Recopilatorio 15 de Agosto

Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 15 de Agosto de 2018

#SomosIndígenas: Logros y desafíos de la lucha indígena OpenDemocracy - 11 agosto 2018 Los cerca de 45 millones de personas indígenas que viven en Latinoamérica representan alrededor de un 8% de la población. Si pensamos que esto significa un 92% menos de los que vivían hace 500 años, tenemos la dimensión de la inmensa tragedia histórica de estos pueblos y de su carácter de supervivientes.

Es importante reconocer la incansable lucha por sus derechos, por la protección de sus tradiciones y la defensa de lo que queda de sus territorios.

Arriesgan su vida por proteger el medio ambiente Como dijo recientemente Erik Solheim, director ejecutivo de Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los asesinatos de líderes indígenas se dan porque ellos: “están planteando preocupaciones legítimas sobre proyectos mineros e hidroeléctricos que, consideran, amenazan su forma de vida”.

Latinoamérica encabeza el ránking de asesinatos de líderes indígenas.

Países como Colombia, Brasil y Guatemala han visto cómo el acoso, criminalización y asesinato de los defensores de sus comunidades y sus territorios está en alarmante aumento.

A los intereses de los grandes terratenientes y de las multinacionales extractivas se suma la pasividad y corrupción de los gobiernos y la impunidad con la que actúan grupos paramilitares y otros sicarios, que cada año acaban violentamente con la vida de líderes indígenas de la región.

Luchan contra la pobreza y discriminación Según un informe de la ONU, en varios países latinoamericanos los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que entre el resto de la población: Paraguay, 7,9 veces; Panamá, 5,9 veces; México, 3,3 veces; y Guatemala, 2,8 veces,.

Esta realidad los enfrenta a complejos desafíos. A los indígenas les resulta casi imposible adaptarse al desarrollo económico de corte 1

neoliberal y a la práctica ausencia de políticas públicas diseñadas para reducir esta brecha de desigualdad y discriminación.

En el Perú, por ejemplo, existe una notable diferencia entre el número de años que estudian los niños no indígenas y los indígenas. Además, siguen registrándose grandes diferencias en la esperanza de vida entre los indígenas y los no indíge­nas, por ejemplo, en Guatemala (13 años), Panamá (10 años) y México (6 años).

Todo esto esto los deja en desventaja frente a la garantía de derechos como la educación diferenciada, la conservación de sus lenguas, y la protección de sus territorios.

Organizados políticamente, logran el reconocimiento de sus derechos Logros notables, como el derecho a la consulta previa a las comunidades antes de intervenir en un territorio, son producto de años de lucha y resistencia en las que la organización política y el trabajo comunitario han sido claves para crear marcos legales y jurídicos y tener incidencia en las decisiones sobre el futuro de sus modos de vida.

Solo quedan unas 1000 comunidades indígenas esparcidas por el inmenso territorio de Latinoamérica, a menudo en lugares recónditos, sobreexplotados o marginalizados.

En Colombia, por ejemplo, existen más de dos mil casos de consulta previa y consentimiento, que han afinado la maquinaria del Estado en relación a la justicia y la transparencia en este tema. Además, gracias a los esfuerzos de múltiples líderes indígenas, la Corte Interamericana de Justicia ha producido una jurisprudencia sobre las consultas previas.

Solo quedan unas 1000 comunidades indígenas esparcidas por el inmenso territorio de Latinoamérica, a menudo en lugares recónditos, sobreexplotados o marginalizados.

A pesar de algunos logros evidentes en los últimos años gracias a la movilización continua y a la atención internacional, queda muchísimo trabajo por hacer para que los pueblos originarios no 2

vean vulnerados sus derechos más elementales, empezando por el derecho a la vida, y puedan encontrar su lugar en medio de las lógicas del desarrollo extractivista y de visiones racistas y supremacistas que imperan en nuestros países.

No perdimos, avanzamos: Nora Cortiñas Norita Cortiñas - Madre De Plaza De Mayo 9 agosto 2018 La jornada de ayer fue histórica y la viví como un progreso en el diálogo que necesitamos para todos los temas que nos afligen como sociedad. Miles y miles de mujeres en las calles, la mayoría jóvenes.

Realmente, significa mucho para el futuro. No perdimos: avanzamos, y de hecho ganamos en la posibilidad concreta de que pronto sea ley.

El debate quise vivirlo en el Congreso, para escuchar personalmente qué decía cada uno de los legisladores. Sin embargo, Gabriela Michetti, presidenta del Senado, me negó la entrada. Así, sin más explicaciones que “no ingresa nadie, ningún invitado”. Sinceramente, todavía no puedo entender tan evidente discriminación, estoy indignada. ¿Por qué estuvo vedado el acceso al pueblo a esta sesión tan intensa como indispensable? ¿Por qué prohibieron la cobertura de los periodistas más progresistas? ¿De que tenían miedo, para negarme el ingreso? El Parlamento es nuestro, es inadmisible que no nos hayan permitido estar.

Pese a este tipo de prácticas que lesionan a la democracia, seguiremos debatiendo, llevando a la práctica políticas de fondo como la Educación Sexual Integral. Existe una generación extraordinaria que sale a pelear por sus derechos y, el resto, sin dividirnos debemos contribuir a que el proyecto por la Interrupción Voluntaria del Embarazo no se archive, sobre todo por las desamparadas por un Estado que ayer perdió otra posibilidad de hacer justicia, priorizando los negocios antes que las vidas. Ahora más que nunca, tenemos que pelear hasta que nadie se crea con el derecho a decidir por la mujer.

Juntas, y unidos también, el patriarcado se va a caer.

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Ahed Tamimi, rebelde con causa Darcy Borrero Batista - Desinformémonos Entró a la prisión israelí de Hasharon con 16 años, un cabello rizado abundante, al descubierto, y la rebeldía diseminada entre sus pertenencias.

Ocho meses transcurrieron desde ese día hasta el último domingo de julio, cuando la palestina Ahed Tamimi, ahora de 17 años, recuperó su libertad de manos de los ocupantes israelíes. Con ella Palestina encontró lo que hace mucho los medios de comunicación no dejan ver sobre aquellos lares: rebeldía, más allá de la resistencia.La adolescente no se quedó de brazos cruzados ante el maltrato a los suyos. El video donde aparece en franco descontento con la violencia israelí hacia sus hermanos, fue exhibido como trofeo de guerra, como si responder a la violencia tuviera que ser, en este caso, un ejercicio pacífico y no un acto de rebeldía.

Por su manera de actuar no es posible hablar de lo simbólico como algo común. En una franja cada vez más delgada, Tamimi se levanta del modo en que lo hacen las banderas y mientras algunos quieren hacer ver que tocan el piso, los aires de lucha verdadera las hacen elevarse en busca de lo más alto del asta.

Su rostro adolescente emerge entonces como un desafío al status quo, aunque el régimen israelí busque asirse del asta sin otro límite que arriar definitivamente la bandera palestina y quedarse con el territorio al otro lado de la línea.

Trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, la capital de Israel –un estado concebido para la reivindicación hebrea tras la guerra racista antisemita desplegada por el fascismo– pone a rebullir el conflicto en el que Tamimi surge como voz de una causa humanitaria urgente: el cese de la extorsión a los palestinos, quienes cada vez más se van quedando sin sus tierras, sin su libertad y ni siquiera el derecho a una vida digna.

Desde que fue encarcelada, los videos de Tamimi –el último de ellos abofeteando y propinando patadas a un soldado ocupante en su aldea, la ocupada Cisjordania, y en el primero amenazando con dar un puñetazo a un soldado después de que arrestaran a su hermano mayor– han sido manipulados de muchas formas. Hay quienes los llaman «Pallywood» en tono burlesco y dicen que la adolescente es explotada por su familia, 4

a quien acusan de usarla para intentar provocar a los soldados israelíes.

Entre ambos videos, la diferencia es de varios años. El más reciente fue grabado el 15 de diciembre y el más antiguo cuando Tamimi tenía 11 años.

Pareciera aquel la premonición de este, el aviso de que la muchacha se volvería un ícono de la rebeldía palestina, de la causa de su pueblo y entonces, se nos hiergue humanamente lacerante toda la manipulación mediática que se ha pretendido hacer del caso.

Una pregunta parece imponerse ante el dolor de las imágenes y los hechos. ¿Por qué desvirtuar tanto la imagen de esta joven? Porque pretenden tapar la realidad: el ambiente de odio ha conducido las vidas de niños y adolescentes como esta y, salvo el fin de la ocupación, nada podrá devolverles la infancia, su derecho a ser, pensar y actuar como niños, tomarse un helado, estudiar, jugar, pasear sin la preocupación de que los golpeen y, si responden, los apresen. Porque, digan lo que digan los medios, la idea de posar feliz tomándose un helado, en el caso de Tamimi, la palestina, resulta paradójica.

Luego de su liberación, al llegar a su casa en Cisjordania, no podía más que llorar, mientras sus familiares la abrazaban y besaban. Pero no dudó en decir que «la resistencia continuará hasta que la ocupación termine». Fueron sus primeras palabras, convertidas casi en manifiesto.

Reseñan los cronistas que en ese momento llevaba puesta una pulsera con la bandera palestina y al cuello, una kufiya –el típico pañuelo palestino blanco y negro– con el cual se atavió apenas bajó del vehículo del Ejército encargado de su traslado al paso militar al noroeste de Ramalá (Cisjordania). Más tarde, en el patio de su vivienda, dijo frente a la prensa: «Estoy feliz, pero estaré más feliz cuando todas las mujeres palestinas sean liberadas de las cárceles de la ocupación israelí».

Reveló además que uno de sus mayores temores durante el cautiverio era no poder presentarse a los exámenes finales. Por eso, contó, ocupaba su tiempo estudiando en prisión. «No poder graduarme me causaba gran estrés y presión».

Parece que a Tamimi le sobra la esperanza a pesar de todo lo vivido a su corta edad. De cierta manera lo reflejó al decir: «el poder está 5

en la gente y la gente es dueña de su destino y su futuro». A ello respondieron con aplausos sus seguidores.

La joven también mostró su solidaridad con el pueblo beduino de Khan al-Ahmar, pendiente de demolición por Israel, y se negó a contestar preguntas de los medios israelíes. En cambio, agradeció el apoyo mediático recibido durante los meses de prisión y expresó su deseo de que la campaña por su liberación se extienda al resto de los adolescentes palestinos que permanecen en las cárceles de Israel.

Recordemos que esta muchacha fue detenida en diciembre y condenada el pasado 21 de marzo, luego de aceptar un asfixiante acuerdo con la Fiscalía y asumir los cargos de incitación y agresión con agravante, entre otros. Así condenaron la rebeldía con causa de Tamimi. Habría que ver en qué tribunal se condena a los soldados israelíes, los «indefensos» que llevan a la cárcel a estos adolescentes, solo por darles unas bofetadas llenas de dignidad y amor a lo suyo.

En contexto: • El Gobierno de Israel aplica la edad penal para los palestinos a los 12 años. Además, los niños pueden llegar a estar en prisión hasta cinco años por solo tirar piedras.

• Cada año, entre 500 y 700 niños palestinos de Cisjordania son arrestados e interrogados por las fuerzas israelíes, antes de ser juzgados en juicios militares. La mayor parte están acusados de tirar piedras.

• Desde el 2000, alrededor de 7 500 menores palestinos, a partir de los 12 años, han sido detenidos y juzgados por este sistema judicial.

• Según un informe elaborado por la organización Defence for Children Internacional, en la actualidad un total 210 niños y una niña están presos en Israel, 34 son menores de 16 años.

• Casi dos tercios de los menores y niños palestinos detenidos por el régimen israelí en el año 2017 sufrieron abusos por parte de sus captores, según informe de la organización no gubernamental palestina Military Court Watch.

• El derecho internacional prohíbe, para menores de 18 años, la aplicación de la pena de muerte por delitos cometidos.

Fuente: Darcy Borrero Batista, Granma.cu 6

Indígenas, sin nada qué celebrar Gloria Muñoz Ramírez - Los de Abajo Festivales, conferencias, presentaciones de libros y ferias de artesanías, entre otras actividades culturales, se organizaron institucionalmente con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas desde diciembre de 1994.

Nada se dijo, por supuesto, de la actual embestida a sus territorios ni de la salvaje represión que viven por defender lo que es de ellos y es de todos, como la tierra, el agua, el viento y el subsuelo.

“Los pueblos indígenas son la base de la cultura nacional, sus sistemas de organización y de cooperación, sus aportaciones a la ciencia con sus conocimientos tradicionales y la protección y conservación de los recursos naturales, entre otros aspectos, han contribuido a nuestro desarrollo (sic)”, se atrevió a publicar la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Nada más lejano al verdadero pensamiento institucional. Y como muestra están los seis nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, estado de México, presos desde hace 15 años por defender su agua.

Privados de su libertad desde 2003, Teófilo Pérez, Pedro Sánchez y Rómulo Arias fueron sentenciados en 2007 a penas de los 50 a los 54 años. Y Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González recibieron una condena de al menos cinco décadas para cada uno.

Fueron acusados de dar muerte al empresario Alejandro Isaak Basso, líder de los floricultores del municipio de Villa de Guerrero, quien desde el año 2000 empezó a disputarle a la comunidad el uso y disfrute del río Tex-caltenco, que nace en San Pedro Tlanixco. El proceso jurídico estuvo repleto de irregularidades y de juicios racistas, nada se les probó y fueron sentenciados. Por ejemplo, Dominga González, hoy de 61 años, de los cuales lleva 15 tras las rejas, fue sentenciada porque los acusadores declararon que participó una mujer “morena y chaparrita”. Y así el resto de los señalamientos a los otros cinco nahuas de Tlanixco.

La libertad de los seis y el respeto a su río, es la única manera de celebrarlos. www.desinformemonos.org 7

Los bosques comunitarios de México, en la vanguardia global David B. Bray Los boques comunitarios de México (BCM) presentan una renovada atención pública por dos acontecimientos: uno, el pasado 26 de abril, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable definió por primera vez qué es el manejo forestal comunitario, y dos, el nuevo gobierno señaló que incluirá a comunidades y ejidos forestales en la Agenda Ambiental Forestal, específicamente en la meta de lograr cero deforestación.

Los BCM han puesto a México en la vanguardia mundial de manejo comunitario de bosques por al menos cinco razones: Alrededor de 60 por ciento de los bosques son propiedad de comunidades y ejidos, como referente, en India 97 por ciento de los bosques son propiedad del gobierno.

Hace 50 años los campesinos de las comunidades y ejidos con bosques eran primordialmente productores de maíz de subsistencia, ahora en cientos de sus predios operan empresas forestales comunitarias (EFC) con programas de aprovechamiento forestal autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aunque hay varios estimados, entre 6 a 8 millones de hectáreas de bosques se manejan por medio de las EFC. Éstas son resultado de procesos en algunos casos de años o décadas, y producto de luchas sociales; sin embargo, es justo reconocer que en periodos particulares, programas y políticas gubernamentales han promovido el establecimiento de las EFC, han dado acompañamiento y apoyos materiales, económicos y asesoría a miles de comunidades y ejidos forestales.

De acuerdo a Juan Manuel Torres-Rojo, entre los años 2011-2013, 699 EFC vendieron madera a “pie de árbol”; sin embargo, 738 vendieron madera “en rollo”, porque al tener gruas y camiones podían hacer el corte y extracción del bosque. Asimismo, en dicho periodo, 184 EFC tuvieron capacidad de aserrar madera y vender tablas y otras, incluso, de comercializar productos con valor agregado, como muebles.

Investigadores nacionales y extranjeros han mostrado que las EFC mexicanas son rentables económicamente y, como otras empresas pequeñas o medianas, pueden generar decenas o cientos de empleos 8

localmente. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Journal of Sustainable Forestry analizó 23 aserraderos activos en la comunidad indígena de San Bernardino de Milpillas Chico, Durango (un predio de alrededor de 159 mil 925 hectáreas, con 77 por ciento de bosques de pino), encontró que emplearon a 350 personas y que generaron ganancias por cerca de 1.8 millones de dólares anualmente. De éstos, 18 aserraderos fueron rentables con ganancias descritas como “bastante grandes”. En menor escala y, a veces, durante décadas, otras comunidades y ejidos forestales en varias regiones del país, algunas inclusive con predios de apenas cientos de hectáreas, han logrado ser “exitosos” en el manejo de sus predios forestales.

Existe evidencia de que numerosas comunidades y ejidos que hacen manejo forestal para aprovechamiento de madera presenta baja o nula deforestación.Un análisis de bosques de propiedad social en 733 municipios en ocho entidades de la República encontró que a mayor superficie de bosques de pinos bajo aprovechamiento, hubo menor deforestación y tendencias de mayor recuperación de superficie con bosque.

En el centro y sur de Quintana Roo, donde los bosques comunitarios dominan el paisaje, se presenta baja deforestación, incluso a escalas comparables con lo que ocurre en las áreas naturales protegidas. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca presentó una alta deforestación durante la década se los años 90; sin embargo, en el ejido Cerro Prieto, donde se aprovechaba madera y, además, se practicaba ecoturismo, L. Merino, de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró que el bosque se conservó. Asimismo, organismos como el Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council –FSC– una certificadora alemana de alto prestigio a escala mundial) reconocen las bondades del manejo forestal comunitario y para 2018 ha certificado a 64 comunidades y ejidos forestales mexicanos (con alrededor de 12 millones de hectáreas) por realizar manejo sustentable del bosque.

En fin, abunda la evidencia alentadora sobre lo que ocurre en los bosques comunitarios de México, y el gobierno entrante la debería tener presente para construir una política forestal más integral. Los bosques comunitarios tienen mucho que dar a la construcción del bienestar social, económico y ambiental del país; por ello, merecen contar con más atención pública y mayor interés gubernamental.

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El síndrome del tratado McLane-Ocampo Gilberto López y Rivas ¿Cuál podría ser la razón para que el próximo gobierno de México sostenga, contra viento y marea, el proyecto de crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, y, con ello, destaca el ahora presidente electo en carta a Donald Trump, “facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos”? ¿Por qué revivir, en pleno siglo XXI, uno de los actos de gobierno más controvertidos del presidente Benito Juárez, que fue el tratado de “tránsito y comercio” McLane-Ocampo, que en su artículo I cedía: “a Estados Unidos y sus ciudadanos y bienes, en perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar”? El artículo V de dicho tratado estipulaba: “en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, quedan autorizados las fuerzas de dicha República para obrar en protección de aquellos, sin haber obtenido previo consentimiento”. Por fortuna, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, que, de haberlo hecho, México hubiera quedado como un virtual protectorado de ese país. Los gobiernos neoliberales de la partidocracia que se han sucedido en estas décadas hicieron realidad otros artículos igualmente vergonzosos del tratado McLane-Ocampo (VI, VII y VIII), en los que México cedía el derecho de tránsito entre puntos de la frontera entre los dos países y puertos del Golfo de México y el océano Pacífico.

Hoy día, las líneas de ferrocarril de la corporación estadunidense Kansas Southern de México (KCSM), considerada como “eslabón confiable de la cadena logística global”, con sus 4 mil 251 kilómetros de vías férreas, según sus publicistas, “mueve más de 30 por ciento de la carga ferroviaria del país atendiendo a industrias diversas, transportando productos en contenedores, semiterminados y terminados”. Esta red ferroviaria de contenedores es parte importante del objetivo planteado en el Programa Nacional de Infraestructura respecto de convertir a México en la “Gran Plataforma Logística de Norteamérica.”

Mientras la izquierda social y los pueblos originarios se manifestaban contra el Plan Puebla-Panamá, que amenazaba los territorios y recursos naturales del sureste, en sigilo, y desde la frontera norte, 10

se estableció esta importante red de comunicación corporativa al servicio de la recolonización neoliberal. Andrés Barreda, en significante artículo publicado en nuestro diario, señalaba que: “El corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo (mancuerna del corredor carretero Manzanillo-Nuevo Laredo) fue concesionado desde 1996 a la firma Kansas City Southern. Es uno de los flujos intermodales más importantes de Norteamérica, por la excepcional profundidad del puerto Lázaro Cárdenas, que ofrece una alta capacidad para recibir buques de carga descomunales”.

Por su parte, los “expertos empresariales” resaltan: “KCSM tiene presencia en 15 estados del centro y noroeste del país. Cruza el corazón industrial de México, pasando por Lázaro Cárdenas, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo y Nuevo Laredo.

Tiene la ruta más corta y segura desde el Pacífico y centro del país hacia la frontera con Estados Unidos. Su conexión con los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tampico y Altamira, Tamaulipas, y Veracruz, así como la sinergia positiva que ha alcanzado con los servicios portuarios y de autotransporte le permite ser altamente competitivo a escala mundial” José Iniesta en 2005 notificaba que: “el grupo ferroviario Kansas City Southern, Hutchison Ports México y la Administración Portuaria Integral, harán oficial su alianza con las principales navieras del mundo para el establecimiento del corredor intermodal transpacífico entre este puerto y la ciudad de Kansas City, el cual hará posible el tránsito de mercancías de Asia con destino a Estados Unidos a través de este puerto y del territorio mexicano (…) esta ruta se erigirá como una alternativa a las saturadas rutas logísticas entre Asia y Estados Unidos a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, California, las cuales enfrentan problemas de congestionamiento ante la evolución que ha tenido el intercambio comercial entre China y la Unión Americana”. De aquí el mote “ruta Kansas-Shanghái”. Luis Hernández Navarro analiza la propuesta transísmica, recorre la historia moderna del megaproyecto y llega a una conclusión coincidente: “el corredor transísmico, la extensión de las ZEE, la pretensión de convertir a México en un paraíso de la inversión, anuncian un inminente choque de estos proyectos con los pueblos indígenas”. ¿Cuándo cesará el maleficio McLane-Ocampo?

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Denuncia del Movimiento Agrario Indígena Zapatista por los asesinatos ocurridos en Santa Catarina Yutandu 9 AGOSTO, 2018 A los medios de comunicación A la opinión pública nacional e intencional A las organizaciones de derechos humanos, sociales y en resistencia.

A los Pueblos Indígenas de Mexico y el mundo.

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista condenamos los asesinatos cometidos ayer 8 de agosto, en la Zona de Santa Catarina Yutandú,del Municipio de Tezoatlan de segura y Luna, Oaxaca, donde perdieron la vida 6 personas entre ellos un menor de edad.

Manifestamos que en este hecho están involucrados interese mezquinos y buscan generar un ambiente de tensión y violencia como ha pasado en la región y en el estado, detrás de estos actos, hay prebendas que negocian y sacrifican al pueblo a cambio de sus fines económicos y del control social que se ejerce sobre comunidades que buscan construir sus propias formas de organización.

Exigimos al gobieno estado y al gobieno federal una investigación pronta y la detención de los autores materiales e intelectuales de este crimen, nos solidarizamos con las familias de las víctimas y les damos nuestras condolencias, expresamos que las personas no son propiedad de nadie, basta ya de perpetuar la impunidad.

En el marco del día internacional de los pueblos indígenas nosotros los pueblos ¿que podemos celebrar? Miramos cómo la violencia se vuelve una herramienta del estado para generar miedo, temor y control sobre nuestros pueblos y territorios, atrás de esto se anuncia el despojo, la persecución y violencia, el camino será largo, la lucha de nuestros pueblos apenas comienza.

Justicia para las víctimas de este cobarde asesinato!

Justicia para sus familiares!

Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

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Indigenismo, las mil máscaras de Oaxaca Jaqueline Bertha - NTV Oaxaca La invisibilidad, discriminación y olvido institucional hacia el sector indígena, de mayor presencia en la entidad, contraviene a lo que motivó la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, para que el 9 de agosto de cada año se conmemore a los pueblos indígenas en el mundo. Esta celebración debería ser mucho más importanet en Oaxaca, donde las dos áreas responsables - la federal y estatal- tienen meses acéfalas.

El elogio a la grandeza de los pueblos indígenas de México es un discurso que se escuchará hoy con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Oaxaca, la entidad con la mayor representatividad de pueblos originarios, la situación no será distinta, aunque en los hechos sea evidente la ausencia de políticas públicas asertivas.

Los actos programados son “mero cumplimiento” para que la fecha no pase inadvertida, y voces se preguntan dónde y quién dará cuenta de los resultados cualitativos y estadísticas que reflejen el éxito o fracaso de las políticas públicas impulsadas por el Estado.

Discriminación inhibe rescate de lenguas A pesar de que sus pronunciamientos los ha presentado incluso en el foro de Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la abogada, Roselia Bernardo Santos, defender los derechos lingüísticos y la participación política de las mujeres indígenas no le ha sido fácil, la discriminación, y la cerrazón no le hacen fácil la tarea.

La también máster en Gestión Cultural ha constatado que en el país el indigenismo es tema de discurso, que las lenguas originarias se pierden sin que el estado haga mucho al respecto y que la justicia comunitaria para las mujeres no avanza.

El rescate de las lenguas maternas es tarea en la que busca aliados de las poblaciones para que transmitan sus conocimientos y ayudar en la preservación; en el camino la especialista ha sido testigo del lamentable extravío de lenguas, como el Ixcateco, que por omisión se ha extinguido.

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“Desde que se exigió en la escuela hablar solo en español se arrastra el problema y la pregunta es ¿cómo se va a revertir ahora?; pero además, cuesta reconocernos indígenas por temor a la discriminación, eso influye para no sentirse orgulloso y dejar de hablar la lengua de origen, esto pasa en todo el país ”, dijo.

Nuevos tiempos, viejas prácticas La maestra en Derecho Electoral, reconoce que no solo los gobiernos tienen la responsabilidad de lo que sucede con los indígenas, está convencida de que se requiere la concientización y reeducación de las poblaciones para que cambien la actitud frente a los nuevos tiempos.

Admitió avances en los marcos legales en aras del empoderamiento de esas comunidades y, en especial, de sus mujeres, pero dijo que en la aplicación de la justicia no hay logros cualitativos.

Discriminación polìtica Ejemplificó con la justicia comunitaria, en la que las mujeres para denunciar violencia deben recurrir directamente a los síndicos o alcaldes como su primer autoridad, mismos que las ignoran, por el machismo, misoginia, los usos y/o costumbres que prevalecen en las poblaciones. “A la fecha no se ha podido modificar ese tipo de justicia.

Los usos y costumbres tiene muchas cosas que hay que conservar, pero también otras que deben transformarse para mejorar nuestra calidad de vida”, puntualizó. ¿Bailar marmotas? “¿Y qué conmemoran?, Bailar una marmota no es cumplir con los pueblos indígenas ni reivindicarlos. La sociedad cada vez se vuelve más insensible ante los problemas de las comunidades que solo reciben loas cuando salen a bailar vestidos con trajes vistosos”.

Así lo expresó Efraín Solano Alinares, dirigente de la organización Unidad, Identidad y Raíces de Oaxaca “UNIR”, quien aseguró que en los últimos sexenios ningún gobernante - estatal y federal- ha tenido real interés en el tema indígena.

Al contrario, afirma que cada día las autoridades son más frívolas e ignorantes respecto a los derechos colectivos, la autonomía, la protección del territorio y el reconocimientos a los sistemas sociales 14

de las comunidades indígenas, y el reflejo son los 400 conflictos agrarios en Oaxaca que reconoce el propio Gobierno Federal, de los cuales 30 son de alto riesgo.

Educar para desactivar conflictos “A las comunidades se les defiende promoviendo métodos de enseñanza que incluyan las lenguas originarias en los libros de texto, atendiendo sus necesidades reales y escuchando sus voces antes de que deriven los conflictos”, dijo.

Agregó que en pleno siglo XXI la violencia institucional y la discriminación está más presente que nunca, y muestra de ello, son las esposas, madres y huérfanos de San Sebastián Nopalera, la comunidad Ikoot secuestrada en Santa María del Mar y los 13 muertos en Yautepec.

“Solo hay despliegue propagandístico para lucimiento de gobernantes, no hay nada tangible que refleje atención, hay desaparecidos y encarcelados, no hay estadísticas, la pobreza hiere y es lastimosa para las comunidades, la justicia no llega”, puntualizó.

Dependencias abandonadas El menosprecio del estado a las comunidades se evidencia en el abandono a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) en Oaxaca, que durante los últimos 20 meses solo fueron ocupadas como trampolines políticos e involucradas en escándalos de corrupción.

Saulo Chávez Alvarado nombrado como delegado de la CDI a la llegada de Alejandro Murat Hinojosa, fue relevado en el encargo por Miriam Liborio Hernández, tras un escándalo por el supuesto uso de apoyos para afectados por el sismo a favor de familiares.

Con Liborio Hernández la situaciòn no fue mejor, pues sólo ocupó el espacio para proselitismo previo a su candidatura a la diputación federal.

De su lado, la SAI tuvo al inicio a Sofía Castro Ríos como titular, quien botó el encargo y fue sustituída por Francisco Montero López, cuya inexperiencia e irresponsabilidad costó la vida de tres personas.

Ambas dependencias siguen sin titular.

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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL NUEVO GOBIERNO Daniel Montañez Pico - Ojarasca La sorpresa y la alegría fue mayúscula. Después de décadas de fraudes electorales y guerra sucia, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), arrasó en las elecciones mexicanas del pasado 1 de julio con una amplia mayoría que se celebró por todo lo alto porque significaba, ante todo, retomar la dignidad institucional del país. Desde entonces, los motivos de su victoria se han debatido intensamente en todo el mundo. Se mencionan aspectos tácticos, como su conquista de los estados norteños, donde prometió que acabaría con el narco a través del diálogo pacífico y la legalización de las drogas, o su pacto con las élites conservadoras del homófobo y antiabortista Partido Encuentro Social (PES). También se discuten dimensiones ideológicas, como su desmarque de los gobiernos progresistas, en especial de Venezuela, aparcando la discusión sobre la nacionalización de recursos o el imperialismo (no hay más que ver lo bien que se lleva con Trump) y elaborando un discurso sobre la necesidad de una política nacional contra la corrupción, la violencia estructural y la recuperación de la confianza de sectores sociales abandonados que recuerda a las tendencias de gobiernos latinoamericanos de izquierda moderada como el de Lula en Brasil o los Kirchner en Argentina.

Lo más comentado fue su construcción de un relato basado en presentarse como el único líder capaz de regenerar la terrible situación del país regresando al espíritu guadalupano de las clases populares, en la línea de los más notables políticos de la historia de México, llegando a compararse con Miguel Hidalgo, Benito Juárez, reformista y modernizador del país en el siglo XIX, y Lázaro Cárdenas, nacionalista que terminó de implementar reclamos de la revolución de 1910 como la reforma agraria. Este último punto es considerado de forma amplia como el que principalmente ha devuelto la esperanza a una mayoría de ciudadanos que ven en AMLO al único líder capaz de revertir una situación política y social que se ha vuelto insostenible en los últimos 30 años.

En toda esta historia falta un componente fundamental, bastante opacado ante la apabullante figura mesiánica del líder: los movimientos 16

y fuerzas sociales. Desde el decaimiento del régimen del PRI, que comienza simbólicamente en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, los movimientos sociales no dejaron de surgir en todos los sectores demandando dignidad frente a la terrible situación social creada por las políticas neoliberales y el autoritarismo del gobierno.

Antiguos sectores fundidos en el PRI -que se había convertido en un partidoEstado corporativo desde los años 40 gracias en parte a la bonanza económica momentánea que tuvo la región después de la Segunda Guerra Mundial- como los maestros y electricistas, fueron abandonando el antiguo pacto corporativo ante las sucesivas traiciones de las élites y pasaron a formar parte de las fuerzas sociales enfrentadas al sistema. Así comenzaron a surgir sindicatos autónomos y organizaciones sociales que presionaban al Gobierno mientras este agudizaba la crisis afianzándose en su giro neoliberal.

Un epítome de este proceso fue el alzamiento del EZLN en Chiapas el 1 de enero de 1994, mismo día que México entraba como socio en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Este movimiento luchaba por recuperar la dignidad de la población indígena, una de las más afectados por las reformas neoliberales. Pero el gobierno no cedió ni un ápice y siguió reprimiéndoles, traicionando cualquier conato de negociación, como fue el caso de los Acuerdos de San Andrés firmados con el EZLN en 1996.

En esta coyuntura tan larga de movilización en donde no se conseguía forzar cambios en el gobierno, los movimientos, lejos de venirse abajo, se reforzaron mediante el giro hacia un horizonte político comunitario y popular basado en la autogestión y en la recuperación de saberes locales ancestrales, negados y reprimidos por siglos de colonialismo y racismo estructural. Fue el caso de la evolución del EZLN hacia la incorporación de filosofías y cosmovisiones de los pueblos mesoamericanos en su proyecto político. Mientras AMLO y sus seguidores peleaban la escala nacional y electoral, estos sectores comunitarios y populares fueron creando un andamiaje de organizaciones sociales autónomas que incluían desde proyectos de autogestión alimentaria y artesanal hasta sus propios sistemas de educación, seguridad y administración de justicia. John Holloway concibió estos esfuerzos como una fuerza que “cambiaba el mundo sin tomar el poder”, aunque más bien creaban sus propios poderes 17

con lógicas diferentes al poder del Estado y a todo el horizonte civilizatorio capitalista, colonial, racista y patriarcal de la modernidad impuesto desde hace más de 500 años. Y a la par de la construcción de este proyecto alternativo siguieron minando y desnudando el poder autoritario, corrupto y neoliberal del gobierno del PRI, sosteniendo dignas demandas como la aparición con vida de miles de desaparecidos, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y creando toda una cultura nacional de rebeldía. En definitiva, estos movimientos y fuerzas sociales fueron determinantes para que López Obrador pudiera conseguir su objetivo de ganar las elecciones, sin su presencia y sus prácticas de lucha que desnudaron el mal gobierno imperante ninguna táctica, ideología o estrategia, por buena que fuera, hubiera podido vencer rotundamente en las urnas.

Entonces surge una pregunta necesaria: ¿cómo será la relación del nuevo gobierno con estos movimientos sociales que han creado gran parte de las condiciones de posibilidad de su triunfo? La respuesta no es fácil. Por un lado, el nuevo gobierno tratará de ir cumpliendo algunas demandas de cada movimiento y cooptando, como ya ha empezado a hacer, a todos los líderes, lideresas y organizaciones sociales que pueda, reeditando el antiguo pacto corporativo. Y muchos no resistirán a ello, pues llevan décadas luchando y sufriendo, y cualquier atisbo de mejora puede ser bien recibido, lo cual es comprensible. Por otro lado, los movimientos que ya no confían en ninguna vía institucional, sea del signo ideológico que sea, optan por continuar la confrontación. Y en medio de estos dos polos, cooptación y confrontación, surgen posiciones intermedias, como las de quienes sostienen que se pueden ocupar espacios institucionales de forma crítica sin ser cooptados y que es necesario hacerlo porque si no los ocuparán fuerzas de derecha camufladas de movimientos ciudadanos, o los que siguen insistiendo en la idea de una candidatura propia, como la del Congreso Nacional Indígena (CNI), con la idea de comunalizar, descolonizar y despatriarcalizar el poder del Estado.

En cualquier caso, a nadie conviene la disolución de los movimientos, pues son la semilla de un nuevo mundo y uno de los grandes frenos a la voracidad del capitalismo, el racismo y el patriarcado, esté quien esté en el Gobierno. Ante este nuevo panorama parece que los movimientos tendrán que repensar sus horizontes, agendas y prácticas

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de lucha, como han tenido que hacer movimientos de otros países de la región frente a la llegada de gobiernos progresistas, donde se han visto situaciones similares en donde aparece la posibilidad de avanzar demandas colaborando de forma crítica pero a la vez siempre bajo el peligro de la cooptación. Atender a la experiencia reciente de países como Bolivia, donde con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales sucedió algo similar, puede resultar un buen comienzo.

Cosa de esperanza Gustavo Esteva “La esperanza en México está en bancarrota” señaló Juan Villoro el 8 de abril, en la perspectiva de las elecciones. “Cada persona sabrá, de forma pragmática, a quién le da su voto, pero es importante construir esperanza”.

Tenía razón. Cundía en muchas partes la desesperación; miles de personas habían caído ya en ella. Y la importancia de construir esperanza no debe desestimarse. La supervivencia de la especie humana, dijo alguna vez Iván Illich, depende de descubrir la esperanza como fuerza social. ¿Cambió algo, en esta dimensión, el primero de julio?

Quienes usaron la boleta para expresar pragmáticamente su rechazo al sistema tienen ahora la sensación de que lograron lo que querían. Sienten que el resultado del primero de julio fue un triunfo popular… como sin duda fue. Pero el sistema intenta darle otro carácter. Con increíble cinismo, las autoridades electorales y los dirigentes partidarios celebran el episodio para atribuirse el mérito de la jornada.

A nadie engañan. La gente está consciente de la increíble cantidad de porquerías que enturbiaron todo el proceso electoral, el más violento de la historia del país. Se confirmó con él lo contrario de lo que están diciendo. Pero en ciertos sectores se formó la ilusión de que México cuenta ya con un procedimiento acreditado para

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expresar la voluntad colectiva. Se confirmó su creencia de que la mera agregación estadística de votos individuales es una forma adecuada de manifestar esa voluntad y que así se da existencia real y poderosa a lo que llaman “pueblo”.

Andrés Manuel López Obrador es una anomalía política. Representa algo enteramente inusitado en las cañerías del sistema. Hay bases sólidas para pensar que es una persona honesta y que tiene el corazón en el lugar adecuado. Parece sentir como propios dolores colectivos y quiere contribuir a aliviarlos. También hay bases sólidas para confiar en que tratará de cumplir promesas de campaña, algunas muy populares y legítimas, como pensiones a los viejitos y becas a los jóvenes.

Las esperanzas fundamentadas que todo eso despierta están empezando a combinarse con las que ha estado forjando un grupo heterogéneo de intelectuales, militantes, activistas y simples oportunistas. Postulan sin matices la llegada del mesías, que arreglará todos los problemas existentes. Su voluntad de cambio realizará la cuarta transformación de México, una obra tan profunda como la Independencia, la Reforma y la Revolución.

La construcción de tal esperanza es en extremo peligrosa y puede tener muy graves consecuencias. Si el nuevo gobierno la adopta como propia, para realizar la gigantesca empresa que se ha propuesto tendrá que recurrir al uso cada vez más autoritario de todos los recursos políticos y económicos que conquistó el primero de julio, ocupando el territorio que abandonarán los partidos, lo que queda de ellos. Por ese camino, se enfrentará sin remedio a los grupos y pueblos que resistirán vigorosamente el corredor transístmico y otros grandes proyectos que forman parte de la empresa. También tendrá que buscar la desmovilización de la gente, paliar con ruido su creciente frustración y reprimir o controlar de modo coercitivo al conjunto de iniciativas y empeños que desde abajo intentan realizar cambios necesarios, en la escala creada por la propia gente, que no encajan en el proyecto de arriba.

La esperanza no es la convicción de que algo ocurrirá de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido, independientemente de lo que resulte. Por eso, según Ana Cecilia Dinerstein, el empeño

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autonómico puede definirse como el arte de organizar la esperanza.

Desde abajo, la gente está organizándose y construyendo por sí misma la esperanza, su esperanza, la esperanza que moldea con sus propias manos y a la que va dando forma día tras día. La abriga. Por eso en español decimos “abrigar esperanzas”, en vez de “tener esperanzas”.

Hay que abrigarlas para que no se congelen. Por eso decimos de una señora embarazada que “está esperando”. Su esperanza de que nazca bien su bebé no es una expectativa; nadie puede garantizarle que así ocurrirá. Cuando siembra, un campesino espera que lloverá bien y a tiempo; abriga la esperanza de que podrá cosechar su maíz. Abrigar esperanzas es hacer cosas que tienen sentido, no cultivar expectativas.

Es posible que el primero de julio la esperanza en México se haya salvado de la bancarrota. Se multiplican iniciativas que construyen esperanzas. Son sólidas porque se convierten en fuerza social. La esperanza es la esencia de los movimientos populares y un motor eficaz de movilización, porque la gente se pone en movimiento cuando confía en que su acción producirá el resultado que busca.

Para consolidar esa construcción de esperanza, esa fuerza social, es muy importante protegerla de las falsas ilusiones que desde arriba tratan de vender, especialmente la que forja la figura del mesías. gustavoesteva@gmail.com

Relatora de ONU sobre pueblos indígenas advierte sobre impacto de megaproyectos Sputnik News - MX Los megaproyectos en las industrias energéticas y extractivas de recursos naturales, entre otros planes implementados en México, son un “reto mayúsculo” para los derechos de los pueblos indígenas, dijo la relatora especial sobre estos colectivos de la Organización las Naciones Unidas Victoria Tauli-Corpuz.

“Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por

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ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, dijo la relatora en un documento difundido en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este jueves 9 de agosto.

La investigación independiente fue elaborada con base en una visita de la relatora especial a México del 8 al 17 de noviembre de 2017 que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo mes de septiembre en la sede de Ginebra.

“A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos”, indica el documento sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México, que presenta sus conclusiones y recomendaciones.

Estos problemas se están desarrollando “en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”, indica un pasaje de las conclusiones del documento de 35 páginas.

Recomendaciones de la ONU La relatora especial expresa sus recomendaciones a México “para crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación”.

El documento analiza en tres capítulos la “identificación de los pueblos indígenas”, el marco jurídico e institucional de sus comunidades, y sus preocupaciones principales.

Distintas problemáticas de los 68 pueblos originarios de este país latinoamericano están relacionadas con “sus tierras, territorios y recursos naturales; prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento; libre determinación y participación política; violencia, impunidad y acceso a la justicia; derechos económicos, sociales y culturales”, indica el resumen.

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La situación actual de los pueblos indígenas en México “refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país”, sentencia el documento.

Esa brecha sigue creciendo, “en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas”, ante lo cual recomienda el impulso de un desarrollo sostenible con un enfoque de derechos humanos.

“También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural”, dice la relatora.

Tauli-Corpuz es líder del pueblo indígena kankanaey igorot de la región de la cordillera en Filipinas y recibió su mandato como relatora especial de la ONU en 2014.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado hace 25 años, la aprobación de una ley minera en los años 1990, una reforma agraria y la reciente reforma energética, autorizaron actividades legales sobre el uso del territorio de las comunidades indígenas, donde se implementan al menos 950 megaproyectos de las industrias extractivas en todo el país, dijo en una entrevista con Sputnik el experto Edmundo del Pozo, del centro de análisis Fundar.

“Esos proyectos se implementan en gran parte del territorio de comunidades indígenas, de los cuales más del 60% son canadienses”, indicó De Pozo.

Los gobiernos mexicanos han autorizado más de 24.700 concesiones para proyectos mineros que afectan a 20 millones de hectáreas, según el coordinador del programa Territorio, Derechos y Desarrollo del centro Fundar.

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La propuesta que nos hizo el #EZLN en el Encuentro de Redes en Apoyo al CNI - CIG “Proponemos que se lleve a consulta, además de todas las propuestas que se han vertido en este encuentro, lo siguiente: 1. Refrendar nuestro apoyo al CNI y al CIG 2. Crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre quienes nos conocimos en el andar del CIG y su Vocera.

3. Iniciar o continuar el análisis/ valoración de la realidad en la que nos movemos, haciendo y compartiendo dichos análisis y valoraciones, así como las propuestas de acción coordinadas.

4. Proponemos el desdoblamiento de las Redes de Apoyo al CIG para, sin dejar el apoyo a los originarios, abrir ya el corazón a las rebeldías y resistencias que emergen y perseveran en donde cada quien se mueve, en el campo y la ciudad, sin importar las fronteras.

5. Iniciar o continuar la lucha que apunte a engrandecer las demandas y el carácter del CIG, de modo que vaya más allá de los pueblos originarios, e incorporé a trabajadores del campo y de la ciudad, y a las desechables que tienen historia y lucha propias, es decir, identidad.

6. Iniciar o continuar en el análisis/ discusión que apunte al nacimiento de una coordinación o federación de redes, que evite el mando centralizado y vertical, y que no escatime el apoyo solidario y de hermandad entre quienes la forman.

7. Celebrar una reunión internacional de redes -como quiera que se llamen, nosotros proponemos que ahora nos llamemos Red de Resistencia y Rebeldía y cada quien su nombre- en diciembre de este año, después de conocer y analizar y evaluar lo que decide y proponga en el CNI y su CIG, también para conocer los resultados de la consulta a la que se llama en esta reunión. Para esto ofrecemos, si les parece, espacio en alguno de los caracoles zapatistas. Nuestro llamado pues, no es solo a los originarios sino a tod@s, a todos y todas los que se rebelan y resisten en todos los rincones del mundo.”

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Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 15 de Agosto de 2018 26