecuencia, “La militarización en México, por imposición de megaproyectos, más que combatir al narco”, 13 de abril de 2013. Disponible en: <https://altasfrecuencias.wordpress.com/2013/04/13/la-militarizacion-en-mexico-por3 imposicion-de-megaproyectos-mas-que-combatir-al-narco/> Emilio Fernández, “2016, año de grandes obras, dice Eruviel”, [31 deElagosto Universal, de 2016]. 4 de enero de 2016. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/01/4/2016-ano-degrandes-obras-dice-eruviel> [31 de agosto de 2016]. 2

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Los conflictos y la digna defensa del territorio y la vida Con el fin de dilucidar las afectaciones que tiene la reconfiguración del espacio en Estado de México, para que funja, tal cual lo expresó el gobernador en turno, como: “centro estratégico y logístico para los negocios, para el turismo” y para cumplir con las necesidades de movilidad, consideramos importante analizar tres movimientos de oposición al programa de desarrollo del gobierno.

Pueblos de Atenco y Texcoco contra el NAICM El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es bastante representativo de las consecuencias de realizar obras de infraestructura dando prioridad a los negocios, el turismo y la movilidad. Después de la dura represión que vivieron los habitantes de San Salvador Atenco y los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en 2006, el 3 de septiembre de 2014 se anunció el proyecto de la construcción del

NAICM

en la zona del Vaso del Ex Lago de Texcoco.

El proyecto, como ya han señalado muchos investigadores, supone una devastación ambiental mayúscula. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, por ejemplo, en su análisis sobre los estudios de riesgo ambiental en que se sustenta la proyección del

NAICM,

concluyó que la

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental debió rechazar el proyecto del

NAICM

“debido a que existen muchas incertidumbres […] que

surgen de la omisión deliberada de información y que no permiten una evaluación correcta del posible impacto ambiental de la obra”.4

Unión de científicos comprometidos con la sociedad, Análisis del resolutivo SGPA/DGIRA/DG/09965 del proyecto “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A de C.V” MIA-15EM2014V0044, p. 2. Disponible en: <http://www.uccs.mx/images/library/Analisis_Resolutivo_Aeropuerto_UCCS_2015.pdf> [31 de agosto de 2016].

TIERRA Y TERRITORIO En su análisis del resolutivo sobre este tema, señalan varios factores preocupantes, como la siembra de 264 534 árboles exóticos y especies invasoras como medida de compensación ambiental que, por el contrario, afectaría gravemente el ecosistema de la zona o como la modificación del ciclo de agua en lugar. También se menciona el aumento de la presión hídrica, pues se prevé un consumo de 2 395 metros cúbicos de agua y un aumento de consumo de este recurso hasta llegar a 5 912 metros cúbicos al día, en un par de décadas; ambas cifras no contemplan el consumo de la aerotrópolis que podría llegar a ser de 23. 6 millones de metros cúbicos al año.5 Asimismo, exponen la afectación de 250 especies de aves de las cuales 12 se registran en la categoría de amenaza y 11, “sujetas a protección especial”,6 sin contar unas posibles 20 000 “aves playeras” residentes y migratorias. Según el estudio, es grave que se considere construir el proyecto en un terreno del que 42.04% de la superficie se constituye de “cuerpos de agua y zona inundable”7 y que en ésta última sea donde se pretende erigir 100% del proyecto, factor al que se suma la tendencia al aumento de lluvias y otros “eventos hidrometeorológicos”8 previstos por el cambio climático. Además, el proyecto contradice en Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcoco, en que se considera a la zona como Área Natural Protegida. Habrá, asimismo, un impacto cultural y un posible daño al patrimonio histórico de la nación, pues, según refiere el arqueólogo Jeffrey R. Parsons, existen, al menos, mil 100 lugares en los que se puede encontrar más de 10 mil objetos prehispánicos en el área de construcción del aeropuerto.9 Ibidem, p. 12. Ibidem, p. 14. 7 Ibidem, p. 7. 8 Ibidem, p. 10. 9 Juan Carlos Talavera, “Piden recuperar vestigios del Vaso del Lago de Texcoco”, Excelsior, 13 de abril de 2015. Disponible en: <http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/04/13/1018443#imagen-5> [31 de agosto de 2016]. 5 6

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Cabe mencionar que el proyecto completo del aeropuerto comprende la edificación de una aerotrópolis, por lo que, en su conjunto, es un proyecto de urbanización del espacio rural. La resistencia de los defensores de las tierras ejidales y de uso común en San Salvador Atenco y Texcoco, debido a esto, han debido enfrentar muchos intentos de realización de cambio de uso de suelo en sus tierras. Para realizar este cambio, en los ejidos de Atenco y Texcoco se han observado múltiples irregularidades en las asambleas ejidales en las que se propone adoptar la figura de dominio pleno, que se traduce en la desincorporación definitiva de esas tierras respecto de su régimen social ejidal. Un ejemplo de ello es Tocuila, donde sólo 156 ejidatarios de un total de 506 aprobaron la venta de tierras para la autopista Peñón-Texcoco, a pesar de que este número de asistentes no cumple con el requisito de quórum para que se dé por válida la asamblea. Debido a estas razones, los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han interpuesto varios recursos legales. A pesar de ello, para 2015 el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tenía planeado iniciar ya la primera etapa de los trabajos de construcción, la cual incluye la finalización de la carretera Peñón-Texcoco, que se considera parte del “programa de conectividad federal a la zona metropolitana de la Ciudad de México y al

NAICM”10

y la edificación de la

barra perimetral del aeropuerto, que pasa por las tierras de Nexquipayac. La decisión de emprender los trabajos ha provocado conflictos en los municipios mencionados, ya que, en muchos casos, se han invadido tierras que son materia todavía de litigio e, incluso, se han violado amparos que ordenan la suspensión definitiva de las obras.

Véase la presentación de los avances técnicos del NAICM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, “Avances técnicos. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” [Power Point], diapositivas 18 y 39.

TIERRA Y TERRITORIO En este contexto, en lo que va de 2016, se ha registrado el ingreso de una tanqueta militar al cerro de Huatepec en Nexquipayac el día 12 de abril de 2016 y la irrupción, en este mismo lugar, el 23 de mayo, de 250 individuos, presumiblemente bajo el influjo de drogas que, resguardados por un operativo grande de policías, destruyeron el campamento de resistencia que mantenían los defensores de la tierra en la zona. Asimismo, en Tocuila se han detectado varios incidentes; el más preocupante de ellos ocurrió los días 19 de agosto de 2016 en los que un centenar de jóvenes, bajo el claro influjo de drogas, desmantelaron y quemaron otro campamento de resistencia y defensa de la tierra.

Tocuila defendiendo el territorio.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces San Francisco Xochicuautla En 2006 se aprobó el proyecto para construir la carretera de cobro TolucaNaucalpan que pasaría por los municipios de Toluca, Lerma, Xonacatlán, Huixquilucan y Naucalpan. La autopista se concesionó a la empresa Autovan S. A. de C.V., filial de Grupo Higa. Se prevé que su trayecto pase por áreas naturales protegidas como el Parque estatal otomí-mexica y el Parque estatal Santuario del agua. De construirse, dañará 20,936 árboles de pino, oyamel y encino, así como a especies de flora y fauna “que se encuentran bajo la condición de protección especial, amenaza o en peligro de extinción, según las categorías contenidas en la NOM-059-semarnat-2001”.11 Su construcción, además, tiene un gran impacto sociocultural, pues el proyecto se superpone a la ruta de peregrinación que realizan los otomíes al Cerro de la Campana, lugar donde, según su cosmovisión, inició la vida. Para los habitantes de San Francisco Xochicuautla el bosque en medio del cual

habitan

sagrado;

destrucción

los

diversos

centros

ceremoniales y del vínculo que la comunidad mantiene con su territorio atenta contra la reproducción cultural del pueblo. En este caso, para lograr el cambio de uso de suelo que supone la construcción de la carretera, se realizó un padrón de 882 comuneros que decidieron, en asambleas con numerosas irregularidades, realizar la Centro de Derechos Humanos Prodh, La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado. Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005-2011, México, 2011, p. 81. El informe documenta las afectaciones ecológicas de este proyecto carretero con base en los siguientes documentos: 1) la Autorización Condicionada de Manifestación de Impacto Ambiental, emitida el 21 de septiembre de 2009 por la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México (oficio 212130000/DGOIA/RESOL/302/09); 2) El oficio de la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad DTAP/112/2010, emitido el 23 de marzo de 2010; 3) La Autorización Condicionada de Manifestación de Impacto Ambiental, elaborada el 28 de mayo de 2010 por la Delegación Federal en el Estado de México de la SEMARNAT (oficio DFMARNAT/1681/2010) y 4) el oficio DGPAIRS/177/2010, emitido el 23 de marzo por la Dirección General de Política Ambiental e Integración Sectorial y Regional del Estado de México.

TIERRA Y TERRITORIO ocupación previa y cesión de tierras para la autopista; sin embargo, la decisión quedó anulada mediante un juicio de amparo seguido ante el Tribunal Unitario Agrario con número 48/2014. No obstante, ha habido una intensa intimidación policiaca cuando se llevan a cabo asambleas con el fin de decidir temas referentes al proyecto carretero, como ocurrió el 27 de febrero de 2015, en que se desplegó un amplio operativo del orden estatal, y la empresa Autovan, resguardada por grandes operativos policiacos, irrumpió en el bosque el 24 de junio de 2015. A raíz de este último incidente se decidió hacer un campamento de resistencia en la zona. El 9 de julio de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de expropiación de 37-93-86 hectáreas de bosque, a las que se alude como “tierras de agostadero”. Dicho decreto contiene varias contradicciones, la mayor de ellas es que aduce que se realizó la consulta previa a los pueblos, pero al mismo tiempo, que hubo una ocupación previa de las tierras. Los defensores otomíes de Xochicuautla han interpuesto ya el amparo 771/2015, seguido ante el Juez 5° de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en cuyo litigio se ordenó la suspensión definitiva de las consecuencias del decreto expropiatorio, en tanto éste no se resuelva. Sin embargo, el 11 de abril del presente año más de mil elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana entraron a la comunidad, destruyeron el Campamento de Paz y resguardaron maquinaria de Autovan, con la que se demolió la casa del Sr. Armando García Salazar, conocida como El Castillo, agresión en la que maltrataron físicamente a la Sra. Isabel Hernández, de 64 años, integrante del Concejo Supremo Indígena. Este incidente, aunado a los hostigamientos acumulados durante diez años de lucha, condujo a que el 11 de mayo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara medidas cautelares a favor del pueblo de Xochicuautla en su resolución 32/2016. 14

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces San Lorenzo Huitzizilapan El 6 de julio del año 2014, se realizaba una Asamblea de bienes comunales con la que pretendían las autoridades ejidales, en contubernio con personal de la Procuraduría Agraria, aprobar la desincorporación de más de 3 mil 300 hectáreas de bosques comunales, solares y edificios, para el paso de autopista Toluca-Naucalpan. Al lugar donde se llevaba a cabo la asamblea

llegaron

pobladores

las

comunidades

que

componen Huitzizilapan, con la finalidad de impedir dicha asamblea, por lo que fueron enviados más de 1 000 policías antimotines a la comunidad. Algunos, en estado de ebriedad, golpearon a jóvenes y mujeres presentes y resultó apuñalada una persona. Los habitantes en desacuerdo con la asamblea acorralaron por completo a los comisariados de bienes comunales que iban acompañados de personal de la Procuraduría Agraria, y lograron que se firmara un acta para dar fe de las agresiones contra las mujeres. Después de esto, les exigieron que se retiraran de la comunidad. Los originarios refrendaron el orgullo de su cultura Ñhato (Otomí del Alto Lerma), y reiteraron que harán valer sus derechos, rechazando tajantemente tanto el proyecto carretero, como los ‘apoyos’ que ofreció a cambio la administración del edil Erick Sevilla.12

Raúl Flores Durán, “Rebelión en Huitzizilapan, pueblo se impone ante la represión”, Huellas de México, 6 de julio de 2014. Disponible en: <http://huellas.mx/edomex/2014/07/06/rebelion-en-huitzizilapan-edomex-el-pueblose-impone-ante-la-represion/> [29 de agosto de 2016].

TIERRA Y TERRITORIO

Foro en Huitzizilapan.

San Francisco Magú El Pueblo de San Francisco Magú, ubicado en el Municipio de Nicolás Romero,

Estado

México,

pueblo

indígena

otomí

que

históricamente se ha regido por usos y costumbres manteniendo instituciones de administración, organización y toma de decisiones que sustentan su autonomía política, económica y territorial. La empresa Merket Construcciones S.A. de C.V. tiene planeado construir en el bosque del pueblo un desarrollo inmobiliario llamado “Bosques del Paraíso”, con más de 10 mil casas residenciales en una superficie de 184 hectáreas, en los predios “El Ocote” y “Las carretas”. La empresa cuenta con los permisos del municipio, más no con los permisos de las autoridades comunitarias. Tienen, además, una Manifestación de Impacto Ambiental, sin embargo, el documento cuenta con errores e inconsistencias; una de las más graves es que declara al bosque infértil. La comunidad indígena de San Francisco Magú se opone a este proyecto debido a que a principios del 2012 fueron deforestadas 150 ha de bosque.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Este bosque alberga a al menos 11 especies que están registradas en la Norma 059 de la

SEMARNAT.

Es una zona de recarga de los mantos freáticos

de la región de la Cuenca de Tepotzotlán y también uno de los pocos pulmones para la generación de oxígeno con que cuenta el municipio de Nicolás Romero cuya política de desarrollo es confundida con el crecimiento de la mancha urbana que transforma los bosques, agua y aire en bloques de cemento. No olvidamos mencionar que de consolidarse el proyecto también se prevén graves afectaciones sociales, políticas y económicas para el pueblo, ya que el aumento poblacional, con personas ajenas a la comunidad que no conocen los sistemas tradicionales y propios del lugar, provocará paulatinamente la destrucción del tejido comunitario indígena, condenándolos a convertirse en una ciudad-dormitorio más, con todas las consecuencias que ello implica. Para defender la tierra, los habitantes de Magú han apelado a su legado ancestral y al carácter indígena otomí del pueblo. Con este argumento, consideran que se ha violado su derecho a la consulta previa. Sin embargo, el municipio les retiró el reconocimiento como pueblo indígena en 2014 y desde ese año ha propiciado y reconocido autoridades alternas a las elegidas por la asamblea del pueblo. Alentar este conflicto tuvo como resultado que el 8 de marzo de 2015 se justificara la provocación de grupos priistas que, identificados con un distintivo, desalojaron de la delegación a los representantes elegidos por asamblea con lujo de violencia. La decisión de propiciar que existan dos autoridades de gobierno continúa. El día 13 de marzo de 2016 se convocó a elecciones de delegación y Copaci, por encima de los usos y costumbres de San Francisco Magú y de la autoridad de la asamblea del pueblo, cuyas autoridades electas fueron nuevamente desalojadas del edificio de la delegación el 17 de agosto de este año. 17

TIERRA Y TERRITORIO

M agu otomĂ reforestando el bosque.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces

BASURA E INCINERACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

Jorge Tadeo

Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad

Javier Zúñiga Apaxco Comunidades Por la Vida

La política estatal, al continuar con el proyecto de urbanización sin planeación social y medioambiental en el Estado de México impulsada en los anteriores sexenios y continuada por el gobernador Eruviel Ávila, ha puesto en evidencia una arista que poco a poco va cobrando mayores víctimas por los impactos negativos que provoca: la creciente producción de basura y de residuos peligrosos. La respuesta que dio la actual administración estatal frente a estos problemas fue la creación de Rellenos Intermunicipales y una política que continúa tratando el Estado de México como el gran basurero de la Ciudad de México. Esta gestión de residuos convierte al municipio de Apaxco en el destino al cual llegan para ser incinerados en hornos cementeros los residuos peligrosos y de manejo especial, a pesar de que dichas prácticas son altamente contaminantes y dañinas para la salud de la población mexiquense. Esta situación se ha convertido en uno de los problemas con mayores violaciones a los derechos humanos en el Estado de México. Las políticas tanto federales como del propio Estado de México para el manejo de los residuos sólidos urbanos, es decir de la basura, son políticas de final de tubería, lo que significa que no buscan una salida sustentable y sostenible para la crisis de la producción de basura que se vive actualmente en el Estado de México. La respuesta de las autoridades estatales y municipales frente a las miles de toneladas de basura que diariamente se producen en el Estado de México son los Rellenos 19

BASURA E INCINERACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO Sanitarios, que generan una serie de impactos negativos hacia la población que vive cerca y que van desde la contaminación de los mantos acuíferos por fugas de líquidos lixiviados, incendios tanto accidentales como provocados que generan la emisión de gases tóxicos, fugas de metano e, incluso, la expropiación de predios para ampliar la zona de disposición final del Relleno. A esta crisis en la gestión pública de los residuos que sufre el Estado de México debe sumársele la falta de una política real en el manejo de la basura que produce la Ciudad de México. Esta omisión convierte a las comunidades aledañas del Estado en los receptores de al menos 8 mil toneladas de basura que producen los habitantes de la Ciudad. Cada día miles de toneladas de basura producidas en la Ciudad de México son transportadas al Estado de México para ser confinadas en alguno de los rellenos sanitarios que circundan la ciudad, entre los que destacan los de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Xonacatlán. A la práctica de ocultar el problema y no resolverlo de fondo hay que sumar la visión de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias: en el Estado de México más del 60 por ciento de los Rellenos Sanitarios son concesionados por los ayuntamientos a la iniciativa privada con lo que se genera una mayor deuda socio-ambiental para los pobladores. Con todos estos impactos negativos que ya se tienen, el gobierno del Estado de México, como nueva política para acceder a los recursos del gobierno federal, está obligando a los municipios a formar Rellenos Sanitarios Intermunicipales, ocasionando que la deuda y los riesgos aumenten. La privatización en la gestión de la basura da la oportunidad a las empresas de continuar monopolizando todo el negocio de los residuos, socializando los costos y externalizando las ganancias. Los ejemplos más claros de lo anterior están en Tecámac, Xonacatlán, Atlacomulco y el Convenio entre Huehuetoca, Apaxco y Coyotepec, llamado Sistema

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos (SIGIR) – Valle de México. Dicho convenio abre la puerta a un plan piloto de convertir a los Rellenos Intermunicipales en productores de Combustible Derivado de Residuos para ser utilizado principalmente en los hornos cementeros. Es decir, el convenio promovido por la actual administración estatal y firmado en noviembre del 2014 por los gobiernos de Huehuetoca, Apaxco y Coyotepec, pretende que la basura generada por los tres municipios pueda ser utilizada como combustible para los hornos de cemento, bajo el concepto falaz de promover la valorización de los residuos. De los tres municipios sólo Apaxco alberga una cementera y una manera de valorizar los residuos es incinerándolos. Ante esta situación, el gobierno del Estado de México ha optado por mantener a la transnacional Holcim en Apaxco como la encargada de incinerar residuos tanto sólidos urbanos como peligrosos y de manejo especial. Esto lo vemos con el convenio firmado en abril del 2013 por más de 20 ayuntamientos, el gobierno del Estado y la empresa Ecoltec, filial de Holcim, para producir combustible para sus hornos con más de más de 60 millones de toneladas de llantas usadas que recolectarán los municipios que suscribieron el convenio. La realización de dicho convenio está generando un grave daño a la salud ambiental y humana del municipio, no sólo por la incineración de las llantas, sino también porque éstas se mezclan con otra serie de residuos, con lo que se hace un coctel químico altamente peligroso. La producción de combustibles alternos a base de residuos peligrosos para los hornos de la cementera Holcim en Apaxco lleva décadas. Entre los residuos peligrosos y de manejo especial que se incineran están aceites usados, disolventes, agua contaminada, pinturas, anticongelantes, sólidos impregnados con hidrocarburos, natas de pintura, llantas usadas, catalizadores gastados, entre muchos otros. La incineración de estos y otros residuos peligros y de manejo especial en los hornos de Holcim, 21

BASURA E INCINERACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO instalados en el municipio de Apaxco, emite tóxicos altamente dañinos como son las dioxinas, furanos y los metales pesados que ocasionan diversas enfermedades a los pobladores. La Organización Mundial de la Salud ha relacionado la contaminación del aire con enfermedades respiratorias y con diversos cánceres, situación que ocurre en Apaxco. Seguir siendo el basurero de la Ciudad de México, la creación y posterior concesión de Rellenos Sanitarios, el plan para especializar los Rellenos Intermunicipales como productores de combustibles para los hornos de cemento, así como mantener a Holcim en el municipio de Apaxco como la encargada de incinerar residuos peligrosos y de manejo especial, es la política de la actual administración estatal a cargo del gobernador Eruviel Ávila, quien, al permitir su instrumentación, incurre en una considerable violación a los derechos humanos de la población mexiquense.

Apaxco contra la contam inación de residuos tóxicos.

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PUEBLOS INDÍGENAS Itzel Palestina CDH Zeferino Ladrillero

La población indígena del Estado de México, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es de 985 690 de una población total de 15 175 862, lo que representa el 31.5% de los habitantes de la entidad. Entre los grupos indígenas se encuentran los nahuas, los otomíes, los mazahuas originarios del Estado y mixtecos, mazatecos,

zapotecos,

totonacos,

mixes,

chinantecos

tlapanecos,

provenientes de diferentes estados de la República que migraron hacia esta región del país. De ellos, 341 491 son bilingües y 2 806, monolingües. En cuanto al índice de escolaridad y alfabetización, se conoce que 91 663 personas mayores de 15 años no saben ni leer ni escribir y 92,225 carecen de instrucción escolar.13 En fechas recientes, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobernador Eruviel Ávila, aseveró frente al presidente de la República que en su administración la inversión realizada para la población indígena de la entidad, “representa un 339 por ciento más recursos en infraestructura que lo destinado en el mismo periodo del sexenio anterior, y en el rubro de impulso a proyectos productivos, hay un crecimiento de 247 por ciento de recursos”, también expuso que “en apoyo a los jóvenes indígenas del estado, el sector educativo estatal invirtió más de 100 millones de pesos para equipar la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), Indicadores sociodemográficos de la población indígena 2010, 20 de agosto de 2016. Disponible en: <www.cdi.gob.mx: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/2010/MEXI/mexi2010.pdf> [25 de agosto de 2016].

PUEBLOS INDÍGENAS Universidad Intercultural, que ha permitido a miles de jóvenes de extracción indígena, estudiar una carrera.”14 En cuanto al acceso a los servicios de salud, a pesar de los anuncios oficiales, 439 861 personas no cuentan con servicios de seguridad social y sólo 336 944 cuentan con Seguro Popular, el cual no atiende ni resuelve de forma integral los problemas de salud. De 206,955 viviendas habitadas por población indígena, el 19.6% carece del servicio de agua entubada y el 21.7% no tiene drenaje; en este rubro particular la ausencia de servicios de agua y drenaje de algunas comunidades favoreció la creación y organización de sistemas de Agua potable autónomos, que abastecen del vital líquido a la población y que se encuentran en un constante asedió por parte de las autoridades estatales, con lo que violan el derecho de los Pueblos Indígenas al manejo de sus recursos y a tener una organización propia. El ex Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen ha planteado que el modelo de desarrollo actual, impulsado por el crecimiento económico avasallador, ha ignorado las necesidades de las poblaciones indígenas promoviendo la modernización e integración, introduciendo nuevas formas de producción consideradas como “más avanzadas”, así como la imposición de cultura o lenguas y tecnologías tendientes al abandono de prácticas tradicionales consideradas obsoletas. Según él, “los pueblos indígenas han tenido poca posibilidad de participar en su propio desarrollo, ya que son objeto de políticas públicas diseñadas por otros”,15 lo que propicia el enriquecimiento de un grupo social minoritario y acentúa la desigualdad de oportunidades y de condiciones de vida. “Tiene Edoméx inversión histórica para comunidades indígenas: Eruviel Ávila”, La crónica, 9 de agosto de 2016. Disponible en: <http://www.cronica.com.mx/notas/2016/977366.html> [25 de agosto de 2016]. 15 Rodolfo Stavenhagen, Los pueblos indígenas y sus derechos, México: Unesco, 2008. 14

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Los grandes proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno del Estado de México y los procesos de inversión para la creación o mejora de infraestructura física de una región, cuando son impuestos en zonas indígenas, tienen severas consecuencias, ya que impiden el ejercicio de diferentes derechos como el que garantiza el desarrollo o los que implican el respeto a la posesión ancestral, así como el derecho a la salud, al medio ambiente. Especialmente las poblaciones indígenas del Estado de México se han visto afectadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales, sin ser consultados en los planteamientos de las políticas públicas, programas de desarrollo social, proyectos de desarrollo o planes de crecimiento económico. El paradigma moderno de desarrollo fomenta

los conocidos “Mega

Proyectos de Desarrollo”, que muestran interés en las zonas consideradas desocupadas o desaprovechadas y con recursos naturales explotables. Éstas

encuentran

habitadas

frecuentemente

por

pueblos

comunidades indígenas, que mantienen una relación estrecha con el territorio, ya sea de carácter económico, es decir, para su subsistencia, cultural o religioso. Los efectos que generalmente tienen estos proyectos sobre las formas de vida tradicionales y el desarrollo son irremediables. El reconocimiento de los derechos contemplados en los instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas se ha vuelto una necesidad, ya que de ello depende la realización efectiva y el ejercicio de las libertades tendientes al desarrollo humano desde las colectividades. En éstos se ve el derecho al desarrollo como una oportunidad para la libre autodeterminación, el manejo de recursos, la posesión ancestral de territorios, el acceso a servicios de salud, el mantenimiento de las formas tradicionales de organización social, lo que tiene como fin último la mejora

PUEBLOS INDÍGENAS en la calidad de vida y la posibilidad de decidir autónomamente las formas de vida que se considere conveniente. Un caso paradigmáticos de la omisión o nula observación de estos instrumentos es el Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan, cuya construcción afectará el territorio ancestral del Pueblo Ñathó (Otomí) asentado en diferentes comunidades del Estado de México, tales como Huitzitzilapan tradicionalmente

San los

Francisco pueblos

Xochicuautla indígenas

han

Ayotuxco,

ocupado

donde

territorio,

desarrollando sus actividades económicas en consonancia con los recursos que la zona les provee, y manteniendo las rutas tradicionales de peregrinación y ceremonias propias de sus pueblos. De tal forma, que las afectaciones sociales, y culturales, serían irreparables para la comunidad, porque alterarían la forma de vida y las tradiciones de la comunidad e incluso podrían conducir al despojo y al desplazamiento de la población de sus territorios originarios. El caso de estos pueblos, es un ejemplo paradigmático de la violación al derecho a la Consulta Libre Previa e Informada, que es práctica cotidiana del grupo en el poder que se encuentra en el gobierno. El hostigamiento y acoso en contra de los movimientos sociales de los pueblos originarios, la criminalización de la protesta y la defensa territorial y de recursos, así como el ataque contra sus formas de organización tradicional, reconocidos por el artículo 2° de la Constitución Federal, son la realidad de los pueblos que han resistido los procesos de asimilación y despojo territorial y cultural. Si bien los anuncios realizados por el Gobierno del Estado, se pronuncian sobre un avance en el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas, la cotidianidad nos muestra un rostro sumido en la pobreza, la desigualdad, la discriminación y el despojo. La organización comunitaria resistirá y con ellos cada vez más municipios ejercerán procesos autonómicos, que

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces permitan un desarrollo basado en el equilibrio medioambiental y la sustentabilidad, tal como ocurre en el pueblo mazahua de San Felipe del Progreso o las comunidades otomíes de San Francisco Magú y San Lorenzo Huitzizilapan.

M unicipio Autónom o M azahua.

AGUA: EL ORO BLANCO

AGUA: EL ORO BLANCO Ricardo Ovando Sistema de Agua Potable de Tecámac

La entidad mexiquense vive acechada por las necesidades empresariales que desean hacer uso del líquido vital que en su óptica se convierte en el “oro blanco” a explotar sin importar que eso signifique el despojo de dicha riqueza a los pueblos y comunidades quienes con sus recursos humanos, económicos han creado sus propios sistemas de agua. Actualmente tenemos registro de al menos ocho sistemas autónomos y comunitarios de administración y control del agua potable: Tecámac, Coyotepec, Acuexcomac, Los Reyes Acozac, Zinacantepec, Tepotzotlán, Amecameca y Tlacotepec que se debaten el recurso hídrico con la autoridad municipal en ésta tendencia estatal por municipalizar los sistemas autónomos de agua para así poder privatizarla, lo cual resulta muy grave puesto que no se tiene el cuidado de hacer los estudios pertinentes que analicen el impacto ambiental a las cuencas acuíferas. Para brindar sólo un ejemplo, en Tecámac que cuenta con un sistema de agua potable autónomo sólido y ordenado durante este año ha afrontado la perforación de un pozo en beneficio de la empresa Manantiales Peñafiel S.A. de C.V. a pesar de que CONAGUA había declarado desde 2009 que no había

condiciones

hidrogeológica

para

seguir

dando

concesiones

unidad

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces El 28 de agosto del 2009 (DOF), La CONAGUA actualizó los Estudios de disponibilidad de la Cuenca de México y la conclusión para el Acuífero Cuautitlán – Pachuca fue la siguiente: “8.4 DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS La disponibilidad de aguas subterráneas conforme a la metodología indicada en la norma referida, se obtiene de restar el volumen de recarga

total

media

anual,

valor

descarga

natural

comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionadas e inscrito en el REPDA (Registro Público de Derechos de Agua), que de acuerdo con la expresión (5) resultó ser de -40,493,762 m3/año. -40,493,762 = 202,900,000 – 0.0 – 243,393,762 La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada Acuífero Cuautitlán – Pachuca, Estados de México e Hidalgo”. Existe un aumento en el déficit de aguas subterráneas y se ratificó la falta de volúmenes disponibles: De -40,431,762 pasó a -40,493,762 m3/año Además, hoy en día existen dos documentos gubernamentales oficiales de reciente publicación que también señalan sobreconcesionamiento y sobreexplotación de la Cuenca de México. Uno de ellos es el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, el cual señala en su página 42, “… en materia de gobernabilidad en el sector hídrico, la problemática se relaciona principalmente con la administración del agua, que se ha convertido en un factor que limita el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y empieza a inhibir el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.

AGUA: EL ORO BLANCO La

problemática

identificada

concentra

tres

aspectos:

Sobreexplotación, sobreconcesión y contaminación de los recursos hídricos. Coyotepec ha sido una comunidad asediada desde los últimos 3 años para ser despojada de su administración autónoma de agua. La ambición por el vital líquido ha alcanzado niveles asombrosos de imposición. El 26 de mayo de 2016 cientos de granaderos de la Coordinación Estatal de Seguridad ingresaron a la comunidad para retomar el control de la presidencia municipal la cual había sido tomada por la población luego de impedir acciones municipales tendientes a la municipalización del agua. La incursión policiaca generó una situación de altísimo riesgo para la población en general, la cual afortunadamente supo mantener la mesura y evitó caer en provocaciones gubernamentales. Diferente destino hubo en Zinacantepec donde la mañana del 15 de abril de 2016 un centenar de integrantes del Comité Independiente de Agua del poblado de San Antonio Acahualco, se manifestaron durante el acto de los primeros 100 días de la administración municipal, precisamente fue en el marco de la oposición a la municipalización del agua. Durante la protesta hubo agresiones de la policía a mujeres y personas adultas mayores así como tres personas detenidas. Similares situaciones se han vivido recientemente en el poblado de Cañadas de Cisneros municipio de Tepotzotlán, así como en el centro del municipio de Amecameca, al norte y oriente del estado respectivamente, donde las poblaciones han detectado irregularidades en el actuar gubernamental con respecto a sus reservas de agua y han actuado deteniendo las labores que buscan el despojo de sus aguas.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Otro caso emblemático de la disputa por el agua en el estado de México es el relacionado con lo sucedido hace más de 10 años en el pueblo indígena nahua de San Pedro Tlanixco lo que derivó en 6 presos de conciencia recluidos en el penal del Santiaguito en Almoloya de Juárez, estado de México, situación que a la brevedad será mucho más denunciada ante la opinión pública toda vez que se avecinan los tiempos legales idóneos para la búsqueda de su libertad.

Se denota entonces, que existe la intención gubernamental de arrebatar el control del agua a los pueblos, a pesar de que fueron los propios pueblos los que con sus propios recursos instalaron las redes hidráulicas así como perforaron los pozos. Se prepara pues la Ley Monroy, el diputado Amador Monroy Estrada (de filiación priista) presentó el pasado 30 de abril ante el Congreso local la iniciativa para modificar la Ley de Agua para el Estado de México con la que se pretende municipalizar a todos los sistemas comunitarios de agua potable en la entidad. A través de la municipalización se pretende privatizar el servicio de agua potable así como garantizar el abasto hídrico para los megaproyectos de inversión y de vivienda que se desarrollarán a lo largo y ancho del Estado de México.

AGUA: EL ORO BLANCO

Coyotepec defiende su agua.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces

SITUACIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA Y EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MÉXICO Cesar Hernández Neri Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa MMCRE-CNTE

Con la reforma Educativa Federal de 2013 el gobierno pretende controlar de manera férrea y vertical el sistema educativo y a los maestros, coartando los derechos laborales, políticos y sindicales magisteriales. También ha iniciado un proceso de privatización de la escuela pública, con la llamada “Autonomía de Gestión” el Estado abdica de su obligación de garantizar la gratuidad de la educación. Deja la responsabilidad de construcción de infraestructura educativa, mantenimiento, pago de personal no docente,

pago de servicios y

suministros, en los padres de familia. Al mismo tiempo con las escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) realiza un jugoso negocio con los empresarios del país. El estado de México se ha caracterizado en este sexenio por pretender ser el ejemplo de aplicación de la contra reforma educativa. El gobierno mexiquense se ha caracterizado por NO tolerar la oposición y utilizar de manera facciosa los aparatos de procuración e impartición de justicia para reprimir. En el estado de México se han modificado leyes a modo para contener los movimientos sociales, particularmente al magisterio. Por ello se lleva a cabo en la entidad mexiquense una persecución hacia los

maestros

disidentes,

represión

que

desde

los

procesos

administrativos con descuentos por asistir a manifestaciones

o multas

onerosas a directivos “por suspender clases" con procedimientos en la 33

SITUACIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA Y EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MÉXICO contraloría interna de la Secretaria de Educación (Preparatoria No. 55 y Preparatoria No. 224 de Chicoloapan y Chimalhuacan, respectivamente). El despido de profesores que han rechazado la evaluación punitiva y que no presentaron exámenes de permanencia La modificación de las leyes para contener la protesta social y detener la iniciativa social organizada para dotar de educación a los niños y jóvenes de las regiones más marginadas del estado, convirtiendo en delito la manifestación y el brindar cualquier tipo de aprendizaje a la población mexiquense “sin permiso de la autoridad”. Y ha llegado hasta la construcción de delitos para encarcelar a maestros disidentes, como es el caso del Profesor Oscar Hernández Neri.

PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EFECTOS DE LA REFORMA En la entidad mexiquense, en el subsistema estatal, nunca ha existido partidas presupuestales para el pago de material y personal no docente de las escuelas, eso explica las cooperaciones voluntarias que se han vuelto obligatorias cada inicio de año escolar. Las secretarias, los veladores, los conserjes no los paga el Estado. Ahora con la reforma educativa y

“autonomía de gestión” los pagos de servicios tendrán que asumirlos los padres de familia, es el caso de la energía eléctrica. El cobro por este importante recurso ha causado cortes, cobros excesivos, multas y hasta procedimientos judiciales contra directivos de las escuelas. Es tan grande el problema que se ha generado que la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoce que tan solo 161 escuelas de 23 municipios del Valle de México adeudan 51 millones 477 mil 359.30 pesos (El Universal 21 de junio 2016). Lo que ha llevado a una explosiva situación ya que aunque son escuelas públicas se pretende que los pagos las realicen los padres de familia. Ejemplos de ello es el Jardín de niños Alberto Durero del barrio Herreros en Chimalhuacán que le cobran un adeudo de 240,000 pesos y que se les

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces amenaza con el corte y se lleva acabo en enero de 2016, actualmente tienen que estar colgados. Otro caso es la escuela telesecundaria Guadalupe Victoria de la colonia San Felipe de la Rosa del municipio de Villa Victoria a quien le imputan un adeudo de 80 000 pesos y que incluso llegaron a la situación de denunciar ante la PGR a su directora por robo de suministro de energía eléctrica en marzo de 2016. No sólo será la energía eléctrica la que tendrán que pagar las escuelas, actualmente en Valle de Chalco y Chimalhuacán inicia un proceso paulatino de cobro de agua potable y en Toluca el presidente municipal ha propuesto que las escuelas también paguen predial. Escuelas al CIEN El gobierno ha ideado la forma de entregar los recursos para construcción de escuelas a los empresarios del país. Emite certificados que son comprados por los inversionistas privados en la bolsa de valores, al otorgar éstos recursos a los estados se les obliga que aporten un porcentaje del monto y la suma (fondo de infraestructura educativa) el gobierno federal la entrega de manera directa al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que va

al Fideicomiso de Emisión siendo la Corporación Mexicana de

Inversiones de Capital, SA de CV, encargada del “fideicomiso de emisión” y Banco Invex encargado del “fideicomiso de distribución”. La operación de “Escuelas al CIEN” obliga a los estados a hipotecar por 25 años sus recursos para infraestructura educativa a Banco Invex, quizás la financiera más grande de América y otorgará a empresarios el control de la construcción y remodelación de escuelas publicas. Despidos de maestros En febrero de 2016 Simón Villar Martínez, Secretario de Educación del Estado de México, señaló que en la entidad fueron 17 mil 400 los que debieron presentar el examen de desempeño, de los cuales 205 maestros no se presentaron a dicha evaluación. 175 profesores justificaron la 35

SITUACIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA Y EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MÉXICO inasistencia por algún accidente, enfermedad o algún asunto de mayor trascendencia, quedan 30 maestros 4 o 5 los que todavía justifican, por lo que serán 25 los profesores despedidos por no presentar el examen de permanencia. A ello hay que sumar todos los profesores que por tener plazas interinas quedan cada ciclo escolar fuera del magisterio, situación que se estima en un porcentaje de 2 o 3 % de un total de 180 mil profesores del estado de México. Es decir un total de hasta 5,400 profesores viven directamente esta situación.

LA REPRESIÓN AL MAGISTERIO. El gobierno mexiquense se ha caracterizado por NO tolerar la oposición y utilizar de manera facciosa los aparatos de procuración e impartición de justicia para reprimir. En el estado de México se han modificado leyes a modo

para

contener

los

movimientos

sociales,

particularmente

magisterio. Ley panal A partir de julio de 2013, educar sin pertenecer al aparato burocrático del estado de México, es un delito tan grave como el homicidio. La nueva disposición –ya incluida en el Código Penal– se impulsó por iniciativa de un diputado del Panal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado. El 17 de julio de 2013 la Gaceta del Gobierno del Estado de México publicó el decreto número 110 relativo al nuevo delito de “impartición ilícita de la educación” contenido en los artículos 148 y 176 del Código Penal mexiquense. Ahí se establece que quien no tenga autorización del gobierno estatal para impartir educación será sujeto a una pena de cinco a 10 años de cárcel y a una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo, castigo

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces que se agrava si quien lo comete trabaja además en el sector educativo oficial. Ley estorbo El delito de “estorbo de aprovechamiento de bienes de uso común”, una disposición que los legisladores delinearon en el Capítulo VI del Código Penal, integrado por los artículos 187 y 188. El artículo 187 ordena condenar con seis meses a un año de prisión y con 30 a 100 días de multa a quien estorbe el aprovechamiento de bienes de uso común o vías de comunicación, desatendiendo el requerimiento de la autoridad de liberarlas. La pena se agrava hasta los dos años y una multa de 150 días a quien evite el uso de los bienes públicos, es decir, quien tome una instalación. Llama la atención que, de acuerdo con el artículo 188, se aplicará la misma pena a quien venda droga en las calles o dirija el comercio sin permiso.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA MAGISTERIAL Ha contribuido a la criminalización la campaña de linchamiento mediático contra los maestros que protestan, lo que junto con la prepotencia de autoridades municipales, ha provocado detenciones ilegales y agresiones de las policías municipales contra maestros que protestan contra actos arbitrarios de autoridad o por conseguir satisfacer demandas para las escuelas. Tales son los casos de las detenciones violentas de los profesores Alfonso Parra Elizarrara en Ixtapaluca el 20 de noviembre de 2015 y al profesor Carlos German Luna Cruz el 17 de noviembre del 2015 en Tulpetlac, municipio de Ecatepec.

SITUACIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA Y EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MÉXICO El caso del Profesor Isidro Aguilar Hidalgo. El 26 de marzo de 2015 se presentaron dos agentes ministeriales en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 179 ubicada en el municipio de Tecámac, Estado de México, solicitando información sobre el profesor Isidro Aguilar Hidalgo, uno de los dirigentes del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa, planteando que tiene iniciada una carpeta de investigación (3302 2012, mesa 2) por el delito de obstrucción de vías de comunicación con fecha 12 de septiembre de 2012 en la autopista México-Pachuca (delito federal). Aguilar Hidalgo pertenece a una organización social surgida desde la misma sociedad civil y con más de quince años de lucha por hacer realidad el derecho a la educación pública

niñas y niños,

habitantes de comunidades en

zonas de alta marginación del Estado donde las acciones de los gobiernos municipal, estatal y federal no han podido y no han querido brindar el servicio de la educación pública; y donde finalmente, por iniciativa de la misma sociedad civil organizada hemos gestado, gestionado, construido, administrado y consolidado cientos de escuelas que van desde el nivel de preescolar hasta el nivel superior. En este proceso las movilizaciones para presionar al gobierno estatal han sido necesarias para lograrlo, en este contexto, es en que las autoridades averiguaciones

previas

para

abren carpetas de investigación o

perseguir

los

dirigentes

sociales

magisteriales, dejándolas en los archivos y cuando les son útiles, las desempolvan. El caso ha sido sobreseído por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la movilización magisterial.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces El caso del profesor Oscar Hernández Neri El uso de los aparatos de procuración e impartición de justicia para perseguir a los profesores que se oponen a la política educativa impuesta desde las cúpulas del poder, la fabricación de delitos y otras agresiones que han sufrido los docentes en los últimos años, convierten a la entidad más poblada del país en uno de los estados que más agrede a sus educadores. La construcción de un delito que se basa en una averiguación previa que tiene graves irregularidades con modificaciones de tiempos, con modificación de testimonios (en base a tortura), con interpretaciones de hechos basados en criterios no jurídicos, con una clara consigna En la averiguación previa y en el auto de formal prisión se construye una versión de los hechos donde se sostiene que el profesor asesinó a una mujer estrangulándola y luego la envenenó inyectándole barbitúricos en su torrente sanguíneo, para simular un suicidio. No sólo eso, que lo hizo a más de veinte kilómetros de distancia de donde se encontraba y que luego de que la estrangulo, ella escribió un mensaje telefónico. La incriminación no tiene acusador alguno, más que la declaración arrancada bajo tortura a un testigo de oídas, dos años después de los hechos. Pisotea la inmediatez procesal y abusa de la apreciación subjetiva. Ignoró testigos, peritajes, declaraciones y la propia inspección del Juez que ofreció Oscar y su defensa. Se arroga el derecho a interpretar y acomodar los hechos a su antojo.

SITUACIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA Y EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE MÉXICO

M agisterio y pueblo unidios en defensa de la educación.

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FEMINICIDIO Fabiola Vite CDH Zeferino Ladrillero

El pasado 28 de julio se cumplió un año de la declaratoria de Alerta de Género, en once municipios del Estado de México, donde la tendencia es de un incremento del 30% en el número de feminicidios.16 Sin embargo, como indicaron integrantes del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desapariciones y Feminicidio del Estado de México (OCMEXFEM), después de que se decretó: “las agresiones se incrementaron 20 por ciento. Antes se reportaba un feminicidio cada tres días, y a partir de la declaración de la alerta de género casi hay uno diario”.17 Las organizaciones México Suma y Mujeres en Cadena denunciaron en enero pasado que en el Estado de México ocurrieron 87 feminicidios desde que se decretó la Alerta de Género; 50 de estos casos son muertes violentas que ocurrieron en lo que va del 2016.18 Aunque activistas del OCMEXFEM

afirmaron en julio que se reporta uno diario y que desde enero

hasta ese momento se habían contabilizado 181.19

Rebeca Jiménez, “Feminicidios, a la alza en Edomex pese alerta de género”, El Universal, 25 de julio de 2016. Disponible en: <http://www.eluniversaledomex.mx/chalco/feminicidios-a-la-alza-en-edomex-pesealerta-de-genero.html> [17 de agosto de 2016]. 17 Blanca Juárez, “Apremia ONG a declarar alerta de género en todo el Estado de México”, La Jornada, 31 de julio de 2016. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2016/07/31/politica/004n2pol?partner=rss> [17 de agosto de 2016]. 18 Tania L. Montalvo, “La alerta de género, una herramienta ineficaz para detener los asesinatos de mujeres”, Animal Político, 18 de abril de 2016. Disponible en: <http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-alerta-de-genero-una-herramienta-ineficazpara-detener-los-asesinatos-de-mujeres/> [17 de agosto de 2016]. 19 Véase: Blanca Juárez, “Apremia ONG a declarar alerta de género…”, op. cit. 16

FEMINICIDIO Por su parte, según informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y según lo que el diputado Juan Zepeda Hernández señaló, se contabilizaron 33 eventos de feminicidio en la entidad durante todo el 2015, mientras que de enero a mayo del 2016 van 29 feminicidios en los once municipios en los que se declaró la alerta de género.20 Los datos duros emanados de agencias del Ministerio Público local permiten indicar que cada treinta días se han registrado en promedio 9.6 feminicidios en la entidad mexiquense durante los primeros cinco meses del presente año, balance nada alentador que debe animar la revisión puntual de la estrategia puesta en marcha en la entidad.21 Organizaciones de la Sociedad Civil manifiestan que de poco sirven los protocolos de la alerta de género para las investigaciones de homicidios dolosos,

feminicidios

desapariciones

como

manifiesta

Yurixi

Hernándes, investigadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio: “Los policías ni los conocen. En más de una ocasión han reconocido que no los han leído. Es un hecho que si no hay intervención de alguna ONG, los casos no avanzan”.22 Las

autoridades

trabajan

con

perspectiva

género,

hay

desinformación sobre en qué consiste la alerta de género, no se brinda atención efectiva a las víctimas en las agencias ministeriales y fiscalías dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado así como por parte de las policías municipales, y lo más preocupante es que hay mucha dilación y que los casos denunciados no son atendidos.

PRD, “Alerta de violencia de género en el Estado de México”. Disponible en: <http://www.prd.org.mx/portal/index.php/prdinforma/2-principal/2414-conferenciamagistral-de-la-dra-marcela-lagarde-respecto-a-la-alerta-de-genero-en-el-estado-demexico> [17 de agosto de 2016]. 21 Idem. 22 Israel Dávila, “Alerta de género en Edomex, inútil: ONG”, La Jornada, 29 de enero de 2016. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2016/01/29/estados/033n1est> [17 de agosto de 2016]. 20

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces No hay un protocolo específico para los casos de desaparición y los folletos que se han distribuido en algunos municipios contienen información equivocada: nombran al feminicidio como homicidio o no explican qué es la alerta de género.

Alto al fem inicidio.

TORTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO

TORTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO Aribel García CDH Zeferino Ladrillero

En el contexto de impunidad que vive el país, donde se lleva a cabo la práctica de tortura, el Estado de México no se queda atrás, el delito de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cometido por los elementos pertenecientes a las instituciones de seguridad pública del Estado

México

contiene

una

investigación

basada

independencia, autonomía y diligencia que toda indagatoria de hechos delictivos debe contener.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México debe guiar su actuación en pleno ejercicio a favor de los derechos humanos, a fin de promover la debida actuación del Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones; de investigar y perseguir delitos de orden común, debe cumplir sin excepción la protección de los derechos humanos con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o, Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado

México,

así

Documentación Eficaces

como

Manual

para

Investigación

de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes denominado “Protocolo de Estambul”, en relación a lo anterior, es obligatorio crear las condiciones apropiadas y suficientes

para

garantizar

una

autónoma, independiente y eficiente.

investigación

oportuna,

diligente,

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces

Condiciones reales. En el periodo entre el 16 de septiembre del 2011 al 16 de Junio de 2016 se presentaron 300 quejas por actos presuntamente constitutivos de tortura ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En el mismo lapso de tiempo, la CODHEM registro que se orientó al denunciante para que acudiera ante la autoridad o servidor público que fuera competente solamente en 20 ocasiones, de estas se solicitaron 16 medidas precautorias y/o cautelares en términos de los artículos 72 y 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Siendo así, que de todas estas quejas en el mismo periodo de tiempo (aproximadamente 5 años) no se ha emitido ni una sola recomendación por actos de tortura. No existe responsabilidad alguna por tan grave violación a los derechos humanos, la tortura en nuestro estado permanece bajo la sombra de la impunidad. Actualmente la Procuraduría del Estado de México tiene a su cargo cientos de indagatorias por el delito de tortura que continúan abiertas después de más de 10 años y otras que por su complejidad o dependencia ameritan de cuidado, control o seguimiento por parte de una instancia especializada en estos temas y que además contengan la autonomía e independencia que consagra el derecho internacional.

TORTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO ¿Investigación… imparcial? Al respecto del Protocolo de Estambul, el manual por excelencia, para la investigación y documentación de actos de tortura, éste señala que cuando los procesos de investigación sean inadecuados por falta de recursos o de pericia, falta de imparcialidad, un cuadro manifiesto de abusos u otras razones sustanciales, los estados procederán a las investigaciones valiéndose de una comisión de indagación independiente o algún otro procedimiento similar y establece textual: “Los miembros de esta Comisión serán seleccionados a título personal por su imparcialidad, competencia, e independencia reconocidas, en particular deberán ser independientes de toda institución, agencia o persona que pueda ser objeto de la indagación”. Además el instrumento internacional determina con precisión el objeto, facultades y cualidades de la comisión de indagación, procedimiento de investigación, su evaluación, y la participación y derechos de las partes. Obligación

estatal que se encuentra muy alejada de la realidad

mexiquense, según

registro de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México, han aplicado tres protocolos de Estambul en toda su historia

(2005, 2013 y 2015), no existe la capacidad para aplicar el

Protocolo de Estambul, en contadas ocasiones lo solicitan a la PGR o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cifras oficiales dan razón que existe un promedio de 5 personas adscritas a la CODHEM, capacitadas para llevar a cabo tan riguroso examen (entre personal médico y/o psicológico), esto en una entidad de más de 15 millones de habitantes.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Es urgente la contratación de expertos independientes y autónomos a la Procuraduría, a fin de que desarrollen investigación científica y pertinente. En el Zeferino documentamos el caso del señor Reyes Alpizar Ortiz, donde después de 13 años se certifico la tortura sufrida en su humanidad, proceso en el que por más de 10 años se insistió para que se llevara a cabo conforme a Protocolo de Estambul. Si bien, recientemente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México creó de la Comisión para la Atención y Seguimiento de Casos de Tortura, consideramos fundamental se lleve a cabo con la debida expertiz, independencia y sensibilidad que estos procesos requieren, y que las victimas no tengan que esperar más de 10 años en lograr una atención adecuada a este terrible hecho. Insistimos que no se normalicen los actos de tortura u otros tratos o penas crueles y degradantes, que en la mayoría de los casos priva a todas las victimas de acceder a la justicia, que entre muchas otras cosas, genera

más y más fabricación de delitos, que en

palabras de Fernando Ulises Cárdenas Uribe, Director General de Litigación en Ecatepec, es una situación “de toda la vida” en la entidad. Seguir permitiendo el uso de pruebas ilícitas, obtenidas bajo tortura en proceso judiciales sólo alimenta más los índices de impunidad y corrupción, dejando a la Sociedad Mexiquense en un estado de total indefensión.

AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

AGRESIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Rubí Olvera CDH Zeferino Ladrillero

En el Estado de México, como en otras regiones del país, existe un gran número de acciones gubernamentales que violentan y violan los derechos humanos de los y las mexiquenses. Entre éstas se encuentra el despojo de bienes naturales como el bosque, agua, territorio y, en general, la imposición de megaproyectos que trae como consecuencia la alteración y modificación de las diversas formas de vida por las cuales está integrado el territorio mexiquense. En resumen, en el Estado de México este panorama ocasiona que se viva una violencia, cuyo perpetrador no se reconoce y, en consecuencia: […] lo que hay es violencia estructural, como la pobreza que produce sufrimiento y muerte prematura y es fruto de un modo de organizar la sociedad y de distribuir recursos y oportunidades o el recorte de libertades políticas, que no es una fatalidad sino una injusticia. […] La violencia cultural es una forma de daño que se expresa en creencias, valores, modos de pensar y de dirigir las acciones, que suelen convertirse en “sentidos comunes” e invitan a la violencia directa y/o intentan legitimar la violencia estructural. Es el caso del racismo, del machismo, del etnocentrismo, del odio religioso etc., que pueden ocasionar la destrucción del tejido social.23

Galtung, citado en: Fernando Calderón Gutiérrez (coord.), La protesta social en América Latina, Buenos Aires: Siglo XXI, PNUD y PAPEP, p. 44.

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Por lo anterior, se vuelve necesaria la protesta social y la defensa legítima de los derechos humanos, por parte de defensoras y defensores, activistas y luchadores sociales, ya que sólo con la manifestación de la diversidad de ideas y de las reivindicaciones de los actores colectivos se puede asegurar una cultura más democrática en un sentido amplio y comunitario.24 Sin embargo, desde agosto de 2015 a agosto de 2016, en el área de Protección a personas defensoras del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, se han podido registrar 40 casos de agresión a personas que defienden los derechos indígenas y otros derechos como la vivienda digna, la tierra, el agua y el territorio. 40 casos los cuales se suman a los 150 de que se tiene registro de 2011 a 2015, es decir, en 4 años ha sido constante la agresión a personas defensoras, promediando 37.5 casos cada año, notándose en este último año un ligero incremento en la cifra. En el municipio de Lerma y específicamente en la comunidad de San Francisco Xochicuautla se han presentado trece agresiones en ese lapso; en el municipio de Atenco, según registros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ha habido tres: dos en la cabecera municipal y otra en el pueblo de Nexquipayac. En el pueblo de Coyotepec, han sido registrados nueve eventos de agresiones. En el municipio de Ecatepec de Morelos se pudieron anotar dos agresiones a defensores;25 en el municipio de Nicolás Romero, se registró una agresión; en Tecámac se tienen

Se hace referencia a la palabra comunitario en el sentido en el que la utiliza Villoro cuando se refiere al tipo de democracia que propugna por “la realización plena” de la “democracia representativa” y cuyo “movimiento está ligado a la restauración de formas de vida originarias, que comprenden una forma de organización política que podría llamar ‘democracia comunitaria”. Véase: Luis Villoro, “Democracia comunitaria”, Conferencia dictada el 21 de noviembre del 2006 en el Auditorio Raúl Baillères del ITAM, p. 8. Disponible en: <http://biblioteca.itam.mx/estudios/6089/82/LuisVilloroDemocraciacomunitaria.pdf> [29 de agosto de 2016]. 25 Un caso es el del defensor del derecho a la vivienda digna, José Humbertus Pérez Espinoza, integrante del Frente Mexiquense en Defensa para la Vivienda Digna, A.C., quien, además, se encuentra privado de su libertad desde noviembre de 2015 en el penal de Chiconautla; el segundo, es de la defensora Gabriela Sánchez López. 24

AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS contabilizados ocho eventos de agresión hacia las defensoras y defensores que integran el Sistema de Agua Potable del municipio, Saptemac. Recientemente, en el municipio de Texcoco, se registraron dos eventos de agresión a la población de Tocuila. En Ocuilan, municipio al sur de Estado de México, se registró una agresión al defensor Ildefonso Zamora, quien, hasta el 12 de agosto, estuvo privado de su libertad por un delito que no cometió, y, finalmente, en uno de los municipios al oriente del Estado de México, Amecameca, se registra una agresión a una defensora del derecho humanos al agua. La particularidad de los eventos antes señalados demuestra que la defensa de los diversos derechos humanos (que se han ganado a partir de una lucha histórica de los distintos grupos sociales) se encuentra vinculada de tal manera con los incidentes, que en tales casos se cumple con la definición de agresión vigente en la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas: “daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. 26

Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Diario Oficial de la Feredación, 25 de junio de 2012. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf> [29 de agosto de 2012]

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces Se ha observado también que quienes defienden bienes naturales, como el agua o bosques, tierra y territorio han sido blanco un mayor número de agresiones:

Tipo de derecho que se

Total de agresiones a

defiende

defensoras y defensores

Tierra y territorio

Derecho humano al agua

Derecho indígena

Vivienda digna

Asimismo, hemos analizado que el tipo de agresión que más es utilizada para lograr que las y los defensores en el Estado de México abandonen su labor social es la amenaza, el hostigamiento y la intimidación, después de estas agresiones, que son las más constantes, se hace uso de la agresión física, que generalmente ejecutan grupos de choque y, en menor medida, los cuerpos policiacos del Estado:

AGRESIONES A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de agresión

Total de incidentes registrados

Amenazas

Criminalización y Judicialización

Agresión Física

Encarcelamiento o privación de la

libertad Estigmatización

Hostigamiento

Intimidación

Persecución

Robo o ataque a inmuebles

Aunque se ha señalado que los cuerpos policiacos no son los que mayoritariamente consumaron las agresiones de las que se tiene conocimiento, es necesario aclarar que en la mitad de los casos, es decir, en veinte, efectivamente cometió las agresiones, que en diez de ellos se puede argumentar que actuó por omisión y que en los diez restantes se observa una violación a los derechos humanos por aquiescencia. Esto ha ocurrido a pesar de que la mitad de los defensores agredidos se encuentra incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por esta razón, hay motivos para argumentar que, pese a que el Mecanismo de Protección ha resultado una herramienta útil para salvaguardar la labor de las y los defensores, no

CONTRAINFORME 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces resulta suficiente para generar las condiciones necesarias con el fin de que quienes exigen, protestan y luchan, lo hagan en un contexto de mayor respeto a las diferencias y la libertad de expresión. Resulta evidente que existe una política de imposición por parte de los tres niveles de gobierno que se disfraza y encubre con un discurso de “progreso”, bajo cuya lógica se justifica cualquier proyecto. El gobierno de Eruviel Ávila ha recurrido a la negación de la diferencia y ha preferido acallar la crítica y la protesta.

El fuego de la digna resistencia cam ina en Toluca.

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Contrainforme 2015-2016. La realidad mexiquense desde otras voces

Fuego de la Digna Resistencia Twitter: @dignofuego Facebook: El Fuego de la Digna Resistencia Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Twitter: @cdhzl zeferinoladrillero.org Centro de D erechos Humanos Zeferino Ladrillero Coordinación General José Antonio Lara Duque Coordinación de Comunicación Monserrat Karina Bolaños Soria Coordinación de Documentación Gabriela Espejo Pinzón Coordinación de Educación Alejandra Cristal Hernández Juárez Coordinación de Enlace y Articulación Carlos Alberto Sampedro Carreño Coordinación de Defensa Jurídica Fabiola Vite Torres Itzel Alejandra Palestina Lozada Alejandra Peña Velázquez Denisse Aribel García Pérez Coordinación de Protección Personas Defensoras Verónica Rubí Olvera Torres Colaboradores de Pueblos y Organizaciones: Javier Zúñiga, Jorge Tadeo Vargas, Ricardo Ovando, Cesar Hernández

Fotografías: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Diseño: Argelia Zacatzi y Rigel De la Portilla Corrección de estilo y cuidado de la edición: Cristal Hernández y Gabriela Espejo. Agradecimientos: A la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todos y Todas, Red a la cual pertenecemos y de quien hemos recibido un respaldo institucional fundamental para nuestra labor. Al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social quien ha asesorado para la realización de este material.