CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 14 de abril de 2021
Las Rondas del Zócalo: Se hace memoria al andar
Caminos de la Memoria - Huellas De La Memoria - 8 abril 2021 I Es 5 de agosto del año 2020. Es el año de la pandemia pero no les importó, como no les importó tampoco marchar aunque fueran pocas familias el pasado 10 de mayo, cuando a toda la población le sugerían “quédate en tu casa”. Llegaron de a poco a poquito. Habían acordado llegar a las 11 de la mañana pero las dudas del traslado y los nervios a un posible contagio, hicieron que la actividad se alargara casi a las 12 horas cuando el sol ya calaba fuerte. Un fotógrafo de prensa llama a las 11:45 al teléfono de una de ellas porque no las ve en la plaza, en esa inmensidad de concreto que se llama Plaza de la Constitución, mejor conocido como el Zócalo, una de las más grandes del mundo. El timbre del teléfono da lugar a una vocecita que apenas se oye, y dice: “acá estamos” y una pequeña silueta levanta su brazo como una espiga movida por el viento. Son tres, apenas tres mujeres que tímidamente desdoblan sus plásticos en los que cada una tiene su “tesoro más preciado”: la imagen de su hija, hijo, hermana, padre o madre. Seres queridos que un maldito día alguien les arrebató de manera violenta de su lado. Y están ahí, en una esquina del Palacio Nacional, se miran entre ellas presionadas por el tiempo y por el sofocante calor que a esa hora del mediodía cala con fuerza. Una de ellas apenas murmura debajo del tapabocas mirando el asta de la bandera y las tres empiezan a caminar en silencio a ese sitio. Y de pronto, como si ésa fuera la señal, salen de todos lados, llegan desde distintos puntos varias familias hasta llegar a una veintena. Las tres mujeres ya no se sienten solas, se sonríen, se tocan con el codo y, algunas, hasta se atreven a abrazarse para luego hacer las primeras rondas dando vueltas frente al asta de la bandera.
II Estaban hartas del encierro obligado por la pandemia del Covid. Pero había más, estaban llenas de coraje porque el poco avance logrado en la búsqueda de sus familiares se paró, se detuvo para evitar contagios pero, algunos funcionarios lo tomaron como pretexto para no hacer nada. Y también estaban tristes y decepcionadas, pues la confianza depositada en el Presidente se les desvanecía poco a poco. Teresa Vera, hermana de Minerva desaparecida en Matías Romero desde el 29 de abril de 2006, nos cuenta que la propuesta de la caminata o ronda en el Zócalo ya se había platicado hace algunos años, específicamente entre los miembros de uno de los colectivos de familiares, la Plataforma de Víctimas, pero no lograron concretarlo.
Tere, que no ha faltado a ninguna ronda desde que iniciaron, piensa que el Zócalo es un inmejorable lugar para visibilizar a las personas desaparecidas y exigir su búsqueda inmediata. Recuerda que volvieron a platicar sobre el tema el año pasado en algunos grupos de whatsapp de familiares: —¿Oigan y por qué no hacemos algo como las madres de Argentina? —¿Qué cosa? —Caminar como símbolo y forma de protesta. Caminar para denunciar. Unas familias dicen que prefieren cuidarse, guardarse hasta que se vaya el condenado Covid, para salir a la búsqueda en campo. Aún contra su voluntad de seguir rastreando, pues la familia no quiere que salgan y corran el riesgo de enfermar. Pero la plática sigue y dejan libre y abierta la decisión de salir, caminar como otra forma de reclamar, hacer memoria y decirle también a la gente de la calle lo que pasa y sigue pasando en el país. Al fin, la cita se concreta. Le ponen fecha y deciden que darán vueltas al Zócalo. Son poquitas familias pero ya lo verán otras y tienen la esperanza de que se irán sumando. 2
III Hoy es miércoles 7 de abril de 2021 y la pandemia sigue. Ha pasado un año de esta terrible enfermedad que se ha llevado a más de doscientas mil personas en México. Pero las familias que hacen la Ronda en el Zócalo, hablan de la otra pandemia: la desaparición forzada que no para, que a diario hace desaparecer en este país con total impunidad, de la que hoy el mismo gobierno reconoce la existencia, con más de 83 mil desaparecidos y desaparecidas. Este día se volvieron a convocar. Es la novena ronda. Nos volvemos a ver con Tere. Nos tapamos del sol con la sombra que refleja el asta de la bandera mientras esperamos a más familias. Algunos familiares llegan por primera vez desde el estado de México con su tristeza a cuestas. El motivo de caminar, gritar, visibilizar y denunciar los une y los encuentra. Vienen de distintos lugares y sus casos de distintas épocas: Tere exige saber dónde está Minerva, desaparecida en Oaxaca; Julio Mata Montiel, viene desde Guerrero, es de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), carga una lona con el retrato en blanco y negro de Rosendo Radilla, detenido y desaparecido por el ejército el 25 de agosto de 1974 en Atoyac, Guerrero. Vienen los familiares de Leonel Baez Martínez, Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, Jesús Armando Reyes Escobar, trabajadores de Sanborns desaparecidos el 29 de noviembre de 2019 en la colonia Lindavista de CDMX… y los nombres siguen. Aunque todavía son poquitos familiares, organizados en colectivos o no, llegan. Dicen que se dieron cuenta por las redes sociales que habría esta actividad y vinieron, no saben quien convoca pero no les importa, lo que quieren es encontrarse con otras familias, hacerse fuertes, acompañarse. En un descanso algunas piden irse a la sombra y tomar agua, mientras un grupo de seis siguen dando vueltas y sus gritos retumban en la plancha del Zócalo. Julio Mata Montiel nos dice que no importa cuántos sean. El mes pasado apenas marcharon tres o cuatro personas. Lo importante es la constancia y mantener el ritmo para que vayan sumándose poco a poco. 3
IV Rascándole al recuerdo de otros años, una mujer que busca a su hermano me platica que hace ya varios años las madres del Comité Eureka hacían alguna vez la ronda para recordar la huelga de hambre que dicho Comité realizó el 28 de agosto de 1978 en el atrio de la Catedral frente al mismo Zócalo. Ya más reciente, se tiene registro que, a 40 años de esa misma huelga, el colectivo H.I.J.O.S México, junto con Eureka, convocó a la ronda en la Plaza de la Constitución el 28 de agosto de 2018. Hoy los esfuerzos por visibilizar la exigencia de búsqueda de las personas desaparecidas, se entretejen con la memoria de la lucha encabezada por las madres de Plaza de Mayo a la vez que ofrecen un reconocimiento a la lucha y a la huelga de hambre del Comité Eureka. La impunidad que reina en México ha obligado a que surjan nuevas generaciones de grupos y colectivos de familiares dedicados a la búsqueda quienes, en su digna rabia, mantienen viva la exigencia de presentación con vida y muestran que se hace memoria al andar.
El Estado mexicano usa acciones contrainsurgentes contra el movimiento feminista Laura Castellanos - www.washingtonpost.com - 28-03-2021
Durante la marcha de mujeres del 8 de marzo (8M) de 2020 en Ciudad de México, mientras veía a jóvenes embozadas arrancar una valla que impedía su paso a la plaza del Zócalo, detrás de mí sonó un estruendo que dejó una nube de humo y un griterío. En la esquina de avenida Juárez y Eje Central un puñado de activistas rodeaba a una mujer que yacía en el suelo, con el rostro ensangrentado y quemaduras leves en los brazos. “Los policías patearon un artefacto que traía un cohetón”, me dijo aún conmocionada. A unos cinco metros de la manifestante herida, una fila de mujeres 4
policías permaneció sin inmutarse. “El artefacto” era un gran bote de basura de metal abollado. No hubo detenciones policiacas. Ese tipo de ataques son acciones contrainsurgentes directas que el Estado mexicano ha realizado contra las feministas, como parte del principal movimiento opositor del país. Entre otras, están: desacreditación social, represión policial en protestas, persecución judicial, y cateo ilegal y criminalización de activistas en la capital previo a la marcha del 8M de 2021, de acuerdo a la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. También el uso excesivo en las manifestaciones de la fuerza policiaca, así como de dispositivos químicos y balas de goma que no están regulados (lo cual fue negado por las autoridades). Los mecanismos contrainsurgentes han sido utilizados desde los años 1950 para sofocar movimientos o grupos radicales, como lo registró Carlos Montemayor en su libro La violencia de Estado en México. Ahora se usan para acometer a la beligerante cuarta ola feminista, que recurre a acciones subversivas de protesta contra la vorágine de violencia de género que ha provocado 20,000 mujeres desaparecidas y 10 asesinadas en promedio cada día. La tesis central de Montemayor es que la violencia institucional es la que provoca la violencia popular y no al revés, como hace más de medio siglo lo ha justificado la narrativa del aparato de Estado. Dice que la primera no solo comprende actos represivos, sino la ausencia de políticas públicas estructurales, corrupción, impunidad en la procuración e impartición de justicia, y legislación que criminaliza, entre otras. El descontento social brota para zanjarla. Pero Montemayor advierte que cuando un movimiento radical irrumpe con alguna exigencia, el Estado lo descalifica, niega la violencia institucional, y recurre a mecanismos contrainsurgentes para sofocarlo en defensa de “la paz social”, comprendida como la ausencia de descontento social. Estos son la violencia directa, desacreditación del movimiento y sus líderes, criminalización, persecución judicial, encarcelamiento, actuación de grupos paramilitares y la creación de programas sociales populistas, entre otros. 5
Tales mecanismos escalan el descontento social a la violencia popular, que a su vez será combatida desde el Estado con los mismos mecanismos, como ha sucedido con las guerrillas, células anarquistas, autodefensas y guardias comunitarias, resistencias de pueblos originarios en defensa de su territorio, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dichas expresiones sociales fueron incluidas entre las diez principales amenazas de seguridad de la Agenda Nacional de Riesgos, documento reservado de seguridad nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto. La revista Contralínea publicó sobre tales amenazas. Ignoro si el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera en la agenda a los movimientos sociales radicales —entre estos al feminista— como una amenaza de seguridad interior. Los mecanismos contrainsurgentes garantizan la permanencia del orden patriarcal, por lo que empleados contra mujeres inconformes llevan implícita la violencia de género. La socióloga Irma Saucedo me dijo en entrevista que las jóvenes feministas de la cuarta ola, que realizan acciones transgresoras de protesta, han sido acusadas por el gobierno de vándalas, manipuladas o infiltradas porque la violencia ha sido monopolio del aparato de Estado y de los hombres, mientras la sociedad espera que las mujeres actuemos con dulzura, docilidad y pasividad. Para el presidente las feministas son una amenaza para su gobierno porque dice que son “manipuladas” por sus adversarios. El 8M de este año cercó Palacio Nacional con enormes vallas de metal. Hubo denuncias de la golpiza policial dada a una adolescente detrás de las vallas; y de atropellos diversos realizados por policías, algunos vestidos de civil, entre estos provocar a las manifestantes con insultos de lenguaje sexualizado, así como esposar a mujeres fotoperiodistas. El presidente felicitó a los policías por su desempeño. “Resistimos”, dijo en una conferencia. Que el amplio movimiento de mujeres sea horizontal y combativo, sin líderes visibles, hace de cualquier activista que se incon6
forma, sobre todo las jóvenes, una enemiga en potencia para el aparato de Estado. En su informe La era de las mujeres: Estigma y violencia contra mujeres que protestan, Amnistía Internacional denunció que las autoridades mexicanas emplearon la fuerza ilegal y la violencia sexual para reprimir manifestaciones no solo en la capital, también en los estados de Sinaloa, Guanajuato, Quintana Roo y el Estado de México. A esta lista se sumó Aguascalientes en el 8M del 2021. En la capital 13 jóvenes feministas han denunciado ser foco de persecución por parte de la Fiscalía de Justicia local. Acusan que desde el 18 de noviembre les fabricó delitos de daño a la propiedad, lesiones y robo a negocio, expuso sus datos personales y vinculó con el grupo anarquista Bloque Negro. Una de ellas atestiguó el cateo que policías realizaron un día antes del 8M a una vivienda en la que un grupo feminista ensayaba un acto circense para la marcha. La Fiscalía informó que en el lugar decomisaron seis armas punzocortantes, nueve bombas molotov y 18 kilos de marihuana. Las jóvenes refirieron que los policías les sembraron esas evidencias. En el pasado, el Estado ha empleado mecanismos contrainsurgentes extremos, como la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Otros han sido la cooptación e infiltración, pero se han hecho más sofisticados. Antes esas tareas quedaban a cargo de personal de inteligencia. El gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, cooptó a universitarias de carreras sociales, con sueldos generosos, para infiltrarlas en el movimiento que exigía la presentación de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, como señalé en Crónica de un país embozado 1994-2018. Hoy el Estado mexicano confronta, de forma inédita, un amplio y combativo movimiento de mujeres, entre ellas las que no se asumen feministas pero comparten una ideología antipatriarcal. Su pluralidad de frentes (institucional, electoral, autónomo, comunitario), y causas (contra la violencia de género, por la paridad 7
de género, el derecho al aborto, en defensa del territorio de los pueblos originarios, antirracista, por los derechos de las personas trans y las migrantes, entre otros) trasciende el escenario de las protestas urbanas y diversifica los embates en su contra.
Una política de las mujeres
Celia Guerrero - piedepagina.mx - Igualada - 6 abril, 2021 Aunque en México se llegara a respetar un principio constitucional de paridad de género y ello se tradujera en mayores espacios de representación, si no aceptamos que son espacios de poder en un juego de paradigmas cognitivos masculinos, vamos a continuar postergando repensarnos una política que parta de nosotras Hace apenas unos cuantos años, el ideal de la paridad de género se instaló en el imaginario social e incluso pasó a ser un “principio constitucional” en México. Como concepto apuntaba a que, a través de la participación equilibrada de hombres y mujeres en puestos de poder, se podría alcanzar “la igualdad de participación y representación en la vida democrática del país”. Así lo describen a la fecha. Muy lindo todo. El guion oficial narra el proceso así: la reforma político-electoral de 2014 planteó la paridad de género en el registro de candidaturas. Luego, en 2019, la primera legislatura paritaria pasó las reformas constitucionales necesarias para tener “paridad en todo”: la mitad de los cargos de decisión en los tres niveles de gobierno, en organismos autónomos, en candidaturas de partidos y representantes en comunidades indígenas. Y el actual proceso electoral federal es el primero en el que estos cambios se verán reflejados. Lo paradójico es que importa realmente poco que la paridad de género sea un principio constitucional cuando la crisis de violencia feminicida se desborda, las muertes violentas de mujeres incrementan por decenas todos los días y la supuesta distribución del poder no tiene impacto inmediato en la vida y cotidianidad de las mujeres. Lo anterior me pareció tan solo una muestra de la necesidad de 8
repensar desde el feminismo la manera en la que las mujeres participamos en o hacemos política. Así es como di con la política del deseo y otras reflexiones de Lia Cigarini, abogada, jurista y una de las fundadoras de la Librería de mujeres de Milán. En el diálogo ¿Qué es la política de las mujeres?, Cigarini resume algunas ideas que ha planteado a lo largo de décadas en sus escritos, como que las mujeres políticas que participan en las instituciones masculinas adquieren “paradigmas cognitivos masculinos” y la democracia representativa es el más jugoso de los frutos de la cultura masculina desde las revoluciones inglesa, francesa y norteamericana, pero la representación a la mitad —o paridad— dista de ser una vía para la libertad femenina. [No me canso de recomendar, una vez más, cómo no, El contrato sexual de Carole Pateman]. “La representación de sexo podría tener una justificación si las mujeres fuésemos un grupo social homogéneo, pero no lo somos. Las mujeres nos reconocemos en una búsqueda de libertad femenina, en el dar sentido al hecho de ser mujer, a la diferencia, pero no tienen ninguna homogeneidad política”, planteó sobre el problema de reivindicar una representación de sexos. En ese diálogo Cigarini reniega de la organización democrática masculina que gravita sobre los partidos, las organizaciones y la representación, al recordar la crítica al poder en el origen del feminismo. Pero, sobre todo, es incisiva en señalar la representación a la mitad —o paridad— como una política tramposa. “No quiero que el reparto del poder sea dignificado, sea ennoblecido con la idea de igualdad […] Quiero discutir esta cuestión de política, de política de las mujeres que está detrás, partiendo de sí y del propio deseo. Si quiero el poder digo que quiero el poder, no ennoblezco un deseo legítimo de poder con la idea de igualdad y de representación: se trata de reparto de poder”. Con este dardo argumentativo Cigarini nos ayuda a ver el punto de la discusión detrás de la repartición de los cargos de decisión. En México andamos ya la segunda década del siglo XXI, pero “la 9
vida democrática del país” anda divagando en el siglo pasado. Y aunque se llegara a respetar un principio constitucional de paridad de género y ello se tradujera en mayores espacios de representación, si no aceptamos lo que en el fondo significa: espacios de poder en un juego de paradigmas cognitivos masculinos, y nos vendemos el choro de la igualdad; vamos a continuar postergando repensarnos una política no tramposa, que parta de nosotras.
Victoria Esperanza Salazar no debió morir
Laura Carlsen - Desinformémonos - Fronteras Abiertas - 7 abril 2021 El feminicidio es un crimen anunciado, advierte la abogada Karla Micheel Salas. Anunciado, con frecuencia, por la misma víctima, en denuncias y llamados desesperados de auxilio que son obviados por las autoridades y la sociedad. Anunciado, por las condiciones de discriminación, amenaza y vulnerabilidad en que viven tantas mujeres. Anunciados, por las cifras de feminicidios que aumentan a diario. Anunciados, por el sistema capitalista-patriarcal en que vivimos todas, un sistema que desvalora la vida de la mujer, sobre todo si es migrante, extranjera, pobre, morena, con discapacidad. Parece que Victoria Esperanza Salazar reunía todas estas características letales. La mataron en plena calle. El video muestra cómo cuatro policías rodean su cuerpo inerte en el suelo, una con la rodilla en su espalda. Luego llevan cargando su cuerpo a la patrulla como un tapete usado y la echan a la parte trasera, junto a la basura. Ella ya había fallecido; tenía la columna rota en la primera y segunda vértebra. Viendo los videos en las redes y hablando con integrantes de las colectivas feministas de la zona, se logra armar la historia trágica de este feminicidio anunciado. Fueron múltiples violencias estructurales que causaron su muerte. Victoria huyó de El Salvador por la violencia. Su caso fue lo suficientemente fuerte para lograr una visa humanitaria en México, pero huyó de una situación límite de violencia para encontrar otra. 10
Poco antes de su muerte, denunció a su pareja en Tulum ante las autoridades por abuso a ella y su hija. Este es el primer momento en que se pudiera haber cambiado la cadena de sucesos que llevaron a su muerte. Una mujer de la Colectiva Feminista Tulum cuenta que no hubo una investigación ni respuesta adecuada a su queja, ni protección, y que esta situación es típica en la localidad, conocida como la nueva meca de la Rivera Maya. Reportan que la violencia contra la mujer se ha incrementado en el contexto de la pandemia. Con frecuencia la fiscalía no toma la denuncia o no actúa como debe ser. Informan que aun con el anuncio de la Alerta de Género en algunos municipios y un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para ampliar módulos de atención inmediata para mujeres en riesgo y otras medidas, la falta de cumplimiento y aplicación de las medidas ha dejado a las mujeres en la vulnerabilidad. Las colectivas reciben constantes denuncias que intentan responder y canalizar, pero no hay respuestas del estado. Esta realidad es mucho más que una falla burocrática–es un reflejo del desprecio que hay frente a la crisis de la violencia de género. Implica también negarse hacer lo necesario para salvar vidas. Victoria no fue asesinada por su pareja, sino por la policía. Sin embargo, las violencias se entrelazan. Existen razones de pensar que su condición de vulnerabilidad y miedo debido a la violencia que denunció a las autoridades la llevó a una crisis psicológica.Cuando una mujer denuncia agresiones y no recibe atención adecuada ni protección–y muchas veces enfrentando en cambio la revictimización–se pone en una situación mas riesgosa que antes de la denuncia. Aquel 27 de marzo, el video tomado en el Oxxo minutos antes del asesinato de Victoria muestra a una mujer extremadamente alterada. Agita un garrafón vacío en el aire, da vueltas, abre y cierra la puerta, sale corriendo. Su comportamiento no fue agresivo, fue el comportamiento de alguien que tiene un problema agudo de salud mental y requiere ayuda. Es otro momento en que una intervención especializada, humanizada, podría haber evitado su muerte. Fuera de la tienda, fue detenida por una mujer y tres hombres policías. Es la mujer quien le pone la rodilla encima. La violencia 11
machista no es dominio exclusivo de un sexo—forma parte de la formación y la mentalidad de una sociedad patriarcal y particularmente de una institución híper- patriarcal como es la policía. Aun después de décadas de supuestas “reformas”, las policías y las fuerzas armadas no rompen con esta mentalidad. La capacitación–financiada en gran parte por el gobierno de Estados Unidos, país que ha sido denunciado por brutalidad policial sistemática en las protestas más grandes de su historia—no logra cambiar el sistema porque no es un problema técnico. El enfoque en desarrollar el poder sobre la otra, el otro, por medio de la fuerza genera violencia. Tiene integrada la jerarquía social sexista y racista, una jerarquía en la cual la mujer migrante queda abajo. De hecho, las imágenes de la sumisión de Victoria en el asfalto, con la rodilla uniformada encima, son muy parecidas al video conocido en todo el mundo de la muerte de George Floyd por asfixia bajo la rodilla de Derek Chauvin, quien está en juicio en EEUU ahora. Los policías fueron detenidos. El presidente ha prometido que “no habrá impunidad”. El gobernador Carlos Joaquín ha dicho que fue “un error al aplicar una técnica equivocada en materia de detención”. La prensa dio cobertura al asesinato, generando condena en la opinión publica. Quizás con los llamados de la sociedad civil, de ONU Mujeres, del presidente de El Salvador y las protestas se logre la justicia. Pero esto es solo parte del reto que enfrenta la sociedad mexicana con la muerte de Victoria, y de miles de mujeres y de migrantes más. Se sabe que no es un caso aislado. Las causas van mucho mas allá de “un error” o la falta de capacitación policial. Están arraigadas en la misoginia. La violencia feminicida en Quintana Roo y el país en general también tiene raíces profundas que se nutren de la cultura de impunidad. Tiene raíces en la xenofobia contra las personas migrantes, que crece bajo la política de detención del gobierno federal y la minimización de las constante violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en territorio nacional–una realidad que solo con casos como el de Victoria atraen atención de un gobierno que insiste en que la época de maltratos a migrantes se acabó. 12
La violencia policial también se nutre de la impunidad y de la lógica de represión. En Quintana Roo las fuerzas de seguridad son particularmente proclives a responder a mujeres rebeldes con fuerza desmedida. El 9 de noviembre del año pasado, una manifestación pacífica que exigía justica en el feminicidio de Alexis (Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado) fue reprimida con balazos por la policía. La red feminista quintanarroense reporta criminalización, persecución y amedrentamiento a feministas que alzan la voz contra la violencia. Es común ocultar casos para no afectar al turismo, reportan las colectivas. Su consigna lo dice todo: “La policía no me cuida”. Es necesario fincar responsabilidades políticas por la crisis de violencia de género que vive el estado de QR y el país. Sería un logro importante si los autores materiales terminan en la cárcel, la Colectiva Feminista de Tulum informa que ninguno de los casos que ha acompañado se ha llevado a la justica, pero no es suficiente. Es cierto que ya detuvieron a los cuatro policías que sometieron y mataron a Victoria, cuando quizás en el pasado se hubiera encubierto el asesinato con desinformación e impunidad. Pero Victoria sigue muerta. Es cierto que el secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, Alberto Capella, fue separado de su cargo tras la represión policial a la manifestación feministas en Cancún. Pero Victoria y Alexis siguen muertas. Es cierto que el gobernador ha dialogado con las colectivas feministas y anunciado una mesa de atención a feminicidios. Pero Victoria y Alexis y muchas mujeres asesinadas más solo en este año siguen muertas. Y los números aumentan. Las colectivas no se rinden. Están exigiendo justica, están presionando por la ampliación y aplicación de la alerta de género, y la no criminalización de las protestas. Su demanda es contundente: “Queremos acciones y no simulaciones.” 13
Violencia feminicida y ambiental
Francesca Gargallo Celentani - Desinformémonos Feminismos de Abya Yala - 6 abril 2021 Hablar de violencia en México es como hablar de la cuerda en casa del ahorcado. El tema se soslaya, seguramente no se saca a relucir en una plática familiar, menos en época de pandemia o frente a unas anheladas vacaciones. Pero está siempre ahí, es el oxígeno de un aire rarefacto que, cuando las y los familiares de personas desaparecidas y las madres y feministas contra el feminicidio sacan a relucir, indigna, asusta y revela que ha afectado a la casi totalidad de las personas que viven en México. 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, un incremento del 1.7% anual de los feminicidios, una parte del territorio controlada por la delincuencia, secuestros, extorsiones, trata de personas, persecución en las comunidades indígenas, preocupa a quien la ve crecer por la impunidad que brinda la omisión en la procuración de justicia. En el medio de una zona violenta que va del sur de Estados Unidos a Nicaragua, con una frontera enorme con el primer consumidor de drogas del mundo, un territorio que muchos desplazados en las últimas décadas dejaron despoblado y por tanto apto para la “cocina” de drogas y el escondite de personas tratadas, México es también un país que está en el ojo de los intereses estadounidenses y, por tanto, es constantemente monitoreado. En su frontera sur, sin embargo, están tres de los países más violentos del mundo de donde la población huye por violencia política de Estado y empresas que actúan como instituciones, violencia económica y violencia colectiva y territorial de pandillas. Con estos comparte violencias identificables: las violencias feminicidas y transfeminicidas y la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Las y los dirigentes comunitarios son particularmente vulnerables. Si bien la mitad de las 212 personas defensoras del agua y la tierra asesinadas en el último año lo fueron en Colombia y Filipinas, Honduras, Guatemala y México les siguen. Corrupción, impunidad y machismo tienen mucho que 14
ver. Los intereses sobre la tierra y los recursos naturales responden a la demanda de los consumidores y cada vez son más pesados. Minería, agronegocios, represas, termoeléctricas o la explotación de madera buscan entrar cada vez a nuevos territorios, en los cuales las empresas, de acuerdo con políticos corruptos, usan todos los medios, entre ellos los de la delincuencia organizada, para imponer sus proyectos o castigar a los dirigentes que se lo impiden. La violencia contra las mujeres no es menos brutal y se entrecruzan en toda la región. El 6 de abril se reabrirá el juicio contra David Castillo, mandatario del asesinato de la dirigente lenca, feminista comunitaria y defensora ambiental Berta Cáceres. Durante cinco años, los tribunales hondureños lo protegieron postergando la presentación de pruebas, que lo hunden. La pregunta que flota en el aire es ¿quién estaba detrás del mandante? ¿Acaso la poderosa familia Atala, dueña de la empresa que logró concesiones ilegales sobre el río Gualcarque que Berta Cáceres y el pueblo lenca defendieron? Los mandantes no siempre se mandan solos. En las ciudades mexicanas es imposible no percibir la rabia que despierta la violencia regional entre cada vez más jóvenes que se organizan. En particular, la violencia policial y parapolicial contra las mujeres en México ha generado respuestas internacionales, no solo insospechados y tendenciosos apoyos de fuerzas políticas disímbolas que esperan, sosteniendo las protestas públicas de las feministas, golpear al gobierno. Pero es imposible recuperar el feminismo por la derecha. Frente al hecho que la policía de una ciudad como Aguascalientes, pequeña capital de un pequeño estado ganadero e industrial a 500 kilómetros al noroeste de la capital, el 8 de marzo persiguió montada en motocicleta, como moderno cuerpo de vaqueros, y armada de palo a 6.000 manifestantes que se defendieron con las cruces con los nombres de las 90 víctimas de feminicidio del Estado, parece caricaturesco frente a que cinco meses antes, el 10 de noviembre de 2020, la policía de Cancún, ciudad turística a 2.350 kilómetros al sureste de la capital, disolvió a tiros una manifestación espontánea contra dos feminicidios ocurridos durante el fin de semana. 15
Meses después, a pocos kilómetros de ahí, en la playa de Tulum asesinaron a Victoria Salazar, una refugiada salvadoreña a la que sometieron hasta asesinarla. La policía de Jalisco tortura a las mujeres presas según patrones de violencia sexual y de género que maximizan el daño, haciéndolo irreversible. El recuento de la violencia policíaca, negada hasta la evidencia, en ocasiones usando el pretexto de que las policías que se envían a las manifestaciones son “también” mujeres es enorme. Amenazas de violación, intimidación, tocamientos, insultos, golpes, intentos de desnudamientos acompañan casi siempre las persecuciones y detenciones de mujeres. Las feministas lo saben. De hecho, el cambio en las formas de las manifestaciones urbanas en agosto de 2019 se debió a agresiones policiacas a mujeres en una patrulla y en un museo. Entonces estalló la rabia: Si te dañan, lo rompo todo. Me defienden mis amigas, no la policía. Violan mujeres, protegen monumentos. ¡Si fuera policía, yo lo abortaría! Estas consignas y muchas más son la directamente dirigidas a la policía. Las feministas saben también que, a pesar de ello, a la policía se le reclama un trabajo: la procuración de justicia, pues la violencia golpea en muchos más frentes: parejas y ex parejas, transeúntes, agentes del crimen organizado, compañeros y maestros de escuela…
Los indígenas en las urnas
Kau Sirenio - piedepagina.mx - Voz de Lluvia - Tatyi Savi - 8 abril, 2021 Si Morena impone un candidato que no tiene relación con las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, sería un retroceso para el 75 por ciento de la población indígena que cohabita en esa región. De no corregir su lista de candidatos, lo único que pretende es volver al colonialismo El Instituto Nacional Electoral (INE) reservó espacios en los distritos electorales para que los pueblos y comunidades indígenas puedan acceder a candidaturas, según el acuerdo INE/ 16
CG24/2021. El planteamiento es que en por lo menos 13 distritos federales con poblaciones indígenas, los candidatos fueran indígenas, como piso mínimo. Sin embargo, hasta ahora, este acuerdo no se ha respetado. En el documento que el INE elaboró sobre las candidaturas en zonas indígenas se basó en la sentencia que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): “Al respecto, debe tenerse presente que en la sentencia SUP-RAP-726/2017, la Sala Superior del TEPJF determinó que, para hacer efectiva la acción afirmativa en cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad indígena, no basta con que se presente la sola manifestación de autoadscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preservar el cumplimiento de la medida, esto es, la adscripción debe ser acreditada con los medios de prueba idóneos para ello”. Lo que le duele a los pueblos indígenas de los distritos I, II, V y XI en Chiapas, y V distrito de la Montaña de Guerrero, es que su jurisdicción electoral la hayan usurpado personas que no son indígenas. Solo se autoadscribieron por conveniencia y acuerdos cupulares de Morena y su coalición con el Partido de Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Preocupa en este proceso electoral que será la más concurrente en la historia de México es que Morena, el partido que las comunidades indígenas construyeron, así como lo dijo Taurino Rojas González en una entrevista telefónica para Pie de página: “Nuestra lucha fue para decirle al gobierno que aquí estamos entre la miseria y la discriminación; durante esta movilización la Montaña de Guerrero lo pintamos de rojo, porque nuestro espíritu era democratizar las instituciones. El proceso costó sangre, muertos y cárcel, sin embargo, no desistimos, al contrario, logramos que el V distrito federal elec17
toral donde cohabitan los cuatro pueblos indígenas el candidato a diputado federal fuera un indígena. Sin embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entregó la candidatura a un personaje que no está ligado con los pueblos indígenas”. Lo dicho por el profesor Ñuu Savi no es solo la lucha política en las calles durante años, sino que va más de actividades organizacionales de personajes en la vida partidista. Lo que los partidos políticos no han entendido es que la identidad indígena no se construye con marchas y plantones y tampoco se construye con puestos de elección popular. En los usos y costumbres o derechos consuetudinarios indígenas su raíz está enclavada en lo más profundo de la montaña. Porque en las comunidades indígenas nadie ocupa un espacio comunitario por el simple hecho de pertenecer a un partido político. En los pueblos y comunidades indígenas hay una cadena de mando que empieza desde abajo, desde lo más simple: Topil, y de ahí sube en espiral hasta llegar a Comisario, pero cuesta años para lograrlo, y el que llega a la cúspide de servicio Comunitario es respetado, porque entregó su corazón y juventud a su comunidad. De ahí que Morena haya designado candidatos no indígenas en Chiapas y Guerrero es una patada en el corazón de los pueblos indígenas. Pero el INE cayó en una responsabilidad al no verificar la documentación de los candidatos que el oficialismo presentó. En el acuerdo del propio INE se establecieron las reglas del juego: “Al respecto, en el Punto Décimo octavo del Acuerdo INE/ CG572/2020, se estableció que este vínculo efectivo puede tener lugar a partir de la pertenencia y conocimiento de la persona ciudadana indígena que pretenda ser postulada por los partidos políticos o coaliciones, con las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece, la cual, como ya se dijo se deberá acreditar por los partidos políticos o coaliciones al momento del registro de las candidaturas, con las constancias que, de manera ejemplificativa y enunciativa, 18
mas no limitativa, se señalan a continuación: a) Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario. b) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o Distrito por el que pretenda ser postulada, c) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o Distrito indígena por el que pretenda ser postulada, o d) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones”. El caso del candidato de la coalición Morena-PT y Verde en el V distrito de la Montaña de Guerrero, no tiene ni una relación con las comunidades indígenas, ni por descendencia ni por nacimiento, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, Victoriano Wences Real nació en Tecpan de Galeana, Costa Grande de Guerrero. Si Morena impone un candidato que no tiene relación con las comunidades indígenas, sería un retroceso para el 75 por ciento de la población indígena que cohabita en la Montaña de Guerrero. De no corregir su lista de candidatos, lo único que pretende es volver al colonialismo.
Omisiones de la Semarnat ante daños de minera Gloria Muñoz Ramírez - La Jornada - Los de abajo 10 de abril de 2021
La población zapoteca del distrito de Ocotlán, Oaxaca, acusa directamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de “racismo institucional”, pues de qué sirve, dice, hacer acuerdos con la dependencia “si no los va a cumplir”. Los mantos freáticos de su territorio están altamente contaminados por la Minera Cuzcatlán que, lejos de responder a las exigencias de las comunidades, continúa trabajando y ampliando su campo de acción. 19
El proyecto minero “San José”, en San José del Progreso, operado por la Empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, se abrió en la región tras “un proceso violento de imposición” y lleva “11 años de saqueo y explotación del territorio de los Valles Centrales de Oaxaca”, afirma la comunidad en un comunicado. En este tiempo, acusan, además de alterar las dinámicas comunitarias y regionales de convivencia, la minera ha causado “graves afectaciones al medio ambiente, al amparo de grupos de poder e instancias del propio Estado mexicano”. El caso más grave de contaminación fue el derrame de un millón 516 mil litros de desechos tóxicos de la prensa de jales secos al cauce del río Coyote, ocurrido el 8 de octubre de 2018, provocando epidemias de hepatitis y mayores casos de enfermedades de vías respiratorias. La grave situación llevó a los zapotecas a exigir respuestas de la Semarnat, instancia que se comprometió a entregarles un informe sobre el derrame y realizar estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera, entre otros puntos, pero nada se ha cumplido. La cancelación de las concesiones mineras adjudicadas a Minera Cuzcatlán es lo que procede, pues los pobladores quieren que la tierra deje de cimbrar bajo sus pies y que los peces dejen de aparecer muertos en los cuerpos de agua. La mina pone en riesgo el medio ambiente y la existencia del pueblo zapoteco. Para ella no existe crisis económica ni sanitaria y, con la complicidad de los gobiernos en turno, pretende extenderse en la región. ¿Qué más tiene que pasar para que Semarnat responda a las comunidades? www.desf informemonos.org losyasdeabajo@yahoo.com.mx 20
Minera Cuzcatlán, de la Fortune Silver Mines, quiere ser amiga de la 4T Zósimo Camacho - Revista Contralínea - abril 11, 2021
En la Minera Cuzcatlán, de la canadiense Fortuna Silver Mines, están de plácemes. Finalmente los actuales funcionarios federales y estatales no han resultado tan duros de roer. Los sugestivos cabilderos del emporio minero han conseguido la bendición del gobierno de Oaxaca y de dos secretarías federales para que, en los hechos, continúe la extracción de plata y oro en la región de los Valles Centrales. Lo anterior, a pesar del negro historial que su proyecto minero “San José” ha acumulado en tan sólo 11 años; de la oposición de las comunidades afectadas e, incluso, de las instrucciones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigió a sus secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para atender el caso. Resulta que a pesar de estar en entredicho por sus prácticas que han arrasado con el ambiente y con el tejido social comunitario del distrito oaxaqueño de Ocotlán, la minera ha logrado aparecer como la patrocinadora oficial de la Feria del Mezcal y de la Guelaguetza. Lo anterior, gracias a las frecuentes reuniones de sus lobistas con el titular del gobierno estatal, Alejando Murat Hinojosa. A cambio de estas migajas (¿las únicas?), la administración del estado le lava la cara al hacerla parecer empresa modelo y dejar en segundo plano la violencia y los conflictos sociales que ha generado por contaminación del territorio y violación a los derechos elementales de pobladores y comunidades indígenas, mayoritariamente binnizá o zapotecas. Y no sólo. Resulta que en pleno conflicto con las comunidades, y en medio de la pandemia que ha restringido actividades de todo tipo, la trasnacional pretende ampliar su proyecto. Lo sorprendente es que, otra vez, sus lobistas han logrado una “mesa de 21
diálogo directo” con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. Es decir, muy lejos está de que se siente a la Minera Cuzcatán en el banquillo. No. Se va a negociar con ella. Encima, sin que haya justificación alguna, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha cumplido con ninguno de los compromisos firmados con las comunidades de San Martín Chilazoa, Ejutla, San Felipe Apóstol, Ocotlán, Texas de Morelos, San Pedro Apóstol y Magdalena Ocotlán. Son cuatro, totalmente justos y, con voluntad política, fáciles de cumplir: • Entrega de toda la información concerniente al derrame que hizo la minera en el Río Coyote el 8 de octubre de 2018. • Realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades afectadas por la actividad minera. • Mantener activo el canal de comunicación con los representantes de las comunidades. • Entregar copia de la solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José II. A tres meses de haber alcanzado tales acuerdos con las comunidades, nada ha cumplido la Semarnat. Y el diálogo se realizó luego de que el presidente López Obrador instruyera a la secretaría a entablar diálogo con los pueblos afectados. ¿De quién es la simulación? Por ello, autoridades de las comunidades –entre las que encuentra el presidente municipal de San Pedro Apóstol Ocotlán, Alejandro Taurino Ávila Gopar–, pobladores y la organización Articulación por la Vida contra la Minería en el Valle de Ocotlán emitieron una denuncia pública en la que denuncian las actividades de la minera y el incumplimiento de acuerdos, por “racismo” –aducen–, de la Semarnat con las comunidades. En el documento se señala que gracias al proyecto minero San José, la minera Cuzcatlán –en 10 años de operación– ha extraído una riqueza equivalente a 1 mil 487 millones 778 mil 80 dólares 22
por la explotación de oro y plata. Tan sólo en 2020, de acuerdo con información oficial de la minera, el complejo en Ocotlán produjo 6 millones 165 mil 606 onzas de plata y 37 mil 805 oonzas de oro. Como se recordará, la Minera Cuzcatlán, de la canadiense Fortune Silver Mines, se impuso violentamente en territorio oaxaqueño durante el sexenio de Felipe Calderón. Un operativo con más de 1 mil efectivos desalojó al movimiento binnizá en 2009. Las comunidades no se quivocaron. Entonces dijeron que el proyecto sólo traería muerte. Así ha sido. La región es hoy más pobre que antes y padecen más contaminación. Un polvo blanquecino se adhiere a las hojas de las plantas y a los techos y ventanas de las casas. Constantemente se encuentran peces muertos en los cuerpos de agua y los pobladores han observado que la fauna ya no es abundante y diversa. Pero lo que más les preocupa en estos momentos es el derrame de 1 millón 516 mil litros de desecho tóxicos al cause del Río Coyote en octubre de 2018. El cambio de coloración del agua del río cambió desde entonces. Ahora reportan casos inusuales de hepatitis y de enfermedades respiratorias. La alerta de los pueblos bininizá no podía ser más elocuente: “Dada la estrecha relación que guardamos los pueblos originarios con el medio físico que habitamos, la alteración de la geografía local repercute directamente en nuestra cultura y pone en peligro nuestra existencia como pueblo zapoteco. Sin embargo, el nivel de impacto ha sido tal, que la afectación pone en riesgo no sólo la continuación de nuestros modos de vida, sino la existencia de la vida misma en nuestros territorios”. Veremos qué pesará mas en estos tiempos de una pretendida cuarta transformación en la historia de la vida nacional: los pueblos binnizá de los Valles Centrales o la Minera Cuzcatlán, nombre detrás del cual se oculta la Fortune Silver Mines. 23
El negocio sucio de las armas
Abel Barrera Hernández - Desinformémonos Montaña adentro - 3 abril 2021 El tráfico de armas en México forma parte de los negocios más rentables que se han fortalecido y expandido, al ritmo en que los cárteles de la droga amplían su presencia y control territorial. En nuestro país convergen las armas provenientes de Europa con el amplio y abrumador mercado de Estados Unidos. Los escándalos por la turbiedad de sus operaciones han mostrado el nivel de complicidad y corrupción que existe entre altos funcionarios de los gobiernos que realizan estas negociaciones, al incumplir con las directrices que rigen los tratados comerciales. Es paradigmática la operación encubierta de “Rápido y Furioso” implementada por la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos (ATF), en la administración de Barack Obama y el Departamento de Estado, para vender armas a cárteles mexicanos. Las consecuencias fueron devastadoras porque en lugar de detener a los jefes del narcotráfico se incrementó su poder de fuego y su expansión en amplias franjas del territorio mexicano. Recientemente la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos, reportó que no se ha podido mejorar el combate al tráfico de armas, por el deficiente intercambio de información que existe entre ambos países. En México solo la Fiscalía General de la República (FGR) puede presentar solicitudes de rastreo de armas a las autoridades estadounidenses, siendo una limitante para identificar las fuentes y las rutas de tráfico de armas que pululan en México. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es la principal institución que se encarga de incautar armas, regularmente no las reporta a la FGR, lo mismo sucede con las fiscalías estatales, que manejan esta información con total opacidad, sin que exista un mecanismo de coordinación interinstitucional que de cuenta de las armas recuperadas. Las limitaciones institucionales, agrava24
das por la corrupción y complicidad de funcionarios, impiden que el combate al tráfico de armas en México tenga resultados tangibles, sobre todo en las regiones más convulsas, donde la disputa territorial se dirime con el tableteo de metralletas entre los grupos del crimen organizado. En al ámbito europeo las empresas alemanas han sido las principales proveedoras de armas en nuestro país, sin embargo, sus negociaciones truculentas han evidenciado el contubernio que existe entre autoridades alemanas y mexicanas que ponen en entredicho el cumplimiento de las directrices de la Unión Europea sobre la exportación de armas. Lo más grave de estas operaciones ilegales es que en México la SEDENA, no rinde cuentas claras sobre el destino final de miles de armas importadas en México. La empresa alemana Heckler&Koch (H&K), que el pasado 30 de marzo recibió una sentencia del Tribunal Superior de Alemania (BGH) por la exportación ilegal de armas al gobierno mexicano, vendió cerca de 10 mil fúsiles G-36 a la SEDENA, del 2006 al 2009. A pesar de que las autoridades alemanas excluyeron a los estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Jalisco para la venta de estas armas, por tratarse de entidades donde se han consumado graves violaciones de derechos humanos, funcionarios de la SEDENA enviaron la mitad de este armamento a los cuatro estados. En el estado de Guerrero hay información fehaciente de que casi 2 mil armas llegaron ilegalmente a través de la SEDENA. El negocio sucio propició que las armas quedaran en manos de policías que violentan los derechos humanos y de las organizaciones criminales que están mejor apertrechadas que las corporaciones policiales del estado. La proliferación de armas en esta entidad, es lo que ha propiciado que en las siete regiones se susciten de manera recurrente acciones violentas, sin que las autoridades federales estén decididas a frenar el tráfico de armas ni a desmantelar a las organizaciones criminales, que se han erigido como un suprapoder en las principales ciudades de Guerrero. 25
En el estado, las armas G-36 están en manos de policías municipales, estatales, federales y del crimen organizado. Así se ha corroborado en hechos trágicos que en diferentes momentos y distintos lugares se han consumado. El 12 de diciembre de 2011, cuando alrededor de 300 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa bloqueaban la Autopista del Sol que comunica con el puerto de Acapulco, el gobernador Ángel Aguirre Rivero implementó un operativo ostentoso, donde participaron 71 elementos de la policía federal, adscritos a la secretaria de seguridad pública federal; 50 policías pertenecientes a la división de fuerzas federales y 11 a la división de seguridad regional;73 policías ministerial del estado; y 34 policías de la policía estatal preventiva. De los 168 elementos policiales que participaron, 91 portaban armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones que obran en el expediente, se utilizaron 30 armas G-36 de fabricación alemana, que fueron accionadas, tanto por policías federales como estatales. La balacera que se prologó por 20 minutos tuvo como saldo las ejecuciones arbitrarias de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa de 19 y 20 años de edad. El 26 de septiembre de 2014 después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, donde fueron ejecutados 3 estudiantes, varios jóvenes fueron heridos de gravedad y 43 normalistas desaparecidos, se encontraron 38 rifles alemanes en la oficina de la policía municipal de Iguala. Por lo menos 7 de las armas fueron utilizadas esa noche. Una de ellas la portó el policía que fue detenido por la tortura y el asesinato del estudiante Julio César Mondragón. Para el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, los ataques a los normalistas fueron con rifles G-36. Es probable que el disparo que recibió el estudiante Aldo Gutiérrez, que hasta la fecha lo mantiene en coma, salió igualmente de un rifle G-36. El negocio turbio de las armas ha desencadenado acciones letales en un contexto de macrocriminalidad, donde se coluden actores estatales de los tres niveles de gobierno con el apoyo logístico de la SEDENA, en colusión con grupos de la delincuencia or26
ganizada. Es el modus operandi que persiste en varios gobiernos municipales, donde los grupos del crimen organizado se encargan de realizar el trabajo sucio, contra las organizaciones sociales, los estudiantes, maestros y maestras, líderes comunitarios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para causar terror entre la población y acallar a quienes denuncian las atrocidades que se cometen y que evidencian los negocios truculentos de las autoridades. Estas operaciones ilegales han contado con el apoyo de las oficinas de la Dirección de Comercialización de Armamento y Munición (DCAM) de la SEDENA, que es la única encargada de la compra y venta de armas en México. En la investigación que se realizó en Alemania contra la empresa de armas H&K, se tuvo conocimiento que el representante de la empresa en México, Markus Bantle manipuló las constancias del uso final de las armas, en colaboración con el general de división Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, quien encabezó la DCAM. El militar en retiro, de acuerdo a un testigo, consiguió de sus socios alemanes 25 dólares de soborno por cada G-36 que compró. A pesar de los posibles actos de corrupción en la falsificación de documentos, en México no se inició ninguna investigación. Ante la gran cantidad de armas que llegan a las manos del crimen organizado y ante las violaciones graves de derechos humanos cometidas por policías y militares, es una gran irresponsabilidad no tener bajo control los lugares donde llegan estas armas, que solo han dejado luto y desolación en entidades empobrecidas como Guerrero. Lo preocupante es que para la actual administración la Guardia Nacional, la SEDENA y la Marina, son las que han logrado en estos 2 años y 100 días de la 4T, la seguridad, el desarrollo y el bienestar en México. Esta visión inmaculada que se proyecta de las fuerzas armadas, dista mucho con la realidad, porque son parte del engranaje delincuencial y de los principales perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. La violencia y la grave crisis de derechos humanos que padecemos, hunde sus raíces en el pacto de impunidad que persiste entre el poder civil con el poder militar. Por eso no se permite que otros gobiernos juzguen a los jerarcas militares. 27
La militarización del Estado
Raúl Zibechi - La Jornada - Viernes 9 de abril de 2021 Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones “sociales”, como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue exportada desde Colombia a México, entre otros. El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), de Brasil, acaba de publicar un expediente titulado Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza (https://www.andes.org.br). El sindicato pertenece a la coordinación sindical Conlutas y el documento denuncia la militarización del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que los militares ocupan ocho de los 22 ministerios, además de áreas estratégicas y de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, donde controlan el directorio. En Brasil hay 6 mil 157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento de 108 por ciento respecto de 2016, año en que fue ilegítimamente destituida la presidenta Dilma Rousseff. Esos militares son comisionados a esos cargos o tienen contratos temporales, acumulando funciones en las más diversas áreas de la administración pública. Según el expediente, se trata de “la militarización del servicio público federal, de las estatales y de diversos órganos”, entre los que merece especial destaque la “militarización de la salud, especialmente en la coyuntura de la pandemia”. En los principales escalones del sistema de salud han aterrizado cientos de militares que controlan todo, aunque están fracasando estrepitosamente en la atención a la pandemia, con hospitales y centros de tratamiento intensivo desbordados. 28
Días atrás saltó el escándalo de que 85 por ciento de las unidades de terapia intensiva de los hospitales militares están vacías, pero no permiten que las ocupen civiles, pese a que son mantenidos con dineros públicos (https://bit.ly/3sZSNlN). Además, hay 99 militares en órganos federales responsables de la gestión del medio ambiente, como la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Según datos del instituto Transparencia Brasil, casi la mitad de esos militares son originarios del Ejército, seguidos de ex policías militares. Se trata de los dos sectores que se han destacado por el apoyo al presidente ultraderechista. El sindicato de docentes menciona una escalada autoritaria que conduce a “una nueva fase de contrarreforma del Estado, militarizando el primer escalón de las empresas estatales, de los órganos estratégicos del gobierno en áreas de salud y socioambiental”. Sostiene que la escalada de militarización está centrada en el sistema educativo básico, con la creación de “escuelas cívico-militares”, y en la educación superior, por la sistemática intervención en instituciones de enseñanza para vetar y controlar la elección de rectores y demás autoridades. El gobierno se propone crear 216 escuelas primarias cívico-militares hasta el fin de este año, implementando “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares” (p. 34). Una breve incursión en la página del Ministerio de Educación dedicada las escuelas cívico-militares (http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/) es suficiente para hacerse una idea del alcance de la iniciativa. 29
La escalada autoritaria en la educación, está llegando al punto en el que el gobierno de Bolsonaro nombra rectores en las universidades impuestos desde arriba, sin consulta con la comunidad académica y en contra de sus propuestas. Se trata de un ataque a la autonomía universitaria y el “silenciamiento de voces disonantes” en instituciones que son “locus de producción del conocimiento crítico y creativo” (p. 30). Estamos ante un cambio de época. La clase dominante ha blindado el Estado, empezando por sus instituciones armadas, con especial cuidado de los ejércitos que son la fuerza que mayor contacto puede tener con la población. Esto forma parte de una estrategia diseñada muy arriba, por las instituciones del imperio, que no puede admitir experiencias como las vividas por los ejércitos de Perú y Ecuador en los años 60 y en Venezuela ahora. Proceden a la militarización de los servicios básicos como la salud y la educación, para evitar que esos espacios sean utilizados por fuerzas opositoras. En Brasil las instituciones indígenas, ambientales y de reforma agraria habían jugado un papel relativamente positivo, pero ahora están siendo férreamente controladas por los militares. Un doble proceso en marcha: blindar el Estado y usarlo como martillo contra los disidentes. Quien de ahora en más aspire a ocupar cargos estatales debe saber para quiénes trabaja.
ONG, asociacionismo empresarial y campo popular Luis Hernández Navarro - La Jornada - 6 de abril de 2021
No son flor de un día. Tampoco fruto de la temporada electoral o respuesta a la 4T. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen más de 70 años de vida en México. Por supuesto, a lo largo de tiempo y las distintas coyunturas políticas han modificado su misión, estructura de funcionamiento y modos de intervención social. Pero cualquier debate sobre ellas, debe considerar su larga historia. 30
Como ha explicado Luis Lopezllera, uno de los padres fundadores de la cooperación al desarrollo en México, en Sociedad civil y pueblos emergentes, las ONG nacen en la década de 1950, de la mano del Secretariado Social Mexicano de la Iglesia católica, formado para atender asuntos sociales. Fruto de este extensionismo es el movimiento de cooperativas de ahorro y crédito, y la fundación de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, dedicada a formar el personal especializado en esta labor. A finales de la década nació el Centro Nacional de Pastoral Indígena, antecedente del Centro Nacional de Asistencia a las Misiones Indígenas (Cenami), que ha desempeñado un papel fundamental en el acompañamiento a la reconstitución de los pueblos indios (https://bit.ly/3cJBEqY ). En los 60, en un continente sacudido por la revolución cubana y los movimientos de liberación nacional, la encíclica Populorum progressio y las protestas estudiantil-populares, surgen, inspirados en principios cristianos de solidaridad, organismos como el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, Promoción del Desarrollo Popular, Centro Nacional de Comunicación Social, Centro de Estudios Educativos y Desarrollo Económico y Social del Mexicano. En la década siguiente, la Compañía de Jesús cierra el Instituto Patria y compromete sus recursos en Fomento Cultural y Educativo, iniciativa al servicio de proyectos populares. Se crean también instituciones como Análisis, Desarrollo y Gestión y el Equipo Pueblo. Iluminados por la teoría de la alfabetización liberadora de Paulo Freire, centenares de grupos de base construyen un vigoroso movimiento de educación, salud y vivienda popular. Las ONG se convirtieron, en el espacio asociativo para que sectores de la intelectualidad crítica se vincularan al campo popular. Y, más allá del trabajo organizativo y de concientización que realizaban, funcionaron como bisagras que enlazaban mundos distintos y construían circuitos de mediación social y laboratorios de desarrollos alternativos. 31
Durante los 80, los organismos civiles se desarrollaron teniendo como objetivo central intervenir en el movimiento popular, con las herramientas de la educación popular. Se concibieron como instrumento del movimiento social y actuaron con él desde una perspectiva autogestiva, clasista y de movilización de masas (https://bit.ly/2Pnnjrv). Los sismos de 1985 modificaron sensiblemente el mundo de las ONG. El inmenso protagonismo ciudadano propició el surgimiento de un mito refundador: la autorganización de la sociedad civil como semilla y cimiento de un nuevo orden. Se produjo a partir de entonces una proliferación sin precedentes de ONG y apoyos de la cooperación internacional. Este asociacionismo se financió (y se hace hasta ahora) con recursos de la asistencia oficial al desarrollo de los países del primer mundo, mediante embajadas e instituciones privadas, multilaterales, no lucrativas, así como de sus propias campañas de fondeo. Recibir recursos del exterior no los convirtió en agentes al servicio de potencias extranjeras o de intereses corporativos. Aunque agencias como Usaid y la NED tienen una agenda injerencista y algunos de sus donatarios están dispuestos a servir a esos propósitos, la inmensa mayoría de las ONG no se presta a ello. El auge neocardenista de 1988 fue el nuevo terremoto en el horizonte de los organismos civiles. Muchos revaloraron la política partidaria y la lucha electoral. Su acercamiento a la política institucional terminó provocando que se les cayera la N y sus integrantes en funcionarios públicos. Simultáneamente, con el triunfo del foxismo, el viejo asociacionismo empresarial articulado alrededor de instituciones de asistencia privada y de filantropía, cambió radicalmente su misión y se lanzó de lleno a la disputa del espacio de la cooperación internacional, asumiéndose como los representantes de la sociedad civil. Organismos como Mexicanos Primero o Mexicanos contra la Corrupción, ambos encabezados en distintos momentos por 32
Claudio X. González, fueron punta de lanza de esta iniciativa. Su poder y recursos les permitieron ocupar con relativa facilidad buena parte de este espacio en áreas claves como la educación (https://bit.ly/39FnR2F). Hoy desempeñan un papel relevante en la articulación de un bloque electoral opositor de derechas. La ofensiva de la derecha empresarial para asumirse como vocera de la sociedad civil no quiere decir que no exista en el país una amplia constelación de ONG (especialmente en el área de los derechos humanos) y movimientos ciudadanos que defienden genuinamente las causas populares, más allá de la esfera estatal. No hay que confundirse. Una cosa es avalar, como hacen irresponsablemente algunos, la inadmisible intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos en asuntos internos, y otra funcionar con las legítimas reglas del juego de financiamiento de la cooperación internacional. Twitter: @lhan55
33
RECOPILATORIO CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 14 de abril 2021