CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 19 de Junio de 2019
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Megaproyectos de exploración vulneran derechos de libre determinación de los pueblos mazatecos Saraí Piña/Federico Valdés
Equipos de espeleólogos extranjeros llevan explorando más de cincuenta años las extensas cuevas de la región de los pueblos indígenas mazatecos, al norte del Estado de Oaxaca en México. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, se están apropiando del espacio subterráneo sagrado, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación. La presencia de estos proyectos paso desapercibida por años, pues sus visitas coincidieron con el contexto de turismo sicodélico en la zona. Pero en años recientes, las exploraciones subterráneas se transformaron en mega-proyectos con varios y crecientes intereses sobre estos territorios. Actualmente las expediciones a las cuevas son lideradas por el United States Deep Caving Team(USDCT), registrado como entidad legal en Estados Unidos, dirigido por William “Bill” Stone y William “Bill” Steele. Dicha organización tiene dos grandes proyectos de investigación en la región: el Huautla Cave Diving Expeditions y el Proyecto Espeleológico Sistema Huautla (PESH). Nos enfocaremos en el conflicto que ha generado este último. Los proyectos del USDCT tienen varios intereses e indagaciones que no han transparentado ante los pueblos mazatecos. Sus expediciones han servido para el desarrollo de tecnologías de exploración en ambientes extremos, lo cual involucra a grandes empresas e inscripción de patentes. Han mapeado a detalle los flujos del agua regional, explorando acuíferos que consideran una “mina de oro”, que han planeado extraer para abastecer a la región. Han realizado prospección biológica y extraido especímenes de las cuevas, buscando hoy la posibilidad de desarrollar medicamentos con éstos, mediante un participante relacionado a la industria farmacéutica. Recientemente promocionan la transformación de las cuevas sagradas en sitios turísticos de interés especial. El PESH inició exploraciones el año 2014, sin antes informar y pedir permiso a las comunidades sobre si querían o no este proyecto. Los organizadores extranjeros se atribuyeron el objetivo de explorar, mapear 1
y estudiar todo el sistema de cuevas de la región, con investigaciones científicas de diversa índole en el subsuelo, durante diez años seguidos, y contando anualmente con decenas de expedicionarios en terreno. Es un proyecto oficial de la National Speleological Society (NSS), que tiene como política el compartir la información recabada en sus expediciones con agencias gubernamentales de Estados Unidos. Según han referido algunos habitantes de la región, el PESH se ha presentado con permisos del Ayuntamiento de Huautla y han dicho poseer permisos del Estado de Oaxaca, sin embargo, estos no han sido mostrados. Según peticiones de información pública mediante el INAI, hechas al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca[1], la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca[2], el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca[3], y también al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas[4], estas dependencias gubernamentales estatales y federales no cuentan con información sobre el USDCT, el PESH y sus proyectos en territorios mazatecos. La gente ha manifestado desconfianza y enojo con el quehacer de los proyectos de exploración en sus cuevas y tierras. Las cuevas son muy importantes en el ser colectivo de los pueblos mazatecos, son lugares sagrados de gran respeto y es delicado ingresar a ellas. A esto se suma la falta de transparencia, ética y de resultados de los proyectos, que ha llevado a varias comunidades en distintos municipios a negar el acceso a sus territorios. Ejemplo de esto, es que en el año 2015 la asamblea comunitaria de San Agustín de Zaragoza asentara en un acta de acuerdos, con fecha del 6 de abril del 2015, que se oponía a la presencia de espeleólogos extranjeros. El acta dejó en claro que no han visto ningún beneficio tras cincuenta años de exploración, aunado a que no les han sido presentados los proyectos y resultados de cada expedición durante todo ese tiempo, violando así su derecho a la información y a la libre determinación. Esta acta fue ratificada el 26 de enero de 2019. El PESH no respetó la decisión de la máxima autoridad comunitaria y continuó con las exploraciones, evitando ser notados en sus traslados subterráneos, repitiendo así el patrón de años atrás cuando el USDCT no dio aviso al transportar explosivos hacia las cuevas. Pos2
teriormente han justificado sus expediciones con el hallazgo de restos paleontológicos, mediante una vinculación con el INAH. Además, han recurrido a espectacularización de los rituales mazatecos para simular respeto. Ahora se encuentran organizando, junto a la Sociedad Nacional de Exploradores, un Festival de las Cuevas a realizarse en Huautla en octubre del presente año, para buscar legitimidad y reforzar sus proyectos e intereses regionales. Con todas estas acciones el PESH violenta el derecho a la libre determinación sobre las tierras y territorios de los pueblos mazatecos establecidos en tratados y declaraciones internacionales ratificados y adheridos por México: la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT). Entre los derechos vulnerados se encuentran los siguientes: aprovecharse de las costumbres y desconocimiento de leyes para arrogarse el uso de tierras indígenas (Artículo 17.3 del Convenio 169); al persuadir actividades que inciden en los planes de desarrollo municipal, lo cual vulnera el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades en sus procesos de desarrollo (Artículo 7° del Convenio 169); al intrusarse sin permiso a las tierras indígenas y hacer usos no autorizados en éstas, son sujetos a ciertas sanciones por parte de los gobiernos (Artículo 18 del Convenio 169); vulneran el artículo 29.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al introducir explosivos en las tierras y cuevas mazatecas. * Este artículo se basa en la investigación “Espeleología y Neo-colonialismo en la Sierra Mazateca” de Saraí Piña y Federico Valdés, disponible en: https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?frame-nonce=ef01668164 [1] Solicitud con folio 00803418 con fecha de respuesta el 12 de octubre de 2018. [2] Solicitud con folio 00803718 con fecha de respuesta el 5 de octubre de 2018. [3] Solicitud con folio 00803618 con fecha de respuesta del 5 de octubre de 2018. [4] Solicitud con folio 0062500044618 con fecha de respuesta 13 diciembre de 2018. 3
La “guerra” contra el Congreso Nacional Indígena Zósimo Camacho - Revista Contralinea
Al menos 117 integrantes del Congreso Nacional Indígena han sido asesinados desde su fundación en 1996. Otros 11 se encuentran desaparecidos. Diez de los asesinatos ocurrieron durante los primeros 5 meses del gobierno de López Obrador. Para la organización indígena, es el peor inicio de sexenio al que se enfrenta. El Congreso Nacional Indígena (CNI) se encuentra bajo fuego. Está ante el peor inicio de un sexenio desde que fuera fundado el 12 de octubre de 1996. Andrés Manuel López Obrador cumple medio año de haber asumido la Presidencia de la República, tiempo en el que 10 casos se sumaron a la larga lista de asesinatos y desapariciones contra activistas indígenas de esta organización: un nahua de Colima, cuatro nahuas de Guerrero, un tsotsil de Chiapas, un me’phaa de Guerrero, un nahua de Morelos y dos choles de Chiapas. Todos, activistas en la defensa de su cultura, sus montes y sus aguas. Los perpetradores de tales crímenes se permitieron la saña de quienes se saben impunes. Algunos de los muertos fueron torturados y descuartizados. A otros se les ultimó en las inmediaciones de sus domicilios. Otros más fueron emboscados. Nadie ha sido detenido por estos asesinatos y las investigaciones no avanzan. La muerte, en lo que va de la “cuarta transformación”, tiene permiso si de indígenas rebeldes se trata. Invariablemente, las comunidades que lloran a estos 10 asesinados están en procesos de resistencia contra megaproyectos que buscan cercenar territorios indígenas y que atentan contra la subsistencia de sus culturas. Sus tierras están en disputa, ya sea como fuente de recursos naturales (minería, carreteras, termoeléctrica) que como zona de trasiego de drogas, personas y armas. La violencia se recrudece, pero no es nueva, señala Carlos González, nahua de Jalisco, abogado especialista en derecho agrario. Explica que lo que viven los pueblos indígenas es una “guerra permanente”. En entrevista con Contralínea, el integrante de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno del CNI abunda en que las agresiones contra las comunidades son parte de “una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas”. 4
Explica que por ello el CNI busca “articular una política nacional de resistencia, a través del Concejo Indígena de Gobierno”. Un recuento no exhaustivo, con datos del CNI, arroja 117 asesinatos y 11 desapariciones contra sus integrantes, desde que fue fundado en 1996. La cifra real es mayor, porque en esta lista tentativa generalmente sólo aparecen aquellos que tenían responsabilidades políticas y/o operativas. Faltan los nombres de quienes resultaron muertos y resistían desde sus milpas, sus ceremonias, sus labores cotidianas. El peor año para las comunidades del Congreso Nacional Indígena ha sido 1997. En una sola acción, paramilitares del grupo priísta Máscara Roja, masacraron a 49 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre. Entonces el CNI cumplía 1 año con 2 meses. De la lista preliminar de asesinados, en construcción en el CNI, se contabilizan: 51 tsotsiles (de tres comunidades de Chiapas); 33 nahuas (22 de Michoacán, cinco de Jalisco, cuatro de Guerrero, uno de Morelos y uno de Colima); seis binnizá (de dos comunidades de Oaxaca); seis choles (de tres comunidades de Chiapas); cinco purépechas (de dos comunidades de Michoacán); cinco chontales (de dos comunidades de Oaxaca); tres triquis (de dos comunidades de Oaxaca); tres tseltales (de dos comunidades de Chiapas); dos chinantecos (Oaxaca) una nu’saavi (Oaxaca), un me’phaa, un mixe (Oaxaca). Las 11 personas indígenas integrantes del CNI desaparecidas son 10 nahuas de Michoacán, Jalisco, Veracruz y Puebla y un indígena oaxaqueño desaparecido en la Ciudad de México. Por estado de la República, son 60 indígenas asesinados de Chiapas; 27 de Michoacán; 18 de Oaxaca; cinco de Guerrero; cinco de Jalisco; uno de Morelos, y uno de Colima. Los desaparecidos son cinco de Michoacán; dos de Jalisco; dos de Veracruz; uno de Oaxaca, y uno de Puebla. La mayoría de estos desaparecidos han superado los 7 años de que no se sepa nada de ellos. El doctor Gilberto López y Rivas considera que México es el paradigma mundial de un tipo de contrainsurgencia, la que se ejerce contra los pueblos indígenas. Dentro de esta guerra, se encuentra un compo5
nente: el del combate a las drogas, que en realidad no combate al crimen organizado sino que lo utiliza de pretexto y es el propio Estado mexicano el que se convierte en mafioso y delincuencial. Por ello, las agresiones del narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado contra las comunidades en resistencia deben ser consideradas parte de la misma guerra contrainsurgente que les hace el Estado mexicano. Señala que del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los pueblos indígenas no pueden esperar un cambio a su favor. Cuestiona una supuetsa militancia de izquierda del hoy presidente de la República, pues todo su proyecto de gobierno se inscribe en los márgenes del neoliberalismo. Explica que incluso el modo de producción y modelo económico vigente en México es el del llamado “necrocapitalismo”, un capitalismo basado en la muerte, la destrucción y la guerra. De acuerdo con el antropólogo, la lucha de los pueblos indígenas es la respuesta a un proceso de recolonización de los territorios, ahora no a nombre de una Corona o gobierno extranjero, sino de las empresas; “y dentro de ellas, la gran corporación capitalista que es el crimen organizado”. Considera que la “cuarta transformación” vendrá a “acentuar las políticas de despojo. Y la Guardia Nacional es un instrumento de cómo controlar un país por la vía de los militares que ni soñaron Fox, Calderón o Peña Nieto”. Diez asesinados desde diciembre Los asesinados durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador son Noé Jiménez Pablo, Santiago Gómez Álvarez, Samir Flores Soberanes, Julián Cortés Flores, Ignacio Pérez Girón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote y un joven nahua colimense. Noé Jiménez Pablo, dirigente chol del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA MM), fue secuestrado el 17 de enero pasado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junto con el militante de la misma organización Santiago Gómez Álvarez. Un comando armado irrumpió en el plantón que la organización mantenía en el palacio municipal de Amatán y se llevó aproximadamente a 50 personas. 6
Todas fueron apareciendo, con la excepción de Noé y Santiago. Sus cuerpos fueron encontrados desfigurados por la tortura un día después, en un basurero a 3 kilómetros de la cabecera de Amatán. Sus captores les dieron tormento con ácido. Por esos sus rostros quedaron irreconocibles. El Mocri-CNPA-MC mantenía un plantón en el Palacio Municipal de Amatán contra los hermanos Carpio Mayorga, quienes han controlado el municipio por 20 años, bajo las siglas de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) –en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI)– y ahora bajo las del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El tercer integrante del CNI caído en lo que va del sexenio es el nahua Samir Flores Soberanes. Fue asesinado el 20 de febrero pasado en las puertas de su domicilio, en Amilcingo, Morelos. Hasta su casa llegó un grupo de personas en dos automóviles. Le llamaron a gritos para supuestamente pedirle solicitarle que transmitiera un mensaje a través de la radio comunitaria. Cuando Samir salió, las personas le dispararon en cuatro ocasiones, dos balazos fueron en la cabeza. Dirigente de la comunidad, Samir era uno de los principales activistas contra el Proyecto Integral Morelos. Precisamente fue asesinado después de que López Obrador mostrara su respaldo a la puesta en marcha de la termoeléctrica en tierras indígenas de Morelos y a unos días de que se realizara una “consulta” para que se aprobara el megaproyecto. Era campesino, herrero y periodista comunitario. El cuarto asesinato de un integrante del CNI es el del me’phaa Julián Flores Cortés, quien fue asesinado en San Luis Acatlán, Guerrero, el pasado 12 de abril. Un comando armado lo atacó a balazos a 200 metros de la Casa de Justicia. Era el líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la región de Costa Chica. El tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio de Aldama, Chiapas, se convirtió en el quinto indígena asesinado en lo que va del sexenio. El 4 de mayo de 2019 fue secuestrado, torturado y asesinado en Tuxtla Gutiérrez. El activista denunció los ataques de paramilitares contra su comunidad, la cual mantiene una disputa por 7
60 hectáreas de tierra con la comunidad de Chenalhó. Durante meses, los pobladores han vivido en la zozobra por las constantes emboscadas e incursiones de grupos armados. El mismo 4 de mayo pasado ocurrieron dos asesinatos más, éstos en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián eran integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron emboscados y asesinados cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en Chilpancingo, capital del estado. Dos semanas después, el 23 de mayo, y en la misma región, los nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Regresaban a sus comunidades luego de concluir algunas reuniones. También eran integrantes del Cipo EZ y de la CRAC-PC Pueblos Fundadores. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados. Estos últimos cuatro asesinatos ocurren en el contexto de resistencia de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero ante los cárteles del narcotráfico Los Rojos y Los Ardillos, que buscan controlar el territorio indígena para el trasiego de drogas, armas y personas. Finalmente, el décimo caso del sexenio es el de un joven nahua que fue víctima de grupos paramilitares que buscan aterrorizar la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en Colima. El 31 de mayo de 2019, irrumpió un comando armado en las calles del poblado y arremetió indiscriminadamente contra la población. El joven murió y otros tres resultaron heridos. En la región se vive un conflicto por la tierra con una comunidad mestiza del estado de Jalisco. Autonomía, el camino Amador Cortés Robledo es concejal por la zona me’phaa ante el CNI, ratificado por los nahuas de la Montaña baja. Es parte de la CRACPC PF. Sufre junto con las comunidades montañeras el cerco paramilitar que Los Rojos y Los Ardillos ciernen sobre la región. También es integrante del Cipo EZ, la organización que está bajo ataque permanente y a la cual pertenecían los cuatro nahuas asesinados en 20 días. No se arredra. No hay marcha atrás. Los pueblos que se están organizando no tienen otra opción. Es un asunto de sobrevivencia. Por lo 8
menos, las de la Montaña baja han iniciado un camino sin retorno por la autogestión y el autogobierno. “Los pueblos indígenas creemos que la única manera de plantear y construir nuestros sueños y reivindicar nuestros derechos es la creación de nuestra propia organización.” Del CNI, Amador Cortés señala que “es nuestra casa grande”. Señala que este Congreso y el Concejo Indígena de Gobierno permiten que las luchas de los pueblos indios no estén aisladas y sólo queden en el ámbito local. “Los pueblos están en el contexto nacional. La labor de nosotros como concejales es promover estos derechos, sobre todo la defensa del territorio, los minerales, el agua, el petróleo, los árboles y todo lo que nuestro territorio posee”. Lejos de la teorización, del lenguaje academicista e ideologizado, Amador Cortés tiene claro que los pueblos indígenas deben gobernarse a sí mismos. Para ello, deben construir sus propias instituciones. “Por eso luchamos los originarios y los afromexicanos. Estamos en pie. Ya no podemos parar. Vamos a parar hasta que se respete la manera en que vivimos, nuestra cosmovisión, nuestra relación de respeto con la Madre Tierra”. Señala que el CNI y, particularmente, los pueblos de la Montaña baja de Guerrero libran una lucha como la que libró Emiliano Zapata hace más de 1 siglo. “Somos orgullosamente zapatistas de corazón, porque Zapata luchó por el regreso de la tierra, que estaba en manos de los hacendados, a los indígenas. Es lo que estamos luchando. Que no entren [los nuevos hacendados] a los territorios”. Advierte que serán los pueblos indígenas darán la batalla “a nivel nacional” por derogar la reforma al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impulsó Carlos Salinas de Gortari durante su mandato. Para el activista guerrerense Efrén Cortés Chávez, la violencia que sufren las comunidades se debe a que “el proyecto indígena choca con el proyecto del Estado mexicano, que es un proyecto neoliberal”. Explica que mientras los pueblos indígenas aspiran a construir una sociedad más colectiva, la columna vertebral del proyecto neoliberal es el individualismo. A lo anterior se suma que “los grandes proyectos de obra no se van 9
a parar, porque es una necesidad del neoliberalismo, del capitalismo financiero. Automáticamente choca [con las organzacines indígenas] porque ahí no entra ya el proyecto indígena. “Desde ahí ya está la contradicción y el antagonismo. Y el antagonismo es en la práctica no en la política: con la explotación, la visión extractista de los recursos naturales. Y ahí está la confrontación. No en el ámbito político sino en la realidad, en el aspecto del quehacer: económico, político, territorial. María de Jesús Patricio Martinez, médica tradicional nahua, señala que los pueblos indígenas están atentos a las políticas que, diseñadas “desde arriba”, buscan despojar y exterminar a las naciones, tribus y pueblos originarios que habitan México. Sin embargo, la vocera del CIG y exprecandidata a la Presidencia de la República por parte del CNI señala que lo más importante es lo que se organiza abajo, en las comunidades, porque sólo entre todos los pueblos indígenas podrán “parar todo este despojo”. Asesinados 24 de mayo de 1997, Unión Yaxjemejel, Chiapas. Tsotsil Cristóbal Pérez M, profesor y representante de la comunidad. Su cuerpo y su cabeza fueron encontrados en llugares distintos 4 meses después de que había desaparecido. 22 de diciembre de 1997, Acteal, Chiapas. 49 tsotsiles de la organización Las Abejas asesinados por paramilitares de del grupo paramilitar Máscara Roja, vinculado al PRI y adiestrado por exmilitares y expolicías. Adultos asesinados: Manuel Santiz Culebra, Daniel Gómez Pérez, Victorio Vázquez Gómez, Miguel Pérez Jiménez, Ignacio Pucuj Luna, Alonso Vázquez Gómez, Lorenzo Gómez Pérez, Antonio Vázquez Luna, María Pérez Oyalté, Narcela Capote Ruiz, Marceka Pucuj Luna, Catalina Luna Pérez, Manuela Pérez Moreno o Manuela Paciencia Moreno, Margatita Méndez Paciencia, Marcela Luna Ruiz, Juana Pérez Pérez o Florinda Pérez Pérez, María Gómez Ruiz, Verónica Vázquez Luna, Paulina Hernández Vázquez, Susana Jiménez Luna, Rosa Pérez Pérez, Antonia Vázquez Pérez, Marcela Vázquez Pérez, Juana Luna Vázquez, Juana Gómez Pérez, María Capote Pérez, Marcela Capote Vázquez. Menores de edad: Martha Capote Pérez, Rosa Vázquez Luna, Loida Ruiz Gómez, Micaela Vázquez Pérez, Josefa Vázquez Pérez, Sebastián Gómez Pérez, Juana Pérez Luna, Roselina Gómez Hernández, Lucía 10
Méndez Capote, Graciela Gómez Hernández, María Luna Méndez, Silvia Pérez Luna, Vicente Mendoza Capote, Micaela Vázquez Luna, Juana Vázquez Luna, Alejandro Pérez Luna, Juan Carlos Luna Pérez, Guadalupe Gómez Hernández, más cuatro bebés no nacidos. 8 de agosto de 2003, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Carlos Sánchez López, originario de la comunidad Unión Hidalgo e integrante de la Coalición Obrero Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) y del Concejo Ciudadano Unidalguense contra el Plan Puebla Panamá (PPP). Asesinado a golpes cuando caminaba de noche en calles de Juchitán. 5 de abril de 2004, Unión Hidalgo, Oaxaca. Binnizá Manuel Posada Chévez, integrante de la COCEI y del Concejo Ciudadano Unidalguense contra el PPP. Interceptado de noche por policías municipales y asesinado a puñaladas. 31 de diciembre de 2004, Ayotitlán, Jalisco. Nahua Nazario Aldana Villa, integrante del Concejo de Mayores y último juez tradicional de la Sierra de Manantlán. Asesinado a balazos en su comunidad. 11 de marzo de 2006, Cuzalapa, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Nahua Francisco Concepción Gabiño Quiñonez, oponente a las actividades de la Mina Peña Colorada (propiedad de la multinacional italiana Ternium del Grupo Techint) y la introducción del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom). Su cuerpo fue encontrado amarrado, degollado y con rastros de tortura. 13 de noviembre de 2006, Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas. Choles Filemón Benítez Pérez, Antonio Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, integrantes de la organización Xi-Nich. Asesinados por elementos por la Policía Sectorial de Chiapas. 20 de abril de 2007, Rancho Viejo, Ayotitlán, Jalisco. Nahua Aristeo Flores Rolón, integrante del Concejo de Mayores de Ayotitlán. Emboscado y asesinado cuando llegaba a su hogar, de noche, luego de la reunión en que el Concejo acordaba acciones para echar a las mineras del territorio indígena. 26 de julio de 2008, Aquila, Michoacán. Nahua Diego Ramírez Domínguez, coordinador de la comisión especial que la asamblea general de co11
muneros nombró para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras de Santa María Ostula. Su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura. 15 de agosto de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahuas Simón Pineda Verdía y Simón Pineda hijo, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Emboscados y asesinados. 11 de septiembre de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Quintín Regis Valdés, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 15 de septiembre de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Érik Nemesio Domínguez, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 27 de abril de 2010, La Sabana, San Juan Copala Oaxaca, Nu saavi Alberta Cariño Trujillo, impulsora de la autonomía de los pueblos indígenas, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Asesinada en una emboscada contra una caravana de ayuda humanitaria. 20 de mayo de 2010, Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. Triquis Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de los pueblos triquis, fundador del MULT, el MULTI e impulsor del Municipio Autónomo en San Juan Copala, y Tleriberta Castro, impulsora de la autonomía y esposa de Timoteo. Fueron asesinados a machetazos en su casa, frente a sus hijos, por peronas que se habían hecho pasar por vendedores de abarrotes. 1 de enero de 2011, Santa María Ostula, Michoacán. Nahuas Ernesto Nicolás López y Pedro Nazario Domínguez, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaba en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios. 1 de febrero de 2011, Aquila, Michoacán. Nahua Pedro Guzmán Ramírez, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 12
20 de marzo de 2011, La Cofradía de Ostula, Michoacán. Nahuas Isidro Mora Domínguez y Feliciano Cirino Domínguez, comuneros e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Interceptados y asesinados con armas de uso exclusivo de las Fuerza Armadas. 2 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Jonathan Verdía Gómez y Fortino Verdía Gómez, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Fueron quedamos vivos. 13 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Ambrosio Verdía Macías y Francisco Verdía Macías, comuneros de Santa María Ostula. El primero, también integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. El segundo, director de la escuela primaria de Ostula. 28 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Nicolás de la Cruz Rojas y Rafael Nicolás de la Cruz Nemesio, padre e hijo, comuneros de Santa María Ostula. El primero, comandante del tercer grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras de Xayacalan que estaban en poder de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 29 de mayo de 2011, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Juan Faustino Nemesio, comunero y comandante del segundo grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras Xayacalan que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 10 de junio de 2011, Xayacalan, Ostula, Michoacán. Nahua Pedro Leyva Domínguez, comunero de Santa María Ostula integrante de Comisión de Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 6 de junio de 2011, tierras de Santa María Ostula, Michoacán. Nahua J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, líder comunero, comandante de la Guardia Comunal que recuperó las tierras que habían sido arrebatadas por nar13
cotraficantes y “pequeños propietarios” y jefe de la encargatura de Xayacalan. Interceptado, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares. 28 de diciembre de 2011, La Ticla, Ostula, Michoacán. Nahua Crisóforo Sánchez Reyes, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Torturado y asesinado en un campo de futbol de la comunidad. 18 de mayo de 2012, Aquila, Michoacán. Nahua Teódulo Santos Girón, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 17 de diciembre de 2012, San Lucas Camotlán, Oaxaca. Mixe Pablo Jarquín Ruiz. Asesinado por militares. 24 de abril de 2013, San Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Vázquez Guzmán. Asesinado por defender el territorio. 30 de junio de 2013, San Antonio Las Palmas, Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Maximino Salas Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de su comunidad e integrante de Fuerza Chinanteca Kia-nan. Asesinado a machetazos cuando reparaba la cerca de un potrero. 1 de agosto de 2013, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Héctor Regalado Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Asesinado por elementos de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial y elementos de seguridad de la empresa Gas Fenosa. 21 de marzo de 2014, San Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Carlos Gómez Silvano. Asesinado por defender el territorio. 2 de mayo de 2014, La Realidad, Chiapas. Tseltal José Luis Solís López, Galeano, integrante de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad y votán de La Escuelita La Libertad según los Zapatistas. Asesinado de 2014 por integrantes de la CIOAC-H. 24 de septiembre de 2014, San Andrés Lovene, San Juan Ozolotepec, Oaxaca. Binnizá Jaime López Hernández, secretario del consejo 14
directivo de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO). Fue asesinado de un disparon por la espalda cuando vistaba la tumba de su madre. 12 de enero de 2015, Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca. Triqui Julián González Domínguez, uno de los impulsores de la autonomía de San Juan Copala. Fue sacado de su domicilio por hombres armados; su cuerpo fue encomtrado horas después con las manos atadas por la espalda. 20 de octubre de 2015, Cerro Caliente, San Pablo Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Jeremías Mendoza Ramos, dirigente en la Cuenca del Papaloapan de la Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata (UCIO EZ). Fue emboscado cuando se dirigía a su domicilio. 5 de abril de 2017, Arantepacua, Michoacán. Purépechas Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, José Carlos Jiménez Crisóstomo y menor de edad Luis Gustavo Hernández Cuenete. Asesinados con armas de fuego por policías del estado que irrumpieron en la comunidad. 8 de abril de 2017, San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Binnizá Alberto Toledo Villalobos, activista contra la mineria y contra los altos cobros del serviici de la energía eléctrica. Fue intecreptado en un tramo carretero y torturado hasta morir. 16 de enero de 2018, Chilchota, Michoacán. Purépecha Guadalupe Campanur Tapia, originaria de la comunidad de Cherán y fundadora de la Ronda Comunitaria. 12 de febrero de 2018, carretera Puerto Angel-Oaxaca. Chontales de la Costa de Oaxaca Abraham Hernández González, Ignacio Basilio Ventura y Luis Ángel Martínez; el primero, coordinador regional y los segundos, integrantes del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas. Emboscados por personas que portaban aermas de uso exclusivo de as Fuerzas Armadas. 17 de julio de 2018, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Abraham Hernández González, coordinador rgional en la comunidad Los Ciruelos del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Fue sustraído de su domicilio por hombres armados. Su cuerpo se encontró horas después en Pochutla. 15
22 de julio de 2018, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Rolando Crispín López. 25 de octubre de 2018, Barra de la Cruz, Santiago Astata, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas. Le dispararon con armas de fuego cuando se trasladaba en taxi rumbo a su domicilio. 17 de enero de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Choles Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez, líder y militante, respectivamente, del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MM). Secuestrado, torturado y asesinado. 20 de febrero de 2019, Amilcingo, Morelos. Nahua Samir Flores Soberanes, dirigente de la comunidad, uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos y delegado del Congreso Nacional Indígena. Asesinado con armas de fuego a las puertas de su domicilio. 12 de abril de 2019, San Luis Acatlán, Guerrero. Me’phaa Julián Cortés Flores, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. 4 de mayo de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio de Aldama, activista que denunció los ataques de paramilitares contra su comundad. Secuestrado, torturado y asesinado. 4 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado, respectiamente ante el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. A,bos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Emboscados y asesinado cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en Chilpancingo. 23 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán. El primero era comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Pueblos Fundadores y el segundo, integhrante de la misma organización. Ambos eran promotores del Consejo Indígena y Popular 16
de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron secuestrados y sus cuerpos fueron encontradoos descuartizados. 31 de mayo de 2019, Zacualpan, Comala, Colima. Joven nahua asesinado por hombres armados que irrumpieron en la comunidad. Telcruz, Ayotitlán, Jalisco. Nahuas Juan Monroy y José Luis Rosales. Perseguidos por talamontes y asesinados a balazos. Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Feliciano Corona Cirino, comunero e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Desaparecidos 23 de febrero de 2010, Aquila, Michacán. Nahuas Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino, comuneros de Santa María Ostula. Fueron levantados a las 15:30 de un restaurante, luego de que habían sostenido una reunión del Cabildo municipal. 20 de abril de 2010, Palma Sola, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, organizador de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad que habían sido ocupadas por narcotraficantes y “peqeños propietarios”. Fue levantado de su domcilio por un grupo de personas que porraba armas de uso exclusivo de laas Fuerzas Armadas. 8 de abril de 2011, El Ranchito, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua menor de edad Enrique Domínguez Macías. Fue levantado de su domicilio por un grupo de peronas armadas. 22 de octubre de 2012, Sierra de Manantlán, Jalisco. Nahua Celedonio Monroy Prudencio, originario de la comunidad Loma Colorada del ejido de Ayotitlán. Ocho supuestos policías ministeriales irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron con rumbo desconocido. Octubre de 2012, Sierra de Manantlán, Villa Purificación, Jalisco. Nahua Agustín Mancilla Partida. 20 de diciembre de 2012, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nahuas Flavio Granados Llanos y Cornelio Viveros Benvides, originarios de San Francisco Agua Fría, Tatahuicapan, Veracruz. 17
23 de marzo de 2013, Ciudad de México. Migrante indígena de Oaxaca Teodulfo Torres Soriano. 1 de diciembre de 2013, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Martín Santos, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comnidad que estaban en poder de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. 24 de agosto de 2018, San Pablo Zoquitán. Puebla. Nahua Sergio Rivera Hernández, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y del movimiento de comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzalá. Fue perseguido y capturado por hombres armados en un tramo carretero.
Militarización de territorios zapatistas “más que una estrategia de seguridad parece una estrategia de guerra”: Noam Chomsky, Raúl Zibechi, Carolina Coppel, intelectuales y académicos Redacción Desinformémonos - 18 junio 2019
La creciente militarización de los territorios zapatistas en Chiapas “más que una estrategia de seguridad parece una estrategia de guerra”, aseguraron activistas, organizaciones, intelectuales y académicos mexicanos e internacionales, entre los que se encuentran Noam Chomsky, Fernanda Navarro, Raúl Zibechi, Juan Villoro y Carolina Coppel. “Nos preocupa la posibilidad de que esta nueva administración, como sus antecesores, liberales o conservadores, nuevamente orille a los pueblos indígenas al borde del exterminio”, indicaron en un misiva. Señalaron que la militarización “es una señal de alerta que bajo la muy cuestionada estrategia en torno a la Guardia Nacional, ésta sea como ha ocurrido tantas veces una fuerza de ‘seguridad’ que no distinga entre crimen y resistencia, entre crueldad y digna rebeldía”, y resaltaron que “es contradictorio” que la estrategia de seguridad se 18
dirija “de manera amenazante” a las comunidad indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aun cuando los datos del mismo gobierno mexicano señalen que la zona zapatista “es de las de más bajo índice delictivo”. “Los que nos sumamos a estas palabras creemos que un cambio en México no puede ocurrir bajo una sombra de pragmatismo político, cediendo ante presiones que llevan al autoritarismo, al despojo y a la violencia en beneficio del 1%, ni con la descalificación de voces críticas que con su autenticidad y consistencia se han ganado el respeto del mundo”, agregaron. Por último, destacaron el creciente “proceso de hostilidad” hacia los pueblos indígenas en resistencia que se oponen a los megaproyectos, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos (PIM), así como rechazaron los recientes homicidios de integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. A continuación la carta completa: A quién todavía esté dispuesto a escuchar Este es un mensaje de preocupación por la vida, por la dignidad. Los que firmamos esta carta estamos preocupados por lo que está pasando, nuevamente, en aquel rincón olvidado del sureste mexicano que se convirtió en el corazón de la esperanza y la rebeldía, Chiapas. Este no es un manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos que están ocurriendo en México, es un mensaje de genuina preocupación por lo que se siente que se avecina en ese abajo que después de 25 años, de 500 años, sigue resistiéndose al exterminio y al olvido. Nos preocupan aquellos que durante un cuarto de siglo han luchado por su autonomía, que han puesto la dignidad por encima del pragmatismo político, que han sido un ejemplo de libertad en un mundo encadenado por el miedo, nos preocupan los Zapatistas. Nos preocupa enterarnos de la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades Zapatistas. Vemos que en medio de la compleja situación de seguridad que vive México, el camino de la militarización del país esté tomando más fuerza aún. Es una señal de 19
alerta que bajo la muy cuestionada estrategia en torno a la Guardia Nacional, ésta sea como ha ocurrido tantas veces una fuerza de “seguridad” que no distinga entre crimen y resistencia, entre crueldad y digna rebeldía. Es contradictorio que cuando los datos del propio Gobierno de México indican que la zona Zapatista es de las de más bajo índice delictivo, la estrategia de seguridad se dirija de manera amenazante ante esas zonas que son de los pocos santuarios de libertad y seguridad para el México de abajo. Eso más que una estrategia de seguridad parece una estrategia de guerra. Aunque entre los firmantes estemos un conjunto diverso de personas que podemos ver la administración de Andrés Manuel López Obrador con esperanza o escepticismo, todos somos personas que soñamos con un Mundo distinto, mejor. Los que nos sumamos a estas palabras creemos que un cambio en México no puede ocurrir bajo una sombra de pragmatismo político, cediendo ante presiones que llevan al autoritarismo, al despojo y a la violencia en beneficio del 1%, ni con la descalificación de voces críticas que con su autenticidad y consistencia se han ganado el respeto del mundo. Vemos un proceso creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas, históricas y legítimas que se oponen a proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos, entre otros. Nos preocupa enterarnos de los recientes homicidios de integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Nos preocupa la posibilidad de que esta nueva administración, como sus antecesores, liberales o conservadores, nuevamente orille a los pueblos indígenas al borde del exterminio. El mundo está mirando con ojos y corazón lo que pasa en México y en Chiapas. ¡Alto a la guerra contra los Zapatistas y los Pueblos Indígenas de México!
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Alto al exterminio narcoparamilitar en Guerrero y Chiapas
Pietro Ameglio - Pensar en voz alta la justicia y la paz En el artículo anterior denunciábamos el artero asesinato por narcoparamilitares de José Lucio Bartolo Faustino (concejal nahua del Consejo Indígena de Gobierno) y Modesto Verales Sebastián (delegado del Congreso Nacional Indígena), asesinados en Chilapa el 4 de mayo cuando regresaban a sus casas después de una reunión del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). También apuntamos que 4 miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre quienes estaba Gonzalo Molina – recién liberado después de 6 años preso-, fueron desaparecidos en la Ciudad de México el 26 de marzo y luego debieron ocultarse para estar seguros. Pensamos que estábamos ante un nuevo ataque muy grave a las policías comunitarias y resistencias civiles por la defensa de sus recursos naturales y culturas, honestas, nacidas y gobernadas desde el pueblo organizado en asambleas y consejos de ancianos, como es la CRACPC. Pero nos damos cuenta que no es sólo un ataque infame, sino una brutal e impune escalada de la guerra de exterminio selectivo. Casi 20 días después de esos asesinatos, el 23 de mayo a pleno mediodía, aún con un retén militar en la entrada a ciudad, fueron desaparecidos -mientras iban a hacer compras- otros dos luchadores indígenas de la misma organización y miembros de la CRAC-PF (Pueblos Fundadores), en la misma zona de Chilapa, y aparecieron brutalmente asesinados con tortura al otro día. Eran Bertoldo Hilario Morales e Isaías Xantenco Ahuejote. El primer “observable social” que se nos aparece, es que los sujetos directos victimarios son sicarios de la región al servicio de una banda delincuencial organizada, que está en una sangrienta disputa territorial con otras bandas. Esa región de Chilapa y José de Herrera ha sido diezmada en los últimos años por la guerra y las desapariciones, basta recordar la masacre de 20 personas del pasado 27 de enero en Rincón de Chiautla y Zacapexco.
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A su vez, si ahora profundizamos sobre los “inobservados sociales”, que a primera vista parecieran no verse, pero que son los que explican las verdaderas raíces y causas de los procesos, vemos que el ataque no es sólo a las organizaciones indígenas y policías comunitarias de Guerrero, sino que, entre otros casos, también se están dando estos ataques exterminadores selectivos en forma similar en otros territorios del país: en Oaxaca (Gustavo Cruz Mendoza asesinado el 20 de enero, Telésforo Santiago asesinado el 2 de mayo), en Morelos (Samir Flores, asesinado el 20 de febrero), en Chihuahua (Otilia martínez y su hijo Gregorio Chaparro asesinados el 1º de mayo), en veracruz (Abiram Hernández asesinado el 30 de marzo), en Edomex (Eulolia Díaz asesinada el 25 de marzo), en Guerrero ( Julián Cortés asesinado el 12 de abril). Se tiene también como uno de los principales objetivos finales el acabar con la organización y el proyecto autonómico de Buen Gobierno del EZLN, que está sufriendo una ofensiva militar y paramilitar creciente, como denuncia en su reciente comunicado. Además de los brutales y depredadores proyectos industrializadores, dizque turísticos y de desarrollo, que se están echando a andar en todo el sureste como son el Tren Maya y el proyecto transísmico del Istmo. Esta “vuelta de tuerca” en la guerra contra el zapatismo y sus comunidades mayas, contra las organizaciones indígenas del CNI, es en realidad un ataque frontal a la posibilidad de poder construir alternativas de un orden social no hegemónicamente capitalista, con relaciones sociales y de justicia más de co-operación entre iguales. El zapatismo es una experiencia original y real, una “reserva” incipiente y avanzada, frágil y fuerte, de la especie humana por “humanizarse” desde una cultura milenaria -presente también en muchas de las grandes tradiciones humanistas y espirituales de la humanidad-, que nos parece muy afín a la paz con justicia y dignidad. Por ello, su preservación y expansión es una “defensa estratégica” para la evolución humana de nuestra especie, sin por ello caer en ideologizaciones, exclusiones ni mesianismos. La CRAC-PC, al igual que el zapatismo es un pueblo en autorganización civil y pacífica, pero con armas que “aspiran a ser inútiles” (Aguascalientes de La Realidad, 8 agosto 1994). Y cuando se dice pueblo, son todas y todos, en edades y géneros. Por ello, también las mujeres y niños/as han comenzado a integrarse más a las diferentes responsabilidades sociales de seguridad, como parte de la respuesta a tantos ataques. 22
Una raíz: contubernio autoridades y crimen organizado Continuando este análisis, nos encontramos rápidamente con uno de los orígenes centrales de la actual guerra de más de 10 años en México: el profundo contubernio y asociación para delinquir y exterminar a la población entre las autoridades civiles y armadas -de todos los niveles- y las distintas bandas del delito organizado. Si no fuera así, de ninguna manera podría explicarse el nivel de impunidad, guerra e indefensión ciudadana en que estamos. Señala bien Anabel Hernández en su libro clave “Los Señores del narco”, cómo los verdaderos jefes del delito en el país son la clase política. Los policías comunitarios de la CRAC-PF detuvieron a tres sospechosos de haber participado en el asesinato de Bertoldo e Isaías, entre los que se encontraba quien dicen que los ‘entregó’, Braulio Palatzin Tranquero, sobrino de Tranquilino Tecorral Palatzin, dirigente del grupo paramilitar Paz y Justicia, acusado de ser uno de los ejecutores de los dos líderes indígenas asesinados. El CIPOG-EZ denunció (La Jornada, 26-5-19) que el edil priísta de Chilapa, Jesús Parra, les ofreció 1 millón de pesos por liberar a los tres retenidos. Como bien señala el comunicado del CNI y el EZLN (25-5-19): “la política de terror de los grupos narcoparamilitares, cuenta con la ayuda descarada de los tres niveles de gobierno”. A su vez, hoy 5 de junio, hacemos memoria de 9 años de una de las mayores tragedias humanitarias de este país en las últimas décadas: el asesinato por incendio de 49 niños y otros 60 con daños graves a su salud en la Guardería ABC de Hermosillo. Ninguna justicia real hasta ahora. ¡Una foto tan increíble e indignante como la del edil de Chilapa ofreciendo dinero para liberar a asesinos narcoparamilitares! En Morelos, hubo una masiva marcha por la paz de decenas de miles de personas el 1° de junio, encabezada por el obispo Ramón Díaz, quien denunció que “en 18 de los 36 municipios del Estado, se paga derecho de piso de 100 mil a 500 mil pesos mensuales a las bandas criminales, coludidas con policías municipales y estatales” (La Jornada, 2-6-19). Como complemento de la impunidad de las autoridades: luego de que fueron acribillados 5 custodios de un CEFERESO femenil del sur de Morelos el pasado 10 de mayo, se descubrió que los custodios no cuentan con seguro de vida. 23
Una esperanza: acciones directas noviolentas masivas Si no se ataca verdaderamente con acciones penales y justicia, destitución y revocación de mandato a las autoridades corruptas y bélicas, no podrá detenerse y regredir mínimamente esta guerra que nos atraviesa. Pero las autoridades -y menos las bandas delictivas-, sin una verdadera presión social, jurídica y política de todo tipo (incluídas movilizaciones masivas de no-cooperación y desobediencia civil), nacional e internacional, no van a abandonar su negocio tan fructífero e impune de la guerra, la ilegalidad, el despojo de los recursos naturales y los cuerpos. De ahí que justamente ataquen con tanta violencia a las pocas alternativas reales de seguridad comunitaria y honesta como son las policías comunitarias, las organizaciones indígenas y el zapatismo, verdaderamente emanadas de las asambleas locales del pueblo. Cerremos esta reflexión con dos acciones noviolentas esperanzadoras de No-Cooperación, una nacional y otra internacional, de las que se necesitará multiplicar mucho más en nuestro país: se condonó una millonaria deuda en Tabasco a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llevan más de 25 años luchando con un Boicot contra el pago de las altas tarifas eléctricas; en más de 1600 ciudades del mundo hubo manifestaciones para promover una “Huelga global por el futuro”, que ojalá se realice pronto, para exigir acciones oficiales contra el cambio climático. Y, asimismo, también dos noticias esperanzadoras, fruto directo e indirecto de las presiones civiles de organizaciones sociales ejemplares de familiares de víctimas y pueblos en resistencia civil: Renunció Jaime Rochín como presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV ), de una actuación vergonzosa, según todos los familiares que he escuchado en estos años. La lucha ahora estaré en lograr que verdaderamente se tome en cuenta la opinión de los familiares de víctimas para nombrar al sucesor y transformar la organización de esa Comisión para que verdaderamente esté en función del servicio a los familiares en búsqueda. Liberaron a 16 policías comunitarios de la CRAC y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de La Parota (CECOP), entre ellos a Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP, acusados injustamente por delitos graves en los enfrentamientos en la comunidad de La Concepción (Acapulco) el 7 de enero del 2018. 24
La imposible justicia Javier Sicilia - Proceso
En el Evangelio de Lucas, en lo que se conoce como la parábola de la viuda y el juez injusto (18, 1-8), Jesús habla de le fe como la sustancia que permite la justicia. Sin embargo, hacia el final de la parábola, cuando Jesús alude a lo que la tradición llama la Parusía –su regreso después de la resurrección– introduce una duda tan razonable como terrible: “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”. No sabemos si Cristo volvió (si hubiese vuelto no lo habríamos reconocido porque –dice el poema de Paul Celan “Tubinga, enero”– su palabra se habría vuelto la glosolalia a la que Hölderlin, un poeta que contempló el abismo de nuestro tiempo, redujo su lenguaje: “Pallacksh, Pallacksh”). Pero lo que sí sabemos –de allí la hipótesis del poema– es que la fe dejó de existir, que Dios –el sentido– murió, como lo afirma Nietzsche y que, a partir de su muerte, que es la muerte de la fe, todo, como lo mostró Dostoievski en Los hermanos Karamazov, está permitido. La fe (confianza, crédito; un asunto que se ha vuelto bancario) contra lo que suele pensarse no es una creencia (pensar que algo es posible), es una seguridad y como toda seguridad necesita estar asentada en una idea de eternidad, de que nuestra finitud individual debe, en lo posible, mantener en las obras humanas, la eternidad, esa significación, esa durabilidad para los que vienen. O en otras palabras, la breve vida de los individuos debe ser, en el mundo, una sombra de la eternidad de Dios, una sombra de la justicia. En la medida en la que ese estado de cosas –el trabajo, las instituciones que lo protegen y nos protegen, las leyes– se mantiene, la eternidad está asegurada. Esa seguridad, sin embargo –de allí la glosolalia de Hölderlin y las afirmaciones de Nietzsche y Dostoievski, hombres del siglo XIX– se desvaneció cuando la industrialización y la idea de progreso desplazaron la eternidad a la vida individual, al yo cartesiano como única medida del mundo y de todo. “Si la vida premoderna –escribe Bauman– era una escenificación cotidiana de la infinita duración de todo excepto de la vida mortal, la 25
líquida vida moderna es una escenificación cotidiana de la transitoriedad universal”. En ella ya nada está destinado a perdurar, sino –como los objetos del mercado– a ser constantemente desechado por lo nuevo. Todo nace con el sello del desplazamiento inminente; todo sale de la cadena de montaje con la etiqueta de su fecha de caducidad; incluso los nuevos contratos laborales –siempre y cuando se tenga la posibilidad de acceder a uno– llevan una fecha semejante o una cláusula que puede concluirlos en función de riesgos. “Ningún compromiso dura lo suficiente como para alcanzar un punto sin retorno”. Todo es superfluo, y porque es así, porque la vida, reducida a la pura individualidad de su finitud, no tiene ninguna relación con lo eterno y lo durable del mundo, hay que vivirla intensamente, nutrirla “con una sed insaciable de posesiones siempre nuevas y de culto al ‘progreso’, una idea en sí misma carente de sentido, desprovista de propósito” y finalidad. De allí la angustia existencial, “el no alcanza” de la existencia reducida a su puro uso; de allí la corrupción, el crimen, la prisa de poseer y el “todo está permitido” para lograrlo. “El que no transa –dice la idea de progreso reducida a su más pura vulgaridad– no avanza”; de allí la reducción de la naturaleza y el ser humano a la instrumentalidad de un recurso desechable cuyo rostro más espeluznante es el vertedero de basura y la fosa clandestina. Muerta la idea de Dios y de la eternidad, asesinada la fe, la justicia es imposible. Vicio y virtud se vuelven equivalentes en un mundo fluido y licuante. Lo que durante mucho tiempo –quizá desde que el ser humano surgió en la faz de la tierra y tuvo fe en lo eterno– fue la búsqueda de hacer que la justicia de la eternidad se reflejara en las cosas del mundo y las creaciones humanas, quedó destruida en menos de tres siglos. Muerto Dios, reducida la fe al yo de nuestra finitud y al mundo como mercancía de consumo, “los caminos de la eternidad –dice Bauman– y de la humanidad se separaron o están a punto de hacerlo; hombres y mujeres necesitan ahora recorrer la senda de la vida sin el menor indicio del sentido de su viaje y sin confianza (sin fe) en su significado”. Podemos todavía creer en lo eterno, pronunciar el nombre de Dios, pero no encontrar una sombra de su confianza y de su justicia en un mundo en el que nos movemos y en el que todo, en nombre del progreso, se vuelve día con día superfluo, desechable, inestable, agobiante. 26
Atrapados en él, la eternidad ya no puede sentirse, tocarse, olerse, saborearse. Es una creencia sin fe, porque no hay nada a nuestro alrededor que pueda ampararla o, mejor, una creencia cuya fe sólo puede encontrarse en un orden de cosas que está más allá de lo sensible, en su pura, oscura y dolorosa desnudez, como la de Cristo en la cruz que mantiene su confianza en Dios y en lo eterno pese a no tener el mínimo dato de ello, una fe, valga la herejía, infernal. Es evidente que la respuesta a la duda razonable de Jesús en el Evangelio de Lucas está respondida: ya no hay fe y su rostro es la injusticia. Ahora habría que reformularla. ¿Es posible recuperarla más allá del infernal precio al que la hemos reducido? Quizá. Pero por ahora parece imposible. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
Caminos de verdad Gustavo Esteva
¿Cómo sobrevivir en la era de la “posverdad”? El término es ya escandaloso. Que se emplee para aludir al estado de cosas dominante es insoportable. Acabamos de experimentarlo. Los espectáculos montados a ambos lados de la frontera para ocultar lo que pasaba no cumplieron bien sus funciones. Mucha gente descubrió la desnudez de los emperadores, aunque quedó abierta una puerta muy ancha para la especulación. A lo largo de esta semana, en Oaxaca, José Ángel Quintero Weir, un indígena añú de Venezuela, acotó en talleres y conversatorios un camino que se aparta por igual de Maduro y de Guaidó. Lo caminan desde abajo pueblos originarios y muchas otras personas que están haciendo emerger un nuevo “nosotros”, desde abajo. No forman partidos ni movimientos sociales. Son expresión de lo que Zibechi llama “sociedades en movimiento”. 27
Una y otra vez José Ángel habló de la mano. El dedo primero alude a la responsabilidad, a la forma en que cada quien asume la suya, aunque los asuntos no parezcan concernirle. El segundo a la verdad: es preciso decirla, aunque no convenga hacerlo a quien la dice. El tercero a la confianza, porque hace falta inspirarla y poder confiar en otras personas. El cuarto es de la autonomía, entendida como capacidad propia al servicio de otros; como se dice en la Sierra Norte de Oaxaca, lo propio no es lo que se atesora sino lo que se comparte. Y el pulgar es la conciencia sabia, la que se acumula cuando uno es responsable, verdadero, confiable y autónomo… El sábado 15 se reunieron en el parque comunal de San Ysidro, California, Estados Unidos, artistas, activistas sociales, académicos, defensores de derechos humanos, científicos y otras muchas personas, algunas de las cuales portaban representaciones de especies migratorias. Poco después empezó una caminata silenciosa que invocaba la tradición de Gandhi y la necesidad de la no violencia. En la garita del cruce internacional los recibieron integrantes de pueblos originarios con una ceremonia que recibía simbólicamente, en forma hospitalaria, a las especies migratorias. “Es una ofrenda a lo sagrado de la migración porque todos somos migrantes. Todas las especies y todos nosotros tenemos nuestro corazón unido por reconocernos como una familia de la tierra”, explicó Sonia de Otto, quien representa a la Universidad Gujarat Vidyapith, fundada en 1920 por Mahatma Gandhi. Finalmente, en el Centro Cultural Tijuana se conformó la primera Asamblea de Pueblos, Barrios y Comunidades de la Región San Diego-Tijuana para realizar un programa de acción por la no violencia. No pudo llegar a la asamblea Pancho Ramos, mexicano indocumentado que desde hace décadas realiza su activismo “sin documentos y sin miedo”. Había caminado ya 500 millas (804 kilómetros), desde Oakland: era un Camino Hacia una Familia de la Tierra. A lo largo de su recorrido muy distintas personas le dieron hospitalidad y un abrazo compañero para seguir en la lucha por los migrantes. Se unió en San Ysidro a la caminata y cruzó con ella la frontera. Por convicción, Pancho no llevaba documento alguno. Con ese pretexto lo detuvo la 28
policía mexicana y lo entregó a las autoridades estadunidenses. No se sabe aún qué harán éstas con un mexicano deportado a Estados Unidos por la policía mexicana. ¿Los pasos de Gandhi, hoy, no están ya fuera de lugar? En 1949 George Orwell reflexionaba sobre Gandhi en los siguientes términos: “Debemos considerar culpables a los santos hasta que se pruebe su inocencia, pero las pruebas para demostrarla no son las mismas en todos los casos. En el de Gandhi, las preguntas que uno se siente inclinado a formular son: ¿en qué medida la vanidad lo impulsaba –por la conciencia de sí mismo como un viejo humilde y desnudo, que se sentaba en una estera de rezar y sacudía imperios con su simple poder espiritual– y en qué medida comprometió sus propios principios al participar en la política, que por su propia naturaleza es inseparable de la coerción y el fraude?” (http://www.orwell.ru/library/ reviews/gandhi/english/e_gandhi) ¿Cómo participar en política, en la actualidad, cuando está siempre cubierta de un manto insoportable de mentira? ¿Cómo sobrevivir al continuo acoso de la propaganda que construye las mentiras cotidianas para el ocultamiento continuo de la verdad insoportable? ¿Cómo ser responsable, verdadero, confiable, autónomo y consciente en esas circunstancias? Parece que es caminando el camino. El resultado no está claro. A la vista, por lo contrario, hay la amenaza de violencia constante; el repertorio de arriba se reduce cada vez más a ese último instrumento de coerción. Sin miedo, poniendo abiertamente en peligro nuestra conveniencia, con clara conciencia del riesgo y del fraude y de la opresión, aunque el objetivo inmediato no parezca muy claro ni tenga el acotamiento habitual de políticos y elecciones, hace falta caminar el camino de la política otra, la que en vez de comprometer nuestros principios los afirma. gustavoesteva@gmail.com
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CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 19 de junio de 2019