CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 15 de mayo de 2019
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La victoria wao tiene rostro de mujer Susana Morán
El triunfo del pueblo waorani es de todos los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que han sido afectados y amenazados por la explotación petrolera. Así lo anunció la Conaie la semana pasada. Pero detrás de la victoria judicial, están las mujeres wao que han pasado cinco años al frente de la lucha para que el Estado respete su derecho a la consulta previa en sus territorios. En la sala de audiencias de la Corte de Justicia de Pastaza, las mujeres waoranis dieron un mensaje después de que ganaran la demanda para frenar la explotación petrolera en sus territorios, el pasado 26 de abril. La imagen de ellas bailando y cantando se regó por el mundo. Pero no estaban bailando por bailar. Ni cantando por cantar. Las mujeres alzaron la lanza en señal de victoria como lo hacían en la época de guerra por sus territorios y saltaban en la sala para que se dé por “pisado” el lugar, por enterrado en esas cuatro paredes ese proceso judicial. Su expresiones de alegría que fueron vistas a nivel mundial tenían un solo significado: el enemigo -en este caso el Gobierno, los ‘cowode’- ha sido vencido, por lo tanto muerto, pero no físicamente sino espiritualmente. Esa felicidad se trasladó también a las calles del Puyo, donde está la Corte. Las mujeres encabezaron al grupo y tomadas de las manos, recorrieron la ciudad a paso rápido sin dejar de cantar. En la primera línea estuvo Nemonte Nenquimo, coordinadora del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pastaza (Conconawep), que con un megáfono fuera de la Corte dijo: “Hemos estado aquí presente exigiendo al Gobierno que respete nuestro derecho a la vida, y así que hemos triunfado, continuaremos luchando para mantener limpio (la selva) para la todo el mundo”. Nemonte, de 34 años, es de la comunidad de Nemonpare y ha sido el rostro visible de la lucha del pueblo waorani de Pastaza. Esta defensa la ha heredado de sus ancestros y ella está siguiendo y aprendiendo de ellos. Para ella, el petróleo significa muerte. “Yo he visto con propios ojos aquí en el norte (de la Amazonía) con el primer contacto con petroleras, el agua contaminado, el aire contaminado, la tierra contaminado, hasta la cultura contaminado. Sus vidas han cambiado, están hablando español, (toman) mucho alcohol, mucha enfermedad”. 1
Asegura que eso lo ha visto en su nacionalidad que está en la provincia de Orellana y que los jóvenes ya no tienen conexión con la naturaleza, no van de cacería ni de pesca. En cambio, tras la llegada de las petroleras, ellos solo se dedican al fútbol y se han acostumbrado a que la compañía les la comida, como atún y arroz, que para los wao es una alimentación “de afuera”. Nemonte no quiere permitir esa misma historia en su territorio porque aún está sano. En otras palabras, esa vida, es una vida triste. Por eso esa victoria judicial despertó su júbilo. La lluvia -dicen las mujeres wao- también salió a festejar con el pueblo waorani. Empapadas, a momentos paraban para danzar con las lanzas en alto. Luego se reunieron en la sede la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) donde hicieron una gran fiesta. Hubo, incluso, un matrimonio y la nueva pareja ofreció chicha a los asistentes, recuerda Sara Enqueri, unas de las dirigentes del Conconawep EL DÍA DE LA AUDIENCIA, NI EL LARGO VIAJE NI LA ESPERA DE VARIAS HORAS EN LA CORTE, CANSÓ AL PUEBLO WAORANI QUE ESTABA EXPECTANTE A LA DECISIÓN DE LOS JUECES. “LOS WAORANIS SÍ TENEMOS CAPACIDAD DE DEMOSTRAR QUE FUIMOS ENGAÑADOS Y MANIPULADOS”, DIJO OSWANDO NENQUIMO, VOCERO DE RESISTENCIA WAO Y DE LA COMUNIDAD NEMUNPARE. El día de la lectura de la sentencia salieron 16 comunidades desde lo más profundo de la selva. Silvana Nihua, una de las dirigentes, caminó tres horas desde su comunidad, Kiwaro, hasta Nemon Pare y de allí a Pitacocha donde se embarcaron en una canoa por seis horas hasta llegar al Puyo. Solo cuando el río está crecido, ese viaje baja a cuatro horas. Ese trayecto lo ha hecho en innumerables ocasiones durante los últimos cinco años que se ha dedicado a defender su territorio. Las mujeres jóvenes y ancianas, las pikenanes, estuvieron al frente de este proceso. Las pikenanes son las máximas autoridades, son las que dan los mensajes y guían a las dirigentes más jóvenes para que sean las intermediarias y voceras con los mestizos. En total tres mujeres wao (Nemonte Nenquimo y las pikenanes Nihua Omanca y Huiña Omaca) y dos hombres wao (los pikenanes Gabriel Dica Guiquita y Memo 2
Yahuiga Ahua) pusieron la demanda contra el Estado. Los cuatro pikenanes tienen entre 53 y 69 años. Oswando Nenquimo explica el significado del baile y del canto de las mujeres wao en la sala de audiencia. En Kiwaro habitan 40 personas, que pertenecen a ocho familias. Como otras comunidades wao, viven de la pesca, de la recolección de frutos y de la caza, su medicina es natural y conservan su idioma ancestral, el Huao terero. Allí, Silvana Nihua a sus 20 años fue elegida por la asamblea waorani porque era joven y apoyaba a su pueblo. Acompañó siempre a Nihua Omanca, una de las demandantes, a quien la considera su madre. Silvana perdió a su progenitora hace dos años porque enfermó de cáncer. El origen de esa dolencia -asegura- inició cuando su madre se fue a vivir a un campo petrolero en Orellana. Su padre había conseguido trabajo en esa compañía. Quizá fue por la comida que consumía, dice la joven waorani. “Sé que la explotación hace daño, nos destruye. Hemos visto cómo han sufrido otras nacionalidades, rechazamos totalmente a las empresas petroleras”, asegura con firmeza la líder que hoy tiene 25 años. Silvana Nihua cuenta el día que llegó el Gobierno a realizar la supuesta consulta previa. “Nuestros ancestros luchaban matando a la gente cuando entraban a su territorio, ellos los eliminaban. Ahora como jóvenes luchamos, pero no como hicieron nuestros abuelos. Queremos defender nuestros territorios con papeles, que nos respeten y que nos dejen vivir libres como hasta ahora”, afirma Silvana. “Somos de la selva y somos mujeres luchadoras, vivimos del territorio, somos sabios, aún mantenemos nuestro conocimiento ancestral” Los resbalones del Estado María Espinosa, abogada de los waorani de Pastaza, cree que si la sentencia a favor del pueblo Waorani va a apelación, ésta debería ser ratificada por lo fundamentada y concreta que está. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables anunció que apelará la resolución de la Corte de Pastaza. El tribunal, encabezado por la jueza Esperanza del Pilar Araujo, aceptó el recurso de acción de protección planteado en febrero pasado. La jueza, en la lectura de la sentencia, concluyó que hubo vulneración al derecho a la consulta previa. 3
El Estado ecuatoriano no tuvo en cuenta estándares interculturales ni la complejidad de generar procesos que permitan hacer una consulta adecuada con pueblos de reciente contacto como son los waoranis, dijo la defensora. Espinosa afirmó que no existen estructuras lingüísticas estándares para todo el pueblo waorani y eso quedó demostrado durante el juicio cuando el intérprete tenía que hacer un esfuerzo para lograr que los demandantes pudieran comprender lo que estaba ocurriendo. Términos complejos como licitación y ronda petrolera están lejos de la compresión de la vida cotidiana del mundo waorani, agregó. “En un mes hubo reuniones de 1 a 4 horas con metodologías que culturalmente no eran las adecuadas y eso no puede ser considerado consulta. Nada de lo que se dijo en el 2012 fue comprendido y menos que se quería vender su territorio. Incluso los más jóvenes dicen que no logran entender lo que el mundo occidental intenta imponer”, explicó la abogada. Como parte de su prueba, el Estado presentó dos videos en la audiencia. Pero ambos, según Espinosa, terminaron siendo prueba a favor de los waoranis. “En un video se intentó deslegitimar a los dirigentes, que mentían o faltaban a la verdad. Lo intentaron con una mujer pikenane, que no tiene ninguna comprensión del castellano y usaron un video de ella para argumentar que participó en las reuniones. Pero cuando el traductor explicó lo que ella decía (en ese video) se conoció que ella estaba contando que le había tomado muchas horas para llegar a la reunión, que su canoa casi se vuelca y que ella estaba en esa reunión porque le habían dicho que iban a dar radios para las comunidades y que ella iba por eso”. CON LA RESOLUCIÓN, LAS 200.000 HECTÁREAS DEL BLOQUE 22 NO PUEDE SER CONCESIONADO, LICITADO, NI ENTREGADO NI A PARTICULARES NI A LA EMPRESA ESTATAL, SEGÚN LA ABOGADA MARÍA ESPINOSA. El segundo video es de 28 minutos donde aparece una técnica de la Secretaría de Hidrocarburos, María Belén Ortiz. Allí ella explica a una asamblea waorani qué es licitación, qué es ronda, qué son regalías petroleras, qué es petróleo. Todo en 28 minutos con traducción incluida. “Esa fue una de las pruebas con que el Estado pretendió demostrar 4
que existía buena relación con la comunidad y que la información había sido suficiente. Fue una de las pruebas que analizó el tribunal y sobre la que concluye que la información no fue suficiente y que no fue culturalmente apropiada y que en esa asamblea no se garantizó la participación de pikenanes hombres y mujeres, para que reflexionen sobre esa información y tomen una decisión”. Silvana Nihua fue testigo de esa visita: “Los delegados del Gobierno llegaron y dijeron que reúna rápido a la gente de la comunidad. Nos reunieron en una casa comunal que tenemos hasta ahora y nos dijeron que debíamos venir a tratar de esas cosas que nos ofrecieron. Que de 3 a 6 meses vamos a tener esa necesidad que tenemos. Nosotros aquí llegamos porque tiene una necesidad, nos dijeron. Preguntaron qué queríamos, ahí la gente decía que quería motor, salud, radio, en ese tiempo no teníamos. No nos explicaban bien, nos tomaron fotos, a las mujeres les hicieron bailar. Como es nuestra costumbre, los recibieron brindando chicha, cantando. En ese entonces explicaban que no iba a hacer daño, pero no qué era o qué iba a pasar. Solo (dijeron) que va a entrar la compañía y que va a dar esas cosas. Nos hicieron firmar, nos dijeron que era para la asistencia, pero nunca nos dijeron que era para la consulta. Pero ahora sí sabemos qué es la consulta y qué debían hacer. Estamos decididos a luchar hasta el último momento”. La sentencia dispone que la consulta vuelva a ser realizada según estándares internacionales. Pero para una nueva consulta debe concertarse con las comunidades la metodología, los alcances y las particularidades que debe tener para ser efectuada con el pueblo waorani. La resolución “es favorable para todos los pueblos de la Amazonía sur vinculados a esa inconsulta ronda petrolera decimoprimera ocurrida en el 2012”, concluyó Espinosa. Publicado originalmente en Plan V https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-victoria-wao-tiene-rostro-mujer Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo. 5
10 de mayo, un día de lucha y no de fiesta Gloria Muñoz Ramírez
Cada año el 10 de mayo se organiza una marcha con una de las demandas más dolidas del país: el paradero de los hijos e hijas de más de 40 mil familias en México. Es una movilización adolorida. Ellas no están en el festejo del Día de las Madres, sino en las calles exigiendo que el Estado haga su trabajo y les diga dónde están. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta, gritan miles de madres de las diferentes organizaciones que se han conformado durante más de una década. Caminan con un gran cartel con la imagen de la hija o del hijo. Para ellas no hay descanso. Es la octava vez que marchan por avenida Reforma, la primera bajo el actual gobierno federal, todas con la misma consigna: verdad y justicia. Todas coinciden en que las acciones de la Comisión de Búsqueda no han sido suficientes. No demandan sólo acompañamiento para ir a buscar a sus hijos, pues eso lo hacen ellas con mayor eficacia. Exigen castigo para los implicados en los secuestros y levantones, incluyendo a militares y policías. Rechazan el perdón que les quieren imponer desde arriba. No quieren venganza, pero sí justicia. Es 10 de mayo y la Marcha por la Dignidad Nacional Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia se apodera de las calles en la movilización de la tragedia. El obispo Raúl Vera, acompañante cada año, llama gobierno criminal al que ha permitido las desapariciones. La inacción de las autoridades locales y federales es denunciada una y otra vez, aunque Jan Jarab, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, señala que un cambio, al menos, es la aceptación de los casos más emblemáticos de desaparición en el país. ¿Y los menos conocidos?, es decir, ¿y la mayoría? Nada, sólo la promesa de que son parte de la agenda nacional. Hoy hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que el número de desapariciones va en aumento. Y los avances, que los hay, tienen el crédito de las organizaciones y madres que se han vuelto expertas en la tarea de escarbar la tierra, aunque ellas lo que quieren es encontrar vida. Nadie podrá regresarlas a su casa sin repuestas. www.desinformemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx Publicado originalmente en La Jornada 6
De Terror: entre Balas no tan “Perdidas” y Balas “Dirigidas” al Exterminio Selectivo Pietro Ameglio - Pensar en voz alta la justicia y la paz
Las balas como instrumento privilegiado del proceso de aterrorizamiento social, de la construcción de paz militarizada y del gran negocio intercapitalista de la violencia (Los recursos que mueve el narcotráfico superan a una gran cantidad de industrias del país, a las remesas y dan trabajo aproximadamente a un millón de mexicanos, según una amplia investigación de catedráticos impulsada por el Dr. José Luis Calva de la UNAM (La Jornada, 11-11-18). ¿Cómo construir una reflexión-acción que permita hacer -al menos en forma incipiente- inteligible el proceso de tan violenta guerra e impunidad que nos atraviesa en México, sin caer en más aterrorizamiento y desánimo, y, en cambio, sea útil para organizarnos y fortalecernos mejor para enfrentarlo? BALAS ¿“PERDIDAS”? El 29 de abril acaba de darse otro hecho de extrema violencia en la UNAM: el criminal asesinato de Aideé Mendoza Jerónimo, estudiante de 18 años del CCH-Oriente, dentro de su salón de clases en plena sesión de Matemáticas. No están aclaradas aún las formas en que este asesinato se dio, pero una hipótesis fuerte es que puede haberse tratado de una “bala perdida”, proveniente de un terreno abandonado contiguo o de una instalación de la Marina cercana. El 22 de abril otra “bala perdida” asesinó al niño Axel de 10 años, en una colonia de Jiutepec (Morelos), mientras regresaba de misa de Pascua -¡qué cruel ironía!- con su familia. En menos de 10 días, han muerto asesinados por acciones de gran violencia 4 niños en Morelos. ¡Brutales imágenes del nivel al que ha llegado la violencia, inhumanidad e impunidad en el país! Resultaría infame llamar a estas víctimas como “daños colaterales”, al igual que a los familiares o asistentes que acompañan a funcionarios públicos o activistas sociales y son asesinados junto a ellos en el ataque armado. El cuerpo de una víctima no es sólo individual, sino social, y a esa dimensión mucho más amplia y compleja se expanden las balas del exterminio, en su política de aterrorizamiento 7
del tejido social, central para construir su impunidad y reproducción. Para entender la magnitud de este hecho social de la guerra y el terror, es bueno leer una reciente investigación acerca del “Costo humano del Exterminio Selectivo y del Exterminio Electoral durante el reciente periodo electoral mexicano del 2017-2018”, donde se registra que “en el 41% de las acciones de exterminio selectivo las víctimas iban acompañadas, siendo en el 50% familiares directos de las víctimas”. Asimismo, estas balas no estaban tan “perdidas” porque atacaron las identidades sociales más vulnerables de la actual guerra en México: joven, mujer, niño, estudiante, UNAM, Morelos. Se trata de espacios corporales y territoriales de los más violentados en el país. En los 10 años de la cínicamente llamada “guerra al narco”, han sido asesinados 118 mil jóvenes: “Son las principales víctimas de la violencia en los últimos dos sexenios” (Contralínea, 18-7-18). Los feminicidios en México aumentaron más del 100% en los últimos 3 años; y los asesinatos a mujeres, aunque sin un aparente contexto de género, aumentaron un 60% en el mismo periodo (Sistema Nacional de Seguridad Pública). El primer bimestre de este año superó a todos los anteriores de años pasados. Save the Children acaba de declarar que “Los datos oficiales de gobierno registran en promedio tres niñas, niños o adolescentes asesinados cada día en el país” (LJ 30-4-19). Mientras el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes declara que “en 2018 se reportaron 2908 denuncias de homicidios contra infantes” (La Jornada, 29-4-19). Claro, que la UNAM no es una isla, y refleja -aunque en otras proporciones- la realidad de guerra que vive México. El año pasado, en septiembre, se dio el también brutal e impune ataque -en las puertas de rectoría- de porros del CCH-Azcapotzalco contra un grupo de estudiantes que marchaban pidiendo más seguridad y transparencia del presupuesto en ese CCH, ante la mirada cómplice de los responsables universitarios de la seguridad. ¿Por qué tanto interés en mostrar públicamente a la universidad como un “territorio inseguro”? ¿Por qué aumentar la “siembra del aterroriza8
miento” ciudadano en el país, evidenciando la fragilidad al respecto de uno de los espacios más emblemáticos de la “paz social”, casi una “isla de paz” en el imaginario social? En el primer trimestre de este año hubieron 272 homicidios en Morelos, según datos oficiales, mientras que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, habla de 400 ejecutados… La semana pasada veía una gran manta a la entrada de un fraccionamiento en la zona poniente de Cuernavaca: “Si te agarramos no sales vivo, tenlo por seguro”. BALAS “DIRIGIDAS” AL EXTERMINIO SELECTIVO El primer trimestre de este año es el más violento desde 1997, con casi 9000 homicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No se trata de un juego de cifras ni de aumentar el aterrorizamiento social, sino de tomar conciencia del carácter normalizador y creciente en lo cualitativo y cuantitativo del proceso, y la urgencia de implementar otro tipo de medidas, empezando desde el poder que no han atacado en nada el contubernio autoridades-empresario-delincuentes y sus intereses económicos, ni han destinado la cantidad de fondos indispensables para tamaña tragedia, empezando desde lo forense, los bancos genéticos y las investigaciones. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DDHH, extrañamente sorprendida, declaraba el 9 de abril con justeza lo que quienes habitamos este país conocemos bien: “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 muertos desde el 2006”. Samir Flores, líder indígena de Amilcingo y activista social ambiental y de los DDHH muy reconocido en Morelos, fue arteramente asesinado el 20 de febrero pasado, en la puerta de su casa. Hasta hoy no se tiene ningún responsable ni arresto. Nos preguntamos si el Fiscal General, Uriel Carmona, todavía sigue en su cargo? ¿Por qué? Una compañera activista ambiental de larga data en Morelos, me decía: “Nadie puede decir nada porque te matan. No podemos hacer nada”. Estas últimas, han sido semanas brutales de todo tipo de exterminio, pero muy particularmente sobre el exterminio selectivo de activistas sociales y funcionarios públicos, como parte de esta guerra despiadada por los grandes negocios de la ilegalidad organizada. Una verdadera lista del terror. 9
En cuanto a los asesinatos selectivos hacia sujetos de la Administración Pública: Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano (Veracruz) fue asesinada el 24 de abril; el exalcalde de Chalco, Juan Carbajal el 4 de abril; el alcalde de Nahuatzen (Mich.), David Otlica, el 23 de abril; 4 funcionarios municipales de Salvatierra (Gto.) el 25 de marzo y uno de Zamora (Mich.) el 3 de mayo. A su vez, el pasado 10 de abril vimos en la Universidad Autónoma de Zacateca una muestra clara de los peligros de la espiral de la guerra para construir la paz: mientras el Fiscal General del Estado, Francisco Murillo, estaba en la misma Unidad Académica de los asesinatos con sus escoltas, la estudiante de 22 años y trabajadora del Poder Judicial Nallely Nohemí Delgado fue allí acribillada, a pesar de tener escoltas que no actuaron; y el joven de 22 años vendedor de celulares -Marco García- murió de asfixia al ser “sometido” por policías ministeriales. Desafío conjunto público total de la guerra y la “paz armada”: del crimen organizado y la policía estatal. Respecto a los asesinatos selectivos de Activistas Sociales: Abiram Hernández, miembro del Colectivo por la Paz en Xalapa, que había apoyado muchas acciones y organizaciones de familiares de desaparecidos desde 2011, fue asesinado en Xalapa el 30 de marzo; 4 miembros de la CRAC-PC de Tixtla, entre ellos Gonzalo Molina –vocero de la CRAC- y preso político casi 6 años recién liberado, fueron desaparecidos el 26 de marzo, luego liberados y ahora están protegidos. El 2 de mayo fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, maestro de la CNTE y fundador de la radio comunitaria oaxaqueña El Cafetal en San Agustín Loxicha; el 1° de mayo asesinaron en el mpio. de Guadalupe y Calvo (Chihuahua) a Otilia Martínez y su hijo Gregorio Chaparro, defensores de los bosques y familiares de Julián Carrillo, indígena rarámuri también asesinado el pasado 24 de octubre por las mismas razones. Asimismo, el 4 de mayo fueron desaparecidos y luego asesinados, los representantes indígenas José Bartolo Faustino -concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno- y Modesto Verales Sebastián -delegado del Congreso Nacional Indígena-, cuando regresaban de una reunión del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en Chilpancingo. 10
¿QUÉ HACER? Marchas (médicos en Cuautla, estudiantes en Zacatecas y Ciudad Juárez, sociedad en Minatitlán….), Vía Crucis (familiares de desaparecidos en Xalapa…) y muy numerosas acciones más recorren al país, son ejemplares y heroicas, pero no son suficientes para detener este nivel de guerra y violencia, ya que además muchas veces el grueso de la sociedad no sumamos suficientemente nuestros cuerpos a estas manifestaciones radicales de un “¡Ya Basta a la Guerra!”. Tal vez todavía, como sociedad, no hemos alcanzado a percibir la “frontera moral” tan endeble que estamos dejando avanzar en estos niveles de inhumanidad, y que tanto costará hacerla “regredir”. Los familiares de víctimas han estado elevando constantemente el nivel de las acciones de resistencia civil noviolenta, en la línea de la No-Cooperación y la Desobediencia Civil, mostrándonos el camino por dónde avanzar realmente. Recientemente se han multiplicado las Caravanas y Brigadas de Búsqueda de Desaparecidos: las del Colectivo por la Paz-Xalapa encontraron fosas clandestinas en el municipio Úrsulo Galván; Guerreras Buscadoras de Sonora hallaron muchos cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Cajeme; el Colectivo Familias Unidas por Nayarit encontró fosas en el municipio de Xalisco; el Colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte localizó fosas con cuerpos en los municipios de Ahome y Guasave; el Colectivo de Familias en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Zona Córdoba-Orizaba hallaron cuerpos en el mpio. de Río Blanco; el Colectivo Los Otros Desaparecidos de Acapulco encontró cuerpos en el mpio. de Iguala; ya comenzó la 5ª. Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas “Buscando Encontraremos” en Michoacán, en medio de una fuerte denuncia hacia las autoridades estatales, la Policía federal y el Ejército que no han cumplido con la seguridad a que se comprometieron, en territorios tan riesgosos; se han creado nuevos Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos en Oaxaca y Sinaloa. A su vez, familiares de desaparecidos de distintos Estados -8 mujeresllevan más de 20 días en huelga de hambre afuera de SEGOB, exigiendo la localización de sus desaparecidos y la entrega de miles de cuerpos ya genéticamente identificados: “Sólo nos sacarán muertas de aquí. Ya estamos cansadas de mesas de trabajo donde se firman acuerdos que no se cumplen” (La Jornada, 24-4-19). 11
Militarización, para asegurar despojo contra los pueblos indígenas: Marichuy ZÓSIMO CAMACHO - CONTRALINEA
El despliegue de la Guardia Nacional por todo el país, ordenado por López Obrador, tiene como principal objetivo asegurar la imposición de los megaproyectos y el sometimiento de los pueblos que se resistan, señala la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio. Los pueblos darán la vida, si es preciso, pero no claudicarán, advierte. Abasolo, Guanajuato. Ningún presidente anterior a Andrés Manuel López Obrador ordenó un despliegue militar por todo el país como el que ya se ha puesto en marcha. Las naciones, tribus, pueblos y comunidades aglutinadas en el Congreso Nacional Indígena (CNI) lo tienen claro. Consideran que el nuevo gobierno adquirió compromisos con el gran capital que no puede eludir, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos. La nueva administración se empeñará en imponer estos “megaproyectos de muerte” a como dé lugar. María de Jesús Patricio Martínez, médica tradicional nahua, originaria de la comunidad Tuxpan, Jalisco, es vocera del Concejo Indígena de Gobierno, una iniciativa del CNI para, “desde abajo y a la izquierda”, construir un gobierno para México. Si bien la llegada de una supuesta izquierda a la Presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador, “confundió a muchos hermanos” indígenas –como reconoce María de Jesús–, también es cierto que el CNI creció como no lo había hecho nunca. Hoy tiene presencia en 25 estados de la República, en 60 pueblos, tribus y naciones y en 89 regiones indígenas con cientos de comunidades. El CNI, abiertamente anticapitalista, es desde la izquierda una de las oposiciones frontales al nuevo gobierno. De manera destacada, las comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) son integrantes fundadoras de la organización. La voz del Concejo Indígena de Gobierno se escucha dulce, pausada, clara, sencilla. No hay estridencias, engolamiento del tono ni gran12
dilocuencias. Pero se advierte firme, coherente, inequívoca. Recibe a Contralínea en una pausa de la gira trepidante que realiza por las comunidades más apartadas de las metrópolis del país. Un recorrido sin cámaras, micrófonos ni medios de comunicación que no ha parado desde que fue nombrada vocera y candidata de los pueblos indígenas a la Presidencia de la República para el proceso electoral pasado. Los pueblos indígenas “no vemos el cambio que se anunció”, señala María de Jesús, a quien sus compañeros de lucha le llaman con afecto Marichuy y, su círculo más cercano, simplemente Chuy. “Vemos que es lo mismo que han dejado los anteriores gobiernos. Todo eso que se anunciaba de que iba a haber un cambio, de que primero los pobres y ya luego los ricos, no es cierto. Estamos viendo que todo es una simulación; que hay acuerdos que [López Obrador] tiene que continuar.” Menuda, de tez del color de la tierra y con 55 años de edad, considera que la administración de Andrés Manuel López Obrador no es de ruptura con el sistema político mexicano, sino de continuidad. Reprocha la tergiversación que emplea el nuevo gobierno de algunos de los principios de la lucha indígena y zapatista y, sobre todo, la simulación de consultas indígenas para imponer una decisión previamente tomada. María de Jesús se refiere a la “aprobación” de tres proyectos: el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos. Para los tres, se organizaron “consultas” que no cuentan con las características siquiera del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los gobiernos a reliazar consultas libres e informadas, previas a cualquier toma de decisión que involucre los territorios de las cominidades originales y que atente contra sus culturas. “Entonces no vemos el cambio. Estamos viendo una continuidad. Estamos viendo que es lo mismo y, quizás, un poquito peor porque las formas que están usando son algunas formas que nosotros hemos llevado, pues, y que las están usando en contra de nuestros pueblos.” —¿Como cuáles? —Algunos comentarios que dicen del “mandar obedeciendo” o de que vamos a consultar a las comunidades. Y no es cierto. Son consultas amañadas. Están engañando a la gente. La gente que soñaba que se venía 13
un cambio y que tal vez ahora sí iba a ser realidad que se les tomara en cuenta a los pueblos, pues vemos que no. Hemos analizado en esta asamblea [del CNI] y sentimos que esta situación es la misma. Está disfrazada ahora de “izquierda”, pero es lo mismo que ya se venía trabajando. Ante el gobierno de López Obrador, la respuesta de los pueblos indígenas “está clara”, dice María de Jesús: “Los pueblos que hemos caminado en el Congreso Nacional Indígena vamos a seguir organizándonos. Vamos a seguir resistiendo. Vamos a seguir impidiendo que acaben con la vida, con la existencia de nuestras comunidades, que sigan acabando con nuestro territorio, que sigan acabando con los bosques, con las formas propias de organizarnos. Entonces, pues, va a seguir la resistencia”. Pero también, asegura, ven con claridad la “respuesta” del gobierno a esta resistencia. Cita el asesinato de “nuestro compañero Samir [Flores]”, ocurrido el 20 de febrero pasado luego de que recalcara la oposición de su comunidad al Plan Integral Morelos, ahora impulsado por la adminustracion de López Obrador. Otros dos asesinatos ocurrirían después de la entrevista: los del concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno, José Lucio Bartolo Faustino, y el delegado del CNI Modesto Verales Sebastián. Ambos de comunidades indígenas de Guerrero. Pero “las comunidades se van a seguir organizando –reitera María de Jesús–; van a seguir resistiendo, fueron claros nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos son parte del Congreso Nacional Indígena. Y ellos fueron claros y dijeron: por aquí no va a pasar el Tren Maya”. Y ante el empeño del gobierno federal y los gobiernos estatales, “no queda más que resistir, seguir oponiéndonos a estos megaproyectos que son proyectos de muerte, que solamente benefician al que tiene el dinero, al capital. A las comunidades solamente les va a traer destrucción, despojo, envenenamiento de las tierras, más pobreza, división, confrontación. Y quizás por eso viene la militarización en las comunidades: para imponer esos megaproyectos”. —¿Hay capacidad de resistir? –se le cuestiona–. López Obrador esgrime siempre que ganó con 30 millones de votos. Y, según las encuestas, 14
mantiene índices de aprobación muy altos, superiores al 70 por ciento. —La capacidad está clara. Van más de 500 años desde que los pueblos están todavía resistiendo, a pesar de que han sido a través del tiempo masacrados, divididos, todo lo malo que viene desde arriba… Pero los pueblos siguen existiendo. Es una muestra, pues, de que en las comunidades se tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque es algo colectivo. No es de una persona, son comunidades completas donde deciden qué se hace con la comunidad. Son las guardianas de ese territorio sagrado, que se le da valor sagrado, no un valor de pesos. Entonces ahí están las comunidades. Sí hay capacidad. Porque son comunidades completas y van a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias. Como los asuntos más urgentes de atencion para el CNI, señala cuatro megaproyectos que impulsa el gobierno federal en estos momentos y que, de concretarse, implicarán la amputación de territorios indígenas: el Tren Maya (en los cinco estados de la Península de Yucatán), el Corredor Transístmico (de la costa de Oaxaca a la costa de Veracruz); las instalción de eólicas e hidroeléctricas en Oaxaca y Puebla, y Plan Intetegral Morelos (que implica la instalción de una termoléctrcica en ese estado y gasudcutos y otras afectaciones también en Puebla y Tlaxcala. “Nosotros lo vemos como un peligro y una forma de agresión directa a los pueblos que se van a ver afectados con esta implementación de estos megaproyectos.” —Con la Guardia Nacional habrá un despliegue militar como nunca antes se ha visto en el país. ¿Se corre el riesgo de algún tipo de confrontación con las comunidades indígenas? —Siempre ha habido esa protesta de las comunidades [con la militarización]. Porque los militares lo que han hecho en las comunidades es simplemente llegar y reprimir; a las mujeres las violan, el robo… No ha traído beneficios. Entonces lo que se espera con esta Guardia Nacional, que es la militarización de todas las comunidades, es que trabajen para implementar los megaproyectos. Lo que van a hacer estos [militares] es servir al amo; no van a servir a la comunidad. Está claro. Lo hemos visto. Lo hemos vivido. Si desde arriba [el presidente] estamos viendo que la palabra que dijo y empeñó no se está cumpliendo, qué se espera con lo que se está queriendo desarrollar a través de la Guardia. Lo que creemos es que se va a militarizar para asegurar un despojo de las comunidades. 15
—Luego de haber tomado posesión en Palacio Nacional, López Obrador hizo una supuesta ceremonia indígena en la que le recibió un bastón de mando. ¿Se generó división en las comunidades o en el propio Congreso Nacional Indígena? —Hubo una confusión de algunas comunidades, o miembros, de algunos hermanos indígenas que consideraron: “Bueno, tal vez de veras va a haber ese cambio que nos están diciendo”. Sí hubo algunos que se fueron con la idea de que el cambio ya se dio: “Qué estamos haciendo acá, vámonos para allá”. Otros, pues, agarraron a los líderes, que es la forma como ha venido actuando el gobierno: de agarrar a algunos líderes que tal vez no están muy claros y que no saben lo que trae esto. Entonces, pues es normal. Siempre en estos procesos, en este caminar de una organización desde abajo, siempre va a haber gente que se va con la idea de que desde el poder podrá ayudar. Y no es cierto, porque ya estando ahí, pues ya tiene patrón y ya le van a dar órdenes de qué tiene que hacer. Entonces sí, un poco afectó, pero creemos que los que estamos y continuamos somos los que tenemos claridad de que solamente la organización y el estar firmes en nuestras comunidades, de lo que queremos, es lo que más allá nos va a hacer salir adelante. Pero, por otro lado, desde que inicio la gira por las comunidades indígenas se han sumado más comunidades al CNI. Señala María de Jesús Patrcio que siempre tuvo claro que “este caminar era un llamado”. Nunca tuvo como prinicipal objetivo recolectar votos para el pasado proceso electoral. “Un principio era denunciar toda la problemática que se vive en los pueblos. Y por eso nuestra idea era llegar a todas las comunidades, sobre todo a las más lejanas y a las que no han estado en el Congreso Nacional Indígena”. Señala que siempre la finalidad era escucharlas y darles a conocer en qué consiste el CNI: “Invitarles a que teníamos que organizarnos ante todo esto: el despojo que se está llevando a cabo; y de que tenemos que unirnos para, juntos, parar percisamente todo este despojo que está causando el capitalismo”. En ese primer recorrido Marichuy visitó 29 estados. Acudió mayoritariamente a pueblos indígenas que no tenían relación con el CNI. Aquella gira se interrumpió luego de un accidente en Baja California, en el que ella resultó lesionada junto con otros concejales indígenas y 16
en el que murió la activista Eloísa Vega. Días antes, en Michoacán, un grupo armado había interceptado e intimidado a la caravana en que viajaba. Además, la recolección de firmas requerida por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la vocera del Concejo Indígena de Gobierno apareciera en las boletas electorales avanzaba lentamente. Lo anterior porque en la mayoría de comunidades indígenas visitadas no se contaba con credenciales de elector ni con teléfonos inteligentes ni cobertura de red para “capturar” las firmas. Para nada fue una derrota, señala María de Jesús. “Para nosotros fue una ganancia haber visitado comunidades hermanas que jamás las hubiéramos visitado si no se da esa iniciativa, de ir y recorrer el país con esta propuesta, que para nosotros fue clara: no tanto de mirar arriba sino de escuchar a la gente de abajo, visibilizar esa problemática e invitar a que tenemos que organizarnos porque es lo único que puede parar todo este despojo”. —El CNI es la organización de toda historia del país que ha congregado al mayor número de comunidades indígenas. A cuáles pueblos falta incorporar. —Pues siempre nos ha dado un poquito más de trabajo con los hermanos indígenas que están en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, que consideramos que son pueblos importantes. Toda esa parte, que es donde generalmente son más reprimidos, despojados y que consideramos que es importante que caminen junto con nosotros. Un poco se han acercado y creemos que es una primera iniciativa de caminar. Lo más importante es que ellos sean el motor por allá en esas regiones para que se integren y caminemos juntos, porque nuestra lucha es a nivel nacional, no es para unos cuantos, sino para todos: así como han dicho nuestros hermanos de Chiapas. Consideramos que esa es nuestra lucha: integrar a la mayor parte de nuestros pueblos de México; que caminemos, porque juntos solamente podemos parar esto. Somos hermanos aunque estemos en diferentes regiones. Somos hermanos y tenemos ese compromiso de cuidar lo que nos han heredado nuestros antepasados para dejárselos a los que vienen atrás de nosotros. —¿Hasta dónde llegar con la resistencia? ¿Hasta dónde decir: ya no? —No, de mi parte está clara nuestra posición. Llegar hasta donde nos presten vida nuestros ancestros. Hasta ahí vamos a llegar. Hay un com17
promiso grande, lo hemos dicho y hay que seguirle hasta que tengamos vida. Si no cumplimos con lo que decimos, pues estaríamos nada más simulando también. Estamos claros, convencidos, de que nuestra lucha va a ser mientras que tengamos vida. Y que los que vienen atrás vean ese ejemplo que tienen que seguir, hasta dónde se tiene que luchar. Porque este despojo no se va a parar ahorita y tenemos que estar preparados para lo que sea. Sobre los siguientes pasos que darán el CNI y el Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús señala que ambas instancias buscarán incorporar a más comunidades. Con respecto del Concejo, “la tarea principal es llevar la palabra que dimos, que empeñamos y que dijimos que íbamos a continuar trabajando por nuestros pueblos. Entonces es seguir en eso, en la articulación de las demás comunidades y seguir apoyándonos para juntos hacernos fuertes; hacernos fuertes para detener todo este despojo y todo lo malo que se avecina para nuestros pueblos”. Por su parte, el CNI, seguirá “integrando a nuevos hermanos indígenas de otros pueblos y seguir fortaleciendo estas luchas en las regiones donde vemos que hay más temor a ser más reprimidos y hasta exterminados. Esa es nuestra lucha. Ese es nuestro trabajo. Se dijo en la Asamblea que vamos a seguir fortaleciendo este espacio como la casa de todos. Ahí vamos a seguir y a fortalecerlo desde las comunidades, desde las regiones y a nivel nacional. De esa manera estaríamos fortaleciendo al Congreso Nacional Indígena. —Acerca del Concejo Indígena de Gobierno, se había comentado que no sería ya sólo indígena ni sólo nacional –se le inquiere. —Todavía está en análisis cómo se hace esto, porque no es que decida el CNI o decidan las redes, sino que se tiene que preguntar y consultar. Y entre todos ver cuál es la manera. Sí, claro, se cree que no solamente tiene que ser el Concejo Indígena de Gobierno sino que tiene que haber más fuerzas, que sea más amplio, donde agrupe a otros hermanos que también luchan y que se sienten parte de esta lucha. Eso quedó claro luego de que acabó lo de la levantada de firmas. Vimos que quedó mucha gente que está dispuesta a continuar trabajando y seguir fortaleciendo desde donde están. Por eso se cree que el Consejo Indígena de 18
Gobierno podría ampliarse y ahí cabrían más: otros hermanos que se organizan desde las ciudades, de organizaciones y que también sienten la necesidad de estar articulando esas fuerzas para juntos poder hacer frente a todo este despojo del campo y la ciudad, porque los trabajadores también están padeciendo esos despojos y creo de esa manera estaríamos siendo congruentes con lo que dijimos en ese caminar, de que esta lucha es una lucha de todos los trabajadores: del campo y la ciudad. Como vocera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Martínez Patricio tiene algunas palabras para el presidente del República, Andrés Manuel López Obrador: “Respete a las comunidades: su forma de vida. Deje de estar imponiendo otras formas externas de protección a los capitalistas. Escuche primero la voz de dos, tres y de las comunidades enteras. Todo lo que digan. No solamente escuche lo que le conviene; no solamete escuche a los que vienen a despojar. Escuche a los que han estado por años en las comunidades, que las están cuidando y que quieren a la tierra”. Marichuy señala que “respetar a esos colectivos, a esas comunidades, esos territorios, esas aguas, esos bosques, es respetar la vida de todos, porque no solamente son de las comunidades, sino que son de todos”. No vacila, apenas se detiene para demandar: “Respeto a las comunidades. Dejen de estar despojando a nuestros territorios, porque las comunidades van a seguir resistiendo”.
Gobierno minero, resistencia indígena Raúl Zibechi - En Movimiento
Durante 68 días cientos de campesinos de las comunidades vecinas a la mina Las Bambas (Apurímac, Perú), cortaron la carretera por la que empresa estatal china Minerals and Metals Group (MMG) exporta cobre a través del “corredor minero” hasta el puerto de Matarani en el océano Pacífico. Los comuneros de Fuerabamba levantaron pequeñas chozas de paja a los lados de la vía, desde las cuales resisten a la minera para forzarla a negociar. Las Bambas se instaló en 2004 de la mano de la empresa minera suiza Xstrata Cooper pero en 2014 fue traspasada a la china MMG por casi seis mil millones de dólares. Poco después, el conflicto entre comunida19
des y empresa se dispara. En febrero de 2015, un grupo de 400 comuneros retuvo durante cinco horas a cien trabajadores y en setiembre se realiza un paro provincial con un saldo de tres muertos y 23 heridos (15 civiles y 8 policías), por enfrentamientos entre policías y comuneros. El estado de emergencia y la represión son el núcleo del repertorio estatal frente a las comunidades. En enero pasado el conflicto volvió a dispararse con enfrentamientos entre los comuneros de Fuerabamba, que dejaron 11 policías heridos y un campamento de la policía quemado. Los comuneros rechazan la construcción de una carretera que atraviesa su territorio sin haberlos siquiera consultado. La comunidad de Fuerabamba fue trasladada de lugar, ya que se asentaba justo en lugar donde se instaló la mina de cobre. Se trata de 450 familias comuneras a las que se construyeron nuevas viviendas “estilo suizo”, se las compensó con dinero y en el nuevo asentamiento (a dos kilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) cuentan con centro de salud, instituciones educativas y hasta el cementerio que fue completamente trasladado. El caso Las Bambas puede servir de termómetro de lo que sucede en todo el “corredor minero”, una carretera de 500 kilómetros que atraviesa tres provincias (Apurímac, Cusco y Arequipa) y 215 centros poblados donde viven 50 mil personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, que “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación de estados de emergencia, según la ONG CooperAcción. El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en el Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó en secreto 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que convierte a la PN en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan Estado y empresas. En una mirada amplia del conflicto minero en torno a Las Bambas, 20
sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la división que provocan los emprendimientos. El periodista Jaime Borda, director de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Por los cuantiosos recursos que manejan las empresas, los cargos de dirección en las comunidades son altamente disputados, pero además las mineras operan en las comunidades para que elijan personas afines a sus intereses. Borda concluye que en muchos casos “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Además, los terrenos comunales se parcelan y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera “es más fácil negociar con las familias que con la comunidad”. Al parecer, este es el destino que le aguarda a las regiones donde los mega emprendimientos extractivos se imponen. Toda una cultura y una historia son transformadas para favorecer al capital.
Pueblos de Oaxaca organizan tercer encuentro para hacer frente a la minería Redacción Desinformémonos
Los pueblos y organizaciones indígenas de Oaxaca anunciaron el “Tercer Encuentro Estatal: Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” para conocer la situación que impera en el ámbito minero, reflexionar sobre ella y establecer medidas y acciones colectivas “para revertir este proceso extractivo neocolonialista” en la entidad, donde gran parte del territorio ha sido concesionado sin el consentimiento de las comunidades. Destacaron que los impactos sociales y ambientales a causa de la minería en los territorios indígenas se han registrado en la Sierra Norte, 21
los Valles Centrales, las regiones de la Mixteca, el Istmo, la Sierra Sur, la Costa, el Papaloapam y la Cañada, sin que hasta el momento “ninguna empresa o autoridad” se haya responsabilizado por la violencia y los daños a la naturaleza “que producen la exploración, explotación y beneficio de los minerales”. Entre los impactos ambientales, denunciaron el derrame de desechos tóxicos en los cuerpos de agua, la muerte de peces, explosiones y polvo excesivo en toda la región, mientras que en lo social la llegada de proyectos y empresas mineras ha provocado “asesinatos, división, violaciones a los derechos colectivos fundamentales y de la ciudadanía”. Ante ello, para buscar formas de articulación y organización pacífica contra la minería, los pueblos realizarán el encuentro los días 18 y 19 de mayo en las comunidades de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez. A continuación la convocatoria completa: Las comunidades y pueblos que habitamos la región de la Sierra Juárez hemos conservado nuestra tierra, territorio y bienes comunes desde tiempos ancestrales, últimamente nuestra vida se encuentra severamente amenazada por proyectos y concesiones mineras entregadas a empresas extranjeras durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. La entrega de concesiones mineras sin el consentimiento, libre, previo e informado de los pueblos y comunidades se ha dado en gran parte del territorio del estado de Oaxaca, extendiéndose prácticamente en todas las regiones, donde los Valles Centrales y la Sierra Norte han presentado mayores impactos por la explotación de minerales. Sobre los impactos es importante mencionar al proyecto minero “San José” operado por Fortuna Silver Mines, donde han existido denuncias durante los últimos 10 años: asesinatos, división, violaciones a los derechos colectivos fundamentales y de la ciudadanía de San José del Progreso, además de impactos ambientales, cabe destacar el derrame de la presa de jales en el Río El Coyote, la muerte de peces en los principales afluentes, explosiones y polvo excesivo en toda la región. La misma situación ocurre en el proyecto minero «El Águila» y «Alta Gracia» de Gold Resource Corporation, también en los Valles Centrales. 22
En la Sierra Norte, la operación de la empresa minera Natividad produjo graves impactos ambientales sobre todo al agua, en uno de los principales ríos de toda la región, afectando a las comunidades de: Capulálpam de Méndez, San Juan Chicomezuchil, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Santiago Xiacuí, entre los más importantes. Actualmente nos preocupa en gran medida la reactivación ilegal de dicho proyecto. De igual forma la actividad minera, ha producido diferentes impactos en las regiones de la Mixteca, el Istmo, la Sierra Sur, la Costa, el Papaloapam y la Cañada, hasta el momento ninguna empresa o autoridad se han hecho responsables por los graves impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que producen la exploración, explotación y beneficio de los minerales. Ante este panorama, las autoridades agrarias, municipales y comunitarias de Santa Catarina Lachatao, Capulálpam de Méndez, Magdalena Teitipac, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, el Frente No a la Minería por un futuro de tod@s, el Centro de Estudios de la Región Cuicateca y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios convocamos a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos y barrios del estado de Oaxaca al “3er Encuentro Estatal: Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, a realizarse el 18 y 19 de mayo de 2019 en las comunidades de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez. El Encuentro tiene el objetivo de conocer la situación que impera en el ámbito minero, reflexionar sobre ella y establecer medidas y acciones colectivas para revertir este proceso extractivo neocolonialista. Durante el Encuentro realizaremos un foro de análisis y una ceremonia ancestral en el Cerro del Jaguar ubicado en Santa Catarina Lachatao, además del Festival de Tierra Caliente, a realizarse en el Paraje Agua Blanca, en la comunidad de Capulálpam de Méndez. Es importante mencionar que nuestra defensa es organizada, pacífica y por las vías legales. Para los pueblos significa ejercer la libre determinación sobre nuestros territorios porque representan nuestra forma de vida, de ellos obtenemos el aire, agua, alimentos y nuestros bienes 23
comúnes. Las comunidades y organizaciones convocantes agradecemos de antemano su entusiasta participación y les esperamos con la intención de estrechar esfuerzos en defensa de nuestros territorios. Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios Ni Oro, Ni Plata, la Minería Mata Sí a la Vida, No a la Minería De la Sierra Hasta el Desierto, ni en Túnel ni a Cielo Abierto No Queremos Anillo de Oro Ver, Queremos Tlayuda para Comer
La 4T: el vacío ante las víctimas Javier Sicilia - Proceso
Antes de su asesinato en 1938 en el Gulag a consecuencia de su poema contra Stalin, Osip Mandelstam escribió Poema del soldado desconocido. Más que una referencia a su propia muerte, como se ha querido ver, el poema habla de esa época de “muertes masivas” donde se era asesinado junto “con la multitud y el rebaño”. En sus memorias, su esposa Nadejda Mandelstam, al comentar el poema, precisa que esas muertes eran “la consecuencia de las aspiraciones criminales de hombres vacíos de cualquier substancia ‘atraídos por el boquete del aire’”, cita otro verso del poema que se refiere a las peroratas vacías de Stalin. En el México de la primera mitad del siglo XXI vivimos algo equivalente. Digo equivalente porque si bien la violencia que padecemos no es –al menos todavía– consecuencia de un dictador, sí lo es de seres vacíos, “atraídos por el boquete del aire” que el Estado abrió a fuerza de corrupción e impunidad y que la 4T, no obstante sus discursos, se empeña en mantener abierto. Al igual que a Stalin, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto la violencia, que alimentaron, y las víctimas, que produjeron, jamás les importaron. A Andrés Manuel López Obrador tampoco. No lo inquietaron 24
durante los Diálogos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec en 2012, donde, displicente ante el sufrimiento y las demandas de las víctimas, se dedicó a perorar de que él no era como los de la “Mafia del poder”. No lo preocupan tampoco ahora en que llegó a la presidencia. Una breve deferencia puramente electoral –lo sabemos ahora– lo llevó a simular su interés por la violencia y las víctimas en los Foros para la Pacificación y en los Diálogos por la Verdad, la Justicia y la Paz. Fuera de ellos, su silencio durante los cuatro meses de su gobierno ha sido ominoso. Tuvo que suceder la espantosa masacre de Minatitlán –una más de las que han sucedido en su administración–, para que, presionado por la crítica y a regañadientes, dijera algo. No palabras de indignación y compasión, como se esperaría de un hombre sensible que cita el Evangelio, sino palabras tan vacías como las de sus antecesores: “En seis meses […] esto va ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando […] los programas sociales, la Guardia Nacional y cero corrupción en los gobiernos”. Nada del niño asesinado con la saña de los imbéciles; nada de los otros niños asesinados en una masacre semejante quince días atrás en Morelos, nada de los cientos de miles asesinados y desaparecidos que la 4T heredó, ni siquiera de los casi 10 mil asesinados en lo que va de su administración. Lejos de ello, en estos cuatro meses, además de disfrazar al ejército de Guardia Nacional, despidió al 20% de los trabajadores de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV ), bajó el sueldo a quienes aún trabajan en ella y, pese a recomendaciones muy puntuales, no ha simplificado los trámites burocráticos que en la CEAV tienen a las víctimas revictimizadas. Lejos de ello, no ha dotado del suficiente personal a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos para enfrentar los cientos de fosas clandestinas que se han detectado. Lejos de ello, se ha negado crear una política de Estado integral que atienda conjuntamente la justicia y la paz. Lejos de ello, maquilla estadísticas –recordemos la confrontación con Jorge Ramos– y, en su confuso concepto del perdón, se niega a integrar una comisión de la verdad que permitiría iluminar las redes de complicidad que su boquete de aire alienta. El presidente ha reducido el tema de la violencia al silencio y, cuando –como sucedió en Minatitlán– no tiene más remedio que pronunciarse, a la banalidad de pretender resolverla en seis meses de Guardia 25
Nacional, de asistencialismo cristiano fifí y de un desmantelamiento de la corrupción que no vemos por ninguna parte. Por ello sus menciones al Sermón de la Montaña, durante la Semana Santa, suenan huecas y sus citas de las invectivas de Jesús contra los fariseos, un llamado a la violencia. Banalizada en el Twitter y en la conferencia mañanera, la razón cristiana sólo sirve para encubrir el horror, satanizar a quienes disienten y evitar que la paz y la justicia lleguen algún día. Como es costumbre entre quienes no tienen más imaginación que culpar a otros de sus yerros, dirán, junto con AMLO, que soy de aquellos que “quieren detener el avance de la Cuarta Transformación”, de los que estamos “constantemente criticando”, de los que atacamos “un día sí y al otro también”. Nada –lo sabe perfectamente AMLO y la 4T– más lejos de mí y de miles de personas que durante estos años atroces hemos puesto nuestro saber y nuestra crítica al servicio de la justicia y la paz, y hemos tenido que padecer, además del horror del crimen, los irracionales ataques de quienes, intoxicados de ideología y vacíos de sentido, sólo conocen el vocabulario del insulto y la intimidación. Si algo celebraríamos es ver en seis meses descender los índices de la violencia y aparecer la justicia. Pero lo único que AMLO nos ofrece es el desprecio frente a la violencia y el sufrimiento, la banalización del Evangelio y el abandono de la gente a esos seres que, atraídos por el boquete de aire de su política de seguridad, viven de la corrupción y la muerte. Lo único que nos ofrece en medio de la tempestad es la espantosa, frágil e infernal Balsa de Medusa. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
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Acercar el espejo a la realidad de los pueblos indígenas Magdalena Gómez
La semana pasada se realizaron en la Ciudad de México dos reuniones significativas, si bien no exhaustivas en cuanto a la representatividad del conjunto del movimiento indígena nacional en el país. Importa retomar algunas de sus reflexiones en estos tiempos de continuidad respecto a la invisibilización de los pueblos indígenas, de sus demandas colectivas y autonómicas. Del 6 al 8 de mayo , el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) organizó una reunión con integrantes de comunidades, de pueblos originarios –maya, zapoteco, ikoot, ikojt, ayuuk, nahua, totonaco, ñuu sávi, zoque, chuj, tseltal, ch’ol, lacandón, rarámuri, me’phaa, yaqui, chatino–, de 20 estados del país. El eje de reflexión fue la defensa de sus territorios y su situación ante el cambio de gobierno. Reconocieron que muchos apoyaron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y hoy su reacción generalizada, por decir lo menos, es el desconcierto, si no el desencanto. Señalaron que la amenaza , violencia y criminalización que viven, viene de atrás, con las mineras, las empresas petroleras y de gas, las generadoras de electricidad a partir de presas hidroeléctricas, termoeléctricas, generadores eólicos, y otros megaproyectos. Anotaron que si bien el Presidente declaró que no dará más concesiones mineras, no cancelará ninguna de las existentes, eso no es alivio, pues la mayoría regirán durante 50 años. En el caso de los gasoductos se ha declarado que iniciarán operaciones los que se han detenido por la acción de opositores. No se sabe que hará frente a las resoluciones judiciales favorables que se han logrado. El recuento in cluyó a los principales proyectos de este gobierno, el Corredor Multimodal Transístmico, el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, cuya afectación a la vida de los pueblos y a sus derechos está a la vista. Fue muy destacada la ausencia y/o simulación de consultas. Entre las múltiples denuncias y amenazas concretas, se destacó la próxima audiencia sobre el proceso que mantiene en la cárcel a Marco Antonio Suástegui, y al liderazgo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) en Guerrero, el cual ha estado plagado de violaciones al debido proceso y en justicia procede que se ordene su 27
liberación. Nada bueno augura para los pueblos el incremento de la militarización con la Guardia Nacional y la creciente persecución a las auténticas guardias y policías comunitarias. Ante este panorama reconocieron medidas como el rechazo a los transgénicos, al fracking y el combate al huachicoleo. Muy destacado fue el señalamiento de que los programas de AMLO están destinados a beneficiarios individuales. Esta visión fue refrendada por él en El Nayar hace tres días, donde hizo énfasis en las familias indígenas, lo cual no corresponde con lo que dijo: “Son antiguos pobladores de estas tierras, es la verdad íntima de México, la de los pueblos originarios, los pueblos indígenas”. La segunda reunión, el 9 de mayo, organizada por el Ciesas y la UAM, abordó una experiencia de contraste. El conversatorio Construyendo autonomías indígenas: las experiencias de Cherán, Ayutla y Oxchuc, con autoridades electas de los dos últimos, compartieron su complejo proceso de lucha por el reconocimiento oficial a sus formas organizativas y las medidas que han tomado para consolidar su autonomía y defender la dignidad para elegir a sus autoridades en apego a sus formas de gobierno. Cherán lleva ocho años y los procesos de Ayutla y Oxchuc son recientes. Todo un campo de contradicción con las prácticas hegemónicas oficiales. La tercera reunión no existió, no puede realizarse en Chiapas como todavía ocurrió antes de las elecciones de julio de 2018, no debemos ignorar que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus juntas de buen gobierno, ejemplo de autonomía plena, están asediadas en su territorio por militares y pese a la denuncia reciente del Centro Fray Bartolomé de las Casas, el Estado ha optado por la estrategia salinista de ni los veo ni los oigo. ¿Quién ordena estas acciones?, ¿a quién se da cuenta? Mal haremos en dejar sólo en una frase retórica, cada vez menos pronunciada, sobre el reconocimiento al parteaguas que significó para la lucha de los pueblos indígenas del país y el mundo el levantamiento zapatista el 1º de enero de 1994. El EZLN se ha pronunciado con fuerza junto al Congreso Nacional Indígena, en torno a los megaproyectos anunciados que se refieren en la reunión de Ceccam y ha cuestionado el perfil y orientación del actual gobierno como nadie. No debemos permitir que en efecto se compruebe la frase pronunciada por el subcomandante Moisés: Estamos solos. El espejo de estas líneas está incompleto sin ellos, si bien la imagen del movimiento indígena no es sólo con ellos. 28
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CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 15 de Mayo de 2019