Recopilatorio 19 de febrero 2020

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 19 de febrero de 2020

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Es el Estado feminicida

Celia Guerrero - Pie De Página - Igualada - 12 Febrero, 2020 piedepagina.mx/es-el-estado-feminicida/ Es prioritario salir de la parálisis del lenguaje y nombrarle por lo que es: un Estado feminicida. Hasta que las palabras se vuelvan conciencia y acción política Quiero hacer una pausa y pensar en las palabras correctas, y caer en cuenta también de la parálisis del lenguaje que produce la vorágine de violencia feminicida. Porque no es la primera vez que el tsunami de la inmediatez nos quita la posibilidad de detenernos a pensar en la importancia de elegir las palabras con las que comunicamos discursos. Y, asumo, no soy la única que en la urgencia de la expresión no puede ni nombrar qué o cuánto le duele, mientras pretende reflexionar con mayor profundidad lo que estamos viviendo.

Dentro de algunas de las reflexiones de feministas desatadas por el feminicidio atroz de Ingrid Escamilla, hay una que apenas resuena y valdría la pena rescatar: nos enfrentamos al desamparo de ser ciudadanas en un Estado feminicida al que seguimos confiriendo nuestra seguridad a pesar de que nos ha demostrado en varias ocasiones ser en sí mismo el perpetrador de la violencia y difusor del odio en contra de las mujeres.

Quizá por ello, es prioritario salir de la parálisis del lenguaje y nombrarle por lo que es: un Estado feminicida. Hasta que las palabras se vuelvan conciencia y acción política.

No es que ahora mismo no existan iniciativas importantísimas de mujeres que se contraponen a la violencia desde la movilización y acción política, sino que el ciclo de catarsis colectivas que reaccionan de evento violento en evento violento pierde efectividad si nos olvidamos de identificar de dónde proviene la violencia a la que nos oponemos. Si obviamos eso, cualquier fuerza movilizadora por más amplia que sea terminará por ser absorbida, o por el circo institucional que jamás resolverá la violencia patriarcal, o por la inercia de la vorágine que desgasta o mata.

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No olvidemos que el señalamiento a las instituciones debe trascender de la exigencia de justicia y castigo a los perpetradores, hay que decir alto y claro: esos actores a los que exigimos protección, soluciones o [ya mínimo] empatía son los mismos perpetradores de los crímenes.

Criminales son los funcionarios públicos que compartieron las imágenes del cuerpo de Ingrid y grabaron mañosamente el video del feminicida para entorpecer el proceso judicial. Criminales son los periodistas sin gramo de ética que difunden las imágenes, hacen mofa de la violencia contra las mujeres y esparcen el discurso misógino que la perpetua. Criminales son desde el presidente que desdeña una problemática social que afecta a la mitad de la población del país que dirige, hasta los dueños de los medios que se enriquecieron a costa de reproducir el espectáculo del horrorismo contemporáneo, término de la historiadora mexicana Cristina Rivera Garza.

Busco y regresó a aquellos textos de la tamaulipeca que hace casi una década me ayudaron a digerir el desbordamiento de la violencia, resultado de la militarización del país, porque —nuevamente, como entonces— la palabra barbarie se queda corta. “Suele ser difícil escribir sobre el dolor”, presagia al comenzar a ensayar las posibilidades de crear sentido de lo que identificamos como sinsentido en Dolerse, Textos desde un país herido, y pienso en el increíble acto de supervivencia que realizamos desde hace tiempo en México, lo que significa y rescata —en medio de tanto y de todo— la escritura; lo que me hace regresar de nuevo a la importancia del lenguaje.

Hace 9 años Rivera Garza recopilaba en este libro reflexiones sobre la escritura frente al horror —“el espectáculo más extremo del poder”— en un México que terminaba la última década del siglo XXI envuelto en una guerra descarnada que, aunque hoy continúa, pasó a segundo plano en el escenario nacional impuesto desde la élite política.

Ahora que esa guerra se muestra más evidente en contra del territorio cuerpo de las mujeres, el movimiento feminista parece ser de los pocos a nivel nacional con la suficiente fuerza para continuar desenmascarando a ese Estado feminicida. Pero el embate arrecia cuando nos quitan a Ingrid, a Isabel, a Raquel y a tantas más día con día, mandando el mensaje de impunidad y absoluta indefensión.

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“El dolor es un fenómeno complejo que, por principio de cuentas, cuestiona nuestras nociones más básicas de lo que constituye la realidad. El dolor paraliza y silencia, es cierto, pero también satura la práctica humana…”, plantea Rivera Garza, a quien rescato —aunque no tiene un acercamiento feminista— porque es de las ensayistas más brillantes de la tragedia contemporánea mexicana.

Esa sociedad doliente de la que escribe es la misma que hoy enfrenta, como eco de la conmoción anterior, una violencia feminicida cada día más atroz. Pero ese dolor que puede paralizar, silenciar o saturar la práctica humana, “en ocasiones, la libera, produciendo voces que, en su profundidad o desvarío, nos invitan a visualizar una vida otra, en plena implementación con los otros”.

Con Fátima, todos fallamos

Texto: Daniela Rea Y María Ruiz - Mujeres - 18 Febrero, 2020 Piedepagina.mx/Con-Fatima-Todos-Fallaron/ La Fiscalía de la Ciudad de México no actuó a tiempo. El DIF de la Ciudad de México no atendió la enfermedad de los padres de Fátima. La escuela no siguió los protocolos establecidos por las autoridades. Los alcaldes se pasan la bolita del abandono de un pueblo que sólo miramos en las tragedias A raíz de la desaparición y asesinato de Fátima Cecilia, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llama a situar el crimen contra la menor de edad en un contexto de violencia feminicida y desaparición de personas en México.

“Es importante contextualizar. La violencia feminicida parece imparable, la epidemia de desaparición de personas, pero concretamente de niñas, niños, mujeres y adolescentes. En ambos casos -de violencia feminicida y desaparición- cuando hablamos de crisis es porque el Estado no garantiza la vida e integridad de personas, eso explica las responsabilidades de fallas que ocurrieron en el crimen contra Fátima”, dice en entrevista Martín Pérez, director de la Redim.

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Martín Pérez pone el foco en el trabajo que debió hacer la Fiscalía General de la Ciudad de México para la búsqueda de la niña.

“El foco debe estar en la acción de la autoridad que debió buscarla.

Ella desapareció el 11 de febrero, su cuerpo fue encontrado el domingo (cinco días después de que se le viera por última vez). No hay un protocolo específico para la búsqueda de niños y niñas, lo establece la Ley de Desaparición Forzada, pero no se ha elaborado”, dijo.

Ese protocolo es responsabilidad de las fiscalías de cada entidad, en este caso, de la Ciudad de México.

“La alerta Amber no es un protocolo de búsqueda, es una herramienta de ayuda para que la gente dé información. Un protocolo es un plan de búsqueda, un rastreo de cámaras, barridos en el territorio, mapeo de redes sociales o sábanas de llamadas si es adolescente. La alerta es un engañabobos”, afirmó el director de Redim.

La Ley de desaparición forzada de personas establece, en su capítulo segundo. que “Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda”.

Martín Pérez cuestionó que la titular de la Fiscalía haya dicho en entrevistas a medios de comunicación información personal de los padres, pues esta debe permanecer en secrecía por la investigación, además de que puede usarse para criminalizarlos.

“Es nuevamente el mismo patrón que conocemos: se responsabiliza a familias y víctimas y se busca distraer la atención de que la violencia feminicida y la incompetencia es responsabilidad de las autoridades”.

“No se puede filtrar información, eso da para el linchamiento de la mamá porque no fue por ella; y linchamiento de la escuela conserje y director, pero el que hayan dejado sola a la niña no significa responsabilidad directa en el feminicidio, es negligencia, pero no feminicidio.

Hay elementos que hablan de la falla de la Fiscalía en la búsqueda”.

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El DIF, la familia, los vecinos Sonia López, tía de Fátima, denunció que “había todo un proceso detrás, de salud mental que no se siguió. Había un descuido que se reclamó, no solamente por parte de la familia sino por vecinos”. Se pidió que el Sistema Nacional de la Familia (DIF) diera atención: “cuidaran de la madre, porque también es una víctima aquí. Que se hiciera lo que correspondía y nadie nos hizo caso”.

“Se había reportado en instituciones que ella no tenía la capacidad de cuidar a los niños y sin embargo no se pudo hacer nada.

Los familiares intentamos hacer todo lo que estuvo en nuestras manos pero nos topamos con muchísimos topes, las instituciones no nos ayudaban, era muchísimo dinero el que necesitabamos para hacer todos los trámites, fue muy desgastante, estamos acabados.”

A esto el DIF contestó con la publicación de una tarjeta informativa sobre la existencia de un expediente desde 2015. El DIF dio por concluido el expediente y reportó que en 2017 recibió una llamada donde se señaló “descuido y negligencia generado por la progenitoria y el padrastro”. Después de esa fecha el DIF no cuenta con más datos.

Más que protocolos escolares, sentido común Por la mañana, en conferencia de prensa, la autoridad federal educativa de la Ciudad de México perteneciente a la SEP dijo que la guía operativa para las escuelas determina la forma en que deben entregarse los alumnos al salir de la escuela.

Esa guía señala que se debe solicitar identificación a las personas responsables del menor de edad; que si los padres no se presentan en horarios señalados o en la tolerancia de 20 minutos se traslada al menor de edad a una agencia ministerial; en caso de que haya menores de edad que regresen solos a casa deben estar identificados.

En un sondeo realizado por Pie de Página por distintas escuelas, se encontró que cada una resuelve de manera distinta el retraso de padres de familia al recoger a sus hijos.

La dirección de una guardería pública de la delegación Miguel Hidalgo decidió ampliar el horario de entrega dos horas después de lo establecido con un cobro extra a las familias, los menores sólo se entregan a responsables con credencial previamente registrados ante la dirección.

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En una primaria pública de la delegación Cuauhtémoc una maestra señaló que había un protocolo interno, la maestra de guardia debía esperar en la escuela hasta que llegaran los papás, en caso de que pasaran varias horas, la maestra de guardia se la llevaba a su casa y dejaba aviso en la puerta de la escuela, pero nunca dejarlos solos de la escuela “Muchos papás llegaban tarde con mucha frecuencia y decidimos cobrarles una multa, pero nunca dejarlos fuera de la escuela”, señaló la maestra que pidió anonimato.

Martín Pérez afirma que el cuidado a los infantes no es un tema de protocolos, sino de sentido común: la escuela debió avisar al DIF, pero las procuradurías de protección a la infancia dentro de las alcaldías no tienen personal para responder, han tenido recortes del 23 por ciento en el último año.

Aunque advierte riesgos de criminalizar a la autoridad escolar. “Ningún niño puede estar sin acompañamiento de un tutor o responsable, no se trata de protocolos, es un tema de sentido común. Todos los días hay papás que no llegan a la escuela y el sentido común, de humanidad, es que alguien debe acompañar o proteger, sean profesores, escuelas, otros padres de familia, o la propia autoridad. Pero hay mucho riesgo que nos perdamos en el conserje o el director y ese no es el tema profundo. Lo que la gente busca en casos como este es venganza social, es más rápido encontrar al conserje o director como responsable”, dijo en entrevista.

Fátima Aldrighett, niña sonriente En el mercado que se encuentra en la esquina de la escuela, una señora que trabaja en un puesto de antojitos lamenta el feminicidio de Fátima. Le da mucha tristeza, cuenta, porque veía a la niña cuando iba a vender sus dulces al mercado: “Por eso todos nos movilizamos”.

Era una niña muy sonriente, dice una de las vecinas de la colonia San Sebastian Tulyehualco. “Cada que la topaba en la calle me sonreía. Así, sonriente y juguetona, la definen tanto su abuelo Guillermo Antón, como su tío Fernando Anton.

Tenía su gatito y le gustaba jugar con él, cuenta su abuelo. Era una niña muy linda, cuenta otra vecina.

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El presidente: “Es una enfermedad social” En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Fátima y aseguró que el gobierno de la Ciudad de México va a encontrar a los responsables. Sin embargo, insistió en que más que un problema de policías, se trata de un problema de valores.

“Es una enfermedad social”, dijo el mandatario.

“Esto no solo se resuelve con policías, ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura. Aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y de alma. Que se insista hasta el cansancio que solo siendo buenos podemos ser felices y que ayudemos todos a tener una sociedad mejor” “Yo sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal.

Siempre he dicho que se mide el desempleo, crecimiento económico, número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal”. ¿Y los alcaldes?

Sobre Avenida Tláhuac una hilera de mototaxis sostienen veladoras y cartulinas. En ellas se leen mensajes de solidaridad con la familia de Fátima. Durante el día, ésta es una más de las muestras de apoyo que le brindaron habitantes de Tulyehualco a la familia. Desde donaciones de víveres, hasta donaciones monetarias, no faltaron las muestras de cariño, aunque no conocieran a la menor.

La colectiva Violetas llegaron con un donativo, al igual que un grupo de la escuela primaria Rébsamen. En el funeral se puso una tina con una pancarta donde se leía: “Víveres”, en ella vecinos podían dejar alguna donación para la familia.

Una pareja llegó a la calle donde vivía Fátima, con una caja de botellas de agua. Dicen que no conocen a la familia, pero que son vecinos.

“Todo el pueblo quiere ayudar y estamos unidos”, contesta el hombre.

Las vialidades que conectan a Tulyehualco con otros poblados fueron cerradas por los pobladores y la amenaza de tocar las campanas 7

estuvo latente. El feminicidio de Fátima abrió una puerta de escucha a los habitantes de este pueblo que se sienten abandonados por la situación geográfica en la que viven: en la frontera entre la alcaldía Tláhuac y Xochimilco.

No saben a quién acudir cuándo tienen problemas y los alcaldes se echan la bolita entre ellos, ninguno responde, denuncian los vecinos. Esta situación complicada permeó en el caso de Fátima, su casa se encuentra en Tláhuac, su escuela en Xochimilco y su cuerpo fue encontrado en Tláhuac. Pero las distancias entre punto y punto son unas cuantas cuadras.

¿Por qué no les importan las madres y los padres de los 43?

Tlachinollan - 18 febrero 2020

Después de un largo viaje de la ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegamos a la Normal de Mactumatzá a las 2:40 de la mañana. Antes de desayunar, escuchamos en los pasillos varios gritos de alarma de los normalistas; “Ya llegaron los policías”. Varios de ellos corrían para avisar a toda la población estudiantil. Ya no fuimos a almorzar, mejor decidimos acompañar a los normalistas, donde se encontraba el cerco de policías del estado con una tanqueta al frente. Era un grupo como de 200. Varios de ellos traían armas y la mayoría sus escudos. Más atrás estaban más policías apoyados por la Guardia Nacional.

Las siete madres y los dos padres que acompañamos en esta caravana, intentamos hablar con ellos, pero no nos hicieron caso. Nos veían con coraje y no les importaba lo que les decíamos. Cuando nos acercábamos nos ponían enfrente sus escudos. Los estudiantes les explicaban, que ahí estábamos algunas madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. En lugar de escucharnos, los policías que estaban al frente del grupo fueron colocando en segunda fila a los que traían rifles. Fue en vano el intento de dialogar. Les dijimos que como madres queríamos que se retiraran, porque no había 8

razón de que estuvieran armados cerca de la normal. Vieron que la compañera Hilda traía a su nieta en brazos. Ella misma les decía que no fueran hacerle nada a los estudiantes. Que como madre lo único que quiere encontrar es a su hijo y por eso está luchando con los normalistas: “Yo soy una de las mamás de los 43”.

Don Mario, al ver que los policías no hacían caso, alzó la voz y dijo: “No apunten a las madres”. Eso les enojó, porque no están acostumbrados a escuchar ni a respetar a la gente. Por eso nos respondieron: “No nos importan si son madres o padres, ¡Ya lárguense!”. Varios policías de la segunda fila ya estaban listos con sus armas y solo esperaban la orden. Uno de ellos empujó con su escudo a una compañera. A mí también me empujaron. Fue en ese instante cuando un policía levantó el arma y le tiro a los estudiantes. Al escuchar los ruidos de las bombas, nos empujaron para dispersarnos. Al primero que le dieron, fue a Juan Antonio Flores García. Le pegaron en la cabeza, cerca del oído. Inmediatamente cayó por el impacto de la bomba. Sus compañeros lograron sacarlo. Todos corrimos. Doña Hilda protegió con su cuerpo a su nieta de cinco años. Quedó en medio de la lluvia de gases lacrimógenos. No pudo evitar que su nieta sufriera varias quemaduras. Ella también recibió un impacto en la cabeza. Fue cuando el compañero Vidulfo tomó a la niña en sus brazos y corrió hacia la Normal. Doña Hilda, en medio de los gases que le cortaban la respiración pudo llegar hasta donde se encontraba su nieta. Ya no pudo más, y ahí se desmayó. Los policías siguieron tirando bombas como si nosotras estuviéramos armadas.

Tardaron como una hora. Nadie los detuvo, más bien trataron de pegarle a los estudiantes. Por eso Juan Antonio quedó lesionado de la cabeza. Estaba como a dos metros. Así también pasó con Isael, el hermano de Vidulfo, que de milagro no le dieron en la cara. Le pegaron en el codo cuando estaba sacando fotos. Fueron más de diez estudiantes los que resultaron lesionados, y en todo este tiempo ninguna autoridad llegó para auxiliarnos.

Es sumamente grave que la policía del estado de Chiapas instale cercos policiacos con el apoyo de la Fiscalía General y la misma Guardia Nacional, en las inmediaciones de la escuela Normal Rural de Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez. A lo largo de estos meses el gobernador Rutilio Escandón ha utilizado la fuerza pública para 9

reprimir a la Normal. Se ha empeñado en desacreditar su lucha y desatender sus demandas. Además del brazo represor ha impulsado campaña de desprestigio para mostrar a los normalistas como rijosos y vándalos. Se mantiene una postura intransigente contra los estudiantes, y en lugar de tender puentes para un dialogo respetuoso, más allá de las diferencias que puedan existir sobre las formas de protesta que han utilizado los estudiantes, ha sido la fuerza y la acción temeraria que ha emprendido contra los normalistas.

La lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de dar con el paradero de sus hijos, ha abrazo la causa de las Normales Rurales de México. Su presencia y su solidaridad, es para exigir respeto a este modelo educativo que es un espacio conquistado por la lucha de los jóvenes indígenas y campesinos, para formarse como maestros y maestras rurales comprometidos con la niñez pobre que se encuentra en las regiones más recónditas del país. La lucha histórica ha sido para consolidar un modelo educativo que garantice los servicios básicos que requieren las normales rurales.

Es inconcebible que, ante la tragedia del 26 de septiembre del 2014, los gobiernos no solo sigan encubriendo a las autoridades responsables de los asesinatos y desapariciones de los estudiantes, sino que se continúe con ese patrón de criminalización y persecución a los normalistas. Aún se mantienen dentro de los círculos del poder visiones que catalogan a los estudiantes como vándalos, al grado que la verdad histórica fabricada por la administración de Enrique Peña Nieto trazó líneas de investigación, que quisieron mostrar a lo estudiantes como miembros del crimen organizado. Por eso, lo que sucedió este domingo en Tuxtla Gutiérrez, es una muestra clara de cómo persiste dentro del aparato gubernamental una postura dura orientada a desmantelar a las normales rurales y a usar la fuerza para reprimir y atentar contra la integridad física de los estudiantes, poniendo en riesgo su vida.

Por más esfuerzos y sacrificios de las madres y padres de los 43 estudiantes para arribar a la verdad, aún existen muchos obstáculos dentro de las instituciones gubernamentales, para allanar el camino y obligar a los funcionarios a que atiendan el reclamo de justicia que demanda la sociedad mexicana. A pesar de la voluntad mostra10

da por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador de brindar todo el apoyo a la Comisión Presidencial, donde las madres y padres de los 43 estudiantes tienen un papel determinante para impulsar la investigación, hasta la fecha no hay resultados tangibles que les permita tener algunas pistas sobre el paradero de sus hijos. La información que se ha obtenido de decenas de personas detenidas, ha sido insuficiente para esclarecer los hechos. Esta situación requiere la participación decidida de todas las instancias de gobierno, sobre todo para que proporcionen toda la información que tienen en sus archivos y también, den todas las facilidades para que puedan declarar los funcionarios que de alguna manera estuvieron involucrados en los hechos. Se tiene que desentrañar al interior de las estructuras del poder la urdimbre de intereses macrodelincuenciales, que se han entretejido dentro de las instituciones del poder público.

Las Caravanas en Búsqueda de los 43, que iniciaron las madres y padres han encontrado serios obstáculos con la acción represiva que protagonizó el gobernador de Chiapas al cercar con más de 200 policías del estado la Normal Rural de Mactumatzá, justo cuando llegaban las madres y padres a este centro educativo. Lo que el presidente de la república ha querido reconstruir en esta nueva relación de cercanía de respeto y de apoyo a las familias, el gobernador de Chiapas realiza acciones contrarias, utilizando de manera desproporcionada y brutal la fuerza policial contra el grupo de madres y padres, y los estudiantes.

Nos hacemos eco de las demandas planteadas por las organizaciones hermanas y personalidades de la sociedad civil para condenar estos actos ignominiosos: Exigimos el retiro inmediato del cerco policiaco y cese al hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43. Repudiamos la violencia de Estado en contra de la lucha por encontrar con vida a los 43. Denunciamos que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo de verdad y justicia. Demandamos al gobierno federal y estatal que garanticen el libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y de los estudiantes. Hace11

mos responsable al gobierno estatal y federal de la integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los familiares de los 43. Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

Como Tlachinollan que hemos acompañado a la Normal Rural de Ayotzinapa desde hace una década, queremos reafirmar nuestro compromiso con las madres y padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos, con los estudiantes y con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, quienes han asumido el compromiso de defender las normales rurales como una conquista del pueblo de México, que luchó por su emancipación en la gesta revolucionaria para construir una sociedad igualitaria y democrática. Nuestro acompañamiento en todo este peregrinar a lo largo y ancho de nuestro país, es para alcanzar la verdad y la justicia ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

El México de los desaparecidos

Mario Patrón - La Jornada - Jueves 13 de febrero de 2020 El pasado 7 de febrero inició la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en Papantla, Veracruz. Provenientes de 74 colectivos de 21 entidades, los brigadistas suspenden hasta por tres semanas las actividades de las que obtienen su sustento para dedicarse a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. No hay duda que esta es una de las expresiones que retratan un México en situación de abandono e insuficiencia institucional prácticamente total.

En palabras de los voceros de la propia brigada, “lo primero que desapareció en el país fue la justicia”.

La brigada está integrada por familias de desaparecidos que llevan años acudiendo a las instituciones públicas y que no han tenido como respuesta la búsqueda de sus seres queridos; en muchos casos porque son los propios funcionarios públicos de las instituciones del Estado quienes están involucrados en la desaparición de las personas. En otros casos, porque hay regiones enteras del país en control del crimen 12

organizado en las que las instituciones públicas no tienen una capacidad instalada real para buscar y encontrar a las personas desaparecidas.

Pero la Brigada Nacional de Búsqueda retrata, además de la ausencia de respuestas desde el poder público, las desgarradoras condiciones de sufrimiento en las que hoy viven miles de personas en México. Familias que salen al campo a buscar fosas y cuerpos humanos y que no tienen ya más esperanza que conocer con certeza el paradero final de sus seres queridos y poder recuperar sus restos.

Este retrato oprobioso de nuestro país es el retrato de una de las peores formas de vejación de la dignidad humana; la desaparición es una vejación pluriofensiva de múltiples derechos, pero sobre todo es una tortura permanente para quienes buscan a sus seres queridos sin encontrarlos, condenados a vivir en una zozobra que se debate entre la vida y la muerte.

Un mes atrás, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentaron un informe sobre personas desaparecidas y las fosas clandestinas en el país, que delinea un panorama contundente que nos obliga a designar a nuestro país, prácticamente sin afán metafórico, como un cementerio clandestino. A la fecha se tiene registro de 61 mil 637 personas desaparecidas y 3 mil 631 fosas clandestinas. Del total, 11 mil 72 son niñas, niños y adolescentes; y 25.7 por ciento son mujeres. Además, 53 por ciento son jóvenes entre 15 y 34 años.

El 97 por ciento del total de personas desaparecidas corresponde a los pasados 12 años –periodo 2006 a 2019–, mientras que 1.46 por ciento corresponde a las desapariciones forzadas en el periodo de la guerra sucia ocurrida en las décadas de los 60 y 70. Las cifras de los años más recientes son las más alarmantes, pues sólo el año 2017 concentra el índice de desapariciones más alto. Y lamentablemente poco ha cambiado la situación desde el inicio del presente gobierno, pues desde diciembre de 2018 a la fecha, se tiene registro de 5 mil 184 personas desaparecidas y 873 fosas clandestinas en las que se han encontrado mil 124 cuerpos, de los que sólo 395 han sido identificados y 243 entregados a familiares.

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Llama la atención también que en las estadísticas relativas a esta tragedia empiezan a aparecer estados distintos de los que tradicionalmente le estaban asociados. En Jalisco, por ejemplo, las desapariciones se han multiplicado en los pasados meses y hoy lidera prácticamente todas las estadísticas de desapariciones y fosas clandestinas. Puebla es otro caso notable, pues hoy es el quinto estado con más desapariciones, el segundo en desapariciones de mujeres; y también el segundo en desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior deja ver cómo las condiciones de inseguridad en el país se van diversificando y complejizando, de modo que cada vez son más los estados afectados por una violencia que se expresa en graves violaciones como las desapariciones y el desgarramiento del tejido social.

Las cifras son escandalosas, el sufrimiento es inexpresable y las acciones desde el Estado durante los pasados 10 años han sido insuficientes por decir lo menos, no obstante los esfuerzos realizados en el ámbito normativo. “Nos están atendiendo, pero eso no quiere decir que nos estén resolviendo”, aseguraba María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos y fundadora de uno de los movimientos de familiares en búsqueda de desaparecidos más emblemáticos en el país.

Los esfuerzos legislativos se han plasmado en leyes como la Ley General en Materia de Desaparición, misma que ha promovido la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda y un Sistema Nacional Forense. El proceso de establecimiento de estas entidades públicas representa hoy una de las grandes apuestas del gobierno federal que comienzan a concretarse en algunos esfuerzos plausibles.

No obstante, es indispensable fortalecer la colaboración y confianza entre víctimas e instituciones del Estado y ello sólo será posible en la medida que los esfuerzos legislativos se vean reflejados en la formulación y ejecución de políticas públicas que atiendan adecuadamente a las víctimas y sus familiares, invirtiendo mayor energía y recursos en las labores de búsqueda; y generando conjuntamente procesos de justicia, verdad y reparación.

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En un México de víctimas, la única manera de formular políticas pertinentes y efectivas que hagan frente a la ola de desapariciones iniciada desde 2006 es hacerlo desde las víctimas, privilegiando sus exigencias y, sobre todo, su dignidad. Como sociedad civil, a nosotros, ciudadanos de un país repleto de fosas, nos toca llevar a cabo el esfuerzo permanente de no normalizar esta tragedia; nos corresponde atrevernos a mirar y escuchar a las víctimas y sus familiares; acompañar su búsqueda y ayudarles a multiplicar, con un ánimo de empatía y compasión activa, su grito de verdad y justicia.

“No señor presidente”: mujeres presentan decálogo feminista contra la violencia de género Dalia Souza - Desinformémonos - 18 febrero 2020

El pasado viernes 14 de febrero durante su rueda de prensa mañanera, López Obrador se pronunció improvisadamente “contra el feminicidio” con un listado de diez “acciones” para atender la problemática de violencia de género contra las mujeres; lo hizo luego de que la periodista Frida Guerrera, le cuestionara sobre las medidas que el Gobierno Federal pretende llevar a cabo ante el contexto de violencia feminicidaque impera en el país y que ha provocado más de 250 muertes violentas de mujeres en lo que va del 2020.

“Aquí el Decálogo nuestro, para que entienda la violencia de género y feminicida. Pero sobre todo para que actúe y se aplique en su erradicación y sanción con políticas públicas efectivas en todos los órdenes de gobierno” señalan en el mensaje que ha sido difundido en redes y servicio de mensajería.

La propuesta de diez puntos está basada en los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW ).

Si estas interesada en participar, firma y difunde el decálogo a través del siguiente enlace que te redireccionará al llenado de un formulario https://forms.gle/HevUchdATwJWiA32A 15

1.- Las mujeres no estamos más seguras con fuerzas armadas en las calles.

Demandamos que la estrategia de seguridad pública se diseñe con enfoque de género para superar la violencia contra las mujeres en el espacio privado y público, hacer de las ciudades y comunidades lugares seguros (con servicios públicos adecuados, con sistemas de iluminación que garanticen la circulación sin miedo, con lotes baldíos debidamente cercados, con medios de transporte público eficientes, etc.).

2.- Nos queremos vivas.

Políticas de prevención de la violencia de género, medidas para aumentar la conciencia de los derechos humanos de las mujeres a través de campañas y la creación de capacidad institucional con la participación de las organizaciones de mujeres en el diseño, control y evaluación de las políticas sobre seguridad.

3.- Todos los derechos para todas las mujeres y las niñas.

Promueva la derogación de las disposiciones de la legislación que discriminan a las mujeres y las niñas, regulación a los medios de comunicación para que no se revictimice a las mujeres y que se armonicen las definiciones legales y las sanciones para la discriminación y la violencia contra las mujeres.

4.- Acabar con la impunidad en delitos de violencia de género.

Suscriba convenios de colaboración con el Poder Judicial para coadyuvar a que se garantice la creación de capacidad sistemática y obligatoria del para el personal de juzgados, fiscalías, defensorías públicas, agencias de policía federal, estatal y local, sobre los derechos de las mujeres. Y se adopten medidas para garantizar la aplicación del Protocolo para Juzgar con perspectiva de género en lo que respecta a los sistemas judiciales a nivel federal y estatal.

5.- Alerta Nacional de Violencia de Género Adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres.

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6.- Homologar tipo penal de feminicidio.

Asegure que el feminicidio sea penalizado en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, se estandaricen los protocolos de investigación.

7.- Acceso de las mujeres a la justicia.

Envíe iniciativa al Congreso para que se establezcan las bases que garanticen plenamente los derechos de las mujeres a través de un código general en materia penal.

8.- Alto a la revictimización por parte de servidores públicos.

Instruya a las instancias que correspondan, a que la información sobre los recursos legales esté disponible para las mujeres víctimas de la violencia basada en el género y todas las formas de discriminación.

9.- Policías capacitadas y coordinadas.

Replantear la actuación de las policías municipales, estatales y federales para una efectiva coordinación. Ejecute programas y políticas políticas que alienten a las mujeres a denunciar los casos de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y asegurar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a atención institucional oportuna y efectiva.

10.- Más acción menos discurso.

Envíe mensajes a favor de los derechos de las mujeres. Adopte una hoja de ruta que incluya todos los recursos adecuados, una línea de tiempo y metas mesurables que requieren las autoridades federales, estatales y locales para aplicar las leyes vigentes para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra las mujeres Es cuanto señor Presidente.

DECÁLOGO FEMINISTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Publicado originalmente en Zona Docs 17

Oaxaca de Juárez a 15 de febrero de 2020 A

LAS

AUTORIDADES

FEDERALES,

ESTATALES

Y

MUNICIPALES,

AL

GOBERNADOR Y SU GABINETE, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LA SOCIEDAD EN GENERAL: El lunes 10 de febrero del presente año muchas mujeres en este país nos dormimos con coraje, miedo y dolor tras ver en las redes sociales la imagen de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que fue brutalmente asesinada en la Ciudad de México por un hombre que decía amarla. De nuevo fuimos testigas de la saña y la crueldad con la que matan a las mujeres en este país.

Hoy, quienes estamos aquí, mujeres diversas, feministas y no feministas, venimos a honrar su nombre y el de todas las mujeres que han sido silenciadas con un feminicidio. Estamos acá con el daño a cuestas porque sabemos que nuestros cuerpos pueden ser destazados y arrojados como si fueran desechos, en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier hombre y con muy pocas probabilidades de que nos haga justicia un Estado impune, que tolera, reproduce y fortalece el machismo y la misoginia en nuestra sociedad.

Nos trae nuevamente nuestra rabia y hartazgo a exigirles que hagan lo que les corresponde y por el que les pagamos. Estamos conscientes de que en este lustro los feminicidios han incrementado 137%, según los datos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien además considera que tratar los crímenes de odio contra nosotras como feminicidios les genera más trabajo, menospreciando con ello el avance del movimiento feminista en materia jurídica y de derechos humanos, con el pleno desconocimiento de sus obligaciones como Estado.

Sabemos que lo que no se nombra no existe y no estamos dispuestas a tolerar que borren de un plumazo los actos de crueldad contra las mujeres ni ningún retroceso en materia de nuestros derechos.

En Oaxaca, tan solo en el primer mes del presente año, 19 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego, de acuerdo a datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, convirtiéndose en el mes con más violencia feminicida para niñas y mujeres en lo que va de este sexenio.

Las 402 mujeres asesinadas en la actual administración reflejan un sistema de justicia que hiede a impunidad, expresa el abandono de un gobernador omiso y cómplice, con un gabinete inerte e insensible. No les importamos en tanto no representemos votos, dinero o poder.

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Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado de Oaxaca; Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general; Ana Vásquez Colmenares, secretaría de las mujeres de Oaxaca, no nos cansaremos de venir a exigir que hagan bien su trabajo, ¡estamos hartas de la incapacidad, simulación y desfachatez con la que actúan! ¡necesitamos respuestas concretas e inmediatas!, ¡necesitamos que se pongan a trabajar! ¡queremos que garanticen nuestro derecho a la vida y el acceso a la justicia!

A los medios de comunicación de Oaxaca y del país que difundieron las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla y de otros casos, les expresamos nuestro repudio y rechazo total a la violencia que ejercen en contra de las mujeres, la cual solo abona a la misoginia, sexismo, estigmatización y revictimización de las víctimas.

Exigimos a la prensa escrita, a las reporteras, reporteros, a quienes están a cargo de la edición, fotografía y puestos editoriales ejercer con ética y responsabilidad su labor. Les pedimos que dejen de vulnerar la dignidad de las mujeres víctimas de violencia con la difusión de titulares, contenidos y fotografías en los que solo exponen nuestros cuerpos al consumo y al morbo.

A la sociedad en general le demandamos solidaridad con las víctimas de feminicidios, a renunciar a las prácticas machistas y a no tolerar y reproducir actos de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los contextos sociales.

Estamos aquí, porque anhelamos que la dignidad se haga costumbre, seguiremos aquí hasta que podamos caminar libremente por las calles y sin miedo, deseamos sentirnos seguras de que un hombre cercano o en la calle no nos matará.

Por Ingrid, por las que ya no están, por las que estamos y por las que vienen caminando. ¡Por la vida y libertad de las mujeres! ¡Alto a los feminicidios! ¡Justicia a las víctimas! ¡Ni una más! ¡Ni una menos! ¡Ni un paso atrás!

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Otro mundo en memoria de Samir

Al-Dabi Olvera* - La Jornada - Domingo 16 de febrero de 2020 El asesinato del defensor y comunicador morelense Samir Flores, cometido el 20 de febrero de 2019, fue un parteaguas para la vida pública de México y, en particular, para la relación entre la izquierda social autonomista y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A un año del crimen, el Estado no ha hecho más que arreciar la confrontación al dar continuidad a la política extractiva, la cual, en discurso, tiene como finalidad el desarrollo y la redistribución de la riqueza, pero en la práctica la reproducción del capital empresarial.

Por el otro lado, la izquierda social, que insiste en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a un medio ambiente sano, y a la cual le falta formar un amplio movimiento que apele a los grandes sectores empobrecidos del país.

Como punto de arranque, la distancia se tensa porque la justicia en el caso de Samir Flores no ha llegado, así como en el de al menos tres decenas de personas que se dedicaban a la defensa del medio ambiente y la comunicación, asesinadas, durante la actual administración.

El caso de Samir sigue sin avances por parte de la fiscalía del estado de Morelos. Samantha César, compañera de Samir en Radio Amilcingo, denuncia que la fiscalía local no sigue las líneas de investigación que apuntarían hacia un crimen en un contexto político, por lo que exigen que el caso sea atraído por la fiscalía federal.

Samir Flores fue asesinado en la puerta de su casa días antes de una encuesta ciudadana lanzada por Andrés Manuel López Obrador, quien ya como presidente decidió preguntar si la población de tres estados aceptaba el funcionamiento del transexenal Proyecto Integral Morelos (compuesto por una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto).

En enero de 2019, justo cuando el presidente López Obrador pretendía arrancar con la conmemoración del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, Samir Flores e integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos exigieron al mandatario que cumpliera su promesa de campaña (la cancelación del proyecto), y no la consulta.

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Un mes más tarde, en Cuautla, arreció la protesta contra el presidente, quien señaló a los activistas como “radicales de izquierda.” Los pueblos reclamaban que su voto por Morena fue para garantizar la defensa de sus tierras. Un día antes de su asesinato, Samir confrontó al superdelegado del gobierno federal en la entidad, Hugo Eric Flores, perteneciente al conservador y evangélico Partido Encuentro Social, durante una asamblea informativa sobre los efectos del megaproyecto. Ninguna estructura del Estado es investigada por el asesinato de Samir.

Sin seguimiento mediático desde entonces, comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala continúan defendiendo su lugar. En Anenecuilco sigue el plantón para evitar que el agua sea llevada a la termoeléctrica. Amilcingo ganó en junio un amparo ejidal para suspender la operación de toda la obra. La radio que Samir fundó opera con más potencia. Familia y amistades de Samir prosiguen en búsqueda de justicia. Los pueblos se encuentran aún en asamblea permanente y realizan actividades políticas y culturales para mantener el tema vigente.

El gobierno continúa adelante con los megaproyectos. Con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y otras entidades del Estado, realiza consultas en el Istmo de Tehuantepec y en la península para avalar megaproyectos. Arrecian las presiones contra los opositores de estas obras. Ahí están los ejemplos de Miguel López Vega, compañero de Samir, en Puebla, encarcelado, y las amenazas contra el defensor y escritor maya Pedro Uc Be. El fondo del debate sigue en disputa: el costo del desarrollo va para quienes siempre han estado fuera del proyecto de nación, y a la vez son usados como centro del discurso: los pueblos indígenas. Ese desarrollo siempre es en sus territorios de vida, pero los desplaza, los empobrece y asimila.

Entre el gobierno de la Cuarta Transformación y la izquierda autonomista se disputan claramente, desde hace un año, a raíz del asesinato, visiones encontradísimas.

En el México de abajo, después de las actividades dislocadas planeadas para el día 20, aniversario del asesinato de Samir, se convoca a marchar el 21 en la capital y a una asamblea en Amilcingo el 21

22, actividades agrupadas bajo el nombre: Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra Samir Somos Todas y Todos. Luego vendrá la parte más difícil: hacer brotar las formas de vida no basadas en el capital (como la multiplicación de los caracoles zapatistas en Chiapas), y cómo entretejer y constelar una red que devenga ya no en un mundo donde quepan muchos mundos, sino otro mundo posible. Eso comenzará a decidirse en 2020, a un año del asesinato y siembra de Samir Flores. * Cronista

El llamado Tren Maya y la ingeniería de conflictos

Magdalena Gómez - La Jornada - Martes 18 de febrero de 2020 El próximo día 20 se cumplirá un año del artero y no investigado asesinato de Samir Flores. Este crimen marcará al actual gobierno pese a que parece no dar cuenta de ello. Numerosos pueblos están realizando acciones en todo el país y algunas en otros países, como parte de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, Samir Somos Todas y Todos, que culminará en Amilcingo, Morelos. Este movimiento es un telón de fondo, ahora que está en curso la estrategia gubernamental del llamado Tren Maya sí o sí, o va porque va, o su traducción más reciente y absurda como es la declaración del titular de Semarnat, Víctor Toledo, en el foro Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec, en el sentido de que la consulta indígena fue “totalmente legítima”, a pesar de reconocer que “no fue técnicamente adecuada”, como marcan los estándares internacionales. Agregó: “La respuesta general fue un sí condicionado”.

Ya se ha escrito mucho respecto al principio de validez. Habermas, en especial, destaca que éste es la suma de los principios de legalidad y legitimidad. No uno u otro, ambos y en este caso ambos están ausentes, de donde resulta inválida la consulta oficial.

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Cuando hablo de estrategia me refiero a la que evidentemente está en curso para defender la seudoconsulta a través de voces que interpelan a quienes hemos denunciado la invalidez de la misma. Mientras, el proyecto avanza y la gran mayoría de las comunidades que resultarán afectadas desconocen su impacto ambiental y cultural, y en lo inmediato, en el incremento del mercado de tierras para los polos de desarrollo que se proyectan a partir de las estaciones del llamado Tren Maya.

No es sólo con indispensables debates mediáticos como se resolverá este diferendo, ni a través de ellos las comunidades que no fueron consultadas tendrán condiciones para aceptar o rechazar el referido megaproyecto. El daño ya está hecho; la simulación de consulta ha sido consumada. Habrá que ver la postura resolutiva del juzgado primero de distrito con sede en Campeche (12/2020) el próximo 3 de marzo, respecto del amparo promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que cuenta con suspensión provisional. Al que seguramente le seguirán otros, impugnando justamente la validez de un proyecto que no se decidió con y desde los pueblos indígenas. Por lo pronto, de parte oficial la respuesta ha sido la descalificación y amenazas a los promotores del amparo, a través de quienes están alineados con el proyecto. Tarea que se asemeja mucho a la llamada ingeniería de conflictos, que consiste en el método clásico para mantener el control de un grupo, aumentar la visibilidad de sus diferencias internas, resaltar sus contradicciones, a fin de amplificar sus divisiones latentes y paralizar su organización. El desafío no es menor y las consecuencias de esa promoción serán responsabilidad estatal.

Sin embargo, lo determinante será la resistencia de las comunidades indígenas que han sido desplazadas en la llamada consulta y suplantadas por autoridades ejidales y municipales en las cinco entidades por las que cruzará el llamado Tren Maya, que como se ha insistido es más que un tren y aun cuando fue enunciado como plan de reordenamiento territorial ya se ha optado por no mencionar esta dimensión. El referido funcionario llamó a los opositores a no caer en el “negacionismo simple” y no ser “inmaduros”. Un día después, en un comunicado (016/20), se anunció la continuidad del esquema 23

de tomar decisiones sin consulta: “La Semarnat está organizando la formación de comités en los 84 municipios involucrados en los proyectos, en los que se van a generar ordenamientos ecológicos participativos para desencadenar procesos de diálogo permanente con el propósito de no repetir ‘el modelo Cancún’, que es presa de enormes corporaciones turísticas”. ¿Van a formar comités sin que las comunidades indígenas den su voz? ¿Seguirán con la interlocución ejidal y municipal? ¿Cómo harán para explicar que esos comités son un mecanismo supuestamente paliativo de un daño de origen sobre una decisión viciada en torno a un proyecto que no ha sido analizado en la integralidad de sus impactos y que ante todo nunca fue consultado previamente?

De Semarnat se esperaba firmeza frente a la ausencia de estudios de impacto ambiental, ante lo cual no es suficiente con señalar que no se tumbará ningún árbol, pues el daño ya se hizo cuando se construyeron las antiguas vías del ferrocarril. Es evidente que todo el gobierno federal se ha sumado con Fonatur a la defensa del llamado Tren Maya.

Mientras tanto, organizaciones, como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch ‘Xíinbal, pese a las amenazas contra Pedro Uc Be, continúan su labor con las comunidades opositoras a éste y a otros megaproyectos devastadores de su territorio.

Samir Vive es una siembra, esperen la cosecha.

Nuevo asalto corporativo a la alimentación Silvia Ribeiro * - La Jornada - Sábado 15 de febrero de 2020

Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias. El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear institu24

ciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países. O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.

Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de “unificación” de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto ( https://tinyurl.com/wbf25tg).

Paradójicamente, se presentan como iniciativas “públicas”, por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.

Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.

Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando 25

las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados.

Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.

La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la “agricultura 4.0”, es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas (Ver La insostenible agricultura 4.0, https://tinyurl.com/qt2emkt).

Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.

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El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre (https://tinyurl.com/vr22583). * Investigadora del Grupo ETC

Guerra híbrida contra los movimientos sociales Raúl Zibechi - La Jornada - Viernes 14 de febrero de 2020

Quienes formularon la tesis de la “guerra híbrida”, se proponían abordar las nuevas formas de la guerra entre Estados en el siglo XXI. En 2006, el general James Mattis, luego jefe del Pentágono con Trump, publicó el artículo “La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido”, concepto que pronto se popularizó.

Se trataba de describir la combinación de la guerra irregular y la asimétrica en el conflicto actual, en el cual los Estados intervienen “de manera directa o delegando su actuación a agentes domésticos o proxies, guerrillas, terroristas, redes criminales o contratistas militares privados”, según el análisis publicado en la revista del ejército español (https://bit.ly/31KGflp).

El concepto se utilizó para explicar el conflicto entre Ucrania y Rusia a comienzos de 2014. Los analistas occidentales acusaron a Moscú de utilizar la “guerra híbrida” para conseguir las independencias de las fronterizas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ambas provincias se separaron de Ucrania luego que la revuelta Euromaidan, que buscada la integración en la Unión Europea, llevó a la caída del presidente electo y al desacople con Rusia.

Una parte de la población de ambos óblast o provincias, mayoritariamente rusoparlante, se levantó en armas con apoyo de Rusia, for27

mó milicias, tomó edificios gubernamentales, convocó referendos y proclamó la independencia. El concepto de “guerra híbrida” se enmarcó en un conflicto geopolítico y social, que en lo formal se presentó como la población contra el gobierno, pero en realidad representaba los intereses de Rusia.

En Ucrania se enfrentaron las ambiciones geopolíticas de Washington y de Moscú, en cuya defensa utilizaron no sólo a militares y paramilitares, sino a las poblaciones que quieren formar parte de la Unión Europea y las que desean seguir articuladas con Rusia.

El monárquico y español Instituto Elcano, enfila la “guerra híbrida” contra los “movimientos de protesta organizados por intereses extranjeros”, afirmación interesada que deja amplio margen a la manipulación mediática (https://bit.ly/2SvrmPG). Las llamadas “amenazas híbridas”, pueden ser violentas o no violentas, lo que permite incluir casi cualquier conflicto social como amenaza para el Estado.

De algún modo, se está repitiendo la historia de la guerra fría: cualquier lucha social puede ser acusada de favorecer a cualquier potencia con ambiciones globales o regionales.

En América Latina, este concepto se está enfocando en contra de los movimientos antisistémicos, en particular por parte de los militares brasileños. Los centros de pensamiento militar incluyen las luchas populares en el contexto de una “guerra híbrida”, como sucede con las acciones del Movimiento Sin Tierra y con las ocupaciones de escuelas secundarias, en particular las sucedidas en 2016.

Un reciente artículo en la página Defesanet del general en la reserva Carlos Alberto Pinto Silva, ex comandante del Comando Militar del Oeste, del Comando Militar del Sur y del Comando de Operaciones Especiales, titulado “Insurgencia Moderna”, pone en la lupa tanto a la izquierda electoral como a los movimientos juveniles radicales (https://bit.ly/31mv0zC).

El general no oculta su satisfacción por la caída de Dilma Rousseff y el triunfo de Jair Bolsonaro, porque ambos hechos muestran que “la vía pacífica para la conquista del poder se desmoronó”.

Ahora el “socialismo marxista” se empeñará, señala el general Pin28

to, en el “modo hard” para la toma del poder mediante“protestas, manifestaciones sindicales y uso de los movimientos sociales”.

Los estrategas militares consideran las manifestaciones sindicales y los movimientos sociales como “amenazas híbridas”, así como las autonomías indígenas porque intentarían “desagregar” los Estados.

Desconsideran las demandas de los movimientos y niegan la existencia de pueblos, porque su objetivo consistiría en “desestabilizar a los gobernantes, desacreditar a las autoridades y crear caos en la sociedad, provocando una crisis política” (https://bit.ly/31mv0zC).

Aunque el concepto de guerra híbrida parece poco convincente, es funcional a las estrategias del 1 por ciento más rico del mundo, que los militares se empeñan en defender. Por eso consideran que llegó el momento de poner freno al menor desafío a su dominación, sea de carácter electoral, armado o de movimientos.

Las diversas formas de la contrainsurgencia, desde la guerra de baja intensidad hasta la guerra híbrida, pasando por la guerra asimétrica, han conseguido neutralizar desde las guerrillas hasta la opción electoral, mostrando que las leyes y constituciones son apenas hojas de parra para cubrir la dominación sistémica.

Por tanto, nos toca repensar nuestras estrategias, como señalaba Immanuel Wallerstein. Seguir empeñados en ocupar el palacio es tanto como administrar lo que existe: un modelo neoliberal extractivo que bloquea cualquier cambio programado desde arriba. Peor aún: no tenemos una estrategia global lista para ser ensayada.

Cuerpos, piernas, ojos

Maciek Wisniewski* - La Jornada - Viernes 14 de febrero de 2020 ¿Será una casualidad que los soldados israelíes les disparan a las piernas a los manifestantes palestinos en Gaza –descendientes de refugiados, víctimas de una limpieza étnica expulsadas durante el Nakba, hoy presos en una prisión al aire abierto más grande del mundo− que en el contexto de la Gran Marcha del Retorno (bit. ly/2SCAMJj) pretenden regresar (simbólicamente) a sus casas de29

nunciando las inhumanas condiciones del bloqueo israelí y las periódicas “incursiones punitivas”? Ya casi 300 gazaítes han sido asesinados –una verdadera masacre− y 30 mil quedaron heridos, muchos con balas vivas, balas de acero cubiertas de goma o recipientes de gases lacrimógenos, sobre todo en las piernas, también con la prohibida munición de fragmentación: más de 120 manifestantes tuvieron que sufrir una posterior amputación (bit.ly/2NKV4Pn). ¿Será una casualidad que los carabineros chilenos les disparan a los ojos a los manifestantes que se rebelan en contra del saldo del modelo neoliberal –creciente costo de vida, sueldos bajos, pensiones, salud y educación ultraprivatizados, etcétera−, un sistema que los tiene precarizados y endeudados y quienes –“después de una dosis de sedantes y calmantes” (bit.ly/2RgQSc9)− finalmente despiertan y abren ojos a las injusticias? Ya casi tres mil personas quedaron heridas –y hubo unos 30 muertos− en una brutal y totalmente desproporcionada respuesta gubernamental al estallido social muy en sintonía con “las mejores tradiciones” de la dictadura pinochetista, incluidos más de 400 que perdieron un ojo por disparos adrede en la cara con perdigones y balas de goma con centro metálico (bit.ly/2Nyv21t), algunos incluso ambos (bit.ly/3ajNKUj).

No. No es ninguna casualidad.

A medida que el cuerpo tiende a ocupar el centro de la política –“un paso de la economía política a la biopolítica que aún no hemos reflexionado lo suficiente” (bit.ly/2ujlW2j)−, y la creciente politicidad se manifiesta cada vez más y más en él, el control y la represión se enfocan más y más en “contenerlo” −el proceso marcado a su vez por el auge de “necropolítica” (A. Mbembe, Necropolitics, 2019) y “securocratismo” ( J. Halper, War against the people, 2015)− apuntando también a sus determinadas y sintomáticas partes: “piernas para caminar”/“ojos para ver”.

Por donde sea –en contexto de la guerra global desde arriba a los migrantes o la revuelta antineoliberal global desde abajo (bit.ly/2GC5Bbx)− el mundo está lleno de cuerpos reprimidos, heridos, detenidos, cercados, golpeados, apaleados, gaseados, mutilados, quebrados, atropellados, masacrados, violados, encarcelados, desaparecidos.

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Quizás nunca como ahora la mutilación se vislumbraba tanto como una oficial y “legítima” herramienta del control público y política del Estado (bit.ly/35JsPGU). Quizás nunca como ahora la tortura de un cuerpo particular equivalía tanto a la tortura de un “cuerpo social” en su totalidad y nunca ha sido tan globalizada (los generales latinoamericanos del Plan Cóndor igual han sido “precursores tempranos” de esta trasnacionalización).

Según la Sociedad Chilena de Oftalmología el número de heridos con lesiones oculares “es totalmente inusual para la historia del país y del mundo” y si a algo se asemeja “es a lo que pasa en Palestina” (bit.ly/35VQpAd); pero mientras allí −según un estudio 1990-2017 de la revista médica BMJ Open− se han reportado 300 lesiones en los ojos por balas de goma, “en Chile sólo en tres semanas tuvimos más de estas que en tres décadas del conflicto israelí-palestino” ( bbc.in/2RnauKr ).

Como subraya A. Mbembe, “la ocupación israelí de Palestina es un gran laboratorio de técnicas de represión, control, vigilancia y separación”. Incluso “un paradigma de lo que viene para nuestro planeta” regido ya por una “arquitectura de contención” de la que Gaza es un “modelo”: un “territorio encarcelado”, sujeto a periódicas incursiones militares y asesinatos masivos, donde una peculiar y particular forma del control biopolítico consiste en abdicar de responsabilidad por la suerte de los encarcelados, algo “que se vuelve central para nuestros tiempos y ya está integrado en nuestras ‘democracias’” (bit.ly/36UNR5N).

Lo que vemos en las calles chilenas donde los manifestantes, que a pesar de que pueden perder un ojo, −igual que los palestinos que se manifiestan a pesar de que pueden perder una pierna− dejan el miedo encarnado en los cuerpos que dejó la dictadura militar (el “choque” con el que el “modelo chileno” fue implantado por Pinochet) frente a las fuerzas del “orden” que, en sus ojos, son verdaderas “fuerzas de ocupación extranjeras que consideran su ciudadanía enemiga” (bit.ly/3bbf87k), es igualmente paradigmático: por un lado, dada la historia y el presente de cooperación militar entre Israel y Chile (bit.ly/2SlI4m2), es una “creativa” –más vio31

lenta/más brutal− realización del “modelo Gaza exportado” (“la ‘exportación de la ocupación’ es la base de la economía israelí”, bit. ly/2Hd74Fp); por otro, una muestra de cómo las tecnologías israelíes de “contención de cuerpos” –fuerza letal, fronteras, vigilancia− resultan útiles para ir manteniendo al militarizado y excluyente orden neoliberal global (véase: T. Miller, Empire of borders, 2019), siendo el propio Israel su producto perfecto, indistinguible de Chile: una sociedad profundamente neoliberalizada, marcada por abismales desigualdades, creciente costo de vida, vivienda, etcétera. (bit.ly/379jAAh). *Periodista polaco

Sobre la foto de la siguiente página La María Magonista 27 de noviembre de 2019 Imágenes que no viralizan porque realmente no les importamos.

La señora es mamá de Diana, una joven víctima que fue desaparecida, que el día de ayer se quedó a apoyar la marcha mientras repartía volantes con la foto de su hija.

Una compañera se acercó a abrazarla ya que la reconoció de inmediato al ver el parecido con ella le preguntó si la podía abrazar y con lágrimas en los ojos la abrazó.

Detras de esos pasa montañas, detrás de esas vestimentas negras y esas voces retumbantes, estan mis niñas, mujeres que si empatizan con el dolor ajeno, yo no vi delincuentes, yo vi ojos llenos de lágrimas, tristeza y rabia.

Mujeres a quienes ya nos les están dando opciones, mujeres que solo buscan justicia y poder vivir en paz...

Foto tomada por Jaan Saddness Post de Diana 32

CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 19 DE FEBRERO