Recopilatorio 12 de febrero

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 12 de febrero de 2020

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Ellas no quieren esperar

Márgara Millán* - La Jornada - Miércoles 12 de febrero de 2020 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una crisis importante articulada en torno a la violencia de género. Se trata de una crisis compleja, no como lo quieren hacer pasar la mayoría de los medios de información–manipulación de la opinión pública, p ­ ara quienes, según investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía General de la República, se habrían detectado “ocho grupos que dañan a la UNAM”, casi todos de colectivos anarquistas, que incluso “Habrían recibido adiestramiento de corte anarquista de universidades sudamericanas”, hasta el punto de afirmar que se trata de líderes sudamericanos que tienen su residencia en el auditorio Che Guevara ( Excélsior, 7/2/20); tampoco el problema es mayormente la injerencia de partidos políticos, injerencia que en todo caso ocurre en cada movimiento estudiantil de la UNAM; y tampoco está la explicación en un feminismo ultra y radicalizado que no escucha motivos para entrar en razón.

No, el problema de la violencia de género y su no reconocimiento y atención en la UNAM, se vincula con el problema de la violencia contra las mujeres en todo el país; y el poco reconocimiento que esta realidad tiene en todas las instancias de gobierno, en la sociedad en general, y en la escandalosa manera en que los medios lo retratan. A la impunidad que prevalece.

La UNAM no es sino espejo de la violencia que atraviesa nuestro país; de los contextos que circundan las entidades “periféricas”, como Azcapotzalco, Naucalpan, Aragón, Ecatepec, uno de los lugares con mayor índice de feminicidios, pero, también, y de manera importante, del abandono institucional a los sectores más desprotegidos de la universidad, del descuido presupuestario en que la UNAM ha dejado a sus preparatorias y colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), en la desatención de políticas sólidas y de largo aliento que atiendan las violencias de género en la UNAM. En la pervivencia de una masculinidad violenta y excesiva, demandada en los circuitos del deporte, de las barras y porras, de los grupos de choque que hemos visto dentro y fuera de la UNAM como formas de incidencia de ciertos grupos 1

políticos. La poca proactividad sindical para sentar precedentes en torno a las sanciones por violencias de género. Inercias internas de nuestra máxima casa de estudios, a las cuales se suma la desafección generalizada a escala nacional sobre el reconocimiento y la atención a la violencia en general, y a la violencia de género en particular.

Todas estas lógicas se enfrentan, sin embargo, a un momento diferente. El momento en el que “ellas ya no quieren esperar”; en el que las jóvenes universitarias, entre ellas las más jóvenes de los CCH y preparatorias, se han “entrenado”, sí, pero en la indignación, en las marchas, en las calles y en los grupos de autodefensa, en el cuidado mutuo (la policía no me cuida, a mí me cuidan mis amigas), en el acuerpamiento que les hace seguir diciendo #Ni una menos, #Vivas nos queremos, y en la solidaridad. Si la UNAM en su conjunto y sus directivos en lo particular, no son capaces de mirar más allá de las narrativas sobre los líderes, los grupos y las manos atrás del movimiento, no estarán en condiciones de responder a este momento del reclamo feminista. Como tampoco lo está el país.

“Y nuestro castigo es la violencia que no ves” *Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Entre la ilusión y el coraje

Gustavo Esteva - La Jornada - Lunes 10 de febrero de 2020 Estamos divididos. Se enfrentan ya dos amplios sectores de la sociedad.

En Estados Unidos la mitad de la población respalda abiertamente al presidente Trump. Acepta con entusiasmo su discurso triunfal del 5 de febrero. La otra mitad, que lo rechaza, se identificó quizás con el acto simbólico de la señora Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, cuando al terminar el discurso rompió su copia a la vista de todos.

Chris Hedges, el agudo crítico estadunidense, puso el dedo en la llaga al analizar dos días antes la situación.

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“El país del que hablan los políticos, los académicos y los medios es una fantasía, una ficción a la manera de Disney. Mientras más empeoran las cosas, más nos refugiamos en ilusiones. Mientras más posponemos llamar por su nombre y confrontar nuestra decadencia física y moral, más poder adquieren los demagogos que difunden ilusiones y fantasías… La manía de la esperanza opera como un anestésico.” Las innumerables esperanzas que abrigaron millones de estadunidenses en estos años fueron “escapes sicológicos ante la crisis”.

El diagnóstico de Hedges es contundente: “Aferrarse al autoengaño colectivo define los espasmos mortales de todas las civilizaciones. Estamos en la etapa terminal. Ya no sabemos quiénes somos, en qué nos hemos convertido y cómo nos ven fuera de Estados Unidos. Es más fácil, a corto plazo, refugiarnos en nuestro interior, celebrar virtudes y fuerzas inexistentes y revolcarnos en la sentimentalidad y el falso optimismo. Al final, empero, este refugio, difundido por la industria de la esperanza, garantiza no sólo el despotismo sino también, dada la emergencia climática, la extinción” (https://bit.ly/3boql4B).

Existe, sin embargo, otra forma de la esperanza.

Brian Snyder acaba de quedarse ciego. Una enfermedad genética degenerativa lo privó de la vista de que gozaba hasta hace poco; y fue entonces, dice él, cuando empezó a ver. Ni él, que tiene 40 años, ni su esposa, que sufre una grave crisis de salud, tienen seguro médico ni ingresos para pagarlo. Reaccionó de inmediato al artículo de Hedges. Una carta en Facebook describe su dramática situación y aclara de inmediato que no escribe para que le manden dinero. “Es una exigencia a mí mismo para conseguir la fuerza y el coraje necesarios para dejar de participar en este sistema económico de mierda y comenzar la organización para construir un mundo en que cada quien obtenga amor, comida, techo y sanación, porque eso es lo ético y moral como seres humanos con capacidad de actuar con empatía y amor”.

Brian pide que lo contacten quienes vivan en su municipio y quieran organizarse para el cambio a escala local. “No hablo de salir a protestar a la calle, mientras la gente toca el claxon, y luego seguir con lo cotidiano. Hablo de ocupar en forma no violenta las corpo3

raciones y evitar que operen, creando simultáneamente una comunidad autónoma y flexible que no dependa de esas corporaciones para sobrevivir.”

Brian define de otro modo la esperanza. “Si te sientes como yo, multiplica estos sentimientos en tus propias palabras, para que quienes son como tú y yo no nos sintamos solos y desesperados en esta época desolada. Hay esperanza. Mientras estemos vivos, habrá esperanza.”

Finalmente, de eso se trata. En vez de prepararnos a la guerra civil, enfrentando a quienes siguen colgándose de ilusiones, necesitamos concentrarnos en la construcción del mundo nuevo. Lo que hay que hacer es muy distinto en una pequeña ciudad del norte de California, en la Sierra Norte de Oaxaca o en un barrio de la Ciudad de México.

Como dicen los zapatistas, cada geografía tiene sus propios desafíos y formas de organizarse. Pero eso es lo que hay que hacer: organizarse.

Esta actitud exige un cambio muy radical de perspectiva. Mientras políticos e intelectuales siguen hablando de cómo salvar el país, el mundo o la biosfera, mientras sus afirmaciones o promesas se alejan cada vez más de la realidad, abajo se teje otra percepción. Cualquier persona sensata y decidida puede caer en una sensación de impotencia e incluso desesperación si se plantea qué hacer ante los problemas actuales del país o del mundo. Quizás sienta que sus capacidades de acción, por muy relevantes que sean a escala local, son insignificantes ante los males que nos agobian. Caería entonces en la actitud obediente y sometida que espera de arriba la solución. Actuaría el fascista que todos llevamos dentro, el que nos hace amar el poder, ese poder que nos oprime y despoja, cuando finge estar de nuestro lado.

Necesitamos recuperar sentido común y escala humana. Hacer lo que se necesita a nuestra escala. La realidad no cambia porque algún líder tome decisiones que resuelvan todo o al menos conduzca a las masas hacia alguna tierra prometida. Cambia cuando hombres y mujeres comunes consideran insoportable la situación en que se encuentran y tienen el coraje suficiente para actuar en consecuencia. Como Brian. gustavoesteva@gmail.com 4

Suprema Corte de Justicia de la Nación y desaparición forzada

Gilberto López Y Rivas - La Jornda - Viernes 7 de febrero de 2020 Durante más de 12 años, familiares, representantes legales, Comisión de Mediación, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda y organizaciones sociales y de derechos humanos solidarias han mantenido la exigencia de la presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes el 25 de mayo de 2007 fueron detenidos, en la ciudad de Oaxaca, y desaparecidos por diversos agentes de los tres niveles del gobierno mexicano, configurándose un innegable crimen de Estado y lesa humanidad, tipificado como desaparición forzada, y, por tratarse de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, como parte de la estrategia de contrainsurgencia y llamada guerra sucia que ha puesto en práctica el Estado mexicano durante décadas.

Ha sido notable la perseverancia jurídica y política de quienes, a contracorriente, han librado una lucha denodada para conocer el paradero de Alberto y Edmundo, y por demandar justicia, castigo a los culpables y fin de la impunidad, en un caso por demás paradigmático, ya que cada día que pasa, el Estado mexicano, independientemente de alternancias en el gobierno, exhibe la carencia de voluntad política para investigar el paradero de los dos luchadores sociales y juzgar a los funcionarios responsables no sólo de esta detención-desaparición, sino también a quienes han sido omisos en sus responsabilidades, o, incluso, han protegido a los criminales e incumplido la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la resolución del recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se ordenó la apertura de los cuarteles militares para la búsqueda y localización de Alberto y Edmundo, y citar a comparecer a los entonces (2007) mandos superiores de las fuerzas armadas, a los agentes, en aquel tiempo, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y a diversos funcionarios de otras instituciones públicas.

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El 14 de diciembre de 2019, de nueva cuenta, se ganó otra batalla jurídica con la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se solicita a la SCJN la atracción del caso, al considerarlo de suma trascendencia por la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de las víctimas, concediendo el amparo en favor de Edmundo y Gabriel, así como de sus familiares.

Previamente, el 6 de mayo de 2019 el juzgado de amparo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR): 1). Investigar de manera pronta, completa, imparcial y exhaustiva la desaparición forzada de ambos agraviados, en la cual, conforme a la resolución judicial, cuando menos intervinieron agentes estatales pertenecientes al Ejército Mexicano, a las secretarías de Seguridad Pública de Oaxaca y del municipio de Oaxaca de Juárez y a la policía ministerial de la Fiscalía General de Justicia estatal. 2. Mantener en curso la investigación hasta que se ejerza la acción penal en contra de todos los responsables de la desaparición forzada y se localice a los desaparecidos. 3. Publicar en la página principal de Internet de la FGR la investigación que realiza y las pruebas que obran en la averiguación previa. 4. Tomar declaración de mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007, en el estado de Oaxaca, para dilucidar su posible participación en la desaparición forzada, en el entendido que, si de alguna declaración se desprende información que deje entrever el uso de instalaciones militares para el ocultamiento de los desaparecidos, se deberán ordenar las diligencias de búsqueda en las mismas. 5. Reconocer la conformación y creación de una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los desaparecidos.

A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ordena: 1. Publicar por una ocasión un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional, para no dejar en la opacidad la actuación ilegal de las autoridades responsables de la desaparición forzada y hacer un reconocimiento simbólico de modo institucional. 2. Prestar las facilidades a la FGR para investigar la desaparición forzada, permitiendo la entrada a cualquier instalación militar para buscar a Edmundo y Gabriel.

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Con significancia, Sedena y FGR se inconformaron con la resolución, por lo que interpusieron un recurso de revisión, mientras los abogados de la parte quejosa presentaron revisión adhesiva, para que la sentencia se mantuviera en el sentido resuelto. Los recursos quedaron radicados en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (136/2019). Dicho órgano judicial, el 12 de diciembre de 2019, resolvió enviar el recurso de revisión a la SCJN. Así, el máximo tribunal del país resolverá entre dejar firme la sentencia, y hacer justicia, o, llanamente, ser cómplice del encubrimiento de crímenes de Estado y lesa humanidad.

Contra los desplantes y la prepotencia

Francisco López Bárcenas - La Jornada - Viernes 7 de febrero de 2020 Es un hecho notorio pero si se le ignora genera desconcierto: cuando los pueblos indígenas o campesinos se sienten agredidos o miran que un peligro se cierne sobre ellos y sus integrantes, toman medidas para defenderse. Normalmente quienes cargan con la responsabilidad de ejecutar tales previsiones son sus autoridades, y para llevarlas a cabo echan mano de sus jóvenes o personas en edad activa. Normalmente. Pero cuando la normalidad es rebasada, en la defensa participan todos: mujeres, ancianos y niños. Cada uno de los miembros de los pueblos asume tareas diversas, desde reunir información que ayude a la protección del pueblo, hasta preparar el terreno, mantener a los que se movilizan y a su familias si fuera necesario, conseguir la armas y usarlas contra el enemigo. Eso es un hecho, no un deseo.

Pero hay autoridades que parecen no darse cuenta que vivimos tiempos anormales, que requieren la toma de medidas excepcionales para brindar seguridad a los pueblos y ciudadanos.

El mismo Presidente de la República, refiriéndose a la presentación de niños armados para la defensa de sus pueblos, que en días pasados hiciera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la Montaña de Guerrero, 7

declaró: “Esas actitudes y desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada. Hacen ruido. Vergüenza les debería de dar eso, no se les va a aplaudir”. Insisto: en tiempos normales el Presidente de la República y quienes como él piensan, serían correctas, pero en los tiempos que corren resultan desafortunadas y peligrosas. Lo que la CRAC-PF hacía al exhibir niños armados, hijos o familiares de personas asesinadas, era mostrar las acciones límite que han tenido de tomar para no terminar engullidos por la violencia que se cierne sobre ellos. No buscaban el rechazo del Estado sino que éste tome conciencia de la situación y cumpla con sus funciones de brindar seguridad a sus ciudadanos.

No se trata, como dijo el Presidente de la República, de actitudes de desplante y prepotencia que deberían dar vergüenza a los pueblos que las toman, sino de medidas dolorosas que los pueblos no desean tomar pero que no pueden evitar si quieren seguir existiendo. Y no son de ahora ni sólo del estado de Guerrero. Cuando el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano gobernó el estado de Oaxaca, las autoridades de un pueblo de la Sierra Sur se dirigieron a él de manera pública informándole que la asamblea general había nombrado una comisión que consiguiera armas para su defensa y le solicitaban que no se les impidiera lograr sus objetivos. En la actualidad, en el estado de Chihuahua son corrientes los rumores que aseguran que miembros del crimen organizado llegan a las escuelas y se llevan por la fuerza a los niños para convertirlos en sicarios y cuando escapan sus familiares pagan las consecuencias. Y así podemos seguir poniendo ejemplos.

Que los pueblos agredidos o en peligro de serlo tomen las medidas para evitarlo no debería ser motivo para que se armen, menos que armen a sus niños. Eso es cierto. Pero esto sólo sería posible si el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, cumpliera con sus funciones y ofreciera seguridad para sus pueblos y ciudadanos.

Sólo que en las actuales situaciones por las que atraviesan diversas regiones del país parece que el Estado ha sido rebasado y no está en posibilidad de hacerlo. Así, no debería extrañar que los niños cambien sus aspiraciones –uno de los armados dijo que a él le hubiera gustado ser médico pero que por la violencia no podía acudir a la escuela– de una vida digna por un rifle que le permita seguir viviendo, más cuando ha visto morir a sus familiares, que eran su 8

posibilidad de contar con apoyo para dedicarse al estudio. Lo que tal vez debería hacer el Estado es apoyar esas medidas para que sean transitorias, en tanto se toman otras que le permitan recuperar su capacidad de cumplir con sus funciones.

Pocos días después que el Presidente de la República fuera electo para el cargo, la prensa le preguntó con qué información contaba como presidente electo que no hubiera tenido como candidato y que le quitara el sueño. Se tomó su tiempo antes de responder y cuando lo hizo dijo que la corrupción y la seguridad. Supongo que con esa información en su poder ha diseñado su actual estrategia de combate a la corrupción y al crimen organizado. Si todavía no la tiene, como parece por sus declaraciones, debería saber que los pueblos no se arman por desplante, prepotencia o porque busquen el aplauso, sino por necesidad; que cuando lo hacen atendiendo a sus autoridades y de acuerdo con sus propias normas no buscan causarle un mal al gobierno y tampoco son sus enemigos. Al contrario, pueden ser aliados en los cuales apoyarse para lograr la pacificación del país. Las amenazas veladas a quienes se arman para defender su vida sólo sirve a los violentos.

¿Mano negra?

Imanol Ordorika - La Jornada - Sábado 8 de febrero de 2020 La historia se repite. Una vez más se acusa a un movimiento estudiantil de estar sujeto al control de actores externos a los que se califica como la “mano negra” que dirige sus acciones.

El 15 de mayo de 1929, el entonces presidente, Portes Gil, acusó a los líderes del movimiento estudiantil de ser ajenos a la Universidad y perseguir fines políticos. Eran, a su juicio, la “mano negra” de su época, un intento de desestabilizar a la Universidad y al país. El 10 de julio del mismo año, el Congreso aprobó la Ley Orgánica que otorgó la autonomía. Pocos años después, el movimiento del 29 y sus líderes serían considerados los protagonistas de acontecimientos históricos que dotaron a la llamada máxima casa de estudios de una de sus mayores fortalezas: la autonomía.

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En 1968, según el gobierno, el movimiento estudiantil era promovido y dirigido por la “mano negra” del comunismo internacional.

Caracterizaban a la lucha estudiantil como un intento de desestabilización del régimen y del país, en la víspera de las Olimpiadas.

En las torturas e interrogatorios la policía perseguía también a la “mano negra” de priístas resentidos. Lombardo Toledano decía que la CIA era “la mano que mecía la cuna”. Cincuenta años después nadie se atreve a sostener algo así y se reconoce la fuerza ética y moral del movimiento, junto a su claridad política y capacidad organizativa.

En 1986-87, el rector Carpizo acusó en un desplegado público a diversas organizaciones políticas (Convergencia Comunista 7 de Enero, Partido Revolucionario de los Trabajadores y revista Punto Crítico, entre otras) de estar atrás del Consejo Estudiantil Universitario. Esas eran las “manos negras” cuyos “agentes y agitadores profesionales” manipulaban a los estudiantes en la lucha contra las reformas restrictivas del acceso y la permanencia de estudiantes en la Universidad, así como por la gratuidad y el Congreso Universitario. Como en otras ocasiones se intentó desacreditar a todo el movimiento aduciendo la presencia de intereses políticos ajenos a la Universidad.

El discurso se repitió con más fuerza y encono en la larga huelga del Consejo General de Huelga, en 1999-2000. También se les llamó infiltrados, agitadores, representantes de intereses políticos externos inconfesables. Las “manos negras” se ubicaban tanto en el gobierno del Distrito Federal como en diversos grupos denominados ultraizquierdistas. La demanda central de gratuidad fue lograda a un alto costo, la entrada de la policía a la UNAM y la detención de centenares de estudiantes.

Hoy las luchas de 86-87 y 99-2000 han sido completamente legitimadas. Esto es lo que representa en los hechos el reconocimiento del derecho a la educación superior pública gratuita en el artículo tercero. Las “manos negras” llegaron hasta la Constitución.

Quienes han invocado estos descalificativos para los movimientos de estudiantes se han equivocado siempre. Hoy asumen, una vez 10

más, que las estudiantes en lucha contra la violencia de género son jóvenes manipulables, sin claridad ni voluntad propias. No entienden ni aceptan que tienen la capacidad para definir sus demandas, organizarse, diseñar sus estrategias y poner en práctica acciones de manera independiente.

Se les trata de anular al hablar de “mano negra” y de desestabilización. Buscan explicaciones simplistas, responsables materiales e intelectuales ajenos a sus movimientos. Al centrarse en encontrar la “mano negra”, quienes las acusan son incapaces de entender y atender las causas reales que dan lugar a las tomas y paros. Por ello no conocen verdaderamente a las estudiantes en lucha. No hay respeto, no reconocen a sus organizaciones, no se dirigen a ellas, ni utilizan los nombres de sus colectivos.

En este contexto de polarización, los conflictos se alargan, se generan más condiciones de radicalización, de incorporación de nuevas demandas y actores estudiantiles, de otros proyectos políticos y otras formas de acción.

Es el discurso de la “mano negra” el que verdaderamente provoca y desestabiliza. Genera mayor distancia y desconfianza. Impide la construcción de canales de comunicación, la construcción de propuestas compartidas para erradicar la violencia de género y, al final de cuentas la búsqueda de acuerdos necesarios para encauzar los conflictos y entrar en un proceso de construcción colectiva de una UNAM sin violencia y con verdadera igualdad de género.

Se requieren donaciones para la Brigada Marabunta

Gloria Muñoz Ramírez - La Jornada - Los de abajo Sábado 8 de febrero de 2020 Un grupo de voluntarios y voluntarias con camiseta roja, la mayoría jóvenes, recorre las manifestaciones de principio a fin. Pueden ser las movilizaciones contra los feminicidios o las que exigen la pre11

sentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las del magisterio, las de los estudiantes, o cuando se coloca un antimonumento en la Ciudad de México. Casi todas las protestas tienen la suerte de contar con este equipo de guardianes que interfiere cuando llega la policía a reprimir. Se ponen en medio, dialogan con las autoridades, hacen cordones alrededor de los manifestantes. Los cuidan. Se trata de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

Marabunta es una colectividad de chavos y chavas de la colonia Gabriel Hernández, en la delegación Gustavo A. Madero, donde, a la mitad del cerro, se construye un espacio llamado La Roca, centro cultural comunitario donde se junta la banda y se entrena para cuidar a la otra banda. En un terreno baldío donde los jóvenes se drogaban o asaltaban a la gente, ahora hay un teatro, arriba un gimnasio y un área para artes circenses. Aquí se reconstruyen los jóvenes con historias de violencia y drogadicción. Ellos y ellas pasan de los trancazos dentro de su familia y su barrio a la acción colectiva que les da horizonte y misión.

Miguel Barrera, de la Brigada Marabunta, explica que han demostrado que “la paz es posible y, para los muchachos, más allá de que merecen la oportunidad, es una necesidad crear un área de sobreviviencia que pueda transformarse en un área de vida digna”.

Su origen chilango circunscribe su trabajo a las movilizaciones en la Ciudad de México, pero ante la grave crisis de violaciones a los derechos humanos en todo el país, colectivos y organizaciones les piden su acompañamiento en los diferentes estados de la República. Y no tienen recursos para moverse. Regularmente se trasladan en transporte público, pero eso limita la amplitud de su apoyo. Y es por eso que requieren de una camioneta para responder más rápidamente a las solicitudes y llegar a más lugares.

La información para colaborar con donaciones se encuentre en este link: https://donadora.org/ campanas/marabunta. www.desinformemonos.org losylasdeabajo@yahoo.com.mx 12

La insubordinación chilena

Juan Trujillo Limones* - La Jornada - Domingo 9 de febrero de 2020 “Voy por mi mamá, por una mejor y digna jubilación”, le dijo a su familia el joven de 33 años Mauricio Fredes Lambi cuando salió de casa para participar en la primera línea de la protesta en Plaza Baquedano, rebautizada Plaza de la Dignidad en el centro de la capital chilena. Apenas hace unos días, se cumplió un mes de esa trágica noche en la que Mauricio perdió la vida al caer a una fosa de 1.80 metros de profundidad que contenía cables de alta tensión y agua.

Después de la visita en enero de la Misión Canadiense de Observación de Derechos Humanos se ha evidenciado una vez más, que el gobierno no ha atendido la grave crisis de violación a los derechos humanos y tampoco ha realizado cambios en la estructura de la policía carabinera. Las recomendaciones de las organizaciones Amnistía Internacional, ONU y Human Rights Watch, parecen ser sólo un maquillaje a la administración de un profundo conflicto social.

Mauricio era pintor y yesero en la industria de la construcción y vivía en el barrio popular de La Pintana con su abuela Sara, de 75 años, a quien consideraba su madre. En la zona, los amigos de la infancia pronto comenzaron a participar en la revuelta social desde octubre. Con ellos acudía intermitentemente los viernes a esa primera línea que permite que el resto del movimiento pueda manifestarse de manera pacífica.

El caso de Mauricio es un potente botón de muestra de la estrategia de contraisurgencia que desde la primera semana de noviembre se reforzó en el país. Mientras llega el cuarto mes de protestas, el gobierno y los carabineros intentan frenar con violencia cualquier foco de reunión o actividad política crítica al desigual sistema social imperante, el ciclo insurreccional continúa. Ahí, donde la primera línea de jóvenes se enfrenta cada viernes en la Plaza de la Dignidad, donde se presentan los enfrentamientos violentos con las fuerzas especiales de los carabineros, sus carros lanzan agua y su zorrillo que fumiga con gas lacrimógeno a la multitud. Ese viernes 27 de diciembre, la rebeldía de los jóvenes había aumentado después de 13

las fiestas navideñas, debido a la política de “cero tolerancia” impuesta por el intendente de la ciudad, Felipe Guevara, además por los crecientes casos de pérdida de ojos de manifestantes por los disparos directos con píldoras lacrimogenas que la policía seguía realizando. Entre las calles Irene Morales y Bernardo O’Higgins la primera línea desafió a esa policía militarizada que esa tarde roció con agua a todo lo que se moviera, incluso a las pequeñas fogatas donde a duras penas los jóvenes intentaban secar su ropa.

La noche cayó, Mauricio se encontraba encapuchado y dentro de esa resistencia donde hombres y mujeres se alternaban posiciones con escudos, piedras y rayos láser para hacerle frente a los carabineros. En una esquina, los voluntarios paramédicos atendían a heridos de piernas y cabeza. A unos metros, cuatro mujeres con el rostro cubierto ofrecían en un carrito de supermerado “lentejas gratis” a quien se acercara. En el centro de la plaza los bailes y música alimentaban de energía a la insubordiación. La policía volvió a aplicar la pinza de encerrar a la primera línea para disolver la protesta. Desplegado el operativo los jóvenes corrieron para salir de esas calles. Mauricio siguió a la estampida, pero cayó en el trágico hoyo que tenía mucha agua. “Como en la fosa pasaban cables con corriente, se electrocutó y eso impidió que pudiera salir”, explica Luis Cordero, tío de Lambi. Días después el Servicio Médico Legal confirmó la muerte a causa de “asfixia por sumersión”. Sin embargo, a un mes del hecho, no queda claro si esa agua estaba ahí regularmente o fue la acumulada por la acción represiva de los carros hidrantes. Además de que la tapa de concreto que ese tipo de fosas deben mantenerse en su lugar ante la alta afluencia peatonal. “Una fosa subterránea de corriente no debe de llevar agua, es sospechoso.

El intendente (de la ciudad) culpa a la gente que había destruido la fosa para atacar a los carabineros”.

Los manifestantes de la primera línea honraron a su muerto desde esa madrugada. El traslado del cuerpo a La Pintana fue como una caminata fúnebre para un héroe de la patria y el funeral, una fiesta de honor con bombo, platillos, cánticos y comida. La gente solidaria los apoyó para pagar los gastos funerarios; hoy la familia se recupera por la pérdida y la denuncia penal con un abogado está en camino. El juicio por el deslinde de responsabilidades caería 14

indudablemente sobre la empresa de energía eléctrica; el jefe de carabineros, Alejandro Rosas; el intendente, Felipe Guevara, y el gobierno central del derechista Sebastián Piñera. Éste, con 6 por ciento de aprobación popular, se sigue aferrando a su puesto. “Ya está bueno de la desigualad para la gente. Si no quiere apoyar al pueblo, que renuncie y que coloquen a alguien que sea capaz”, espetó Luis al final de la charla, mientras su familia conversaba.

Con el caso de Mauricio y con la muerte de Jorge Mora, aficionado del equipo de fútbol Colo Colo, el pasado 29 de enero, atropellado por el carabinero Carlos Martínez, la grave situación de los derechos humanos empeora y degrada no sólo la legitimidad de la institución policial, sino que abre más la grieta del sistema político chileno que se sostiene con alfileres.

La insubordinación popular chilena no sacará los pies de las calles previo al plebiscito de abril próximo en el que se decidirá si se convoca o no a un órgano constituyente que redacte una nueva Constitución; de lo contrario, continuará con vigor y no dejará que le arrebaten la dignidad ahora con sus propios mártires y tuertos a cuestas. *Antropólogo

Un lunático rencoroso y peligroso destroza una nación

Eric Nepomuceno - La Jornada - Domingo 9 de febrero de 2020 El ultraderechista Jair Bolsonaro viene de cumplir poco más de 400 días como presidente de la nación más extensa, poblada y económicamente poderosa de América Latina: Brasil.

Tiempo suficiente para imponer un retroceso que alcanza a todos, absolutamente todos, los aspectos de mi país. No hay un solo sector, ni un mísero segmento que no haya sido blanco de su furia devastadora.

La educación pública está destrozada en todos los niveles –inclusive en los que no dependen directamente del gobierno federal–, el medioambiente experimenta una destrucción incomparable, el patrimonio público está siendo subastado a precios ridículos y en condiciones vergonzosas, la política externa construida a lo largo de muchas 15

décadas ha sufrido un vuelco sin antecedente, inclusive si se considera la dictadura militar (1964-1985) que Bolsonaro afirma que no existió.

El espacio consolidado desde hace al menos 25 años dejó de existir, abatido por muestras vergonzosas de vasallaje ilimitado frente a Washington y un dar la espalda a lo que se construyó por décadas.

Los programas sociales creados a lo largo de los pasados 30 años, antes incluso de la llegada de Lula da Silva a la presidencia, son vaciados de manera silenciosa e implacable.

Actuando a nombre de ‘desideologizar’ el gobierno, Jair Bolsonaro y compañía han impuesto una ideología de ultraderecha radical, que abarca todos los sectores de la vida cotidiana, lo que incluye la imposición de un neoliberalismo fundamentalista en la economía a manos de Paulo Guedes, ministro de Economía.

Una de sus frases refleja exactamente su pensamiento: “si dependiera de mí, yo privatizaría hasta el Palacio da Alvorada”, en mención a la residencia presidencial.

A propósito, el modelo soñado por Guedes, ex funcionario de Pinochet instalado por Bolsonaro en el Ministerio de Economía, es el mismo que hundió a Argentina en el pantano heredado por Alberto Fernández y que, a la vez, llevó a la explosión social que se mantiene por más de tres meses contra el derechista Sebastián Piñera, arrinconado en un Chile paralizado.

El gobierno de Bolsonaro teje auto-loas mencionando la creación de unos 640 mil puestos de trabajo en 2019.

Se olvida de que son plazas en condiciones muy inferiores a las que tuvieron alguna vez los más de 11 millones de brasileños que no tienen empleo, y de los otros 34 millones que lograron subempleos, trabajos precarios o temporales.

Cuando viene de cumplir el primer mes de su segundo año como presidente, Bolsonaro da hartas y amplias muestras de que pretende concentrar fuego en uno de los blancos más detestados por él, los derechos de los indígenas brasileños. Y el ataque, que promete ser implacable, viene siendo armado desde hace mucho.

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Documentos internos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que bajo Bolsonaro pasó a manos de un comisario de policía, indican que “descubrieron” una “antropología de línea trotskista”, un “marxismo ortodoxo” y una “amenaza comunista” en las ocupaciones, por parte de pueblos originarios, de áreas que ya fueron determinadas, luego de exhaustivos exámenes, por la Justicia, para ser señaladas y respetadas, pero que el gobierno desoye impune.

Es decir: mientras manda al Congreso un proyecto de ley indicando qué áreas de preservación sean dedicadas a la agricultura –agrotóxicos inclusive– o a la pecuaria, totalmente ausentes de las culturas originarias, Bolsonaro pretende que se libere la minería, que contamina ríos y arroyos con el mercurio utilizado.

Hay que reconocer, en todo caso, que el ultraderechista no hace más que pretender legalizar todas las ilegalidades que estimula desde que depositó su humanidad en el sillón presidencial.

Lo que falta constatar, o al menos calcular, es qué país quedará luego de que Bolsonaro y compañía logren imponer su saña devastadora.

La misión básica del ultraderechista brasileño es dar combate final a un comunismo que él detecta, amenazador, hasta en su refrigerador cada vez que desea agua fría, y qué hace con que duerma poquísimas horas cada noche, y siempre con una pistola en la mesita de luz.

Una obsesión o tara que lo lleva a ver un enemigo a ser abatido, al precio que sea, cualquiera que no coincida con sus ideas delirantes.

Qué hace con que su gobierno impida a funcionarios de la Funai, la entidad encargada de proteger a la cultura y la vida de los indígenas, que visiten áreas llevando canastas básicas.

Y que describa a los ambientalistas como “esos tipos que viven en departamentos, tomando whisky y fumando cigarrillos, mientras defienden al medioambiente lejano”.

De mesiánico, Jair Messias no tiene nada.

Bueno, será un mesiánico destrozador.

Nunca, nunca –vale reiterar–, ni siquiera en tiempos nefastos de una dictadura cuya existencia él niega, mi país ha sido tan violado y destrozado.

Nunca.

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Bolivia: la maquinaria del fraude, en marcha Carlos Fazio - La Jornada - Lunes 10 de febrero de 2020

Bajo los parámetros de una gue­rra híbrida de manufactura estadunidense y con las bendiciones de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica local, la contrarrevolución en Bolivia avanza. En su fase actual, el régimen de excepción de la autoproclamada Jeanine Áñez ha desatado una guerra abierta contra el Movimiento al Socialismo (MAS) del exiliado presidente depuesto Evo Morales, que vía la judicialización de la política ( lawfare) utiliza el derecho como principal arma vengativa de los putschistas.

A corto plazo, el objetivo del bloque golpista es desarticular y liquidar al movimiento de masas y a las fuerzas políticas populares-indígenas nucleadas en torno al MAS, para impedir su regreso al gobierno en las elecciones del próximo 3 de mayo y consolidar el sangriento proceso de restauración conservadora iniciado en noviembre pasado.

Tras las matanzas de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), el “gobierno de transición” delineado desde Washington ha venido reconfigurando la maquinaria militar-policial como principal sustento de la contrainsurgencia so­c ial, que tiene en la prensa hegemónica su principal instrumento para la guerra sicológica. Los mandos de las fuerzas armadas bolivianas han venido impulsado una reformulación organizativa de la institución castrense, a lo que se suma un realineamiento ideológico con los aparatos de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos e Israel, cuyas expresiones más visibles son la creación de órganos de inteligencia “antiterrorista” y las operaciones de militarización y patrullajes “preventivos” antisubversivos en ciudades y regiones del país.

En los hechos, aunque de manera encubierta, desde los días del golpe las fuerzas armadas han venido ejerciendo un papel de vigilancia, control y dirección sobre el conjunto del aparato estatal, con el aval del Comando Sur del Pentágono. Aunque la cara represiva visible del régimen de facto es el ministro de gobierno, Arturo Murillo, quien ha criminalizado y judicializado la lucha social imputándola como “sedición”, “terrorismo” y “corrupción”, como forma de encubrir una cacería política de dirigentes del MAS. 18

Con el paso del tiempo han ido saliendo a la luz pública los nombres de algunos “operadores” del golpe de Estado cívico-policial-militar-mediático de noviembre pasado y sus articulaciones externas.

En particular destacan el ex delfín del dictador Hugo Banzer, Jorge Tuto Quiroga, quien habría servido de articulador interno de los halcones de la administración Trump, con Mike Pompeo a la cabeza, y el entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, organizador de la llegada a la ciudad de La Paz de los grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista, la víspera de la consumación golpista.

Según declaraciones del propio Albarracín, la imposición de Jeanine Áñez como usurpadora se adoptó en una reunión secreta celebrada en la Universidad Católica, donde junto con Quiroga, Carlos Mesa y otros golpistas, estuvo presente un representante del régimen de Jair Bolsonaro, cuya afinidad con la autoproclamada es patente en razón de los dislates neofascistas, racistas y de fanatismo religioso de ambos. Según el diario La Razón, Áñez habría re­q uerido allí entre 200 y 300 mil dólares pa­r a compensar los riesgos que supondría asumir la presidencia en tales circunstancias.

Otro personaje identificado en la coyuntura como “el rostro de la CIA” en el seno de la jerarquía católica es el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti Calandrina. De ideas ultramontanas y poseedor de una narrativa racista al servicio de la oligarquía vía la manipulación ideológica de la resentida clase media tradicional, Gualberti encarna a la santa iglesia política boliviana en su tarea de contención de “la plebe”, identificada en el discurso oficial de la aventurera del Palacio Quemado como “indios salvajes”, “satánicos” y “hordas masistas”. La etnicidad como campo de batalla de la democracia formal, esgrimida como estrategia de defensa de privilegios de clase en tiempos de campaña electoral por un representante eclesial.

Como dice Álvaro García Linera: “En el fondo, todo racismo es un método contrainsurgente de la igualdad, es decir, de la democracia”. Todo proceso de igualdad social tiene un costo inevitable: la devaluación de los privilegios de las clases tradicionales. En el caso boliviano, según el ex vicepresidente durante el gobierno de Evo 19

Morales, el “odio” fue el lenguaje de una clase envilecida que no dudó “en calificar de ‘salvaje’ al cholaje” que la estaba desplazando.

Lo que a su juicio está dando lugar al surgimiento de un tipo de populismo de derechas y de fascismo alentado por la insatisfacción de sectores medios; lo que en el caso de Bolivia es “un tipo de neofascismo con envoltura religiosa”.

Huelga decir que la maquinaria de un fraude en favor del actual bloque golpista y las fuerzas reaccionarias –con la “justicia” como arma electoral de aquí al 3 de mayo− está en marcha. No hay ninguna garantía de elecciones libres y transparentes en Bolivia. En la etapa de la contrarrevolución vuelta gobierno, los que estuvieron dispuestos a asesinar impunemente con la anuencia de la administración Trump no tendrán ningún reparo en burlar la voluntad de las mayorías al precio que sea.

El amparo contra el Tren Maya

Luis Hernández Navarro - La Jornada -Martes 11 de febrero de 2020 El chirrido de los frenos de emergencia del Tren Maya prendieron las luces de alarma de los inversionistas. Comunidades de Campeche apretaron el botón legal para detener la locomotora gubernamental. Y el Poder Judicial de la Federación les otorgó una suspensión provisional para la ejecución del proyecto.

La solicitud de protección de la justicia fue presentada el pasado 6 de enero. En ella, el pueblo maya peninsular y ch’ol, asentado en Xpujil, cabecera del municipio de Calakmul, evidencia “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.

El amparo –denuncian los quejosos– parte de que, el proceso de consulta, se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 de la OIT, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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La consulta organizada por el gobierno federal no cumplió con el carácter de informada ni previa, “pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación, toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”.

En lugar de tomar la opinión a todo el pueblo, el Fonatur y el INPI se concentraron en consultar a los representantes ejidales y municipales.

La consulta ni se realizó de buena fe ni fue culturalmente adecuada.

La solicitud de amparo fue presentada por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx). El Consejo se fundó en 1995 con más de 3 mil jefes de familia, indígenas y mestizos. Sus integrantes se toparon, de inmediato, con el monopolio de la representación agraria y social de los comisariados ejidales. Al igual que muchos otros movimientos sociales en el campo mexicano, para contar con una figura jurídica capaz de recibir fondos y tener interlocución política, se constituyeron en asociación civil (AC). Desplazaron al progubernamental Consejo de Zoh Laguna, que durante años mantuvo el control político en la zona.

Los promotores del Cripx provenían de la experiencia de la teología de la liberación y las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). En su formación desempeñó un papel clave el párroco de Candelaria, José Martín del Campo, quien se trasladó entre 1983 y 1984 a Xpujil con algunos varones, a los que después los alcanzaron sus familias.

Junto con otros pobladores, los nuevos colonos formaron la Cooperativa Sa’clajel Ty Maty’el (Nuevo Amanecer del Campo, en chol).

Impulsaron luchas muy relevantes, como el bloqueo de la carretera en abril de 1995, para exigir agua, salud y educación. Después del levantamiento del EZLN en 1994, el Ejército multiplicó su presencia en el municipio. Con frecuencia, se acusó a los miembros del Cripx de estar ligados a los zapatistas. A raíz de las movilizaciones, algunos de sus dirigentes fueron detenidos.

Calakmul se ubica en el sur de la península de Yucatán. El municipio, nacido en 1996, está en manos del PRI. Hasta finales de 21

la década de los 60, tuvo una densidad poblacional baja. Pero, el fomento de la colonización de la selva por parte del gobierno de Luis Echeverría, cambió el patrón. Llegaron a esas tierras migrantes provenientes de más de 23 estados. Sus habitantes se dedican a la agricultura de subsistencia y comercial, y parcialmente al turismo (visitan la zona unos 40 mil turistas al año). Casi 40 por ciento se encuentra en situación de pobreza alimentaria.

El poder, la capacidad de decisión y los recursos en el municipio se concentraron en los ejidatarios, dejando fuera a la mayoría de la población: mujeres, jóvenes y avecindados. Las comunidades se dividieron al interior. En 1989, el decreto de la reserva de la biósfera complicó más la situación.

Al igual que otros migrantes más, en 1989 llegó a Calakmul Romel González. Formado en la teología de la liberación, participó en el movimiento urbano popular en San Agustín, fue dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la península, y acompañó la formación del Cripx. Hoy es uno de los voceros de la organización.

La Cooperativa Nuevo Amanecer se fracturó cuando algunos de sus fundadores y asesores se metieron de lleno a la política partidaria, varios de la mano de Layda Sansores. Otros se negaron a seguir esa ruta. Son quienes forman parte del Cripx. Ellos no han dejado de impulsar la construcción del poder popular, echando a caminar proyectos de desarrollo alternativos ejemplares, escuelas municipalistas, turismo comunitario y manejo de incendios forestales.

Sus antiguos compañeros y ahora detractores trabajan en el gobierno municipal y, sin consultar a las comunidades, impulsan el Tren Maya.

Han presionado a quienes metieron el amparo (por ejemplo, en Nuevo San José), para que retiren su firma y declaren que los obligaron a firmar. A cambio les ofrecen resolver gratuitamente un problema de tierras.

El amparo promovido por el Cripx expresa el sentir de un amplio sector de Calakmul que no tiene representación ejidal ni municipal y al que no se le tomó su parecer en la consulta. Son expresión legítima del descontento por una consulta que, según la ONU-DH, no cumplió los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

Twitter: @lhan55 22

El tren maya: AMLO miente con la verdad Eugenio Fernández - Piedepagina.mx - Razones Verdes 10 febrero, 2020

El Tren Maya ha sido justificado con medias verdades, presiones y gestos muy autoritarios de un modelo de desarrollo centrado en lo inmobiliario, en una zona ambientalmente muy sensible y muy amenazada, con un tejido social en riesgo constante. Esto ha sido posible gracias a que AMLO usa su prestigio para denostar a todos los opositores sin distinguir razones.

El Tren Maya ha quedado seriamente cuestionado por la suspensión dictada por un juez y por las denuncias ante la precariedad de la consulta sobre el proyecto, y eso no debería de extrañar a nadie. Hasta ahora, el proceso de construcción del Tren Maya ha consistido en la imposición con medias verdades, presiones y gestos muy autoritarios de un modelo de desarrollo centrado en lo inmobiliario, en una zona ambientalmente muy sensible y muy amenazada, con un tejido social que ha resistido mucho pero que está en riesgo constante.

Esta imposición ha sido posible gracias en gran medida a que el presidente de la República ha usado su autoridad moral para denostar a los opositores del Tren. López Obrador ha metido en la misma canasta que tiene destinada para los poderosos que no defienden más que sus propios privilegios, a quienes han alzado la voz contra el proyecto desde la península de Yucatán -fundamentalmente, gente que defiende los modos de vida y las decisiones campesinas.

Resulta muy grave que López Obrador equipare a los defensores del medio ambiente con quienes han usado el poder y el dinero para arrasarlo.

Tachar de “conservadores” que “hacen el ridículo” a quienes pretenden defender un territorio por el que han luchado muchos años en una pelea en la que se han jugado la vida, es ponerles una diana en la espalda, en un país en el que el asesinato de defensores ambientales es prácticamente rutinario.

En la defensa del Tren Maya desde el gobierno también ha sido muy importante que el presidente defienda ciertos elementos del proyecto y haga como si los otros no existieran. Así, López 23

Obrador habla de lo que es, según su responsable, un proyecto inmobiliario, como si fuera un inocente proyecto de transporte.

Es curioso el contraste entre lo que dice López Obrador y las declaraciones tan elocuentes y claras del titular de Fonatur y responsable del proyecto, Rogelio Jiménez Pons. Mientras este último insiste –como dijo a Pie de Página hace apenas mes y medio– en que el Tren Maya es un proyecto de desarrollo inmobiliario y turístico, el presidente López Obrador habla del mismo como si el único elemento importante fuera el ferroviario. Por eso, por ejemplo, cuando se refiere a sus potenciales impactos ambientales se limita a hablar de las mejoras que supondría en términos de contaminación atmosférica cambiar una matriz centrada en camiones por una centrada en el ferrocarril. O el presidente no sabe de lo que habla, o miente con la verdad.

El problema en todo esto es de fondo, y va hasta la concepción que en el gobierno de López Obrador se tiene del papel del Estado y de la planificación del desarrollo y la construcción del futuro. Jiménez Pons y el presidente piensan que el Estado tiene la atribución y el mandato de imponer las medidas que se consideren necesarias, sin importar lo que piensen quienes padecerán esas decisiones.

En eso López Obrador no es distinto de los neoliberales. Ambos creen que el aparato estatal debe imponerse sin preguntas y con pocas concesiones -la diferencia es que unos buscan imponer la libre empresa y el otro generar bienestar. La alternativa real es poner de cabeza esa concepción del Estado. Más que imponer una vía de desarrollo, el Estado debería contribuir a construirla y articularla desde abajo, servir como un catalizador para imaginar un futuro más democrático y canalizar recursos para alcanzarlo.

La solución a la pobreza en la península de Yucatán y al deterioro de las economías de Campeche y Tabasco no está en apostar por un proyecto que, al estar centrado en los sectores financiero e inmobiliario, podrá generar más empleos, pero también generará mucha más desigualdad. Más valdrá aprovechar esta pausa impuesta por los jueces para replantear de fondo el proyecto: en vez de preguntar sí o no a un proyecto construido desde arriba, habría que preguntar a los de abajo qué futuro quieren y construirlo con ellos. Si no, los ganadores serán los mismos de siempre.

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La siembra del odio

Abel Barrera - Montaña adentro - 8 febrero 2020 0 desinformemonos.org/la-siembra-del-odio/ El ambiente pacifico de Chilapa, ciudad levítica fundada por los agustinos, se transformó en el centro de operaciones del grupo delincuencial conocido como “Los Rojos”. Los asesinatos, los levantones y el cobro de piso empezaron a causar estragos entre los comerciantes del centro y de los barrios. Aparecieron los primeros cuerpos desmembrados para generar terror entre la población.

También algunas personas que procedían de comunidades indígenas, sobre todo de la parte suroriental del municipio, se registraron varios casos de desapariciones.

Para las comunidades indígenas estos agravios no podían pasar desapercibidos. Se organizaron y decidieron tomar la ciudad de Chilapa, para ir en busca de sus familiares desaparecidos. Del 9 al 14 de mayo del 2015, establecieron retenes en las entradas de la ciudad al lado de los militares. Tomaron las instalaciones de la policía municipal y patrullaron la ciudad con estos vehículos y con las unidades que traían. Su entrada a la ciudad causó mucho impacto entre la población. Al frente iban los comisarios, secundados por personas mayores y mujeres. La mayoría portaba palos y machetes.

Llegaron para desafiar a “Los Rojos”, porque estaban seguros que ellos eran los responsables de la desaparición de sus familiares. De algún modo suplantaron al ejército y a la policía federal, que tenían retenes y hacían rondines. Llegaron decididos a confrontarse tanto como con el grupo delincuencial como los cuerpos de seguridad del estado. En la instalación de sus retenes se encargaban de revisar los vehículos y con lista en mano verificaban si había alguna persona señalada, como parte del grupo delincuencial.

Varias familias de Chilapa, así como organizaciones de familiares de personas desaparecidas y organismos de derechos humanos, documentaron 16 casos de desaparición que fueron denunciados ante el ministerio público, sin embargo, hablan de 32 personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes que fueron detenidos en los retenes, algunos más en sus domicilios y otros en las calles. Hasta la fecha, no se sabe de su paradero. El engranaje de la venganza se puso en 25

marcha. La ley del talión cobró más víctimas y de esta forma, la violencia generada por dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada, que se disputan el territorio en esta región, ha tomado como rehenes a las comunidades indígenas para sumarlos a su causa.

Lo inaudito de aquella incursión fue la inacción del ejército, la gendarmería, la policía federal, la estatal y municipal. Permitieron que instalaran retenes y realizaran patrullajes. La presencia visible de comisarios y familias indígenas estuvo acompañada por gente armada, que por la vía de los hechos fueron los que ejecutaron las desapariciones. La población quedó azorada por este apoyo inusual, máxime que ejercían detenciones de manera arbitraria.

Las mamás fueron a pedir auxilio a la gendarmería para que evitaran estás detenciones arbitrarias. No encontraron eco. Se reducían a comentarles que solo los iban a interrogar y que posteriormente los liberarían. Pasaron los días y las familias que confiaron en los cuerpos de seguridad, no solamente fueron defraudadas, sino que, quedaron inermes cargando con el miedo y el dolor, de lo que significa padecer una desaparición en un contexto de violencia y de impunidad.

El conflicto se expandió hacia las comunidades indígenas y se tornó más cruento porque las incursiones armadas y los asesinatos, obligó a decenas de familias a desplazarse de manera forzada, para poner a salvo su vida. Varias comunidades del municipio de Chilapa, como Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, abandonaron sus casas, sus tierras y sus animales. También se cerraron sus casas de salud y sus escuelas. Estas familias constataron la colusión que existe entre los cuerpos de seguridad con los grupos del crimen organizado, porque sus actuaciones estuvieron muy al margen de lo que realizaban los civiles armados al entrar a estas comunidades.

Esta violencia se expandió a comunidades del municipio de Zitlala, donde fueron asesinados varias familias indígenas, obligando a sus esposas e hijos a salir del pueblo. Han sido años, de mucho derramamiento de sangre que han quedado en el olvido, por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Las mujeres indígenas han tenido que cargar con el estigma de su indianidad y de su ser femenino. Sobreviven gracias a la solidaridad de los vecinos. Tienen que contratarse como jornaleras agrícolas, llevando en sus espaldas 26

al hijo más pequeño. Lamentablemente ellas no existen, ni en las estadísticas oficiales, mucho menos en los programas estelares de la cuarta transformación.

El asesinato de los diez músicos de la comunidad de Alcozacán, forma parte de otro capitulo de la siembra del odio, donde las dieciséis comunidades, que se han adherido a la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), están asediados por las comunidades adscritas al grupo autodenominado Paz y Justicia, que han sido cooptados por “Los Ardillos”. Lo más grave es que dentro de las estructuras comunitarias, se han podido montar los grupos de la delincuencia organizada, vendiendo la idea, de que su presencia es para proteger a la comunidad y su territorio ante amenazas externas. Son los civiles armados de la delincuencia los que ejercen el poder en esta región. No hay autoridad que se haga presente para aplicar la ley y replegar a los violentos, más bien se han robustecido las organizaciones criminales. Están bien apertrechados, cuentan hasta con camionetas blindadas y armamentos sofisticados. Instalan retenes en lugares estratégicos, patrullan en las rutas donde han impuesto el terror. Hacen operativos ostentosos para irrumpir en las comunidades. Viven para matar, para incinerar cuerpos, para desmembrar y decapitar a cualquier sospechoso, y, sobre todo, a quienes identifican como sus enemigos. Ante la siembra del odio y la criminalidad galopante ¿con qué autoridad los gobernantes descalifican y criminalizan a las autoridades a las comunidades, que han tenido que tomar medidas extremas, como el nombramiento de algunos niños para apoyar a la policía comunitaria en las tareas de seguridad? ¿Qué alternativas ofrecen las autoridades, para proteger de manera efectiva la vida y la seguridad de las comunidades indígenas que padecen cotidianamente el asedio de la delincuencia organizada? ¿De qué han servido las reuniones de seguridad, que tienen tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales para identificar los focos rojos de la violencia y contener la avalancha delincuencial? No solo es Alcozacán que ha saltado ante la opinión pública para hacer denunciar esta cruda realidad, sino que el mapa delictivo se ha enmarañado con el poder político y se ha empotrado en sus estructuras, para empuñar sus armas y seguir sembrando cuerpos en los territorios comunitarios, para marchitar los sueños de justicia de hombres y mujeres que históricamente han resistido para hacer frente a las guerras de exterminio.

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Ecuador: dos caminos después del levantamiento Raúl Zibechi - desinformemonos.org En Movimiento - 10 febrero 2020

hidrocarburos y de minería a cielo abierto. Además se está socializando el programa económico que el parlamento había elaborado colectivamente el año pasado.

Pasados cuatro meses del magnífico levantamiento indígena y popular, que paralizó el país del 3 al 13 de octubre, puso contra las cuerdas al presidente Lenin Moreno y consiguió echar abajo el paquete de medidas inspiradas y dictadas por el FMI, el panorama político empieza a despejarse. Para bien y para mal.

Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, dijo que no habrá más diálogo con el gobierno de Lenin Moreno, luego de que la organización de los indígenas amazónicos denunciara que la sede de la Federación de Centros Shuar había sido atacada por cerca de 80 desconocidos que la saquearon y dejaron guardias heridos.

Por el lado del poder, se están cerrando las chances abiertas en octubre. Buena prueba de ello son las compras masivas de material antidisturbios que está realizando el Ejército ecuatoriano, aunque parezca fuera de lugar. Se trata de cien mil bombas lacrimógenas, setenta mil cartuchos con balas de goma, mil escopetas para disparar esas balas y mil doscientas máscaras antigás.

A mi modo de ver, la consolidación del Parlamento de los Pueblos sería la principal conquista estratégica de los indígenas y sectores populares del Ecuador, y a ella deberían consagrar sus principales esfuerzos. Es la única instancia que puede cambiar la relación de fuerzas a favor de los de abajo en el largo plazo.

El argumento de los uniformados para realizar semejantes adquisiciones, es bien simple: se trata de material para “operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia porque permite disuadir a grupos de manifestantes que pretenden alterar el orden público” ().

En síntesis, el poder considera que las manifestaciones populares deben ser tratadas con mano militar.

Para eso se propone formar más de 200 equipos de combate, integrados por 20 soldados cada uno, con un total de 4.000 militares antidisturbios para combatir lo que el ex director de Inteligencia militar denomina “terrorismo urbano y sedición”. Esa es la respuesta del gobierno de Lenin Moreno al levantamiento de octubre.

Por su parte, el movimiento popular sigue en su tarea de tender puentes entre sectores desde que se creó el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, en las postrimerías del levantamiento, más conocido como Parlamento de los Pueblos. Ahora coordina unos 200 movimientos y está sesionando en diversos lugares de la Amazonia recogiendo las opiniones de los habitantes de Loja, Zamora y Morona Santiago.

Uno de los temas centrales es el análisis colectivo del extractivismo, que en esa región se presenta en su vertiente de explotación de 28

Dentro del campo popular, vale registrar la creación del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas, que lanzó una fuerte crítica a declaraciones misóginas de Lenin Moreno, destacando que “el machismo, es histórico y estructural, no episódico” (https://bit.ly/3891mjM). El parlamento fue convocado por Ecuarunari, organización quichua de la sierra, en el que participan varias colectivas urbanas, movimientos de mujeres populares, afroecuatorianas y estudiantes.

El tercer aspecto a analizar, gira en torno a las dirigencias de los movimientos populares, tanto indígenas como sindicales, que se están volcando masivamente al escenario electoral. En efecto, el 28 de febrero de 2021 habrá elecciones presidenciales y los partidos y movimientos políticos de izquierda como Pachakutik y Unidad Popular, están buscando junto a las organizaciones sociales como la CONAIE y el F UT la creación de candidaturas.

El debate está centrado en los candidatos, mucho más que en las estrategias de largo aliento y en programas concretos. Por la experiencia del pasado inmediato, es muy difícil que consigan consensuar candidatos únicos. Pero lo más graves, es que se pretende llevar al terreno electoral todo el prestigio acumulado en las jornadas de octubre.

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El movimiento indígena será el núcleo de cualquier confluencia electoral, pero las divisiones internas son enormes, tanto como los personalismos que se acentúan cuando se habla de candidaturas.

Parafraseando una conocida sentencia, puede decirse que todo lo sólido que muestra el movimiento popular, se disuelve en las urnas.

Como señaló estos días una feminista, “esperamos que este proceso de Parlamentos pueda superar las fisuras de las elecciones que históricamente tenemos”.

Juez ordena suspensión definitiva de parque industrial y protección del río Metlapanapa en Puebla Desinformémonos - 11 febrero 2020

El Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla falló a favor de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, Puebla, para que el Parque Industrial Ciudad Textil y/o Gobierno del Estado de Puebla no contamine con aguas industriales el río Metlapanapa.

A continuación el comunicado completo: El pasado viernes 7 de febrero el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, resolvió conceder la suspensión definitiva en favor de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, para el efecto de que el Parque Industrial Ciudad Textil y/o Gobierno del Estado de Puebla, a través de CEASPUE, no pueda contaminar con aguas sin tratar del Parque Industrial, el Río Metlapanapa.

El Juez consideró que: “… los efectos que produciría la descarga de aguas residuales sin tratar del Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en el río Metlapanapa, es patente los daños y perjuicios que resentiría la parte quejosa, ya que significaría la contaminación del río y la consecuente 30

afectación al medio ambiente y a la salud, y riesgos de repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes y/o la salud pública, específicamente de los integrantes de la comunidad quejosa, que, como se ha dicho, sería de naturaleza irreparable por todo el tiempo que duraran esos efectos nocivos, sin que se advierta que aun las medidas de reparación que pudieran tomarse garanticen el resarcimiento total, pues, incluso, los efectos de la contaminación de un rio, dado que no es estático, no se circunscribirían a una sola zona o comunidad.

Evidenciados los daños y perjuicios que resentirá la parte quejosa, e incluso terceros, como aquellos a quienes alcance los efectos de la contaminación del río… … pues es claro que verter aguas residuales sin tratamiento previo alguno no es una medida que signifique el bienestar de la sociedad. … en relación con la descarga de las aguas residuales, sin previo tratamiento, en el río Metlapanapa, con motivo de la puesta en marcha de aquellos Proyectos Integrales, se concede la suspensión definitiva.

No se pasa por alto que en el Proyecto Integral de Alcantarillado Sanitario se dice que las descargas de las empresas instaladas y particulares son vertidas a cielo abierto en una presa de absorción y oxidación natural, que está saturada de aguas residuales en su totalidad, la cual contamina una zona considerable de esta área, derramando a los terrenos aledaños las aguas residuales, afectando a terceros y mantos freáticos, porque carece de un colector que conduzca las aguas residuales a lugar regulado y autorizado por la Comisión Nacional del Agua.

Sin embargo, ello no puede justificar una urgencia tal que implique ocasionar la contaminación de un nuevo lugar y que, por su naturaleza (río), no se limitará a una sola zona, al correr esa contaminación a lo largo de aquél afluente, por lo que, con los elementos que hasta se cuenta, la magnitud del daño se estima mayor.

De ahí que, sin soslayar las circunstancias en que se sustentan la emisión de los Proyectos Integrales, no puede aceptarse la puesta en riesgo de la sociedad con la descarga de aguas residuales sin tratar en un rio, del que, además, no existe mayor evidencia de sus condiciones físicas.”

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Esta resolución demuestra una vez mas la razón del descontento de las comunidades del Municipio de Juan C. Bonilla en su justa oposición al proyecto de drenaje industrial y pluvial de Huejotzingo y desmiente las versiones de Gobierno del Estado y de algunos medios masivos de comunicación que señalaban que el proyecto solo implicaba un drenaje de aguas pluviales, pues es evidente que el proyecto implica el transporte de aguas industriales, sin considerar su tratamiento, generando un mayor grado de afectación al ser descargadas en el río.

Esta suspensión es un argumento más para que las autoridades municipales, estatales y federales cancelen de manera definitiva e inmediata este proyecto de muerte en la comunidad de Santa María Zacatepec y se deslinden responsabilidades sobre la grave contaminación que está realizando Ciudad Textil en las tierras y aguas de la región, así como a las autoridades y particulares que intentaron imponer por medio de la Guardia Nacional, fuerza pública y el aparato judicial, estos proyectos ilegales y degradantes del medio ambiente.

T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

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Foto: Wendy Juรกrez

CAMINOS DE LA AUTONOMร A BAJO LA TORMENTA 12 DE FEBRERO