TFG:VISIBILIZAVIÓN DE LAS POTENCIALIDADES DE LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO by Galicia Cidade e Territorio

VISIBILIZACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES DE LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO mecanismos espaciales de control social y de beneficio económico

miguel nogueira souto | TFG | ETSAC | 2016-2017

DATOS IDENTIFICATIVOS Autor: Miguel Nogueira Souto DNI: 48110339-C Referencia del TFG: Tutor: Xosé Manuel Vázquez Mosquera Curso académico: 2016/2017 Fecha de entrega: 20/02/2017

La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad (…) es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos (…) un derecho más colectivo que individual (…) que depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización Harvey, 2013: 20

resumen El presente trabajo pretende recoger y explicar, en un texto de lectura asequible, los principales mecanismos espaciales utilizados por una minoría de la sociedad para perpetuar sus privilegios y lucrarse económicamente a costa del colectivo. Para ello se revisan las principales teorías, análisis y estudios de caso sobre la producción del espacio.

resumo O presente traballo pretende recoller e explicar, nun texto de lectura accesible, os principais mecanismos espaciais empregados por unha minoría da sociedade para perpetuar os seus privilexios e lucrarse economicamente a costa do colectivo. Para iso revísanse as principais teorías, análises e estudos de caso sobre a produción do espazo.

El fin de esta tarea es demostrar a la sociedad el importante papel que la producción del espacio desempeña en la perpetuación de las desigualdades sociales existentes y la imperiosa necesidad de reclamar su control democrático como primer paso para reducirlas.

O fin desta tarefa é demostrar á sociedade o importante papel ca produción do espazo desempeña na perpetuación das desigualdades sociais existentes e a imperiosa necesidade de reclamar o seu control democrático como primeiro paso para reducilas.

summary This paper aims to collect and explain, in an accessible reading text, the main spatial mechanisms used by a minority of society to perpetuate their privileges and to profit economically from the collectivity. For this, the main theories, analysis and case studies on space production are reviewed. The purpose of this task is to demonstrate to society the important role that space production plays in perpetuating existing social inequalities and the imperative need to claim its democratic control as the first step to reduce them.

índice parte 1. PLANTEAMIENTO Y ALCANCE DEL TRABAJO 1.1 la importancia de adquirir conciencia acerca de las intenciones ocultas y las potencialidades desperdiciadas en los procesos de producción del espacio 1.2 el control colectivo de la producción del espacio, ¿una demanda existente? 1.3 alcance del trabajo parte 2. LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO COMO MECANISMO DE CONTROL SOCIAL Y DE BENEFICIO ECONÓMICO 2.1 el control del espacio como mecanismo de control social 2.1.1 mantenimiento del statu quo a través del diseño espacial

08 11 13

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2.1.2 mantenimiento del statu quo a través del crédito bancario

2.1.3 mantenimiento del statu quo a través de la normativa. La privatización del espacio público y la regulacuón de las actividades y de los comportamientos en el espacio público y colectivo

2.1.4 mantenimiento del statu quo a través de las nuevas políticas urbanas: la gestión de lo urbano como punta de lanza de las estrategias políticas al servicio de la ideología neoliberal 2.2 el control del espacio urbano como fuente de beneficio económico 2.2.1 la organización espacial como modo de incrementar los beneficios derivados del alquiler y venta de suelo por medio de la desposesión del colectivo y de la manipulación del crecimiento urbano

37 40

2.2.2 la organización espacial como mecanismo para incrementar el beneficio industrial. La escala global: la re-territorialización del sistema-mundo. La escala local: acabando con las des-economías urbanas

2.2.3 la organización espacial como potenciador de nuevos negocios

2.2.4 la organización espacial como reclamo para la venta. Los paisajes para el consumo

2.2.5 la organización espacial como manera de absorber el excedente

parte 3. CIERRE DEL TRABAJO 3.1 conclusiones 3.2 reflexión final

82 85

anejo. FUENTES DOCUMENTALES fuentes bibliográficas fuentes gráficas

90 100 5

parte 1

planteamiento y alcance del trabajo

1.1

LA IMPORTANCIA DE ADQUIRIR CONCIENCIA ACERCA DE LAS INTENCIONES OCULTAS Y LAS POTENCIALIDADES DESPERDICIADAS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL ESPACIO1 Las personas inteligentes y voluntariosas pueden crear o modificar el ambiente; los débiles, los irreflexivos y los indiferentes son dominados por él Elgin Gould, presidente de la City and Suburban Homes Company, Nueva York, s. XIX (citado en Sevilla, 2014, ponencia, 01:02:37)

Diversas estrategias espaciales se han utilizado en mayor o menor medida a lo largo de la historia para incrementar el beneficio económico de unos pocos y asegurar el control social de la mayoría (Lefebvre, 1978 y 2013; Harvey, 2007 y 2013). Sin embargo, en las últimas décadas presenciamos una notable intensificación y diversificación en su uso, tal y como lo demuestran las siguientes tendencias constatadas:2 En primer lugar, diversos autores han demostrado que, junto con los beneficios provenientes de las actividades financieras, las rentas y las plusvalías asociadas a la producción del espacio urbano representan un porcentaje cada vez mayor en los beneficios globales en detrimento de los beneficios derivados de la producción industrial (Harvey, 2013; Smith, 2015). Para estos autores esta tendencia es la consecuencia de un proceso, intrínseco al neoliberalismo, mediante el cual la riqueza colectiva es drenada hacia las manos de unos pocos mediante la privatización de recursos, propiedades y servicios hasta entonces públicos o colectivos (Harvey, 20043). En ello, como veremos, la producción del espacio desempeña un importante papel. En segundo lugar, nos encontramos con un importante aumento del uso del diseño espacial y la normativa a él asociada con el objetivo de controlar la oposición que la población pueda ejercer al proceso de desposesión colectiva y a la perpetuación

Con ‘producción del espacio’ nos referimos a la modificación del espacio a través de toda una serie de procedimientos, mecanismos y herramientas con el objetivo de favorecer unas relaciones determinadas.

Dichos cambios merecerían un trabajo adicional para identificarlos y clarificarlos suficientemente. En algunos puntos se profundizará a lo largo del trabajo; para el resto se remite al lector a la bibliografía reseñada.

Para referirse al proceso de trasvase de la riqueza colectiva a manos de unos pocos Harvey acuñó el concepto de ‘acumulación por desposesión’. Aunque lo desarrolla en El Nuevo Imperialismo (2003), en Harvey 2007, 2012 y 2013 se complementa.

de la jerarquía social existente (Davis, 2001, 2002 y 2004; Secchi, 2015), lo que generalmente se realiza de dos modos: mediante la ‘desactivación’ de los que hasta ahora fueron los principales lugares de sociabilización de la clase trabajadora4, y mediante la micro-segregación de la sociedad en grupos fragmentados y aislados social y espacialmente (creando así pequeños grupos incapaces de ejercer la presión suficiente para modificar el statu quo)5. En tercer lugar, la calidad y accesibilidad a ciertos servicios urbanos, las oportunidades de trabajo y/o sociabilización, y parte de las cargas económicas y de otra índole que cada individuo debe asumir, se encuentran cada vez más condicionadas por la zona en la que éste resida (Harvey, 2014). Y aunque en el sistema actual la ley de la oferta y la demanda y la capacidad económica del individuo considerado determinan en gran medida sus posibilidades de acceder a ciertas áreas residenciales, la ‘producción del espacio’ juega un papel fundamental en el equilibrio de las cargas y beneficios asociados a cada emplazamiento (Harvey, 2014; Soja, 2014). O dicho de otro modo: 4

Hasta ahora los principales lugares de sociabilización de la clase trabajadora fueron el espacio de trabajo (en particular la fábrica), los espacios colectivos (sobre todo la taberna) y el espacio público (la calle). La desactivación del lugar de trabajo como espacio de sociabilización se produce con los trabajos temporales (de pocas semanas e incluso días u horas) en los que es imposible conocer a los compañeros lo suficiente como para empatizar con ellos y en los que la sindicalización se vuelve una quimera (Standing, 2013; Harvey, 2007 y 2013). Ello deja al espacio colectivo y al espacio público como los únicos lugares potenciales de sociabilización de la clase trabajadora. Sin embargo, el espacio colectivo se somete a un fuerte control que elimina de su seno cualquier elemento perturbador, ya sea en forma de colectivo o actividad; y el espacio público se privatiza o es colonizado por la publicidad y enfocado hacia el consumo constante de productos y/o experiencias.

Mediante la planificación espacial se potencia, hasta cotas insospechadas, la fragmentación de la población en grupos homogéneos encerrados en recintos de forma voluntaria o forzada: mientras que hace dos siglos las clases medias y bajas compartían en buena medida el mismo espacio urbano, la tendencia actual apunta hacia la segregación física ya no sólo en función de la clase social (fundamentalmente determinada por la capacidad económica individual), sino también por gustos y afinidades dentro de un escalafón económico similar. La consecuencia es la ‘ciudad carcelaria’ (Soja, 2008), tal y como resulta palpable en América, África y Asia, y como comienza a serlo en Europa.

con la producción del espacio urbano se puede asociar selectivamente (y así se hace) toda una serie de cargas (costes) y beneficios (servicios) a determinados colectivos actuando sobre las zonas en las que éstos residen. Ejemplo de ello es la dotación (o no) de equipamientos urbanos específicos, la disponibilidad (o no) de medios de transporte público adecuados a sus necesidades, y la prohibición (o no) de las actividades consideradas nocivas de sus zonas. Estas tendencias parecen confirmar la hipótesis según la cual la producción del espacio desempeña un importante papel en el mantenimiento del statuo quo y, en consecuencia, en la perpetuación y agudización de las desigualdades sociales. Si esto fuera cierto, una producción del espacio urbano diferente podría disminuir las desigualdades existentes6 (Halbwachs, 1908; Harvey, 2014; Soja, 2014). Suponiendo válidas dichas hipótesis -que será necesario demostrar-, cabe cuestionarse qué es lo que impide la existencia de una producción del espacio más justa. Dado que, al igual que toda obra social, el espacio se conforma a partir de la confrontación de las distintas fuerzas (intereses) que concurren y actúan sobre él en un momento determinado, y que la actual producción del espacio parece beneficiar a una minoría, la respuesta a dicho interrogante debe buscarse en la debilidad de la fuerza que deben ejercer todos aquellos que se ven perjudicados por este estado de cosas.

Con ello no se pretende asegurar que por medio del control democrático de la producción del espacio urbano se pueda acabar con todas las injusticias sociales, pero creer que intervenir en la producción del espacio no es relevante para la consecución de una sociedad más justa es un error que reduce las posibilidades de revertir la situación actual. Se trataría, más bien, de traspasar una herramienta que está en manos de la minoría (que la ha usado en beneficio propio), a la mayoría, que tendrá que decidir qué hace con esta nueva capacidad. Como todas las herramientas, será buena o mala según el uso que se haga de ella. En el resultado final, la educación de la ciudadanía desempeñará, sin lugar a dudas, un papel primordial. Volveremos a ello en la reflexión que cierra el trabajo.

1.2

EL CONTROL COLECTIVO DE LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO ¿UNA DEMANDA EXISTENTE? La idea de ciudad como cuerpo político ha desaparecido. La ciudad consigue que la percibamos como un trabajo de arte independiente, admirable y criticable como tal, pero pierde por completo su carácter de cuerpo político Harvey, 2008: 117 Entre la mayor parte de la población española no parece existir la demanda de participar en la producción del espacio urbano1. Es cierto que existen colectivos y asociaciones que reclaman su participación en la conformación del planeamiento urbano, pero el grueso de la participación ciudadana relativa a cuestiones de planeamiento parece limitarse a alegaciones (individuales o colectivas) vinculadas a situaciones concretas que afectan a un reducido grupo de ciudadanos, lo que no da pie a hablar de una presión social que demande la verdadera democratización de la producción del espacio urbano. Esto nos lleva a reflexionar, tal y cómo hacía Lefebvre en 1974, acerca de los motivos que llevan a la población a sufrir sin rebelarse las manipulaciones que dañan sus espacios y vidas cotidianas. El filósofo francés pensaba que: es difícil que una indiferencia tan extraña pudiera mantenerse si no fuera porque la atención y el interés de los usuarios se desviase hacia otras cosas, si no se esquivasen con coartadas sus reivindicaciones y propuestas, si no se sustituyeran los objetivos vitales por objetos (Lefebvre, 2013: 109-110). Y es que, efectivamente, sólo el desconocimiento de las repercusiones que tiene la producción del espacio urbano en nuestras vidas cotidianas parece poder explicar por qué si bien la mayoría no duda en realizar alegaciones de temas concretos, delega en terceros las decisiones sobre, por ejemplo, el modelo urbano2. 1

Aunque en los últimos años del franquismo distintos movimientos ciudadanos ejercieran un importante papel opositor en lucha por los servicios urbanos básicos como consecuencia de las graves carencias en este ámbito (especialmente en los barrios obreros), con la legalización de los partidos políticos y la satisfacción de las necesidades más acuciantes, las demandas relativas a lo urbano han dejado paso a otras reivindicaciones que, no siendo menos relevantes, abandonan el importante campo reivindicativo de lo urbano (Capel, 1975 y 2013; Castells, 1979).

Ambas decisiones afectan a todos los ciudadanos, pero mientras los intereses y consecuencias detrás de un acto determinado pueden resultar fáciles de comprender –como la construcción de un vertedero en las proximidades de la vivienda propia-, los intereses y consecuencias detrás de un modelo urbano específico pueden ser más difíciles de captar para el grueso de la población, y ello sin contar con que los verdaderos intereses detrás

El problema está en que dicho desconocimiento posibilita que la producción del espacio sea controlada por los intereses privados de aquellos agentes urbanos que, además de ser conscientes de las potencialidades que ello conlleva, tienen el poder suficiente para influir en las decisiones de los políticos y técnicos encargados de la planificación espacial (Lefebvre, 2013). Por tanto, parece razonable pensar que, para que el control democrático de la producción del espacio urbano pase a ser una demanda social, uno de los pasos sea hacer ver a la mayoría de qué manera les afectan directamente dichos procesos, lo que implica realizar un análisis que muestre tanto las injusticias causadas por la actual planificación del espacio urbano como las posibilidades redistributivas vinculadas a una planificación democrática. Sin embargo, dicho análisis ya existe; al menos parcialmente. El problema parece residir en que la mayoría lo desconoce. No obstante, dado lo disperso de las teorías sobre los intereses que se esconden tras la planificación de lo urbano en múltiples autores y textos (algunos de los cuales resulta de difícil comprensión si no se parte de una formación previa), no parece que la solución consista en indicar a la sociedad los escritos fundamentales al respecto: al fin y al cabo, ¿cómo pretender que una persona que trabaje 8-10 horas fuera de casa, que tenga que emplear otras dos en ir al trabajo y volver, hacer las tareas domésticas, cuidar a sus hijos o mayores, y realizar distintas actividades, lea la abundante y compleja aportación de Lefebvre, Harvey y demás autores de referencia en la materia, si, además, a priori no aprecia que lo que exponen tenga incidencia en su vida diaria? Por tanto, para mostrar la importancia e incidencia que tiene la producción y gestión del espacio urbano a la gente cuya actividad profesional o cuyas aficiones no tengan nada que ver con ello, parece más adecuado recoger, en un único texto de lectura asequible, las aportaciones teóricas más relevantes al respecto. Y eso es lo que aquí, en parte, se intenta. El objetivo último es abrir un debate en el que seamos todos, con conocimiento de causa, los que vayamos ajustando y modificando un modelo urbano más justo.

de la producción del espacio urbano son ocultados por aquellos que se benefician de ella (Lefebvre, 2013).

1.3

ALCANCE DEL TRABAJO

Para mostrar la importancia que tiene la producción y gestión del espacio urbano a la gente cuya actividad profesional o cuyas aficiones no tienen nada que ver con ello, parece necesario, por una parte, esclarecer de qué modo la actual producción y gestión del espacio urbano repercute negativamente sobre su vida cotidiana, y, por otra, de qué manera y hasta qué punto una producción y gestión del espacio urbano diferente reduciría las desigualdades sociales existentes. Sin embargo, la dificultad inherente a estos objetivos y la extensión limitada que debe tener este texto obligan a centrarse aquí únicamente en la primera parte, en particular en el análisis de los principales mecanismos espaciales usados por los agentes urbanos más influyentes para beneficiarse de la producción del espacio urbano, dejando para otra ocasión tanto el análisis riguroso de las repercusiones directas que esto tiene sobre la mayoría de la población (que, de todos modos, irán saliendo a la luz en este texto), como las posibilidades redistributivas inherentes a una producción y gestión diferente. No obstante, para hacer viable esta primera aproximación, son necesarias otras dos acotaciones. En primer lugar, el trabajo tratará de la producción del espacio de la experiencia material, el espacio que la sociedad habita físicamente en su día a día, dejando para otro momento la producción del espacio ‘inmaterial’ (el espacio mental, el espacio simbólico, el espacio virtual, el espacio abstracto); aunque uno y otro estén íntimamente relacionados1 (Lefebvre, 2013). En segundo lugar, el texto se centrará en el espacio físico que el modo de producción capitalista impone, especialmente en los llamados países desarrollados, dejando para otra ocasión el modelo espacial que corresponde al modo de producción socialista.

De hecho, tendremos que recurrir a la producción del espacio ‘inmaterial’ (la producción y modificación del imaginario colectivo) y a mecanismos inmateriales (como las normativas) para explicar la producción del espacio físico.

parte 2

lA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO COMO MECANISMO DE CONTROL SOCIAL Y DE BENEFICIO ECONÓMICO

La acumulación de capital siempre ha sido una cuestión profundamente geográfica. Sin las posibilidades inherentes a la expansión geográfica, la reorganización espacial y el desarrollo geográfico desigual, hace tiempo que el capitalismo habría dejado de funcionar como un sistema político y económico

Harvey, 2007: 38

El hombre es un animal social: necesita cooperar con sus semejantes no sólo para sobrevivir, sino también para desarrollar una vida plena. Pero establecer la confianza personal como la clave de bóveda de la cooperación habría limitado mucho el número de miembros del grupo en cuestión y, con ello, el progreso de la humanidad, ya que el ser humano sólo es capaz de conocer lo suficientemente bien como para confiar en ellos a una cantidad muy limitada de personas (Noah, 2014). Por ello, para atender a grandes retos se hizo necesario recurrir a ‘constructos sociales’: ‘realidades imaginadas, algo en lo que todos creen. Mientras persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza’ que mantiene unido al grupo y le permite cooperar (Noah, 2014: 46). Los constructos sociales varían según la sociedad: desde las fuerzas sobrenaturales en las sociedades primitivas al dinero en la sociedad actual. De hecho, cada sociedad puede definirse como ‘un espacio y una arquitectura de conceptos, formas y leyes [específicos] cuya verdad abstracta se impone a la realidad de los sentidos, del cuerpo, de las voluntades y de los deseos’ (Lefebvre, 2013: 190). Lo que en último término define estos conceptos, formas y leyes abstractas es el modo de producción dominante o, lo que es lo mismo, ‘aquellos elementos, actividades y relaciones sociales que son necesarios para producir y reproducir la vida real (material)’ (Harvey, 2014: 208). Para su correcto funcionamiento, cada modo de producción necesita unos marcos institucionales, unas relaciones sociales y una organización espacial acordes. La organización institucional, social y territorial del feudalismo, por ejemplo, tiene muy poco que ver con la del capitalismo, y esto se debe a que son dos sociedades (dos modos de producción) distintos. Dado que cada modo de producción beneficia a unos y perjudica a otros, los primeros intentarán perpetuarlo mientras los segundos tratarán de derrocarlo. Y al depender el éxtio de cualquier modo de producción de que los marcos institucionales, las relaciones sociales y la organización espacial sean acordes a sus intereses, el enfrentamiento se trasladará, en parte, al control de dichos marcos. 16

Pero cuando un modo de producción agota sus posibilidades, o se siente amenazado por otro, se ve obligado a adaptarse para no ser sustituido; debe ir resolviendo las distintas dificultades que vayan surgiendo, ya estén causadas por su propio éxito o por circunstancias exteriores, lo que implica readaptar los marcos sociales, institucionales y espaciales (Lefebvre, 2013; Harvey, 2014). Es por ello que asistimos a una constante reestructuración del espacio social, institucional y físico llevada a cabo por quienes se benefician del modo de producción dominante con el objetivo de perpetuar su situación dentro del sistema social. En los últimos siglos el capitalismo ha sido el modo de producción dominante, lo que significa que es la producción1 la que organiza el marco institucional, social y espacial2: “el elemento producción es la base de la organización del espacio” (Castells, 1979: 159). A lo que asistimos es a pequeñas variaciones del modo de producción capitalista para sobreponerse a las dificultades que han ido apareciendo (Harvey, 2012): el neoliberalismo, por ejemplo, no es sino un reajuste del sistema capitalista frente a las condiciones que él mismo, previamente, había creado; a su vez, el modelo Fordista-Keynesiano, al que el neoliberalismo vino a sustituir, también fue otro reajuste que el sistema capitalista tuvo que realizar para sobrevivir a la crisis de sobreacumulación de finales de la década de 1920 y a la alternativa que el sistema comunista suponía. Y a cada una de estas fases del sistema capitalista le correspondió un marco social, institucional y espacial determinado. Con respecto a los modos de producción precedentes, el capitalismo destaca por la escala y por la intensidad de su actuación; y en ello la reorganización espacial desempeña una función esencial, tal y como expresa la cita de Harvey con la que se abre esta sección. A continuación veremos algunas de las estrategias en la que la producción del espacio ha sido usada por los privilegiados del modo de producción capitalista no sólo para mantener su posición, sino también para incrementar su patrimonio. Las agruparemos en dos grandes bloques: el control del espacio urbano como instrumento de dominación social y el control del espacio urbano como modo de extraer beneficio económico. No obstante, todas las formas que vamos a ver se encuentran íntimamente interrelacionadas, sólo las separamos para facilitar su análisis; será necesario comprenderlas como un conjunto para actuar en consecuencia. 1

Como veremos, el ‘tipo’ de producción encargada de organizar el marco institucional, social y espacial varía con el tiempo.

Para comprender las principales diferencias entre la organización regional capitalista y la organización regional socialista se puede acudir a George (1982: 222-282); para una pequeña introducción a los casos de China y Cuba, consultar Castells (1979: 79-89); el caso de la URSS es más complejo, ver Rodrigues (1979) y Roa (2016). Para un breve análisis de la organización espacial del modo de producción feudal, acudir a Harvey (2014: 262-273). Un rápido recorrido por las distintas organizaciones espaciales que ha experimentado la ciudad según los modos de producción dominantes se puede leer en Lefebvre (1972: 7-28; y 2013).

2.1

EL CONTROL DEL ESPACIO URBANO COMO MECANISMO DE CONTROL SOCIAL

El grupo de los ricos (…) aún a costa de reducir el espacio de la democracia (…) procura utilizar un conjunto de dispositivos, también de naturaleza espacial, para mantener a distancia a los que no forman parte de ellos... Secchi, 2015: 33

A las ansias de distinción que a lo largo de la historia han demostrado los más acomodados, hay que sumar la voluntad de mantener una posición privilegiada y el miedo al diferente para poder explicar las innumerables políticas y estrategias de exclusión y control (Secchi, 2015). De hecho, a medida que la desigualdad social aumenta, las políticas de distinción se van complementando con políticas de segregación. El peligro surge del hecho constatado según el cual a mayor segregación, menor conocimiento del otro, y, por tanto, menor empatía y mayor miedo al desconocido, lo que a su vez demanda mayor segregación; un círculo vicioso que se retroalimenta y que nos ha llevado a aceptar cotas de desigualdad social extremas1 (Sennet, 1997). En este apartado nos centraremos en analizar el modo en el que el diseño espacial y su normativa reguladora son utilizados como instrumento para mantener posiciones de privilegio.

Linda McQuaig y Neil Brooks demuestran que la distancia entre ricos y pobres es hoy mucho más elevada que la que existía entre los reyes y sus súbditos en la sociedad preindustrial (Brooks y McQuaig, 2014: 33-38).

2.1.1

Mantenimiento del statu quo a través del diseño espacial

Nuevas arterias (…) participarían en el combate emprendido contra (…) la revolución; serían vías estratégicas, que perforarían los (…) centros de revuelta, permitiendo (…) la llegada de la fuerza armada, enlazando (…) el gobierno con los cuarteles… Haussmann, 1932; citando en Benjamin, 2005: 155

Aunque quizás uno de los primeros colectivos en ser segregados espacialmente fueran los judíos en la Venecia del siglo XVI [1], las estrategias de segregación espacial se multiplican y explicitan con el inicio de la Revolución Industrial, y ello debido a que las pésimas condiciones de vida que tenía que soportar la clase trabajadora eran un caldo de cultivo revolucionario que amenazaba la estabilidad del sistema. Sirvan unos fragmentos de Engels (1845) para hacerse una idea de dichas condiciones: “El pobre obtiene un salario apenas suficiente para sobrevivir (…) el menor capricho del patrón, la menor coyuntura económica desfavorable, lo lanzará en el torbellino del cual ha escapado temporalmente” (pp. 68-69) “Las calles [donde habita la clase obrera] son sucias, llenas de detritos, sin cloacas ni cunetas, sembradas de charcas estancadas y fétidas. La ventilación se hace difícil por la mala y confusa construcción de todo el barrio (…) Las calles son tan estrechas y los inmuebles tan altos que la luz apenas puede penetrar en el patio o en el callejón que los separa” (pp. 70 y 81) “Gran número de alojamientos [se encuentran] en los sótanos, de donde surgen las siluetas de niños enfermizos y de mujeres en harapos medio muertos de hambre (…) Un hombre, su mujer, 4 o 5 niños, y a veces también el abuelo y la abuela [viven] en una sola habitación de 100 a 120 pies cuadrados [9’2-11’2 m2], dónde trabajan, comen y duermen (…) muchos no tienen más que harapos y su cama es un saco lleno de paja y viruta” (p. 73) “No hay cloacas ni retretes o lugares de desahogo dentro de las casas (…) todas las inmundicias, detritos o excrementos de miles de personas son lanzados en las cunetas (…) presenta un gran peligro para la salud de la población (…) [atestiguarán de ello] el alto grado que han alcanzo aquí las enfermedades” (p. 81)

[1] En las primeras décadas del siglo XVI los venecianos habían sufrido importantes derrotas militares y habían visto mermada su ventaja comercial por la apertura de otras vías marítimas. Achacaron estos y otros males a la condición moral que había adquirido la ciudad, especialmente a las actitudes de los extranjeros. Sin embargo, los venecianos necesitaban sus recursos y contactos para mantener el auge de la ciudad, por lo que no podían expulsarlos. Creyeron ver la solución en el uso de una proto-planificación espacial: agruparlos y confinarlos en edificios vigilados. Pero con los judíos era diferente: para los venecianos representaban los vicios más recusables y los consideraban portadores de enfermedades. Además, su gran número hacía imposible recluirlos en un edificio. Finalmente se decantaron por confinarlos en el Ghetto Nuovo, un distrito fácilmente controlable y sin actividad, alejado del centro ceremonial, rodeado de agua, únicamente conectado con el resto de la ciudad por un par de puentes y con sus edificios perimetrales cerrados en sus fachadas exteriores; un espacio segregado para un pueblo excluido (Sennet, 1997). Se trataba de uno de los primeros ejemplos de los ‘efectos multiplicadores del miedo generado por la retórica de la seguridad’ (Secchi, 2015). 19

“Todo lo que suscita aquí nuestro mayor horror y nuestra indignación es reciente y data de la época industrial (…) La disposición inicial era mala, ¿pero han hecho algo los propietarios y la administración para mejorarla cuando se han puesto a construir allí? Al contrario, (…) el aumento en el valor de los bienes raíces ha corrido parejo con el desarrollo industrial, y mientras más se elevaba, más frenéticamente se fabricada, sin consideración alguna por la higiene o la comodidad de los inquilinos, según el principio: Por inconveniente que sea una casucha, siempre habrá un pobre que no pueda pagar una mejor, siendo la única preocupación la de obtener la mayor ganancia posible” (pp. 104-105)

(izquierda) área periférica londinense parcelada y edificada conforme a las prescripciones de las bye-laws (derecha) ambiente residencial de la clase obrera en la ciudad En ambas imágenes se aprecia la falta de espacios públicos, la elevada ocupación del suelo, y la monotonía del paisaje, de las zonas destinadas a albergar la residencia de la clase obrera, a lo que hay que sumar la pésima calidad constructiva de las edificaciones y la falta de redes de abastecimiento y saneamiento

Todo ello tenía una repercusión directa en las diferencias de mortalidad entre clases sociales: en la Inglaterra del siglo XIX, por ejemplo, mientras la esperanza de vida de las clases altas y la nobleza era de 55 años, entre la clase obrera apenas sobrepasaba los 29 (Hall, 2013: 38). La burguesía, tras los repetidos estallidos revolucionarios que se produjeron en la primera mitad del siglo XIX como resultado de las condiciones de vida que se veía obligada a soportar la clase obrera, se percató de la necesidad de mejorar las condiciones de sus trabajadores si no quería asistir al triunfo del socialismo y, en consecuencia, a la pérdida de sus privilegios. Pero las revueltas sociales no era lo único que les preocupaba; la burguesía también temía verse afectada por las epidemias que se gestaban en los bloques malsanos

como resultado de las condiciones habitacionales de la clase obrera, el hándicap militar que dichas condiciones provocaba1, y las consecuencias que tendrían sobre dos de las instituciones consideradas fundamentales para la supervivencia del sistema: la iglesia y la familia2. 1

Era habitual que cuando el Estado llamaba a filas se encontrase con una población mermada por las enfermedades y la mala alimentación, incapaz de acudir al campo de batalla: el gobierno prusiano descubre dolorosamente que las regiones renanas no están en condiciones de proporcionar al ejército el contingente humano necesario, por razones de salud; y en Francia, en 1840, de cada 10.000 jóvenes que son llamados a filas, 9.000 son declarados inútiles para el servicio (Sica, 1981c: 1146).

El informe de la Comisión que se formó en 1894 en Nueva York para estudiar las condiciones de habitación de la población concluía lo siguiente: Una ambición sin límites [por parte de los promotores] ha ido reduciendo las medidas de estas viviendas hasta que han llegado a ser tan pequeñas que la vida familiar ha desparecido, y sus miembros han sido expulsados y esparcidos. El padre en la taberna; los más jóvenes en la calle en medio de los lugares de diversión y de los lugares de bebida; los chicos vagabundean en pandillas, las chicas en la calle… La redención de la gente que vive en estas viviendas depende de la posibilidad de que la familia, la unidad más conservadora de la civilización, pueda volver a compartir un espacio, con luz y aire natural, donde pueda cultivar las artes domésticas (…) Los distritos de pisos de alquiler (…) son centros de enfermedad, vicio y crimen, donde lo extraordinario no es que los chicos crezcan y se conviertan en ladrones,

(izq) habitación comunal Vienna, 1869 (der) vivienda obrera tipo en bloque colectivo en las dos imágenes se aprecia el hacinamiento y las condiciones de insalubridad y promiscuidad (un sólo ambiente para la cocina y la zona de descanso; escasez de iluminación natural y de ventilación; una sola cama para toda la familia) en las que se veía obligada a residir la clase obrera

[2] El ejemplo paradigmático a este respecto, por su tamaño, precocidad y repercusión, es el París de Haussmann. A su llegada al poder Napoleón III decide intervenir sobre la ciudad de París con múltiples objetivos, entre ellos el control de las revueltas. En los levantamientos previos el pueblo se había aprovechado de las tortuosas y estrechas calles de la capital para defenderse del ejército, cuya movilidad y capacidad de acción se veía gravemente reducida en ellas. Más importante: las protestas siempre se iniciaban en los grandes bloques en los que se hacinaban miles de obreros explotados. Por ello, Napoleón III, con la ayuda de Haussmann y el apoyo de la burguesía (temerosa tras la revuelta socialista de 1848) decidió actuar sobre la ciudad para dificultar las revueltas. En primer lugar, conectó los puntos susceptibles de ser tomados por el pueblo con anchas avenidas por las que el ejército se desplazaría con rapidez evitando las barricadas y el lanzamiento de adoquines desde los tejados. En segundo lugar, trazó las nuevas avenidas por las parcelas ocupadas por los grandes bloques en los que habían comenzado las protestas anteriores, expulsando a sus habitantes a la periferia y alejándolos así de las sedes del poder. En tercer lugar, se derribaron las casas adosadas a las sedes del poder (el Ayuntamiento, los palacios urbanos, los cuarteles de policía…) para facilitar su defensa en caso necesario. Además, se crearon nuevos cuarteles de policía en sus proximidades. La revisión de las normativas de edificación, suprimiendo los elementos que dificultasen la acción del ejército, y la instalación del triple de farolas para evitar zonas oscuras en la noche parisina, fueron otras estrategias empleadas para facilitar el control de la ciudad (Benevolo, 1996; Harvey, 2008; Sica, 1981b). (pág siguiente, arriba) barricadas en la calle Saint-Maur durante el levantamiento popular de 1848 (abajo) trazado del boulevard Sébastopol superpuesto al anterior tejido edificado medieval en el que habitaba la clase obrera. Se aprecia claramente la diferencia de sección de calle entre uno y otro 22

Educarlos en las buenas costumbres y mejorar sus condiciones habitacionales era, por tanto, prioritario3, pero no por ello la burguesía renunció al control espacial como instrumento para mantener el poder: la planificación urbana se usó tanto para disminuir la posibilidad de revueltas como para facilitar el control de la población en caso de que se produjeran [2]. Aunque estas medidas se aplicaron a aglomeraciones existentes, donde más claro puede apreciarse el uso de la organización espacial como herramienta de control social es en los asentamientos creados exnovo durante la Revolución Industrial, en los que la planificación dictada por los intereses empresariales se realizó sin una estructura espacial preexistente que condicionara la solución final. Los poblados industriales (company-towns) son un ejemplo de ello (Sica, 1981c). Los primeros nacen vinculados a aquellos lugares en los que abundan los materiales o en los que se encuentran las fuentes de energía requeridas por la industria, que en general están alejados de los núcleos de población existentes. Dado que conectarlos con ellos no resulta rentable con los medios de transportes disponibles por aquel entonces, se decide construir las viviendas de los obreros en el propio lugar de trabajo. Y esta circunstancia será utilizada por los patronos tanto para recuperar parte del salario que paga a los obreros (ofreciéndoles los servicios y el alojamiento que precisaban) como para lograr su sumisión4 (Sica, 1981c; Ullán de la Rosa, 2014). borrachos y prostitutas, sino que muchos de ellos lleguen a convertirse en personas decentes y respetables (DeForest y Veiller, 1903; citado en Hall, 2013: 45-47). 3 Un buen ejemplo de ello es la iniciativa ‘Chicago Area Project’: educación (inculcación de nuevos valores), intervención social (apoyo en la gestión del barrio y en los conflictos sociales existentes) y mejora del entorno urbano (con medidas encaminadas a elevar la autoestima de los residentes a base de crear un entorno más amable, menos decadente, entre las que destacaba la sustitución de los elementos degradados, como las estructuras en ruinas, la sustitución de las ventanas rotas o la retirada de vehículos abandonados) (Ullán de la Rosa, 2014). 4

“El verdadero proyecto que se ocultaba tras la imagen benefactora e idílica del poblado modelo era la creación del obrero modelo” (Sica, 1981c: 907; ver también Ullán de la Rosa, 2014: 131-134). El patrón instauraba estrictas normas de conducta, regulaba las actividades permitidas, establecía actividades obligatorias (como la asistencia a misa diaria o a cursos de ahorro) e implantaba una educación controlada para los más jóvenes con el objetivo de moldear a los futuros trabajadores. Además, rechazaba la entrada en el poblado de elementos considerados perturbadores (como el alcohol u obreros con ideología política) e intentaba inculcar a los obreros el respeto a la propiedad convirtiéndolos en dueños de pequeñas viviendas que tendrían que pagar a lo largo de su vida. El objetivo era que, al tener algo que perder, sus obreros no se revelasen contra él. Ni que decir tiene que el coste total de la vivienda, aunque dividido en pequeños pagos, era mucho mayor del que le correspondería atendiendo a su calidad y tamaño; pero la falta de competencia y las peores condiciones que le esperaban al obrero en los alojamientos de la ciudad, permitía a los patronos chantajearles para que aceptasen la sumisión que les demandaban. Para los industriales la mejor solución al problema social era el control y la propiedad; en palabras de Luzzatti:

En la mayoría de los poblados se solía repetir el mismo esquema espacial: mientras los obreros vivían en pequeños edificios colectivos o en modestas viviendas unifamiliares repetidas en alineaciones rígidas5, los patrones gozaban de generosas casas individuales, mucho más espaciosas y dispuestas siguiendo un orden más orgánico; incluso era habitual la diferenciación de las viviendas de ocupaban los obreros según su posición dentro de la empresa6. No menos importantes fueron las estrategias espaciales desplegadas en las colonias con el fin de asegurar el control de los recursos y de las poblaciones locales (Sica, 1981c). A la reorganización territorial que se impuso desde Europa ayudaron los miles de kilómetros de infraestructuras (predominantemente ferrocarriles y canales) cuyo único fin era conectar las fuentes de recursos naturales de África y América Latina con los grandes puertos locales, existentes o construidos exprofeso, desde los que partían barcos cargados de las riquezas expoliadas hacia los muelles europeos, primero, y norteamericanos, después7. Pero también fue necesario crear nuevos barrios para albergar a los europeos y norteamericanos encargados de ‘gestionar’ y controlar las plantaciones y yacimientos minerales. El común denominador fue una férrea segregación entre la población local y los ‘administradores’ con el argumento de que los autóctonos pertenecían a una raza inferior: lo habitual era que los administradores habitaran en barrios formados por villas unifamiliares con sus propios centros de comercio y trabajo, mientras la población local se amontonaba en condiciones infrahumanas en las peores zonas de la ciudad. Amplias carreteras y franjas verdes separaban ambas zonas reforzando la segregación8. “el muchacho pasa del parvulario a la escuela, de la escuela a la fábrica, de la fábrica a su limpia casita propia, adquirida con el método de abonar cuotas pequeñas y graduales de amortización. [Si] todos los fabricantes (…) imitasen este ejemplo, veríamos cómo la Internacional [Socialista] perdía muchas probabilidades de éxito entre unos operarios contentos y plegados al noble egoísmo de la propiedad privada” (Luzzatti, 1876; citado en Sica, 1981c: 956).

Existen muchas similitudes entre el Plan de la Fase 1 de Auschwitz, con dos zonas claramente identificables (la de los prisioneros, con un orden rígido; y la de las viviendas de los carceleros, con un orden menos geométrico) y la mayor parte de los poblados industriales.

Los ejemplos que podríamos recoger son muchos; tal vez algunos de los más representativos sean los poblados de Saltaire (Inglaterra), Schederhof (Alemania), Rossi y Solvay (Italia) y Lowell y Pullman (Estados Unidos). Para un análisis detallado, ver Sica (1981b y 1981c).

Tal vez el mejor relato sobre la historia de América Latina y el expolio que sufrió por parte de Europa y Estados Unidos sea el ensayo Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano (1982). Para comprender el proceso de urbanización de los países ‘explotados’ y las causas estructurales subyacentes, ver Castells (1979: 49-78) y Davis (2014).

Las Leyes de Indias, promulgadas por la Corona Española a principios del siglo XVI, quizás

Pero el hecho de que todos estos ejemplos que hemos ido citando sean referentes al pasado no quiere decir que en la actualidad se haya renunciado al control del espacio para mantener separado todo aquello que resulte molesto o peligroso; más bien al contrario, su uso cada vez es más habitual (Davis, 2001). Al respecto resulta interesante conocer algunos de los motivos que afianzaron el uso de la zonificación como instrumento urbanístico (Mancuso, 1980). Aunque como veremos más adelante el zonning fue creado en Alemania como un instrumento técnico al servicio de los más pudientes para evitar que el crecimiento caótico de la ciudad industrial lastrase el beneficio empresarial, en Estados Unidos su aplicación respondió a la voluntad de los grupos más influyentes de excluir de su entorno a ciertos grupos y actividades consideradas molestas y/o peligrosas [3] En Estados Unidos no existían los problemas de espacio de las ciudades europeas ni las condiciones de habitación de la clase obrera se encontraban entre las preocupaciones de la burguesía debido a que la posibilidad de una revolución socialista era algo mucho más lejano que en el continente europeo por motivos culturales. Lo que preocupaba a la burguesía era que ciertas actividades que consideraban molestas (como la industria o las viviendas de los pobres) se instalasen cerca de sus viviendas y lugares de ocio, pues ello reducía el valor económico de sus bienes inmuebles y alteraba su tranquilidad. Como solución adoptaron una herramienta, el zonning, que les permitía segregar en el espacio las distintas actividades y densidades residenciales: prohibida la instauración de las fábricas cerca de los barrios ricos y regulada la superficie construible en distintas zonas de la ciudad, el mercado se encargaría de hacer el resto: las bajas densidades permitidas en las zonas burguesas harían que los pobres no pudiesen afrontar el precio de la parcela mínima y la construcción de la vivienda, con lo que la única solución que les quedaba era recurrir a terrenos y viviendas en otras zonas más baratas de la ciudad (Mancuso, 1980)9 Pero las estrategias para lograr la segregación son mucho más variadas. Al zonning se une la disposición de barreras físicas, la privatización y militarización del espacio público, la manipulación del imaginario colectivo y la regulación de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la calle.

sea el intento más completo por regular la vida de una población conquistada. En ellas se establecía, con gran detalle, los aspectos religiosos, culturales y administrativos que debían adoptar, sin olvidarse de la reorganización territorial y el diseño espacial de las nuevas ciudades. Destacables son también las medidas que Francia, Inglaterra e Italia, entre otros países, promulgaron para controlar sus ‘posesiones ultramarinas’. 9

Con el tiempo, el origen clasista del zonning se fue olvidando, haciéndolo pasar por una herramienta neutral que beneficiaba a todos en la medida en que, al mismo tiempo que lograba regular un funcionamiento más eficiente de la ciudad, permitía separar las viviendas obreras de las fábricas y, con ello, mejoraba la salud de los trabajadores. Para estudiar el proceso temporal en el que las connotaciones raciales y económicas que impulsaron la creación del zonning son olvidadas hasta convertirlo en una herramienta aparentemente neutral al servicio de todos, ver Mancuso (1980).

[3] Dos ejemplos ilustran este hecho (Mancuso, 1980). El primero de ellos tiene lugar en Modesto, California, en 1885. Allí el problema para los más acaudalados era la presencia de la inmigrantes orientales, en particular chinos, ya que según ellos se entrometían en los negocios locales y campaban a sus anchas por el centro de la ciudad. El Tribunal Supremo había rechazado los distintos intentos de la administración local por acabar con la inmigración por considerarlos anticonstitucionales, pero el poder local se dio cuenta de que el sustento principal de los orientales en Modesto eran los negocios de lavanderías públicas, que regentaban prácticamente en exclusiva en el centro de la ciudad. Éstas, además, servían de punto de encuentro para los recién llegados: el lugar dónde encontraban apoyo, consejo y, muchas veces, su primer trabajo. Por ello decidieron prohibir su instalación en el centro urbano alegando motivos de ‘tranquilidad’ y ‘seguridad’. Y al tratarse del veto a una actividad, permitida en otras partes de la ciudad, el Tribunal Supremo no podía objetar discriminación por motivos de raza. La solución resultó exitosa: las lavanderías cerraron y los chinos desaparecieron del centro urbano. Otro caso similar tuvo lugar a principios del siglo XX en la Fifth Avenue, Nueva York. Al lado de las familias más poderosas de la ciudad y de las lujosas tiendas que las acompañaban comenzaron a asentarse pequeños comerciantes y artesanos atraídos por el carácter comercial de la calle y las posibilidades que esto les brindaba. Un constante tráfico de mercancías empezó a apoderarse de la avenida en ciertas horas del día para abastecer a los pequeños negocios recién llegados. Los antiguos residentes, todos con gran influencia política, exigieron a las autoridades la expulsión de los recién llegados en busca de la tranquilidad perdida. Tras investigar distintas soluciones, los políticos acaban escogiendo un instrumento urbanístico que por entonces estaba teniendo éxito en Alemania: el zonning.

En primer lugar toda la ciudad se va organizando en una serie de recintos ‘fortificados’ en los que distintos grupos sociales se confinan de forma voluntaria o forzada: mientras los más pudientes deciden recluirse en urbanizaciones cerradas con todos los servicios necesarios, el derecho de admisión reservado y guardias de seguridad privados y armados10; a los pobres se les obliga, de distintos modos, a residir en barrios de vivienda protegida (en el mejor de los casos) o a apartarse a donde ‘no molesten’11 (Soja, 2008). La determinación de qué zonas se reservan para los ricos y cuales para los pobres proviene, en parte, del precio del terreno, sobre el cual la administración puede influir. Por ejemplo, con la zonificación de la ciudad por densidades los técnicos de la producción del espacio pueden intervenir para que ciertas áreas se destinen únicamente a vivienda unifamiliar o a vivienda colectiva, y, consecuentemente, a segregar a la población por su poder económico, ya que el precio que tiene una vivienda que por normativa tenga que contar con un terreno de 1000 m2 es, a igualdad del resto de factores, mayor que la misma en una parcela de 200 m2. También pueden influir en el precio con la dotación de equipamientos y espacios libres si estos no se encuentran razonablemente repartidos por el tejido urbano: el precio de una vivienda no será el mismo si se encuentra en un entorno con amplias zonas de esparcimiento y buenos equipamientos, o en uno mal equipado y congestionado (Harvey, 2014). La planificación de los medios de transporte tiene un peso particularmente importante en la segregación espacial: una zona conectada a la ciudad con autopistas y sin transporte público (o con escasas frecuencias) obliga a sus residentes a tener vehículo privado, lo que implica unos gastos que ciertos estratos de la población no pueden afrontar. Pero de igual modo influye el tipo de transporte público que se prevea: 10 Las comunidades cerradas, o ‘gated-communities’, suponen la privatización de partes del territorio en favor de una serie de personas acomodadas con los recursos y la influencia suficiente para presionar a los representantes públicos en esa dirección. Cada vez más habituales en Europa (la urbanización La Finca en Madrid es un buen ejemplo de ello), su presencia destaca en el continente americano, particularmente en Sudamérica. En 1997 “Blakely y Synder estiman que hay por lo menos 20.000 [comunidades cerradas] con más de tres millones de viviendas y 8’4 millones de residentes” solo en Estados Unidos (Soja, 2008: 442). 11 Davis relata cómo en algunos de los conjuntos de viviendas protegidas la policía: “ejerce un control creciente sobre la libertad de movimientos (…) Los residentes pueden ser detenidos y cacheados en cualquier momento, y la privacidad de sus casas puede ser violada sin orden judicial. (…) En una ciudad con la mayor escasez de viviendas de toda la nación, los habitantes de las viviendas subvencionadas, antes el temor de un desahucio, cada vez se muestran menos dispuestos a reclamar que se respeten sus derechos” (Davis, 2001: 15) El proyecto de viviendas Imperial Courts, en el gueto de Watts-Willowbrock (Los Ángeles), es un claro ejemplo de ello: cacheos a la entrada y a la salida, control de los visitantes y toques de queda nocturnos son algunas de las condiciones que tienen que aceptar los residentes en una vivienda de protección oficial.

(pág anterior) vista aérea del encuentro entre la favela Paraisópolis y un área de apartamentos de lujo en São Paulo, Brasil. Se trata de un caso extremo de segregación espacial, pero no por ello inusual en América Latina, África y ciertas partes de Asia. 27

un sistema radial que conecte el centro con la periferia (y viceversa) puede favorecer el movimiento de aquellos que viven en los suburbios y trabajen en el centro (generalmente personas con alta capacidad económica). Sin embargo, un sistema de transporte público que cubra gran cantidad de superficie (como el formado por una densa malla de líneas de autobuses) es mucho más favorable para la gente con escasos recursos. Para entenderlo tenemos que ponernos en la piel de una persona pluriempleada y sin vehículo propio, que es lo habitual entre la población pobre con trabajo, cada vez más habitual. Si vivimos en los barrios degradados del centro y tenemos que ir hasta un barrio periférico a limpiar una casa, el movimiento a realizar es desde el centro hasta la periferia; si tuviéramos suerte y viviésemos y trabajásemos cerca de las paradas del transporte público, podríamos arreglarnos con una línea de cercanías. Sin embargo, si al acabar de hacer las tareas contratadas en la primera vivienda tenemos que ir a otra que se encuentra en otro barrio periférico para complementar nuestro sueldo, desplazarnos en un sistema radial implicaría volver al centro para coger la nueva línea que, desde allí, nos llevara al segundo destino, por lo que el movimiento sería de la periferia al centro y del centro de vuelta a la periferia, perdiendo un tiempo del que quizás no dispongamos. Por el contrario, una densa red de autobuses, que además suelen tener precios más asequibles, nos permitiría combinar dos líneas, una en dirección centro-periferia y otra en sentido circular/anular (barrio periférico-barrio periférico) sin pasar por el centro innecesariamente. La injusticia detrás de la planificación de los medios de transporte, y particularmente el caso comentado, ha sido demostrada y denunciada en múltiples ocasiones12 (Soja, 2014). Otra manera que tiene la administración para restringir el posible contacto entre dos zonas con poblaciones claramente diferenciadas es interponer barreras entre ambas y eliminar las conexiones preexistentes (Davis, 2001). Pero la segregación también se produce con la privatización del espacio público. Muchos de los nuevos edificios reniegan de la calle: encerrados en un recinto claramente delimitado, o conectados entre ellos por pasarelas elevadas o basamentos enterrados, contienen en su interior todo lo necesario para no tener que salir al espacio público: el trabajador de clase media, residente en las afueras, puede llegar con su coche directamente al aparcamiento privado de su lugar de trabajo a través de una serie de autopistas rápidas subvencionadas por el estado, así como realizar cualquier compra, consumición o descanso en los espacios interiores de las edificaciones conectadas por las pasarelas elevadas o subterráneas. La consecuencia, al ser éste un espacio privado con acceso controlado, es la estratificación de las personas por razas y clases sociales: mientras buena parte de las clases medias y altas desaparecen del espacio público, todo aquel al que se le niega el acceso es relegado a la calle. Lo paradójico es que, dado que muchas de estas actuaciones están subvencionadas por fondos públicos bajo la excusa de la creación de espacios resguardados de las inclemencias meteorológicas, aquellos a los que se le prohíbe la entrada han pagado, con sus impuestos, su propia exclusión (Boody, 2004) .

12 Uno de los ejemplos más importantes fue la demanda colectiva interpuesta contra la Autoridad del Transporte Metropolitano de Los Ángeles por una agrupación de organizaciones que representaban a usuarios que dependían del transporte público (Soja, 2014: 19-32).

También se intenta impedir o dificultar la presencia de ciertos colectivos en algunos espacios públicos mediante el diseño espacial y el del mobiliario urbano en ellas instalados: para evitar que las personas sin vivienda tengan dónde dormir, protegerse, asearse y/o beber, se diseñan bancos en los que no sea posible tumbarse, se colocan aspersores en zonas sin vegetación, se suprimen las zonas al resguardo de la lluvia y el sol, y se reduce la cantidad de fuentes y aseos públicos. Además, a los restaurantes y supermercados de éstas zonas se les obliga a mantener protegidos sus residuos hasta que sean retirados por los servicios municipales para evitar la presencia de gente sin recursos rebuscando en la basura (Davis, 2001 y 2004; Soja, 2008) [4] Pero las medidas de exclusión no son sólo físicas ni apreciables a simple vista; a los muros, a las infraestructuras y a la presencia policial se suman señales intimidatorias, distancias insalvables y normativas de conducta. Sobre las primeras, el diseño arquitectónico juega un papel importante: los edificios institucionales, los centros de ocio y comercio, y las viviendas privadas, se están volcando hacia el interior, dando la espalda al espacio público y mostrándole una imagen opaca e impenetrable. Allí dónde las desigualdades son más patentes, las casas de la clase media-alta que no puede recluirse en urbanizaciones cerradas ya no exhiben su opulencia al exterior e intentan pasar desapercibidas bajo apariencias humildes. Por su parte, las instituciones demandan que sus nuevos equipamientos sean ‘fácilmente defendibles’, lo que implican grandes muros y pequeñas aberturas13. Otras estrategias de diseño espacial se encaminan hacia el mismo objetivo: la aplicación del esquema panóptico a la arquitectura civil y las múltiples cámaras de 13 Ejemplo de ello fueron las peticiones que la Fundación Samuel Goldwyn trasladó a Frank Gehry para su nueva biblioteca en Hollywood. Claro que, como demuestra Mike Davis, Gehry ya se encontraba familiarizado con la arquitectura defensiva (Davis, 2004).

[4] En la reurbanización del centro de los Ángeles, particularmente en Skin Row, se suprimieron los lavabos públicos que incluía la propuesta inicial por consejo de la policía (que contó con representación en el equipo de diseño del proyecto). Con ello, y tal como declaró a posteriori el presidente de la junta de diseño, se pretendía evitar la presencia de personas sin techo en el nuevo barrio de lujo. Para suplir su función se confió en los lavabos de los restaurantes, galerías de arte y edificios de oficinas, que ‘podrían estar selectivamente a disposición de los turistas y del personal de oficinas, y prohibidos a los vagabundos y otras personas inadecuadas’ (Davis, 2004: 184-185). Con el mismo objetivo se suprimieron las fuentes y las zonas de sombra. (izq) modelo de marquesina de transporte público comenzado a instalar en 2014 en Madrid, con el Partido Popular en la alcaldía. El elemento central en el asiento está destinado a evitar que pueda ser utilizado para recostarse sobre él, una medida que muchos han interpretado como un intento de evitar que las personas sin hogar pasen la noche en ellas (der) clavos metálicos en el alféizar del escaparate de una tienda londinense para impedir que se sienten en él las personas sin hogar 29

seguridad y los carteles que lo recuerdan, inducen en los individuos una sensación de vigilancia permanente que coarta su libre actuación garantizando el funcionamiento automático del poder sin necesidad de que éste se esté ejerciendo de forma presencial (Davis, 2004). Con respecto a las distancias insuperables como medida de exclusión, sirva el siguiente supuesto como ejemplo: dos zonas de la ciudad separadas cinco kilómetros de distancia y sin conexiones de transporte público entre ellas, una con buenos equipamientos, servicios y espacios de esparcimiento, y la otra sin ellos (una situación nada extraña en el nuevo tejido urbano); para una persona cuya escasa capacidad económica la haya obligado a residir en la zona sin equipamientos públicos, y que por el mismo motivo carezca de vehículo privado, dicha distancia puede ser suficiente para hacerla desistir en su intento de ir a pasear o a disfrutar de los servicios públicos de la zona bien equipada sin necesidad de muros o alambradas intermedias. Otro ejemplo: si no existe un refuerzo simultáneo de los distintos medios de transporte público que subsane las posibles deficiencias al respecto, el establecimiento de una tasa especial a la circulación de los vehículos privados en ciertas zonas urbanas, limita las posibilidades de acudir al centro que tienen los ciudadanos de escasos recursos que habitan en la periferia. Es decir, mediante una medida que en principio parece responder al interés general (ya que su objetivo declarado es reducir la congestión urbana y la emisión de gases de efecto invernadero), se dificulta a la gente con escasos recursos el uso y disfrute de los servicios, equipamientos y espacios libres del centro urbano y que, con sus impuestos, han ayudado a sufragar. Aunque la mayoría de los casos aquí expuestos pertenecen a la sociedad americana, nos engañaríamos si creyésemos que esas estrategias de segregación nos son ajenas. A poco que reflexionásemos, nos percataríamos de las dificultades que existen para el acceso a según qué zonas de la ciudad, de los motivos y objetivos no explícitos que están detrás del diseño y disposición del mobiliario urbano, o de lo que implican las normativas y zonificaciones que afectan a nuestras ciudades en términos de segregación social 14.

14 Una simple búsqueda en periódicos nacionales de cualquier espectro ideológico basta para encontrarse con múltiples pruebas al respecto (Gonsálvez, 2014; Martiarena, 2014; Redacción de la Gaceta, 2014).

2.1.2

Mantenimiento del statu quo a través del crédito bancario

En una economía capitalista bien desarrollada, son necesarios grandes desembolsos iniciales a fin de realizar inversiones en el entorno construido; [por tanto], las instituciones financieras desempeñan un notable papel en los mercados inmobiliarios urbanos Smith, 2004: 112

La denegación de crédito por parte de las instituciones bancarias es otra manera de segregar espacialmente a la población. En general existen tres motivos por los cuales un banco puede denegar el acceso al crédito a un ciudadano: por un cálculo riesgo/beneficio, por prácticas discriminatorias, y por especulación con la producción del espacio urbano. En el primer caso las instituciones bancarias alegan riesgo de impago para no conceder créditos a personas con pocos recursos, lo que provoca que, dada la escasa capacidad económica de ahorro de este colectivo, tengan que recurrir a la forma de acceso a la vivienda con un coste inmediato inferior (el alquiler) en las zonas más baratas (que coinciden con aquellas degradadas)1 (Harvey, 2014; Smith, 2012). Pero los bancos también pueden negarse a financiar a ciertos colectivos por cuestiones de etnia o religión, lo que puede ser favorecido o penado por parte de las distintas administraciones públicas. Normalmente se esconden los motivos raciales detrás de argumentos de riesgo de impago, ya que estos colectivos suelen pertenecer a los estratos más pobres de la población. Sin embargo, dicha justificación se demuestra falsa cuando a esos mismos colectivos se les otorgan créditos en otras zonas de la ciudad2. Así mismo, las cuantías y condiciones con las que en Estados Unidos se dieron créditos 1

El precio que pagan los colectivos con menor capacidad económica por el alquiler de una vivienda, a pesar de ser el más bajo en valor absoluto, es el más elevado si se tiene en cuenta el porcentaje de sus ingresos que supone y el estado deplorable de las viviendas que reciben a cambio. Véase Harvey (2014: 125-204).

La crisis global de 2007, iniciada en Estados Unidos, estuvo motivada por la concesión indiscriminada de créditos hipotecarios a personas que no podían hacer frente a los pagos. Dichas hipotecas estaban localizadas, predominantemente, en zonas de la clase trabajadora. Los motivos los veremos en el apartado 2.2.5 del presente trabajo.

a los anglo-americanos de clase media se han demostrado tan temerarias que el argumento del riesgo de impago para no facilitar el crédito a otros colectivos se vuelve inverosímil (Harvey, 2013; Ullán de la Rosa, 2014). Dado que la mayor parte de la población no puede adquirir una vivienda sin acceso al crédito, y que los precios de la misma varían considerablemente dependiendo de la zona en la que se encuentre, la capacidad de decidir el destinatario y la cuantía de la financiación permite controlar la distribución espacial de la sociedad y, en consecuencia, otorga la potestad de segregar espacialmente a ciertos colectivos (Harvey, 2014; Smith, 2012), como la historia nos ha demostrado [5] Existe una tercera razón para denegar el crédito en ciertas áreas del tejido urbano: forzar su degradación para posteriormente beneficiarse de su ‘renovación’. Negando la financiación para la compra y/o rehabilitación de las edificaciones existentes, los bancos buscan acelerar el proceso de degradación que amenaza una zona determinada. La consecuentemente caída de los precios inmobiliarios que se produce en ese momento permite a los bancos adquirir los terrenos a precios muy reducidos, lo cual permite elevar el beneficio derivado de la venta de las viviendas rehabilitadas a las clases medias y altas que, años atrás, huyeron de la zona por su proceso de degradación. El negocio es inmejorable: inversión reducida, precio de venta elevado, y subvenciones estatales para ‘facilitar la renovación urbana y atraer a nuevos residentes con capacidad económica a la ciudad’ (Castells, 1979; Harvey, 2013; Smith, 2012). Pero esta estrategia se explicará con mayor detalle cuando se aborde la gentrificación (apartado 2.2.1 del trabajo).

[5] A partir de 1937, la administración estadounidense creó cientos de mapas que zonificaban las 239 principales ciudades norteamericanas según el riesgo de inversión en cada área de la ciudad. Estas áreas coincidían con la distribución racial en el espacio: En los extremos estaban las zonas tipo A, delimitadas en verde, con máximas garantías de inversión (que coincidían con los nuevos suburbios blancos) y las zonas tipo D, delimitadas en rojo, con nula garantía de inversión (que coincidían con los viejos barrios de la ciudad, ahora ocupados ya mayoritariamente por no blancos) (Ullán de la Rosa, 2014: 97). Estos mapas eran luego utilizados por las entidades bancarias para conceder o denegar el crédito hipotecario, tratando por igual modo a todos aquellos que vivieran en la misma zona. (pág ant) Mapa de clasificación del riesgo crediticio de Filadelfia según las zonas urbanas, realizado en 1937 por la Division of Research & Statics (organismo público) con la cooperación del Appraisal Department Home Owners Loan Corporation (corporación privada financiada con fondos públicos). Sirva como ejemplo de lo expuesto en el ejemplo superior.

2.1.3

Mantenimiento del statu quo a través de la normativa. La privatización del espacio público y la regulación de las actividades y de los comportamientos en el espacio público y colectivo La consecuencia más generalizada de la cruzada para hacer que la ciudad sea segura [para las clases acomodadas], es la destrucción de cualquier espacio urbano verdaderamente democrático (…) Los espacios “públicos” de las nuevas megaestructuras y supercentros comerciales han suplantado a las calles tradicionales y han impuesto disciplina a su espontaneidad Davis, 2004: 178

(pág actual, abajo) pancarta en Detroit, 1940, demandando ‘propietarios blancos’ para ‘nuestra comunidad blanca’ (sig pág, izq) fotografía del parque Hamilton Fish, Nueva York, en la que se aprecia al ‘animador de parque’ encargado de indicar a la clase obrera que puede hacer en el espacio público y como debe hacerlo (sig pág, der) señal indicativa de la presencia de cámaras de seguridad en el espacio público en Madrid

‘El príncipe teme a la calle’; ‘El Espacio público asusta’. Con estas dos frases el antropólogo Manuel Delgado1 expresa la sensación de indefensión que el poder siente en el espacio público, es decir, en aquel espacio de libre acceso. Es esto lo que explica el afán histórico en desactivar el espacio público, en impedir el acceso a ciertas zonas y en regular el uso de otras (Lefebvre, 2013). Un ejemplo de ello son las normativas que se aplican en ciertos espacios para restringir la presencia de ‘elementos’ perturbadores indeseados. En ciertas comunidades residenciales, por ejemplo, encontramos una serie de normas que deben respetar quienes aspiren a formar parte de ellas. El objetivo es controlar quién puede entrar y qué puede suceder. Existen normas relativas a la estética (color de las fachadas; tamaño, posición y forma de los letreros; obligación de mantener en buen estado los jardines individuales, y un largo etcétera), y normas relativas a la regulación de las actividades y los comportamientos (lo que incluye una larga lista de actividades prohibidas por considerarse molestas o indecorosas). Otras, como la prohibición de cierres entre parcelas, se encaminan hacia la ‘mejora de la eficacia policial y el aumento del control social, obligando a sus habitantes a autodisciplinarse por temor al qué dirán o al qué me harán’ (Ullán de la Rosa, 2014: 176). En los casos más extremos se prohíbe directamente la presencia de ciertas etnias, aunque hoy esto se consiga de forma indirecta mediante la disposición de ciertos parámetros (como el tamaño mínimo de la vivienda, y por tanto el coste asociado a la misma), el estatus social requerido o, en algunos casos, la aprobación previa de la totalidad (o gran par1

Con ello el antropólogo catalán hace referencia a un pasaje del libro de Mijail Bajtín, ‘La cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento’, en el que se describe como el príncipe se asoma al balcón, observa cómo el pueblo lo señala mientras ríen, y exclama: ‘Me siento solo y tengo miedo’.

te) de sus miembros. En ciertos países, y hasta no hace mucho tiempo, las comunidades de vecinos imponían cláusulas a los contratos de compra-venta de las propiedades inmobiliarias que prohibían su adquisición por parte de ciertos colectivos2. No menos controlados se encuentran los grandes espacios colectivos del siglo XXI: en el interior de un centro comercial o de un estadio deportivo no veremos manifestaciones ni ciertos colectivos (gente sin techo, prostitutas, vendedores ambulantes, individuos de ciertas etnias, personas con códigos de vestimenta determinados, etcétera). Al tratarse de espacios privados cuentan con seguridad propia encargada de interceptar cualquier intento de ‘alteración del orden’, asegurando así un entorno ‘seguro’ y ‘adecuado’ para las clases medias (ya que por lo general las clases más pudientes cuentan con sus propios entornos privados, fuera del alcance del resto de estratos de la sociedad) (Lefebvre, 2013). Pero el control va más allá de los espacios de reunión privatizados; cada vez es más habitual y restrictiva la normativa sobre lo que puede y no puede hacerse en el espacio que aún sigue siendo público. Uno de los primeros ejemplos es el referente a Central Park en la segunda mitad del siglo XIX [6]. Quizás el caso más cercano sea la 2

Conocidas como Restrictive Covenant, en los dos primeros tercios del siglo XX estuvieron respaldadas en Estados Unidos por la administración pública. Tenían como objetivo evitar la presencia de inmigrantes negros en las comunidades suburbanas.

[6] Mediante una ordenanza específica, en Central Park se prohibía (el énfasis es mío): arrojar piedras (y otros proyectiles), molestar a los pájaros, emplear un lenguaje provocador, ofrecer artículos para la venta, (...) permanecer en el parque tras su cierre, portar armas de fuego, tocar instrumentos musicales, desplegar banderas o pancartas, dar discursos, participar en ‘actos indecentes’… Sin embargo, y a pesar de contar con una policía propia, Central Park sirvió como lugar de congregación de la población obrera en las revueltas de 1863, lo que cambió la estrategia de las autoridades: en lugar de grandes parques a las afueras, se empezaron a crear pequeños espacios verdes en los solares de los edificios en los que se habían detectado los primeros brotes revolucionarios, expulsando así a sus antiguos residentes de la zona y desperdigándolos por otras partes de la urbe. Además, cada parque pasó a contar con monitores de actividades encargados de mostrar a la clase obrera cómo debía usarse el espacio público y censurar lo que se considerase inapropiado (Sevilla, 2012a, 2012b y 2014).

[7] En la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, aprobada en enero de 2006 con los votos de PSC, Esquerra Republicana y Convergència i Unió, se penaliza toda una serie de actividades y conductas con el objetivo de eliminar todos aquellos usos y comportamientos considerados ‘incívicos, impropios o molestos’, entre los que se incluyen la venta ambulante, dormir en el espacio público, practicar un deporte en los sitios ‘no adecuados’, jugar, colocar pancartas o conductas que adopten formas de ‘mendicidad’. Sin entrar ahora a cuestionar quién y por qué tiene potestad de considerar lo que se considera incívico, impropio o molesto (la prohibición de jugar en la calle, por ejemplo, es bastante sorprendente), cabe recalcar que el articulado de la ordenanza propicia la arbitrariedad, lo absurdo y la desproporción de los castigos. Pero lo más preocupante es la vinculación de los comportamientos censurados al estereotipo aplicado a ciertos colectivos y la voluntad de eliminar todo aquello que incomoda y afecta a la tranquilidad de turistas y residentes de las zonas centrales (Borja, 2013; para un relato crítico sobre el llamado ‘modelo Barcelona’, ver Delgado, 2007).

‘Ordenanza del Civismo’ que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2006 [7]. Este tipo de normas no hacen más que reflejar (y al mismo tiempo potenciar) el cambio gestado en los últimos tiempos en la percepción social del espacio público: mientras que a lo largo de la historia se le reconoció sus funciones como lugar de discusión y enfrentamiento (Lefebvre, 1978; Mumford, 2012), lo cual no implicaba algo negativo per se, en la actualidad estas características se han atenuado, si no directamente suprimido; ahora se espera que la calle sea la ‘esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad’ (Delgado, 2011: 20)3. Se trata de un cambio de valores sociales que, aunque escapa a lo estrictamente espacial, se ve reforzado por las distintas normativas que se crean para regular las condiciones del uso y de los usuarios del espacio público. Pero el espacio público, cuya característica más definitoria debe ser la libertad de acceso, también es cercado por el poder de forma permanente u ocasional (Lefebvre, 2013). Dada la limitada extensión del texto no podemos profundizar aquí sobre esto, pero cabe citar las capacidades que tienen los aparatos del Estado para clausurar y confinar ciertos espacios públicos utilizando distintos argumentos. Sirva como ejemplo el cierre nocturno de los parques, justificado con el difuso objetivo de proteger la ´seguridad ciudadana´ cuando el motivo no declarado puede consistir en impedir su uso como lugar de pernoctación por parte de las personas sin techo. Los motivos políticos son igualmente frecuentes: en España, sin ir más lejos, estamos acostumbrados a ver el espacio más cercano al poder legislativo (el Congreso de los Diputados), vallado y rodeado de presencia policial cuando se atisba la posibilidad de que el pueblo, en aplicación de su derecho a la manifestación, se acerque ‘peligrosamente’ a él.4

3 Tras un largo y complicado proceso en el que algunas de las diferencias son aceptadas siempre que permanezcan confinadas en ámbitos privados, el espacio público ha quedado como aquel ‘ámbito de y para el libre acuerdo entre seres autónomos y emancipados que viven, en tanto se encuadran en él, una experiencia masiva de desafiliación’ (Delgado, 2011: 20), esto es, la pérdida de sus particularidades definitorias, lo que se supone imprescindible para permitir llegar a una coexistencia cordial con los demás Sin embargo, como el mismo autor nos recuerda, se trata de un acuerdo ficticiamente igualitario, ya que: ‘el identificado como perteneciente a un segmento social considerado por debajo del propio o peligroso, adherido a una opción cultural inaceptable o discapacitado física o mentalmente, pierde de manera automática los beneficios del derecho al anonimato y deja de resultar un desconocido que no provoca ningún interés para pasar a ser detectado como alguien cuya presencia acaba suscitando malestar, inquietud o ansiedad. Una relación anodina puede convertirse entonces, y a la mínima, en una nueva oportunidad para la humillación’ (ídem).

4 Al respecto puede consultarse la conferencia de Aida Navarro ‘El espacio público como tablero de juego’, disponible en youtu.be/bPwWDCbMRTE

2.1.4

Mantenimiento del statu quo a través de las nuevas políticas urbanas. la gestión de lo urbano como punta de lanza de las estrategias políticas al servicio de la ideología neoliberal

Las ciudades se han convertido en (…) laboratorios institucionales para diversos experimentos de políticas neoliberales, como el marketing territorial, la creación de nuevas zonas empresariales, la reducción de impuestos locales, el impulso a las iniciativas público-privadas o nuevas formas de promoción local (…) La meta (…) es movilizar espacios de la ciudad tanto para el crecimiento económico orientado al mercado como para fomentar determinadas prácticas de consumo de las élites, asegurando al mismo tiempo el orden y el control de las poblaciones excluidas Brenner, Peck y Theodore, 2015: 232-233

Dado que el neoliberalismo no ha generado mayor creación de riqueza que la que produjo la Edad de Oro del Capitalismo1 (el ritmo de crecimiento es mucho menor ahora que entonces), ¿qué explica su éxito para desbancar al ‘capitalismo de estado’, así como su capacidad de adaptación a todas las crisis de producción y sobreacumulación vividas desde entonces? Podemos encontrar una respuesta en la redistribución del poder que se produjo en esta época: si antes éste se encontraba repartido entre los poseedores del capital y los sindicatos, debido a su capacidad de influencia y bloqueo, ahora se encuentra en exclusiva del lado de los primeros (Harvey, 2004 y 2012). Pero el neoliberalismo no se gestó y aplicó de un día para otro; requirió un proceso de prueba y error que fue perfeccionando las distintas estrategias posibles, parte de las cuales fueron testadas en la producción y gestión de la ciudad (Brenner, Peck y Theodore, 2015). Para entender lo que sigue es necesaria una breve explicación de la situación a la que se había llegado a finales de los años 70. Resumiendo: la creciente competencia había hecho decaer las tasas de beneficio de la inversión industrial, lo que unido a los inferiores costes de producción de Asia y Japón, provocó el cierre de gran cantidad de fábricas occidentales y, con ello, el aumento del desempleo local, incrementando así los gastos sociales del Estado al mismo tiempo que se reducía la recaudación (Harvey, 2012). 1

Se conoce como la Edad de Oro del Capitalismo al periodo que va, aproximadamente, de 1940 a 1980, y que se caracteriza por un triple pacto entre la empresa, el Estado y los sindicatos. El acuerdo consiste en la extensión del consumo a toda la población para activar el círculo pleno empleo-mayor consumo-mayor beneficio. Aunque luego volveremos sobre este punto, su argumentación precisa requiere una explicación mucho más detallada. Por falta de espacio se remite al lector a Harvey, 2012; Brooks y McQuaig, 2014.

[8] En el caso español, la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (conocida como Ley del Suelo de 1998), recogía, en la exposición de motivos, que: las sucesivas reformas de nuestra legislación urbanística han ido incrementando la complejidad de este sector del ordenamiento jurídico al multiplicar, a veces innecesariamente, las intervenciones administrativas en las distintas fases de los procesos de desarrollo urbano, lo que, unido a la limitación de la oferta de suelo, ha contribuido decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables la conclusión de las operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendo imprevisible su coste y dificultando una adecuada programación de las correspondientes actividades empresariales, con el consiguiente encarecimiento del producto final. Por ello defendía la necesidad de: reclamar una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que (...) elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando (y de) facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado. Sin embargo, el argumento de que la supuesta carestía de suelo era la responsable de los ‘desorbitados precios de acceso a la vivienda’ quedó desmentido con la constante subida de precios que siguó experimentándose tras la entrada en vigor de la ley a pesar de un crecimiento inaudito de la oferta de vivienda y suelo, lo que constató el hecho de que “son las expectativas de crecimiento urbano, provocado por los planeamientos desarrollistas, las que propician y alimentan las tensiones especulativas y alcistas de los mercados del suelo y de la vivienda, y no necesariamente la escasez del primero” (Vinuesa, 2013: 61). En otras palabras: “es precisamente con la aplicación de enormes sobreofertas de suelo cuando se producen los boom y las burbujas inmobiliarias” (Vinuesa, 2013: 59) 38

Los beneficios que no se invertían en nueva producción buscaban otros campos en los que asentarse. La producción del espacio fue, quizás, el más relevante (Harvey, 2013). El panorama puede resumirse en, por un lado, capitales en busca de inversiones que aseguraran retornos mayores que los de la industria, y, por otro, ciudades con entornos degradados por el cierre de grandes complejos industriales, paro elevado y sin recursos para atender todo aquello que no fuera el maltrecho sistema de bienestar. Todo ello sirvió como excusa para revisar el planeamiento y la gestión de la ciudad (Brenner, Peck y Theodore, 2015). La estrategia fue doble. Por una parte se privatizaron toda una serie de infraestructuras, servicios urbanos y patrimonio público con el supuesto objetivo de ‘reducir el tamaño de las administraciones y abaratar costes’. Por otra, se liberalizó el planeamiento de la ciudad, entregando a los promotores privados algunas de las hasta entonces exclusivas capacidades públicas de diseñar y gestionar partes del tejido urbano. El argumento defendido desde los entornos liberales radicales era que el anterior sistema de planeamiento había: distorsionado e inhibido el funcionamiento de las leyes del mercado, obligando a los empresarios a elegir lugares que no eran los óptimos e incluso había ahogado el espíritu empresarial. Consideraban que era en parte responsable de que las ciudades y regiones hubieran sido incapaces de generar nuevas industrias que pudieran substituir las que habían quedado obsoletas (Hall, 2013: 355). La solución pasaba, según esta visión, por flexibilizar las condiciones recogidas en los planes urbanísticos [8]. Incluso llegó a defenderse la ‘no planificación’ como la única solución posible (Hall, 2013). Como resultado de todo ello, las ciudades entraron en competencia por ver cual ofrecía las condiciones más favorables al capital que ya no iba destinado a la inversión industrial (Harvey, 2012): se cedía suelo público gratuitamente, se cambiaban los usos previstos por el planeamiento, se rebajaba o eliminaba la protección de entornos y construcciones, se otorgaban mayores aprovechamientos a las parcelas para que el negocio fuera lo más lucrativo posible para el agente privado, se suprimían o acortaban los procedimientos administrativos con el objetivo de reducir el tiempo necesario para completar la inversión y comenzar a obtener beneficios, se colaboraba en la expulsión de los residentes existentes y se subvencionaban las actuaciones con dinero público (Brenner, Peck y Theodore, 2015; Capel, 2013). El cambio fundamental consistía en que la administración pública ya no era la que decidía que proyecto se realizaba; sino que era el capital el que promovía el que le fuera más rentable. Todo ello en busca de inversiones que sustituyeran a las que en otro caso tendría que realizar la administración y que sirvieran para atraer a residentes, turistas y empresas que, supuestamente, crearían nuevos puestos de trabajo (Smith, 2015). El resultado de dicha competitividad no fue una menor carga para la administración pública sino un mayor beneficio para los inversores privados a costa de los im-

puestos y de los derechos de los ciudadanos (Brenner, Peck y Theodore, 2015; Logan y Molotoch, 2015). Pero las consecuencias no acababan ahí: al privatizar el planeamiento y la gestión de la ciudad se dejaba en manos de los agentes privados las decisiones sobre el modelo urbano futuro y se privatizaban los recursos y beneficios generados entre todos (Harvey, 2013). Pero este asunto enlaza con los contenidos del siguiente apartado, dónde veremos distintos ejemplos que lo ilustran y analizaremos con detalle las distintas formas en las que los recursos públicos generados por el entorno urbano fueron, y siguen siendo, apropiados por unos pocos. Aquí basta con reseñar el hecho de que todas estas políticas urbanas fueron los pilares sustentantes de una política superpuesta a las ideologías y prevalente respecto de ellas, que se basó en la competencia entre territorios a costa de reducir los derechos de los trabajadores locales, de disminuir las protecciones medioambientales y patrimoniales, y de utilizar el dinero público para subvencionar los negocios privados con la excusa de que era la única salida a la situación de crisis existente; la cooperación entre territorios y el carácter público de los beneficios que en la ciudad todos contribuimos a generar, se pasaron por alto, y en la actualidad no parece existir un debate sobre su recuperación.

2.2

EL CONTROL DEL ESPACIO URBANO COMO FUENTE DE BENEFICIO ECONÓMICO

La urbanización no es sino la producción continua de un bien común urbano (o su sombra de espacios y bienes públicos) y su perpetua apropiación y destrucción por intereses privados. Harvey, 2013: 125

El control del espacio urbano permite, a quien lo tenga, apropiarse de buena parte de las plusvalías generadas por la colectividad; y lo hace de diversos modos: desde el más reconocido (la venta o alquiler de suelo) hasta otros que pasan más desapercibidos para el grueso de la ciudadanía (por ejemplo, la manipulación del espacio en beneficio de nuevos negocios). En este apartado analizaremos cómo el diseño espacial y la normativa asociada al espacio ha sido utilizada por unos pocos para beneficiarse económicamente. 40

2.2.1

La organización espacial como modo de incrementar los beneficios derivados del alquiler y venta de suelo por medio de la desposesión del colectivo y de la manipulación del crecimiento urbano

Las grandes transformaciones urbanas, en vez de realizarse de acuerdo al interés general, con la precaución de no comprometer el futuro ni renunciar a riquezas seguras, reservando las operaciones más caras y repartiendo sobre el conjunto de la ciudadanía las ventajas de las grandes obras públicas, se convirtieron en ‘asuntos’ de gran envergadura cuya dirección y beneficios quedaban en manos de constructores y financieros. Halbwachs, 1908: 136

Las rentas y plusvalías provenientes del alquiler y la venta de suelo siempre han sido uno de los negocios más lucrativos1, lo que explica el interés de los agentes más poderosos por las estrategias (incluidas las espaciales) que permiten incrementarlas. Una de ellas consiste en la expropiación, cuando no directamente la apropiación fraudulenta, de los campos comunales, del suelo público y de la pequeña propiedad. Cuando no usan la fuerza, su elevada posición social y las alianzas tejidas con los administradores públicos les permiten crear las normativas necesarias para hacer posible el referido trasvase: sirvan de ejemplo las leyes de cercamiento inglesas [9] o algunos decretos de expropiación guiados por el supuesto ‘interés general’ para facilitar un negocio particular (Capel, 1977; Harvey, 2013). Otro caso especialmente importante del expolio de los recursos colectivos fueron las desamortizaciones de los siglos XVIII y XIX, ya que lo que podía haber sido una ocasión para retornar al pueblo la riqueza que previamente le había sido requisada, se convirtió en el soporte del negocio privado de unos pocos: muchas de las propiedades que se encontraban en el interior o en los bordes de los núcleos urbanos confiscadas a las instituciones eclesiásticas y posteriormente subastadas por los Estados, fueron rápidamente adquiridas a precios reducidos por las élites económicas, ya que el gran tamaño de los lotes en venta y la escasa capacidad de ahorro de la clase trabajadora impedía que éstas pudieran comprarlas. Esto permitió a los más acaudalados asegurarse un generoso beneficio con su parcelación y posterior reventa, ya en lotes más 1

Y sus propietarios, unos de los agentes sociales más poderosos e influyentes. Horacio Capel (2013) da cuenta de la impotencia de las instituciones más poderosas frente a los propietarios del suelo aportando como ejemplo el diseño irregular del Foro Romano construido por Augusto (s. I a.C), la paralización de la catedral de Troyes en el siglo XII durante un largo período de tiempo, y lo gravosas que le resultaron a la Francia del todopoderoso Napoleón III las expropiaciones para llevar a cabo los planes de Haussmann (1851-1870). Otro ejemplo significativo es el trazado final de Regent Street, que corresponde a las parcelas cuyos propietarios opusieron menor resistencia a la expropiación (SICA, 1981a).

[9] La competición entre Holanda e Inglaterra en el siglo XVIII por controlar el mercado mundial de grano fue uno de los motivos que llevaron al Parlamento Británico a acabar con la propiedad comunal de la tierra. Para ser competitivos, era necesario incrementar la producción y reducir sus costes. Lo primero se logró poniendo toda la tierra a producir, lo que incluía los campos comunales, que fueron privatizados. Para reducir los costes la estrategia fue doble: expropiar pequeñas propiedades y juntarlas en lotes mayores en los que poder aplicar los avances técnicos de la agricultura, y bajar el coste de la mano de obra incrementando la cantidad de trabajadores disponibles para el mismo trabajo, lo que aumentaba la competencia entre la clase obrera y, por tanto, disminuía el coste de contratación. En el aumento de trabajadores también desempeñó un importante papel el cercamiento de los campos comunales: al privatizarlos se impedía a los campesinos conseguir los recursos ‘gratuitos’ que hasta entonces extraían de ellos (leña, alimentos para los animales, trigo para hacer pan, etcétera), obligándolos a acudir al mercado para comprarlos, convirtiéndolos en dependientes de un salario que, por lo general, sólo se podía conseguir trabajando en las plantaciones de grano o en la industria (Sevilla, 2012a y 2012b). 41

pequeños, como residencia de la nueva población urbana (Capel, 1977 y 2013)2. Una vertiente novedosa sobre la expropiación de lo que es de todos tiene que ver con la explotación económica de los datos generados por los ciudadanos en las aglomeraciones urbanas. La red de sensores en vía pública, financiados por las ciudades que aspiran a convertirse en smart cities, recolectan ingentes cantidades de datos en tiempo real con el objetivo de facilitar y mejorar la gestión de lo urbano, permitiendo conocer desde la cantidad y distribución horaria de los pasajeros en los transportes colectivos, hasta el estado de la iluminación urbana o la eficiencia en la gestión del agua. En el mejor de los casos la instalación del sistema corre a cargo de la propia ciudad, que libera los datos para que cualquiera pueda usarlos. En el peor, una empresa privada controla el sistema de manera exclusiva, vendiendo la información al municipio y a todos aquellos que estén interesados. En ambas situaciones se trata de datos generamos entre todos y explotados comercialmente por unos pocos, ya que aunque sean públicos, solo unos cuantos tienen el conocimiento, la infraestructura y el interés para analizarlos y obtener de ello un rendimiento económico3

(pág ant) fotografía de campos cercados en Dales, Inglaterra (pág actual, centro) plano de los terrenos comunes de la aldea de Balscott, Inglaterra, entregados en concesiones a sus residentes en pequeños lotes (1768) (pág act, abajo) plano de la misma aldea tras el cercamiento de los campos comunes y la apropiación de los mismos por propietarios individuales

Pero en la actualidad, el que quizás sea el mayor acto de expolio es el que tiene que ver con la expulsión de los residentes de las zonas de moda o de aquellas con grandes expectativas de negocio para dejar paso a residentes de mayor nivel adquisitivo. Las expectativas pueden responder a procesos locales (regeneración de ciertos barrios degradados) o globales (utilización de los grandes eventos internacionales -olimpiadas, campeonatos mundiales, acontecimientos culturales- para revalorizar ciertas zonas urbanas propiedad de unos pocos, o la transformación de otras con la apropiación del beneficio por escasos agentes urbanos). En todos los casos, el proceso sigue unas pautas comunes: conocida como gentrificación, es una práctica internacional que recibe miles de millones de euros al año en subvenciones públicas (Smith, 2012). Aunque el objetivo es el mismo (la apropiación privada de la plusvalía que el colectivo genera en el entorno urbano), el proceso difiere según la sociedad en la que se produzca y las causas que lo desencadenen. Se pueden establecer dos grandes bloques: la gentrificación en los barrios de moda y la gentrificación en barrios degradados con expectativas futuras de negocio. En el primer caso el expolio es mayor, ya que los expulsados son los responsables de generar el beneficio que es privatizado. Como estudió Jane Jacobs, la diversidad (étnica, cultural, de actividades, etcétera) es un pilar fundamental de un ambiente seguro, agradable y atractivo, ya que la presencia de gente muy diversa en edad, gustos, horarios y empleos, significa tiendas, servicios y actividades de todos los tipos para satisfacer las diversas demandas existentes. Este es el motivo por el cual algunas zonas en las que reside una población multicultural, que suelen ser de los estratos medios-medios bajos de la población, 2

Capel (2013) ha estudiado distintos casos en el territorio español, destacando los llevados a cabo por la burguesía madrileña, los industriales catalanes y los empresarios vascos.

Algunas compañías telefónicas están comenzando a vender la información sobre los trayectos de sus usuarios a aquellos que quieran montar un negocio, pues con ella se puede conocer que zonas de la ciudad son más transitadas en cada franja horaria y, por tanto, cual es la mejor posición para situar según que tipo de negocio.

acaban convirtiéndose en lugares de moda. Entonces, los propietarios, sabedores de que ahora hay gente de mayor poder adquisitivo deseando ocupar sus viviendas y locales, aumentan los alquileres; y tanto los antiguos residentes como los pequeños negocios, al no poder afrontar los nuevos precios, se ven obligados a abandonar la zona. En la mayoría de los casos el resultado es la decadencia de la zona en pocos años, ya que la nueva población, que suele pertenecer al mismo estrato social, no es capaz de mantener la diversidad anterior, que es lo que la había convertido en dinámica y atractiva (Jacobs, 2012). Pero para entonces los promotores de la operación ya se habrán apropiado de las plusvalías que contribuyeron a generar los habitantes expulsados. Pero la mayor plusvalía se encuentra en la ‘regeneración’ de las zonas degradadas4. El proceso es complejo y conlleva un período temporal bastante amplio. Cuando se construye un nuevo barrio, el precio de las viviendas refleja el valor del suelo, el de construcción y el del entorno urbano (la cantidad y calidad de sus zonas verdes, equipamientos, urbanización, etcétera). En general, en los primeros años el valor del suelo se incrementa (o en el peor de los casos se mantiene) a medida que la ciudad sigue creciendo; y el de construcción va disminuyendo por el uso que se hace de ella, por la llegada de nuevas modas que cambian las demandas estilísticas y funcionales, y por el abaratamiento de los procesos constructivos (que disminuyen los precios de la vivienda nueva y, por comparación, los de la vivienda de segunda mano). Los propietarios pueden invertir en mejoras para evitar que dicho precio baje demasiado o, cuando este descenso empieza a ser pronunciado, vender la vivienda y buscar una nueva que les asegure un valor más estable. Según pasa el tiempo y los propietarios van abandonando la zona, el barrio suele mostrar un mayor porcentaje de viviendas en alquiler, pues muchos no consiguen venderlas por el precio que desearía y prefieren mantenerlas para obtener de ellas una renta. En la medida en que haya gente dispuesta a pagar por el piso sin el mantenimiento adecuado, el propietario se puede ahorrar dichos gastos. Conforme avanza el proceso, la falta de mantenimiento de una serie de edificios disminuye el valor del entorno, lo que acaba repercutiendo sobre el precio del resto de edificaciones, estén o no bien conservadas. Es entonces cuando la mayor parte de los propietarios que aún no se habían trasladado a otras zonas de la ciudad deciden hacerlo. Lo mismo sucede con los inquilinos más pudientes. De este modo el porcentaje de residentes con pocos recursos se incrementa: al fin y al cabo son los únicos dispuestos a vivir en pisos en malas condiciones. Cuando esto sucede, las instituciones financieras dejan de otorgar créditos por el riesgo de impago del colectivo (la caída en picado de los precios de las viviendas implica, además, la inexistencia de un respaldo frente a impago, lo que dificulta aún más el crédito). Llega un punto en el que los beneficios que obtienen los propietarios de las viviendas no son suficientes para cubrir los costes imprescindibles de servicios de abastecimiento e impuestos, momento en el cual los edificios son abandonados y, muchas veces, ocupados por colectivos sin recursos. Como la rehabilitación de la edificación ya no es 4

Aunque la explicación sigue la realizada por Neil Smith en sus puntos fundamentales, se han sustituido ciertos términos y acortado las explicaciones para facilitar su entendimiento sin la amplia explicación previa que realiza el autor original y los matices que introduce. No obstante, para mayor precisión y detalle, ver Smith (2012 y 2015).

factible sin una importante inversión, su precio de venta únicamente refleja el valor del solar; y dado que se encuentra en una zona degradada, el valor del suelo tampoco es muy elevado. Nos encontramos, en este punto, con las condiciones ideales para que aparezcan los grandes promotores: la degradación física y ‘social’ de la zona sirve de excusa para intervenir a ojos de la opinión pública y los bajos precios de los solares dejan un margen de beneficio importante si luego se consiguen vender las nuevas construcciones a las clases medias o medias-altas previa expulsión de los colectivos considerados peligrosos y con pocos recursos para poder derribar el antiguo barrio y construir el nuevo entorno. El capital mostrará más interés por las zonas degradadas mejor situadas (pues ello, en principio, asegura una mayor demanda y, por tanto, la posibilidad de incrementar el precio de las futuras viviendas) y con mayor aprovechamiento urbanístico (pues ello también le asegura un mayor beneficio futuro). En principio se puede pensar que se trata de un proceso ‘natural’, y por tanto inevitable, de degradación urbana. Sin embargo, múltiples agentes actúan para forzar la situación e incrementar con ello sus beneficios. Al principio del proceso se encuentra el propietario que deja de invertir en mantenimiento para así ahorrarse los costes mientras sigue recibiendo la renta por el alquiler de su vivienda. Más adelante aparecen las grandes instituciones financieras e inmobiliarias, que desempeñan un importante papel en el proceso. Los bancos, para forzar la degradación de la zona, cortan la financiación para rehabilitar o construir nuevos edificios en ella; el objetivo es adquirir los terrenos y las edificaciones a precios lo suficientemente bajos como para obtener fuertes plusvalías de su venta una vez rehabilitadas. Pero los agentes inmobiliarios también juegan un importante papel forzando a que abandonen el barrio los residentes que se resisten a hacerlo. Sus estrategias son diversas: desde introducir en el barrio a colectivos considerados peligrosos hasta hacer que sean las administraciones públicas las que expropien por motivos de ‘salubridad y seguridad ciudadana’. De hecho, la mayoría de las veces la administración tiene la última palabra, y no suele ser favorable a los colectivos más vulnerables [10]; en muchas ocasiones actúa como instrumento de las grandes inmobiliarias e instituciones bancarias, realizando las expropiaciones necesarias con dinero público, modificando el planeamiento para permitir usos más lucrativos en los barrios renovados, y cediendo suelo propio para hacer más atractivas las condiciones de la inversión privada (ya de por sí elevadas). Y si es necesario despliega a las fuerzas del orden para desalojar a la población que se resiste a abandonar la zona. La voluntad de acabar con las pésimas condiciones en las que habitan los más desfavorecidos, esgrimida para permitir y potenciar las actuaciones, se demuestra falsa en el momento en el que la mayor parte de los residentes expulsados son dejados a su suerte5 [11] (Castells, 1979; Harvey, 2014; Smith, 2012; Wacquant, 2015). 5

Como muestra, además del ejemplo adjunto, puede servir el análisis que Castells (1979: 337-358) realiza sobre las consecuencias de la política de renovación urbana llevada a cabo por el gobierno norteamericano durante la década de 1950 y 1960, que supuso la expulsión a la periferia de las minorías étnicas y los estratos pobres que habitaban en el centro urbano. Las peores condiciones habitacionales a las que se vieron condenados, además del mayor precio que tuvieron que pagar por ellas, descarta la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos como objetivo de la actuación pública.

[10] En palabras de la Comisión Nacional Norteamericana sobre los Problemas Urbanos en 1965: En lugar de haber sido la gran batalla contra el chabolismo y la deterioración, en cuanto parte integrante de la campaña por un alojamiento conveniente y un medio ambiente adecuado para cada familia americana, la renovación fue considerada, y lo sigue siendo, como una posibilidad financiada por el gobierno, de disponer de un terreno a buen precio para un grupo de empresas de beneficio o de prestigio (National Comission, 1985; citado en Castells, 1979: 348) Los estudios recientes confirman la misma tendencia (Smith, 2012). 45

[11] El caso de la gentrificación de Society Hill, Filadelfia, es paradigmático. Society Hill fue la residencia de la burguesía de Filadelfia desde su fundación, en el siglo XVII, hasta los años de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865) Con el crecimiento urbano provocado por la industrialización, las clases acomodadas se trasladaron a las nuevas comunidades suburbanas, quedando Society Hill habitada por los esclavos afroamericanos que habían formado su servicio doméstico. En 1950 ya había perdido más de la mitad de la población, la mayoría de sus viviendas estaban vacías y muchas otras ocupadas por trabajadores pobres a pesar –o precisamente por ello- de su estado deplorable. A finales de la década de los cincuenta comenzaron los primeros intentos de renovación urbana entre distintas instituciones públicas, semipúblicas y privadas con el doble objetivo de promover la recuperación económica de Filadelfia, y de atraer a las clases altas que habían ‘escapado’ a los suburbios. La organización público-privada ‘Gran Movimiento de Filadelfia’, formada por la élite local, buscaba la revitalización física y financiera de toda la ciudad, concentrando sus primeros esfuerzos en Society Hill, en donde exigió la expulsión de los residentes de pocos recursos y la rehabilitación física del barrio según sus propias directrices. Los bancos, por su parte, ejercieron un importante papel: primero, negando el crédito en el barrio (lo que potenció la degradación del mismo); luego, una vez que el Estado aseguró las inversiones, aportando el capital necesario mediante créditos a empresas y particulares (lo que hizo posible la gentrificación final). (Para un análisis más detallado del papel de las instituciones financieras, ver Smith, 2012: 212-218). Pero el papel fundamental lo desempeñaron las administraciones públicas. El gobierno federal creó las leyes necesarias (1949, 1954) para permitir su participación, sufragó el 67% de los costes del proyecto, aseguró las hipotecas que las instituciones bancarias concedieran para rehabilitar la zona, y creó y financió, junto con el Gobierno de la ciudad, las distintas comisiones encargadas de la expulsión de los residentes pobres (a los que se les ‘compensó’ con cantidades ínfimas), del 46

derribo de las estructuras inservibles, de la preparación de las parcelas antes de ser vendidas a los promotores, y de las obras de urbanización. Estas comisiones ejercieron, además, un control sobre el resultado final del proyecto (uso, volumetrías y acabados de los edificios) mediante cláusulas en los contratos de compra-venta de los terrenos que ponían a disposición de los agentes privados una vez preparados. En total se ‘invirtieron’ 38,6 millones de dólares de dinero público para favorecer el negocio privado; en palabras de Smith: para ‘recrear las condiciones de rentabilidad para los bienes inmobiliarios de la ciudad. Allí dónde el mercado privado se había beneficiado de la desinversión, ahora se solicitaba al Estado que invirtiera fondos a fin de amortizar la desinversión y que el mismo barrio pudiera ser nuevamente rentable para las inversiones privadas’ (Smith, 2012: 207). No obstante, no sería correcto hablar de la actuación de tres agentes independientes (agente público, público-privado y privado) pues en muchas ocasiones eran los mismos: el presidente de la ‘Corporación para el Desarrollo de la Vieja Filadelfia’ (con capacidad de influencia en el plan urbano), era el jefe de la comisión directiva de uno de los bancos que aportaron el capital necesario. Su sucesor en el cargo presidía, también, una de las comisiones (con capacidad de decisión) creadas por el Estado para llevar a cabo la rehabilitación del barrio. Asimismo, el presidente de uno de los principales bancos inversores era el vicepresidente de la comisión; cargo público que tuvo que abandonar cuando se demostró que lo había utilizado para mejorar sus inversiones. También resultó falso el intento de la administración de vincular la renovación urbana del barrio a pequeños propietarios que arreglaban una vivienda para a continuación instalarse en ella. Y es que aunque al principio la rehabilitación del barrio fue anunciada como un deber cívico que debía asumir la élite de la ciudad, el negocio era demasiado lucrativo como para quedar confinado al ámbito local: la gentrificación de Society Hill estuvo íntimamente ligada a los ritmos y vaivenes de los circuitos de capital más importantes a nivel

nacional e internacional (…) La lógica de la propiedad estaba más vinculada a estrategias de ganancias extraordinarias y de desgravación impositiva, que a ‘la remodelación de la milla cuadrada más histórica del país’. Aun así (…) la ideología popular puso el énfasis en los ‘desarrolladores inquilinos’, los gentrificadores individuales” (Smith, 2012: 210). Con respecto a la expulsión de los antiguos residentes, los datos son claros. En menos de dos décadas, Society Hill duplicó su población, con un importante cambio de perfil poblacional: setenta de cada cien residentes adultos censados en 1980 tenían estudios universitarios, cuando en 1950 sólo eran cuatro de cada cien. Así mismo, la renta media por familia con respecto al resto de la ciudad pasó del 54% en 1960 al 253% en 1980, con una tasación de las residencias siete veces superior al precio medio de la ciudad. Los motivos con los que se justificó la renovación urbana tampoco son ciertos: el argumento del aumento significativo de la recaudación municipal en impuestos a la propiedad queda desmentido si se observa que el ochenta por ciento de los nuevos residentes provenían de otras partes de la ciudad, por lo que ya pagaban impuestos urbanos. Tampoco aumentaron proporcionalmente los impuestos recaudados: mientras que el valor de las viviendas de la zona aumentó en más de cinco veces en apenas diez años (entre 1963 y 1975), el valor total de la tasación de las propiedades, sobre el que se calcula el impuesto de propiedad, ni siquiera se duplicó. Pero las consecuencias para los antiguos residentes, en su mayoría pobres, si fueron considerables: más de seis mil personas tuvieron que ser trasladadas, muchas de ellas sin ningún tipo de compensación. Sin embargo, todos estos datos no sirvieron para que se replantea el proceso de renovación urbana llevada a cabo; más bien al contrario: a comienzos de la década de 1970 (…) el éxito muy bien publicitado de proyectos como el de Society Hill alentó a otros promotores a invertir en la rehabilitación de antiguos barrios de clase trabajadora con el beneficio de subsidios estatales menos generosos (Smith, 2012: 221).

(arriba) dos de los muchos edificios degradados de Society Hill en los que residía la clase obrera local antes de la renovación urbana (centro) el urbanista Ed Bacon, en Society Hill, en 1962 (abajo) ‘The Society Hill Towers’, construidas como parte del proceso de renovación urbana en una zona del barrio previamente ‘higienizada’ 47

Y aunque en ciertas ocasiones ‘intereses de estado’ o de otras facciones del capital obligaron a expropiar bienes inmuebles de personas influyentes, el tratamiento y las compensaciones fueron muy diferentes, llegando incluso a representar un gran negocio en sí mismas que fue sufragado por las clases menos favorecidas con incrementos impositivos o con recortes en derechos (Halbwachs, 1908; Harvey, 2013) [12]

(pág sig, arriba) grabado de Daumier en el que representa a tres propietarios conjurándose para elevar los alquileres de sus inquilinos (pág sig, centro sup) en esta ocasión Daumier representa al propietario avaricioso extasiado por las demoliciones necesarias para abrir las nuevas vías urbanas, ya que éstas, además de aumentar el valor de sus propiedades, le permiten subir la renta de alquiler a sus inquilinos (pág sig, centro inf) grabado en el que se representa la construcción de las vías ferroviarias que sustentan la colonización del oeste norteamericano. En primer plano a la derecha se observa a los nativos americanos contemplando el proceso (pág sig, abajo) ídem imagen anterior 48

También es corriente el empleo de la planificación espacial con el objetivo de incrementar el valor de determinadas propiedades. Ejemplo de ello es el uso que los agentes urbanos más poderosos hacen de su influencia en los organismos encargados de la planificación urbana para incrementar el aprovechamiento lucrativo permitido en sus parcelas, para dirigir el crecimiento urbano hacia ellas [13] o, cuando esto no es posible, para conocer en qué zonas se va a permitir edificar antes de que esta información sea pública con el objetivo de adquirir dichos terrenos a precio de suelo no urbano y aumentar con ello el beneficio de su venta posterior (Capel, 1977 y 2013). La estrategia es distinta cuando los terrenos de los agentes urbanos más influyentes se encuentran alejados de las principales aglomeraciones, lo que puede deberse a circunstancias no planificadas (transmisión de propiedades por herencia) o a una estrategia consciente (ya que la escasa expectativa ‘urbana’ asociada a dichos terrenos posibilitan su adquisición a bajo coste). En estos casos usan su influencia en la administración pública para que, además de recalificar los terrenos, ésta costee las infraestructuras y los servicios necesarios para hacerlos accesibles desde y hacia los grandes polos de actividad del territorio, llegando a producirse la alteración del trazado de infraestructuras estatales para favorecer el negocio privado [14]. A pesar de ser la sociedad en su conjunto la responsable directa del incremento del valor de dichos terrenos (en tanto que costea, con sus impuestos, las infraestructuras y servicios necesarios para hacerlos accesibles), el sector privado se apropia, sin haber ejercido ninguna aportación de trabajo real en el proceso6, de la plusvalía generada con la transformación del suelo. La paradoja es que este incremento es, además, repercutido sobre todo aquel que compra una de las viviendas que se ofrecen en la promoción, pagando de este modo dos veces por aquello que ha ayudado a generar. Pero no hay que olvidar el negocio que supone la construcción de las infraestructuras. A través de potentes campañas en los medios de masas y de alianzas con los gobernantes, las grandes empresas crean necesidades inexistentes, alteran estimaciones de uso y apelan al equilibrio territorial y a las injusticias infraestructurales existentes para justificar proyectos desorbitados cuyo único fin es engrosar su cuenta de beneficios a costa del erario público (Aguilera, 2009; Naredo, 2009). El resultado son vías que discurren paralelas a las ya existentes, autopistas vacías, aeropuertos sin uso, un impacto territorial y ambiental que quizás sea irreversible y el rescate de las concesiones quebradas a costa de la emisión de deuda nacional (Segura, 2013). 6

Se habla aquí de los costes de los sistemas generales que permiten la urbanización de terrenos relativamente alejados de un núcleo urbano, como la construcción de vías de comunicación. Es importante no confundirlos con los costes de los sistemas locales de urbanización (abastecimiento, saneamiento, alumbrado y mobiliario público, etc), ya que según la Ley del Suelo éstos constituyen cargas que debe asumir el promotor.

[12] Los retrasos en el plan de Haussmann y su cese como Prefecto del Sena fueron el resultado de la presión ejercida por los agentes urbanos más influyentes; y ello a pesar de que éste contaba con el total respaldo de Napoleón III, la máxima autoridad del Imperio. Desde el primer momento Haussmann se dio cuenta de la importancia de recuperar los beneficios derivados de las actuaciones municipales para poder financiar su plan de remodelación urbana. Para ello se valió del Decreto-ley de 1852, que permitía al municipio quedarse con los terrenos colindantes a las nuevas vías abiertas, construir en ellas y vender las nuevas propiedades para recuperar las plusvalías generadas por su actuación. Sin embargo, seis años más tarde, el Consejo de Estado, presionado por los grandes propietarios, dictaminó que los terrenos destinados a la construcción, una vez expropiados y reestructurados, debían ser devueltos a sus propietarios anteriores, lo que significaba que las plusvalías generadas por la actuación pública serían apropiadas por los propietarios sin que hubieran aportado nada a la mejora urbana. El verdadero problema, sin embargo, era el importe de las indemnizaciones. Con la nueva sentencia del consejo de Estado pasaron a estar fijadas por una comisión de propietarios: el cálculo de la compensación se realizaba sobre el valor futuro de las propiedades, es decir, sobre el valor que podrían alcanzar las edificaciones después de que la administración realizase los trabajos de mejora urbana, y no según el estado de los edificios y su entorno en el momento de ser expropiados. Además, la Comisión exageraba enormemente el valor potencial de las edificaciones (Halbwachs, 1908). Todo ello redundaba en precios tan desproporcionados que muchos se pelearon por ‘ser expropiados’ o, lo que es lo mismo, en enormes cargas para la administración (que debía afrontar en forma de deuda pública) y en un enorme trasvase de la riqueza nacional hacia los propietarios de la región parisina, que por aquel entonces eran muy pocos en comparación con la gran masas de trabajadores desposeídos que debían seguir pagando sus tributos para cubrir la nueva deuda generada (Sica, 1981b; Benevolo, 1996).

[13] Los ejemplos al respecto son innumerables, pero sirvan los relativos a la colonización del Oeste Americano para ver el proceso en su estado más puro. En el siglo XIX la colonización del oeste americano supuso el primer factor en el desarrollo económico del país: con ella enormes cantidades de tierras y de recursos naturales fueron puestos en producción. Pero de igual o mayor importancia fue el negocio de la construcción de las infraestructuras y los asentamientos que la hacían posible: en menos de un siglo se construyeron cientos de nuevas ciudades y miles de kilómetros de vías. En el proceso destacaron las compañías ferroviarias gracias a su capacidad de determinar el trazado de las vías y, en consecuencia, dónde se localizarían los nuevos asentamientos. Dónde no existían núcleos urbanos compraban las parcelas alrededor de donde situarían la nueva estación, y lo hacían antes de anunciar su localización y a través de múltiples intermediarios para que los propietarios no sospechasen y subieran los precios. El objetivo, en terminología actual, no era otro que comprar a precio de suelo rústico y vender luego a precio de suelo urbano. Donde ya existían asentamientos exigían grandes compensaciones a las autoridades municipales a cambio de no llevarse la nueva estación a ciudades vecinas, y dado que una nueva estación suponía para la ciudad mayor actividad comercial, muchas urbes cedían a las enormes exigencias de las compañías (concesiones de derecho de paso, cesiones de terrenos para la construcción de las vías y estaciones, suelo libre para la construcción de equipamientos comerciales o edificaciones residenciales, e incluso la compra municipal de acciones de la propia compañía) (Sica, 1981c; Logan y Molotoch, 2015; Herce, 2013). Tras una inversión de diez mil cien millones de dólares de entonces, se pasa de las treinta y tres millas de vías existentes en 1830 a ciento sesenta y seis mil millas en 1890 (un aumento del 5000%). Pero lo más significativo son los 131 millones de acres de tierras federales (lo que supone 53 millones de ha o 530.138 millones de m2 de suelo) traspasados a las compañías ferroviarias a coste cero (ver Sica, 1981c: 623-638).

[14] En los últimos años se han multiplicado las estaciones de AVE en medio de la nada con el objetivo de revalorizar los terrenos cercanos (Ruíz del Árbol, 2013). Uno de los casos más sonados ha sido el de la estación en Yebbes En 1998, el gobierno español, en manos del Partido Popular, decidió que la línea de tren de alta velocidad Madrid-Lleida, a su paso por Guadalajara (una ciudad de casi setenta mil habitantes) se desviase y tuviera su única estación de la zona en Yebbes, un pequeño enclave de apenas 300 habitantes, a 8 kilómetros de la ciudad y sin conexiones con ella. ¿Qué había en Yebbes que justificase semejante despropósito? Propiedades de gente con influencia, particularmente mil seiscientas diez hectáreas divididas en cinco grandes fincas pertenecientes al marido de Esperanza Aguirre, por entonces Ministra de Educación y Cultura, y su familia. En una de ellas estaba proyectada la ‘ciudad de Valdeluz’, una promoción inmobiliaria de nueve mil viviendas con tres millones trescientos mil metros cuadrados edificables; los beneficios que en 2005 se le calculaban rondaban los seiscientos millones de euros; seiscientos millones en unos terrenos que, sin la infraestructura (pública) que la conectasen con las aglomeraciones urbanas de la zona, no valdrían nada. Al poco tiempo, al AVE se le sumó una costosa carretera para facilitar la accesibilidad a la promoción inmobiliaria. Actualmente existe un proyecto, de momento paralizado, para construir una autopista que conecte Yebbes con la red estatal que llega a Madrid (Alberdi, 2003; Naredo, 2009). (arriba) fotografía aérea del inicio de la promoción de la ‘ciudad de Valdeluz’. Se observa el carácter agrario del territorio y el proceso, simultáneo, del inicio de la parcelación de la nueva promoción y de la construcción de la parada de la red ferroviaria de Alta Velocidad (centro) fotografía aérea del estado de la promoción ‘ciudad Valdeluz’ en 2016 (abajo, izq) fotografía aérea de la ‘ciudad de Valdeluz’ en 2008. Es prácticamente lo mismo que puede apreciarse hoy en día (abajo, der) una de las ‘calles’ de la ‘ciudad de Valdeluz’ en 2008 50

2.2.2

La organización espacial como mecanismo para incrementar el beneficio industrial La escala global: la re-territorialización del sistema-mundo La escala local: acabando con las des-economías urbanas

El primer y real resultado de la revolución industrial en terreno urbanístico: (…) la ciudad ya no se concibe como un conjunto de espacios y edificios regulados por leyes formales y relaciones espaciales bien definidas, sino como un conjunto de áreas a organizar en base a reglas de naturaleza fundamentalmente económica (…) que permiten su máxima explotación. Mancuso, 1980: 336

En otro punto del trabajo1 hemos visto como el modo de producción dominante debe, para perpetuarse, contar con unos marcos institucionales, sociales y espaciales acordes a sus intereses. Pero dado que cuando se despliega por primera vez no lo hace en un entorno neutro, sino adaptado a un modo de producción distinto, debe enfrentarse a unos marcos institucionales, sociales y espaciales ajenos a él, que deberá hacer suyos. Y aunque lo consiga, la configuración institucional, social y espacial que logre imponer no será definitiva, ya que en su expansión cada modo de producción genera continuamente oposición por parte de aquellos a los que perjudica, disputas entre los distintos intereses en su seno, y problemas asociados a su propio éxito. Para sortear todos estos obstáculos a su expansión debe readaptarse, lo que implica reorganizar, una vez más, las instituciones, las relaciones sociales y la organización espacial. Es decir, se producirá una reorganización constante de dichos marcos. A continuación nos centraremos en la restructuración espacial que lleva a cabo, en particular en cómo la organización espacial es usada para reducir el coste de producción. En apartados posteriores veremos cómo la organización espacial es empleada para incrementar las ventas. Bajo el capitalismo la producción industrial ha sido la principal responsable de la organización espacial del territorio en todas sus escalas, de modo que cada vez que los criterios de localización de la industria se ven alterados, se produce la reorganización espacial del territorio [15] (Castells, 1979; Harvey, 2014; Sica, 1981b). Esta constante reorganización conlleva graves consecuencias humanas y medioambientales: la revolución industrial no sólo provocó la concentración de la población en unos pocos puntos del territorio, sino que las cambiantes necesidades de la industria han sido la causa de que aglomeraciones que gozaron de una importante actividad económica hayan caído en decadencia por no encontrarse cerca de las nuevos puntos de extracción, procesado o transporte, mientras que otros asentamientos han experimentado 1

Véase la introducción a la parte 2, ‘La producción del espacio como mecanismo de control social y de beneficio económico’

[15] La localización industrial depende de muchos factores (técnica, materias primas , grado de resistencia de las estructuras sociales e institucionales, mano de obra, etc.) La primera industria capitalista se localizó en la ribera de los ríos para aprovechar la fuerza motriz del agua para mover las máquinas tejedoras. Pero con la invención de la máquina de vapor esta limitación desapareció: al ser el carbón una fuente de energía transportable, la industria pudo olvidarse de la anterior limitación y asentarse en las ciudades, donde existían las infraestructuras que necesitaba (lo que reducía la inversión necesarias) y donde abundaba la mano de obra (lo que reducía su coste) y los potenciales consumidores. Del mismo modo, si la industria necesita un material determinado aparecerán explotaciones donde éste se encuentre, lo que conlleva una organización territorial específica (asentamientos, rutas de transporte, etc). Cuando la materia prima que necesita se agota o se sustituye por otra, se reorganiza el espacio. El coste de la mano de obra también influye en la localización: cuando existe la posibilidad de utilizar mano de obra mucho más barata en otro lugar, la industria puede llegar a trasladarse y, al hacerlo, reorganiza el espacio. Así mismo, ‘las cambiantes alianzas de naciones o la prohibición del comercio por la acción política (…) han afectado también a la circulación del excedente’ (Harvey, 2014: 259) y, en consecuencia, a la organización espacial. 51

[16] En los territorios extranjeros controlados por países europeos y por Estados Unidos, ‘las carreteras, los ferrocarriles y las instalaciones portuarias (…) tan solo respondían a la idea de asegurar el enlace entre los lugares de extracción y las escalas portuarias’ (Sica, 1981c: 838): Las vías férreas no constituían una red destinada a unir a las diversas regiones interiores entre sí, sino que conectaban los centros de producción con los puertos (…) los ferrocarriles, tantas veces saludados como adalides del progreso, impedían la formación y el desarrollo del mercado interno (Galeano, 1982: 327). Para gestionar las colonias, se implantó una estructura anidada de asentamientos. Donde ya existían, se realizaban ‘mutaciones profundas de sus funciones y estructuras físicas’ para adaptarlos a su nueva función en la cadena extractiva; y dónde no, se construían ‘ciudades nuevas, centros bancarios y comerciales, preferiblemente en posiciones costeras; ciudades de mercado en los puntos de intercambio del interior, y poblados industriales [en donde se encontraban los recursos demandados] (Sica, 1981c: 839). Todo ello suponía la ‘destrucción progresiva del estado del territorio, de la producción e intercambios preexistentes, y de las articulaciones sociales autóctonas’ (Sica, 1981c: 839; como introducción al tema: Sica, 1981c: 831-903, 1981d: 501-529). La reorganización territorial también afecto a países supuestamente soberanos, en los que las infraestructuras no sólo estaban al servicio del expolio de los recursos nacionales, sino que, además, eran costeadas por la población local mediante emisión de deuda pública. El negocio de las empresas occidentales era doble: por un lado, los intereses llegaban a multiplicar por 4 o 5 la cantidad prestada; por otro, las infraestructuras que servían para expoliar los recursos locales, eran construidas y gestionadas a precios hinchados por empresas occidentales, a las que además de un pago monetario se les otorgaba “considerables concesiones de tierras a cada lado de las vías (…) que constituían un estupendo negocio adicional” (Galeano, 1982: 329). (izq) estructura de la red ferroviaria de África Central entre 1890 y 1969 52

un crecimiento desmedido como nuevos centros del capitalismo local o internacional por los motivos opuestos2 (Chris Hedges y Joe Sacco, 2014; Galeano, 1982). Uno de los ejemplos más estudiados de la reorganización espacial internacional fue el que tuvo lugar con el descubrimiento de América. El desarrollo de la industria en los países europeos (y posteriormente norteamericanos) se costeó con las riquezas, en forma de bienes naturales, saqueadas de los territorios hasta entonces inexplorados por el capital (Galeano, 1982; Sica, 1981c). Para facilitar el expolio se llevó a cabo una profunda reorganización territorial: las necesidades de la industria (tanto en lo relativo a los recursos naturales, a las fuentes de energía o a la mano de obra) determinaron la construcción de las infraestructuras y los asentamientos necesarios, tanto en las colonias como en los territorios nacionales, aunque en uno y otro lugar las condiciones de partida y los objetivos fueran distintos: mientras las colonias eran consideradas lugares de extracción, no de producción, y en consecuencia las infraestructuras y los asentamientos que allí se construyeron tenían como objetivo la extracción de los recursos naturales y su transporte hasta el continente europeo (Galeano, 1982; Sica, 1981c), [16] en Europa las infraestructuras y los núcleos urbanos se orientaron hacia el desarrollo de la producción y la mejora de la competitividad en el mercado mundial, reduciendo los costes de movilidad y conectando los puntos funcionales del territorio (como veremos más adelante, con este ob2

En ‘Días de destrucción, días de revuelta’, Hedges y Sacco (2014) muestran las consecuencias humanas de la reestructuración espacial llevada a cabo por el capitalismo en Norteamérica. Otros muchos ejemplos se pueden encontrar en ‘Las venas abiertas de América Latina’, de Eduardo Galeano (1982).

jetivo se amoldaron las normativas existentes, se crearon otras nuevas y se modificó el planeamiento) (Mancuso, 1980). Igualmente importante fue la reorganización espacial que se llevó a cabo en el último tercio del siglo XIX en el interior de las aglomeraciones urbanas para facilitar la producción industrial. La fragmentada estructura de la propiedad del suelo de la periferia urbana europea y la libertad de la que en muchos casos gozaban sus propietarios a la hora de edificar en sus parcelas dada la inexistencia de una regulación espacial, eran las causas que estaban detrás de la construcción de bloques residenciales en las cercanías de las fábricas (dificultando su posterior expansión) y del trazado sinuoso y estrecho de las nuevas vías, que se sumaba al ya de por sí tortuoso casco urbano (imposibilitando la futura penetración del ferrocarril en el interior de las aglomeraciones urbanas que la industria necesitaba) (Benevolo, 1994 y 1996). Al mismo tiempo, el elevado precio que los propietarios atribuían a sus terrenos repercutía de forma considerable sobre los beneficios industriales (reduciendo el capital disponible para las expansiones futuras) y, de forma indirecta, amenazaba con provocar el estallido social, debido a que los bajos salarios de los trabajadores impedían a los promotores subir el importe de los alquileres en la misma proporción en la que se incrementaba el precio del suelo, por lo cual, para optimizar el negocio, reducían el tamaño y la calidad de las viviendas para poder construir más con el mismo dinero y espacio, lo que empeoraba las condiciones de la vivienda obrera y aumentaba las posibilidades de una revuelta social (Mancuso, 1980). Es decir, al mismo tiempo que aumentaba la posibilidad de una revolución socialista, la falta de una autoridad que regulase la organización espacial de la ciudad estaba perjudicando al desarrollo industrial y, en consecuencia, a la competitividad de algunos países en el mercado mundial. Las reformas interiores primero, y la zonificación y la descentralización después, vinieron a resolver parte del problema: con la apertura de vías adaptadas a los nuevos medios de transporte en el denso tejido preindustrial se facilitaba la movilidad de mercancías y personas que el nuevo sistema demandaba; con la clasificación de la ciudad en distintas áreas reservadas a funciones específicas se acababa con las interferencias entre usos y se permitía la sencilla expansión de las actividades industriales; y con la creación de ciudades semiautónomas en el entorno de la aglomeración principal se perseguía hacer frente al tamaño desmesurado que estaban adquiriendo ciertas aglomeraciones, lo que dificultaba el movimiento, generaba problemas de salubridad y encarecía los precios del suelo3 [17] 3

Aunque en ciertos países europeos la propiedad se vio ligeramente supeditada a los intereses de la industria (los planes de alineación y las normativas de zonificación imponían limitaciones al aprovechamiento que los propietarios podían materializar en sus propiedades), ni siquiera las políticas más activas en la adquisición de suelo por parte de los municipios para construir o subvencionar viviendas para las clases más desfavorecidas supusieron ningún tipo de pérdida económica para sus propietarios: los administradores públicos rechazaron usar los mecanismos de expropiación que tenían a su disposición y basaron sus políticas en adelantarse al crecimiento urbano para comprar terreno a bajos precios, a pesar de que ello implicase localizar las nuevas viviendas alejadas de la ciudad. El caso de

[17] Así sucedió en Europa, donde el control del crecimiento de las aglomeraciones urbanas se supeditó a criterios económicos de eficiencia y funcionalidad, y en Estados Unidos, en donde al no existir ni la carencia de espacio ni la fragmentada estructura de la propiedad característica del continente europeo, el principal objetivo del control del desarrollo urbano fue la apropiación del beneficio que éste generaba y la utilización de los centros urbanos como escaparate de las principales compañías, aunque la segregación racial y la protección del valor de los terrenos también fueran tenidos en cuenta (Mancuso, 1980; Sica, 1981c). En Inglaterra, la laxitud de las normativas de edificación y la inexistencia de planes de alineación y/o de ensanche en la mayor parte de las ciudades hasta bien entrado el siglo XIX, posibilitaba que los promotores y propietarios del suelo edificaran viviendas insalubres, redujeran los espacios libres a la mínima expresión y se vieran eximidos de construir las instalaciones sanitarias necesarias, todo lo cual empeoraba la situación de la clase obrera. Surgieron entonces multitud de normativas parciales que, sin demasiada eficacia, intentaban solucionar problemas en zonas concretas de la ciudad (Benevolo, 1994 y 1996). Serían los obstáculos que la falta de regulación espacial generaba a la penetración de la red ferroviaria en la ciudad, imprescindible para la industria, los que impulsarían la creación de una institución (de planificación urbana) con el poder y los mecanismos suficientes (entre ellos la expropiación) para fijar el trazado de la nueva infraestructura a través del fragmentado y abigarrado entorno urbano sin verse limitada por los intereses individuales de los propietarios del suelo: En Inglaterra, las garantías concedidas por la ley para proteger los derechos de los propietarios de tierras hacían que en 1840 el costo de las líneas ferroviarias fuese cincuenta veces más elevado que en los países alemanes, y diez veces más alto que en Norteamérica, donde los ferrocarriles avanzaban sobre los territorios desiertos del oeste (…) el procedimiento de expropiación fue establecido de forma explícita en 1842 y 1845 (…) y estipula53

do de forma cada vez más ágil por el Estado (…) aplicada en gran escala, [dejando de ser una] operación rara y excepcional. (Benevolo, 1994: 121). En Alemania los factores desencadenantes de la necesidad de una regulación espacial de la ciudad fueron los altos precios del terreno que demandaban los propietarios del suelo, un problema que no se experimentó en Inglaterra por la rápida puesta en el mercado de grandes cantidades de suelo y la menor concentración industrial en los entornos urbanos. La industria alemana, sin embargo, se desarrolló más tarde, con un carácter esencialmente urbano y con una tendencia hacia el monopolio más que hacia la competencia (Mancuso, 1980). Allí, todo apuntaba hacia la concentración de la producción industrial en unos pocos centros urbanos: las administraciones públicas ejecutaron importantes infraestructuras y los grandes municipios llevaron a cabo una intensa política de anexiones; todo apuntaba hacia la concentración menos los altos precios del suelo que exigían los propietarios cerca de las principales aglomeraciones, que provocaban la dispersión industrial por el territorio en busca de terrenos más baratos. Esto no sólo suponía una importante pérdida de recursos económicos para las grandes municipalidades, sino, sobre todo, la pérdida de la capacidad de control de éstas sobre los nuevos factores de producción. Pero de igual o mayor importancia eran las consecuencias que el alto precio del suelo tenía sobre el problema social. En Alemania la situación habitacional era dramática: de 1850 a 1900 Berlín pasó de cuatrocientos mil habitantes a un millón y medio, Munich de treinta y cinco mil a medio millón, un aumento de casi el mil quinientos por ciento. Los altos precios del suelo provocaban que los promotores construyeran viviendas más pequeñas y de peor calidad para mantener sus márgenes de beneficio. El resultado era un hacinamiento sin precedentes en enormes bloques colectivos que alcanzaban densidades que empequeñecían a las del resto del mundo: mientras que Berlín contaba con 76 54

personas por edificio, Paris se quedaba en la mitad, Manhattan no superaba los 21, y Londres apenas llegaba a los 8 (Mancuso, 1980: 48-50). El peligro de epidemias y de levantamientos sociales se volvía cada vez más patente. Como incrementar el salario de la población hubiera supuesto reducir la competitividad de la industria germana, el Estado se volcó en la compra de suelo, la construcción de viviendas para la clase obrera y la planificación de la ciudad en favor de los intereses industriales. En definitiva, fue el Estado el que, con dinero público, cargó con los gastos que debía asumir la empresa privada en forma de salarios dignos e inversiones en infraestructuras. Pero para ello las administraciones públicas tuvieron que dotarse de los instrumentos necesarios para actuar sobre el entorno urbano y evitar futuros conflictos: tasación rigurosa, adquisición pública de terrenos, municipalización de áreas industriales, puertos, empresas ferroviarias, la electricidad, el agua, el gas (…) y medidas de control en el sector de la planificación urbanística: la zonificación, la lex Adickes (que consiente la expropiación) (…) intervención pública masiva [en la planificación del espacio con el objetivo de facilitar la iniciativa empresarial] (Mancuso, 1980: 68). También en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los grandes grupos de negocio comenzaron a contemplar la ciudad desde una perspectiva empresarial debido a la ralentización del crecimiento de la economía del país una vez finalizada la colonización del oeste americano. En las ciudades norteamericanas ‘el desarrollo excepcional de la economía se vio sostenido por la acción de la administración pública’, que facilitó la movilidad urbana con la construcción de numerosas redes de metro y de ferrocarril elevado, y la dotación de parques urbanos y redes de saneamiento (Mancuso, 1980). Asimismo, la congestión de algunas áreas metropolitanas, perjudiciales para los negocios locales, llevó a algunas administraciones a plantear estrategias de ordenación a nivel territorial, como sucedió con el plan

Boston-1915. Sin embargo, la Exposición Universal de Chicago de 1893 constituye la demostración más clara de cómo una actuación urbanística coordinada y un entorno controlado pueden servir de reclamo y escaparate para los grandes conglomerados norteamericanos: en pocos meses consiguió atraer a veintiún millones y medio de visitantes (Sica, 1981c: 724). Con ella comenzó el movimiento de la City Beautiful, una corriente a través de la cual los más poderosos reclaman la potestad para actuar sobre las áreas nodales y más significativas de la aglomeración urbana con el objetivo de controlar el desarrollo de toda la ciudad. Y es que: administrar y coordinar la renovación de los centros urbanos en los núcleos más vitales de la concentración inmobiliaria puede significar la posibilidad de asegurarse, además del plusvalor económico, un plusvalor ideológico suplementario que, mientras exalta en arquitecturas concretas el prestigio de la empresa (…) puede constituir también una demostración de la capacidad [de los grandes empresarios] para hacerse cargo de una nueva organización de la ciudad en función del [supuesto] interés público (Sica, 1981c: 665). Sirva como ejemplo el Plan de Burnham para el Chicago de principios de siglo, promovido y financiado por los hombres de negocio más importantes de la ciudad en un intento por controlar su desarrollo. Pero el movimiento de la City Beautiful no era suficiente para los principales industriales del país, que estaban convencidos de que ’la planificación urbanística puede transformarse mediante un procedimiento empírico en ciencia exacta’ (Sica, 1981d: 76) con el objetivo de adaptar la ciudad a los criterios de eficiencia y funcionalidad de la empresa.

(arriba) vista del tejido urbano de Londres en 1851. Dado lo irregular y tortuoso del tejido, se entenderá la dificultad de introducir en él el ferrocarril (centro) fotografía aérea de Preston, Reino Unido, en la que se aprecia la coexistencia en el espacio de viviendas y fábricas (abajo) fotomontaje de la autopista proyectada por Robert Moses para facilitar la llegada de los trabajadores de clase media-alta de las oficinas de Manhattan desde sus viviendas en las áreas suburbanas. Para hacerla posible habría sido necesario derribar miles de viviendas de la clase obrera. Aunque el proyecto fue cancelado gracias a la resistencia vecinal, miles de ciudadanos estadounidenses se vieron desplazados por las grandes infraestructuras al servicio del automóvil 55

Pero habría que esperar a la tercera década del siglo XX para asistir a los primeros intentos sistemáticos de organizar la totalidad de la ciudad con criterios de estricta funcionalidad y eficiencia; tarea que recaería sobre una serie de arquitectos movilizados por las pésimas condiciones de vida que tenía que soportar la mayoría de la población. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, sus propuestas simplificaron y abstrajeron las necesidades humanas, el funcionamiento de la ciudad y las causas estructurales que se hallaban detrás de la situación existente, ayudando con ello a introducir entre la población los criterios de eficiencia y funcionalidad característicos de la gran empresa (Sica, 1981d) [18]. El acuciante problema de la vivienda al término de la Segunda Guerra Mundial, y los limitados recursos económicos disponibles para afrontarlo, hicieron el resto: se antepuso la satisfacción de las necesidades básicas de alojamiento sobre las emocionales y de sociabilización, y se primó la cantidad sobre la cualidad: se construyeron millones de viviendas que aceptaban como norma los mínimos funcionales estudiados (incluso reduciéndolos) y se omitió la construcción de los equipamientos y espacios verdes de las propuestas de los arquitectos. Como consecuencia, los nuevos espacios urbanos creados para alojar a la clase obrera acabarían creando problemas aún hoy patentes. No obstante, los industriales y los promotores sí se vieron beneficiados por esta coyuntura. Para empezar, las nuevas actuaciones introdujeron la mentalidad de la gran empresa entre la población, normalizando la racionalidad (económica) y obligando a la clase trabajadora a abandonar sus costumbres y las redes de apoyo social tejidas desde su llegada a la ciudad4, lo que suponía la continuación del proceso comenzado con el cercamiento de los campos comunales5. Más importante para los grandes industriales fue la reorganización de la ciudad Frankfurt a principios del siglo XX es bastante significativo (Mancuso, 1980: 113-167).

(esta pág, arriba) estudio sobre la distribución funcional óptima de una vivienda; Alexander Klein, 1928 (esta pág, centro y abajo) estudios sobre la distribución óptima de los bloques residenciales (según su altura, separación, consumo de suelo, coste, etcétera) CIAM III, 1930 (pág sig, izq) estudio para la Ciudad Vertical, Ludwig Hilberseimer, 1925 (pág sig, der) perspectiva de ‘La Ville Contemporaine’, Le Corbusier, 1922 56

El traslado de parte de la clase obrera a la periferia: provocó la pérdida de buena parte de su rica red de relaciones sociales (los niños, socializándose en la calle, la tienda local de ultramarinos…) La distancia con respecto a la ciudad y la precariedad de la red de transportes abrieron una zanja difícil de salvar entre los realojados y sus familiares y amigos que aún habitaban en el centro, un brutal tijeretazo a las redes de apoyo emocional y de reciprocidad creadas por los proletarios a lo largo del tiempo y que suponían una importante acumulación de capital social y cultural que aliviaba la precariedad de su vida (tíos, abuelos y comadres que cuidaban de los niños, intercambio de favores mutuos, transmisión de la conciencia de clase y de los valores de la cultura obrera a través de las generaciones, asociacionismo, etc.). Los sociólogos detectaron importantes sentimientos de desarraigo y alienación e interpretaron aquellos realojos como una estrategia sibilina para destruir la cultura obrera y desarmarla así políticamente (Ullán de la Rosa, 2014: 184-185)

En el apartado anterior (2.2.1) hemos visto como uno de los objetivos del cercamiento de los campos comunales era bajar el salario de la clase obrera industrial mediante el incremento del número de trabajadores en busca de trabajo.

[18] En primer lugar se identificó ‘un [único] modelo de individuo, con sus necesidades básicas cuantificables, según el axioma igualitario de la unidad bio-psicológica de todos los hombres’ (Sica, 1981d: 170). Las diferencias culturales fueron suprimidas y el hombre se vio reducido a sus necesidades biológicas fundamentales, sin prestar atención a sus necesidades emocionales y sociológicas (Frampton, 2010). En segundo lugar, el problema fue separado de las causas que lo hacían posible. Aunque con notables excepciones, como la del crítico Karel Teige o la del arquitecto Hannes Meyer, la mayoría vieron en las nefastas condiciones habitacionales el principal problema de la sociedad, olvidando que éstas eran consecuencia de la explotación a la que se veía sometido el trabajador. A lo máximo que se llegó fue a denunciar el negocio que los promotores hacían a costa de la clase obrera y las repercusiones que tenía, proponiendo la colectivización del suelo como solución: en la Carta de Atenas (Le Corbusier, 1981) se recogía tanto la ‘urgencia de regular, a través de un medio legal, la disposición de todo suelo útil para equilibrar las necesidades vitales del individuo en plena armonía con las necesidades colectivas’ (punto 94), como la voluntad de que ‘el interés privado se subordine al interés colectivo’ (punto 95). Unas demandas que,

todo sea dicho de paso, se sabían imposibles de lograr en una sociedad capitalista. En tercer lugar, la comprensión de la ciudad se redujo al estudio de cuatro funciones consideradas básicas (habitar, trabajar, recrearse y circular) que el planeamiento tendría que separar y ordenar en el espacio (puntos 77 y 78 de la Carta de Atenas). Al mismo tiempo se hizo de la vivienda el eje central del problema (concentrando los esfuerzos en su diseño y pretendiendo ver la ciudad como la posterior agrupación de células habitacionales y ciertos ‘elementos singulares’ responsables de catalizar el proceso), y se confinaron las actividades sociales en espacios específicos, suprimiendo la calle como soporte de actividades: ‘las horas libres semanales deben pasarse en lugares favorablemente preparados: parques, bosques, terrenos deportivos, estadios, playas’ (punto 38). Los hasta entonces lugares predilectos de sociabilización (fundamentalmente las tabernas y las calles) debían ser suprimidos, pues se asociaban a actitudes perjudiciales física y moralmente: alcoholismo, desmesura, soberbia, etcétera. En cuarto lugar, los criterios de funcionalidad y economía fueron tomados como los principios que debían guiar el diseño y organización espacial en todas las escalas: ‘las distancias entre los lugares de trabajo y las viviendas

deben ser reducidas al mínimo’ (punto 46 de la Carta de Atenas); ‘las zonas industriales deben hallarse junto al ferrocarril, el canal y la carretera’ (punto 48); ‘el ciclo de las funciones cotidianas, habitar, trabajar y recrearse (recuperación), será regulado por el urbanismo dentro de la más estricta economía de tiempo’ (punto 79). También se estudió la cantidad mínima de espacio, volumen, soleamiento y ventilación que necesitaba una persona, así como la distribución que permitía reducir los recorridos y las acciones necesarias; y se debatió sobre la agrupación de viviendas más eficaz en términos económicos y funcionales. Ni el paternalismo que muchos demostraron, ni la creencia compartida de que la arquitectura podía resolver los problemas sociales, ayudaron a atenuar las consecuencias de sus actos. Uno de los arquitectos que más patente hizo su convicción respecto de la capacidad de la planificación del espacio para acabar con las revueltas sociales fue Le Corbusier, que terminó su libro-manifiesto ‘Hacia una arquitectura’ (1923) con ‘Arquitectura o revolución’. Con objetivos opuestos se postularon Moiséi Ginzburg, Hannes Meyer o Mart Stam (entre otros muchos); quienes creían en la capacidad de la arquitectura y el urbanismo para potenciar las relaciones sociales (condensadores sociales) y la revolución socialista.

[19] El texto comienza en 1820 con ‘la pequeña y compacta ciudad mercantil de Estados Unidos, con su densa mezcla de residencias de diferentes clases sociales agrupadas en torno al lugar de intercambio y el comercio, el puerto o la estación de ferrocarril. La industria todavía está fuera de la urbe, donde estaba la energía necesaria. Los más pobres también (…). Como diferentes grupos socioeconómicos estaban viviendo y trabajando juntos, las crecientes desigualdades se hicieron cada vez más evidentes (…) Surge [entonces] una nueva geografía específica (…) como medio para aumentar la producción industrial y controlar y disciplinar a la población urbana (…) un modelo ‘más oscuro’ de ciudad capitalista industrial competitiva, centralizada y zonificada (…) Pero esta nueva forma generaría sus propias formas de tensión interna y de descontento político, por lo que fue necesario otra serie de reestructuraciones (…): la ciudad monopolista-corporativa de comienzos del siglo XX (…): la estructura antes claramente definida y altamente centralizada comenzó a desintegrarse: una descentralización consecutiva de fábricas, residencias, oficinas, almacenes, tiendas (...) la vida urbana se fragmentó (...) Pero entre 1870 y 1920 algunas ciudades también experimentaron una fuerte recentralización con la concentración de las actividades financieras y bancarias, de las oficinas centrales de las corporaciones y de los altos edificios de oficinas en el Distrito Central de Negocios [lo que se sumó al] retorno de las ‘clases altas’ a las residencias del centro (…) Durante la Gran Depresión y la 2ª Guerra Mundial, otra serie de reestructuraciones urbanas (…) extenderían y reelaborarían las tendencias evidentes en las últimas décadas del siglo XIX, pero el efecto acumulativo produciría cambios significativos (…) [Con una] creciente dispersión en la ubicación de las fábricas y de los obreros (…) surgía la metrópolis regional fordista, al mismo tiempo y por separado, urbana y suburbana. Sin embargo, la primitiva ciudadela del poder político y económico permaneció en el viejo centro de la ciudad, junto con una infraestructura residual de hoteles, restaurantes, boutiques y otros servicios especializados para una pequeña élite residente, así como también para los turistas (Soja, 2008: 172-176) 58

para terminar con las disfunciones que perjudicaban al desarrollo de la industria, a lo que habría que sumar la construcción de nuevas infraestructuras y la reserva de suelo para la expansión de las fábricas y de las sedes corporativas. Además, al recaer sobre el Estado los costes de alojamiento de la mano de obra (mediante la construcción de polígonos residenciales para la clase trabajadora), los empresarios podían mantener los sueldos bajos al mismo tiempo que los promotores inmobiliarios se beneficiaban de una demanda que, de otro modo, no sería solvente6. Estos son sólo algunos ejemplos de las transformaciones espaciales que el capitalismo ha realizado a nivel global y local para sobreponerse a sus propias contradicciones internas y a las oposiciones externas que surgen con su expansión. En el último apartado del trabajo profundizaremos en ello, pero la extensión del relato que refiera las principales fases y mecanismos utilizados en dicho proceso supera con mucho los objetivos y limitaciones de este trabajo; otros lo han hecho y a ellos nos remitimos (Algunos son: Castells, 1979; Friedman, 1986; Harvey, 2014; Lefebvre, 1972 y 1978; Sassen, 1999 y 2007; Soja, 2008). No obstante, sirva de ejemplo la breve exposición que se adjunta en la que Edward Soja muestra los cambios espaciales que experimentó la aglomeración urbana norteamericana entre 1820 y 1970 para adaptarse a las distintas reestructuraciones del modo de producción capitalista [19] 6

Con ello no se pretende decir que no fuera necesario acabar con la precaria situación en la que vivían millones de personas, ni que los arquitectos que idearon las nuevas propuestas lo hicieran pensando en beneficiar a los grandes empresarios; lo que se está poniendo en tela de juicio es el modo en el que la reconstrucción urbana tuvo lugar y el reparto de cargas entre los beneficiados.

2.2.3

La organización espacial como potenciador de nuevos negocios

El acceso a las personas creativas y con talento (…) determina [hoy en día] dónde deciden ubicarse y crecer las empresas. Y eso, a su vez, ha modificado el modo en que deben competir las ciudades. Florida, 2010: 45

La importancia que para el sector empresarial siempre tuvo el control de la organización espacial se vio incrementada tras la crisis económica de los años 70. A partir de encontonces, además de seguir considerándose un factor clave en la disminución de los costes de producción, el control del espacio comenzó a ser visto como una herramienta fundamental a la hora de potenciar la invención de nuevos productos e incitar a la compra de otros. En este apartado argumentaremos lo primero; en el siguiente estudiaremos lo segundo. La crisis económica de los años 70 fue, en parte, resultado del estancamiento del beneficio de una industria basada en la fabricación en masa de una cantidad reducida de productos. Este estancamiento se debió a la mayor competitividad mundial y al descenso de la demanda provocada por la saturación del mercado solvente: la mayor parte de la población con capacidad económica para adquirir los productos disponibles ya lo habían hecho, y su larga vida útil retrasaba su sustitución1. Para aumentar los beneficios era necesario inventar nuevos productos2 (Harvey, 2014), por lo que las empresas comenzaron a buscar a los trabajadores más creativos (Florida, 2010). Pero las capacidades innatas o adquiridas de las personas eran, y siguen siendo, sólo uno de los factores en juego; pronto se valoraron los efectos que los entornos densos y diversos ejercían en la generación de nuevas ideas: como había defendido Jane Jacobs, la existencia de empleos, actividades y servicios variados en un mismo entorno atraía a personas con distintos intereses que acababan entrando en contacto 1

Estos son sólo dos de los múltiples motivos que condujeron a lo que David Harvey denominó el ‘régimen de acumulación flexible’. Para mayor información, ver Harvey (2012).

Dichos productos debían tener, además, cortos períodos de vida, para que su pronta sustitución mantuviera en marcha la cadena de producción. La obsolescencia programada, las modas (efímeras por definición) y el auge de los servicios fueron parte de la solución.

y compartiendo sus ideas, lo que favorecía la puesta en marcha de nuevos proyectos: el tiempo de ocio compartido en los bares, parques y calles, daba pie a iniciar contactos que conducían a charlas en las que cada uno hablaba sobre los intereses que tenía, los proyectos que estaba llevando a cabo, los servicios que prestaba, o las novedades que se estaban produciendo en su campo de trabajo, lo que ampliaba el limitado abanico sobre el que cada uno, de manera individual, se podía informar, y, de ese modo, fomentaba la invención de nuevos servicios y productos (Jacobs, 19753). La constatación de la importancia que un entorno denso y diverso tiene en la generación de nuevas ideas, y del papel que las instituciones culturales y educativas de primer nivel desempeñan en la formación de la población local, en la generación de nuevo conocimiento y en la atracción de la gente creativa (todo lo cual interesa a la empresa), provocó que las principales compañías comenzaran a trasladar sus sedes a los núcleos urbanos densos y diversos en los que se encontraran los organismos culturales y educativos más prestigiosos (Jacobs, 1975; Castells, 1979; Florida, 2010; Glaeser, 2011). Y ello hizo que, para atraer a las grandes empresas con el objetivo de crear empleo local y aumentar la base impositiva del municipio, en las últimas décadas muchas ciudades hayan modificado su planeamiento para permitir la densificación y mezcla de determinados usos en zonas concretas, y hayan competido entre sí para ofrecer las mejores condiciones a las principales instituciones culturales y educativas para que se instalasen en sus localidades. Se podría pensar que esto es algo que beneficia a todos; y en teoría es cierto, ya que se recuperan zonas físicamente degradadas y se generan trabajos cualificados en sectores que pueden ayudar a mejorar la vida de las personas: biotecnología, investigación farmacéutica y médica, telecomunicaciones, multimedia, etcétera. Sin embargo, lo habitual es que los recursos públicos acaben financiando negocios privados, que el planeamiento se ponga a disposición de los intereses empresariales e inmobiliarios, y que los grupos más desfavorecidos se vean apartados de los nuevos desarrollos urbanos. El problema reside en la materialización de estas actuaciones. En el caso más burdo, los gestores urbanos gastan miles de millones de euros en construir estadios deportivos, parques temáticos y grandes centros comerciales para atraer a franquicias deportivas, culturales y de entretenimiento con el objetivo de que sirvan de reclamo para la ‘clase creativa’. Pero hace tiempo que se ha demostrado el fracaso de esta estrategia para atraer a los trabajadores más cualificados e innovadores; únicamente sirve para derivar los recursos necesarios en aspectos sociales 3

A principios de los años 70 Jane Jacobs demostró la importancia que la concentración de personas y actividades en un mismo espacio tiene para el desarrollo humano en general, y económico en particular, pues lo que en otro caso serían recursos, ideas y capacidades dispersas, en un espacio acotado se juntan, interaccionan y se canalizan hacia un mismo objetivo. Quizás lo más polémico de su ensayo fue la defensa de que habían sido las primeras ciudades las responsables de la generación del excedente agrario, invirtiendo con ello la idea establecida de que el desarrollo de la agricultura producido por la sociedad pre-urbana habría sido lo que permitió la fundación de las ciudades (Jacobs, 1975).

hacia la financiación de las grandes multinacionales, instituciones culturales y equipos deportivos, cuyos eventos, además, se encuentran fuera del alcance económico de la mayoría de la población4 (Florida, 2010). También está en duda la eficacia de la actuación de las administraciones públicas en la generación y el desarrollo de los ‘distritos de innovación’. En primer lugar, en muchos casos su construcción concentra buena parte de los recursos públicos en pequeñas zonas que, además, están destinadas a grupos de población acomodados, bajo la excusa de lo limitado del presupuesto y la necesidad de ‘apostar’ por aquellas actuaciones que generen empleo cualificado para incrementar la recaudación tributaria futura. Como consecuencia se posponen (u olvidan) las actuaciones en las zonas urbanas donde residen los colectivos más vulnerables, que son, precisamente, las que más necesitan la inversión pública por su estado de degradación física5. Pero aún es peor cuando los nuevos ‘distritos de innovación’ se localizan en zonas degradadas bajo el pretexto de regenerarlas: en ese caso la administración pública suele ser partícipe de la expulsión de los colectivos más vulnerables, potenciando, además, el negocio de promotores y empresas6. En segundo lugar, los distritos de innovación son diseñados según las necesidades empresariales: se seleccionan los usos según la utilidad y el rendimiento que de ellos pueda sacar el desarrollo empresarial, ya sea de forma directa (generando sinergias con el desarrollo de nuevos negocios) o indirecta (servicios y actividades que atraigan a los trabajadores más preparados). Es un proceso en el cual el espacio público pasa a estar gestionado por agentes privados. Por último, el reparto de las cargas y de los beneficios de este tipo de actuaciones suele ser tremendamente desigual: mientras la administración, con los recursos públicos, se encarga de las expropiaciones, de la construcción de infraestructuras, de la atracción de las distintas instituciones y empresas (lo que lleva a cabo mediante subvenciones, exenciones fiscales, cesión de suelo o incremento del aprovechamiento lucrativo de las parcelas privadas) y de cubrir los posibles riesgos de los empresarios, éstos se apropian de las plusvalías derivadas de la actuación de la administración y de las sinergias empresariales que el nuevo entorno genera [20]. 4

Un ejemplo local al respecto son las múltiples actuaciones onerosas que el ayuntamiento de Valencia realizó en las últimas décadas para atraer distintos acontecimientos deportivos (Copa América, Mundial de Fórmula 1, etcétera). Los más que cuestionables efectos sobre la economía de la ciudad generados por los 300 millones de dinero público (la mayoría en concepto de canon) destinados a albergar el Mundial de Fórmula 1, contrastan con los cientos de barracones en los que se imparte la educación pública en Valencia como consecuencia, según la misma administración que financió la Formula 1, de ‘falta de fondos’.

Es más, la retirada de inversión pública de las zonas degradadas sirve para reforzar el proceso de degradación, haciendo posible la posterior gentrificación y, en consecuencia, la apropiación del beneficio por parte de los grandes inmobiliarios y entidades bancarias (ver apartado 2.2.1 de este trabajo)

Ídem que nota anterior.

[20] El Distrito 22@, en Barcelona, es un ejemplo relevante de cómo la administración pública modifica el planeamiento, construye infraestructuras y dotaciones, otorga subvenciones, cede suelo, y presta o facilita distintos tipos de servicios para impulsar el desarrollo empresarial. Desde el Ayuntamiento se definió la actuación como un ‘programa de trasformación urbana, económica y social’ que afecta a un ámbito de 200 hectáreas en pleno corazón de la ciudad: transformación urbana porque se ‘recicla el tejido industrial obsoleto del Poblenou’; económica porque se pretende crear una ‘importante plataforma científica, tecnológica y cultural que convierta Barcelona en una de las ciudades más dinámicas y novedosas; y social porque ‘favorece la interrelación entre los profesionales que trabajan en la zona (…) empresas, instituciones, vecinos y entidades de ámbitos sociales, educativos y culturales’ (Dirección de Urbanismo 22@ Barcelona, 2012: 2). Y aunque todos estos objetivos parezcan favorables para el conjunto de toda la ciudadanía, son las empresas las que se ven más beneficiadas por la actuación pública, que es conocedora y actúa como potenciadora de esta circunstancia. En primer lugar, el nuevo plan otorga a las empresas gran flexibilidad a la hora de decidir la tipología, la forma y el tamaño de sus nuevos edificios, los tiempos de desarrollo, el tipo de gestión (pública, privada, o mixta) y los mecanismos de transformación. En segundo lugar, la administración modifica la normativa de usos en el ámbito de actuación para adaptarlo a las necesidades de las empresas que pretende atraer: se pasa de un uso del suelo ‘exclusivamente industrial’ a una categoría creada exprofeso, las actividades@, que se definen como todas aquellas que ‘utilizan el talento como principal recurso productivo, con independencia del sector económico al que pertenezcan (investigación, diseño, edificación, cultura, gestión de bases de datos, actividad multimedia) y se caracterizan por hacer un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y de la ocupación del espacio’ (ídem, p. 20). Además, se 61

fomenta la coexistencia de estas actividades con el uso residencial y comercial y se incrementan las densidades preexistentes para ‘favorecer el intercambio de información y crear una ciudad más sostenible, ya que se permite vivir cerca del lugar de trabajo, se fomenta la cohesión y la diversidad social y se favorece la vitalidad del espacio público durante todo el día’ (ídem, p. 12). Por el mismo motivo se facilita la construcción de cuatro mil viviendas de protección oficial y la implantación de hoteles y apartamentos de residencia temporal para trabajadores y estudiantes. En tercer lugar, la administración pública desarrolla un Plan Especial de Infraestructuras para reurbanizar los 37 kilómetros de calles del distrito, instalando las ‘más modernas redes de energía, telecomunicaciones [fibra óptica + WiFi gratuito], climatización centralizada y recogida neumática selectiva de residuos’ (ídem, p. 29); construye una extensa red de carril-bici, mejora el transporte público e instala una red de sensores que permiten gestionar los recursos y medir los datos generados en el entorno urbano para que las empresas puedan usarlos en sus investigaciones y/o explotarlos económicamente. Además, a los equipamientos que requiere cualquier área urbana (zonas verdes, centros de salud, instituciones culturales y educativas o centros sociales), la administración añade los destinados a las empresas (definidos como toda ‘dotación vinculada al sistema productivo que acoja actividades de formación, investigación y divulgación de nuevas tecnologías’) para favorecer ‘sinergias entre universidades, centros tecnológicos, centros investigación, actividades productivas y viviendas’ (ídem, p. 22). En cuarto lugar se otorga a las pequeñas empresas subvenciones y ayuda técnica para que rehabiliten las antiguas instalaciones industriales (ahora protegidas como patrimonio colectivo) e instalen en ellas sus oficinas. El resto de patrimonio industrial se destina a albergar alguno de los nuevos equipamientos costeados por el erario público. En quinto lugar, el Ayuntamiento impulsa directamente determinados ejes y áreas urbanas consideradas estratégicas ‘como motores [y reclamo para las empresas] en la transformación del barrio’ (ídem, p. 22): 62

seis ámbitos de transformación en los que la administración concentra una serie de actividades determinadas (clúster media, clúster TIC, clúster tecnologías Médicas, Clúster Energía). La iniciativa privada gestiona el planeamiento del resto de ámbitos del distrito con las libertades ya comentadas. Por último, la iniciativa pública ofrece a las empresas toda una serie de servicios: organización de eventos, asesoramiento en la búsqueda de fuentes de financiación pública y privada, programas de desarrollo de talento que ponen a disposición de las empresas a los mejores alumnos de las facultades locales, puntos de encuentro empresariales, etcétera. Todo ello demuestra el enorme esfuerzo que la iniciativa pública realiza para generar un entorno favorable al mundo de la empresa. En el informe encontramos constantes alusiones a la ‘mejora de la eficiencia del conjunto productivo’, a la ‘potenciación de la capacidad de innovación de las empresas y la cultura emprendedora’ o a la ‘generación de la masa crítica necesaria para desarrollar economías de aglomeración’. Hasta la vivienda social se defiende por su capacidad de aportar vitalidad al entorno, es decir, en función de un parámetro que es considerado necesario para el desarrollo empresarial innovador; mientras los intereses de los colectivos más vulnerables no encuentran sitio en el planeamiento. Pero, además, el reparto de cargas y beneficios de la actuación urbana, establecido por la administración en el Estudio Económico y Financiero del documento de Modificación del Plan General Metropolitano para la renovación de las zonas industriales del Poblenou (Dirección de Urbanismo Ayuntamiento de Barcelona, 2000), favorece a las empresas y a los grandes propietarios; un desequilibrio que es asumido en el propio plan como ‘necesario’ para hacer factible la participación del sector privado en la transformación del distrito (a cambio de las nuevas infraestructuras, un incremento de la edificabilidad que puede llegar al 50% –de los 2 m2/m2 a los 3 m2/ m2– y la modificación del uso permitido en sus parcelas a actividades más productivas –y por tanto más lucrativas–, los propietarios del suelo deberán ceder gratuitamente un 30% del mismo –10% para los nuevos equipamien-

tos, 10% para viviendas de protección oficial, 10% para zonas verdes–, financiar el 70% del Plan Especial de Infraestructuras y ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico). Sin embargo, el desequilibrio real de cargas-beneficios puede ser aún mayor: el Plan de Viabilidad Económica no especifica quién debe asumir los costes de construcción y gestión de los nuevos equipamientos, de la restauración de las antiguas estructuras industriales, o de los servicios que se pondrán a disposición de las empresas. No resultaría extraño que recayesen sobre las arcas públicas. A todo ello hay que sumar el más que probable desplazamiento de los residentes y trabajadores de la zona que no puedan soportar los nuevos precios, o los colectivos que serán borrados del nuevo espacio público que rodea a las nuevas sedes empresariales. Y aunque todavía es complicado medir estos efectos dado que la gentrificación del barrio se ha visto muy atenuada por la crisis de la construcción y por la estructura de la propiedad (el 69% de la población es propietaria de la residencia que habita), ya se han hecho sentir: la renovación de la zona ha provocado que actividades tradicionales hayan sido desplazadas por actividades más rentables, vinculadas o no a la generación de conocimiento, y que el sector turístico, ya sea de forma legal o ilegal (alojamientos turísticos sin licencia), eleve la cuantía de los alquileres y la marcha de la población local (Elpidio, 2016). (pág sig, arriba) vista aérea de parte de El Poblenou en 1928 en la que se aprecia claramente el carácter industrial del barrio (pág sig, arriba, der) fotografía de un tren de mercancías en el nudo ferroviario de El Poblenou (aprox. 1900) (pág sig, medio, der) barracas de El Poblenou al lado de las vías ferroviarias, en 1960 (pág sig, abajo, izq) equipamiento construido en 2007 para servir de punto de encuentro entre empresas e instituciones del mundo de las TIC con sede en El Poblenou (pág sig, abajo, der) Campus Audiovisual Ca l’Aranyó. Para albergar parte del programa se rehabilitó una antigua fábrica

[21] En la nueva sede del banco BBVA en Madrid nos encontramos con unos intereses muy diferentes a los que predominan en el distrito 22@: en ella no se trata de lograr sinergias entre distintas instituciones, empresas y administraciones, sino, según la memoria del proyecto (Herzog y de Meuron, 2014), de concentrar a todos los empleados que el banco tiene en distintas sedes repartidas por la ciudad y conseguir una arquitectura que contribuya a ‘crear una mayor identificación con la empresa y contribuir a que buenos empleados permanezcan en ella [además de] facilitar el contacto personal entre ellos y con los clientes’ (Herzog y de Meuron, 2014: 265). La localización, por tanto, no se escoge buscando un entorno denso y complejo, sino que prima la accesibilidad a las grandes infraestructuras: por ello se localiza en un entorno aséptico cuya principal característica es encontrarse en el borde de una vía de alta capacidad (16 carriles, 8 por sentido) que conecta el centro de Madrid con el aeropuerto y las principales carreteras nacionales. El resultado es un edificio totalmente cerrado a un exterior que carece de vida urbana. En su interior se intenta crear lo que el entorno inmediato no puede facilitar: espacio exterior de estancia en forma de pequeños jardines, espacios de encuentro en forma de una gran plaza a los pies del volumen principal, y zonas interiores de descanso y sociabilización, como los restaurantes, cafeterías, áreas de recepción, etcétera; un intento, en palabras de los arquitectos, por emular ‘las callejuelas, las plazas y los jardines’ de la ciudad (Herzog y de Meuron, 2014: 289). Sin embargo, tal y como se expone en el cuerpo principal del trabajo, con esta decisión todos pierden: por un lado, los trabajadores se ven obligados a permanecer con la misma gente y en el mismo entorno, pues salir al exterior no es una opción en tanto que la nueva sede se encuentra rodeada por carreteras y lejos de cualquier actividad y servicio urbano; por otro, al ‘extraer’ del entorno urbano a seis mil personas y recluirlas en un recinto cerrado, se niega su presencia al resto y se limita las posibilidades de interacción que asegura un entorno denso y diverso. 64

Pero los casos en los que una empresa cree poder imitar la sinergia urbana en su propio recinto cerrado y controlado son igualmente frecuentes [21] Puede que, desde un punto de vista limitado, esta decisión les sea rentable: puede que, al concentrar en un único lugar las distintas sedes que anteriormente tenía repartidas por la aglomeración urbana, la empresa reduzca los costes de alquiler y los tiempos de comunicación entre departamentos; puede que, al tener concentrados a un número grande de trabajadores, le sea rentable ofrecerles toda una serie de servicios gratuitos o subvencionados (como escuelas infantiles, restaurantes, tiendas, zonas de sociabilización, etcétera) que actúen de reclamo para captar a los empleados más cualificados; puede que, al situarse cerca de vías de gran capacidad, se acorten los tiempos de desplazamiento de sus trabajadores redundando en una mayor satisfacción entre su personal; incluso puede que, al alquilar parte del nuevo espacio a tiendas y franquicias que complementen los servicios que la empresa no preste directamente a sus trabajadores, obtenga una fuente de ingresos extra que le permita recuperar parte del dinero que destina a salarios. Pero la decisión de trasladar parte de su tejido empresarial a la periferia urbana tiene consecuencias tanto para la propia empresa como para el resto de ciudadanos. Al no ser posible reproducir, en un recinto cerrado en el que únicamente se encuentra una empresa, las sinergias y el intercambio de ideas y de información que asegura un entorno denso en el que diversas instituciones culturales, educativas y administrativas se juntan con distintas compañías, inversores y ciudadanos, la capacidad de innovación de la compañía se ve mermada. Por ello, las grandes empresas que son conscientes de la potencialidad que esconde un entorno urbano denso y complejo, se limitan a trasladar a la periferia aquellas actividades que no están directamente relacionadas con la invención de nuevos productos. Sin embargo, al apartar a una importante cantidad de trabajadores de clase media de la ciudad y ofrecerles muchos de los servicios que hasta entonces encontraban en ella (tiendas, restaurantes, cafeterías, etcétera), potencian la ya de por sí avanzada fragmentación del entorno urbano, suprimen el contacto personal entre los empleados y el resto de ciudadanos que no sean clientes, y ponen en peligro la subsistencia de los servicios que necesita la pequeña empresa para sobrevivir7 (Jacobs, 1975). Y dado que en la actualidad son las pequeñas empresas las que están desarrollando las principales innovaciones (Florida, 2010; Glaeser, 2011), al trasladar a la periferia grandes cantidades de trabajadores la gran empresa está poniendo en peligro el sector más innovador.

Las cafeterías, los restaurantes, las copisterías, los talleres, las guarderías, las gestorías y otros muchos servicios que se pueden encontrar en un tejido urbano denso y diverso, son fundamentales para complementar las actividades de las pequeñas empresas, que, al contrario de las grandes compañías, carecen de la capacidad económica para mantener departamentos y servicios internos especializados en determinadas tareas.

2.2.4

La organización espacial como reclamo para la venta los paisajes para el consumo

La tendencia predominante va hacia la desaparición de lo cualitativo (…) Sin embargo, lo cualitativo no se deja absorber (…) La gente en general abandona en un momento dado el espacio del consumo (...) y se dirige hacia el consumo del espacio (…) Entonces la gente exige un espacio cualitativo (…) El neo-capitalismo y el neo-imperialismo comparten la hegemonía sobre el espacio dominado, dividido en regiones explotadas por y para la producción (de bienes de consumo) y en regiones explotadas para y por el consumo del espacio. Turismo y ocio se convierten en grandes sectores de inversión y rentabilidad, completando la construcción, la especulación inmobiliaria, la urbanización generalizada… Lefebvre, 2013: 385-386

Aunque hace siglos que la planificación espacial es utilizada para incrementar el atractivo de ciertas zonas con fines económicos, como sucedió en la Roma Barroca o en el París de mediados del siglo XIX [22], en los últimos años el capital ha incrementado su uso en un intento de sortear las dificultades que desembocaron en la crisis de la década de 1970. Como se expuso en el apartado anterior, ante la saturación del mercado y con el objetivo de incrementar la tasa de beneficio, en los años 70 la industria incrementó el número de productos diferentes a la venta. Pero la mayor competencia y la necesidad de vender productos que no cubren necesidades primarias, obligó a los capitalistas a diferenciarse del resto y a buscar estrategias que incitasen al consumidor a adquirir sus productos (Harvey, 2014). Una de ellas consistió en transformar el acto de la compra, hasta entonces generalmente limitado al simple intercambio producto-dinero, en una experiencia singular en el que la compra y ocio se confundan/fusionen (Baudrillard, 2009). Al mismo tiempo, el capital comenzó a interesarse por aquellos productos que, además de su corto período de vida (lo cual le asegura la necesidad de una rápida reposición y, por tanto, una nueva venta), puede revender todas las veces que quiera sin realizar un gasto extra sustancial; se trata de la producción inmaterial (servicios, conocimiento, entretenimiento, experiencias, etcétera), en la que destaca el turismo (Harvey, 2013 y 2014), un sector que, según las estimaciones del Foro Económico Mundial1, en el año 2015 supuso el 9% del PIB mundial y una facturación de 7 billones de dólares. En ambos casos las cualidades del espacio cobran especial importancia: en el pri1

El informe, del año 2015, puede consultarse en http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/the-travel-tourism-competitiveness-index-2015-tt-as-a-resilient-contribution-to-national-development/

[22] En la Roma del siglo XVI se emplearon ciertas estrategias espaciales dirigidas a incrementar el negocio de la peregrinación. En el siglo XIV poco quedaba del esplendor de la época imperial: el anterior ‘centro del mundo’, de millón y medio de almas, se había convertido en una pequeña aglomeración de apenas 55 mil habitantes, con buena parte de sus infraestructuras destruidas y un tejido urbano abigarrado. A pesar de ello seguía siendo uno de los principales centros del cristianismo: las 5 iglesias primitivas y 7 importantes basílicas eran reclamo suficiente para congregar a millares de peregrinos durante los grandes acontecimientos cristianos: al jubileo de 1350, por ejemplo, asistieron ‘un millón doscientos mil peregrinos entre Navidades y Pascua, y ochocientos mil más en Pentecostés’ (Morris, 1998: 197). Las importantes cantidades de dinero que dejaban los peregrinos eran usadas por los distintos papas para devolver la dignidad a la ciudad: con parte de lo recaudado en el jubileo de 1450, por ejemplo, se financió un programa de restauración de iglesias. Pero también se financiaron actuaciones destinadas a incrementar la peregrinación urbana y obtener, así, mayores ingresos futuros. El que más haría en este sentido sería Sixto V. Cuando en 1585 fue nombrado Papa, se encontró algunas de las infraestructuras urbanas más importantes gravemente dañadas, el tejido urbano muy deteriorado, un erario público vacío y un elevado desempleo; y esto a pesar de las intervenciones que sus predecesores habían realizado. Sixto V atendió a los principales objetivos pendientes: regular el crecimiento urbano y potenciar el papel ‘turístico’ de la ciudad (Morris, 1998). Lo consiguió, fundamentalmente, con el trazado de nuevas vías urbanas, la apertura de plazas en el denso tejido urbano y la construcción de nuevas instalaciones higiénico-sanitarias. Con las nuevas vías buscaba, por un lado, conectar las principales basílicas de la ciudad, facilitando y potenciando así la peregrinación de los fieles (a lo que también ayudaba la apertura de nuevas plazas delante de las basílicas o la instalación de obeliscos para puntualizar los recorridos haciendo más sencillo su seguimiento). Pero al mismo tiempo también servían para dirigir el crecimiento urbano hacia las zonas más saludables, hasta entonces abandonadas por su difícil accesibilidad y por 66

la inexistencia de infraestructuras en buenas condiciones (Giedion, 2009). Si Roma intentó convertirse en capital de la cristiandad, París pelearía por erigirse en capital económica y cultural de occidente. Pero para ello tuvo que modificar su estructura urbana: las actuaciones de Haussmann fueron uno de los primeros ejemplos de cómo el planeamiento espacial es usada para generar los entornos que el comercio demanda (Sica, 1981b, Harvey, 2008). En primer lugar, para facilitar el comercio (en particular, la movilidad de personas y mercancías por la ciudad de consumo) se demolieron amplias zonas del tejido urbano medieval, de calles estrechas, sinuosas y oscuras. En palabras de Haussmann: ‘facilitar la circulación hacia y desde las estaciones ferroviarias por medio de líneas de penetración que llevarán a los viajeros directamente a los centros comerciales y de diversión e impedirán los retrasos, la congestión y los accidentes’ (citado en Giedion, 2009: 712). Pero con esto no bastaba para atraer a la población de clase media-alta a la que iban dirigidos los nuevos bulevares; el nuevo espacio urbano también debía ser agradable. El primer paso era evitar la visión que, desde ellos, se tendría del bullicio y del desorden de los barrios obreros que las nuevas vías venían a cortar. Como solución se decidió construir una tira edificada a ambos lados del bulevar. De igual importancia era la estética de los bulevares. Por ello, desde las distintas entidades públicas encargadas de la planificación urbana, se fijaron los generosos anchos de las nuevas vías, las frondosas alineaciones arbóreas, la iluminación nocturna, o la disposición de un mobiliario urbano diseñado con criterios de ‘decoro’. Los nuevos edificios también eran regulados por una estricta normativa que fijaba alturas, líneas de forjados, materiales y detalles de cerrajería, entre otros parámetros, con el objetivo de lograr un frente continuo que sirviera de telón de fondo al acto de compra. Las ‘leyes del mercado’ se encargaban del resto: los elevados precios de los nuevos edificios que enmarcaban los bulevares seleccionaban a los inquilinos y a los usos según su poder adquisitivo: si bien en las buhardillas de las nuevas ‘casas de rentas’ aún se podía ver apiñados a la población que servía a la burgue-

sía, a nivel de la calle predominaban las sedes bancarias y de las compañías de seguros, los primeros grandes hoteles y, sobre todo, los grandes almacenes y las galerías comerciales (Harvey, 2008). Los bulevares se convirtieron en ‘espacios para la exhibición de la riqueza burguesa, del consumo ostentoso y de la moda femenina (…) espacios públicos donde el fetichismo de las mercancías reinaba de manera absoluta’ (Harvey, 2008: 280). La prohibición a la que se veían sometidos algunos colectivos queda recogido en el texto ‘Los ojos de los pobres’ de Baudelaire, del que se adjunta un extracto: (…) quisiste sentarte en la terraza de un café nuevo que hacía esquina con un bulevar también nuevo todavía lleno de escombros, que ya mostraba su esplendor inacabado (…) toda la historia y toda la mitología puestas al servicio de la glotonería. En la calzada, delante nuestra, se había plantado un buen hombre con cara de cansancio que llevaba de una mano a un niño, mientras sostenía a una criaturita demasiado pequeña para andar. Todos iban andrajosos (…) Los ojos del niño exclamaban: “¡Qué precioso, qué precioso!, pero es un sitio donde sólo puede entrar la gente que no es como nosotros. (…) me sentía un tanto avergonzado de nuestros vasos y de nuestras jarras, mayores que nuestra sed. Había dirigido mis ojos a los tuyos (...) para leer en ellos mi pensamiento (…) cuando me dijiste: “¡No soporto a esa gente con los ojos abiertos como platos! ¿No puedes decirle al encargado del café que los eche? (citado en Harvey, 2008: 282-284).

(pág sig, arriba) fotografía de la calle Galande en 1866; sirva como muestra de la calle típica del tejido medieval de la ciudad de París (pág sig, tres inf) cuadro ‘Boulevard Montmartre Afternoon’, Camile Pisarro, 1897; cuadro ‘Boulevard Bonne-Nouvelle’ Edouard Cortes; cuadro ‘Boulevard Bonne-Nouvelle, Porte St. Denis’ E. Cortes. Sirvan estos tres cuadros para hacerse una idea de las dimensiones de los nuevos bulevares y, sobre todo, del ambiente burgués y comercial de los mismos

mero, el capital hace uso de entornos singulares coherentes con los productos que quiere vender, sobre todo si éstos suplen necesidades no primarias, para diluir la distinción entre escenografía-producto y entre ocio-consumo, sumergiendo de este modo al consumidor en una experiencia singular que le atrae y le incita a la compra2 (Boyer, 2004; Crawford, 2004; Smith, 2004); en el segundo, la singularidad del espacio es una de las condiciones básicas que ha de cumplir para permitir su explotación turística. Pero dentro del sector inmobiliario residencial, el capital también se interesa por los entornos singulares: sus particularidades (ya vengan dadas por su carácter histórico, temático o natural) sirven de reclamo para una clase media-alta/alta que busca diferenciarse del resto (Smith, 2012) y permiten reducir la competencia (en tanto en que la caracterización de la zona no es reproducible por otros promotores en el resto de emplazamientos). Todo ello permite que los promotores que pongan a la venta bienes inmobiliarios en entornos singulares puedan, ante la mayor demanda y la menor oferta, aumentar el precio y, en consecuencia, ver incrementados sus beneficios. Sin embargo, los entornos singulares que hoy demanda el capital, han sido prácticamente destruidos por la reorganización espacial, institucional y social que él mismo ha impuesto a lo largo de los últimos siglos para facilitar su expansión, y que se caracteriza, entre otros factores, por la depredación del territorio y por la concentración de la población en aglomeraciones urbanas cuya organización, repetida en la mayor parte del mundo, consiste, a grandes rasgos, en la existencia de enormes barrios autoconstruidos en los que malviven los desposeídos, monótonas periferias de bloques colectivos en las que se relega a las clases bajas, suburbios residenciales en los que se recluyen las clases más pudientes, y centros urbanos copados por las sedes de las grandes multinacionales (Lefebvre, 1972 y 1978; Castells, 1979; Koolhaas, 2011). Por ello, la parte del capital que necesita entornos singulares para potenciar su negocio, intenta generar de modo artificial las diferencias demandadas y/o explotar económicamente lo que Harvey denomina ‘capital simbólico colectivo’ (Harvey, 2013): todo aquello, material e inmaterial, que, producido por la sociedad a lo largo de la historia, se ha ido asociando a un lugar determinado y lo diferencia del resto. En ambos casos, el control y la producción del espacio desempeñan un papel importante. En primer lugar, el control del espacio se vuelve necesario para preservar el carácter de todo aquel entorno que todavía sea susceptible de servir de reclamo para el negocio privado, lo que se realiza mediante una estrategia doble consistente en, por un lado, eliminar aquellos elementos existentes que se consideren dañinos para su imagen (lo que la mayoría de las veces es sinónimo de la expulsión de los residentes de baja capacidad económica y el derribo de las estructuras que no encajen en el estilo buscado o que recuerden a acontecimientos y épocas previas de las que se quiere 2

Por ejemplo, se apropia de una calle con la escala y la estética del siglo dieciocho para alojar en ella tiendas que vendan productos asociados a la vida de dicha época (mobiliario, ropa, suvenires, libros, películas, etcétera).

prescindir3), y, por otro, crear normativas específicas que impidan actividades consideradas molestas o disonantes con el carácter del mismo y de colectivos cuya presencia sea potencialmente molesta para los turistas y consumidores locales (gente sin techo, prostitutas, determinadas etnias, etcétera)4(Lefebvre, 2013; Judd, 2003) [23] En segundo lugar, cuando la preservación del carácter de un entorno no es considerado suficiente para servir de reclamo por su alto nivel de degradación o por la carencia de elementos representativos, se reconstruye según patrones históricos y/o temáticos que hagan referencia al capital colectivo asociado al lugar en cuestión o a otro tema que ejerza mayor fuerza atractiva, sin excluir las estrategias de control que hemos comentado en el párrafo anterior (Davis, 2001; Soja, 2008). No se trata tanto de una imitación como de una híper-simulación5: a veces se destruyen los verdaderos entornos históricos para construir réplicas que coincidan con lo que la gente espera de ellas; ‘entornos hiperreales que ofrezcan una imagen depurada y concentrada del tema’ buscado (Montaner y Muxí, 2011: 149); ‘una realidad idealizada (…) sintetizada en trozos fáciles de digerir para el consumo de turistas y residentes’ (Davis, 2001: 31). De este modo, zonas que eran públicas y estaban caracterizadas por sus cualidades singulares, pasan a estar gestionadas desde una lógica comercial: se rediseñan y controlan para ser consumidas, al igual que los productos que se venden en ellas: los criterios de diseño y gestión de los centros comerciales se aplican a un espacio urbano abierto, supuestamente público, pero en el que se suprimen algunos de los rasgos más característicos de la ciudad, a saber: el encuentro de personas diferentes y la posibilidad de lo espontáneo. Además, este proceso implica la apropiación privada tanto del uso como de la explotación económica del capital colectivo y del espacio público, ambos generados por toda la sociedad. Es más, en buena parte de los casos se expulsa a aquellos responsables del valor que han adquirido ciertas zonas urbanas6. 3

(de arriba abajo) South Street en 1901; antiguo mercado de pescado de Fulton en 1907; actividad en el mercado un día de 1936; frentes de las calles Fulton y Water en 1975, ya en estado de abandono; tienda cerrada en South Street

La conservación urbana es producción de diferenciación social (…) La eliminación de un pasado industrial y de la presencia de la clase trabajadora, y la limpieza de una vieja mancha social, fueron logradas a través de una extensa remodelación. El regreso a la pureza y a la autenticidad históricas (de la ‘alta’ edad victoriana) tiene lugar a partir de la quita de adiciones (…) El ascetismo de ese mundo se vuelve exhibición pública; las paredes de ladrillo visto y las vigas expuestas pasan a significar buen gusto, y ya no la pobreza de los barrios pobres sin revocar. De esta manera, se cambia y transforma el estigma del trabajo (Jager, 1986: 79-80, 83, 85; citado en Smith, 2012: 190) Un caso local del borrado selectivo de la memoria obrera del tejido urbano en favor del consumo turístico asociado a un entorno histórico neutral, admirable por sus piezas urbanas como tales, por sus características ‘artísticas’, es el de Barcelona (Montaner y Muxí, 2011: 149-152; Harvey, 2013: 156-159).

Algunas de estas estrategias de exclusión y control se encuentran recogidas en la sección 2.1 de este trabajo.

La evolución de la ‘hipersimulación’ se puede ver en Soja, 2008: 451-485

El proceso, que recibe el nombre de gentrificación, ha sido descrito en el apartado 2.2.1

[23] Con el tiempo, las estrategias ocultas tras la utilización del espacio como reclamo comercial se han ido ampliando y refinando, hasta el punto de que ha dejado de ser extraño ver espacios públicos completamente gestionados directamente por intereses comerciales: desde su estética hasta su normativa de usos o mantenimiento. El proyecto del South Street Seaport, en Nueva York, es un buen ejemplo de ello (Boyer, 2004). Antaño entorno de gran vitalidad vinculado a la actividad marítima, en la década de 1930 entró en decadencia: los antiguos mercados alimentarios cerraron y las instalaciones portuarias fueron abandonadas; tiendas de saldo, marineros y vagabundos ocuparon South Street. Pero su situación privilegiada, a escasos metros del distrito central de negocios de la ciudad, hizo que los Rockefeller (una de las familias más influyentes de la ciudad) intentasen hacerse con ella para construir lujosas comunidades residenciales, oficinas, puertos de recreo y un centro de transporte. Al mismo tiempo, un ejecutivo publicitario, Peter Stanford, propuso recuperar el paisaje marítimo que caracterizó a la zona en el siglo XIX mediante la conservación y restauración de cuatro manzanas enteras, la urbanización del área para su uso peatonal, y la fundación de un museo exterior que restableciera los antiguos almacenes de velas, las contadurías y las tiendas de abastos, con el objetivo de crear un enclave distinto en la ciudad que atrajese a miles de curiosos, lo que beneficiaría tanto a los comercios que allí se establecieran como a quien controlase la propiedad de la zona y sus edificaciones, que se verían revalorizadas sin necesidad de invertir dinero en ellas. Mientras el grupo Rockefeller controló la expansión del distrito financiero y el desarrollo del gran distrito marítimo como enclave de lujo, la Asociación de Amigos de South Street, fundada por Peter Stanford, se encargó de su restauración. Buscó los recursos económicos necesarios en la asociación con una importante cadena de centros comerciales, la Rouse Company, que, con la apro-

bación de las autoridades públicas, convirtió la calle Fulton en un paseo peatonal y construyó un pabellón de aspecto histórico que contenía restaurantes, tiendas y un mercado enfocado a eventos gastronómicos; la organización de un par de actividades culturales vinculadas a la historia del puerto y la restauración de algunos barcos de gran porte completaban la ficción historicista. Dado que todo dependía de la imitación de un tiempo pasado, todas las tiendas y actividades tenían que respetar una estricta normativa estética y de usos para no romper el ambiente pseudo-histórico que se había creado como reclamo. Sin embargo, la voluntad de recuperar la historia del entorno pronto se demostró secundaria; lo importante era el negocio: las ‘pequeñas tiendas’, instaladas para permitir la financiación de la rehabilitación de la zona, acabaron ocupando el setenta y cinco por ciento del espacio destinado al ‘museo al aire libre’, y el ‘festival market’, que había comenzado como un evento de productos exóticos en evocación al anterior mercado de pescado de Fulton, pronto aceptaría la presencia de cadenas de comidas rápidas para lograr mayor afluencia de público. De esta manera South Street Seaport quedó configurado como un entorno supeditado a la venta, ‘un anuncio al aire libre’ que no sólo aumenta el valor de los productos, sino que, al sumergir al consumidor en un ambiente que ‘borra la distinción entre la atmósfera de la escenografía y los productos en venta’ (Boyer, 2004: 223), le incita a adquirir unos productos que, de otro modo, no compraría. Pero, como hemos dicho, el negocio no se limitó a los comercios: los precios del entorno subieron y la actividad inmobiliaria se disparó: se construyeron nuevas torres de oficinas y nuevas residencias destinadas a unas clases acomodadas dispuestas a pagar un sobrecoste por vivir en un entorno singular que les permitía distinguirse del resto. Actualmente los planes de desarrollo continúan: se encuentra en proyecto una torre residencial de 113 pisos, un nuevo mercado y un puerto deportivo.

(de arriba abajo) muelle con tiendas y barcos-museo en el nuevo South Street Seaport; proyecto para la reconstrucción de parte del antiguo mercado de pescado de Fulton; espacio público y edificios rehabilitados; fotomontaje del proyecto de desarrollo. Sirvan como ejemplo de la conservación estética del carácter marinero de la zona, por lo demás invadida por actividades comerciales ajenas a ella 69

2.2.5

La organización espacial como manera de absorber el excedente

La producción del espacio (…) es un elemento clave en la dinámica de acumulación de capital, su reproducción y su crisis (…). La circulación del capital se apoya en una reorganización constante de esas configuraciones espaciales a varias escalas, no sólo para ampliar los territorios que producen y generan valor, sino también como estrategia para asegurar la absorción de capital excedente Sevilla, 2015: 32

Distintos factores1 pueden dificultar la acumulación de capital y provocar que “el capital no pueda ser reinvertido rentablemente, [lo que provoca que] la acumulación se estanque o cese, y [que] el capital resulte devaluado (perdido) y en algunos casos incluso físicamente destruido” (Harvey, 2013: 23). En ese momento existen, por un lado, grandes cantidades de capital esperando ser invertidas en una actividad económica rentable y, por otro, un más que posible aumento del desempleo causado por el estancamiento de la producción provocada por las dificultades a la acumulación. En otras palabras: excedente de capital y excedente de mano de obra. Lo primero supone la no obtención de los rendimientos que ese capital podría estar generando en caso de existir actividades que le asegurasen una mayor rentabilidad e, incluso, la devaluación del mismo2; las altas tasas de desempleo suponen la merma de su capacidad de consumo (y, por tanto, la pérdida de ventas por parte del capitalista) y, lo que es tanto o más importante, la posibilidad de revueltas sociales que afecten al statu quo. Para evitar la devaluación del capital y el estallido social, el capitalismo intenta retrasar la crisis de sobreacumulación absorbiendo el capital y el trabajo excedente mediante la apertura de nuevos mercados (colonizando nuevos territorios y/o apropiándose de servicios que hasta entonces habían escapado a su influencia), y mediante la inversión en proyectos a largo plazo (Harvey, 2004). Sobre todo en lo segundo, la producción del espacio ha jugado un papel importante (Harvey, 2004 y 2013; Le-

Algunos de los factores que pueden reducir el margen de beneficio en un sector determinado (y, en consecuencia, su rentabilidad) son: la fuerte competencia, el descenso de la demanda solvente, las exigencias de la mano de obra, y/o situaciones geopolíticas o naturales que dificulten el acceso a un recurso o mercado.

“La devaluación puede adoptar diversas formas: se puede devaluar o destruir las mercancías excedentes, puede quedar sin empleo o desvalorizada parte de la capacidad productiva, y hasta el propio dinero puede perder valor debido a la inflación. En una crisis también se puede devaluar, por supuesto, el trabajo, mediante el desempleo masivo” (Harvey, 2013: 23-24).

febvre, 2013; Smith, 2015) con la construcción de “un entorno para la producción y el consumo (parques industriales, puertos y aeropuertos, redes de transporte y comunicaciones, sistemas de distribución de agua y alcantarillado, viviendas, hospitales, escuelas)” (Harvey, 2004: 93). Y es que, por un lado, la construcción de infraestructuras y de determinados bienes de equipamiento colectivo –como hospitales y escuelas- cumplen la función de absorber el excedente de capital y de trabajo que amenaza con desencadenar la crisis de sobreacumulación en tanto que requieren grandes cantidades de capital inicial (por sus elevados costes) y de mano de obra (por la organización cuasi artesanal que caracteriza a la industria de la construcción). Por otro lado, la construcción de las nuevas infraestructuras y equipamientos además de estimular directamente la economía mediante la introducción en el mercado de los salarios que reciben los agentes de la construcción, e indirectamente –incrementando la demanda de bienes de otros sectores productivos, como materiales, mobiliario, transporte, etc.-, pueden favorecer a los sectores que han perdido rentabilidad (adaptando, por ejemplo, el espacio existente a las nuevas necesidades de la industria, y reduciendo, de ese modo, los costes de producción, transporte, gestión y/o venta). El problema reside en que estas infraestructuras y estos equipamientos, aunque sean convenientes –o incluso necesarios- para la clase capitalista en su conjunto, pueden no ser rentables por sí mismos, lo cual, dada su importancia como medio para evitar las crisis de sobreacumulación y sus efectos derivados, hace que, ante la falta de interés del sector privado, su construcción tenga que ser asumida por el Estado. De esa manera, premeditada o impremeditadamente, el Estado no sólo contribuya a que el capital excedente sea absorbido, retrasando con ello la crisis de sobreacumulación, sino que, al recurrir al mercado de crédito en busca de la financiación necesaria para costear las infraestructuras y los equipamientos, asegura un rendimiento económico a aquellos capitales que, hasta entonces, se encontraban estancados, a la espera de una opción de inversión que les proporcionase una rentabilidad suficiente con un riesgo limitado –en este caso, gracias al aval del Estado- (Harvey, 2004 y 2013). Es decir, la producción del espacio, además de servir para reducir los costes de producción y evitar las revueltas sociales, se utiliza como un nicho de mercado rentable para la inversión. Un ejemplo de todo ello son las políticas del Estado Francés a mediados del siglo XIX [24] Sin embargo, como el proceso de acumulación de capital continúa (y dado que la absorción de excedentes por medio de la producción del espacio no soluciona el problema de la sobreacumulación, sino que únicamente lo retrasa), llega un punto en que la construcción de infraestructuras y de determinados equipamientos colectivos no es capaz de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes, con lo que es necesario encontrar nuevos mecanismos que ayuden a retrasar la crisis de sobreacumulación; y dado que la construcción de viviendas también permite absorbe grandes cantidades de capital y de trabajo al mismo tiempo que estimula la economía, uno de los mecanismos escogidos fue la expansión del sector inmobiliario (Harvey, 2013 y 2014). No obstante, a diferencia de la construcción de las infraestructuras y de determinados equipamientos colectivos, bajo determinadas circunstancias el sector inmobiliario sí puede ser rentable. De ahí que lo que se le pida al Estado desde los círculos

[24] Entre 1845 y 1847, las malas cosechas, el estallido de la burbuja del sector ferroviario en Gran Bretaña (en el que el gran capital galo estaba muy implicado), y la falta de rentabilidad del resto de sectores económicos, dificultaron la acumulación de capital y dejaron sin empleo a millones de personas, facilitando la difusión de las ideas socialistas que desencadenaron las revueltas de 1848. A pesar de que el intento revolucionario fracasó, la crisis económica seguía amenazando con alterar el frágil equilibrio de poder que los conservadores habían logrado establecer. Por ello, para absorber los excedentes de capital y de empleo que prorrogaban la crisis, el gobierno francés desplegó un programa de inversiones masivas en infraestructuras y una vasta reestructuración urbana de París (Harvey, 2008 y 2013; Sevilla, 2015). Lo primero supuso multiplicar por nueve la longitud de las vías ferroviarias francesas entre 1850 y 1870 -de 1930 a 17400 kilómetros-; lo segundo, la apertura de nuevos bulevares, y la construcción de parques, escuelas, cuarteles y mercados, además de los locales de negocio emprendidos por una iniciativa privada contagiada del furor de la pública. Así, el capital excedente obtenía buena rentabilidad en la concesión de créditos al Estado, y las nuevas infraestructuras y la reestructuración urbana de París beneficiaban al comercio y a las actividades industriales privadas, daban empleo a cientos de miles de trabajadores, y favorecían el negocio inmobiliario. Los efectos pronto se hicieron notar: más de cien mil personas trabajaban en las obras de la zona de las Tullerías, incontables miles encontraban trabajo en la construcción de la red de ferrocarriles, y las minas y fundiciones, en lamentable estado hasta 1851, hacían carreras para poder satisfacer una demanda creciente (Harvey, 2008: 139). Del mismo modo, mientras que “entre 1848 y 1852 el mercado inmobiliario de París atravesó la depresión más severa y prolongada del siglo (…) [las políticas públicas] le dieron la vuelta y [crearon] la edad de oro de la propiedad inmobiliaria en París, [y ello en] un siglo caracterizado por índices elevados de rentabilidad y revaloración (Harvey, 2008: 161). 71

(pág actual) en la gráfica, Álvaro Sevilla relaciona la construcción de viviendas en Estados Unidos con la economía nacional y las políticas de vivienda, desde 1889 hasta 2007. Nótese que tras importantes descensos en el número de viviendas construidas, se dictaminan toda una serie de leyes destinadas a potenciar el sector inmobiliario, que logran, con creces, revertir la situación y posicionar a la construcción del entorno urbano como uno de los principales motores económicos del país (pág sig, izq) vista aérea de Levittown, aproximadamente en 1959. Sirva como ejemplo de la suburbanización masiva de la clase media blanca norteamericana y de la dependencia del vehículo que ello generó (pág sig, centro) representación del ‘sueño americano’: una familia con hijos, una vivienda unifamiliar con jardín, y un vehículo (pág sig, der) delante de cada vivienda unifamiliar, al menos, un vehículo

más liberales no sea que repita la estrategia seguida en el caso de las infraestructuras (es decir, que financie directamente la construcción de viviendas para sus ciudadanos3), sino más bien que acabe con las dificultades que lastran la expansión del sector inmobiliario privado. Y es que aunque la inversión en el sector inmobiliario podía llegar a reportar rentabilidades de hasta el 9% anual ya en el siglo XIX (Capel, 2013), la mayor rentabilidad que ofrecían otras actividades y el alto riesgo que implicaba invertir en la construcción de viviendas para el grueso de la población, alejaban al gran capital del sector inmobiliario (Castells, 1979). El principal escollo a su participación en la construcción de vivienda popular era el régimen de tenencia al que se veía obligada a recurrir el 90% de la población en las grandes ciudades por los bajos salarios que recibía: el alquiler, ya que además de la lenta recuperación del capital invertido que suponía, hacía vulnerable a la inversión frente a los edictos de congelación de alquileres decretados por los Estados en los momentos de tensión social (Capel, 2013; Castells, 1979). Por ello, lo que se le pide al Estado para que el sector inmobiliario se expanda, es que cree las condiciones necesarias para que una parte de la población pueda adquirir una vivienda, lo que en repetidas ocasiones realizó respaldando las hipotecas que instituciones privadas concedieran a determinados sectores de la sociedad, de manera que aseguraba su recuperación en caso de que las familias no pudieran pagarlas [25] De ese modo no sólo se lograba potenciar un sector, el inmobiliario, capaz de absorber grandes cantidades de capital y empleo excedente (evitando con ello la crisis de sobreacumulación), sino que al mismo tiempo se abría un nicho de mercado (el de 3

Lo que no excluye que en determinadas situaciones (como en el caso del estancamiento del sector inmobiliario o en el de las crisis sociales más importantes), se demande la participación directa del Estado en la financiación de las viviendas para la demanda no solvente, creando así un negocio que de otra manera no existiría y evitando revueltas que perjudicarían al sistema existente.

[25] En repetidas ocasiones durante el siglo XX, el gobierno estadounidense recurrió a una doble estrategia para sobreponerse a las crisis de sobreacumulación y potenciar el crecimiento nacional: financiar la construcción de infraestructuras y facilitar el crédito hipotecario para la compra de viviendas (Harvey, 2013). El hundimiento del mercado de valores en 1929, y la posterior crisis que asoló al país, fueron desencadenadas en 1928 por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que paralizó el sector y dejó sin empleo a gran parte de sus trabajadores (Harvey, 2013; Sevilla, 2015). Para reactivar un sector inmobiliario capaz de absorber el excedente de capital y empleo acumulado como consecuencia del estallido de la crisis, el gobierno estadounidense puso en marcha “un programa de vivienda social en el corazón de las ciudades consolidadas, destinada a la clase obrera, la población afroamericana y los pobres [y] garantizó las hipotecas que se concedieran a las clases medias blancas en las áreas suburbanas con el fin de facilitar el flujo de crédito y evitar la ejecución hipotecaria” (Sevilla, 2015: 35). La apuesta gubernamental por el modelo de expansión urbana mediante la construcción de viviendas unifamiliares en los suburbios respondía a tres motivos: infundir el respeto

por la propiedad privada en las clases medias para acabar con las tendencias filocomunistas que el desempleo masivo propiciaba, segregar espacialmente a la población, e impulsar un sector automovilístico que, con la venta de al menos un vehículo por familia, parecía poder reforzar la libertad individual al mismo tiempo que ayudaba a absorber los excedentes de capital y trabajo existentes. Por ello, junto con las facilidades al crédito hipotecario en las áreas suburbanas, el gobierno financió las carreteras y autopistas necesarias para conectarlas con los distritos de negocios de las ciudades en los que trabajaban las clases medias. Sin embargo, acabada la Segunda Guerra Mundial, era necesario estimular de manera más incisiva los sectores inmobiliarios y automovilísticos para que fueran capaces de sustituir el importante papel que la industria armamentística (también financiada por el Estado) había desempeñado desde 1942 en la absorción de los excedentes de capital y empleo existentes (Harvey, 2013; Sica, 1981d). Por ello, y siempre con el objetivo de promover la compra de viviendas por parte de las clases medias blancas, “se diseñaron en 1947 todo tipo de incentivos tributarios (tales como la reducción de impuestos por intereses de la vivienda), así como la Ley de Reajuste de los

Soldados, y una ley de vivienda muy positiva en la que se declaraba el derecho de todos los estadounidenses a vivir en un domicilio decente (Harvey, 2013: 83) Como resultado, la vivienda en propiedad pasó a representar casi el 60% del total en 1960 (frente al 40% veinte años antes), se reforzó la segregación espacial de la sociedad estadounidense (las clases medias blancas ‘huyeron’ masivamente a las áreas suburbanas mientras los estratos más desfavorecidos de la sociedad eran recluidos en guetos del interior de la ciudad), y el vehículo privado se convirtió en un objeto imprescindible para grandes segmentos de la población. Sin embargo, en la década de 1990, y con el objetivo de absorber el excedente de capital sobreacumulado con la fuerte actividad especulativa de mediados de la década, “se ejercieron presiones políticas sobre instituciones financieras respetables (…) para que aliviaran las condiciones de préstamo” (Harvey, 2013: 76). Al acabar con los últimos controles reguladores sobre el mercado de la vivienda que existían, se posibilitó la creación de una enorme burbuja que, tras su estallido en 2007, ha costado cientos de miles de millones de dólares a los contribuyentes y la ruina de muchas familias estadounidenses.

la vivienda y el crédito hipotecario) muy rentable para el capital que estaba estancado sin generar beneficios. Desde entonces, y especialmente a partir de la crisis de 1970, la inversión en el entorno construido cobró especial importancia en el mantenimiento del sistema (Harvey, 2013), lo que se debió, fundamentalmente, a cuatro motivos interrelacionados: la necesidad de absorber excedentes de capital cada vez mayores (buena parte de los cuales responden al incremento de las actividades financieras y especulativas), la disminución de la rentabilidad de determinados sectores de la industria (dada la creciente competencia y el exceso de producción solvente mundial), los importantes rendimientos económicos que, en épocas alcistas, genera la inversión en el entorno construido, y, sobre todo, “los largos periodos de trabajo y de rotación [de capital] y la larga vida de la gran mayoría de las inversiones en el entorno construido” (Harvey, 2013: 73) frente a la volatilidad de la inversión en bolsa y en la industria (Capel, 2013; Harvey, 2004, 2012 y 2013; Smith, 2015) Pero supeditar la construcción del espacio urbano a su rentabilidad, conlleva aceptar que son criterios ‘económicos’, y no las necesidades reales de la sociedad, los que determinan cuándo, dónde, cómo y para quién se construye. En primer lugar, la cantidad de capital excedente y la rentabilidad que asegure el sector inmobiliario4 con respecto a otros sectores económicos, determinan el momento en el que se construye (por los motivos ya señalados), independientemente de la necesidad real. Quizás el ejemplo más cercano sea el sector inmobiliario español en los años 1998-2007 [26]; y el más representativo, las decenas de ciudades fantasmas (pág actual) en la gráfica, Álvaro Sevilla relaciona los préstamos alemanes a España con respecto a los préstamos totales para la adquisición de vivienda, y la repercusión que en ello tuvo la Ley de Suelo de 1998, la quiebra de Lehman Brothers y AIG, y el rescate europeo a la banca española (pág sig, arriba) Chiloeches, Guadalajara, en 2005 y 2009. El cambio es colosal. Sin embargo, el proceso lleva ocho años ‘congelado’: existen aceras e iluminación urbana, pero no edificios y, por tanto, tampoco personas (pág sig, medio) Paracuellos del Jarama, en 2003 y 2011. En este caso si que existen edificios construidos y habitados, aunque la actividad en el espacio público es inexistente. Se trata de un ‘barrio’ dormitorio (pág sig, abajo) Valdebebas, Madrid, en 2002 y 2011. A finales del 2016, menos del 10% de las viviendas proyectadas estaban construidas, y el paisaje era más el de un desierto que el de un barrio urbano Sirvan estas imágenes para comprobar la depredación de suelo en los últimos veinte años y la cantidad de suelo urbanizado vacante existente 74

En 2005, la estimación de los beneficios generados por el desarrollo de suelo comprometido en la Comunidad de Madrid eran de doscientos mil millones de euros (Naredo, 2009).

[26] El insólito crecimiento de la economía española entre 1995 y 2007, de un 121%, y sobre todo su especial vulnerabilidad ante la recesión global desatada ese mismo año, vienen dados por el importante papel que el país ha desempeñado en la absorción del excedente de capital mundial en dicho período gracias a las políticas que los distintos gobiernos españoles desplegaron para facilitar el sector turístico, primero, y el sector inmobiliario, después (López y Rodríguez, 2013). La ventaja competitiva del país en el campo de la producción del espacio comienza a gestarse en 1960 con las políticas franquistas encaminadas a desarrollar un incipiente sector turístico favorecido por las condiciones geográficas del país y capaz de captar parte de las rentas de los ciudadanos extranjeros para equilibrar el déficit exterior generado por la compra de maquinaria para el desarrollo industrial. Esta apuesta, con especial importancia en la costa mediterránea, generó: una configuración territorial y un entorno construido ya adaptado a lo que serían los requerimientos del circuito secundario [producción del espacio], tanto en los modelos de movilización de la fuerza de trabajo y de intangibles, como en el propio desarrollo físico de infraestructuras [y] el ascenso de una nueva alianza entre propietarios de suelo, promotores inmobiliarios y banqueros, fuertemente respaldados por las políticas públicas de la dictadura (López y Rodríguez, 2013: 61). El papel del país como ‘nodo del desarrollo turístico inmobiliario’ de Europa se vio reforzado en 1985 con la entrada en la Comunidad Económica Europea, que conllevó el desmantelamiento de buena parte del tejido industrial (por entonces bajo propiedad pública) a cambio de un masivo programa de inversión en infraestructuras que sirvió para facilitar la llegada de turistas y su movimiento por el interior del país. Pero fueron las políticas destinadas a favorecer el sector inmobiliario y asegurar su rentabilidad, sobre todo las llevadas a cabo en el período democrático, las que situaron a España como el principal receptor del capital global sobre-acumulado: desde ‘políticas de suelo’ dirigidas a poner en el mercado enor-

mes extensiones de territorio para favorecer el mercado inmobiliario (como La ley de Suelo de 1998, que declaró potencialmente urbanizable todo el suelo no protegido por algún criterio particular), hasta las políticas de vivienda encaminadas a impulsar la propiedad de la residencia antes que a satisfacer las necesidades sociales (como las sucesivas deducciones fiscales a la propiedad, la progresiva disminución de las ‘Viviendas de Protección Oficial’, o el Decreto Boyer de 1985, que liberalizó los contratos de alquiler). Igualmente importantes fueron las ‘políticas hipotecarias’ (que rebajaron los requisitos de acceso al crédito y aumentaron su cuantía para incrementar los compradores e impulsar con ello la construcción), o la laxitud de las ‘políticas medioambientales’ (que, como en el caso de la Ley de Suelo de 1998, permitieron un consumo desmesurado de suelo). Delegar en las Comunidades Autónomas buena parte de las regulaciones en materia de suelo y vincular parte del presupuesto municipal a las licencias urbanísticas que otorgasen, sólo exacerbó el ya de por sí desmesurado sector inmobiliario nacional, y acabó creando una enorme burbuja inmobiliaria que, a pesar de la creencia instaurada según la cual fue el resultado de “decisiones individuales con un fuerte elemento de irracionalidad, [lo] que justificaría el posterior castigo económico en forma de restricciones al consumo, [fue generada por] una de las tentativas más acabadas de articular un modelo de crecimiento basado en la primacía de los activos financieros e inmobiliarios” (López y Rodríguez, 2013: 26-28). Aunque las enormes consecuencias sociales y mediambientales provocadas la burbuja inmobiliaria puedan hacer pensar que no cabe otra opción que apostar por un nuevo modelo social y productivo, en los últimos años “volvemos a encontrarnos con las desgravaciones por compra de vivienda, nuevas leyes de costa más permisivas y la (...) descarga de los costes del exceso de producción inmobiliaria sobre las cuentas públicas” (López y Rodríguez, 2013: 75). De hecho, en 2015, el 55% del crédito concedido en nuestro país se destinó a financiar viviendas, frente al 8% a la industria o el 25% al sector servicios (Vega, 2016)

que se construyen cada año en China como resultado de la búsqueda emprendida por la población local de un activo rentable en el que invertir y/o un seguro para el futuro de su familia5 [27] (Harvey, 2013; Ibañez, 2016). Además de un despilfarro de recursos y un importante impacto medioambiental, la demanda creada por la inversión –es decir, la conversión de la vivienda en un bien de inversión en lugar de un bien de uso- encarece el precio de la vivienda (por el mayor número de compradores en el mercado) y, con ello, dificulta el acceso a la vivienda para la población que sí la necesita como residencia (Vinuesa, 2013). En segundo lugar, la rentabilidad de la operación determina dónde se construye: la actual red financiera global permite que grandes masas de capital se desplacen por todo el mundo en busca de los proyectos inmobiliarios más rentables (Harvey, 2012 y 2013). Es más, esta capacidad de la red financiera desencadena, en un entorno caracterizado por la desindustrialización occidental y el desmantelamiento del sistema de bienestar que tiene lugar desde la crisis de 1973 (y que implica, entre otras cosas, la merma de los recursos económicos a disposición de las administraciones locales al mismo tiempo que se les transfiere la prestación de buena parte de los servicios sociales que no son privatizados), una lucha competitiva entre regiones urbanas por (pág actual y sig) fotografías de Ordos, ciudad fantasma china. Creada para un millón de personas, a finales de 2016 únicamente el dos por ciento de sus edificios estaban ocupados

En palabras de Wu Wenting, profesora de Macroeconomía de la Universidad de Tianjin, “la falta de oportunidades de inversión para la gente ha hecho que los chinos vean las casas como algo destinado a ganar dinero” (Citado en Ibañez, 2016)

[27] Todos los datos parecen apuntar a que los masivos programas de producción del espacio de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), están, sobre todo China, absorbiendo las enormes cantidades de capital excedente que, años atrás, absorbían el sector inmobiliario de Estados Unidos y de gran parte de Europa occidental, hoy en crisis (Harvey, 2013). La crisis de 2008 y sus efectos asociados, provocaron que las exportaciones chinas disminuyeran un veinte por ciento en un año, lo que dejó sin empleo a treinta millones de trabajadores chinos. Para evitar el estancamiento de la economía nacional y sus efectos derivados, el gobierno central chino quintuplicó las inversiones previstas (de ciento cincuenta mil a setecientos cincuenta mil millones de dólares) para la construcción de infraestructuras ferroviarias, y aleccionó a los bancos para que relajaran los requisitos de acceso al crédito hipotecario y para que financiaran

todo tipo de proyectos locales de desarrollo. Se trataba de un plan que, según los datos oficiales, permitía apuntalar el crecimiento del país y crear treinta y cuatro millones de empleos (Harvey, 2013). Aunque el gobierno chino confesaba en 2011 su preocupación de que en gran parte del país el crecimiento siga vinculado al gasto inflacionario en el desarrollo inmobiliario y la inversión pública en (…) proyectos infraestructurales [una inversión equivalente al 70% del producto interior bruto chino] (Barboza, 2011; citado en Harvey, 2013: 97). en 2015 tuvo que recurrir a ‘vastas medidas de estímulo’, que consistieron principalmente en el aumento del gasto público y la estimulación del crédito hipotecario mediante la bajada de los tipos de interés aplicado a los préstamos así como a los depósitos, para asegurar la tasa de crecimiento proyectada para ese año (entre un 6’5 y un 7% del PIB), y

ello a pesar de desencadenar un nuevo boom inmobiliario que sólo ahora está intentando controlar (Fontdeglòria, 2015, 2016 y 2017). Todo ello, y tal como se explicita en el ‘Nuevo Plan de Urbanización Nacional 2014-2020’ (que cuenta con un presupuesto de siete billones de dólares, la mitad del PIB de Estados Unidos), pretende favorecer e impulsar el giro de una economía nacional dependiente de las exportaciones y de la inversión estatal a otra basada en el consumo interno (Justo, 2014; Fontdeglòria, 2015), colocando al sector inmobiliario y a la construcción de infraestructuras como una pieza clave en el proceso, a pesar de que esto desencadena subidas del precio de la vivienda de hasta el 60% interanual en algunas ciudades y la existencia, a finales de 2015, de, al menos, cinco millones y medio de viviendas sin vender, y otras muchas más vendidas pero vacías (Fontdeglòria, 2016; Vidal, 2016).

atraer el capital que financie el entorno urbano y los servicios (culturales, deportivos, etcétera), que sirvan de reclamo para determinadas empresas, negocios (por ejemplo el turismo) y/o segmentos de población6. Con ello las regiones urbanas pretenden aumentar la base imponible del municipio sin tener que asumir la carga económica que supondría encargarse de dicho cometidos; sin embargo, el resultado, por los motivos expuestos en el apartado 2.1.4 de este trabajo, no suele implicar una menor carga para la administración pública, sino un mayor beneficio para los inversores privados a costa de los impuestos y de los derechos de los ciudadanos (Brenner, Peck y Theodore, 2015; Logan y Molotoch, 2015). Pero la elección de dónde se construye también está determinada por la acción pasada del propio capital, particularmente por los “patrones históricos de inversión y desinversión” (Smith, 2015: 154). En una aglomeración urbana determinada, por ejemplo, la mayor rentabilidad de una operación inmobiliaria corresponde a la zona con mayor diferencia potencial de renta, esto es, la mayor diferencia entre el valor de lo que en ella existe (el coste que le supone al capital adquirir los terrenos y las estructuras existentes), y el valor de lo que puede llegar a existir (que viene dado por el aprovechamiento que fije el planeamiento y lo que los posibles compradores y las empresas estén dispuestas a pagar por asentarse en ella). Si la diferencia entre ambos factores es mayor que el coste de la demolición de las estructuras existentes y de la construcción de las nuevas, la operación es rentable. Por tanto, las zonas más atractivas para el capital serán aquellas que han experimentado una desinversión prolongada (que implica la degradación física de sus edificaciones y espacios públicos) y que tengan asignado un aprovechamiento lucrativo superior al materializado. Por el contrario, no serán atractivas aquellas zonas que hayan recibido inversión en rondas anteriores y que, o bien no se hayan desvalorizado lo suficiente, o que no hayan recibido un aumento del aprovechamiento urbanístico que justifique económicamente la operación, o ambas cosas. En tercer lugar, y aunque el hecho de que se rehabiliten las zonas más degradadas parezca lógico (y hasta deseable), el proceso mediante el cual tiene lugar implica que la rentabilidad puede (y de hecho lo hace) determinar el modelo urbano existente; según Neil Smith, la vuelta de buena parte de las promociones inmobiliarias a los degradados centros urbanos estadounidenses tras décadas de inversión en los suburbios, sólo se explica por el mayor potencial de renta que tienen aquellos frente a éstos como consecuencia de los patrones históricos de inversión y desinversión. A su vez, la anterior huida de los capitales hacia las promociones inmobiliarias de los suburbios, como ya hemos explicado en el ejemplo adjunto, vino dada por la mayor rentabilidad que aseguraba dicha operación frente a las zonas urbanas7 (Smith, 2012 y 2015). Es

En el apartado 2.2.3 y 2.2.4 del trabajo se ha tratado esta cuestión.

La explicación cultural, según la cual son las preferencias de los ‘consumidores’ las que determinan la oferta inmobiliaria (en lo que respecta a su tipología, tamaño y localización) y, por tanto, el modelo urbano, no encuentra fundamento en la realidad. Según Neil Smith: Las necesidad de generar una ganancia constituye un incentivo subyacente a la gentrificación más importante que la preferencia de los consumidores (…) La relación entre producción y consumo es más bien simbiótica, pero se trata de una simbiosis en la que es el capital en busca de beneficio lo que resulta predominante. La preferencia de los consumidores y la demanda de viviendas gentrificadas puede ser, y es, creada, de forma evidente, por la publicidad. (Smith, 2015: 110)

más, según la lógica de la rentabilidad, una zona que cuente con espacios públicos y viviendas en buen estado, puede llegar a ser demolida y reconstruida por el capital siempre y cuando cuente con un aprovechamiento urbanístico no materializado lo suficientemente lucrativo como para justificar la operación de demolición y reconstrucción; lo que implica aceptar que es el negocio, y no las necesidades sociales, las que determinan la construcción del espacio urbano. Por último, las expectativas de negocio en el mercado inmobiliario, y especialmente la cantidad de capital excedente existente en cada momento, determinan quién recibe la financiación necesaria para acceder a una vivienda, como hemos explicado anteriormente, y por tanto determina para quién se construye. Los ejemplos adjuntos del mercado inmobiliario estadounidense y del español son bastante significativos al respecto. Pero la producción del espacio guiada por criterios de rentabilidad tiene otras dos consecuencias igual o más importantes. Por un lado, además del encarecimiento de determinados bienes básicos (como la vivienda), o del impacto social, económico y medioambiental que suponen determinados modelos urbanos sobre la vida de los ciudadanos (como el de baja densidad), el proceso de restructuración del espacio urbano guiado por criterios de rentabilidad conlleva, en la mayoría de los casos, el desalojo y el desplazamiento de los estratos más desfavorecidos de la sociedad y la apropiación privada de las plusvalías generadas por el colectivo (tanto en términos económicos como de uso) 8. Lo demuestran los casos ya comentados de la restructuración urbana de París a mediados de siglo XX, y de la reestructuración de los núcleos urbanos estadounidenses en las últimas décadas, o los procesos de reestructuración urbana que se están llevando a cabo en Nueva Delhi, Seúl o Bombay. Por otro lado, los mecanismos que se despliegan para lograr que el sector inmobiliario siga absorbiendo los crecientes excedentes de capital, aumentando su rentabilidad y moviendo la economía, como puede ser la disminución de las garantías exigidas para acceder al crédito y/o el incremento de la cantidad prestada, acaban provocando burbujas inmobiliarias cuyas consecuencias pueden llegar a ser mucho más perniciosas que las derivadas de una crisis de sobreacumulación. David Harvey ha demostrado la íntima relación entre las políticas de vivienda y la urbanización encaminadas a absorber el excedente y a asegurar la rentabilidad del capital inversor, por un lado, y las crisis macroeconómicas, por otro (Harvey, 2013). Lo más preocupante es que, al igual que sucede en el resto de sectores económicos, en el sector inmobiliario el capital nunca soluciona su tendencia natural a las crisis, sino que desplaza sus efectos por distintos ámbitos geográficos: el capital que provocó la burbuja inmobiliaria estadounidense y europea se ha desplazado hacia la construcción de las enormes metrópolis asiáticas, latinoamericanas y africanas, y, en menor medida, hacia la construcción selectiva en los centros urbanos de los países occidentales (Smith, 2015).

Sobre la gentrificación se remite al apartado 2.1.1 del presente texto.

parte 3

CIERRE DEL TRABAJO

3.1

CONCLUSIONES

Como toda obra social, el espacio se conforma a partir de la confrontación de las distintas fuerzas (intereses) que concurren y actúan sobre él en un momento determinado. El presente trabajo analiza la fuerza ejercida por los agentes urbanos más influyentes; más concretamente, los mecanismos de producción del espacio que éstos emplean para lograr sus intereses particulares. Aunque no se hayan analizado el resto de fuerzas concurrentes (lo que podría ser objeto de futuros trabajos1), de la exposición realizada a partir de los testimonios y las tesis de los autores más relevantes en la materia, se puede extraer una serie de conclusiones parciales: 1. Supeditación a intereses económicos y de clase de la producción del espacio. Aunque determinados factores atenúan el impacto de dichos intereses sobre el resultado final (como la resistencia que pueden imponer, y en ocasiones imponen, las estructuras sociales organizadas), la producción del espacio está predominantemente dirigida por factores político-económicos y, en especial, por la intención de maximizar la rentabilidad del sector privado. El resto de factores (sociales, culturales, medioambientales, etcétera) sólo son tenidos en cuenta si permiten incrementar la acumulación de capital. En el presente texto se han expuesto ejemplos claros al respecto, como la subordinación de la construcción de viviendas a la rentabilidad del sector inmobiliario, y no a las necesidades reales (apartado 2.2.5); o el condicionamiento de la conservación de entornos históricos y/o paisajísticos a su explotación comercial (apartado 2.2.3). 2. Aparente inexistencia de un modelo global de producción del espacio resultante de un acuerdo de clase. Aunque los testimonios recogidos en este texto evidencian lo reseñado en el 82

Por ejemplo, la influencia de la resistencia popular en la producción del espacio.

punto anterior, de la bibliografía analizada no puede desprenderse la existencia de un aparato ideológico global, emanado de un think tank o de un lobby de presión específico, encargado de definir un modelo espacial favorable al sector privado. Las teorías y ejemplos analizados parecen indicar, más bien, que el espacio urbano se conforma y se transforma a partir de las múltiples acciones o estrategias encaminadas a perseguir el beneficio privado desarrolladas por diversos agentes urbanos (esto es, agentes con capacidad de influir en el proceso de producción del espacio). Y es que si bien existen alianzas locales e incluso transnacionales en determinadas coyunturas y lugares –como la establecida entre diversas instituciones bancarias, promotores inmobiliarios y administraciones públicas en las llamadas políticas de regeneración urbana-, la complejidad del entorno urbano, los múltiples intereses que en él confluyen, la competencia entre capitalistas y, sobre todo, los intereses contrapuestos de las distintas facciones del capital, parecen haber impedido hasta ahora la consecución de un acuerdo de clase, explícito o tácito, sobre la producción del espacio en términos estáticos (definidos una sola vez) y universales (aplicables a las distintas situaciones geográficas y sociales). 3. Vinculación de la producción del espacio a la coyuntura económico-política. Al estar supeditada a intereses económicos y de clase, la producción del espacio depende de la coyuntura económica-política; cuando ésta cambia, aquella se ve alterada. Uno de los ejemplos más claros al respecto es el cambio que ha tenido lugar en las regiones occidentales en el último medio siglo como consecuencia del traslado de la producción a los países subdesarrollados: de una planificación espacial (regional y urbana) impulsada por la facción industrial del capital y centrada en facilitar el desarrollo productivo, se ha pasado a una planificación centrada en favorecer el turismo y la urbanización impulsada por la facción inmobiliaria del capital. Aunque el predominio de una u otra facción del capital no excluye la intervención de las demás, sirva lo expuesto en el apartado 2.2 en su conjunto para constatar la existencia de dicho cambio.

4. La producción del espacio supeditada a intereses económicos y de clase perjudica social, cultural y económicamente a la mayor parte de la población. En primer lugar, y con los objetivos de dificultar la organización de los desfavorecidos frente a las injusticias de las que son objeto y de desviar la atención sobre los verdaderos responsables de su situación –o sobre quienes tendrían la responsabilidad política de remediarla y que, sin embargo, actúan como cómplices de los anteriores-, la producción del espacio es utilizada para segregar espacialmente a la sociedad, favoreciendo la atomización de sus miembros y la estigmatización de ciertos colectivos, y fomentando las disputas entre grupos oprimidos. La atomización de la sociedad, reforzada desde ámbitos no espaciales (institucionales, empresariales, culturales, etcétera), encuentra en la producción del espacio el mecanismo ideal para: a) interponer barreras – no siempre físicas- entre los distintos grupos sociales, b) acabar con las redes humanas de apoyo social y emocional tejidas por los distintos colectivos para facilitar y enriquecer sus vidas, y c) impedir la formación de otras nuevas que los empodere frente a los intereses creados. Al mismo tiempo, la segregación espacial de ciertos colectivos (inmigrantes, clases bajas, gentes sin recursos, etcétera), al impedir o dificultar su contacto con el resto de la población, sirve, intencionadamente o no, para estigmatizarlos y señalarlos como los causantes de las desgracias propias y ajenas (apartado 2.1). En segundo lugar, pero simultáneamente, el control de la producción del espacio por parte de unos pocos agentes urbanos posibilita: a) la desposesión del colectivo mediante la asignación selectiva de cargas y beneficios económicos, sociales y/o culturales a los distintos grupos sociales (apartado 2.1.1), b) la apropiación privada de la plusvalía generada por el conjunto de la sociedad (apartado 2.2.1), y c) la financiación pública (es decir, por la colectividad) del negocio privado (apartado 2.2).

3.2

REFLEXIÓN FINAL

Dado que el espacio se conforma a partir del enfrentamiento de las distintas fuerzas (intereses) que concurren y actúan sobre él en un momento determinado, las conclusiones del presente trabajo (especialmente la supeditación a intereses económicos y de clase de la actual producción del espacio y el trasvase del patrimonio colectivo a manos privadas que ello supone) parecen indicar la debilidad de las fuerzas que deben funcionar como contrapeso de las ejercidas por los agentes urbanos más influyentes en busca de sus intereses particulares. Aunque tal hipótesis no haya sido estudiada específicamente en este trabajo, sirvan las teorías y los casos en él recogidos, la realidad de las aglomeraciones urbanas, y los múltiples casos de corrupción vinculados a la producción del espacio que han salido a la luz en los últimos años en nuestro país, para dar testimonio de la escasa eficacia de los contrapesos existentes a la hora de influir en los procesos de producción del espacio. Más allá de la demanda de una serie de equipamientos y de actuaciones puntuales –importantes, pero no suficientes-, los distintos colectivos sociales y las múltiples asociaciones vecinales no han logrado introducir en la ‘agenda política y social’ la necesidad de abrir el debate sobre el modelo urbano (aún más, cabe preguntarse si comprenden las potencialidades subyacentes en una producción del espacio diferente y, por tanto, si el planteamiento de tal necesidad se encuentra en su propia agenda). Mientras tanto, la capacidad de intervenir en los procesos de producción del espacio queda reservada a unos pocos agentes urbanos, aún a pesar de la importante incidencia que dichos procesos tiene sobre las vidas cotidianas de todos los individuos y grupos sociales presentes en la ciudad y -aún más importante- a pesar también de que son éstos los responsables de los éxitos y los fracasos de la aglomeración urbana y, por tanto, de las plusvalías que en ella se generan como resultado de sus acciones. Sin embargo, al menos a día de hoy, democratizar la producción del espacio urbano no es suficiente, aunque sí necesario, para contrarrestar la fuerza que ejercen 85

los agentes urbanos más influyentes en busca de sus intereses particulares. Y no lo es porque el grueso de la población parece desconocer la incidencia que la producción del espacio urbano tiene sobre sus vidas así como las posibilidades que proporcionaría un sistema realmente democrático de producción del espacio. Una condición sine qua non de todo proceso democrático es la participación informada (es decir, con conocimiento de causa) de todos aquellos a los que afecta directa o indirectamente. Por ello, para conformar un modelo espacial más justo social, económica y medioambientalmente que detenga el trasvase del patrimonio colectivo a manos privadas, es imprescindible la existencia de una ciudadanía informada que, incluyendo en su seno a todos los individuos y grupos sociales presentes en la ciudad, presione en pos de una producción democrática del espacio. El primer paso para lograrlo quizás consista en mostrar al grueso de la población los intereses subyacentes a la actual producción del espacio urbano (en lo que incide el presente trabajo) y las consecuencias que ello tiene en sus vidas cotidianas; el segundo, en demostrar las potencialidades de una producción del espacio diferente: democrática e inclusiva. Aunque se trata de dos tareas a largo plazo, el esclarecimiento de los efectos pernicioso que puede llegar a generar el uso parcial y desinformado de ciertos mecanismos de producción del espacio o la instauración de determinados modelos urbanos, permitirá, en un espacio de tiempo más breve, reducir el impacto que sobre ciertos colectivos tienen actuaciones urbanas bienintencionadas. Y es que si bien está demostrada la existencia de alianzas entre determinados agentes urbanos para lucrarse ilícitamente a costa del colectivo, en muchas ocasiones los efectos negativos que la planificación espacial tiene sobre ciertos grupos sociales están provocados por el desconocimiento y la insensibilidad de los técnicos y políticos encargados de planificar y gestionar el espacio urbano.

En definitiva, sólo cuando la ciudadanía esté adecuadamente informada, o al menos cuando tenga la posibilidad de informarse de manera sencilla, se podrá iniciar un debate colectivo sobre el modelo urbano que verdaderamente sirva al interés general; aunque para materializarlo también será imprescindible que los técnicos y políticos responsables estén realmente capacitados para interpretar y dar cauce a las demandas ciudadanas. Lo que está en juego es la capacidad de ‘cambiar y reinventar la ciudad’ de acuerdo con los deseos mayoritarios de la ciudadanía en lugar de hacerlo según los intereses de unas minorías, pues, recordando las palabras de David Harvey con las que iniciamos este trabajo: la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad (…) es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos (…) un derecho más colectivo que individual (…) que depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización (Harvey, 2013: 20)

fuentes documentales

fuentes bibliográficas

A continuación se indican las obras referenciadas a lo largo del trabajo. Si la edición consultada para realizar este trabajo no coincide con la edición original, se incluye la referencia a ambas. Con la primera se pretende facilitar al lector el acceso a las citas e ideas que se incluyen en el texto; con la segunda, permitir que éste pueda seguir un orden cronológico a la hora de consultar las referencias que le interesen. En el margen exterior se incluyen las portadas de las obras consideradas fundamentales por el autor de este texto. Aguilera, F., (2009) “Discurso y práctica de los grupos empresariales y políticos. Megaproyectos y megamentiras” en Aguilera, F.; Naredo, J.M. (eds.), Economía, poder y megaproyectos. 1ª Edición. Islas Canarias, Fundación César Manrique Alberdi, I., (2003) “Los negocios de Esperanza Aguirre” en El País. 10 Octubre 2003, disponible en: http://elpais.com/diario/2003/10/10/opinion/1065736806_850215. html [Último acceso el 30 de diciembre de 2016] Arias, F., (2009) “Megaproyectos urbanos madrileños. ¿Quién manda en Madrid?: las cuatro torres y el ‘señor de los anillos’” en Aguilera, F.; Naredo, J.M. (eds.), Economía, poder y megaproyectos. 1ª Edición. Islas Canarias, Fundación César Manrique Baudrillard, J., (2009) La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. 1ª Edición. Madrid, Siglo XXI España | Original: Baudrillard, J., (1998) The Consumer Society: Myths and Structures. Thousand Oaks, SAGE Publications Ltd Benevolo, L., (1994) Orígenes del urbanismo moderno. 1ª Edición. 1ª reimpresión. Madrid, Celeste Ediciones | Original: Benevolo, L., (1963) Le origini dell’urbanistica moderna. Roma, Gius. Laterza & Figli Spa 90

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fuentes gráficas

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Habitación comunal en Viena, 1869 www.laciudadviva.org/blogs/wp-content/uploads/2014/05/habitaci%C3%B3n-comunal-en-Miet-Kaserne-Vienes_Juan-D-L%C3%B3pez-Arquillo_La-Ciudad-Viva-500x373.jpg

(der)

Planta de vivienda obrera tipo [Modificada] Benevolo, L., (1994) Orígenes del urbanismo moderno. 1ª Edición. 1ª reimpresión. Madrid, Celeste Ediciones, p. 38

(arriba) Barricadas en la calle Saint-Maur durante el levantamiento popular de 1848 commons.wikimedia.org/wiki/File:Barricades_rue_Saint-Maur._Avant_l’attaque,_25_juin_1848._Apr%C3%A8s_l%E2%80%99attaque,_26_ juin_1848.jpg (abajo) Trazado del Boulevard Sébastopol superpuesto al tejido medieval preexistente Sica, P., (1981b) Historia del urbanismo. El siglo XIX, 1º. 1ª Edición. Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, p. 186

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(ent)

São Paulo, zonificación extrema e01-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/image-

nes/2015/01/22/14219296550361.jpg p29 (izq) Modelo de marquesina de autobús urbano de la ciudad de Madrid, 2014 [Modificada] www.lahuelladigital.com/wp-content/uploads/2015/01/Marquesinabusmadrid.jpg (der) Clavos metálicos en el alféizar del escaparate de una tienda londinense [Recortada y modificada] i4.mirror.co.uk/incoming/article6089545.ece/ALTERNATES/s1227b/ Rough-sleeper-bed-in-situe.jpg p32 (ent)

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Hamilton Fish Park, último tercio siglo XIX www.nycgovparks.org/sub_about/parks_history/playgrounds/The_ Gymnasium_Hamilton_Fish_Park_lg.jpg

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Señal zona videovigilada, Madrid, 2010 [Recortada] 4.bp.blogspot.com/_txvZBhDeYuc/S1XUhzNRdSI/AAAAAAAAGGs/iDPTMIGT6fE/s1600/dosjotas_parasuuso_base.jpg

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Campos cercados en Dales, Inglaterra, 2012 www.epicycles.com/Truck%20Blog/2012-03-16/big/J%20119.jpg

p43 (arriba) Plano de las concesiones de los terrenos comunes en la aldea de Balscott, Inglaterra, 1768 Benevolo, L., (1994) Orígenes del urbanismo moderno. 1ª Edición. 1ª reimpresión. Madrid, Celeste Ediciones, p. 16 (abajo) Plano de la aldea de Balscott con los terrenos comunes privatizados Benevolo, L., (1994) Orígenes del urbanismo moderno. 1ª Edición. 1ª reimpresión. Madrid, Celeste Ediciones, p. 17 p47 (arriba, izq) Society Hill, edificio degradado, 1 [Recortada] philadelphiaencyclopedia.org/wp-content/uploads/2015/02/600SpruceSt.jpg (arriba, der) Society Hill, edificio degradado, 2 media.philly.com/images/600*400/ajhheav22_600_092213.jpg (centro) Society Hill, Ed Bacon cdn.phillymag.com/wp-content/uploads/2016/11/D-Society-Hill_01940x540-768x441.jpg (abajo) Society Hill, The Society Hill Towers [Recortada] philadelphiaencyclopedia.org/wp-content/uploads/2014/11/Society-Hill-Towers.png p49 (arriba) Daumier, grabado representando a especuladores conjurándose Harvey, D., (2008) París, capital de la modernidad. 1ª Edición. Madrid, Akal, p162 101

(centro, sup) Daumier, grabado representando al propietario avaricioso extasiado por las demoliciones promovidas por Haussmann Harvey, D., (2008) París, capital de la modernidad. 1ª Edición. Madrid, Akal, p162 (centro, inf) Grabado de la construcción de las vías férreas del oeste estadounidense, 1 s416.photobucket.com/user/neetmok/media/six/ournew4.jpg.html (abajo) Grabado de la construcción de las vías férreas del oeste estadounidense, 2 railroad.lindahall.org/siteart/essays/westward.jpg p50

(arriba) Ciudad de Valdeluz, fotografía aérea, estado previo s4.postimg.org/ai2m1rwbh/valdeluz_antes.jpg (centro) Ciudad de Valdeluz, fotografía aérea, 2016 Google Earth (abajo, izq) Ciudad de Valdeluz, fotografía aérea oblícua, 2008 www.6000km.org/wp-content/uploads/2008/12/valdeluz_aire_11.jpg (abajo, der) Ciudad de Valdeluz, calle sin edificaciones ni personas www.6000km.org/wp-content/uploads/2008/12/valdeluz_barricadas_1.jpg

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(abajo) Estructura de la red ferroviaria de África Central entre 1890 y 1969 [Modificada] Sica, P., (1981c) Historia del urbanismo. El siglo XIX, 2º. 1ª Edición. Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, p. 837

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(arriba) A Balloon View of London as seen from Hampstead. Banks & Co; Wilson, Effingham commons.wikimedia.org/wiki/File:Banks_%26_Co.;_Wilson,_Effingham_-_print;_coloured_etching_and_aquatint_-_A_Balloon_View_ of_London_as_seen_from_Hampstead_-_Google_Art_Project.jpg (centro) Preston, Reino Unido; fábricas y viviendas Sica, P., (1981b) Historia del urbanismo. El siglo XIX, 1º. 1ª Edición. Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, p. 44 (abajo) Fotomontaje proyecto Lower Manhattan Expressway dabrownstein.files.wordpress.com/2013/09/cross-manhattan-expressway.jpg

p56

(arriba) Alexander Klein, estudios de la vivienda mínima Sica, P., (1981d) Historia del urbanismo. El siglo XX. 1ª Edición. Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, p. 142 (centro y abajo) CIAM III, estudios de la distribución óptima de los bloques residenciales [Recortada] Sica, P., (1981d) Historia del urbanismo. El siglo XX. 1ª Edición. Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, p. 166

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Ludwig Hilberseimer, Ciudad Vertical, 1925 Sica, P., (1981d) Historia del urbanismo. El siglo XX. 1ª Edición. Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, p. 136

(der) Le Corbusier, Ville contemporaine de trois millions d’habitants, 1922 static.skynetblogs.be/media/2130/dyn007_original_520_388_ pjpeg_2649770_d6df95d0ac39587133ec8538c2fd0eea.jpg p63 (arriba, izq) El Poblenou, vista aérea, 1928 [Recortada] produccionslallacuna.files.wordpress.com/2010/06/1741-el-poblenou-1928.jpg (arriba, der) El Poblenou, nudo ferroviario, aprox. 1900 cloud10.todocoleccion.online/fotografia-antigua-gelatinobromuro/ fot/2008/07/05/9188167.jpg (medio, der) El Poblenou, barracas, 1960 [Recortada] produccionslallacuna.files.wordpress.com/2010/06/4000-barraques-1960.jpg (abajo, izq) Distrito 22@, Edificio MediaTIC [Recortada] lh6.googleusercontent.com/-xgpypltDJxw/Tt9XuUk9b8I/AAAAAAAAAT0/i9NAybaYdO4/s800/02Media-ICT_cloud9.jpg (abajo, der) Distrito 22@, Campus Audiovisual Ca l’Aranyó [Recortada] ginabarcelona.com/images/vino/14/09-ararqp01.jpg p67 (arriba) Marville, 1866, Rue Galande vergue.com/media/.082rg-rue-galande_s.jpg (centro, sup) Camile Pisarro, 1897, Boulevard Montmartre Afternoon uploads8.wikiart.org/images/camille-pissarro/boulevard-montmartre-afternoon-in-the-rain-1897.jpg!Large.jpg (centro, inf) Edouard Cortes, Boulevard Bonne-Nouvelle uploads7.wikiart.org/images/edouard-cortes/boulevard-bonne-nouvelle-paris.jpg!Large.jpg (abajo) Edouard Cortes, Boulevard Bonne-Nouvelle Porte St. Denis uploads6.wikiart.org/images/edouard-cortes/boulevard-bonne-nouvelle-porte-st-denis.jpg p68 (arriba) South Street, 1901 www.shorpy.com/files/images/SHORPY_4a08191a.jpg (centro, sup) Antiguo mercado de pescado de Fulton, 1907 newyorkyimby.com/wp-content/uploads/2016/03/tinbuilding_1907.jpg (centro) Actividad en el mercado de pescado de Fulton un día de 1936 www.boweryboyshistory.com/wp-content/uploads/2014/04/ 142.jpg (centro, inf) Frente de las calles Fulton y Water, 1975 www.boweryboyshistory.com/wp-content/uploads/2014/04/39.jpg (abajo) Tienda cerrada en South Street www.boweryboyshistory.com/wp-content/uploads/2014/04/143.jpg p69 (arriba) South Street Seaport, muelle con tiendas y barcos-museo www.cultivatingculture.com/wp-content/uploads/2013/07/shutterstock_104202650-copy.jpg 103

(centro, sup) South Street Seaport, proyecto reconstrucción mercado de pescado de Fulton newyorkyimby.com/wp-content/uploads/2016/03/tinbuilding_1907. jpg (centro) South Street Seaport, espacio público rehabilitado www.nycgo.com/images/venues/103/southstreetseaport-julienneschaer-012__x_large.jpg (centro, inf) South Street Seaport, edificios rehabilitados www.nycgo.com/images/venues/103/south_street_seaport-willsteacy-34__x_large.jpg (abajo) South Street Seaport, proyecto nueva torre y puerto deportivo c d n 0 .vox- c d n . co m / t h u m b o r / 2 o o - s p 9 N h Wc e N 2 F b R 3 u 4 d e rZlUs=/121x0:1878x1318/720x480/filters:focal(121x0:1878x1318):format(webp)/cdn3.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/47861677/aSHoP_SOUTH-STREET-SEAPORT_AERIAL.0.jpg p72

(abajo) Gráfica ‘Comparativa histórica de la evolución de producción de vivienda, economía nacional y políticas residenciales en EE.UU. Sevilla, A., (2009) “La producción del espacio y los límites al crecimiento: la disciplina en la encrucijada”. Mesa redonda Congreso 2009 Arquitectos de España, 1, 2, 3 de Julio, Valencia, p. 4

p73

(izq)

Suburbio americano, Levittown undiaunaarquitecta.files.wordpress.com/2015/03/lemco-06.jpg?w=580

(centro) Suburbio americano, representación del sueño americano s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/93/d7/49/93d7494c4b5c2a5da0f5b32a112962fc.jpg (der) Suburbio americano, una vivienda, un coche http://imgc.allpostersimages.com/images/P-488-488-90/76/7667/BRNG300Z/posters/r-krubner-1950s-suburban-street-of-typical-homesqueens-new-york.jpg p74

(abajo) Gráfica relación préstamos alemanes a España / préstamos totales para la adquisición de vivienda Sevilla, A., (2015) “Urbanismo, crisis y austeridad” en Ciudades, Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Urbanística, No. 18 2015. p. 41

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(arriba, sup) Chiloeches, vista aérea, 2005 AA. VV. (2015) Nación Rotonda. Madrid, Phree. p. 14 (arriba, inf) Chiloeches, vista aérea, 2009 AA. VV. (2015) Nación Rotonda. Madrid, Phree. p. 15 (centro, sup) Paracuellos del Jarama, vista aérea, 2003 AA. VV. (2015) Nación Rotonda. Madrid, Phree. p. 78 (centro, inf) Paracuellos del Jarama, vista aérea, 2011 AA. VV. (2015) Nación Rotonda. Madrid, Phree. p. 79

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(abajo, sup) Valdebebas, vista aérea, 2002 AA. VV. (2015) Nación Rotonda. Madrid, Phree. p. 80 (centro, inf) Valdebebas, vista aérea, 2011 AA. VV. (2015) Nación Rotonda. Madrid, Phree. p. 81 p76 (abajo) Ordos, ciudad fantasma china, 1 filmthistrick.com/test/wp-content/uploads/2014/01/scooter-ordos-kevin-metallier.jpg p77 (abajo) Ordos, ciudad fantasma china, 2 filmthistrick.com/test/wp-content/uploads/2014/01/ghost-city-ordos-kevin-metallier.jpg

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