Recopilatorio 16 de septiembre de 2020

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 1 16 de septiembre de 2020

Antigrita feminista: un sonoro llamado ante la impunidad

María Fernanda Ruiz - Vania Pigeonutt - piedepagina.mx 15 septiembre, 2020 En la víspera de la fiesta nacional, las mujeres que ocupan las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos organizan una protesta con música y baile: la antigrita, como le llaman, es una respuesta a la falta de soluciones de las autoridades En los balcones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconvertida en la Okupa Casa de refugio Ni una menos, madres gritan exigiendo justicia. A este acto de protesta le llaman la antigrita por los casos de feminicidio y desaparición forzada, sobre todo de mujeres.

Madres vinieron de Guerrero, del Estado de México, de Coahuila. “¡No estás sola!”, ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, apoyan las demás chicas, apostadas en bloque, organizadas, frente al edificio con una bandera morada feminista en la punta, desde el cual se aprecia la frase de Benito Juárez, en la entrada: “Entre los individuos y las naciones el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

Los rostros de mujeres desaparecidas y asesinadas inundan el edificio. Del balcón de en medio cuelga una bandera de México: “México feminicida”.

Una mujer, ataviada de negro con morado, sale del balcón principal. Da la bienvenida a las demás y contundente dice: “No hay mujer en este país que no haya sufrido violencia… La patria no nos representa, es la matria, la que nos acompaña y nos abraza, una matria feminista”.

Todas las calles que rodean al inmueble de República de Cuba están cerradas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Desde las calles adyacentes al Zócalo, como Moneda, Del Carmen, República de Perú, de Chile están ocupadas por policías con equipos antimotines, hasta las que conectan con Eje Central.

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Hay mucho tráfico en el Centro. Para llegar a la protesta que podría considerarse antipatriótica, se da toda la vuelta esquivando bloques de más de 20 policías.

En la Okupa está el bloque negro, chicas vestidas de negro abiertamente anarquistas a quienes arropan las mamás esta tarde. “Todas somos el bloque negro”, dice Yesenia Zamudio, mamá de María de Jesús Jaimes Zamudio, una chica asesinada a los 19 años en la alcaldía Gustavo A Madero.

Hay poquísimos hombres y los pocos -algunos camarógrafos de medios de comunicación- son abucheados en ocasiones.

“Este 15 no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, “No estás sola, no estás sola”, “Ni una más ni una más, ni una asesinada más”, son las consignas más sonadas durante todo el acto político.

La chica que da la bienvenida dice que la antigrita es una respuesta a la falta de soluciones de las instituciones. Las víctimas de violencia en México no tienen acceso a la justicia. Por eso vinieron las madres y familiares que buscan a sus seres amados hasta en la tierra. Durante varios bloques del acto de protesta hay música y baile.

Están las madres y familiares de víctimas y colectivas feministas que el 4 de septiembre okuparon las instalaciones de la Comisión, en exigencia de que emita una recomendación para que las autoridades reconozcan e implementen medidas contra la violencia hacia las mujeres.

A ellas se han sumado mujeres de Chilapa y de la Montaña de Guerrero; de Ciudad Madero, de Ecatepec, de la capital. Todas con historias de impunidad, porque este 15 de septiembre, “no hay nada que festejar”. *** Una colectiva de Texcoco lamenta la violencia policiaca que vivieron el 11 de septiembre pasado sus compañeras en Ecatepec, Estado de México, en la toma de la Comisión de Derechos Humanos 2

de ese municipio, uno de los que cuenta con la tasa más elevada en casos de feminicidio en el país. En Texcoco, dicen, hay 13 casos de feminicidio que no fueron registrados como tal, y no tiene alerta de violencia de género.

Luego, se presenta una defensora que porta una playera morada: “Somos del rincón de la Montaña de Guerrero, donde no llega la justicia. Donde hay familiares de desaparecidos y asesinados, donde son abandonados a su suerte. Soy del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, me acaban de asignar la dirección general, me llamo Teodomira Rosales, acompaño a víctimas de desaparecidos, así como desplazadas, desplazados. No necesito ser víctima para sentir su dolor, el dolor de ellas es nuestro, su dolor es nuestro”.

Habla por mujeres desplazadas, viudas por la violencia de zonas en la sierra de Guerrero. Les pide que también vayan a ese estado, que acompañen la lucha por el acceso a la justicia de estas mujeres. Cuenta su historia personal de violencia y dice que después de superar ese episodio estudió Derecho y se hizo defensora de derechos humanos. Desde allí ayuda a otras mujeres.

Después hablan madres de Chilapa que han buscado a sus hijos en fosas clandestinas.

“Ya sabemos que en nuestro estado de Guerrero impera la impunidad, la desaparición sin duda. Es una muestra, sus hijos no alcanzan a recibir educación. Cuando hay una desaparición en la familia, quedan desarticuladas. Esa es la impotencia que sentimos.

Siento el dolor de cada una de las que llega a pedir ayuda, cuando a nosotros también nos ponen trabas. Las víctimas con las víctimas no pueden, buscan a alguien que los ayude”, narra Teo ante mujeres que le gritan: “¡No estás sola”!

Hay carteles de Fuck Police. El piso se llenó de esténciles pintados “México feminista. Justicia”. Hay espuma, humos verdes. Leyendas de aborto legal ya. Los carteles pegados en el edificio: “Desde acá las pienso y acompaño”. Los avisos en las mesas: «14 de septiembre por el momento no habrá despensas. Evento antigrita 17:00 Okupa”.

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En el aire ondea una bandera verde, blanco y morado. En todo momento la bandera de más de dos metros de México feminicida ondea hasta llegar casi al piso. “¿Dónde están mis compas?”, “¿Viva Méxica!”, que es un águila con un pañuelo a favor del aborto, corriendo a un policía mordido por una serpiente, son folletos que se reparten durante la protesta.

Las mujeres cantan y corean juntas cuando sale al balcón la cantante Vivir Quintana: “Que tiemble el Estado, los cielos, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen ¡No olvide sus nombres, por favor, Señor Presidente!

Por todas las compas marchando en Reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana” Antes gritan exigiendo justicia por las desaparecidas y asesinadas al ritmo de rap, hip hop y con standups.

Durante la protesta suenan otras voces: “Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por toda America Latina. Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas que la lucha será toda feminista”. Mujeres con carteles: “¡Por qué los buscamos: porque los amamos. ¿Dónde están, donde están, nuestros hijos, donde están?”, “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.

Hay cabezas moradas, gritos potentes, pañuelos verdes. “¡Aplaudan aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche gobierno se tiene que morir! Pasan madres como Erika Martínez; voces emblemáticas durante esta toma de la CNDH como Jessenia Zamudio. Están a la venta playeras de “Nunca más nuestro silencio”, las mujeres aclaran que estos recursos han servido para traer a otras.

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Pasa al balcón Cecilia García Pacheco, quien busca a su marido, pero la CNDH no quiere seguir su caso como unitario, Luz María Guadarrama García, quien busca a su hermano desaparecido el 28 de julio de 2017 y a su prima en Guerrero. Dice al final: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Hablemos de violencia feminicida institucional Celia Guerrero - piedepagina.mx - 9 septiembre, 2020

Hablemos de violencia feminicida institucional. A propósito de la atención mediática recibida a las acciones de las mujeres que mantienen tomada una de las sedes de la CNDH, resulta prioritario intentar ver más allá de la evidente rabia y desesperación, y destacar desde una lectura feminista lo que ha llevado a las víctimas a realizar estas protestas, además de mencionar sus exigencias. Ya no solo el cómo, sino el por qué y el para qué.

Una lectura feminista tendría que mirar y señalar la magnitud de las violencias acumuladas —incluida la violencia institucional— y visualizar también las causas de fondo. Si obviamos lo anterior vamos a desperdiciar la potencia de las propias víctimas rebelándose contra quien hoy identifican como rector de esa violencia: el estado y sus instituciones feminicidas.

Comprendo el empeño en reafirmar el enojo y la furia en el llamado de atención que hacen las víctimas y las colectivas que las acompañan porque sé que parte de la empatía. Sin embargo, tendríamos que estar decodificando los múltiples mensajes detrás.

Ante los hecho, a mí me surgen inmediatamente interrogantes: ¿Cómo transcender del debate público enfrascado en cuestionar las formas? ¿Cómo esquivamos la narrativa que desde el poder buscan imponer: un “pueblo bueno y sabio” (quienes apoyan el gobierno de AMLO) contra “los conservadores” (todos los que no)? ¿Cómo redirigir la atención a lo que importa: las víctimas? ¿Cómo pueden las colectivas feministas protegerse y proteger a quienes acompañan cuando están en la vulnerabilidad más extrema?

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Es destacable la creatividad de las mujeres que ocupan la hoy renombrada Casa Refugio Ni Una Menos: cómo usaron las filias y fobias de los machos en el poder para romper el bloqueo de realidad que estos mismos maquinan. Hablo del ingenio detrás de las “ofensas” a los cuadros de sus héroes patrios; una estrategia muy eficiente para hacer llegar un mensaje al cñor que le encanta dar clases de historia en lo que disfraza de conferencias matutinas, y a su séquito; al mismo tiempo que llama los reflectores de los medios que solo voltean a ver a las manifestantes cuando destruyen algo. Bien ahí.

Pero, más allá del llamado de atención, ahora toca hablar de las instituciones locales y federales que no atienden oportunamente a las víctimas —incluida la CNDH y comisiones locales— hasta que éstas literalmente se amarran a una silla en sus instalaciones.

Qué tal echar lupa a esa gran maquinaria burocrática, no solo un tanto inútil ante los ojos de sus usuarias, sino también muchas veces revictimizante. Toca recordar que estos organismos existen para auxiliar a las víctimas en la búsqueda de justicia, y eso es precisamente lo que no están haciendo. Si la revictimización y violencia institucional no fueran la regla, otra historia sería.

Mara Muñoz, la abogada que representó a una niña víctima de violación en Zacatecas, dio una conferencia virtual el viernes pasado, en la que hizo públicas intimidaciones en su contra por dar visibilidad a irregularidades en el proceso judicial, que también decidió abandonar. El caso es complejo y paradigmático, y si quieren saber más sobre él les recomiendo escuchar su exposición.

Mi punto al traer este caso al tema toma de CNDH es que en su exposición Mara insistió en nombrar las irregularidades en el proceso judicial de la niña que representó como un asunto de “violencia feminicida institucional”. De ahí que me pareció pertinente —sobre todo después del revuelo en el tema toma CNDH— recordar que ¡la violencia feminicida institucional existe! O, en otras palabras, la violencia feminicida ha sido institucionalizada.

Esa violencia puede no consistir en un acto feminicida en sí mismo, pero lo promueve, parafraseando a Mara. Y ni qué decir del mensaje que envía a las víctimas y a quienes las acompañan: “Es 6

un contrasentido seguir exigiendo justicia a un sistema patriarcal… Las migajas de justicia que logramos arrancar siempre cuestan mucho”, dijo Mara, quien durante años ha acompañado como abogada procesos de mujeres y niñas víctimas de violencia.

El drama de las desapariciones: la impunidad que apaga las vidas Mireya Villegas Cabrera y Isael Rosales Sierra Revista Contralínea - Septiembre 2, 2020

Un día inesperado sus pasos no llegaron. Su voz se fue como en un túnel en el tiempo. El familiar simplemente dejó de comunicarse y nunca se le vuelve a mirar. El rostro quedó marchito. Nada se sabe, como si la tierra se lo hubiera tragado. Pasa un día, pasan dos, tres sin ninguna noticia; pasan las horas en vilo entre la desesperanza y la esperanza de que ande por ahí o de que llegue a la casa…

Buscas cualquier idea que ande revoloteando en el pensamiento o te imaginas algo positivo para que siga la llama de la esperanza.

Los días siguen infinitos rogándole a un Dios para volver a ver a tu familiar. La eternidad de los días pasa. Se parecen más a la desesperanza porque te sientes impotente ante la desaparición de un ser querido.

Giovanny Jaimes Contreras desapareció el 30 de agosto de 2019. Justo se cumplió un año en el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Nada se sabe de él. Ese día salió a trabajar y hasta la fecha no ha regresado. Dejó una niña y un niño al desamparo en este mundo.

“En los primeros días no quería reconocer que mi hijo estuviera muerto. Pero ahora que ya paso el tiempo y que no se sabe nada, me he resignado. Al principio, cuando sucedió la desaparición, soñé que mi hijo ya estaba muerto; esa noche sufrí tanto porque sentía una gran impotencia de no poder salvarlo de todo lo malo. Me imaginé lo que le habían hecho esas personas malas. La violencia 7

es como una máquina que tritura la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo un día pedí a mi padre Isidro, quien ya falleció, que por favor me avisara si mi hijo estaba con él. En el sueño, mi padre me dijo: ‘Tu hijo está aquí; ahí está en la ventana asomándose’. Fue entonces que me tranquilizó un poco al pensar que mi hijo estaba bien en otro lugar, que no es la Tierra. Desde aquel sueño revelador empecé un proceso de resiliencia, pese al dolor que aún sigue, ya que como madre es imposible dejar de pensar en un hijo que lo tuve en el vientre, lo vi crecer jugueteando por aquí y por allá.

El dolor es inexplicable, es la ausencia y los recuerdos que andan como tumbos de agua. Aún lo sueño.”

Vivos o muertos: es una ausencia que se habita desde el primer día que tu ser querido ha sido desaparecido, sientes su presencia.

Desde el momento en que te arrancan la vida, ese ser de las entrañas, empieza un gran camino de búsquedas y de tocar puertas con las autoridades. El sendero a recorrer es largo. El primer paso es interponer la denuncia al Ministerio Público (MP) o a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ubicada en la ciudad de Chilpancingo. La espera es eterna para que te llamen a la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas no Localizadas, donde se relata los hechos a una persona que ni siquiera crea las condiciones de privacidad porque hay otras personas que están escuchando todo, aun cuando uno no quiera.

Fue el viernes 30 de agosto de 2019 cuando Giovanny Jaimes salió de la casa como a las 10 de la mañana con rumbo a Mezcalcingo, municipio de Chilapa de Álvarez, donde le habían pedido aparatos electrónicos de Televisión. Él se desempeñaba como técnico para instalar el servicio de televisión Sky. Antes de salir dijo que llegaría el sábado en la noche. Tenía la idea de comprar una ficha de internet para comunicarse con su familia porque en la comunidad no hay señal. Llegó el domingo sin que escribiera. En la empresa para la que prestaba sus servicios dijeron que el último día de trabajo había sido el jueves. Desde que se fue a Mezcalcingo no trabajó ni vendió.

“En la denuncia que uno interpone como familiar en el MP suelen preguntar cómo iba vestido, si es alto, chaparro, flaco, gordo, si 8

tiene un lunar, ojos claros o negros, color de piel, etcétera. Luego se tiene que pasar al laboratorio para que tomen muestra de sangre del hijo, de algún hermano o padres del desaparecido para que a través del ADN [ácido desoxirribonucleico] puedan identificar el cuerpo, si llegara al Semefo [Servicio Médico Foorense].” (Mireya) Nada ocurre ahí, las búsquedas no se realizan de parte de las autoridades, quizá porque no hay una empatía hacia el otro ni la sensibilidad humana. Al final las personas desaparecidas son un número más en las estadísticas. No se avanza en las investigaciones y toda la historia del desparecido queda archivada.

En medio de la incertidumbre y la angustia no falta el terror infundido por los grupos de la delincuencia organizada. Empiezan las extorciones, llegan mensajes por medio del Facebook a los parientes más cercanos del desaparecido. Frases como “tenemos a tu hijo, ¿no lo quieres ver?, está de chillón”, acompañados de palabras anti sonantes. Dejan pasar meses y vuelven a mandar mensajes en el mismo sentido, pero esta vez pidiendo dinero, supuestamente para entregar al familiar que tienen en sus manos los captores. Abundan las amenazas de que conocen a tu familia y saben dónde vives. Es un miedo que entra en todo el cuerpo como un escalofrío, atraviesa el alma y entra en la mente cual cincel golpeando contra una piedra, te pones a pensar que debes de irte de tu casa. Abandonar todo. Sales a la calle volteando a los lados pensando que te están vigilando, que de pronto te atravesará una bala, quieres dejar todo lo que has construido a nivel familiar, pero decides no salir. Se apaga la vida de los vivos. La impotencia que se siente es desesperante, no puedes salir a buscar al familiar porque todo es peligroso. Llegan las sombras, los días son noches eternas. ¿Dónde lo buscas? ¿Cómo lo buscas? ¿A quién puedes acudir para que te ayude? Es cierto que hay autoridades encargadas para las búsquedas y la investigación, pero la realidad es otra. Los familiares estamos solos. Al transcurrir del tiempo uno va a asimilando la situación y aprendes que no estamos exentos de este terror que se vive aquí y en otros lugares del mundo.

Poco a poco se va asimilando esta pesadilla. El dolor de las madres, padres, hijos, hijas y hermanos recorre sus cartílagos. Se siente una infinita tristeza de no saber nada de los hijos, hijas y 9

padres que, por sólo salir a comprar tortillas al mercado, a ver a la novia o novio, irse de fiesta, salir a trabajar, desparecieron. No se tiene ni un consuelo porque no hay un cuerpo para darle la santa sepultura, como es costumbre. A su paso está la otra tragedia, porque se dejan a hijos o hijas sin una imagen paterna o materna; los niños, niñas y adolescentes sufren la pérdida, algunos salen ilesos, otros solo extrañan o se guardaran para ellos mismos los recuerdo y sentimientos. El monstro de la tristeza sigue.

En esta tesitura, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con el Colectivo Luciérnaga, familiares buscaron eco este domingo 30 de agosto en el Día Internacional de la Desaparición Forzada para alzar la voz y hacerse escuchar. Un familiar dio su testimonio: “El 6 de enero de 2016 desapareció mi hermano de 16 años de edad, no entiendo por qué, es un niño. Salió a la calle a poner una recarga de celular y ya nunca regresó. Como tres días estuve buscando a mi hermano en las colonias, en los cerros y barrancas con unos amigos. Me dicen que se lo llevaron. Es muy difícil perder a un ser querido, cuando los desaparecen uno sufre porque no sabe nada del paradero, ¿dónde están?, quién sabe qué le pasó, si está vivo o está muerto” (Testimonio de la hermana de Fredy Aparicio Calixto, desaparecido).

“Soy parte del Colectivo Luciérnaga. A raíz de la desaparición de mi padre, un 24 de junio de 2017, a 3 años de su desaparición no hay nada. El lugar donde ocurrió era público, transitado, se encontraba un módulo de seguridad. Acudimos a las instancias correspondientes, pero no encontramos solución, dijeron que iban a investigar, pero la investigación se paró. ¿Qué pasó con nosotros como familia o como hija? El miedo a seguir hablando se nos quitó. Después de un tiempo considerable y estrechar solidaridad con otras familias, fue una esperanza para nosotros alzar la voz porque de cierta manera todo fue muy irresponsable por parte de las autoridades, como si no fuera una persona la que desapareció. A raíz de la desaparición del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, nos animamos a formar el colectivo, así emprendimos búsquedas colectivas para encontrar a nuestros familiares y tuvimos más esperanza. Para mí, como hija, la esperanza sigue viva; yo lo quiero encontrar vivo o muerto. Tlachinollan nos ha acompañado en este dolor tan grande” (Testimonio de la hija de César Sierra León, desaparecido).

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La humanidad se vuelve apática ante estas situaciones. Ignora el problema de la violencia, cuando tener un ser querido desaparecido es un dolor sin forma. Hemos aprendido a vivir en el terror, en las telarañas del poder y en medio de las balas de los grupos delincuenciales. Se ha normalizado la violencia, los asesinatos aumentan y las desapariciones continúan. En el país hay más 73 mil personas desaparecidas, según datos oficiales, mientras en el estado de Guerrero se sabe que en la Guerra Sucia de la década de 1970 se tiene memoria de más de 500 personas desaparecidas.

Mireya Villegas Cabrera* e Isael Rosales Sierra** *Esposa de desaparecido; integrante del Colectivo Siempre Vivos **Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Disfrazarse de mexicanidad Yásnaya Elena A. Gil - El País - 15.9.20

La etiqueta “cultura mexicana” esconde muchas otras culturas de las que el país toma elementos para construirse a sí mismo. Las personas que buscan un disfraz mexicano para estas fechas ignoran el nombre de los pueblos indígenas que lo crearon y portaron durante siglos. ¿Será que ser mexicano o mexicana está realmente vacío de contenido cultural?

Durante mis primeros años de escolarización, en los que aprendí español como segunda lengua, recuerdo en particular una anécdota. El profesor de quinto año de primaria nos explicaba en español, mientras nosotros bromeábamos en mixe, que las palabras para referirse a un animal cambiaban según el sexo y la edad, de tal modo que para referirse al mismo animal era necesario usar palabras distintas dependiendo si era macho, (en cuyo caso se decía “caballo”) hembra (“yegua”) o, si era muy joven, se necesitaba de una tercera palabra (“potro”). A esas alturas yo sólo conocía la palabra “caballo” y la usaba para nombrar una variedad de equinos, así que me intrigó mucho saber por qué se necesitaban palabras radicalmente distintas para el mismo animal. ¿Por qué “caballo”, “potro” y “yegua” son palabras que suenan tan distinto, aunque se refieren al mismo animal? No hay nada en las carac11

terísticas fonéticas de éstas que nos dé una pista de que se trata de la misma especie. Durante horas revisamos casos similares y después, vara en mano, el profesor nos hizo preguntas sobre ese nuevo léxico.

Esta misma sorpresa me causó saber, años después, que todas las palabras que en mixe utilizamos para las partes de una mata de maíz no existían en español o, si existían, eran préstamos de lenguas como el náhuatl. A una amiga de la Ciudad de México le expliqué algo que para mí era obvio, que el elote tierno se llama “yäw” y que el elote ya maduro (pero que aún no es mazorca) se llama “xo’oxy”, dos palabras fonéticamente muy distintas porque distinguen a un elote de otro dependiendo de su etapa de crecimiento. Para ella, claro, ambos eran un “elote”.

En la cultura occidental, los equinos han tenido una importancia fundamental a través de la historia, son culturalmente relevantes y hasta el día de hoy recordamos los nombres propios de equinos históricos como uno que vivió hace aproximadamente 2 300 años llamado Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. La relevancia cultural de los caballos para la cultura occidental —y la intensa convivencia con ellos— se refleja de algún modo en el léxico de las lenguas indoeuropeas como el español, que consideró necesario utilizar las tres palabras distintas que tanto me inquietaron hace años: caballo, yegua y potro. Esto mismo sucede con el maíz para las lenguas mesoamericanas. La cercanía cultural con el maíz que durante milenios ha existido entre las sociedades de esta región del mundo, se refleja en el léxico que nos provee de palabras distintas para nombrar el mundo y la cultura del maíz, palabras diferentes para las partes incluso más pequeñas de una mata, que en otras lenguas lejanas solo serían nombradas por una, tal como yo quería utilizar “caballo”.

De algún modo, para mí, “caballo” era un monolito sin diferencias internas mientras que, para otras lenguas, el elemento léxico “maíz” engloba lo que yo en mixe llamo moojk, yäw, xo’oxy, kojk, por mencionar algunas. Si el sistema léxico de las lenguas fueran lentes, podríamos decir que alumbran con mayor detalle aquello que ha sido histórica y culturalmente más pertinente para las sociedades que las hablan.

En estos acercamientos pienso cada vez que se habla de la cultura mexicana. Cada vez que se acercan estas fechas en que el fervor 12

patriótico se incrementa, se despliega una serie de manifestaciones que tienen el objetivo de celebrar la “mexicanidad”. Cada año leo en redes sociales intenciones y esfuerzos por conseguir un “disfraz mexicano” o para “vestirse de mexicana” en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias, con prendas que pertenecen a pueblos indígenas específicos, pero que se leen como parte de la cultura mexicana. Pero vayamos al punto inicial: ser mexicano o mexicana está vacío de contenido cultural, es decir, no existe un solo rasgo cultural que sea común a todas las personas que son mexicanas.

Mexicana es una persona que nació y creció en Lituania pero que después de varios años de vivir en este país pudo ser reconocido oficialmente por el Estado; mexicana es también una niña menonita que sólo habla la lengua plautdietsch, también mexicana una persona yumana que rara vez consume maíz y una mujer gitana que se comunica generalmente en romaní; mexicanos son las personas afrodescendientes, mexicanos son los hijos del presidente de la República así como mexicanos son los niños que pertenecen a la comunidad libanesa y a la comunidad sefardí en el país; incluso hay personas que han vivido la mayor parte de su vida en otro lado del mundo y que son reconocidos legalmente como mexicanas.

Todo esto revela que no hay ninguna característica cultural, ni una sola, que compartamos todas las personas mexicanas, no hay generalización cultural posible. El rasgo [mexicano] no es más que un estatus legal, significa que un país llamado Estados Unidos Mexicanos te reconoce como parte de su población y que por lo tanto estás sujeto a su marco legal.

Dado que el estado necesitaba generar un discurso cultural e identitario como Estado nación, asoció elementos culturales a ese estatus legal. Al hacerlo, tomó elementos de aquí y de allá de la gran diversidad cultural de los pueblos y naciones de este territorio para crear un estereotipo que ahora puede habilitar la frase “vestirse de mexicano” para las fiestas patrias. Estos estereotipos se han inculcado a través de la educación escolarizada y a través de los medios de comunicación, a través del nacionalismo que nos hace creer que, más allá del rasgo legal [mexicano] y sus implicaciones políticas y legales, sí tenemos una cultura en común, una sola, pero no es así. El nacionalismo dota de contenido cultural 13

a una situación legal por medio de la creación de estereotipos.

Otra consecuencia de esto es que, a pesar de compartir por fuerza un Estado nación durante más de 200 años, el discurso nacionalista que glorifica lo mestizo, realiza algo que en memoria de mi confusión infantil he bautizado como el “efecto caballo”, contra la diversidad cultural de este país. Las diferencias y la diversidad cultural de los pueblos y naciones quedan subsumidas en la categoría “cultura mexicana”: el huapango de Moncayo, los voladores de Papantla, los huipiles chinantecos o los tenangos de Doria pierden sus especificidades culturales para formar parte de una masa homogénea que refiere a la “mexicanidad”. Lo mexicano convierte en un monolito la diversidad y particularidad de las culturas de este territorio, así como durante mi aprendizaje del español yo pretendía ocultar las especificaciones del léxico de los equinos bajo la etiqueta “caballo”.

A pesar de una convivencia continua de más de 200 años, la etiqueta “cultura mexicana” oculta las otras culturas de las que ha tomado elementos y hace que las mismas personas que buscan un “disfraz mexicano” para estas fechas, ignoren información básica, como el nombre de los pueblos indígenas que habitan este territorio. Aún es complicado que las personas no indígenas conozcan la ubicación y las características lingüísticas de las naciones que quedaron encapsuladas dentro de este Estado.

Así como el sistema léxico de una lengua alumbra con mayor detalle aquello que es relevante cultural e históricamente para la sociedad que la habla, el nacionalismo es un lente que, por el contrario, funciona como un dispositivo que borra la diversidad y coloca en una categoría homogénea una blusa bordada de una comunidad mazateca, que un huipil amuzgo de Xochistlahuaca o del traje tradicional de las mujeres zapotecas de Juchitán. Esto tiene como consecuencia que en el imaginario sea irrelevante saber a qué pueblo y cultura pertenecen cada una de estas manifestaciones textiles. Bajo los lentes del nacionalismo, estas prendas se convierten tan solo en una manifestación cultural de la mexicanidad y revela que, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, los pueblos indígenas y la diversidad cultural no son relevantes para el Estado mexicano y no solo eso, que el discurso cultural de la mexicanidad existe porque los oculta.

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No es frenar, es cancelar las concesiones mineras Daliri Oropeza - piedepagina.mx - 15 septiembre, 2020

Aunque el presidente ha reiterado desde que inició su sexenio que no dará más concesiones mineras, la Dirección General de Minas informa que ha otorgado por lo menos 21. Actualmente el 30% del territorio está concesionado a empresas privadas. La señal de alerta se encendió en varios pueblos por el incremento de las exploraciones en sus territorios. La minería no suspendió actividades durante la pandemia ¿Cómo llegué a la conclusión de que es una falacia lo que repite AMLO en su conferencia de “no habrá más concesiones mineras”?

Entré a una de esas reuniones virtuales que ahora son cotidianas.

En ella, encontré a representantes de muchos pueblos y organizaciones, académicos e investigadores comunicando y expresando que urge encender una alerta: la minería se acelera. Contaron sus experiencias ante esta imparable industria, que se tornó voraz. ¿En qué momento se tornó voraz?

Durante el sexenio de Salinas había menos de 3 mil concesiones.

Con Fox La Secretaría de Economía (SE) otorgó 12 mil 652 concesiones más, equivalentes a casi 8 millones de hectáreas. Con Felipe Calderón, esta misma secretaría dio 11 mil 616 concesiones adicionales. Parecen menos, pero equivalen a 22.1 millones de hectáreas, el doble del territorio. La sumatoria es de por lo menos 31 mil concesiones, equivalentes a 56 millones de hectáreas. El 30% del territorio nacional.

Y, aunque AMLO dice que no han dado ni darán más concesiones mineras, rasqué en el CartoMinMex (Mapa de la Cartografía Minera en México de la Dirección General de Minas de la SE). Allí hay registradas por lo menos 21 concesiones desde diciembre de 2019, fecha en que López Obrador tomó posesión, a febrero del 2020 (es la última actualización). Los estados involucrados son Zacatecas, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Estado de México, San Luis Postosí, Chihuahua.

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El abogado ñuu savi Francisco López Bárcenas expuso en esta reunión virtual un análisis con datos de las investigaciones que realiza.

“En 10 años se extrajo más mineral del país que en los 300 años de la colonia”, asegura. La minería antes de 1992 —detalla— estaba en el lugar 65 de las actividades económicas de México.

Ahora está se encuentra en la cuarta posición, solo después de la industria automotriz, la petrolera, las remesas y, después de la minería, el turismo.

López Bárcenas es investigador adscrito al programa de Agua y Sociedad y al programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Tiene más de dos décadas de investigación sobre la minería.

En su exposición detalló que el ascenso de la minería como actividad económica fue drástico desde la firma del Tratado de Libre Comercio duarnte el Salinismo, al grado de ser considerada ahora como actividad preferente. Y en la pandemia no paró. Varias habitantes de pueblos con minas lo reportaron. En México, esos 10 años son el equivalente a las últimas dos generaciones que, prácticamente, son afectadas por esta actividad y pierden sus tierras, su tejido social, su salud.

Recalcó que por lo menos 5 mil concesiones están en territorios de los pueblos indígenas. Representan el equivalente a 28 millones de hectáreas o el 17% del territorio. Más de la mitad del territorio concesionado.

Uno de los problemas más graves es que las empresas mineras pueden hacer lo que quieran como su propiedad o concesión, reitera el abogado Lopez Bárcenas. A esto se suma la especulación que realizan. Es -explicó- como apostar en la bolsa de valores, como si fueran de ellos el territorio y los minerales, sin que realicen actividad minera, solo por la titularidad de la concesión. Recordó que las concesiones duran 50 años, pero son prorrogables.

“El negocio minero no necesariamente pasa por la explotación y la extracción de minerales, pasa sobre todo por la especulación.

Un minero puede pagar solo 125 pesos semestrales por hectárea, 16

no importa cuanto mineral va a sacar”, recalca Francisco, al detallar los pocos réditos que tiene esta actividad para el país. A esto suma que hay 833 proyectos en exploración y 81 en operación o producción, 35 en desarrollo y 52 en suspensión.

Pueblos como Los Chimalapas, denuncian los recientes intentos de exploración minera en su territorio. A su vez, los ejidatarios guerrenses denuncian la devastación provocada por las minas a cielo abierto como Carrizalillo.

López Bárcenas recordó que son 207 empresas Canadienses y 48 estadounidenses las que tienen concesiones en el país. Otras empresas son del Reino Unido, Japón y China.

La cuestión no es solo dejar de dar concesiones, sino impedir que las ya otorgadas no se vuelvan una amenaza a la vida del 30% del territorio. ¿Cuántas veces se debe repetir una falacia para que sea verdad?

Chile, 11 de septiembre de 1973: la traición de tres generales

Marcos Roitman Rosenmann - La Jornada - 9 de septiembre de 2020 A las 7:15 AM del 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende se despide de Hortensia Bussi, su esposa, y abandona la casa presidencial, calle Tomás Moro 200. Destino La Moneda.

Tras mil días de asedio, la burguesía chilena, los partidos políticos de la derecha y el gobierno Nixon-Kissinger rompen la función no deliberativa de las fuerzas armadas. Entre el 29 de junio de 1973, fecha del putsch fracasado, y el 11 de septiembre no descansan. La Contraloría General de la República, en manos de la Democracia Cristiana, declara parcialmente inconstitucional el decreto que conformaba las tres áreas de la economía, social, mixta y privada.

El 8 de julio, los presidentes del Senado, Eduardo Frei Montalva, y la Cámara de Diputados, Luis Pareto, democristianos, redactan 17

un comunicado subrayando que el gobierno “pretende imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza”. A continuación, el colegio de abogados manifiesta que se ha roto el ordenamiento jurídico. El 27 de julio, la ultraderecha asesina al capitán de navío y edecán del presidente, Arturo Araya Peeters. El 5 de agosto, marinos son torturados por denunciar las maniobras de golpe, y el 22 de agosto la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redacta una carta subrayando: “Es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, (…) violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho”. A continuación hace un llamado explícito a las fuerzas armadas, “que en razón al grave quebrantamiento del orden institucional […] les corresponde poner de inmediato término […] con el fin de […] asegurar el orden constitucional de nuestra patria”.

Un día antes, el 21 de agosto, mujeres de Poder Femenino, militantes de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y Patria y Libertad, acompañan a esposas de generales a la casa del comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, profiriendo insultos, tildándolo de cobarde, solicitando la intervención de las fuerzas armadas para derrocar el gobierno constitucional. Al día siguiente, el general Prats presenta su dimisión. En la carta se lee: “Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban, habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, he estimado un deber de soldado, de sólidos principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina y de la dislocación del estado de derecho, ni de servir de pretexto a quienes 18

buscan el derrocamiento del gobierno constitucional […] he estimado un deber de soldado presentarle la renuncia indeclinablemente de mi cargo de ministro de Defensa Nacional, y a la vez, solicitarle mi retiro absoluto de las filas del ejército, al que serví con el mayor celo vocacional durante más de 40 años”.

Guillermo Pickering, comandante de las escuelas militares, y Mario Sepúlveda, comandante de la segunda división (Santiago), generales con mando en tropa, renuncian en solidaridad con Prats.

El director general de carabineros, José María Sepúlveda Galindo, se mantiene firme. Estará con el presidente en La Moneda, el 11 de septiembre. El subdirector Jorge Urrutia y los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas tampoco se pliegan al golpe, los alzados recurren a un general mediocre, sexto en la cadena de mando, César Mendoza. En la Armada, su comandante, Raúl Montero, será retenido en su casa. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery, el capitán René Durandot y el teniente Horacio Larraín, constitucionalistas, son separados del mando; se autoproclama jefe de la armada Toribio Merino.

En La Moneda, Joan Garcés relata su percepción de Allende tras la declaración de los golpistas: “Resumo el comunicado de la radio […] aparece firmado por Leigh y Merino, pero también por Mendoza, que se autodenomina director general de Carabineros, y por Pinochet. No hace ningún comentario. Estamos solos. Toma el teléfono y pronuncia una breve alocución por radio. […] Son las 8:45. De pie, la mano sobre la mesa de trabajo, repiqueteando los dedos, la mirada perdida en la distancia, Allende se limita a decir a media voz: ‘Tres traidores, tres traidores’”.

Mendoza, un general rastrero, se autonombra; Merino secuestra al comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero, y Pinochet, un cobarde que el domingo 9 de septiembre juró lealtad en la residencia presidencial, se pliega al putsch. Pinochet debía activar el Plan Hércules, dispositivo antigolpe, el 11 de septiembre. Allende convocaría a referendo. La Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la patronal son informados. Brady, general golpista al mando de la guarnición de Santiago, tras la renuncia del general Sepúlveda, garantiza la movilización de la tropa. El golpe será el 11 de septiembre.

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El ejército y la aviación bombardean, toman ministerios, medios de comunicación, fábricas, sedes de los partidos y universidades. Se inicia la detención y asesinato de dirigentes y militantes de la Unidad Popular. La tiranía se cierne sobre Chile. Hoy, la rebelión popular iniciada en octubre de 2019 puede abrir las grandes alamedas, cerradas durante décadas. Un referendo constituyente puede acabar con la Constitución pinochetista, Allende está presente.

Triage social, el nuevo panóptico

Raúl Zibechi - La Jornada - Viernes 11 de septiembre de 2020 Las ciencias deberían ser un servicio a los pueblos, sobre todo los más castigados y que luchan por su sobrevivencia. Sabemos que están al servicio de la acumulación de capital y de poder, por eso debemos congratularnos de un trabajo que echa luz sobre los nuevos mecanismos de dominación.

Me refiero al trabajo “La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla” (https://bit.ly/338XwWK), de Tamara San Miguel, estudiante de maestría de sociología jurídica, y Eduardo Almeida, estudiante del doctorado en sociología y antropología.

Ambos mexicanos de Puebla.

A mi modo de ver, el aspecto más interesante del trabajo es el que hace referencia al triage social, el mecanismo por el cual el sistema ordena y jerarquiza quiénes deben salvarse y quienes deben morir: si no hay respiradores suficientes, “alguien” decide quiénes tienen prioridad. Lo mismo respecto a las camas hospitalarias y a todos los servicios saturados.

Ese “alguien” son los algoritmos, definidos en este trabajo como “un sistema al que se ingresa información y del que se obtienen respuestas”, en formato de instrucciones que se siguen de manera mecánica para obtener ciertos resultados. También son “una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre”, y a la vez reforzar la dominación.

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El problema es que los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas y dilemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica “que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no sirve”. Cuando se abordan cuestiones éticas, el algoritmo supone “aplicar rutas mecanizadas para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos”.

No es ninguna casualidad que el triage surgiera en el seno de las fuerzas armadas, al igual que el panóptico como explicara Jeremías Bentham y desarrollara Michel Foucault. Con tanto éxito que no sólo se aplicó en el diseño de cárceles, sino en las fábricas, hospitales, escuelas y en todos los espacios donde la sociedad capitalista necesitaba disciplinar a la clase trabajadora.

En efecto, el concepto de triage (de la palabra francesa trier, clasificar o separar) fue aplicado por vez primera por el jefe de la Guardia Imperial de Napoleón para “evaluar y clasificar la atención de los soldados heridos en batalla”. Décadas después fue adaptado por el cirujano de la Armada británica, para “la clasificación de aquellos que no recibirían atención por no tener posibilidades de sobrevivir, aún con tratamiento”. De ahí se trasladó al plano de lo social y al conjunto de la sociedad.

Ahora que los poderosos decidieron gestionar la escasez, provocada artificialmente como sucede en los hospitales por la privatización o la falta de inversiones en buena parte del sistema sanitario, el triage social que ya se venía aplicando cobra una dimensión nueva.

San Miguel y Almeida sostienen que así como las burocracias gestionaron quiénes eran descartables por irrecuperables durante la guerras napoleónicas, “en el triage social, a los descartables, las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a los recursos; si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve invisible para el ‘bien mayor’”.

Ese bien mayor puede ser, como hemos visto estos meses, considerar ciertas actividades económicas como “esenciales”, decidir “qué sectores favorecer con programas públicos, es decir qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia”.

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Decidir a quiénes se deja morir y qué sectores de la economía se deben sostener, no es ni más ni menos que lo que estamos viendo ante nosotros. La pandemia permitió hacer más visible, o inocultable, este sistema de muerte que determina “quienes tienen la calidad de ciudadanos acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiados merecedores de ayuda humanitaria, y quienes quedan como zombies, muertos vivientes, condenados a las formas más precarias de supervivencia o a morir en el olvido”.

El trabajo que comento y cito tiene otras virtudes sobre las que no puedo explayarme, como los derechos humanos durante la crisis en curso, que merecen comentarios más detallados. Por ahora basta con mostrar cómo el triage social conlleva un algoritmo, que permite a los Estados “justificar moral y técnicamente las consecuencias de decisiones éticas complejas” que hacen a la vida, la muerte y la supervivencia de las poblaciones.

Recomiendo la lectura de un trabajo que nace de la indignación militante, ética y política, y que busca desnudar los nuevos mecanismos de opresión y control de poblaciones y pueblos, parar mejor luchar contra ellos.

En América Latina, la acción paramilitar y el narco, que estos días despliega el terror desde Chiapas hasta el Cauca colombiano, la sostienen algoritmos que, en algún momento, debemos develar.

Un trabajo al que Tamara y Eduardo, como otros adherentes de la Sexta, podrán contribuir.

Covid y vacunas transgénicas

Silvia Ribeiro* - La Jornada - Sábado 12 de septiembre de 2020 La persistencia de la pandemia de Covid-19 ha desatado una carrera desaforada por lograr una vacuna, el enfoque más estrecho. Las epidemias siempre son un momento de alza para la voraz industria farmacéutica, hiperconcentrada en 20 grandes trasnacionales que controlan la mayoría del mercado global y que no están interesadas en la salud, sino en sus ganancias (https://tinyurl.com/y67zqdx2).

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Éstas aprovechan la oportunidad de que los gobiernos, urgidos por encontrar una fórmula rápida para salir del estado de crisis pandémico y el hartazgo de la población, están dispuestos a aportarles enormes recursos públicos –dinero, conocimientos e instalaciones públicas– y a relajar regulaciones y evaluación de inocuidad de las vacunas.

Se desarrollan a ritmo acelerado vacunas altamente experimentales, la mayoría transgénicas, con mecanismos de acción en nuestro organismo sobre los que existen grandes incertidumbres y muchos riesgos. Para las trasnacionales, es una bonanza inusitada poder experimentar masivamente, con cobertura y dinero públicos, en tecnologías similares a las terapias génicas en humanos, cuya investigación quedó restringida luego de provocar serios daños y hasta casos de muerte en sus inicios (https://tinyurl.com/yyy25o6y).

Según la Organización Mundial de la Salud, al 9 de septiembre había 35 vacunas para Covid-19 en estudios clínicos (en fases uno a tres de prueba en humanos) y 145 en estudios preclínicos. De las primeras 35 en prueba, 17 se basan en técnicas de ingeniería genética no probadas antes en humanos. Esas vacunas transgénicas han tomado mayormente tres enfoques: uno que usa un plásmido (pequeña molécula circular de ADN) como vector para introducir ADN en nuestras células, un segundo que introduce ARN directamente en las células y un tercero que introduce ADN por medio de un virus, que a su vez es manipulado con ingeniería genética para que no pueda replicarse.

Las vacunas convencionales se basan en insertar un virus muerto o atenuado (que supuestamente no infecta), que causa una reacción del sistema inmunológico, el cual aprende así a reconocer ese tipo de virus y previene futuras infecciones. Las vacunas transgénicas, en cambio, introducen ADN o ARN foráneo en nuestro organismo, donde codifican para crear una proteína similar a las del SARS-CoV2, utilizando nuestros propios recursos celulares, por ejemplo, para crear una proteína S o espiga (las “espinas” que forman una corona en el virus). Si funciona, ésta sería reconocida como ajena por nuestro sistema inmunológico, que produciría anticuerpos para prevenir próximas infecciones.

La forma de acción de esas vacunas de hecho nos convierte en transgénicos, al menos temporalmente, porque no es una proteína 23

foránea ante la cual nuestro sistema reacciona (como las anteriores vacunas), sino que manipula a nuestro organismo para crear el supuesto enemigo a atacar.

En el tercer grupo de vacunas transgénicas (vectores virales no replicantes) se encuentran, entre otras empresas, las de Johnson y Johnson (Estados Unidos), CanSino Biologics de China y Sputnik V de Rusia, con las que México se comprometió a aportar voluntarios para la experimentación en humanos en fase tres.

También se basa en esa técnica la vacuna en desarrollo de AstraZeneca, en cuya producción masiva participarán Argentina y México, financiados en parte por la Fundación Carlos Slim. El gobierno de México acordó también participar en las pruebas de fase tres con Walvax, China, que desarrolla una vacuna transgénica basada en ARN, y con la empresa Sanofi-Pasteur, que desarrolla otro tipo de vacuna, basada en introducir pequeños trozos (subunidades) de proteínas.

Según señalan expertas en vacunas y biólogos moleculares, hay riesgos serios con estos productos transgénicos. Por ejemplo, una vez introducido el ADN o ARN en nuestras células para crear la proteínas S, no está claro cómo se detendrá la producción de ese antígeno ni qué efecto tendrá la presencia continuada del ADN/ ARN sintético en las células, que además, en el caso de las de ADN, llega con un promotor génico muy activo.

Tampoco está claro qué células se verán afectadas, más allá de las objetivo, si las proteínas o el ADN introducido entra en el sistema circulatorio y llega a otros órganos. Los receptores ACE2, que son los que habilitan a las proteínas S a entrar en las células, existen en riñones, pulmones y testículos, lo cual podría provocar respuestas inflamatorias graves, reacciones autoinmunes u otros efectos desconocidos.

En experimentos con animales, este tipo de vacunas transgénicas han producido procesos inflamatorios severos y lo que llaman “respuesta paradójica”: el organismo ataca a otros virus presentes en nuestro cuerpo (todos los seres vivos convivimos con virus y bacterias naturalmente), produciendo inflamación y otras sintomatologías dañinas.

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Los tiempos de evaluación de las vacunas que se están manejando no contemplan apreciar más que riesgos a corto plazo, pero las reacciones adversas pueden surgir posteriormente, por lo que los procesos de aprobación de vacunas llevan varios años, que ahora no se consideran.

Al mismo tiempo, no se toman las acciones necesarias para cambiar las causas de las pandemias –desde el sistema alimentario agroindustrial a la destrucción de la biodiversidad (https://tinyurl.com/ycfcksva)–, aunque existen múltiples advertencias de que hay otras pandemias en cierne. Parece ser el mayor experimento transgénico masivo en humanos y quienes ganarán son las trasnacionales farmacéuticas, que lucran con las causas y con la continuación de las pandemias. * Investigadora del Grupo ETC

Chiapas, el regreso de Paz y Justicia

Luis Hernández Navarro - La Jornada - 15 de septiembre de 2020 El terror regresó a Tila, Chiapas, de la mano del resurgimiento del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Uno tras otro, se suceden ataques armados, asesinatos, cercos y todo tipo de agresiones contra los 836 ejidatarios que recuperaron sus derechos territoriales.

Entre 1995 y 2000, Paz y Justicia asesinó en la zona norte de Chiapas a más de 100 indígenas choles, expulsó de sus comunidades al menos a 2 mil campesinos y sus familias, cerró 45 templos católicos, atentó contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, hurtó más de 3 mil cabezas de ganado y violó a 30 mujeres.

Equipados con armas de alto poder, los paramilitares controlaron caminos, administraron recursos públicos y ocuparon curules.

El grupo civil armado contaba con el apoyo del general Mario Renán Castillo, jefe de la séptima Región Militar. El vocero castrense confesaba –según escribió Jesús Ramírez Cuevas– que “esa organización es un orgullo del general” (https://bit.ly/3mik0gy).

Días antes de que el militar dejara el cargo, fue despedido por los 25

líderes de Paz y Justicia, con palabras de agradecimiento cómplice. “Nunca lo olvidaremos, señor. Todo lo que usted hizo por nosotros, obliga a la gratitud”, le dijeron.

Paz y Justicia fue actor central en la guerra de baja intensidad que el gobierno de Ernesto Zedillo orquestó contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Buscó controlar territorialmente el estratégico corredor que comunica las Cañadas chiapanecas con Tabasco y descarrilar, por medio de la violencia, el proceso autonómico chol.

El 2 de julio de 1997, el gobierno chiapaneco acordó entregar a Desarrollo, Paz y Justicia 4 mi­l lones 600 mil pesos, “para impulsar proyectos agroecológicos y productivos”. El documento fue firmado por los jefes paramilitares, el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro y Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno del estado. El general Mario Renán Castillo lo signó como testigo de honor ( Masiosare, 21/12/1997).

Más allá de sus vínculos militares, la iniciativa para formar Paz y Justicia provino de las asociaciones ganaderas de Salto de Agua.

Se fundó en marzo de 1995. Sus operadores políticos fueron dirigentes priístas de Tila. Según un informe del CDHFBC (https://bit.ly/3mhvTn9), Salto de Agua, Palenque y Playas de Catazajá son, en la Zona Norte de Chiapas, los municipios en los que mayores propiedades privadas existen y en los que ejidos y comunidades agrarias representan el menor porcentaje de la propiedad de la tierra.

Su principal jefe, hoy preso pero antes diputado del PRI, Samuel Sánchez Sánchez, explicó que la creación de Paz y Justicia obedeció a la “radicalización en la orientación de los simpatizantes de zapatistas y perredistas en los ejidos y comunidades (de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá)”.

Sus integrantes eran parte de Solidaridad Campesino-Magisterial (Socama), organización originalmente formada por parte del equipo dirigente de la sección 7 del SNTE proveniente del grupo Pueblo, encabezada por Manuel Hernández, Jacobo Nasar y Pedro Fuentes, 26

y un grupo disidente de la CNC, dirigido por Germán Jiménez.

El grupo, que tomó su nombre del sindicato polaco Solidaridad, se vinculó estrechamente con luchas campesinas en la entidad. Sin embargo, comenzó su deriva progubernamental, a raíz de la detención de sus principales líderes en 1986. Con la llegada de Carlos Salinas a la Presidencia se convirtió en el relevo de las organizaciones campesinas oficialistas y, a partir del levantamiento zapatista de 1994, en incubadora de grupos paramilitares (https://bit.ly/3hvViWq).

La reconstitución de los choles como pueblo y la construcción de su autonomía tiene tras de sí una larga historia. Una historia que, en su fase “moderna”, abarca la lucha por la terminación del mosojüntel (“el tiempo en que fuimos mozos”), contra la opresión kaxlana y de las grandes compañías productoras de café, la reforma agraria cardenista que permitió la recuperación de la tierra, el regreso a la producción campesina de básicos, la formación de una iglesia autóctona, la organización de cooperativas cafetaleras para apropiarse del proceso productivo, el levantamiento zapatista, la lucha electoral (1994 y 1995), la reconquista de los ejidos y la formación de gobiernos autónomos.

Al comenzar el nuevo siglo, Paz y Justicia cayó temporalmente en desgracia. Primero se pelearon entre sí por los recursos económicos. Luego, algunos de sus dirigentes fueron detenidos. Sin embargo, lograron recomponerse en la región con la cobertura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En los hechos, quienes han atacado al ejido Tila son el ex presidente municipal Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, hermano y sobrino respectivamente de Samuel Sánchez Sánchez, que continúa preso. También, el actual alcalde Limbert Gutiérrez Gómez, del PVEM, así como el delegado regional de Paz y Justicia, y el secretario técnico del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Óscar Sánchez Alpuche, asociado a Ismael Brito Mazariegos, secretario de Gobierno de la entidad (https://bit.ly/3mjT93S).

La reactivación de Paz y Justicia en el norte de Chiapas y su política de terror no son un hecho aislado. Otros grupos parami27

litares han resurgido en Chenalhó, Chilón, Oxchuc y Ocosingo inmediatamente después del anuncio zapatista de la expansión de sus gobiernos autónomos y su rechazo a la construcción del Tren Maya. La guerra de contrainsurgencia continúa.

Twitter: @lhan55

Operación Huexca

Magdalena Gómez - La Jornada - 15 de septiembre de 2020 El pasado 10 de septiembre, en la conferencia mañanera, el Presidente de la República anunció su decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos que se había quedado suspendida, dijo, por demandas de campesinos, de los habitantes de las comunidades de esa región. Argumentó el monto de la inversión y el beneficio con energía eléctrica para todo el estado de Morelos a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No se trató de un anuncio improvisado. Tras señalar que “se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay problema legal; se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia”. Sin mencionar ni por equivocación el asesinato del líder opositor Samir Flores, mucho menos alguna referencia a la ausencia de investigación y, por tanto, de justicia, procedió a dar la palabra a dos funcionarias y dos funcionarios para detallar lo que yo denomino como Operación Huexca.

En primer lugar, la secretaria de Gobernación amplió la mira de la mera termoeléctrica y se refirió al Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste, indicó, en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros. Sobre la llamada consulta ciudadana de 2019, explicó que votaron por el proyecto 60 por ciento, y por ello algunos ejidatarios se inconfor28

maron y presentaron diversas demandas de amparo, alegando que el proyecto implicaba la disminución del caudal de riego que utilizan para sus tierras. (No sólo ese argumento está en los amparos.)

Y continuó: en dos asuntos de todos los que se interpusieron se consiguió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos. Sin embargo, el gobierno ofreció periciales que motivaron el sobreseimiento de los mismos tanto por el juez de distrito y confirmado por el tribunal colegiado de circuito, ya que no hubo una afectación de los derechos de los ejidatarios. Con base en ello –dijo–, Conagua procedió a otorgar permisos a la CFE para continuar con el proyecto.

En seguida la ex subsecretaria de Gobernación y hoy directora del Banco de Bienestar, literalmente habló en plata para mostrar los “acercamientos”, primero con ejidatarios, después con autoridades de Asurco que tenían dudas, y se instaló la mesa de diálogo.

Afirmó “que se está considerando para 2020 y 2021, 125 millones de pesos en obras que definitivamente van a generar mayor productividad y desarrollo social. Son 32 ejidos y 14 propiedades rurales.

Estas obras van a iniciar ya a la brevedad”. Por su parte la directora de la Comisión Nacional del Agua ponderó los peritajes de hidrología forense a través de especialistas contratados por Unesco, cuestión por cierto ajena a sus funciones. Indicó que se atendieron sus recomendaciones. Mientras el titular de CFE ponderó que “la planta tiene la virtud de consumir gas y la CFE podrá aportar electricidad con la energía más limpia que existe en el país”.

Ninguna referencia al gasoducto interestatal a las faldas del volcán. El broche de oro correspondió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien se refirió al impacto de inversión en Morelos del Programa de Mejoramiento Urbano que estará trabajando en 10 municipios, entre ellos, el de Cuautla; esto, en la zona inmediata a la termoeléctrica. La respuesta inmediata del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT) fue señalar que están vigentes seis suspensiones contra el PIM, detallaron los 15 amparos activos y como derecho de réplica solicitaron una hora 29

de diálogo sobre el PIM en ese mismo espacio y con la presencia de representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuerte respondieron al plan en curso para dividir a las comunidades: “Son cínicos de decir que se han reunido con los afectados, que se les están ofreciendo máquinas y apoyos para que acepten el proyecto, sólo se han reunido con la mesa directiva de Asurco, y eso se llama compra de conciencias, corrupción; no se han reunido con los afectados, se están reuniendo sólo con las cúpulas, con las directivas corruptas que desde el inicio han apoyado el proyecto a cambio de recibir dinero”.

Concluyeron, el PIM es una afectación a pueblos indígenas nahuas por su gasoducto, por las dos termoeléctricas y el acueducto.

Ciertamente no será en una mañanera donde se dirima lo que corresponde a la necesaria rearticulación del movimiento opositor y de sus estrategias jurídicas.

Quién se acuerda de la emblemática frase de Álvaro Obregón: “Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”. ¿Ahora sólo se dialoga?

Nos están matando

Raúl Zibechi - Desinformémonos - En Movimiento - 14 sep 2020 El grito resuena en todo el continente. Se mezcla con el torrente de los ríos, vuela encima de las cordilleras, se interna en los vericuetos de las metrópolis y sigue andando más allá de los poblados. “Nos están matando”, se escucha una y otra vez en la inmensa geografía que va de las calles resistentes de Portland a la villas de Buenos Aires, de las ardientes de Bogotá a las favelas de Rio de Janeiro, pasando por las comunidades de Tila (Chiapas) y del Cauca colombiano. “Nos están matando”.

El brutal asesinato de un abogado en Bogotá, por el delito de violar la cuarentena para comprar alcohol, disparó la rabia contenida de las 55 masacres durante lo que va de 2020, sumadas a la 30

desesperación de semanas de cuarentena, desocupación y hambre.

En apenas tres días de revuelta, hubo 11 muertos reconocidos, 72 con heridas de bala y un reguero de balazos disparados por uniformados impunes para contener lo inevitable.

La rabia de jóvenes y jóvenas se llevó alrededor de 70 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, 47 de ellos quemados y el resto destruidos. No es justicia, que no la habrá, sino rabia, bronca, enojo multiplicado por millones. No la habrá porque los crímenes de los policías pasan a la justicia militar, como sucedió con Dilan Cruz, asesinado en una manifestación pacífica de estudiantes en noviembre pasado.

Qué decir del Cauca, donde este año hubo ya cinco masacres y los paramilitares operan a sus anchas. El 11 de setiembre, Oliverio Conejo Sánchez, coordinador del Programa de Salud del Cabildo Indígena de Totoró, y su hija Emily de 22 años, fueron interceptados en la carretera y asesinados por pertenecer al Consejo Regional Indígena del Cauca, que enarbola el lema “Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra” (https://bit.ly/3kdRI58).

En Chile el Ministerio del Interior informó que entre el 18 de marzo y el 7 de julio Carabineros y la Policía de Investigaciones detuvieron a 51.439 personas, a lo que debe sumarse las detenciones por toque de queda que son otras 43.157. Es casi el doble de todas las detenciones practicadas durante el periodo anterior, comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, que afectaron a 27.432 personas y 2.431 por toque de queda, en plena revuelta con millones de personas en las calles.

Esto indica que aprovechan la pandemia para descerrajar una represión feroz sobre los sectores populares que resisten el modelo neoliberal. La “nueva normalidad” es más represión y violencia que, según los datos de la propia Fiscalía, se verifican mayoritariamente en las zona sur de Santiago, foco de concentración de pobreza, y en la zona centro, escenario de las movilizaciones.

En Argentina la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) viene denunciando una escalada represiva que 31

se ha cobrado alrededor de cien víctimas durante la pandemia, bajo las modalidades de “gatillo fácil”, muertes bajo custodia policial y otras modalidades. Son 6.000 asesinados en “democracia”.

Luego de la asonada policial del 9 de setiembre, cuando los uniformados se manifestaron armas en mano frente a la quinta presidencial y la vivienda del gobernador de Buenos Aires, en una supuesta demanda de aumentos salariales que fue atendida por el gobierno de Alberto Fernández, la represión siguió creciendo en los barrios populares.

El relato de Miguela, pobladora de la villa Ciudad Oculta, que la Policía le mató a su hijo Damián en diciembre de 2019, lo dice todo: “La cosa está muy picante en el barrio, no dejan a la gente ni ir a comprar. El otro día agarraron a unos niños que iban al kiosko, los pararon, los tocaron por todo el cuerpo y les pusieron el arma en la cabeza. Uno de los chicos tenía tres años” (https://bit.ly/35yTr0N).

Un artículo aparecido esta semana en Le Monde Dilomatique, sobre la asonada policial, revela para qué está la policía: “De los 90.000 policías, alrededor de un 75% son suboficiales. Muchos de estos subordinados entienden que el trabajo de sus jefes es “recaudar”; así lo dicen: “un comisario es un recaudador” (https://bit. ly/3ivjSbg). Dicen que la violencia policial se incrementó porque ya no cuentan con los ingresos de la “caja negra”, porque sus negocios los frenó la pandemia. Bronca policial que pagan los pobres.

En Tila el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno denuncian el asesinato de un compañero, “cuando el grupo paramilitar Paz y Justicia junto con personas allegadas al Ayuntamiento municipal, atacaron con armas de grueso calibre a la población de Tila que, por acuerdo de la asamblea general, se dirigía a liberar los bloqueos que estos grupos habían instalado en los accesos a la cabecera del ejido para cercar a nuestro pueblo” (https://bit.ly/2ZDRxIC).

Como señala el periodista Hermann Bellinghausen: “Pueden cambiar los gobiernos, pero la guerra de contrainsurgencia en 32

Chiapas contra los pueblos no termina, y a juzgar por los acontecimientos de los últimos meses en las montañas de los territorios mayas, en 2020 empeoró a una escala hace años no vista” (https://bit.ly/33sAVEM).

Mientras con una mano envían paramilitares contra los pueblos, con la otra, la Cuarta Transformación amenaza centros de derechos humanos, medios de comunicación y organismos civiles que se oponen al Tren Maya y a otros mega proyectos. Sus nombres quedarán grabados a fuego en la memoria popular, al igual que los asesinos de Emiliano Zapata. Los gobiernos duran menos, mucho menos que la memoria de abajo.

“Nos están matando”. Un genocidio recorre todos los rincones de nuestra América. Los pueblos resisten, resistimos. Como sucede en Bogotá, donde el CAI del barrio Suba-La Gaitana fue incendiado y sobre sus ruinas los vecinos crearon una biblioteca popular que bautizaron como “Nuevo Centro Cultural Julieth Ramírez”, el nombre de una joven de 18 años asesinada con disparos de arma de fuego el 9 de septiembre. Luego la policía tapó el rostro de la joven, empezando por sus ojos, todo un símbolo.

Más tarde, los vecinos retornaron al lugar y reconstruyeron los daños (https://bit.ly/3hqWquF).

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RECOPILATORIO CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 16 de septiembre 2020