1. INTRODUCCIÓN El transporte colectivo de personas ha sido declarado en los países del mundo como un servicio público o como una actividad de interés pública. El concepto de servicio público, en general, se refiere a una actividad relativa a la satisfacción de una necesidad de interés general que le corresponde al Estado ejercer; con dos elementos fundamentales como lo son el carácter de interés general y que sea asumida por el Estado o a quien este designe según lo ha indicado la Procuraduría General de la República de Costa Rica (2005). Desde el punto de vista jurídico, Cabanellas (1993) lo define como “aquel servicio, que ha de satisfacer una necesidad colectiva por medio de una organización administrativa o regida por la administración pública”.
En Costa Rica, el transporte remunerado de personas en sus distintas modalidades que se lleva a cabo por calles, carreteras y caminos en todo el territorio nacional está establecido como un servicio público regulado, así establecido por la Ley 3503 Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas por Vehículos Automotores.
Es claro que, para el Estado costarricense, una de las necesidades generales que debe garantizar corresponde al transporte de personas en sus distintas modalidades (autobús, taxi y tren) delegando en particulares o administraciones estatales su prestación.
La regulación como parte de las funciones públicas del estado, permite que la actividad regulada no solo funcione por la lógica del mercado sino por el interés general tanto económico como social (Rapp, 2001); de manera que efectivamente el servicio público satisfaga la necesidad general de los habitantes.
En la definición del servicio público de la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica (ARESEP), se indica que “es un servicio que por su importancia para el desarrollo sostenible del país es calificado como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley” y se le asigna además una
12
