Recopilatorio 17 de Octubre

Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 17 de octubre de 2018

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Grรกfica del 68, Arnulfo Aquino, No claudicaremos, 1968

Ciudadanos cero M68 (Octubre de 2018) Fabrizio Mejía Madrid

La disputa por la aparición Hannah Arendt en La condición humana: Que cada vida individual entre el nacimiento y la muerte pueda ser contada como una historia con principio y fin es la condición prepolítica de la historia, la gran historia sin principio ni fin. Pero la razón por la cual cada vida humana cuenta su historia y por qué la historia finalmente se convierte en el libro de cuentos de la humanidad, con muchos actores y oradores y, sin embargo, sin autores tangibles, es que ambos son el resultado de la acción. La perplejidad es que en cualquier serie de eventos que juntos forman una historia con un significado único, podemos, en el mejor de los casos, aislar al agente que puso en marcha todo el proceso; y aunque este agente con frecuencia sigue siendo el sujeto, el “héroe” de la historia, nunca podemos señalarlo inequívocamente como el autor de su resultado final.

La acción “germinal” del 68 nunca pudo contarse en el instante de su realización, en las calles, las aulas, los auditorios, sino hasta después.

Nunca está claro qué se está haciendo cuando colectivamente se siente que hay algo nuevo. Es, como dice Arendt, una huella de la acción que tendrá que ser narrada, interpretada, y armada con posterioridad.

Durante los primeros diez años de esa narración, el 68 fue, sobre todo, el testimonio de la represión. Para combatir la “verdad histórica” del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz -los estudiantes, azuzados por intereses extranjeros, buscaron desestabilizar al país de la Olimpiada y el ejército defendió la seguridad nacional el 2 de octubre en Tlatelolco-, los estudiantes escribieron, dieron entrevistas, narraron historias familiares de lo que a cada uno le había tocado de la perplejidad de su acción. Después, a partir de la lucha por el sufragio, en 1988, se le convirtió en el inicio de “la lucha democrática” mexicana. Por supuesto, muy poco en el 68 tuvo que ver con la idea del sistema de partidos, el voto libre o la libertad sindical. Su carácter democrático es mucho más profundo y tiene que ver con la disputa por la soberanía como cambio en las relaciones de poder entre los gobernados y el Partido Único. Por eso puede ser narrado como origen o preparación de otra secuencia de 1

eventos políticos nacionales, aunque en su propio presente el “germen” de lo que sería no estaba siquiera a la vista.

El movimiento del 68 no está, en primera instancia, ni en sus demandas -el pliego petitorio-, ni en su gráfica, ni en los discursos de sus líderes o en los comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Está en la aparición de los cuerpos en el espacio público. El 68 son las marchas, las asambleas, las concentraciones de personas, cuya reunión tiene una significación anterior y aparte de lo discursivo. Piénsese en el inicio del movimiento.

Resulta todavía incomprensible que sea la intervención desmedida de los policías para castigar una riña entre alumnos de dos escuelas y, más tarde, la protesta contra esa misma represión, el detonante de una movilización indignada de toda una generación y en buena parte de la nación. Lo que se reivindica es el derecho a aparecer que instaura y afirma el cuerpo en el centro de la arena pública como una representación o una versión efímera y provisional de la soberanía popular. Es una autonomía de los cuerpos en asamblea que genera el drama de su propia existencia pública.

El pliego petitorio no nos habla de esos combates entre grupos de manifestantes contra tanques en medio del Zócalo o en las instalaciones de las escuelas. Esa disputa es por el espacio. Por escrito, se pide el fin de la represión, la destitución de algunos jefes policiacos, la presentación de los presos políticos y la abrogación de dos artículos del Código Penal que criminalizan, desde los años cuarenta, la disidencia. En lo hablado se pasa con soltura de la condena al presidente a los ánimos ilusionados que genera el triunfo de la Revolución cubana. En los comunicados del Consejo Nacional de Huelga se escribe una historia de mesura ajedrecística de respuestas políticas al gobierno. Pero la disputa central está en y es por los cuerpos. Lo que le preocupa al poder es que éstos se reúnan sin su convocatoria.

Toda concentración pública de miles tiene un sentido legitimador y lo que hace el 68 es variar las condiciones de su aparición. De hecho, es después de la concentración organizada por el Estado con sus propios empleados (la mañana del 28 de agosto), que se decide la matanza del 2 de octubre. Lo que precipita la acción militar del gobierno de Díaz Ordaz es que sus propios burócratas, sacados a la calle para desagraviar a la bandera nacional y convertir en herejía el emblema rojinegro de los estudiantes, terminan con una demostración pública de que las 2

condiciones de la ocupación del espacio han variado a tal grado que los convocados confiesan a voz en cuello: “Somos borregos, nos acarrearon”.

Esta encarnación de la soberanía popular tiene una dimensión política al menos en dos sentidos: la representación es, al mismo tiempo, teatral y vivida políticamente, y los cuerpos unidos abandonan su precariedad individual en el espacio público. Las relaciones íntimas entre política y teatro, el 68 las exacerba: las brigadas de estudiantes que fingen debates sobre el movimiento en las paradas de los camiones o en los puestos de periódicos son la forma de comunicación de la resistencia. Pero es más que eso: en la acción, constituyen la ciudadanía. Es implicar a los demás en un tipo de ejercicio de la libertad de manifestación que toma el espacio público para debatir. Es una dramatización del papel de los ciudadanos. Es llevar la polis al espacio del ágora. El 68 es reunirse para crear las condiciones para reunirse.

Aparecer, ponerse de pie, respirar, moverse, escuchar, marchar, callarse -la Manifestación del Silencio (13 de septiembre) será el acto más espectacular de autodisciplina y la teatralización, con el puño en alto, de la dignidad de los golpeados y silenciados-, pone a los vivos en el centro de la política, aún antes de conocer sus demandas o posturas políticas.

Los cuerpos reunidos dicen: “Somos la soberanía.” La demanda de la teatralidad de la asamblea pública es, en el 68, una demanda de una vida más vivible -sin represión en las calles-, que excede cualquier pliego petitorio. Su sola aparición produce la soberanía. El 68 sucede como consecuencia de esa comparecencia.

Esta acción colectiva de aparecer, a la que llamamos el 68, supera a los cuerpos de los súbditos que han sido durante casi toda la historia mexicana los nacidos para obedecer. Después del sujeto-sujetado por las leyes y las fronteras -artificios previos al ágora- viene el ciudadano. Los hombres y mujeres nacen con derechos y la dimensión cero de ellos es la formación de una ética que los precede. En las calles siguen siendo los individuos precarios contra el poder militar y policial del Estado, pero reclaman con sus cuerpos la autonomía preexistente de la soberanía popular. Esa que se supone que habita como potencia en los pueblos y que es entregada en representación política. En el México de 1968, la ciudadanía es, como siempre, una exclusión constitutiva: no son parte de ella más que los cortesanos dentro del Partido Único. Con el derecho a la aparición de “los iguales”, el 68 se convierte en una exhibición de lo 3

que debe ser incluido: son esos cuerpos en su precariedad, pero también en su fuerza ilimitada, que sólo será conculcada con la matanza del 2 de octubre. Pero que seguirá apareciendo a lo largo de medio siglo como un genio invisible de la ciudad. “2 de octubre, no se olvida” no significa sólo la rememoración de los muertos en un acto represivo, sino sobre todo la idea de que lo malo de los movimientos es que se acaban, pero lo bueno es que pueden volver a aparecer.

El cuerpo moral La soberanía popular es una posición de poder, adjudica una superioridad.

En el 68 esta autoafirmación se da desde la Universidad Nacional. Tras la ocupación militar (18 de septiembre, como respuesta a la Manifestación del Silencio), el rector Javier Barrios Sierra la define así: Exhorto a los universitarios a que asuman, dondequiera que se encuentren, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a que no abandonen sus responsabilidades. La Universidad necesita, ahora más que nunca, de todos nosotros. La razón y la serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia.

Lo obvio es la posición del rector que califica de “acto inmerecido” la ocupación militar ordenada por el presidente Díaz Ordaz. Lo profundo es que apela a una comunidad, la universitaria, para que se constituya en una defensa moral de sus derechos. La pertenencia a la universidad no está limitada por sus instalaciones -cuya autonomía ha sido vulnerada- sino que es una posición reivindicable de ser miembro de una comunidad cuyos derechos no son exclusivos de alumnos y exalumnos sino que le pertenecen a todos los ciudadanos: libertades de expresión, manifestación, y de insurrección. La soberanía popular del 68 es, por ello, inicialmente universitaria y politécnica; será constitucional e insurreccional. El cuerpo moral de lo universitario ha sido vulnerado por el poder central en su derecho constitucional a oponerse a una ley injusta -el detestable “delito de disolución social” del Código Penal- y, por lo tanto, pone la resistencia en una indeterminación típicamente ciudadana: estar bajo la ley en la obediencia, pero sobre de ella, como soberanía. El doble carácter del ciudadano, el obediente y pasivo, y el vigilante y participativo, se ponen en juego dentro de la Constitución de la República: el contrato con los poderosos es de asociación, no de sujeción al poder ya establecido. La propia Constitución garantiza el 4

derecho a la rebelión y a oponerse a la propia Constitución (artículos 39 y 135). La ciudadanía es la encarnación histórica, material, corporal, de la “magistratura indeterminada” de Aristóteles en la Asamblea griega: la indefinición que permite que sea la fundación de una nueva institucionalidad y la contestación a esta misma. El ciudadano, bajo la ley y por encima de ella, sólo existe en una acción participativa. Es a la que convoca el rector “a dondequiera que se encuentren”. Es indeterminado porque no es ni exclusivamente público ni privado; no es puramente individual ni totalmente colectivo. La ciudadanía es, al mismo tiempo, una pieza fundamental del Estado en el que, idealmente, todos somos tratados por igual en nuestra soberanía y, también, simultáneamente, un actor de la insurrección posible. Existimos entre el aparato del Estado y la sociedad civil; entre el ejercicio de nuestros derechos y la disciplina.

Esta ciudadanía pone en tensión al propio Consejo Nacional de Huelga.

Si bien de inicio se impone una estructura de representación basada en las escuelas -dos alumnos por cada una-, se retoma, al mismo tiempo, la figura del “comité de lucha”. Se había llamado así antes a las organizaciones que combatían a las escuelas que no querían impartir la “educación socialista” del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Pero en 1968 son las células de la acción directa y de la toma nuclear de decisiones. Sus miembros son todos los que asisten a la aparición pública, sea propaganda callejera o asamblea de las escuelas. La idea de representación política del Consejo Nacional de Huelga es puesta en tal marca de sospecha y vigilancia por los comités de lucha, que le es imposible a los servicios de seguridad del Estado saber el nombre y apellido de “los líderes”. A pesar de que las policías federal y de las ciudades espían las asambleas, los representantes cambian tanto que, al encarcelar a mil 43 personas después de la masacre del 2 de octubre, las autoridades tienen que recurrir a delatores para ponerles nombres a los activistas. Y aun así tienen problemas para deslindarlos de los “manifestantes ocasionales” -como les llaman los servicios de inteligencia- porque jamás entienden de dónde proviene el grueso de la participación pública. Por eso es explicable la necesidad de los militares y funcionarios de seguridad nacional de que los muchachos, bajo tortura, digan nombres de políticos conocidos, como Carlos Madrazo, el expresidente del Partido, o Heberto Castillo, el líder de la Coalición de Maestros. Jamás entienden el carácter de la ciudadanía que emerge entre julio y octubre de 1968: es singular en cada participante pero unificada en un cuerpo moral. No es el Consejo Nacional de Huelga, como instancia de 5

representación política, el único que dirige al movimiento. Son también los comités de lucha, las brigadas, las marchas y mítines en su igualitaria totalidad. Son todos y es nadie en particular.

La demanda de diálogo público con el presidente Díaz Ordaz le da otra vuelta de indefinición a la representación política del Consejo Nacional de Huelga. En la propuesta de las asambleas, el diálogo será en el Zócalo de la capital de la República, entre el presidente y sus designados, de un lado, y 500 estudiantes del otro. El número es inaceptable para Díaz Ordaz, que piensa que es “una algarada” con el propósito de ridiculizarlo en público y con representantes que no lo son. La representación política siempre ha sido ante el Presidente, no para dialogar sino para pedir audiencia, suplicar, implorar, si acaso, sugerir. Los diálogos son privados; la oscuridad del secreto permite la negociación, el intercambio entre la gracia del poderoso y el “gracias” del gobernado. Y, más aún, los “representantes” tienen un poder delegado, no un vínculo rígido con sus representados. Los “representantes” que la política mexicana conoce son los intermediarios, los “coyotes”, los abogados de barandilla. Los estudiantes en asamblea creen en la democracia directa, la de la revocabilidad de sus representantes, y también la que no admite interpretación de una “voluntad general”, sino que sólo lleva el mandato de las asambleas. Por eso, el número de “delegados” al diálogo público sube hasta casi reproducir una sesión nutrida del Consejo Nacional de Huelga. La ciudadanía que aparece en el 68 es autora y actriz de las demandas. Es una soberanía que busca moralizar a la política, que hace explícita la oscuridad en la que nace: el régimen despótico del Partido Único.

La frecuencia cívica El presente sólo es nuestro; las estrellas que vemos en el cielo ya no necesariamente existen, sólo su luz llegando hasta aquí. Como la vida, el tiempo es un chiste local. Lo humanizamos en formas como el “tic-tac” de un reloj, como lo propuso Frank Kermode en El sentido de un final, y que sigue sonando a pesar de que ya ha llovido. El “tic” es la génesis del instante, mientras que el “tac” es su final, “un modesto apocalipsis”.

Entre ellos hay un intervalo de tiempo desorganizado que sólo adquiere sentido después del “tic” y con la expectativa de que ocurra el “tac”.

Sin el inicio y el final, el intervalo es inhumano, incalculable, informe.

Es, acaso, lo que diferencia nuestros tiempos: el mecánico, un segundo igual al otro, del significativo. Lo que percibimos, recordamos y lo que esperamos, se piensa sólo en ese tiempo en el que se narra lo que se 6

conforma con respecto al final. Si hay un final, todos los intervalos sucesivos adquieren, de pronto, un sentido: el futuro cambia el pasado.

Lo sucesivo se transforma en decisivo. Lo que antes era un segundo y otro y otro más, ahora tiene un sentido, el de estar interconectado -entramado- con su desenlace. Dice E.M. Forster en su Aspectos de la novela: “El rey murió y luego murió la reina, es un hecho. El rey murió y luego, de tristeza, murió la reina, es un relato”. En efecto, la motivación es la principal arma que la narración tiene sobre los hechos. Por qué suceden las cosas es -como escribió Borges- el problema de cualquier narrativa. Es la causalidad. Humanizar el intervalo inclemente.

A medio siglo de ocurrido, el 68 se califica, desde el presente, como el inicio de la democratización del país. Aunque entre aquella aparición de los ciudadanos en el espacio público, sus deliberaciones en asambleas, y la brutal represión que sufrió, y el actual sistema de partidos con el voto individual, libre y secreto, no pareciera haber demasiadas conexiones, así lo hemos narrado. La trama del 68 es un drama que no sólo se comunicó al resto del país -los no ciudadanos de esos años- sino que se transmitió en el tiempo. Para ir de la simple información de los hechos y los motivos del movimiento al contagio transgeneracional del estado de ánimo ciudadano, hubo que hacer una conversión de los vivos que le siguieron en parte de una cadena de sentido, en una comunidad de memorantes y de mensajeros. La memoria del 68 no antecede a su transmisión, es producto de ella. Heredar no es recibir sino seleccionar, y transmitir no es transferir, sino reinventar. El acto mismo de rememorar conlleva consigo cierta huella de olvido.

El 68 es hoy el aliento de la colmena sin reina. Es la grandeza de lo pequeño, de lo menudo, lo limitado, lo que nace de un espíritu de lo común. La otra grandeza, la del Estado, es la de la expansión obsesiva, la vigilancia intrusiva, el movimiento de los aparatos burocráticos hacia la conquista de planes maniacos. El de la sociedad civil es un poder que no surge de los “gladiadores de la política” -los “atletas de hacer obedecer”, según el mismo Peter Sloterdijk-, sino de la igualdad cuyo valor angular es haber nacido iguales. Para el Estado, la política es un arte del pastoreo (“Aprender a obedecer” fue el lema de la campaña presidencial de Gustavo Díaz Ordaz). Para la sociedad civil, es de asistencia -en su doble sentido de presencia y de amparo- el cuidado, entre iguales. Para el Estado, la política es un arte de boticario que hace tragar “por su bien, 7

la amarga medicina”. Para la sociedad, nunca resultará aceptable usar a los demás como medios. Para el Estado, la política es el arte de repartir la crueldad. Para la sociedad, es el arte de condolerse.

No hay 68 sin matanza, sin encarcelados, humillados, acallados. El drama del 2 de octubre no borra la alegría de la transparencia pública y la desobediencia corporal (melena, jeans, y minifaldas agitadas al ritmo de los Rolling Stones), sino que la exaspera. No hay “individuos excepcionales” en el heroísmo de la defensa de las escuelas, las calles y las plazas. De todos los que sufrieron la cárcel, aunque su testimonio no lo hayan publicado. Es el anonimato como garantía de desinterés lo que resulta consustancial al acto de participar. En las asambleas, en las guardias de la huelga universitaria y politécnica, se habla de afectos, de dolor y expectativas, al contrario del discurso del “atleta político” que se abstrae para alejarse, que señala a un orquestador encubierto -el comunismo internacional, la CIA, la oposición interna del Partidocuando la exhibición pública, material, de la soberanía lo rebasa.

El 68 reivindica lo novedoso de no dejarse. La batalla campal entre la policía y los politécnicos retrasa dos días la toma de la escuela y se hace sólo cuando el ejército encabeza la operación. Esta ruptura, el no dejarse, no implica un plan, ni un discurso estratégico de renovación de la existencia. En la apropiación de la soberanía se busca el espacio público y la deliberación en asambleas. Pero hay en la sociedad civil que emerge del 68 una búsqueda de lo vertical. Algo hacia arriba, que no es Dios ni el Estado, ni la posteridad. Es una ética de convivencia nueva: una idea no económica de la riqueza, una definición no militar de la valentía, una sensación de logro sin los reconocimientos. Hay una vertical que no es jerárquica ni mística y que es “nuestro aún no” como sociedad. “Nuestro aún no” es una verticalidad que invierte el poder con una ética del “a pesar del Estado”. La sociedad de la emergencia funda sus fortalezas éticas en las carencias y, con frecuencia, en sus debilidades. La verticalidad es la creación de lo imposible, en su aparición como existencia, cuenta mucho la idea de una sociedad que se dice a sí misma: “no dejes de querer”.

La emoción es la venganza de la vida real sobre lo descomunal. De lo mundano, de lo plebeyo, sobre lo grandote. La desproporción habitual entre el poder de la cúspide y nuestra pequeñez de ciudadanos se invierte con el regreso a la reserva cultural del 68: los que sabemos 8

somos los que estamos en comunidad, en soberanía, los que sabemos del sufrimiento que implica convivir. Sabemos que los seres humanos sólo podemos regenerarnos en lo pequeño. Jamás un país que ya no protege a sus ciudadanos se ha podido levantar con un plan global del Super-Funcionario Público. Sólo el breve arte de la pertenencia mutua puede ser otra política. En medio de lo inconmensurable del Estado, los ciudadanos restauramos sus dimensiones humanas. Como escribió Albert Camus, “es por la humildad por la que se cuela la esperanza”.

La perplejidad de la memoria del 68 es ésa: cada vez que se reúnen en libertad los ciudadanos se restablece el cuento de la ciudadanía, siempre indefinida y, por tanto, posible. Siempre, desde cero. revistadelauniversidad.mx

“La masculinidad es un título, la feminidad no”: Rita Segato

SOMOSMASS99 / Nelsy Lizarazo* / Pressenza Quito, Ecu. / Miércoles 19 de septiembre de 2018

Hace unas semanas atrás, Rita Segato estuvo en Ecuador. Pressenza tuvo la hermosa oportunidad de dialogar con ella. Compartimos esa charla con nuestros lectores.

Una de las tesis que sostienes con mucho énfasis es la urgencia de desmontar el mandato de masculinidad, ¿qué es el mandato de masculinidad y porque es urgente desmontarlo Rita?

Algo muy interesante ahora que me preguntas y no lo había pensado antes porque esto de pensar en conversación siempre a uno le hace pensar más, es la auto evidencia de ese concepto, ese concepto viene de muy lejos y lo he venido trabajando, lo descubrí en el año 1993 trabajando con presos por violación en la cárcel.

Pero cuando finalmente se destaca como un concepto que es muy central en mis tesis más actuales, veo que tiene una auto evidencia y es que los hombres se dan cuenta rápidamente de lo que quiero decir. Lo sé porque desde que planteo ese concepto, más hombres se comunican conmigo y me piden bibliografía. Es que el hombre es la principal 9

víctima de ese mandato, eso a algunos feminismos les incomoda.

He tenido varias polémicas con algunas feministas que nos dicen que estamos colaborando con la felicidad del hombre con nuestras luchas.

Pero es que, si bien a nosotras nos matan mucho más de lo que nosotros matamos, y es justamente ahí donde está la injusticia del femicidio, en la desproporción de nuestra reincidencia de la violencia homicida: nosotras no matamos y morimos siendo asesinadas. Es terrible. Pero los hombres mueren muchísimo más asesinados que nosotras: claro, se matan entre sí.

Entonces uno se va dando cuenta que hay un problema masculino que revierte en nosotras. El coletazo del problema de la conflictividad, de la guerra, de la obligación de potencia, de la obligación de dominio que recae sobre los hombres, eso es básicamente el mandato de masculinidad que, al final nos pega a nosotras, pero primero les pega a ellos porque tienen que titularse, la masculinidad es un título, la feminidad no.

El mandato de masculinidad es algo que simultáneamente le da una investidura a aquellas personas que cargan un cuerpo masculino y, al mismo tiempo, para mantener esa investidura tienen que hacer una lista grande de sacrificios y uno de ellos es titularse diariamente, nunca caer en la sospecha de sus padres, de sus cofrades, del grupo corporativo, nunca caer en la sospecha de que se ha degradado un poquito en su masculinidad, eso se aprende desde chiquito entonces las exigencias son exigencias de capacidad e indiferencia en el dolor ajeno, bajo nivel de empatía, de capacidad de crueldad, de capacidad de desafiar los peligros.

Todo eso hace parte de un gran paquete que podríamos pasar días y días examinándolo y que varía de una cultura a otra cultura, de época histórica en época histórica pero que hace un paquete que podríamos identificar como las consecuencias del mandato del ser hombre.

No estoy diciendo con esto que los hombres deberían desaparecer o la “hombriedad”. Lo que estoy diciendo es que esos mandatos, que son muy arcaicos en la historia humana, en el presente se entrecruzan con la precariedad de la vida. Entonces, es un momento en el que un hombre no puede demostrar que se titula como hombre sin un control territorial y es allí donde el control sobre el cuerpo de la mujer, como territorio, se torna objeto de su titulación.

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¿Cuál es la relación entre ese mandato de masculinidad y el capitalismo en su momento actual?

Muchas veces he pensado en un tema que me gustaría tratar más adelante: cuándo la mafia se transforma en esa cosa letal que es la estructura mafiosa, las mafias clásicas y las otras mafias que tenemos en el continente; cuándo esa estructura familiar, patriarcal, ese familismo moral, esa lealtad familiar, en cualquier caso, se transforma en lo que conocemos como hombre.

El mundo colonial, la colonización, la fundación de los Estados siempre fue una institución ficcionaria, pero esa ficción se mantenía como una gramática que nos permitía una expectativa de comportamiento más o menos estable incluso en nuestro continente, donde los ataques a la vida mayoritariamente han quedado en la impunidad pero bueno, había una fe institucional, un sistema de creencias nos mantuvo estables en nuestro relacionar juntos. Ese sistema se cayó y hoy ya no podemos siquiera hablar de desigualdad. Yo hablo de que el orden de la vida contemporánea es de dueñeidad, es un mundo de dueños, es un mundo de señoríos.

La ley no existe, siempre fue ficcional pero ahora lo podemos decir: la acumulación, la concentración nos condujo a este mundo de dueñedad.

El ritmo de la concentración- acumulación nunca ha parado, al contrario se aceleró, aumentó incluso durante los gobiernos progresistas, y aumentó de forma tal que para pensar el mundo de hoy uno no puede dejar de pensar en los números. Los números de Oxfam, que nos indican que nos sobran dedos de las manos para contar a las personas que son dueños de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo, nos aterran. Pero lo verdaderamente alarmante no es esto. Lo que espanta es el ritmo. En el 2010 era 288 personas, en 2018, son 8. A eso lo llamo yo “el mar chileno”, pero no es chileno el mar, son 6 familias que son dueñas de ese pedazo de gigantesco de costa en el Pacífico.

Quiero decir que el orden de la vida hoy es el orden de la dueñeidad y quiero decir, que la capacidad de compra de estas fortunas atraviesa cualquier obstáculo. La capacidad de compra hoy es así, números pequeños de dueños y todo su entorno naturalmente, sus grandes círculos concéntricos de entorno, la manera en que planean, la manera en que piensan, la manera en que contratan cerebros para planificar la vida, porque eso son los Think Tanks: un capital intelectual absolutamente inteligente, extraordinarias personas formadas con un acceso a la información enorme.

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Tú afirmas que el problema del momento no es la impunidad sino la necesidad de mostrar quién es el dueño. ¿Podrías ampliar esta afirmación?

Yo creo el orden de la economía se transformó en un orden mafioso y que el orden del Estado y de las instituciones, también se transformó en un orden mafioso. Todo es absolutamente funcional a esta era de dueños y la estructura de la dueñeidad se repica en todos los niveles.

El orden mafioso es global.

Esa dueñidad necesita mostrar que el orden se ha transformado, necesita mostrar que no hay ley, necesita estar en su escondite. El mundo sigue siendo un teatro de sombras, pero los dueños necesitan mandar, es un juego de la serpiente y tiene muchas cosas en común con el nazismo.

Entonces, ese orden necesita mandar la señal de que el mundo está adueñado, esta apropiado en varios niveles: en el nivel de lo público, en el nivel de las mafias y eso se manda con un espectáculo, etc. Ese mensaje se envía con el espectáculo de impunidad. Entonces, cuando uno acusa de impunidad, ni se inmutan, porque es lo que quieren lo que buscan los dueños. Lo que busca el poder es que la gente comprenda que ha caído en las garras de los dueños y eso se envía, ese mensaje, esa publicidad de un poder oculto con la impunidad.

Esa impunidad, las sentencias escandalosamente pequeñas frente a delitos como la violación, son en realidad el mensaje de que no nos movamos, no vale la pena porque el mundo está adueñado; los feminicidios son eso también, el dominio sobre el cuerpo de la mujer y su destrucción hasta la muerte que es una cosa muy distinta que la anexión territorial del cuerpo femenino, características de las guerras hasta un momento muy reciente, que puede coincidir con la guerra en la ex Yugoslavia. Allí hay una discontinuidad, una ruptura, un cambio en la historia de las guerras y ese cambio es lo que le pasa a las mujeres: ya no es la anexión territorial de su cuerpo, sino su destrucción. Otro signo de este momento histórico.

Aunque nos llaman a quedarnos quietos, tú llamas a movilizarnos. ¿Hacia dónde es tu llamado?

En primer lugar, a poner nombre a valores como la risa femenina, el arraigo ha prácticas que son nuestras, pero que no tienen retórica de valor. No tienen palabras que lo valoricen, como si las tienen el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico. Tenemos que producir retóricas de valor para nuestra forma de felicidad.

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En segundo lugar lo vincular. Yo hablo en mis textos de que existen dos grandes proyectos históricos en curso, que se dirigen a metas de felicidad diferentes entre sí. Uno es el proyecto histórico de las cosas que se dirige a la meta de la satisfacción por las cosas, ese es el proyecto histórico del capital y produce individuos y cosas. El resultado del proyecto histórico del capital son zombis que alimentan el proceso de la vida, desvinculados de la familia, la amistad, el vecindario.

Pero hay otro y uno lo sabe cuando ha vivido con el mundo comunitario.

Existe el proyecto histórico de los vínculos. En América Latina y en muchos lugares del planeta, hay fragmentos de vida, lo que yo llamo “girones de comunidad”, en el que invertimos cosas en los vínculos, sacrificamos cosas por los vínculos. A esto le llamo proyecto histórico de los vínculos que producen comunidad, producen tejido comunitario.

Son dos proyectos antagónicos. El proyecto histórico de los vínculos es disfuncional al proyecto histórico del capital y por eso hay que apostarle.

Verdad y justicia para Berta Cáceres Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo

Que los responsables del asesinato de la luchadora lenca Berta Cáceres paguen por su crimen y se llegue a la verdad en un Estado en que priva la injusticia, exige el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual Berta fue coordinadora general.

El Copinh demanda que el juicio a los imputados no se realice hasta que existan las condiciones necesarias para desarrollar un proceso justo, ya que existe la posibilidad de que el poder judicial fuerce la resolución en contra de las víctimas de todos los recursos que se han interpuesto.

El Tribunal de sentencia, advierte el Copinh, tiene prisa por terminar el juicio antes del 2 de noviembre, fecha en la que vence la prisión preventiva de las primeras cuatro personas detenidas.

La estrategia del sistema de justicia, acusan los compañeros de Berta, ha sido dejar que avancen todas las irregularidades de parte del Ministerio Público, con el fin de llamar a juicio de último momento y con la excusa del vencimiento de los términos negar las peticiones de las víctimas acerca de la información y el desarrollo de un proceso que brinde verdad y justicia.

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El vencimiento de la prisión preventiva significa que los imputados que fueron capturados en mayo de 2016 tendrán que salir del centro penitenciario para continuar el proceso bajo otra medida cautelar, como la prisión domiciliaria, entre otras.

Para evitar que el juicio se desarrolle en condiciones injustas, la representación de las víctimas ha interpuesto los siguientes recursos ante decisiones del tribunal: amparo para que el Copinh, por medio de sus integrantes, sea reconocido en su condición de víctima del crimen de Berta y pueda participar del proceso penal; dos recursos de amparo para que se incorpore al proceso el material probatorio que no fue admitido, con el fin de que sirva para mostrar los antecedentes del asesinato, así como su vinculación con el trabajo de Berta, y otro amparo para que el juicio sea transmitido en vivo y así las comunidades y las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias.

Verdad y justicia para Berta. www.desinformemonos.org losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Juicio Popular Vs Minería

Mineras responsables de 22 casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas. Exigen comunidades cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera.

Comunidades indígenas de Oaxaca denuncian asesinatos de personas defensoras, contaminación de los bienes comunes y fractura de las instancias de organización comunitaria como resultado de la actividad minera en el estado Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de octubre de 2018.- Veintidós casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fueron presentados en el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un 14

espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca. Las y los representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del estado. Actualmente se encuentran activos en Oaxaca, 41 proyectos mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 en el estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas.

Además, los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas como: el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, derecho al desarrollo propio, derecho a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.

Uno de los testimonios de mayores afectaciones al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, comunidad donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.

“Nos han dañado las parcelas en las que sembramos cerca de la empresa, nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vázquez 15

Sánchez y a Bernardo Méndez. Exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca y castigo a los culpables por los asesinatos”, exigió Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).Habitantes del municipio de Magdalena Ocotlán, por su parte, denunciaron el reciente desbordamiento de la presa de jales de la empresa Fortuna Silver Mines, que contaminó el Río del Coyote. “La gente está alarmada porque el Río del Coyote se pintó de blanco. A escasos 10 metros del río está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, Vicepresidenta de la Ecuarunari de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu y Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado brasileño experto en Derechos Indígenas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Ignacio Henriquez, maestro en administración pública con experiencia en cooperación de Oxfam en El Salvador; Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ y Premio Nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

Los casos fueron presentados ante un jurado conformado por Blanca Chancosa, lideresa indígena del pueblo Otavalo de Ecuador; Jakeline Romero Epiayu, premio nacional de Derechos Humanos de Colombia; Daniel Cerqueira, abogado experto en Derechos Indígenas, de Brasil; Miguel Álvarez, premio nacional de Derechos Humanos de México; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de México; Beatriz Gutiérrez, lideresa comunitaria de San Mateo del Mar, Oaxaca; Carmen Herrera García, de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; Francisco López Barcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas.

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El jurado contó con el apoyo de los peritos, Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (COMAL) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.

Las consideraciones del veredicto final del jurado, fueron: 1. Adoptar medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares; así como estricto respeto de sus Sistemas normativos.

2. Declarar el estado de Oaxaca como un territorio libre de proyectos mineros.

3. Cancelar las concesiones y asignaciones mineras vigentes por haberse otorgado en completa violación de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos; 4. Suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas; 5. Derogación de la actual Ley Minera y otras que guardan relación con esta industria; y la aprobación de una nueva ley en el marco de respeto de los derechos de los Pueblos indígenas y campesinos, protectora y tendiente a reparar integralmente las violaciones a derechos humanos hasta hoy ocasionadas.

6. Garantizar a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad.

Asimismo, se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

7. Detener la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.

8. Creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los Pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

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1. Cumplir con las recomendaciones formuladas al Estado mexicano por los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El veredicto se entregará a autoridades comunitarias, estatales, nacionales e instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Convocatoria y materiales del Juicio: www.endefensadelosterritorios.org/category/juicio-popular-vs-mineria/

Irresponsabilidad criminal

Caronte por Jacobo Dayán - Aristegui Noticias Nunca he estado del todo de acuerdo con la frase de George Santayana: “aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.

La esencia de esta frase me parece correcta pero no como condena.

Diría yo que aquellos que no asumen con responsabilidad su pasado no estarán listos por si se presentan situaciones similares en el futuro.

A 50 años de la brutal masacre de Tlatelolco es momento de evaluar, de nuevo, como México abordó este trágico evento y la subsecuente Guerra Sucia. Durante los gobiernos del PRI fue imposible abrir esa época para generar verdad, impartir justicia, reparar a las víctimas ni establecer las garantías de no repetición. La oportunidad histórica se dio en el sexenio de Vicente Fox. Una decisión responsable hubiese sido la creación de una Comisión de la Verdad que generase narrativa sobre los patrones y procesos de persecución, desaparición y asesinato de opositores políticos, disidentes y críticos del sistema; la justicia debió llegar a partir de las investigaciones de la fiscalía especializada que fue la Femospp; se tendría que haber diseñado un plan de reparaciones a las víctimas directas e indirectas y por último el Estado debió implementar garantías de no repetición, al menos en las fuerzas armadas y de seguridad.

Nada de esto ocurrió a cabalidad. La Femospp creó un documento que pretendía ser similar al de una comisión de la verdad pero realizada por 18

una fiscalía, primer error. Segundo error, el documento no es público.

Tercer error, por presiones políticas jamás se llegó a la justicia. Cuarto error, el Estado omitió de manera irresponsable la reparación a víctimas.

Quinto error, hoy estamos en un mar de violencia sin las capacidades que se debieron crear como respuesta a la violencia de Estado del siglo XX. Ante el fenómeno de desapariciones forzadas de la Guerra Sucia, México debió crear instituciones de búsqueda de personas desaparecidas. Estos equipos tendrían a antropólogos forneces que hoy no tenemos, instalaciones y equipo técnico para la identificación de restos que hoy no tenemos y sobre todo un mensaje desde el Estado que dejara en claro que las y los desaparecidos importan.

Otra de las conclusiones que hubieran surgido de un proceso sería que la PGR no funciona. Que se requería, y se sigue requiriendo, una Fiscalía general y fiscalías estatales capaces y con autonomía e independencia. La apuesta por el olvido de los crímenes del siglo XX permanece en el XXI. La narrativa oficial por la que se revictimiza con “en algo andaban” funcionó en el siglo XX y funcionó, cada vez menos, en el XXI. Seguramente se habría concluido que eran necesarios controles a las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad. Hoy no tenemos esos controles, más bien nos debatimos frente a una brutal Ley de Seguridad Interior.

Las omisiones del siglo XX fueron criminales para con las víctimas del 68, el 71 y la Guerra Sucia. Lo fueron también para la sociedad en su conjunto. Hoy pagamos las consecuencias.

Una última reflexión y aclaración. De manera reiterada se hace referencia al 68, la Guerra Sucia o la brutalidad que vivimos hoy en día como Genocidio. El Genocidio es el “intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.

Los crímenes de la segunda mitad del siglo XX perpetrados por el Estado no tenían como objeto atacar a uno de estos grupos. Las víctimas no eran asesinadas por pertenecer a un grupo nacional, en este caso mexicanos. La persecución fue ideológica y eso no está contemplado en el Estatuto de Roma como Genocidio. Se trata, en el siglo XX y actualmente, de Crímenes de Lesa Humanidad: “ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Esto no hace de los crímenes algo menor, uno no es peor que otro, simplemente se trata de una perversión y crimen distinto.

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Entre el 68 y Ayotzinapa

Ricardo Raphael - 12 Octubre, 2018 - Proceso La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, y la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968, tienen semejanzas que con dificultad podrían pasar desapercibidas. No se trata meramente de una comparación retórica sino de vasos comunicantes entre el pasado y el presente de una misma sociedad que ha sumado deudas irresueltas en su proceso civilizatorio.

La primera coincidencia muy visible es la criminalización de las víctimas. Hace 50 años Gustavo Díaz Ordaz acusó de incautos a los jóvenes “que se dejaron deslumbrar por prédicas ajenas y llevar por el entusiasmo con los ejemplos de violencia”.

Aquel gobierno justificó sus actos arbitrarios y represivos como respuesta a la supuesta provocación de los jóvenes que, por ingenuos, se habrían vuelto criminales.

Medio siglo después, desde la cúspide del Estado mexicano hubo intentos deliberados para ligar a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa con el crimen organizado, o bien –al más puro estilo diazordacista– para señalarlos como instrumento de movimientos depredadores por sus agendas inconfesables.

En uno y otro caso, los jóvenes fueron señalados como sujetos violentos y al mismo tiempo como herramientas de una conspiración temible y oculta que el gobierno no se molestó jamás en despejar.

Un segundo parecido es la manera como las instituciones responsables de procurar y administrar justicia fueron utilizadas políticamente, dando la espalda a la ley y a la Constitución.

En el caso del 68, las acusaciones, el contenido de las averiguaciones previas y las sentencias judiciales tuvieron como fuente principal de su fabricación los testimonios falsos, la intención de liberar de toda responsabilidad a los autores intelectuales y la manipulación de la realidad para que la verdad jurídica coincidiera con la mentira política.

Ayotzinapa reúne características parecidas: los testimonios principales 20

del expediente fueron obtenidos bajo tortura, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy rápido se señaló a los esposos Abarca como supuestos culpables de la desaparición forzada, creyendo que con ello quedarían libres de responsabilidad los verdaderos autores intelectuales del acto criminal.

Por otro lado, la manoseada hipótesis de que todos (y luego sólo una parte) de los normalistas habían sido incinerados en el vertedero de Cocula, es tan cierta como la versión de que los estudiantes del 68 dispararon primero contra los militares en la Plaza de las Tres Culturas y al Ejército no le quedó de otra más que responder.

Ambas, la de los Abarca –como última instancia de la trama–, y la del basurero de Cocula, son fabulaciones que desde el pedestal de la política se repitieron hasta el cansancio y que contaron con la aquiescencia de ciertos periodistas y medios de comunicación.

El tercer parecido en las dos historias lo aporta la presencia del Ejército en la escena del crimen. Apenas hace unos días el subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Cruz Isaac Muñoz Navarro, declaró que durante el movimiento estudiantil de 1968 “el personal militar actuó conforme a derecho, protegiendo en todo momento a la población civil y respetando los derechos humanos” (El universal 04/10/18).

Los estudiosos de la historia conocen lo suficiente como para afirmar que el 2 de octubre de aquel año el Ejército trazó un denso perímetro con sus soldados para que los jóvenes no pudieran escapar del tiroteo cobarde; después detuvo a cientos de estudiantes y los llevó al Campo Militar número uno: nada de todo esto fue conforme a derecho, ni a la Constitución.

En Ayotzinapa la coincidencia es estremecedora: el Batallón 27 de la 35 Zona Militar, a cargo del general Alejandro Saavedra Hernández, también trazó un perímetro alrededor del lugar donde estaban ocurriendo los ataques contra los jóvenes normalistas y los jugadores de futbol. Luego patrulló la zona encontrando heridos y personas muertas sin que concurriera en su auxilio. El Ejército fue testigo mudo y manco de los hechos porque recibió órdenes de no hacer nada; fue omiso y por eso es corresponsable.

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Y, sin embargo, los mandos castrenses defienden hoy que, en este caso también, actuaron conforme a derecho.

La cuarta similitud del 68 con Ayotzinapa es la asociación entre criminales y funcionarios públicos. Hace 50 años fueron apostados en los techos de los edificios, y en distintos sitios estratégicos, sujetos vestidos de civil que dispararon a mansalva contra los estudiantes.

Porque las investigaciones jamás se celebraron se desconoce la identidad de los perpetradores, pero pasado el tiempo se toma como verdadero que se trató de gatilleros financiados por los gobernantes en turno. En efecto, la asociación delictuosa entre esos criminales y las autoridades persiste como versión creíble hasta nuestros días.

Algo similar sucede con el caso Ayotzinapa: hay evidencia de que el grupo de los Guerreros Unidos, que supuestamente habría desaparecido a los normalistas, gozaba de amplísima protección por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. No sólo del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, sino también de otros munícipes, de los jefes de la policía local, de las autoridades estatales y muy probablemente también de algunos cuadros federales.

La quinta coincidencia entre estos dos expedientes radica en que, respectivamente, se volvieron casos emblemáticos de un fenómeno que les trascendía. La masacre de la Plaza de las Tres Culturas captura con nitidez horrorosa la capacidad arbitraria en el uso de la violencia de aquel régimen encabezado por Gustavo Díaz Ordaz: una historia devastadora del totalitarismo mexicano, de la ausencia de pluralidad, de la anemia de contrapesos, de las libertades acotadas y, sobre todo, de la Constitución como página muerta del acuerdo político.

Ayotzinapa también es retrato perfecto de nuestra época: prueba de la vulnerabilidad que las poblaciones más pobres y más jóvenes padecen en nuestro país; rudeza vil y canija de los poderes criminales y su asociación con las autoridades legales. Ausencia abrumadora de la ley y sus instituciones; impunidad que bombea sangre injustamente derramada dentro de las tuberías y las mangueras del sistema político.

El símil entre el 68 y Ayotzinapa no es arbitrario: el sentido común une a estos dos trágicos episodios y, por eso, desde octubre de 2014 cada vez que se marcha por el 68 también se cuenta del uno al cuarenta y tres, y luego se reclama ¡Justicia!

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La urgencia de buscar nuevos caminos Raúl Zibechi - La jornada

La abrumadora votación que recibió Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que lo colocan en las puertas de la presidencia, son una buena oportunidad para que las personas de izquierda reflexionemos sobre la necesidad de transitar nuevos caminos.

No alcanza, por tanto, limitarse a denunciar lo que ya sabemos: el carácter militarista, autoritario y ultraderechista del candidato. Hay que explicar porqué medio país lo vota y qué implicaciones tiene para el proyecto emancipatorio.

Brasil vive una profunda fractura de clase, de género y de color de piel que se expresa de forma nítida en los partidos de la derecha, que han delineado sus objetivos de forma clara y transparente: quieren instalar una dictadura pero manteniendo el sistema electoral. La izquierda cree en una democracia inexistente, asentada en una imposible conciliación de clases. Si Bolsonaro es fascista, como dicen el PT y sus intelectuales, debemos recordar que nunca fue posible derrotar al fascismo votando. Hace falta otra estrategia.

La otra es la fractura geográfica: un país dividido entre un sur rico y blanco y un norte pobre y negro/mestizo. Lo curioso es que tanto el PT como los principales movimientos sociales nacieron en el sur, donde tuvieron algunos gobiernos estatales y municipales. Esa región es ahora el epicentro del hondo viraje hacia la derecha, con claro contenido racista y machista.Debemos explicarnos las razones por las cuales las élites y las clases medias acomodadas han producido este fenomenal viraje, desertando de su partido preferido, la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso, hacia Bolsonaro. Han abandonado la democracia y apenas conservan las elecciones como máscara de la dominación.

La razón principal la explica el filósofo Vladimir Safatle. “Brasil llega a 2018 con dos de sus mayores empresas siendo públicas, así como dos de sus mayores bancos. Además, con un sistema de salud que cubre a 207 millones de personas, gratuito y universal, algo que no tiene ningún país con más de 100 millones de habitantes”. Agrega que las universidades no son sólo para las minorías ricas y concluye que “Brasil llega a los días actuales en una situación muy atípica desde el punto de vista del neoliberalismo”.

El autoritarismo es el modo de imponer la agenda que necesitan el sistema financiero, el agronegocio y las mineras para seguir acumulando 23

riqueza en un periodo de crisis sistémica. No lo pueden hacer sin reprimir a los sectores populares y criminalizar sus movimientos. Por eso Bolsonaro convoca a militares y policías y se permite amenazar al activismo social, con modos muy similares a los de la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, quien acusa a los movimientos sociales de mantener relaciones “muy estrechas” con el narcotráfico, cuando todos sabemos que es la policía la que los ampara.

El racismo, las violencia anti-LGBT y el odio a la izquierda de las clases medias brasileñas, muestran la cara oculta del país con mayor desigualdad del mundo. No quieren perder sus privilegios de color, de género, de posición geográfica y de clase. Poco les importa que sean asesinadas más de 60 mil personas cada año, en su inmensa mayoría jóvenes, negros, pobres, porque saben que es el precio para mantener sus privilegios.

Ante este panorama las izquierdas no deben seguir aferradas a una estrategia que fue esbozada para otros tiempos, cuando el diálogo de clases era aún posible.

En el anterior medio siglo hemos pasado de la estrategia de la lucha armada a la estrategia puramente electoral. Ambas tienen en común el objetivo de la tomar del poder y enfocan todas sus baterías en esa dirección.

Este péndulo es nefasto porque coloca a los sectores populares sólo como apoyo logístico o como votantes, siempre al servicio de vanguardias o caudillos, pero nunca como protagonistas de sus vidas políticas. Ante nosotros algunos pueblos originarios, comunidades negras y un puñado de movimientos están transitando otros caminos, por fuera de las instituciones pero sin confrontarlas abiertamente.

Están abriendo espacios en los territorios de los pueblos que juegan un doble papel: resistir creando vida. En los recientes años hemos reporteado, como otros compas, quizá miles de resistencias creativas en todos los países de la región. Son caminos que lo recorren por sí mismas, sin que ninguna vanguardia o partido les indique los pasos a seguir. Si en algún momento decidieran tener presencia electoral, lo harán desde esos “poderes en movimiento”pero sin desarmarlos. Lo que no tiene el menor sentido, es que mientras la burguesía está desmontando una democracia que le sirvió durante el periodo de los estados del bienestar, nos limitemos a actuar sólo en ese terreno, colocando todas las construcciones previas en peligro.

La estrategia puramente electoral nos deja a merced de los de arriba, menos al puñado de cargos que saltan del partido al Estado, en un viaje sin retorno.

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PRONUNCIAMIENTO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO A las Redes de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno A la Sexta Nacional e Internacional A los pueblos de México y el mundo

Hermanas, hermanos: Desde la Segunda Asamblea Plenaria del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, llevada a cabo del 11 al 14 de octubre en el CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos dirigimos respetuosamente a las y los compañer@s, que conforman las Redes de Apoyo al CIG, a los pueblos de este país y del mundo para vernos, consultarnos y emprender nuevos pasos para la construcción del nuevo mundo que necesitamos.

Lo decimos con urgencia, porque los que somos pueblos originarios, en nuestra lucha en contra de la profunda enfermedad causada por el capitalismo, tejemos la vida, pues es la encomienda que recibimos de nuestros antepasados. Eso, para nosotros es construir la vida y hacerla crecer en cada rincón, con una esperanza que apueste por la memoria y por los tiempos venideros. Nos tejemos en colectivo como pueblo y en ese trabajo nos tejemos también como personas.

Somos redes en nuestras localidades donde buscamos en colectivo tener una sola palabra que sea espejo de nuestra madre tierra, de su latido y de su vida. Somos redes de redes en nuestras comunidades y regiones que son colectivos de colectivos, donde encontramos una sola otra palabra, que entre los nuestros, escuchamos con atención porque sigue siendo lo que decidimos libremente ser, eso es nuestra lucha permanente y por eso la respetamos y honramos, haciéndola nuestro gobierno, no ahorita sino siempre, porque de nuestras diferencias surge el acuerdo colectivo. O sea, de nuestro ser diferentes surgimos como uno solo, como los pueblos que somos y es por eso que también honramos nuestras diferencias.

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Así, cuando por acuerdo del Quinto Congreso Nacional Indígena decidimos conformar un Concejo Indígena de Gobierno, no fue vacilando, ni pretendiendo que todos sean como nosotros, ni queriendo decir a nadie qué hacer, sino para decir al mundo que no es cierto que el gobierno deba ser para destruir, sino para construir. No es cierto que el gobierno deba ser para servirse, sino para servir. Debe ser espejo de lo que somos cuando soñamos decidiendo nuestro destino, y no la mentira que nos suplanta para decir en nuestro nombre que quiere ver muerto todo a su alrededor.

A eso que tejemos, le llamamos organización y es el territorio que defendemos, es la lengua que hablamos y nos negamos a perder, es la identidad que no olvidamos y que engrandecemos con la lucha. Pero resulta que es también lo que los dueños del dinero necesitan para destruir y convertir en más dinero, para hacerlo mercancías con la explotación, con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de muchos otros millones de personas que no son de nuestros pueblos y que viven en las ciudades y en el campo. O sea, tampoco es cierto que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio sea sólo para nosotras y nosotros los originarios.

Por eso, ejercer la autonomía con nuestras formas ancestrales de caminar preguntándonos, es la única puerta para poder seguir haciendo de la vida, nuestro camino irrenunciable, pues afuera todo se acomodó para afianzar el terror y la ganancia de los poderosos. En ese contexto, aunque nuestra libre determinación sea reconocida en sus leyes viciadas, no hay forma de que se detenga, o siquiera se frene la acumulación capitalista basada en nuestro exterminio. Esto será posible hasta que se desmonte la finca, la hacienda, la fábrica, el campo de concentración o el cementerio, en lo que han convertido nuestro país y nuestro mundo.

El Concejo Indígena de Gobierno es la forma de honrar nuestras diferencias, para encontrar ahí la palabra en la que nos reflejemos, y que sea un verdadero gobierno. Lo otro, eso a lo que arriba llaman Estado Mexicano, es sólo una mentira hecha para imponer, reprimir y ocultar la muerte que ya se nos desborda haciendo evidente el engaño. Es decir, no son más que una banda de rateros que fingen ser institución de derecha o de izquierda. En cualquier caso, traen la guerra consigo y por más que la maquillen también se les desborda, porque el patrón es el patrón.

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Pero abajo, no tenemos más que defender la vida con o sin las mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Binniza, Chontal, Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec con sus proyectos trasístmicos y la expansión de las Zonas Económicas Especiales, a los pueblos Mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran ante la anunciada siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país, ante la ilegal y amañada consulta para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, o ante la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas. Las palabras sobran cuando sin consultar a nuestros pueblos el futuro gobierno impone la creación, al estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia.

Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con que son entregados los pueblos de México a los intereses de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, mismo que promete ratificar el futuro gobierno de López Obrador, quien en uno de sus primeros discursos no dudó en ratificar la continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, continuidad en la política neoliberal, la cual será garantizada con el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en las calles y con la pretensión de reclutar 50 mil jóvenes para las filas armadas que han servido para reprimir, despojar y sembrar el terror en toda la nación.

Cuando nuestras demandas fueron parar esta guerra y que los derechos de los pueblos indígenas se reconocieran en la constitución mexicana, traducidos en los Acuerdos de San Andrés, fuimos traicionados porque el patrón que no vemos y que es a quien sirven los que dicen gobernar, ordenó tender sobre nosotros muchas leyes que hacen legal robarnos con violencia la tierra, programas para dividirnos y hacernos pelear entre nosotros, sembrar el desprecio y el racismo hacia todas las direcciones. Entonces, las palabras sobran también cuando con cinismo hablan de reconocer en sus leyes profundamente podridas los Acuerdos de San Andrés o nuestra libre determinación, sin siquiera tocar el asesino montaje capitalista que es el Estado Mexicano.

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De aprobarse los Acuerdos de San Andrés en el actual contexto, estando vigentes las sucesivas reformas al artículo 27 constitucional, que han transformado la tierra en mercancía y han puesto las riquezas del subsuelo en manos de las grandes empresas, sin acabar con los regímenes de concesiones de aguas, minería, bienes nacionales e hidrocarburos, sin imponer límites al poder imperial derogando el actual Tratado de Libre Comercio y limitando severamente a las grandes corporaciones trasnacionales, sin destruir el control que los grandes cárteles de la delincuencia ejercen, apoyados en las corporaciones militares, sobre nuestros territorios, estaremos viviendo, en el mejor de los casos, una burda ilusión, que nos oculta la embestida del dinero contra nuestros pueblos.Nosotros, en el Congreso Nacional IndígenaConcejo Indígena de Gobierno, no tenemos duda y no seremos parte de ninguna transformación exponencial capitalista, que con sus prácticas viciadas, tiene su mirada puesta en nuestros territorios. No seremos parte de su mentira sedienta de nuestra sangre y nuestro extermino.

Es por eso, que acordamos seguir construyendo la organización que se convierta en un gobierno propio, autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de otras geografías, para romper en colectivo la inercia que nos imponen, para ver entre todos por donde viene la tormenta y en medio de ella no dejar de tejer, hasta que nuestro tejido se junte con los otros, que brotan por todos los rincones de México y el mundo para que se hagan concejos, que juntos, seamos concejo de gobierno con las redes del apoyo al CIG. Que se desdoblen con sus propias formas y su propia identidad en el campo y la ciudad sin importar las fronteras.

Acordamos consultar en nuestras comunidades, pueblos, naciones, tribus y barrios las formas y modos de construir junto con las redes de redes, chiquitas y grandes, una coordinación que nos enriquezca en el apoyo y la solidaridad, que haga de nuestras diferencias nuestra fuerza, en redes de resistencia y rebeldía con la palabra que nos hace ser uno solo, de manera respetuosa y horizontal.

Y como es de por si nuestro modo, cada paso depende de lo que mero abajo acordemos, por lo que llevaremos a nuestras regiones estos resolutivos para ser consensados, y que la palabra colectiva que nos hace ser lo que somos, nos marque el ritmo, el modo y la dirección.

Nuestros pasos dependerán también de lo que mero abajo en colectivo decidan los otros y las otras, los maestros, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, de todos lo que en medio de la guerra capitalista 28

también han decido tejer la organización que eche abajo la muerte y la destrucción en la que los capitalistas solo ven ganancias. Si es su decisión, de abajo y autónoma, les llamamos a que consulten de manera seria y comprometida al interior de sus organizaciones y colectivos si es o no necesario para ustedes conformar su Concejo de Gobierno.

Si así lo deciden, en consecuencia a nuestro llamado para hacer retemblar la tierra con la organización de abajo y a la izquierda, siempre contarán con nuestra palabra compañera, desinteresada y solidaria. Compañer@s no serán pasos fáciles, ni rápidos, pero estamos convencidos de que se nacerán profundas grietas para desmontar el poder de arriba.

En su momento y de acuerdo a la consulta que realicemos en nuestras comunidades, el CNI-CIG discutiremos la incorporación a algo más grande, que sea capaz de incorporar nuestras luchas, pensamientos e identidades. Algo más grande que se haga fuerte con las visiones, modos, formas y tiempos de cada quien.

Hermanas, hermanos es esta nuestra palabra colectiva, que sigue llamando a la organización de abajo para defender la vida, y sanarnos junto con nuestra madre la tierra.

Desde CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas A 14 de octubre de 2018 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Más Un México Sin Nosotros Congreso Nacional Indígena Concejo Indígena de Gobierno Ejército Zapatista de Liberación Nacional

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Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 17 de octubre de 2018

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