CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 17 de julio de 2019
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Desencuentros
Gustavo Esteva - La Jornada - 15 de julio de 2019 “Fantasía”, “cosa de risa”, dijo el Presidente cuando La Jornada le preguntó por sobrevuelos rasantes en tierras zapatistas. “Están mintiendo”, reaccionó, cuando se le informó que los había documentado el Centro Fray Bartolomé de Las Casas. Al comentarle que no acostumbra hacerlo argumentó que “a veces la ideología obnubila”. Parecía que el Presidente no habría ordenado los sobrevuelos, lo que era buena noticia. Pero hay otras dos posibilidades, también graves: si no mentía, lo ignoraba. Unos días después envió desde Guadalupe Tepeyac uno de sus acostumbrados mensajes de amor y paz. Expresó su respeto al zapatismo y la necesidad de unirse, a pesar de las diferencias. Subrayó que él había elegido la vía pacífica electoral y que no es como quienes lo precedieron; no va “a reprimir a las comunidades indígenas”. ¿Habrá enviado este mensaje a sus propios equipos, a quienes ordenaron los sobrevuelos y agreden a los zapatistas creyendo quedar bien con él? Si fue para los zapatistas, está fuera de lugar. El EZLN optó por la insurrección armada cuando todos los caminos pacíficos estaban cerrados. Desde el 12 de enero de 1994; sin embargo, escuchando a la sociedad civil, se ha negado a usar sus armas, incluso ante ataques de grupos paramilitares y organizaciones afines al gobierno. No volvió a ellas cuando el gobierno se levantó de las mesas de negociación en San Andrés e incumplió los acuerdos suscritos por ambas partes y respaldados por la comisión multipartidaria del Congreso. La distancia que no reconoce AMLO es de otra índole. Los zapatistas, como el CNI, son abiertamente anticapitalistas. Para los pueblos el problema no es la falta de inversión, como supone AMLO, sino el acoso, la explotación y el despojo que esa inversión, pública o privada, practica en los pueblos. Los zapatistas y el CNI no optan por la vía electoral, ni siquiera con el CIG y Marichuy, que tuvieron y tienen otra función. Saben que el gobierno y los aparatos estatales están al servicio del capital privado. 1
Los zapatistas aprenden en cabeza ajena. Han visto resultados de los gobiernos “progresistas” de Sudamérica, con caminos muy similares al de AMLO. Junto a cierta redistribución del ingreso hacia los más pobres y alguna rectoría del Estado, celebran acuerdos con el gran capital y realizan megaproyectos catastróficos para los pueblos y la naturaleza, como el caso muy sonado del TIPNIS en Bolivia. En México, el Istmo ilustra ese camino. La Secretaría de Hacienda prepara un Plan Maestro para facilitar la inversión privada. Según declaró el responsable del proyecto, los parques industriales se harán en terrenos ejidales para que sus propietarios “no se queden nomás mirando cómo pasa el progreso y el desarrollo sin que se les incluya”. Se generarán empleos ( La Jornada, 24/4/19). Sabemos bien qué clase de empleos e inversiones. Las maquiladoras ya fracasaron en otras partes de Oaxaca. La gente no sacrifica sus modos propios de vida, en que pueden tener dignidad, autonomía y aprovechamiento sustentable de los dones de la tierra, a cambio de salarios infames y condiciones miserables de trabajo. AMLO y los funcionarios se han atrevido a decir que el gobierno ya obtuvo el respaldo de la gente para sus proyectos. Bajo el lema “El Istmo es nuestro”, 50 organizaciones los refutaron. Rechazaron el proyecto mismo y las consultas, ampliamente descalificadas. AMLO no conseguirá la unión que busca si se niega a escuchar a quienes se oponen a su peculiar idea del progreso, que constituye en realidad un regreso a modelos y prácticas que ya fracasaron, aquí y en todas partes, salvo para unos cuantos. Y éstos, por cierto, se enfrentan ahora al Presidente, desde una posición tan miope como reaccionaria. ¿Quiénes están contra él? Se rebelan académicos, funcionarios, atletas o policías que pierden prebendas. Se quejan los afectados por el desorden y la ineficiencia de las campañas por la austeridad y contra la corrupción o de nuevos programas. Gritan restos de partidos para dar señas de vida. Pero el ataque cada vez más violento, concertado y agresivo viene de los grandes capitales, que no quieren ser tocados ni con el pétalo de una rosa y exigen subordinaciones tan abyectas como las de Fox, Calderón o Peña. No perdonan el aeropuerto o el 2
fin de las condonaciones fiscales. No está claro hasta dónde llegarán para someter por completo a AMLO… o para sustituirlo, usando incluso las armas. No parece tener mayor eco la posición de quienes pensamos que es indispensable enfrentarlos a fondo. Debemos deshacernos de ellos, para poder reconstruir la sociedad desde las ruinas que dejaron y siguen produciendo; no es asunto de personas sino de relaciones sociales. No desconocemos las consecuencias de hacerlo en las actuales condiciones del mundo. También sabemos que no es posible hacerlo desde las estructuras de gobierno. Es un camino que sólo puede recorrerse a ras de tierra, con plena conciencia de los riesgos y de que no hay otra opción. gustavoesteva@gmail.com
El Presidente en Guadalupe Tepeyac
Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo - La Jornada - 13 de julio de 2019 En 1993 la comunidad deGuadalupe Tepeyac, en la selva Lacandona, recibió la visita del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien tenía información de que una guerrilla germinaba en esas tierras y mandó construir un hospital para restarle base social al movimiento. Era la primera vez que un presidente visitaba estos pueblos y el acontecimiento no fue motivado por una genuina preocupación acerca de la salud de los tojolabales, sino por la posibilidad de que le estropearan la obra cumbre de su sexenio: el Tratado de Libre Comercio. Nada le salió bien al ex presidente. Derramó dinero que los indígenas recibieron con una gran sonrisa, pues después lo invertirían en el levantamiento para el que trabajaban desde 10 años antes. El 30 de diciembre de 1993 empezaron a bajar a los pueblos los y las insurgentes. Un punto de encuentro fue justo Guadalupe Tepeyac, y directo al hospital se trasladó el subcomandantePedro para pegar en los cristales la Primera Declaración de la Selva Lacandona, proclama de 10 puntos con la que se dio a conocer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 3
Seis presidentes de la República han pasado desde entonces… Y el sexto, el actual, se apersona sin diálogo de por medio para hacer presencia en el hospital creado por Salinas, con un discurso reconciliador apartado de la realidad de esas comunidades a las que los gobiernos sólo han llegado con despensas, láminas, granjas de pollos y fertilizantes. También con dinero en efectivo, promesas y balas. A esta comunidad regresó sin vida el subcomandante Pedro la mañana del primero de enero de 1994. La primera baja de un ejército insurgente que emprendía un camino sin retorno. Pedro y el actual subcomandanteMoisés abrieron a la guerrilla esta cañada, comunidad por comunidad, familia por familia. De aquí el nombre del municipio autónomo San Pedro de Michoacán, que sigue siendo. El Presidente sabe que no fue a cualquier pueblo y que aunque durante un cuarto de siglo los gobiernos se han dedicado a dividirlos y castigar su rebeldía, no será con una mano tendida que se acabe un movimiento, porque no están “peleados” con él, sólo no son lo mismo, ni los mismos. www.desinformemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Dos mundos distintos
Francisco López Bárcenas -La Jornada - 11 de julio de 2019 En la entrevista al Presidente de la República publicada el día primero de julio pasado en este diario, cuando los entrevistadores preguntan si no habría de consultar con los pueblos indígenas sobre la construcción del Tren Maya él contesta que ya se está haciendo; los periodistas insisten y le recuerdan que los afectados han denunciado que esas consultas no se ajustan a los estándares internacionales; entonces él afirma que sí se está haciendo y cuando le dicen que hay mucha inconformidad por la manera en que se llevan a cabo, muestra su desacuerdo con ellos. “No coincido contigo”, le dice al entrevistador. “He estado allá. He escuchado su voz. Por eso hablaba de dos mundos distintos, porque yo he sometido a consulta, dicen los conservadores a mano alzada …” Por la tarde de ese día, al informar de los resultados de siete meses de trabajo, sobre pueblos 4
indígenas sólo dijo que se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que el dinero de los programas sociales ya está llegando a las comunidades. Siete meses son poco tiempo para evaluar la administración de un gobierno que llegó al poder con un fuerte apoyo popular, en mucho derivado de sus promesas de campaña de cambiar las políticas neoliberales que tanto han afectado a las clases populares, entre ellas los pueblos indígenas; pero es tiempo suficiente para conocer las bases sobre las cuales fincará su trabajo en los próximos años. En ese sentido, llama la atención que en su informe a los mexicanos, como actividad importante sólo haya mencionado la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que en estricto sentido no se trata de la creación de una institución, sino de la transformación de una ya existente y que de acuerdo con sus atribuciones legales realizará las mismas funciones que aquella realizaba. Lo mismo puede decirse de los programas porque aunque éstos sean distintos siguen siendo asistencialistas, como lo eran los que se sustituyen con ellos. Pero el Presidente está contento con lo logrado. De las consultas, que se han convertido en un mecanismo para la defensa de sus territorios y sus gobiernos propios, dos derechos ampliamente vulnerados por muchas décadas y que se siguen vulnerando en la actual administración, afirma que no es cierto, que sí se están llevando a cabo como ordenan las normas internacionales de aplicación obligatoria en nuestro país y que quienes lo niegan viven en otro mundo. No estoy seguro si lo dijo en serio o en broma, pero dio en el clavo. Los derechos de los pueblos indígenas no se resuelven adecuando instituciones indigenistas para que atiendan sus necesidades o adecuando programas asistenciales que resuelven sus necesidades inmediatas pero desatienden las causas de ellos. A estas alturas del tiempo, donde llevamos casi medio siglo debatiendo sobre la naturaleza de los derechos de los pueblos indígenas, parece ocioso seguir insistiendo en que éstos no son derechos para pobres, sino colectivos, de pueblos, que existen como los individuales o los de minorías y que muchos países, entre ellos el nuestro, se han comprometido a respetar y garantizar su ejercicio. Para que estos derechos sean una realidad no se requiere de una institución que 5
atienda las necesidades de los indígenas, sino una reforma del Estado en la cual se abra espacios a los pueblos para que directamente puedan ejercer su derecho a la autonomía, al uso y manejo de los recursos naturales existentes en sus territorios, al respeto y fortalecimiento de sus propios gobiernos, a diseñar sus propios programas de desarrollo. Sí, se trata de otro mundo, hasta ahora invisibilizado, discriminado y excluido. Entre los pueblos indígenas es costumbre que los primeros 12 días del año se dedican a predecir lo que sucederá en todo el año, un mes por día, atendiendo a los cambios del tiempo, lo que les permite ir planeando sus actividades, que después irán ajustando dependiendo de si acertaron o no. En esa misma lógica podríamos equiparar estos siete meses de gobierno como la primera semana del año, esperando que para diciembre ya podamos contar el año completo. Si eso fuera posible podríamos afirmar que las señales que se ven predicen tiempos turbulentos, marcados por políticas que los pueblos rechazan porque atentan contra sus derechos, porque en los encargados de las políticas hacia ellos no se ve voluntad de tomarlos en cuenta en serio. Porque no se acepta que su mundo es otro distinto al dominante y hay que valorarlo para construir el país que queremos. Esa sí sería una verdadera transformación. Inmediatamente después el desprecio por la sociedad civil organizada y una especie de política para los pueblos y comunidades indígenas que consiste en querer hacer todo por los pueblos originarios, pero sin los pueblos originarios. Lo que diga el dedito presidencial y sus consultas a mano alzada.
Consulta para la reforma sobre derechos de los pueblos indígenas: la 4T y los Acuerdos de San Andrés Por TOR | EL TORITO - Número 34, Año 6, Julio, 2019
El 3 de junio el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organismo gubernamental encargado de atender los asuntos relacionados con los pueblos originarios, emitió la convocatoria a la 6
Consulta para la Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas, el día 13 del mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Mediante esta convocatoria el gobierno federal busca “recibir opiniones, propuestas y planteamientos, sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la Iniciativa de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.” Con la Reforma Constitucional el gobierno de la 4T busca, según sus términos, armonizar la legislación vigente en diversos órdenes nacionales e internacionales y recuperar los acuerdos de San Andrés, firmados entre el EZLN y el gobierno federal en febrero de 1996 y traicionados desde entonces por todos los partidos políticos y poderes del Estado mexicano. Para ello ha echado a andar este proceso de consulta mediante la realización de una serie de foros regionales. Se buscarán realizar poco más de 50 foros en diversas regiones del país a lo largo de julio y un foro nacional a inicios de agosto. Es una obviedad, pero vale la pena insistir que son los pueblos los que con sus acciones, palabra y silencio, responderán a este mecanismo implementado por el gobierno federal, aquí sólo enunciamos algunos elementos de esta Consulta que van contra el pretendido reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Lo primero que cabe mencionar es la insuficiencia de la “etapa informativa” en la que supuestamente se brindaría información a los pueblos y comunidades sobre la consulta, sus fechas, lugares y contenido de la misma. En la etapa llamada “deliberativa” la realización de los foros ha carecido de la planeación necesaria para hacerlos no sólo efectivos, sino realmente espacios consultivos, los tiempos de los pueblos no han sido respetados y se imponen fechas apresuradas y espacios muchas veces alejados de las comunidades, sin respetar los lugares en los que los pueblos procesan sus discusiones, en muchos casos sus asambleas comunitarias. Para muestra sólo un botón, mientras la consulta fue anunciada el día 3 de junio, ya para el 21 de junio se realizaron los primeros Foros Regionales, en tan pocos días parece imposible el proceso de información, debate, diálogo y toma de consensos que cada pueblo lleva para la construcción de su voz colectiva. 7
Esta situación nos recuerda lo que pasó entre agosto y noviembre del año pasado, con los Foros por la Pacificación Nacional, que buscaban escuchar e integrar las propuestas de organizaciones y familiares de víctimas para delinear una política de seguridad que pusiera en el centro a la gente, y que al final, terminaron no sólo siendo un desastre logístico y organizativo, sino privilegiando la visión oficial que no contempló las propuestas de las víctimas, y en su lugar estableció una estrategia militarizada de seguridad con la Guardia Nacional al centro. Parecería que la urgencia por hacer las cosas y las consecuentes fallas y errores es sello de este gobierno. Al menos en el caso de los pueblos indios, ello no puede verse como fruto de las ansias de “cumplir lo prometido”, antes bien parece ser la prisa por imponer ya un marco regulatorio que despoje a los pueblos de la que fue hace décadas una de sus principales banderas, una reforma constitucional en derechos y cultura indígenas que les permita ejercer su autonomía. La autonomía es el centro del problema. Muchos pueblos indígenas, tras la traición del Estado mexicano al no respetar los Acuerdos de San Andrés, han ejercido y construido su autonomía por la vía de los hechos, el ejemplo más avanzado de ello, pero no el único, son las comunidades zapatistas en Chiapas. Hoy día, tras décadas de neoliberalismo, con la aprobación de leyes que afectan a los pueblos, el Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, la reforma al 27 constitucional de Salinas, las siguientes reformas a leyes como la de bienes nacionales, la ley de aguas, la ley minera, etc., se ha creado un marco regulatorio y constitucional que hacen imposible la aplicación de lo alcanzado en los Acuerdos de San Andrés. Si el gobierno buscará hoy día su aprobación, tendría que echar atrás todo ese entramado legal, sin embargo no hay visos de ello, por el contrario, el despojo mediante el uso de esas leyes está a la orden del día para la ejecución de proyectos como el Corredor Transístmico, el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos, las concesiones mineras que asolan el país y demás megaproyectos que afectan a pueblos y comunidades indígenas, a esto habría que sumar las consecuencias de la guerra contra el pueblo y la milita8
rización del país, todo lo cual obliga a repensar la actualidad o no de lo firmado entre el gobierno federal y el EZLN hace ya 23 años. Con la Consulta en curso el gobierno de la 4T busca legitimar los procesos de despojo y la avanzada contra los pueblos y sus territorios, sin embargo, como algunos compañeros del CNI han afirmado, el derecho a la consulta, incluso con las características que define el Convenio 169 de la OIT, es decir, una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, es un derecho secundario, que puede servir como herramienta de lucha y organización, pero que no sustituye el derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. No se trata que los pueblos indígenas puedan ser consultados sobre cómo el gobierno impondrá proyectos que los afectan, que escojan entre si este o aquel proyecto debe acabar con su organización comunitaria y sus modos de vida, que se use la consulta para imponer decisiones que ya se han tomado; antes bien, se trata que sean los pueblos mismos quienes definan qué hacer en sus comunidades y territorios, qué modelo de desarrollo piensan más conveniente para sí mismos, qué proyectos ejecutar y cuáles no. El derecho a la autonomía es el principal, el derecho a la consulta es secundario. En los foros regionales que el gobierno ha organizado, se ha hecho presente la demanda de la autonomía, incluso la necesidad de derogar una serie de leyes neoliberales que atentan contra la existencia misma de los pueblos. Veremos si el gobierno federal en verdad está dispuesto a escucharlos y ejecutar lo que los pueblos mandaten. Por ahora lo que se observa es un presidente que en días pasados fue a Chiapas y desde ahí llamó al EZLN a la unidad, sin mencionar siquiera alguno de los agravios que pueblos indios y comunidades zapatistas han recibido en estos meses de 4T. Ninguno de los compañeros asesinados en Guerrero o Morelos, ninguna de las agresiones militares y paramilitares que comunidades en Oaxaca, Colima y Chiapas han sufrido, ninguno de los presos indígenas en Sonora o Chiapas fue mencionado por el Presidente; ni siquiera los logros en educación, justicia, salud, por nombrar algunos, de las comunidades zapatistas merecieron mención alguna. Todo indica que el llamado al diálogo y a la unidad que se escuchó en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, se quedará en eso, palabras. Ojalá que no sea así. 9
Sí se puede: mujeres derrotan la minería a gran escala Raúl Zibechi - En Movimiento 15 julio 2019 - desinformemonos.org
El proyecto minero Río Blanco, en la provincia de Azuay, sur de Ecuador, de la empresa china Ecuagoldmining, lleva un año paralizado por la resistencia comunitaria y, muy en particular, por la acción de las mujeres. La comunidad de Río Blanco pertenece a la parroquia de Molleturo, a una hora de la ciudad de Cuenc,a en el Parque Nacional Cajas, un ecosistema de páramo donde se multiplican los nacimientos de agua y se contabilizan casi 300 lagunas. La mina fue concedida por el gobierno de Rafael Correa que la consideraba parte de cinco proyectos estratégicos para el país. En este yacimiento existen 605.000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata, con una producción estimada de 240 mil toneladas de mineral al año. La vida útil está calculada en once años. Entró en funcionamiento en 2016 en un acto presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glas, hoy preso por corrupción. La empresa viene provocando enfrentamientos entre y dentro de las comunidades mediante la compra de líderes, la utilización de seguridad privada que genera violencia y cuenta con protección policial y militar. Desde agosto de 2017 se registra una fuerte movilización de las comunidades de la zona de Rio Blanco, con acampes de comuneros a la entrada al campamento minero. El 8 de mayo de 2018, los comuneros organizados quemaron gran parte del campamento de la mina, instalaciones y maquinaria incluidas, aplicando una decisión de decenas de comunidades de la zona. Instalaron un puesto de control que impide el acceso de las volquetas y de todo personal de la empresa permitiendo el tránsito solo para los pobladores de esta zona. La justicia aceptó una demanda de las comunidades y paralizó el proyecto.  10
En la ronda donde la comunidad San Pedro de Yumate va explicando su historia de resistencia, a casi 3.000 metros en tierras húmedas semi-tropicales, las mujeres son las más activas. Desde mamá Laureana, partera de 74 años que asistió más de 200 nacimientos, hasta jóvenes como Yoana, de 20, que carga a su pequeña que quiere integrarse a la ronda. “Ya no confiamos en los hombres”, dice una de las comuneras. Explica que cuando las comunidades de Kimsacocha, la otra gran resistencia en la provincia, organizaron un referendo para decidir sobre el proyecto Loma Larga, el 86% se pronunciaron en contra. Se votaba en mesas de varones y de mujeres. Las primeras lucían raleadas y el voto contrario osciló entre el 50 y el 60% de las papeletas. En las mesas de mujeres, se registraron índices negativos que superaron holgadamente el 80%. Ellos sueñan con trabajo. Ellas con preservar la vida. Algo similar sucede en la ronda que se va formando en torno al fogón. De los 30 integrantes, casi 20 son mujeres. Ellas se afanan moldeando la masa, armando empanadas y dorándolas en aceite hirviendo, mientras otras cocinan agua de hierbas. En una esquina de la ronda, los varones hablamos, explicamos, analizamos y en ocasiones decimos lo que debe hacerse. Ellas ni nos miran, sólo hacen lo importante, dejando el parloteo a los varones. Uno de los mayores de la comunidad reconoce: “Nosotros vamos atrasito de ellas, nomás”. Ellas son las “pachamamas”, como se nombra a las integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, creado hace más de una década con mujeres de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui y Molleturo (a la que pertenece Yumate), y también de la ciudad de Cuenca. Ellas son la punta de lanza de la lucha en defensa del agua. Uno de los “analistas” que nos juntamos en una esquina, explica quenla lucha de estas mujeres comenzó en realidad hace 23 años y las más activas, el núcleo del combate, son las comadronas, porque conjugan autoridad simbólica y saberes ancestrales. En este campamento, debajo de los plásticos negros que protegen de la humedad y la lluvia, un joven de sombrero rojo y nombre Paul 11
explica que en dos meses comenzará a funcionar el “colegio autónomo Río Blanco”, con docentes voluntarios, porque “las empresas utilizan las escuelas para adoctrinamiento minero”. Asegura que la autonomía es el camino, que lo aprendió en un lugar lejano de nombre Chiapas, donde se dirigió luego de escuchar, durante noches heladas, el mensaje de las lagunas del páramo de Cajas.
Niños en armas ¿último recurso frente a la inseguridad?
Leonel Rivero - Cotidianidades - 9 julio 2019 - desinformemonos.org “Un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres de su patria luchará.” (Fragmento de la canción Quincho Barrilete) autor Carlos Mejía Godoy La difusión en internet de videos en los cuales se observa a un grupo de niños del poblado Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, estado Guerrero, realizando ejercicios militares y declararse listos para luchar y defender a su comunidad de las acciones del crimen organizado, conllevan un alto impacto social y ponen en evidencia el nivel de inseguridad que prevalece en esa zona sometida al asedio de los grupos de la delincuencia organizada como Los Rojos y Los Ardillos. De acuerdo con la entrevista realizada por Lourdes Chávez reportera del diario El Sur, el líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), Cirino Plácido Valerio, señaló que “por desesperación, pobladores de Rincón de Chautla, en Chilapa, involucraron a niños en su grupo de la Policía Comunitaria”. Las imágenes de los niños son dramáticas en tanto que demuestran nuevamente la incapacidad recurrente del Estado de garantizar la seguridad pública y los bienes más preciados de las personas, entre ellos, los derechos a la vida, la propiedad y la integridad. 12
Desde hace varios años la CRA-PF, ha denunciado el clima de violencia y terror implantado por los grupos de la delincuencia organizada; ha dado cuenta de forma puntual de los asesinatos de pobladores y el asedio que sufren cotidianamente las comunidades de la montaña baja de Guerrero. El silencio y la inacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha sido la respuesta que han obtenido las comunidades. La situación que persiste en la zona de la montaña baja guerrerense, revela la existencia de un Estado fallido o zonas grises donde el imperio de ley ha perdido vigencia dejando a los ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad, a merced de los grupos de la delincuencia organizada. Consecuentemente la vida humana y demás valores pasan a formar parte del azar, el sino de la desgracia acompaña cotidianamente la vida de las personas. El impacto mediático generado por las imágenes y las notas periodísticas, llevó al gobierno de Guerrero a pronunciarse por el respeto de los derechos de la niñez, señalando que su participación (en las policías comunitarias) no debe ser alentada. El gobierno estatal también ofreció fortalecer oportunidades educativas a favor de los niños y su relación con las comunidades y enfatizó que desde hace varios meses, a quince minutos de Rincón de Chautla, el Ejército mexicano y la policía estatal tienen una base de operaciones cuyo objetivo es resguardar todas las comunidades aledañas. Los horrores de la guerra en cualquiera de sus formas, convencional o de baja intensidad, han llevado a los Estado a proscribir la participación de los niños en conflictos armados, de ahí la importancia universal de la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. La Convención impone a los Estados la obligación de adoptar la medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades; el tratado también determina que los Estados Partes se abstendrán de llevar a sus filas en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad; y que si reclutan personas, que éstas por lo menos hayan cumplido los 15 años, pero 13
que sean menores de 18. Los Estados deben dar prioridad a los de más edad. Es claro que las restricciones convencionales están encaminadas a proteger a la infancia. Ante el involucramiento cada vez mayor de niños en los conflictos armados que se desarrollaban en el orbe, el 25 de mayo de 2000 fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. Por su trascendencia vale la pena citar textualmente algunos párrafos del preámbulo del Protocolo “Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos …” “Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales…” Tomando nota de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamente en las hostilidades…” Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y fuera de las fronteras nacionales de niños en hostilidades por parte de grupos armados distintos de las fuerzas de un Estado, y reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan niños de este modo”. En su parte sustantiva, el Protocolo establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades; también que velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años; en cuanto a los grupos armados distintos a las fuerzas armadas de un Estado, el Protocolo determina que no deben, en ninguna circunstancia, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. 14
El clima de inseguridad y terror impuesto por los grupos de la delincuencia organizada, aunada a la pasividad o incapacidad gubernamental, de garantizar la seguridad pública, ¿dan lugar a justificar la decisión de la CRAC-PF de incorporar a niños a la policía comunitaria? La respuesta estatal que pide a la CRAC-PF respetar los derechos de la niñez, no alentar su participación en las policías comunitarias al tiempo que ofrece fortalecer las oportunidades educativas para los niños ¿ataca las causas que han generado la inseguridad en la montaña baja de Guerrero?. La presencia a corta distancia de Rincón de Chautla de una base de operaciones del Ejército mexicano y la policía estatal cuyo objetivo es resguardar todas las comunidades aledañas ¿realmente ha cumplido con el propósito de garantizar la seguridad pública? En primer lugar es difícil juzgar la decisión de la CRAC-PF como una acción desesperada o como un acto irresponsable, sobre todo cuando es conocida la participación de cuadros con cierto nivel de formación política e ideológica, que si bien, no toman las decisiones comunitarias, si pueden encauzarlas. Las excepciones son hitos en la historia de las naciones que orillaron a los niños a tomar las armas para derrocar a una dictadura o defender su nación del enemigo extranjero. Como mexicanos se nos inculcó a través de los libros de texto el amor a la patria y el sacrificio que llevaron a cabo los Niños Héroes frente al ejército invasor; el ejemplo más elocuente es el sacrificio del cadete Juan Escutia lanzándose al vacío envuelto en el lábaro patrio. A finales de los años setentas del siglo XX, las historias de Quincho Barrilete, Luis Alfonso Velázquez (asesinado a los 9 años por un francotirador somocista) Manuel Rivera (guerrillero de 12 años caído en combate en Diriamba, Nicaragua) quienes enfrentaron la tiranía para liberar a su patria nicaragüense, fueron ejemplos de lucha y heroísmo para los militantes sociales de esa época. Con el correr de los años el involucramiento exponencial de niños en conflictos bélicos, y la amplia difusión de las crueldades de la 15
guerra, llevó a la sociedad al consenso de que los niños jamás deben involucrarse en acciones bélicas. La respuesta del gobierno de Guerrero soslaya las causas que han generado la inseguridad así como su responsabilidad y deber impuesto por la Constitución, de garantizar la seguridad pública y por ende, los derechos a la vida, a la propiedad, a la integridad personal, a la vivienda, a la educación, a la salud, entre otros tantos derechos, que son vulnerados cuando el Estado no protege a la población de las acciones del crimen organizado; por esto, dicha respuesta, resultó inadecuada y demagógica. La condena gubernamental no es suficiente para impedir la participación de los niños en las policías comunitarias; en regiones como la montaña baja de Guerrero, donde el nivel de pobreza y marginación ocupa los primeros lugares nacionales, el Estado tiene la obligación de erradicar las causas estructurales que originan la desigualdad económica, social y política. Las comunidades necesitan acciones que garanticen la seguridad pública y el desarrollo comunitario; sin ellas difícilmente la región podrá alcanzar la paz. Finalmente, el clima de inseguridad que prevalece en Rincón de Chautla y las causas que llevaron a los pueblos que integran la CRACPF a decidir la incorporación de niños a las acciones de seguridad pública, demuestra que la presencia del Ejercito mexicano y la policía estatal, en el mejor de los casos, ha resultado estéril. En el peor, evidenciaría, como en muchas partes del país, la connivencia o simbiosis de las fuerzas armadas, con los grupos del crimen organizado. Comportamiento judicial Las observaciones que llevó a cabo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre los Fideicomisos y Fondos de Poder Judicial de la Federación (PJF), señalando que éstos no se apegan a los principios de austeridad, someten a debate el ejercicio correcto de los recursos públicos. Al realizar la revisión 2018-0-03100-19-0003-2019 3-GB, la ASF analizó los 11 fideicomisos y un fondo en los que participan los organismos del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de la 16
Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), cuyos saldos ascendieron en su conjunto, al 31 de diciembre del año pasado, a mas de 155 millones de pesos. Las ultimas revisiones a los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, realizadas por la ASF datan del 2010 y el 2014. De acuerdo con información publicada en el diario El Economista, la ASF planteó que en el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debían ocupar los recursos que se encontraran en los fideicomisos y los fondos. La ASF, también expuso que dichos instrumentos financieros han permitido que los trabajadores adscritos al PJF tengan prestaciones superiores al resto de los servidores pertenecientes a la Administración Pública Federal, y que se sigan acumulando recursos.Como conclusión de la auditoría, el máximo órgano fiscalizador del país indicó que los acuerdos girados para la constitución, operación, administración y extinción de los fideicomisos y el fondo “no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos”. La ASF, también destacó las irregularidades detectadas en diversos contratos de obra pública. Es pública y conocida la disparidad que existe entre las percepciones que reciben los trabajadores del sector estatal y paraestatal en comparación con lo que perciben los trabajadores del PJF, comenzando por el bono cuatrimestral (equivalente a un mes de salario), el pago de la fiesta de fin de año, etcétera. El correcto ejercicio de recursos es un tema de interés público que no interfiere con la independencia judicial. Los ciudadanos tenemos el derecho a debatir y cuestionar la falta de transparencia del gasto público ya que fiscalmente cumplimos con nuestra obligación tributaria. No se trata de vulnerar el principio de no regresividad de las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores, lo ideal es que en este país todos los trabajadores gozaran de los mismos beneficios laborales que disfrutan los empleados del PJF. Lo que se cuestiona son los pagos en exceso que el PJF ha erogado en obras públicas y los gastos suntuarios para un sector reducidísimo de funcionarios judiciales. 17
Guerrero, la milpa no espera
Luis Hernández Navarro - La Jornada - 16 de julio de 2019 El plazo se cumplió. El problema sigue sin resolverse. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que la entrega de fertilizante a los campesinos maiceros guerrerenses estaría solucionada el 15 de julio. Pero la fecha llegó y miles de labriegos siguen sin recibir el abono. Los tiempos están sobrepasados. La milpa no espera. Los terrenos están sembrados. Las plantas necesitan el insumo para desarrollarse a plenitud. En los cada vez más desgastados campos gurerrenses, si no se le fertiliza la gramínea apenas crece. Cualquier aplicación del abono más adelante será vana. Ya cayeron las primeras lluvias. Con las aguas, los caminos y brechas que conducen a comunidades y parcelas han comenzado a desbaratarse. Se vuelven intransitables. Trasladar el fertilizante de las bodegas en las cabeceras municipales hasta los surcos es, cada vez más, misión imposible. En muchas localidades el abono distribuido es insuficiente, llega a cuentagotas, provoca conflictos internos y choques con los ediles. La desesperación cunde. Los labriegos han tomado carreteras, retenido a funcionarios públicos, ocupado bodegas y distribuido por sí mismos el fertilizante. Hace falta celeridad en el aterrizaje del programa. Apenas el año pasado, muchos maiceros ya habían aplicado la segunda dotación de abono a las milpas, pero este año ni siquiera lo han recibido. Por eso, los productores de Zapotitlán Tablas y sus 55 comunidades bloquearon la carretera Chilapa-Tlapa 22 días. Retuvieron al alcalde, Joaquín Luciano Rosendo. Sólo así arrancaron de la autoridad dos paquetes por hectárea. Para evitar la corrupción en la distribución del fertilizante, el gobierno federal centralizó el programa. Pero no se dimensionó el tamaño del asunto. La entrega se volvió caótica. La coordinación entre las dependencias fue terrible. No hubo acoplamiento en el 18
terreno. Los pleitos entre políticos brotaron como los hongos. Se minimizó la necesidad de consultar a la gente. El antiguo cenecista Jorge Gage Francois, habilitado como teniente coronel de la 4T, coordinador nacional del Programa de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), operó primero desde la Ciudad de México y, cuando comenzó a estallar la crisis, desde el hotel Holiday Inn en Chilpancingo. Ni él, ni el resto de los funcionarios involucrados, comenzando por el secretario Víctor Villalobos, tomaron el pulso real del conflicto. En el municipio morenista de Tecoanapa, los servidores de la nación centralizaron el programa con prepotencia, no informaron y decidieron ellos la programación para el reparto del abono. Citaban a las comunidades para la entrega de vales y no llegaban o lo hacían muy tarde. Los maiceros bloquearon carreteras, tomaron bodegas y retuvieron funcionarios. Despacharon por su cuenta el producto con base en los vales recibidos. Así en todo Guerrero. El padrón de beneficiarios es un desastre. Los operadores gubernamentales tomaron decisiones arbitrarias y entregaron listas de manera desordenada. Rasuraron el padrón y desaparecieron de las listas a campesinos. Redujeron la ayuda a varios productores. Congelaron la entrega del fertilizante en diversas bodegas. No hay interlocutores con los que la gente pueda entenderse. La situación es muy desgastante. En los hechos, faltó diseñar el proceso de entrega del producto. El reto sobrepasó a las autoridades. A pesar de que la Montaña y la Costa Chica son las regiones más pobres, y de que era un acto de justicia entregarles el insumo, se les dejó para el final. Y allí mismo, la entrega fue dispar. En Metlatónoc y Cochoapa no saben aún cuándo va a llegar. En cambio, se dio prioridad a Tierra Caliente, Norte y Centro porque implicaba menor tiempo en la distribución. Para agilizar el reparto de sulfato de amonio se pudieron haber buscado otros proveedores, como Univex de Salamanca o Peñoles en el centro del país. Sin embargo, se privilegió a las empresas Adrogenados y Fertinal. 19
Hicieron un mal cálculo del fertilizante que se requería. Para el traslado del producto estuvieron en operación unos 164 tráileres diarios durante un mes. Es decir, se trabajó a 50 por ciento de lo requerido. Eso significa que la distribución terminará hasta finales de julio o principios de agosto. El miércoles 3 de julio, el secretario Víctor Villalobos fue a Guerrero a reiterar el compromiso del Presidente de finiquitar la entrega el 15 de julio. Se reunió en Casa Guerrero, con el Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, que agrupa representantes de 15 municipios de la región. No cumplió. En bodega se encuentra 87 por ciento del fertilizante requerido y se ha distribuido apenas alrededor de 65 por ciento. En la Montaña, los efectos del desabasto ya comienzan a sentirse. Aunque no es temporada, la salida de familias a los campos agrícolas para trabajar como jornaleros se ha incrementado. Según cifras del Consejo de Jornaleros migraron de la región en los últimos días 3 mil 600 personas. El deficiente diseño y aplicación del programa oficial provocará la caída de la productividad maicera. La problem ática alimentaria se agudizará. Pero, en la Montaña sus secuelas serán aún más dañinas. El déficit de alimentos crecerá hasta el punto de que podrían producirse hambrunas. La milpa no espera. Twitter: @lhan55
Racismo y violencia política en Ayutla de los Libres
María Teresa Sierra* - La Jornada - 12 de julio de 2019 En el contexto de la realización del Foro de Consulta para la reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afrodescendientes, que implementa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a nivel del país, el pasado 7 de julio presencié un hecho insólito de racismo y violencia política en Ayutla de los Libres, en Guerrero. Un grupo de vecinos de la élite local, autodenominados los mestizos, irrumpió violentamente en la inauguración del Foro. Estaban 20
en contra de que éste legitimara al Concejo Municipal Comunitario, el cual gobierna Ayutla desde el 15 de julio de 2018, con base en los llamados “usos y costumbres”, lo que consideran un atropello a sus derechos. Alrededor de 100 inconformes gritando “fuera, fuera”, de manera envalentonada movieron las sillas, rompieron la ofrenda ritual que desde el amanecer habían preparado las autoridades del Concejo, se lanzaron sobre los que presidían el acto –autoridades federales y comunitarias– y los arrinconaron. Si bien previamente se han registrado tensiones racistas desde que los indígenas gobiernan Ayutla, el nivel de la agresión en esta ocasión rebasó cualquier expectativa. Los 999 participantes registrados en el foro, provenientes de distintas comunidades de Ayutla y de municipios aledaños con población na’savi y me’phaa, junto con las 360 autoridades comunitarias presentes, todas ellas con sus acreditaciones y sellos, observaban con indignación y molestia los actos de agresión intempestivos. Mujeres y hombres de comunidades miraban atónitos las acciones y escuchaban diatribas y desprecios hacia sus autoridades y sus costumbres. Los agresores no estaban dispuestos a ningún diálogo, querían imponer su voluntad. En un momento de tensión incrementada, la guardia municipal comunitaria se interpuso para bajar los ánimos; en los alrededores seguían los hechos con distintos cuerpos de seguridad municipal y estatal. La manifestación siguió por un buen tiempo y en la calle aledaña líderes de los mestizosdesplazados del poder se lanzaron a criticar al gobierno de los pueblos como ineptos e incapaces de gobernar junto con una retahíla de descalificaciones sobre lo que consideran “abusos y costumbres”. Con el fin de evitar la violencia y la confrontación, los representantes federales y las autoridades comunitarias decidieron cancelar el foro y declararlo en receso permanente, previendo su realización posterior. El Foro se organizó para consultar la opinión de las comunidades con vistas a una reforma constitucional que amplíe los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y los reconozca como sujetos de derecho público en una perspectiva plural y autonómica. El acto de Ayutla es uno de los 54 foros que realiza el INPI a escala nacional para alimentar una iniciativa de reforma constitucional. El enorme esfuerzo invertido por los funcionarios del INPI y autoridades del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla para la orga21
nización de este foro, se vio truncado por la acción impune y violenta de los mestizosdecididos a impedirlo. Fue además frustrante para la mayoría de los participantes haber dejado sus actividades en el campo para trasladarse a Ayutla y ver impedida la realización del foro y sobre todo verse sujetos a humillaciones e insultos. Lo que sucedió el domingo pasado en Ayutla es la expresión de un cúmulo de agravios que viven las comunidades indígenas frente a poderes caciquiles mestizos incrustados en las cabeceras municipales. Discriminación, malos tratos, corrupción y usos políticos electorales y demás abusos son justamente los motivos que llevaron a que las comunidades indígenas y sus organizaciones se movilizaran para acceder al poder municipal y gobernar con base en formas de democracia comunitaria participativa. Esta gran hazaña fue producto de un largo proceso judicial de casi tres años impulsado por los pueblos y sus abogados comunitarios ante el Tribunal Federal Electoral que finalmente les dio la razón y les reconoció el derecho de elegir a las autoridades municipales por medio de sus sistemas normativos. Finalmente el 15 de julio de 2018, en una macro asamblea se instaló el Concejo Municipal Comunitario y sus representantes provenientes de comunidades y colonias na’savi, me’phaa y mestizas, inaugurando un nuevo estilo de gobierno basado en asambleas y una organización de representación horizontal que deja fuera a los partidos políticos y las prebendas de los grupos de poder los mestizos. Haber revertido el poder municipal con la decisión y el apoyo mayoritario de las comunidades, es lo que está en el fondo de la agresión tan rabiosa del grupo de caciques mestizos y sus huestes que no aceptan que cambiaron los tiempos y que los indígenas están dispuestos a gobernar para todos, incluidos los mestizos, en una perspectiva transformadora. El Concejo está aprendiendo a gobernar, pero es un hecho que los pueblos están ahí para quedarse y los mestizostendrán que acostumbrarse a los nuevos tiempos que no permiten la reproducción de la exclusión y el racismo. El racismo exacerbado y vil que se vivió en Ayutla es expresión de una violencia política que tiñe los procesos de transformación local y regional en Guerrero, como en otras regiones del país. * CIESAS – Ciudad de México. 22
Todo es según el color del cristal con que se mira Gilberto López y Rivas - La Jornada - 12 de julio de 2019
Los análisis y las evaluaciones sobre los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podían ser más disímiles y contrapuestos. La célebre estrofa del poeta asturiano Ramón de Campoamor: “Que en este mundo traidor / nada es verdad ni mentira. / Todo es según el color del cristal con se mira”, no podía ser más oportuna para describir estas dicotómicas perspectivas de la realidad nacional; sobre todo, cuando los colores del cristal refieren a miradas desde distintos y confrontados intereses y adscripciones de clase social, nacionalidad, etnia, género o grupos de edad; desde diferenciados proyectos de Estado en pugna permanente con los sectores subalternos de los Pueblos-Nación. La intelectualidad orgánica es la que busca encarnar esas adscripciones y actuar en función de esos intereses. Por ejemplo, para quienes por convicción política y vocación de vida optan por la defensa de los derechos de los pueblos originarios de sus territorios, recursos naturales y procesos de autonomía, los primeros meses del actual gobierno han significado una continuación e, incluso, en algunos aspectos, una profundización del proceso de recolonización de los territorios por la vía de los mega proyectos que se pretenden imponer, de nueva cuenta, con las violencias propias de la acumulación militarizada, por medio de la Guardia Nacional, y el uso cada vez más frecuente de la delincuencia mafiosa como dispositivo armado clandestino para la ingeniería de conflictos, el desplazamiento de población, el control y saqueo territorial y, por el camino del terror, el enfrentamiento de las resistencias y laejecución de dirigentes opositores. A esto hay que agregar la puesta en marcha de un aparato burocrático, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que, por la forma de su constitución al margen de los procesos comunitarios, sus procedimientos verticales y objetivos institucionales al servicio del gobierno en turno se parecen cada vez más, a pocos meses de su creación, al vetusto Instituto Nacional Indigenista, que encarnaba la política de control y manipulación de los pueblos por parte del Estado. Así, en el análisis de la actual realidad étnico-nacional puede afirmarse que, en los ámbitos económicos, político-ideológicos y 23
punitivos, la política del actual gobierno constituye una virtual declaración de guerra contra los pueblos que contrasta marcadamente con los desplantes discursivos de reconciliación dirigidos al EZLN en uno de sus bastiones emblemáticos, Guadalupe Tepeyac, en el municipio de las Margaritas, Chiapas, el 6 de julio pasado. Este mensaje de AMLO al EZLN fue precedido de una larga enumeración de programas asistencialistas de corte clientelar, con entregas individualizadas a jóvenes, personas de la tercera edad, trabajadores agrícolas, entre otros “beneficiados”; todo ello, en un territorio donde se han dado profundas transformaciones de la conciencia de miles de indígenas, de al menos tres generaciones, que han permitido establecer un proceso autonómico que asombra al mundo con sus autogobiernos locales, municipales y zonales, cuyos cargos son revocables, rotativos, sin paga, con sus sistemas de administración de justicia, centros de salud alternativos, sistema educativo propio, con los cambios profundos en las relaciones de genero a partir de la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Estos procesos autonómicos están basados en la perspectiva de formar seres humanos socializados en la idea de dar un sentido comunitario a sus vidas, en un ámbito de relaciones en el que fraternidad y solidaridad se constituyen en valores predominantes frente al individualismo, egoísmo y darwinismo social que impone el capitalismo. Los pueblos están demandando el cese de cualquier proyecto, acción o concesión que atente contra la propiedad, uso, aprovechamiento e integridad de los territorios, lugares sagrados y recursos naturales y la derogación de todas las leyes y reformas estructurales. El mensaje presidencial al EZLN en Chiapas ignora o niega estos grandes logros del movimiento indígena de estas décadas en que se constituye un sujeto autonómico y se establecen estos bastiones de resistencia y dignidad que rompen con el clientelismo y el corporativismo que imponía la tutela del Estado, y donde se establece, en cambio, el control del territorio desde el abajo comunitario y desde la izquierda anticapitalista. Precisamente por su experiencia como funcionario indigenista, se hace patente en el discurso presidencial una concepción del pueblo indígena como receptáculo pasivo de la acción estatal, en el con24
texto de una estrategia de contrainsurgencia que ha utilizado por décadas los programas asistencialistas como instrumentos de guerra ideológica de desgaste. Así, en forma y contenido el mensaje de unidad significó, en los hechos, no el ofrecimiento de una rama de olivo, sino la continuidad de la guerra irregular con el cristal de la Cuarta Transformación.
Son los pueblos quienes frenan el Proyecto Integral Morelos Gloria Muñoz Ramírez - Ojarasca - La Jornada - 13 jul 2019
NO SON LAS VÍAS LEGALES LAS QUE TIENEN DETENIDO EL PROYECTO, ES LA F UERZA DE LOS PUEBLOS A casi seis meses del asesinato aún impune de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio y comunicador comunitario, y de la consulta presidencial sobre el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a un diálogo público en la comunidad de Huexca, en respuesta a las declaraciones presidenciales del pasado 8 de julio, en las que aseguró que hablaría de manera directa con los afectados del Proyecto Integral Morelos (PIM). “Usted quiere explicarnos sus razones, adelante, lo escuchamos, pero es justo que también escuche las nuestras y nos conteste de manera honesta y sincera, sin ataques ni descalificaciones de ‘radicales de izquierda’, que (para usted) somos lo mismo que ‘conservadores’”, señalaron los pueblos opositores agrupados en el FPDTA. Las comunidades nahuas indicaron que están dispuestas a recibir al presidente para que responda, entre otras, a las siguientes preguntas: “¿Por qué cuando usted estaba en campaña dijo que no a la termo, no al gasoducto y no al acueducto, que lo apoyáramos a llegar a la Presidencia para cancelar esos proyectos y hoy nos dice que se tienen que hacer?”, “¿la violación al derecho a la consulta y 25
autodeterminación de los pueblos no merece un castigo en la transformación que usted plantea?” y “¿quién mató a Samir? ¿Por qué tres días antes de la consulta? ¿Qué empeño y atención ha puesto en encontrar a los culpables, caiga quien caiga?” La invitación al diálogo la envía el Frente de Pueblos en el contexto de dos importantes resolutivos jurídicos a su favor obtenidos entre mayo y julio de este año. El más reciente representa uno de los triunfos jurídicos más importantes en siete años de lucha, pues un juez otorgó la suspensión de plano al ejido de Amilcingo sobre la operación del Gasoducto Morelos, con lo cual se protege a las 60 comunidades afectadas, “pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, explicó en un comunicado el FPDTA. La suspensión fue otorgada por la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, “donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando 5 compañeros baleados el 13 de abril de 2014”. El otro resolutivo favorable a los pueblos fue contra el desechamiento de los amparos que promovieron el 18 de febrero de 2019 (dos días antes del asesinato de Samir) reclamando que la consulta presidencial del 23 y 24 de febrero sobre el funcionamiento del PIM violó su derecho a la consulta indígena y libre determinación. El Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvieron las quejas 62/2019 y 55/2019 respectivamente, interpuestas por las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, contra el desechamiento de los amparos que promovieron estas comunidades reclamando la violación a su derecho a la consulta indígena. La resolución fue contra la decisión de los juzgados Primero y Cuarto de Distrito con sede en Puebla, que habían desechado los amparos 199/2019 y 209/2019 por considerar que la consulta pro26
movida por el presidente Andrés Manuel López Obrador no era un acto de autoridad, y que las comunidades afectadas no tenían interés legítimo en la consulta y el proyecto. Pero el Segundo Tribunal Colegiado manifestó que el Juez de Distrito no debió desechar la demanda, y señaló que “la realización de la consulta de mérito y su resultado aprobatorio por la mayoría de los encuestados, abre la puerta a la inminente concreción del Proyecto Integral Morelos, con lo que es patente que se estaría modificando, de manera unilateral, la situación jurídica de los quejosos, respecto de su derecho a que se les dote como pueblos y comunidades indígenas, de una protección especial, en la que se garantice su participación efectiva en las medidas administrativas que se lleven a cabo dentro de su territorio que puedan llegar a impactar su entorno o hábitat, como es la construcción de una planta termoeléctrica, un acueducto y gasoducto”. Además de aludir al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que les da derecho a una consulta libre, previa, informada, de buena fe y adecuada culturalmente, las comunidades afectadas manifestaron ante los Tribunales Colegiados que “es inequitativo e injusto que los resultados de una votación general determinen el impulso de las autoridades responsables para culminar la construcción del proyecto y su funcionamiento, tal y como sucedió después de haberse desechado la demanda, pues en la consulta que se llevó a cabo el 23 y 24 de febrero de 2019, las comunidades que no son afectadas o involucradas bajo un interés jurídico o legítimo en el Proyecto Integral Morelos, decidieron sobre la votación de las personas afectadas directamente; lo que motivó que el Presidente de la República, al día siguiente, determinara continuar con el proceso de construcción y funcionamiento del PIM”. A estos procesos legales se suman la suspensión definitiva que fue otorgada a Huexca para impedir la contaminación del río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, así como las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades, lo que “sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas”, destacó el FPDTA. 27
Pero “no nos engañemos”, dice Juan Carlos Flores, abogado del FPDTA, “no son las vías legales las que tienen detenido al proyecto, ésas son un escudo más, pues el guerrero es el pueblo que sigue combatiendo, y ahí radica la fuerza de la lucha contra el PIM”. Para los pueblos, insiste el abogado, “los amparos siguen siendo una herramienta ante las acusaciones de que no quieren el progreso, pero con esto demostramos que no somos ignorantes ni somos opositores al desarrollo, sino que estamos defendiendo nuestros derechos y defendiendo la vida”.
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algo respira y los cerros siguen quietos sobre el antiguo mercado y las ruinas, cae la sombra de esta hora azul. pipuí pipipuí pipuí _te recuerdo como se recuerda a los muertos. _de barro el lenguaje nuestro. pipuí pipipuí pipuí restos que todavía a
ni
dan
la secreta esperanza de que el misterio de alguna palabra se nos revele y rebele. una vez otra vez una casa un nido. gorrión retorna, sueña y CANTA rompe los cristales pipuí pipipuí pipuí (necesarias trizas)
“Jardín”, Carolina Sol Vidiri
CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 17 de julio de 2019